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    Un relevamiento de prcticas y casos en seispases de la regin

    INFORMACIN PARA LA ACCINEl acceso a la informacin como herramienta para laexigibilidad de los Derechos Econmicos, Sociales,

    Culturales y Ambientales

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    Un relevamiento de prcticas y casos en seispases de la regin

    INFORMACIN PARA LA ACCINEl Derecho de Acceso a la informacin pblica como

    herramienta para la exigibilidad de los DerechosEconmicos, Sociales, Culturales y Ambientales

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    La Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Archivos y Acceso a laInformacin Pblica (CAinfo), con el apoyo de Open Society Foundations (OSF), se propusieronrealizar una investigacin que contribuya a desarrollar nuevas estrategias para promover laexigibilidad de los Derechos Econmicos, Sociales, Culturales y Ambientales (en adelante DESCA)usando como herramienta el Derecho de acceso a la informacin pblica (en adelante AIP).

    El presente informe recoge los principales hallazgos del relevamiento realizado en base a la

    experiencia de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (en adelante OSC) de Argentina,Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en el cruce de estas dos agendas, procurandoestablecer una aproximacin al contexto jurdico-institucional, las fortalezas y los obstculos encada uno de los seis pases para la implementacin de nuevas estrategias de proteccin yexigibilidad de estos derechos a travs de la incorporacin del uso del AIP.

    Con ese propsito los objetivos especficos del proyecto fueron:

    1. Realizar un primer diagnstico sobre el estado actual del desarrollo del AIP comoherramienta para la exigibilidad de los DESCA en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguayy Uruguay. Identificar el contexto jurdico-poltico, las fortalezas y los obstculos en cadauno de los pases.

    2. Identificar buenas prcticas, actores y experiencias relevantes en la subregin y mapearcasos e iniciativas llevadas adelante en esta agenda.

    3. Estudiar los diferentes tipos de impacto del uso del AIP en relacin a la proteccin yexigibilidad de los DESCA, en especial en relacin a las siguientes categoras: monitoreo depolticas pblicas, anlisis presupuestario, litigio estratgico y produccin de informacinsobre DESCA.

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    El presente informe es resultado de la investigacin de tipo exploratoria llevada a cabo por lossocios, por cuanto procura aportar conocimiento sobre un enfoque an incipiente, que incorporael acceso a la informacin pblica como instrumento para el diseo de nuevas estrategiastendientes a garantizar la realizacin y exigibilidad de los Derechos Econmicos, Sociales,Culturales y Ambientales.

    Es conveniente sealar que el informe no pretendi agotar el objeto de estudio ni construir un

    ndice exhaustivo de organizaciones de la sociedad civil que estn llevando adelante la agenda AIP-DESCA.

    A los efectos de delimitar el objeto de estudio, la investigacin se circunscribi al mapeo de casosy procesos a cargo de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promocin y defensa delos derechos humanos en los siguientes pases: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay yUruguay1.

    1 La metodologa detallada puede encontrarse en el informe in extenso.

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    ARGENTINALos tribunales suelen ser receptivos areclamos de DESCA.

    Profusa jurisprudencia en la temtica.

    Los Principales desafos son:

    1. Ejecutoriedad de las sentenciasrelacionadas a DESCA;

    2. Extender el uso del litigio hacia otras

    organizaciones y reas geogrficas

    El grado de utilizacin del AIP para la efectivizacinde DESCA vara entre OSC, si bien hay exitosasexperiencias de uso de AIP para la exigibilidad deDESC.

    Las OSC especializadas en DESCA, salvoexcepciones, no incorporaron el AIP comoherramienta transversal.

    Existe reconocimiento jurisprudencial, sibien se encuentra limitado debido a la faltade LAIP.

    Las Principales dificultades son:

    1. produccin de informacin de calidad conenfoque de derechos;

    2. dificultad para obtener informacinpresupuestaria;

    3. omisin de responder;

    4. respuestas incompletas o con informacinde mala calidad;

    A nivel judicial se han registrado avances encuanto a la proteccin de los derechossociales frente a reivindicaciones individuales.Persisten dificultades para lograr la tutela

    judicial frente a problemticas de tipoestructural que involucren la vulneracin dederechos colectivos.

