A mayor calidad de la democracia, mayor cobertura previsional

Junio 2014

Documento de Debate 5

A mayor calidad de la democracia, mayor cobertura previsional Documento de Debate 5.

Junio 2014.

Asuntos Del Sur.

Autor: Alexis Henríquez

Edición: Ricardo López Valverde

ÍNDICE

A mayor calidad de la democracia, mayor cobertura previsional .................................. 3

Primeros hallazgos ........................................................................................................ 5

La relación en la actualidad .......................................................................................... 8

Citas de la investigación ............................................................................................. 16

Referencias bibliográficas ........................................................................................... 17

Sobre el autor .............................................................................................................. 19

A mayor calidad de la democracia, mayor cobertura provisional

Hace algunos años, mientras escribí los primeros apuntes sobre los sistemas de pensiones en América

Latina, me encontré con una afirmación de la que muy poco se ha escrito: la relación entre la cobertura

previsional y la democracia. A pesar del tiempo transcurrido, muy poco (casi nada) se ha investigado

sobre esta relación.

Todo arranca con los procesos de democratización en Latinoamérica. Dentro de los factores

endógenos que se deben analizar en el campo económico para explicar los procesos de transición a la

democracia, se encuentran dos en concreto: el primero de ellos se basa en la crisis económica de la

década perdida con la inflación y el desempleo; y un segundo punto en el cálculo de costos y beneficios

que significaba el autoritarismo versus la democracia, que era vista como puente para el fortalecimiento

de las instituciones estatales (por parte de la izquierda intelectual) y una mejor oportunidad para la

derecha empresarial. Como factores exógenos está el apoyo del Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional durante los 70 y 80, con sus asesorías para impulsar en los países latinoamericanos un

proceso que llevara a la estabilización de la democracia; así como la participación de la Organización de

Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en esos cambios; y en cierta

medida la cooperación internacional para el desarrollo en Latinoamérica, donde la Unión Europea (UE)

comenzó a jugar un papel alternativo con respecto a los Estados Unidos, y cuyo enfoque buscaba

además del fin de los conflictos armados y el desarrollo democrático y económico; además había

algunas organizaciones no gubernamentales como Americas Watch o Amnistía Internacional, por

mencionar algunos casos. Se concebía que la democratización llevaría a una modernización económica

y que, a su vez, esto ayudaría a consolidar las democracias.

E. Iglesias (2004: 442) dirá, refiriéndose a los sistemas de seguridad social, que “la democracia es

condición para tener altas tasas de ahorro e inversión productiva de largo plazo”; porque para ese

aumento se requiere confianza y seguridad jurídica y política de largo plazo. Otros autores señalarán

que la cobertura depende de un conjunto de factores: el nivel de desarrollo económico, los ciclos

económicos (tasa de desempleo), y el tamaño del sector informal; aunque tampoco descartarán –

aunque la coloquen en un segundo plano – la importancia de la institucionalidad y la política nacional

(Iglesias, 2003: 9). La eficacia de los gobiernos también tomará un papel fundamental, como señala Barr

(2000), para “asegura la estabilidad macroeconómica, que sirve de base para ejecutar bien los planes de

reparto, y que es necesaria para proteger a la acumulación de pensiones que son sensibles a la inflación

imprevista, y para garantizar la capacidad reguladora de los mercados financieros, por razones de

protección a los consumidores” (Barr, 2000: 33).

Pero sin duda la idea más importante sobre esta relación la plantea la OIT, cuando señala que “entre las

economías de mercado, la experiencia demuestra que, con contadas excepciones, tiende a haber una

relación directa entre el nivel de democracia y el grado de protección social” (OIT, 2001a). Además la

seguridad social es importante “para la integración política, la participación de los ciudadanos y el

desarrollo de la democracia” (OIT, 2001b: 36).

