IGLESIA, ECONOMÍA, LEY Y NACIÓN:LA CIVILIZACIÓN DE LOS

CONFLICTOS NORMATIVOS EN LAESPAÑA ACTUAL

Víctor Pérez-Díaz

ASP Research Paper 32(a)/1999

Sumario

· Conflictos civiles e inciviles· El trasfondo histórico del ‘problema de España’· La iglesia católica y su aportación a un orden de libertad· Democracia y economía de mercado: acercamientos normativos de derechas e izquierdas· El estado de derecho y su puesta a prueba· El conflicto vasco y la mitigación posible de los nacionalismos· Conclusiones· Referencias bibliográficas

Este ensayo ha sido publicado en Peter L. Berger (ed.), Los límitesde la cohesión social, Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo deLectores, 1999.

Víctor Pérez-Díaz, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; y ASP, Gabinete de Estudios

ASP Research Papers

Comité de Redacción /Editorial Board

Víctor Pérez-Díaz (director)Berta Álvarez-Miranda NavarroJuan Jesús Fernández González

Josu Mezo AranzibiaPilar Rivilla Baselga

Juan Carlos Rodríguez PérezFernando González Olivares (redactor jefe)

Comité Científico Internacional /International Scientific Committee

Daniel Bell (American Academy of Arts and Sciences)Suzanne Berger (Massachusetts Institute of Technology)Peter Gourevitch (University of California, San Diego)

Peter Hall (Harvard University)Pierre Hassner (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París)

Kenneth Keniston (Massachusetts Institute of Technology)

© Víctor Pérez-DíazEste trabajo no podrá ser reproducido en todoo en parte sin permiso previo del autor

Depósito legal: M-6126-1994ISSN: 1134 - 6116

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Conflictos civiles e inciviles*

Las sociedades contemporáneas suelen sersociedades plurales y estar aquejadas por conflictosnormativos intensos acerca de cuáles deben ser losvalores sobre los que se fundamentan, sus reglasbásicas e incluso, a veces, los rasgos principales desu identidad. En ocasiones, estos conflictos lesconducen a crisis graves y dolorosas, que parecenponer en cuestión su continuidad. Curiosamente,son muchos quienes, en estas circunstancias, sesorprenden y miran con nostalgia hacia un pasadode consenso normativo, o se aferran a la idea deque fuera de una comunidad unida en torno a unosvalores comunes, unas representaciones comparti-das y un proyecto colectivo ‘no hay salvación’,porque, en tal caso, se supone que la sociedadperece o pierde su rumbo, como si fuera un barcoen alta mar. Digo ‘curiosamente’, porque en esa‘sorpresa’ ante el conflicto normativo hay unolvido de la historia dramática de todas o casi todaslas sociedades contemporáneas, hay una sobrevalo-ración retrospectiva de sus momentos de consensonormativo, hay el descuido de la circunstancia deque la política moderna fue inventada precisamentepara manejar esos conflictos (piénsese en lospolitiques franceses), y hay la inadvertencia de queel proceso de civilización de nuestras sociedades haconsistido, en gran medida, en el desarrollo de este‘arte de la política’, en domesticar esos conflictosy en aprender a vivir con ellos.

La literatura sociológica contemporánea hapuesto de relieve el papel de diversas organizacio-nes y complejos institucionales situados en elterreno del estado o de la sociedad, o en el lugar deencuentro de uno y otra, a la hora de reducir esosconflictos y de asegurar la cohesión social. Así,varios trabajos reunidos en este volumen querecoge el Informe de la Fundación Bertelsmann alClub de Roma han analizado el papel del mercadocomo mecanismo de reducción de los conflictosnormativos que estaban implicados en el funciona-miento del régimen del apartheid sudafricano; delas redes de think tanks como mecanismos deaproximación de gentes de ideologías políticasopuestas, en torno a un diagnóstico de los proble-mas económicos en Chile; de las estructurasneocorporativistas de consulta y negociación entre

empresarios, sindicatos y gobierno, como mecanis-mos de creación de confianza y de encauzamientode los conflictos de intereses en Alemania; o delestado laico, en un intento de evitar determinadosconflictos de identidad etnorreligiosa en la escuelafrancesa.