    Impacto positivo de la entrada en vigencia de laLAIP para el trabajo de las OSC

    Obstculos:

    Falta de adopcin de la regulacin que ordena laLAIP a nivel de varios Estados y municipios.Persistencia de prcticas institucionales queobstaculizan la Implementacin. Dificultades paraobtener informacin de calidad y en transparenciaactiva.

    Existen varias experiencias de trabajo articulado quehan permitido la utilizacin del AIP comoherramienta transversalizada en distintosprogramas o proyectos en materia de DESCA.Varias organizaciones que trabajan en DESCA hanido incorporando el uso de la Ley de Acceso a laInformacin Pblica.

    BRASIL

    Exigibilidad de DerechosEconmicos, Sociales, Culturales y

    Ambientales (DESCA)

    * DESCA identificados en casos de estudio seleccionados

    BOLIVIALas estrategias reivindicativas de las OSC seencuentran centradas en la aprobacin denormas ms que en el litigio.

    Se suelen usar mecanismosextrainstitucionales como va de dilogo conlas autoridades nacionales.

    La regulacin actual es ineficaz para garantizar laproteccin y satisfaccin del AIP.

    No cuenta con ley especfica. Mecanismos detransparencia activa deficitarios. Persiste lacultura del secreto y dficit en las respuestas porparte del Estado

    Nmero reducido OSC usan herramientas de AIP.

    En general el uso del del AIP se encuentracentrado en temas de transparencia y la rendicinde cuentas

    Exigibilidad del Derecho deAcceso a la informacin pblica

    (AIP)

    Utilizacin del AIP para efectivizacin deDESCA por parte de las Organizaciones de

    la sociedad civil (OSC)

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    Argentina cuenta con el Decreto 1172-03 referido al acceso a la informacin pblica en el mbitonacional. Sin embargo, esta regulacin precaria resulta deficitaria. Entre otras cosas, solo es

    aplicable al mbito del Poder Ejecutivo, sin extenderse a los dems poderes del Estado. As, sehan llevado adelante movilizaciones por parte de las OSC para lograr la sancin de una Ley deAcceso a la Informacin Pblica (LAIP).

    En la prctica, la efectividad de los pedidos de informacin pblica vara entre las jurisdicciones,persistiendo obstculos para la obtencin de informacin en manos del Estado (tanto la negacinde contestar los pedidos por parte del Estado como el brindar informacin de baja calidad). Unaespecial dificultad identificada fue la relacionada con obtener informacin presupuestaria enmanos del Estado.

    Por otro lado, la utilizacin del acceso a la informacin para la efectivizacin de DESCA vara entrelas organizaciones de la sociedad civil. Se han identificado y estudiado casos de incidencia en quese utiliza el acceso a la informacin. Sin embargo, son reducidas las OSC especializadas en

    DESCA que han incorporado de manera transversal el AIP en sus estrategias, concentrndosegeneralmente en organizaciones con amplia trayectoria.

    En el mismo sentido, todava resta extender esta herramienta a nivel nacional y a organizacionesde base, las cuales no han explotado su potencial.

    Si bien la Constitucin Poltica de Bolivia del ao 2009 ha avanzado en el reconocimiento del AIP,la ausencia de una ley especfica que reglamente y garantice su implementacin determina laexistencia de importantes obstculos para el ejercicio de este derecho.

    El marco regulatorio dado por la va del Decreto Supremo 28.168 ha resultado hasta el presenteineficaz no solo por la insuficiencia de sus disposiciones, sino por la incorrecta aplicacin que hatenido en la prctica. Este dficit normativo, sumado a la baja permeabilidad que el tema ha tenidoen la agenda nacional y a la polarizacin poltica del pas, ha determinado que la poblacin y lasorganizaciones en general no se hayan apropiado del derecho. Esa tarea ha sido asumida por ungrupo reducido de organizaciones y periodistas.

    Dentro del mbito de las organizaciones de la sociedad civil, la temtica del acceso a lainformacin pblica no se ha diseminado ampliamente, siendo por lo general una lnea de trabajoimplementada casi con exclusividad por organizaciones que trabajan la amplia agenda de latransparencia y la rendicin de cuentas. Al finalizar esta investigacin, las OSC se encontraban

    fuertemente abocadas a lograr la modificacin y sancin parlamentaria de una LAIP aconsideracin del parlamento.