Cuando la OIT habla de “nivel de democracia” se refiere a un concepto relativamente nuevo, que se

viene desarrollando desde hace más de una década, y al que se le ha bautizado como “calidad de la

democracia”. Existen varios detractores por el término (ver Alcántara, 2008), dado que “calidad” se

relaciona a la industria o mercadotecnia. Pareciera ser así ya que cuando se habla de calidad de la

democracia se intenta evaluar los procesos que han llevado a que un producto (la democracia) sea

bueno. Una de las definiciones que más se acerca a la relación que se intenta plantear es la de Morlino

(2007: 5), cuando señala que: “una buena democracia o bien una democracia de calidad, [es] esa

ordenación institucional estable que a través de instituciones y mecanismos que funcionan

correctamente, realiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos”. Otra definición es la que construye

Levine y Molina (2007: 19-20), cuando señalan que:

“La democracia es vista como un sistema de representación, con participación libre y universal de la

población adulta en un marco de igualdad de derechos y reglas del juego también iguales. Al adoptar

esta visión de la democracia, nuestro análisis se enfoca en los procedimientos y en los derechos

necesarios para que ellos funcionen, lo que implica concentrar la atención en las condiciones y

procedimientos para decidir quién gobierna, así como en la forma en que las asociaciones e individuos

pueden operar para influir en las decisiones políticas y exigir responsabilidad a los gobernantes. Esta

definición, y el concepto de calidad que se deriva de ella, determina la legitimidad con base en las

condiciones de competitividad, participación política y mecanismos para exigir rendición de cuentas y

responsabilidad, y no en el contenido «sustantivo» o el resultado de las políticas que se instrumenten, a

menos que éstas violenten o promuevan las primeras”.

En este análisis breve (o primeros apuntes al tema) no pretendo entrar al debate sobre la justificación de

indicadores – salvo algunos en la tercera parte – a considerar para la elaboración de un índice sobre

calidad de la democracia. Los lectores podrán encontrar una enorme cantidad de información al

respecto en Levine y Molina (2007), Morlino (2007) o Beetham et. al. (2009) sobre la formulación de

indicadores que los lleven a establecer la calidad de la democracia en cada país.

Primeros hallazgos

Para elaborar su índice de calidad de la democracia, Levine y Molina (2007) tomaron 32 indicadores: el

de la sumatoria de puntuación en derechos políticos y la garantía de libertades civiles de Freedom

House (FH); la participación electoral en elecciones presidenciales (accountability electoral); la

proporcionalidad de la representación por género y la proporcionalidad de la representación por

partidos en la legislatura nacional; recursos cognitivos [1]; soberanía o autonomía económica [2];

respuesta a la voluntad popular: eficacia del voto [3]; y la responsabilidad social.

Tomando en cuenta estas observaciones y los resultados obtenidos (puede ver los resultados del índice

aquí), se elaboró una correlación entre el índice de calidad de la democracia y la cobertura que se tenía

en 10 países con sistemas de pensiones basados en el régimen de capitalización. La pregunta hipótesis

era: ¿entre mayor sea la calidad de la democracia existirá más cobertura de los sistemas de pensiones

reformados en América Latina?

El índice de calidad de la democracia por país que proporciona Levine y Molina (2007) fue tomado

como la variable independiente, puesto que el propósito era ver como ésta incide en la variable

dependiente, que será la cobertura. Este índice se tomó porque, además de retomar la noción de la

garantía de libertades y derechos, retomaba también la dimensión de la autonomía económica: esa que

se necesita para plantar cara frente a la inferencia internacional. Hay que recordar acá que los sistemas

de pensiones que se reformaron en América Latina fue una de las condiciones que el Banco Mundial y

el Fondo Monetario Internacional pusieron a los países a cambio de préstamos para el desarrollo. Otro

componente que llevó a escoger este índice es el de la proporcionalidad por género. Entre mayor sea la

proporcionalidad de representantes que se tenga, se puede considerar que mayor será el respaldo que se

logre para promover beneficios al sector que representa. Por tanto, es considerable suponer que entre

mayor sea la representación de las mujeres en un parlamento, mayor será el apoyo que se tenga para

generar condiciones de bienestar a este sector de la población. En un artículo anterior se presentó la

baja cobertura y la inequidad que existe para brindar seguridad previsional a las mujeres, por lo que este

indicador en la medición de la calidad de la democracia resulta pertinente.