Pero, por otro lado, se han señalado también loslímites de la eficacia de estas instituciones interme-diarias: por ejemplo, para la solución de algunosconflictos ligados a la identidad étnica y religiosa(en el propio caso francés), o algunos conflictosecológicos (en el caso alemán). Incluso se haapuntado la posibilidad contraria: que cumplan unafunción propiciatoria no de la reducción de losconflictos normativos, sino de su exasperación, sierosionan hábitos de civilidad y si polarizan lasociedad en campos ideológicos antagónicos (comose sugiere que ha podido ocurrir en el caso de losthink tanks en Estados Unidos).1 Se concluye, así,que las instituciones de mediación de conflictospueden reducir su intensidad pero también puedenexasperarla, y se indica la importancia de atenderal carácter de las ideas y los valores que inspiranestas instituciones.

Mi ensayo parte de esta discusión previa, y conél trato de hacerla avanzar en diversas direcciones.Me interrogo sobre la evolución de los contenidos(ideas y valores) de los discursos normativos dediferentes grupos sociales, y los factores y losmecanismos que explican esa evolución; distingoentre los discursos explícitos y aquellos discursostácitos que están implicados en la conducta efectivade las gentes; relaciono unos conflictos normativoscon otros; distingo dos tipos de conflictos normati-vos, ‘civiles’ e ‘inciviles’; y analizo los factores ylos mecanismos de la transformación de los con-flictos ‘inciviles’ en ‘civiles’, y viceversa.

En él, tomo como referencia empírica la expe-riencia de un conjunto de conflictos de la Españaactual. Como verá el lector, estos conflictos sonvarios y se han transformado a lo largo del tiempo.Esta transformación ha dependido (al menos, enparte) de la manera como unos conflictos normati-vos se han combinado con los otros. En su peormomento, esta combinación ha abocado, en elpasado, a una guerra civil, y, en el presente, a unasituación de terrorismo endémico en una parte delpaís. En su mejor momento, ha hecho posible latransición pacífica de un régimen autoritario a una

*Agradezco a Berta Alvarez-Miranda, Juan CarlosRodríguez, y Celia Valiente, de Analistas Socio-Políti-cos, Gabinete de Estudios, sus comentarios a diferentesversiones de este ensayo. 1Véase Hunter (1999).

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democracia liberal.

Para realizar mi propósito, comenzaré vinculan-do la problemática de los conflictos normativos ensociedades plurales con la de una teoría de lasociedad civil, entendida ésta en un sentido muyamplio (que incluye, como uno de sus componen-tes, el conjunto de las organizaciones sociales queno son ‘ni estado ni mercado’).2

Una sociedad civil (en el sentido de la expresiónque uso en este ensayo) es un tipo ideal de socie-dad que corresponde aproximadamente a determi-nadas sociedades históricas. Le caracteriza unentramado de instituciones, por el cual el ‘estadode derecho’ (en último término, the rule of law)hace posible el funcionamiento de un orden delibertad, formado por varios órdenes ‘nomocráti-cos’ o policéntricos,3 entre los cuales hay unahomogeneidad formal fundamental. Los tresórdenes más importantes son los de una economíade mercado, un tejido social plural y un espaciopúblico (o de libre debate público). Estos órdenesestán basados en interacciones espontáneas entreagentes individuales libres que respetan normasgenerales de convivencia. La aplicación de estasnormas está basada en la presencia de una autori-dad pública con su aparato coercitivo correspon-diente (cuya legitimidad se funda en su compromi-so para mantener ese orden de libertad), y en una‘cultura’, es decir, unas orientaciones y disposicio-nes morales de los agentes individuales (que debenser coherentes con el funcionamiento de ese ordende libertad).

Este tipo de sociedades tiene conflictos normati-vos endémicos; más aún, los implica necesariamen-te. Su tejido social, plural, contiene una diversidadde individuos, sus familias y otros conjuntos máso menos organizados, o grupos sociales. Losindividuos pueden elegir (en amplia medida) losgrupos a los que quieren pertenecer, la manera depertenecer a ellos, y la forma de contribuir a ladefinición de los intereses de esos grupos, de suestrategia y de su identidad. Todo ello se basa, enparte, en la ubicación de los individuos y losgrupos en la división de trabajo de una sociedadbasada en una economía de mercado; pero, en

parte, también en otros factores de diferenciación.Entre éstos, desempeña un papel importante ladiferenciación de la sociedad entre grupos deafinidad por razones de orientación política (dondese dan cita motivos muy diversos: económicos,étnicos, religiosos, de creencia o sentimientopolítico en sentido restringido, etc.).