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    En materia de DESCA la nueva Constitucin de Bolivia ha reconocido un amplio elenco estosderechos. En estos ltimos aos gran parte del esfuerzo de las OSC del pas ha estado centradoen la aprobacin de normas que permitan avanzar en la tutela de derechos. En este contexto lamovilizacin colectiva ha tenido un mayor impacto en las decisiones estatales que losprocedimientos formales hoy vigentes, como por ejemplo los mecanismos judiciales para larestitucin de derechos.

    La puesta en prctica de la LAIP en el ao 2012 ha contribuido a desarrollar el uso de estaherramienta como parte de la estrategia de intervencin de distintas organizaciones de la sociedadcivil que trabajan en la promocin y defensa de los derechos humanos en Brasil.

    Si bien este colectivo seguramente resulte pequeo en proporcin a las enormes dimensiones delpas, la entrada en vigencia de la ley ha permitido ampliar la demanda de informacin pblica, yano solo a partir de las solicitudes promovidas por aquellas organizaciones expertas en la temtica,

    sino por parte de nuevos colectivos. Esta diversificacin de la demanda est siendo en parte- elresultado del trabajo de promocin y capacitacin focalizado en la sociedad civil realizado poralgunas organizaciones con larga trayectoria en esta temtica, as como por el nivel de articulaciny trabajo en red que se ha ido generando en torno a la transparencia, la rendicin de cuentas y a lapromocin y defensa de los derechos humanos en general. No obstante estos avances quepueden observarse en algunas zonas del pas an persiste el desafo de lograr que la sociedad civilorganizada y la poblacin en general se apropien en mayor medida de esta herramienta a lo largode todo el territorio.

    Esta diversidad de actores ha llevado a la vinculacin de la agenda del AIP con la de unamultiplicidad de DESCA.

    El proceso de implementacin de la nueva ley ha exhibido diversos obstculos que dificultan o

    impiden el ejercicio del derecho. En el caso de la informacin sobre DESCA uno de los mayoresobstculos radica en la calidad de los datos y respuestas que brindan los organismos pblicos.

    En Chile se ha avanzado en la efectivizacin del acceso a la informacin pblica como derechofundamental desde la reforma constitucional del 2005. Este proceso se concret en la ley detransparencia aprobada en el 2008, la cual contribuy a consolidarlo.

    Actualmente, el proceso se encuentra en lo que algunos actores consideran una segunda etapa,en que se est probando la institucionalidad y se intenta consolidarlo como un derechofundamental. Lo mismo sucede con el Consejo por la Transparencia, rgano que se encuentraconsolidndose, pero con pocas herramientas para efectivizar sus sentencias.

    El uso del AIP para ejercer otros derechos se encuentra de manera incipiente, pero en constantecrecimiento, por diversas razones. El ejercicio del AIP todava est elitizado, concentrndose suuso en personas de altos ingresos que, generalmente, usan estas herramientas en cuestionesrelacionadas con la transparencia institucional y en OSC con este enfoque. Asimismo, el AIP fueconcebido desde sus inicios como un derecho relacionado con la transparencia y la accountablitygubernamental, por lo que los primeros pasos en su utilizacin estuvieron referidos a estastemticas, extendindose en la actualidad a cuestiones de exigibilidad de DESCA.

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    El contexto jurdico-institucional de los pases relevados es diverso aunque es posible identificaralgunos patrones comunes. Al momento de la investigacin, en todos exista un explcitoreconocimiento constitucional y legal de los DESCA. Sin embargo, esa tutela no se ha traducidoan en la efectiva realizacin de derechos para una parte significativa de la poblacin de estospases y existen matices importantes en cuanto a los mecanismos institucionales disponibles para

    avanzar en trminos de exigibilidad poltica y judicial. Con un mayor grado de avance en cuanto a lajusticiabilidad de los DESCA en tanto derechos operativos se destaca el caso de Argentina.

    En materia de AIP los pases relevados tambin ofrecen escenarios distintos en el planonormativo. Si bien en todos los casos el derecho de acceso a la informacin pblica goza deproteccin constitucional, existen diferencias en el discurso jurdico subyacente. En Argentina yUruguay el derecho an no ha sido catalogado de manera expresa en la Constitucin, sino que hapermanecido como un derecho implcito en las normas sobre libertad de expresin y lasvinculadas a la publicidad de los actos de gobierno.

    En la mayora de los textos constitucionales el acento est puesto en vincular el acceso a lainformacin con la transparencia y la rendicin de cuentas, y no se lo suele vincular con el ejercicioy la proteccin de otros derechos fundamentales.