El dato de cobertura que se tomó fue el de contribuyentes activos, en el régimen de reparto más el de

capitalización (según los casos), como porcentaje de la PEA a 2008 por país. Los resultados del análisis

de regresión se muestran en el diagrama de dispersión presentado en el gráfico 1.

Gráfico 1. Correlación entre calidad de la

democracia y cobertura

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica mostró que, en efecto, existe una relación positiva entre estas variables: una mayor calidad de

la democracia corresponde a un mayor porcentaje de contribuyentes. Retomando el planteamiento de

E. Iglesias (2004), se puede señalar que la calidad de la democracia está relacionada con un mayor

porcentaje de contribuyentes con respecto a la PEA. Esta correlación es más fuerte en Chile, Costa

Rica y Uruguay, y está menos determinada en Colombia.

A partir del coeficiente de determinación (expresado en la gráfica como R2 ) se puede explicar cuál es la

proporción de la variable de la cobertura que puede ser explicada por la variable en el índice de calidad

de la democracia. El R2 tiene un valor de 0.5225, lo que significa que la variable del índice de calidad de

la democracia explica en un 52.25 por ciento la variable en la cobertura de la PEA en 2008. Dado el

valor expresado en el coeficiente de determinación, se considera que existe una asociación significativa

entre calidad de la democracia y cobertura de la PEA que cotiza. El resultado arrojó una aproximación

en cuanto a la relación que existe entre los dos valores correlacionados, aunque no tiene en cuenta otros

factores relevantes como la macro economía o las fluctuaciones del mercado laboral.

La relación en la actualidad

Varios países de América Latina atraviesan procesos electorales (Chile y Honduras en 2013, El

Salvador, Costa Rica y Colombia en 2014); así como evaluaciones o reformas de segunda generación

importantes en los sistemas de seguridad previsional (Argentina, Bolivia y Chile hace cinco años, y en la

actualidad Colombia, Costa Rica y El Salvador), por lo que volver a evaluar la calidad de la democracia

y su relación con la cobertura resulta pertinente. Para ejecutar esta relación, he tenido la necesidad de

elaborar un nuevo índice de calidad de la democracia, pero reformulando algunos indicadores o

tomando otros (aunque la base del análisis sigue siendo el trabajo elaborado por Levine y Molina en

2007).

Primero retomo la idea de dimisiones para medir la democracia, que serían la responsabilidad social, el

accountability electoral, la garantía de libertades, la soberanía económica, la proporcionalidad de la

representación por género en las legislaturas y los recursos cognitivos, que Levine y Molina toman y

que la mayoría de índices señalados consideran. Sin embargo creo necesario agregar otra dimensión, de

la que Morlino (2007) habla: la superación de tradiciones autoritarias.

a) Superación de las tradiciones autoritarias

Resulta importante introducir en el análisis esta dimensión, puesto que muchas de las tradiciones

autoritarias continúan permeando las democracias latinoamericanas. Por ejemplo, en el caso de los

sistemas de pensiones, la mayoría de reformas que se hicieron en los 90 o las re-reformas en estos

últimos años fueron realizadas sin consulta a la población, se impusieron durante períodos

democráticos y son la herencia de políticas de rescate económico, impulsadas por los chicagos boys,

durante la dictadura chilena. Esta dimensión cruza de manera horizontal casi todas las dimensiones, si

consideramos que durante los períodos militares la responsabilidad social, las libertades, o la

representación por género eran nulas.