El consenso normativo preciso, al menosinicialmente, para que una sociedad plural de estascaracterísticas funcione ordenadamente es relativa-mente limitado. Basta un consenso mínimo relativoa las normas de convivencia, y a los valores impli-cados necesariamente en el funcionamiento de eseorden de convivencia, tales como los valores detolerancia y de respeto a la libertad de los agentes,así como los de veracidad y de racionalidad en eldebate público, en los procesos judiciales y en losintercambios económicos. Todo esto puede darse,al principio, de manera instrumental. Basta con quese acaten las normas, y se cumplan las sancionescorrespondientes a su infracción, independiente-mente de que, en su fuero interno, los individuoslas acepten como legítimas o no. Porque, aunquees obvio que ese consenso normativo es muyconveniente, ya que tendrá efectos más firmes yaumentará la probabilidad de su realización efecti-va si una masa crítica de ciudadanos comparte losvalores subyacentes a aquellas normas en su fuerointerno, ello no es imprescindible.4

Los conflictos normativos de un tejido socialplural pueden ser ‘civiles’ o ‘inciviles’ (u ocuparun punto intermedio entre estos tipos extremos). Lacuestión estriba en cómo se formulen y cómo sevivan. En el caso de los conflictos civiles, éstos se

2Sobre la distinción entre una interpretación ‘genera-lista’ y otra ‘minimalista’ de la sociedad civil, véasePérez-Díaz (1993, 1995 y 1997).

3Por utilizar la expresión de Michael Oakeshott (de‘orden nomocrático’ como opuesto a ‘teleocrático’)recogida por Hayek (1985:89).

4En este sentido, las exigencias de Émile Durkheimo de Talcott Parsons, por ejemplo, de un consensonormativo más amplio y más profundo son excesivas opoco realistas, al menos si se aplican a las fases inicialesdel proceso de formación de una sociedad civil. Estosautores están pensando en sociedades que son, desde unpunto de vista sociocultural, relativamente homogéneas,en las que no se da una diversidad cultural intensa. Sinembargo, lo propio de las sociedades civiles es precisa-mente su pluralidad, real o potencial. Véanse Durkheim(1967 [1893]) y Parsons (1967). Puede verse unadiscusión crítica más amplia de las posiciones de estosautores en Pérez-Díaz (1998a). La visión que tiene MaxWeber de un debate cultural intenso puede pecar por elextremo opuesto, y simplificar lo que es en realidad unaserie de variaciones típicas del estado de los debatesnormativos en una sociedad plural (Weber 1992).

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formulan y se viven de forma que son compatiblescon el mantenimiento de una convivencia civilizaday una conversación cívica; incluso pueden serconsiderados como ‘la sal’ que sazona y estimulaesa conversación. En el segundo caso, se formulany se viven de tal forma que tienden a romper laconvivencia civilizada de la comunidad. Loscontendientes silencian a sus oponentes, les estig-matizan excluyéndoles moralmente de la comuni-dad, les arrebatan sus medios de defensa, reducena un mínimo sus ámbitos de autonomía, y, enúltimo término, les ejecutan o asesinan. Esto es loque suele ocurrir cuando el conflicto incivil aumen-ta su intensidad hasta convertirse en una ‘guerracivil’ (que es, por supuesto, el más ‘incivil’ de losconflictos posibles).

La conversión de los conflictos inciviles enciviles, o, lo que es lo mismo, la ‘civilización’ delos conflictos, depende de varios factores: enúltimo término, del éxito de un proceso de pacifi-cación que proscribe o minimiza el uso de laviolencia física para dirimir los conflictos, y del deun proceso de institucionalización y (a largo plazo)de interiorización de un acuerdo normativo sobrelos principios y los valores de la convivencia, en locual tienen un papel muy importante quienesasumen la posición de autoridades públicas osociales.