    Entre los pases que an no disponen de una LAIP (Argentina, Bolivia y Paraguay) se adviertendiferentes estadios. En Bolivia y Paraguay las organizaciones de la sociedad civil advierten que lasdisposiciones existentes (decretos y reglamentaciones aisladas de organismos) tornan muycomplejo el ejercicio del derecho por parte de la ciudadana. En Argentina, en cambio, an cuandoel Decreto 1172/2003 se aplica al mbito del Poder Ejecutivo Nacional exclusivamente y existenserios problemas de implementacin y dificultades en la prctica, parecera registrarse unademanda de informacin ms consolidada que provoca que algunas informaciones finalmentesean proporcionadas.

    Este contexto evidencia la persistencia de desafos importantes en la regin para alcanzar un pisomnimo normativo que garantice y reglamente el AIP.

    En el caso de los pases que cuentan con una ley especfica el reto sigue girando en torno a sucorrecta implementacin y al diseo institucional establecido para el control de su cumplimiento.La ausencia de un rgano centralizado que cumpla esa funcin (Brasil) o la debilidadesinstitucionales del rgano existente (Uruguay) o el surgimiento de prcticas de debilitamiento delmismo (Chile), se encontraban obstaculizando el fortalecimiento de la poltica pblica en materiade AIP.

    En el terreno de la prctica, los obstculos identificados son bastante similares en todos lospases: incorrecta aplicacin de los mecanismos existentes por parte de los funcionarios oservidores pblicos; desconocimiento de los plazos para la entrega de informacin; respuestas concalidad insatisfactoria (ambiguas, incompletas, inexactas, etc.); errnea aplicacin yfundamentacin de las resoluciones sobre excepciones; falta de un rgimen de sanciones efectivo

    y adecuado para garantizar el cumplimiento de las normas, y en general, la persistencia de undesconocimiento importante del derecho por parte de la ciudadana y de las OSC. En Boliviatambin se plantean obstculos vinculados a la exigencia de requisitos a los solicitantes de

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    informacin que exceden las escasas previsiones normativas y los estndares constitucionales einternacionales.

    De acuerdo al relevamiento realizado en estos seis pases de Amrica del Sur, el grupo deorganizaciones de la sociedad civil que cuentan con reas o programas especficos sobre acceso ala informacin pblica es an bastante reducido y por lo general se corresponde con aquellas quese han especializado en la temtica.

    En el caso de las OSC focalizadas en DESCA, son pocas las organizaciones que han incorporado eluso de las herramientas del AIP y lo han hecho de manera trasversal.

    Las organizaciones con expertiseen acceso a la informacin pblica que fueron relevadas en lainvestigacin haban incursionado con distinto alcance en el uso del AIP como mecanismo para laexigibilidad de DESCA (solicitudes de informacin, diseo de estrategias de monitoreo de polticaspblicas, litigio etc.). Este conjunto de OSC tambin ha promovido la incorporacin del AIP comoparte de la estrategia de intervencin de otros colectivos sociales. Sin embargo, el cruce de estas

    dos agendas (AIP-DESCA) es an incipiente y se encuentra en pleno desarrollo.

    Como resultado de la prctica de las organizaciones que demandan informacin sobre DESCApudieron detectarse los siguientes obstculos:

    Trabas asociadas al funcionamiento de los mecanismos administrativos existentespara el AIP (requisitos a los solicitantes, incumplimiento de los plazos, falta dereglamentacin adecuada, etc.).

    Desconocimiento de los mecanismos existentes y del AIP por parte de losfuncionarios pblicos.

    Falta de capacitacin de agencias estatales tanto para el registro y sistematizacin dela informacin, como para responder ante pedidos.

    Escasa disponibilidad de informacin sobre DESCA de manera sistematizada,actualizada y desglosada/desagregada.

    Dificultades asociadas a la mala calidad de la informacin disponible (desactualizada,datos poco confiables o inexactos). Insuficiente cantidad de repertorios de datosabiertos vinculados a los DESCA.

    Debilidades institucionales de las OSC (dificultades para el acceso a financiamiento ypara contar con equipos de abogados/as, staff reducido) para agotar las instancias deapelacin y recurrir al litigio como mecanismo para la restitucin de derechos.

    Falta de apropiacin de las herramientas del AIP y la continuidad del uso de loscaminos tradicionales que histricamente han utilizado las OSC para acceder ainformacin en poder de los organismos pblicos.