Encontrar indicadores para esta dimensión no resulta fácil, como tampoco encasillar la superación de

las tradiciones autoritarias. Sin embargo, he recolectado algunos indicadores que pueden dar luz o

contribuir al debate. El primero de ellos es el apoyo al Estado de derecho. Bajo ciertas condiciones, “las

personas están de acuerdo a que el Estado utilice acciones ilegales para capturar a los delincuentes”

(Córdova et. al., 2013: 124). Todavía existe la idea en las poblaciones latinoamericanas que el Estado

puede violentar derechos para garantizar otros; y no que mediante la garantía de los derechos el Estado

es uno de los pilares de un Estado de Bienestar y del Estado de derecho.

Un segundo indicador que se introduce en esta dimensión es el apoyo a la democracia. Este apoyo es

un requisito para la consolidación de la democracia (Córdova et. al., 2013: 157). Si la democracia es un

requisito, como ya se ha planteado, para aumentar la cobertura, qué tanto apoyo tiene.

El tercer indicador de esta dimensión, y por la relación con los sistemas de seguridad previsional, sería

el «apoyo al Estado como garante del bienestar social». Morlino (2007: 12) señala que durante el

autoritarismo, hubo una “reestructuración de las relaciones estado-trabajo y estado-capital-trabajo, y la

reestructuración de la representación política de los trabajadores”. Este cambio llevó a que “los

regímenes militares debilitaran la protección social propia de las democracias”. Además, se ha

argumentado que los Estados son corruptos o incompetentes, y por tanto la seguridad social (salud y

pensiones, sobre todo) serían mejor administrada por organizaciones privadas. Por tanto, en el

imaginario colectivo, no sería extraño encontrarse con falta de apoyo al Estado para garantizar bienestar

social.

Son cuatro los pilares que brindan bienestar a una persona: el trabajo [4]; apoyos, como la familia [5]; el

ahorro y los seguros [6]; y el Estado [7]. De todos ellos, el trabajo y el Estado, el primero como

herramienta y el segundo como garante de derechos, resultan ser muy importantes para alcanzar

bienestar (cuestión que abordaremos en un próximo artículo). Como indicador se toma la respuesta a

una pregunta de la encuesta 2010 de la Latinobarómetro [8], la cual mide el nivel mínimo de seguridad

social que las personas consideran que el Estado les debería brindar. De las respuestas obtenidas, se han

tomado sólo aquellas tres que se refieren a que el Estado debe proporcionar como mínimo educación,

salud y seguridad social en la vejez (pensiones), considerando a) que es mediante la educación que se

puede acceder a un trabajo deseable con el que se logre cubrir salud y pensiones mediante la

distribución de los ingresos (ahorros); y b) que el Estado debe proporcionar, como parte de sus

obligaciones y los derechos de los ciudadanos, educación, salud y pensiones cuando mediante sus

propios recursos éstos no pueda acceder a ellos.

b) Responsabilidad social

Levine y Molina (2007) toman como indicador para esta dimensión el índice de corrupción de

Transparencia Internacional. Aparte de ese indicador, acá se agregan también, con el afán de darle más

peso al argumento, indicadores sobre la participación en comunidades y en protestas. Estos indicadores

son de responsabilidad social verticales; es decir, son las exigidas por los ciudadanos. Por lo general se

representan en elecciones o referéndums, pero también pueden expresarse mediante la consulta,

previamente debatida en una comunidad, o las protestas, que también son foros sancionatorios de

funcionarios. En el caso de los sistemas de pensiones, aquellos países donde las personas se

involucraron o protestaron para lograr un mejor sistema de seguridad social han sido los que mayor

cobertura han tenido: Uruguay y Costa Rica.