El equilibrio en las relaciones de fuerza entrelos contendientes suele ser favorable a la pacifica-ción, que es un requisito previo para esta civiliza-ción de los conflictos. Sin embargo, por sí mismo,ese equilibrio sólo da lugar a situaciones de tregua.Para que la tregua se estabilice y la situaciónpermita una convivencia civilizada entre los con-tendientes, tienen que intervenir otros factoresinstitucionales y culturales, cuyo análisis, a su vez,nos lleva a la consideración de dos tipos de acto-res. De un lado, los actores estratégicos, talescomo las autoridades públicas y las ‘autoridadessociales’ (por ejemplo, los clérigos, los empresa-rios y los sindicalistas, los políticos de izquierda yde derecha, los jueces y los periodistas). De otrolado, el conjunto de las gentes ordinarias, en susmúltiples roles de ciudadanos, agentes económicosproductivos, consumidores, fieles de unas religio-nes, miembros de unas familias, etc.

Para empezar, el equilibrio en la relación defuerzas puede agotar a los contendientes, y hacer-les pensar que los costes del conflicto incivilsuperan sus beneficios, y que una alternativa a lalucha a muerte es la de vivir y dejar vivir. Como

es sabido, ésta es la situación en que algunas de lasguerras de religión europeas dejaron a los conten-dientes, y es a esta situación a la que se refiereDankwart Rustow (1970) en su análisis de lasprimeras etapas de las transiciones democráticas.Estas situaciones de relativo empate o ‘tablas’crean las condiciones para la intervención de laautoridad pública o de autoridades sociales inter-mediarias entre los contendientes, lo que abre lasenda para una convivencia civil.

En principio, las autoridades públicas de unasociedad civil tienen la función de establecer, orestablecer, el equilibrio que permite una conviven-cia en libertad. Son los ‘guardianes de la comuni-dad’ en tanto que garantes de las leyes propias deun orden de libertad, que ellas tienen que respetartanto como hacer respetar. Por esto tienen quecomprometerse en la actividad recurrente de hacerjusticia, rectificando el desorden creado por lainfracción de las leyes; y, al tiempo, en la deevocar una y otra vez los sentimientos comunita-rios de reconciliación y de ‘amor a la patria’,evitando así el desarrollo de los sentimientosdestructivos de la convivencia. Esta concepción deloficio de las autoridades y los magistrados públicoses el legado tanto de la experiencia de la ciudadclásica como de la práctica de los estadistas euro-peos del propio siglo XVI (piénsese en los politi-ques o en Enrique IV en Francia, o incluso enWilliam Cecil en Inglaterra) (Black 1959), almenos en la medida en la que intentaron diseñar untipo de estado que promoviera la paz civil, toleran-do la disidencia religiosa y encauzando así, pero nosuprimiendo, los conflictos religiosos de la época.

Los conflictos normativos son susceptibles deser moderados o exacerbados (más allá de todolímite) por las autoridades sociales más diversas.Abundan los ejemplos de iglesias intolerantes y departidos políticos extremistas. Existen tambiénejemplos contrarios. La evolución de los últimossiglos, al menos en Occidente, sugiere una tenden-cia clara hacia la civilización (en este sentido) delas iglesias cristianas, la católica incluida, y de lamayor parte de los partidos políticos con represen-tación parlamentaria. Las apelaciones a la resisten-cia ultramontana o a la revolución social contra elorden liberal, se han ido diluyendo; y la manera deplantear los problemas normativos ha sido atempe-rada por una actitud, en general, de toleranciarespecto a los oponentes.