    Un punto de especial dificultad identificado por las OSC es el de obtener informacinreferida a recursos disponibles y presupuestos pblicos. Muchos actores hanexpresado la importancia central de contar con esta informacin para avanzar en laagenda de exigibilidad de los DESCA. Sin embargo, tambin se ha determinado queexiste reticencia por parte del Estado para brindar esta informacin que muchasveces ya se encuentra en manos de los organismos estatales.

    3 Esta dimensin describe el grado de desarrollo e institucionalizacin del trabajo de las OSC en torno al uso

    del AIP como herramienta para avanzar en la exigibilidad de otros derechos.

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    Los casos documentados en esta investigacin permiten identificar algunos impactos que el usodel acceso a la informacin pblica ha tenido como herramienta para avanzar en la exigibilidad de

    los DESCA4:

    Ha permitido visibilizar problemticas y situaciones de violacin de derechos en todos lospases.

    Ha posibilitado acceder y sistematizar informacin pblica relevante para monitorear elcumplimiento de los DESCA, que se encontraba dispersa en distintos organismos pblicose identificar graves vacos de informacin.

    Ha contribuido a determinar el contenido de la obligacin positiva de los Estados enrelacin a la satisfaccin progresiva de varios derechos, especialmente en materia deeducacin, salud y alimentacin.

    Ha aportado al fortalecimiento de polticas pblicas sobre derechos humanos.

    Ha permitido identificar espacios de incidencia dentro del Estado y esclarecer lasresponsabilidades funcionales para poder avanzar en la restitucin de derechos.

    Ha posibilitado documentar los casos llevados adelante por las organizaciones y generarprueba para reforzar la estrategia del litigio nacional e internacional.

    Ha contribuido a visibilizar la integralidad de los derechos humanos y la interrelacin einterdependencia del acceso a la informacin pblica con el ejercicio del derecho a laparticipacin informada y a la consulta previa.

    Como resultado de la prctica de las organizaciones que demandan informacin sobre DESCApudieron detectarse los siguientes obstculos:

    Trabas asociadas al funcionamiento de los mecanismos administrativos existentes para elAIP (requisitos a los solicitantes, incumplimiento de los plazos, falta de reglamentacinadecuada, etc.).

    Desconocimiento de los mecanismos existentes y del derecho de acceso a la informacinpor parte de los funcionarios pblicos.

    Falta de capacitacin de agencias estatales tanto para el registro y sistematizacin de lainformacin, como para responder ante pedidos.

    Escasa disponibilidad de informacin sobre DESCA de manera sistematizada, actualizada ydesglosada/desagregada.

    Dificultades asociadas a la mala calidad de la informacin disponible (desactualizada, datos

    poco confiables o inexactos). Insuficiente cantidad de repertorios de datos abiertosvinculados a los DESCA.

    Debilidades institucionales de las OSC (dificultades para el acceso a financiamiento y paracontar con equipos de abogados/as, staff reducido) para agotar las instancias de apelaciny recurrir al litigio como mecanismo para la restitucin de derechos.

    Especiales dificultades referidas a la obtencin de informacin referida a cuestionespresupuestarias y de utilizacin de recursos del Estado.

    La falta de apropiacin de las herramientas del AIP y la continuidad del uso de los caminostradicionales que histricamente han utilizado las OSC para acceder a informacin en poderde los organismos pblicos.

    4 Para un examen ms detallado de las lneas de trabajo estudiadas, ver cuadro de casos estudiados.

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    Una lnea de accin necesaria debera apuntar a la apropiacin por parte de este conjunto de OSCde las herramientas del AIP y su incorporacin transversal en las distintas estrategias deintervencin que stas definan.

    Asimismo, en la regin existen organizaciones que trabajan con herramientas deEmpoderamiento Legal utilizando prcticas de alfabetizacin jurdica, capacitacin legal,incidencia institucional, etc. La fluida relacin con las organizaciones de base y sectores socialesvulnerables colocan a estas organizaciones en una posicin privilegiada para promover y

    monitorear el uso de herramientas de AIP por parte de quienes tienen sus DESCA vulnerados.