c) Accountability Electoral

Para medir el accountability electoral se toman en cuenta tres indicadores. El primero será la

participación electoral en las últimas elecciones presidenciales, ya que resulta ser una medida confiable

para establecer la relación entre las acciones realizadas por un político y su continuidad (o la de su

partido) al frente de un gobierno. Para complementar esta idea, se tomará como segundo indicador el

apoyo al sistema. Para Maldonado (2011), en un análisis comparativo en América Latina,

“aparentemente el sentido del deber de los individuos, medido por el apoyo al sistema político, está

asociado con la decisión de votar, independientemente de si el voto es voluntario u obligatorio”. Un

tercer indicador será la eficacia del voto [9], valorando que aquellos que estén de acuerdo con que

“votar importa” consideran que los políticos responden a la voluntad popular que se refleja en las urnas

(Levine y Molina, 2007).

d) Garantía de libertades

Sobre los indicadores para esta dimensión, retomo tres de los que ofrece Freedom House: la medición

sobre el entorno legal, el entorno político y el entorno económico. Estos indicadores los he

recodificado en una escala del 0 al 100 para hacerlos más comprensibles, donde 0 sería que no existen

estas libertades. También he retomado como indicador el Índice de libertad de prensa, que ofrece

Reporteros sin Fronteras, como parte de esas libertades mínimas que deben existir para bridar

información a la población, y que estos tome decisiones informadas que contribuyan al control de los

políticos. El índice también ha sido reconfigurado, como los tres anteriores, a modo de que sean más

comprensibles.

Para elaborar el índice, se han sumado todos los valores obtenidos y se han dividido entre 16 (número

de indicadores). Los resultados se presentan en la tabla 1. En índice se ha elaborado sólo para los países

que tienen un régimen de capitalización en sus sistemas de pensiones, ya que ese es el objetivo principal

en este análisis. Los resultados obtenidos son ricos en información comparativa: en Chile, por ejemplo,

se ve una alta participación en protestas, y una baja participación en la última contienda electoral, lo que

podría mostrar el malestar de la población por el desempeño del gobierno. En México se registra

números preocupantes respecto a la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción, lo que

también se refleja en un bajo apoyo al sistema, un bajo apoyo a la eficacia del voto y de apoyo al Estado

como garante de la seguridad social.

El índice también sería confiable[10], ya que ratifica los resultados de Freedom House (FH) sobre el

grado de libertad.[11] A pesar de que los resultados en el índice son más bajos a los presentados por

Levine y Molina (2007: 38-40), el índice es coherente con los resultados (posiciones según puntuación

de cada país) que se realizaron hace siete años. Esto se debe a que “las dimensiones de la calidad de la

democracia y sus elementos presentan una superposición significativa y en buena medida tienden a

variar juntos” (Ibíd.). El índice abre un abanico de posibilidades para futuros debates y análisis sobre la

calidad de la democracia en América Latina, así como para la propia discusión sobre su elaboración.

Tabla 1. Índice de calidad de la democracia en ocho países de América Latina

Países

Superación de tradiciones

autoritarias Responsabilidad social Accountability Electoral Libertades

Proporcionalidad

de la

representación

(100-LSQ)

Recursos

cognitivos

Soberanía

(100-

autonomía

económica)

Índice Índice

FH Apoyo al

Estado

de

Derecho

Apoyo a la

democracia

Apoyo al

Estado

como

garante

del

bienestar

social

Participación

comunidades

Participó

en una

protesta

Índice

contra

corrupción

Participación

en la última

elección

Respuesta

a la

voluntad

popular

(Eficacia

del voto)

Apoyo

al

sistema

Entorno

legal

Entorno

político

Entorno

económico

Libertad

de

expresión

Uruguay 58.9 86.5 41.4 12.4 7.6 86 89.2 85.3 59.5 73.3 75 73.3 84.1 72 90 88.9 67.71 1

Costa Rica 63.6 75.1 32.6 20.8 4.9 73 68.3 60.8 55.9 83.3 82.5 80 87.9 92.5 101 86.5 66.8 1

Chile 65 74 46.9 17.9 11.1 91 41.6 62.6 55 73.3 65 36.7 73.8 75.5 89 85 60.21 1

R.

Dominicana 72.9 70 37.8 32.9 8 22 71.3 69.3 48.8 76.7 50 56.7 71.7 79.4 76 89.6 58.31 2

Perú 57.7 63.6 36.7 27.9 13.1 50 74.4 55.2 49.5 53.3 55 63.3 68.1 80.3 91 93.5 58.29 2.5

El Salvador 59.7 65.6 31.3 31.5 3.6 51 55.3 76.4 56.7 66.7 57.5 53.3 77.1 81.4 68 78.3 57.09 2.5

México 62.1 68 34.1 24.8 3.8 44 63.1 55.6 55.9 63.3 75 43.3 54.7 89.3 91 88.8 57.3 3

Colombia 71.8 68.3 48.1 26.5 8.7 43 44.5 57.3 55.5 63.3 35 46.7 62.5 72.7 97 84.4 55.33 3.5

Fuente: Elaboración propia.

Entrando en materia previsional, y repitiendo el ejercicio de la primera correlación, se toma el índice de

calidad de la democracia elaborado y la sumatoria de la cobertura (los aportantes activos) que se tenía

tanto en los sistemas de reparto como de capitalización (según el caso) con respecto a la PEA alrededor

de 2013 (ver tabla 2).

Tabla 2. Índice de calidad de la democracia y cobertura

de los sistemas de pensiones

País Índice Cobertura % PEA

Uruguay 67.71 89

Costa Rica 66.80 43

Chile 60.21 70

R. Dominicana 58.31 29

Perú 58.29 19

El Salvador 57.09 24

México 57.30 30

Colombia 55.33 28

Fuente: Elaboración propia.

El índice de la calidad de la democracia vuelve a ser la variable independiente, mientras que la variable

dependiente sería la cobertura. Los resultados de la regresión se muestran en el gráfico 2.

14

Gráfico 2. Correlación entre calidad de la democracia y cobertura (actual)

Fuente: elaboración propia.

Esta nueva correlación viene a respaldar los hallazgos de la primera que se realizó con el índice de

calidad de la democracia de Levine y Molina (2007) y la cobertura que había en 2008. En la actualidad,

el 53.14 por ciento de la cobertura se explicaría por la calidad de la democracia, un punto más alto que

los resultados de 2008.

En general, la calidad de la democracia no ha variado en la mayoría de los países analizados. Algunos

indicadores han caído, así como la cobertura que se tenía hace cinco años. Este sería el caso de Chile y

Costa Rica, que en desempeño previsional están varios puntos abajo que hace cinco años; así como en

otros indicadores sobre calidad de la democracia y cultura política (ver Córdova et. al., 2013). Otros

países han mejorado en cuando a calidad, como Colombia, pero se mantiene siempre una baja

cobertura de su población.

Aunque la calidad de la democracia no es igual a un gobierno eficiente, parece haber una relación

importante entre la calidad de la democracia y la eficiencia en cuanto a la cobertura. A su vez, un

gobierno puede tener un buen índice de su calidad en la democracia, pero reducir su eficiencia en

cobertura. Uruguay ha logrado mejorar su índice de calidad de la democracia, creciendo o sosteniéndose

15

más que Chile o Costa Rica si comparamos (no de manera numérica, sino proporcional) con los

resultados de Levine y Molina (2007). Sin embargo, Chile y Costa Rica también tienen buenos índices

de calidad de la democracia, pero no han sido eficientes para mantener y aumentar la cobertura. Que su

cobertura no caiga a los niveles de países como El Salvador y Perú, los más bajos entre los países, se

podría responder precisamente a una calidad de la democracia aún alta y fuerte. Perú, por el contrario, a

pesar de ser el quinto país con la calidad de la democracia más alta, es el último en cobertura. La calidad

de la democracia, en ese país, no se ha traducido en eficiencia y, por lo tanto, en una mayor cobertura.