    Entre las posibles vas para lograr el avance en la produccin de informacin en torno a los DESCApueden destacarse:

    Aumentar de la demanda de informacin sobre DESCA. Es necesario trabajar en lograr quelos Estados lleven adelante procesos de produccin de informacin que permita analizar el

    nivel de cumplimiento de los derechos.Identificar espacios de incidencia a nivel local e internacional para avanzar en la exigibilidadde la obligacin de produccin de informacin sobre derechos humanos.

    Identificar estrategias para la exigibilidad de la produccin de informacin en materia deDESCA (justiciabilidad, mesas de trabajo y de dilogo con el Estado)

    5 Las lneas de accin que se presentan a continuacin son el reflejo en la accin de las conclusiones que

    hemos obtenido en base a la investigacin realizada. As, las lneas especficas de trabajo propuestasdeben ser enmarcadas en estrategias generales en la bsqueda de avance en la generacin de marcosnormativos apropiados para el AIP y mecanismos de efectivizacin de DESCA.

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    sentido, una lnea con especial inters es realizar el monitoreo de los informes que los Estadosdeben presentar en base al artculo 19 del Protocolo de San Salvador, entre otros mbitos.

    Una potente lnea de accin futura es la bsqueda de que la agenda de derechos se inserte enla de Gobiernos y datos abiertos, promoviendo que la informacin sobre los derechos sociales seaprioritaria dentro de la agenda de datos abiertos.

    Los anlisis sobre cmo repercuten los compromisos internacionales de los Estados en materiasde DESCA en la agenda de produccin y acceso a la informacin, los cruces y anlisis en cuanto ala interrelacin de estos derechos, etc. son muy pocos.

    El fomento de la produccin y discusin acadmica sobre estos puntos repercutiran directamenteen la calidad y cantidad de las estrategias de incidencia en el tema, promovera la utilizacin deargumentos ms sofisticados, y de material para el estudio de la temtica.

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    ARGENTINA

    Ley 105

    Acceso a la informacin ensalud sexual y reproductiva

    Campaa Saber es underecho, que ahora sea ley

    Cupo laboral para personascon discapacidad

    Vacantes en el nivel inicial enla Ciudad de Buenos Aires

    Caso Vecinos de La Cava

    TIPNIS- Territorio Indgena yParque Nacional IsiboroScure

    Monitoreo poltica pblicapara la produccin nacionalde medicamentos para eltratamiento del VIH/Sida

    Monitoreo de la poltica detransgnicos

    Caso Belo Monte

    Rgimen DisciplinarioDiferenciado (RDD) en lasprisiones de San Pablo

    Produccin de informacin pblica; derecho a lasalud; acceso a la informacin; derecho a laalimentacin.

    Acceso a la informacin sobre salud sexual yreproductiva.

    Derecho de acceso a la informacin pblica; sancinde una Ley Nacional de Acceso a la Informacin.

    Derecho de personas con discapacidad: igualdad,trabajo, autonoma personal, no regresividad.

    Derechos a: la educacin, igualdad, el derecho a lano discriminacin, indirectamente derecho de lasmujeres a la igualdad de oportunidades.

    Reclamo por parte de vecinos del barrio La Cava poruna vivienda digna.

    Derechos de los pueblos indgenas; consulta previa yacceso a la informacin pblica

    Derecho a la salud, acceso a medicamentos;monitoreo de la poltica pblica sobre propiedadintelectual y patentes de medicamentos para eltratamiento del VIH/SIDA

    Derecho a la informacin; derecho a la proteccin dela biodiversidad; princpio de precaucin; derecho a lasalud .

    AIP como precondicin para la garanta de otrosderechos

    Integralidad de los derechos humanos; derecho a laintegridad fsica y derecho a la salud; prohibicin dela tortura.

    Litigio: accin de amparo para la produccin de informacinordenada por Ley.

    Demanda de informacin en va administrativa: solicitudes de AIPante diversos organismos. Monitoreo regional. Incidencia ante laCIDH.

    Incidencia a nivel de la opinin pblica y el sistema poltico.

    Demanda de informacin en va administrativa. Litigio: amparopara proteccin derechos en base a la informacin lograda.

    Demanda de informacin en va administrativa; litigio: amparopara acceder a la informacin denegada; amparo posterior para laproteccin de derechos en base a la informacin lograda.

    Movilizaciones de vecinos por una vivienda digna y mesas detrabajo. Pedidos de informacin tendientes a identificar lasmedidas a tomar por parte del Estado con relacin al barrio.Presentacin de medida cautelar.