Perú es el caso que no se puede explicar plenamente por el índice de calidad de la democracia, por lo

que es necesario buscar otras variables de tipo económico y social que no permiten mejorar el sistema.

16

Citas de la investigación

[1] Inscripción en la educación secundaria como porcentaje del correspondiente grupo etario para 2002.

Se considera lo mínimo en educación que una persona debe tener para comprender la política.

[2] Para la toma de decisiones libres sin la injerencia extranjera.

[3] Partiendo de una pregunta en la encuesta Latinobarómetro: «Algunas personas dicen que la manera

como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro. Otros dicen que

independientemente de como uno vote, no hará que las cosas sean mejores en el futuro. ¿Cuál frase

está más cercana a su manera de pensar?». La idea central es que una persona considera que su voto

puede cambiar la situación del país.

[4] Véase Smith, 1776: 334-335; Luhmann, 1981; Harris, 1989; Barr, 1992.

[5] Véase Harris, 1989: 15-16; Muñoz de Bustillo, 2007: 29-33; Putman, 2002.

[6] Véase Muñoz de Bustillo, 2000: 23; Barr, 2001: 1-3.

[7] Véase Luhmann, 1981: 37; Muñoz de Bustillo, 2000: 35-38; Barr 2001: 1-4.

[8] La pregunta era: “¿Cuál diría Ud. que es el nivel mínimo de seguridad social que espera que el

Estado garantice?” Los encuestados solo podían responder tres de ocho alternativas. Para más

información, ver en: http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp

[9] Se toma de una pregunta de la Latinobarómetro de 2009, donde se pregunta: «Algunas personas

dicen que la manera como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro. Otros dicen

que independientemente de como uno vote, no hará que las cosas sean mejores en el futuro. ¿Cuál frase

está más cercana a su manera de pensar?» Puede encontrar más información en:

http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp

[10] Aunque todavía sigue siendo un índice preliminar que debe ser tomado con cautela y que se

enmarca en un trabajo mucho más amplio sobre cobertura previsional.

[11] Para más información, ver: http://www.freedomhouse.org/regions/americas

17

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Sobre el autor

Alexis Henríquez es candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos,

salvadoreño, periodista y comunicador social, graduado de la Universidad

Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador; y Máster en

Estudios Latinoamericanos, con mención en economía, por la Universidad

de Salamanca, España.

Asuntos del Sur (ADS) es un think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al análisis, debate y realización de propuestas de políticas para América Latina. Fue fundado en el año 2007 por un grupo de jóvenes provenientes de 8 países de la región y posee actualmente oficinas en Argentina y Chile. Su objetivo central es construir una plataforma de debate, reflexión y producción de conocimiento de los principales problemas y preocupaciones que aquejan a América Latina. Para ello, ADS procura reunir a especialistas sobre diversas temáticas de toda la región, les propone temas a abordar y convoca a las principales voces a expresar sus puntos de vista.

ADS ha sido reconocido por su presencia en las redes sociales y su equipo es continuamente convocado por reconocidos medios de comunicación de toda la región. En el año 2012 fundaron el Observatorio de Política de Drogas, abrieron el área de Derechos Humanos e implementaron el proyecto Mucho con Poco junto a jóvenes emprendedores de toda la región.

ADS es dirigido por Matías Bianchi y Eduardo Vergara Bolbarán.

Consejo Consultivo: Alicia Bárcena (Secretaria Ejecutiva de CEPAL), Marta Lagos (Directora y Fundadora de Latinobarómetro), Heraldo Muñoz (Sub Secretario General de la ONU y Director del PNUD para América Latina), Joseph Tulchin (Harvard University), Javier Santiso (Director del Center for Global Economy and Geopolitics y ex Director del Centro de Desarrollo de la OCDE)

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