    Demanda de informacin pblica en va administrativa; Litigioaccin de amparo para la proteccin de derechos; Incidencia antela CIDH

    Demanda de informacin en va administrativa. Monitoreo eincidencia en la poltica pblica.

    Litigio: accin civil pblica para la proteccin de derechos.

    Amicus Curiae ante la CIDH

    Demanda de informacin en va administrativa. Litigio: amicuscuriae ante el Supremo Tribunal Federal.

    BOLIVIA

    BRASIL

    Nombre del caso Foco temtico Naturaleza del caso

    * Este es un resumen de los temas desarrollados en los casos que h emos relevado en cada pas de buenas prcticas en el uso del AIP para la exigibilidad de los DESCA. En el informeen extenso se podr encontrar el desarrollo de los mismos.

    ANEXO: Casos analizados por pas*

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    CHILE

    PARAGUAY

    URUGUAY

    Nombre del caso Foco temtico Naturaleza del caso

    Demanda de informacin en va administrativa.Reclamacin ante el Consejo para la Transparencia pordenegacin. Monitoreo social y movilizacin ciudadana apartir del AIP.

    Demanda de informacin en va administrativa.Rutilizacin de la informacin por la sociedad civil,generacin datos abiertos. Monitoreo polticas pblicas.

    Demanda de informacin en va administrativa.Monitoreo de poltica pblica.

    Demanda de informacin en va administrativa;generacin de capacidades para la incidencia y la

    participacin ciudadana.

    Conjunto de solicitudes de acceso a la informacinpblica y acciones de incidencia y litigio estratgico.

    Demanda de informacin en va administrativa. Litigiopara el acceso a informacin. Monitoreo social.

    Demanda de informacin en va administrativa.Monitoreo social e incidencia para la proteccin dederechos.

    Participacin ciudadana.

    Demanda de informacin en va administrativa; litigio:amparo para acceder a la informacin denegada;amparo posterior para la proteccin de derechos enbase a la informacin lograda.

    Demanda de informacin en va administrativa. Litigiopara el acceso a informacin. Monitoreo social.

    Litigio: accin de amparo

    Demanda de informacin en va administrativa; litigio:amparo para el AIP; amparo para la proteccin dederechos en base a la informacin lograda. .

    Conjunto de solicitudes de acceso a la informacinpblica y acciones de litigio.

    Derecho Ambiental, derecho a la salud, participacin ciudadana,acceso a la informacin ambiental.

    Acceso a la informacin, derecho a la educacin, derecho a lasalud.

    Derecho a la salud; seguimiento de compromisos por parte delEstado para identificar y notificar a personas afectadas del virusde la Hepatitis C para que reciban tratamiento.

    Derecho a la vivienda digna, derecho a la salud, derecho almedio ambiente sano.

    Acceso a la informacin como herramienta para la proteccindel derecho de acceso a la educacin universitaria.

    Proteccin del patrimonio ambiental y cultural.

    Proteccin de derechos ambientales; monitoreo reformaagraria.

    Proceso llevado adelante para lograr la sancin de la LeyOrgnica Municipal de Acceso a la informacin pblica.

    Proteccin de los derechos de los nios/as; alcance derecho a laeducacin; seguridad edilicia de las escuelas

    Proteccin de los derechos ambientales y culturales. Monitoreoinstalacin proyecto minero en el pas.

    Exigibilidad derechos a la educacin y al trabajo comopresupuesto para la proteccin de la libertad personal porredencin de la pena.

    Proteccin dederechos de nios/as; medicacin conpsicofrmacos y diagnstico extendido de dficit atencional porhiperactividad (TDAH) ; derecho a la salud

    Informacin pblica como herramienta para la definicin ymonitoreo de polticas pblicas. Produccin de informacinsobre discapacidad.

    HidroAysn

    Portal InfoDatos

    Hepatitis C

    Alcantarillado de la poblacinabriel Gonzlez Videla

    Prueba de SeleccinUniversitaria (PSU)

    Defensa del Patrimoniocultural

    Proteccin bosques nativos delDepartamento de SanPedro.

    Ley Orgnica Municipal3966/2010

    Escuelas seguras

    MOVUS - Movimiento porUruguay Sustentable

    Complejo Carcelario SantiagoVzquez (COMCAR)

    Metilfenidato

    Acceso a la educacin inclusiva

  • 7/27/2019 Informe AIP-DeSCA Version Resumida

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