Hay además, en las sociedades civiles moder-nas, otras autoridades sociales intermedias que

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suelen servir de referencia en los conflictos norma-tivos. Regulan los debates y recuerdan la importan-cia de ciertos procedimientos y valores cuyaaplicación reduce la intensidad de las contiendas.Pueden llegar a desempeñar así, hasta cierto punto,un papel de moderadores de los conflictos, y serreconocidas como relativamente imparciales a lahora de dirimirlos. Tales son las autoridades dejueces, periodistas o académicos, cuya profesiónmisma les obliga a recordar (y recordarse) laimportancia de la veracidad a la hora de ponderarlos argumentos de unos y otros, la conveniencia deque éstos se basen en hechos comprobables y en lalógica, y se ajusten, en su presentación, a procedi-mientos previamente aceptados.5

Pero, en último término, la civilización de losconflictos depende de la conjunción de la actuaciónde los agentes estratégicos (autoridades públicas ysociales) con la de amplias masas de población, yes cuestión de investigación empírica la averigua-ción en cada caso de la dirección causal de susinfluencias recíprocas. Aunque el papel educadorde las autoridades suele ser importante, probable-mente lo es en menor medida que el de los ciuda-danos de a pie, cuya conducta práctica, masiva y alargo plazo, suele ser determinante para civilizar lamanera de pensar y de obrar de sus propias elites.En todo caso, tanto la conducta efectiva como lamentalidad de unos y otros están afectadas por lainfluencia de las instituciones dentro de las cualestienden a operar, que, a su vez, pueden ser vistascomo la cristalización de conductas pasadas.

El trasfondo histórico del ‘problema de España’

Este ensayo analiza el proceso civilizador de losconflictos normativos de un país con una tradicióndramática. Ese país, España, fue caracterizadocomo un laberinto en un libro clásico, de hacemedio siglo, en el que su autor mostraba cómo losespañoles no supieron manejar los conflictosnormativos que se desarrollaron a partir de laguerra de la Independencia (1808-1814) durantealgo más de un siglo, y, en cierto modo, se dejaronarrastrar por ellos a una guerra civil (Brenan1984). Pero los conflictos extraordinarios de laEspaña contemporánea arraigan en un trasfondohistórico anterior.

Pueden entenderse los procesos civilizadores de

los últimos treinta a cuarenta años (que son elobjeto central de este estudio) como la ‘respuesta’a la guerra civil de mediados de los treinta. Por suparte, la guerra puso un punto final trágico a algomás de un siglo de intentos del estado y la tradi-ción liberal por encauzar una serie de conflictos entorno al papel de la iglesia y al carácter del estado,a la organización socioeconómica y a la identidadnacional. Pero, a su vez, la fuerza relativa de estosconflictos y la debilidad relativa de la tradiciónliberal para domesticarlos arraigan en una expe-riencia anterior de tres siglos, en la cual hubo unintento sistemático de las elites políticas y de laiglesia no por encauzar esos conflictos, sino porsuprimirlos.6

Durante el Antiguo Régimen, del Siglo de Oroa la Ilustración, se asiste en España a la construc-ción deliberada de una sociedad homogénea, bajoel control de la monarquía tradicional y de laiglesia católica. Esta construcción de una sociedadhomogénea (a la que contribuyó decisivamente elreinado de Felipe II durante toda la segunda mitaddel siglo XVI) destruyó la promesa (todavía viabledurante la primera mitad del siglo) de una sociedadplural, que hubiera podido vivir en el marco deunas reglas generales de convivencia (bajo unaautoridad pública responsable y confinada a mante-ner la paz y la justicia), afirmar su diversidaddentro de ese marco y vivir con los conflictosnormativos correspondientes.

Durante tres siglos, hay una reducción gradualde la diversidad del tejido social y la viveza de lapluralidad originaria, aunque esté salpicada porcambios bruscos e intentos parciales (y, en general,erráticos) de recuperación o regeneración. Sereduce la diversidad étnica, por medio de laexpulsión o la tentativa de asimilación de los judíosy los moriscos. Se suprime la diversidad de creen-cias religiosas. La Inquisición persigue sistemática-mente a protestantes, criptojudíos, criptomusulma-nes, heterodoxos en general, y lo que consideracomo los residuos de una moralidad paganizante enlas costumbres. Con todo ello, se aminora lacapacidad de innovación intelectual entre las elites,y la frecuencia de la lectura en general. Se atenúala diversidad de las formas adoptadas por el senti-miento del honor o la honra. Los estatutos delimpieza de sangre difunden un sentimiento del

5Sobre este tema, véase Arendt (1993 [1961]).

6Véase una discusión más extensa de la relaciónentre la esfera pública y el orden sociopolítico enEspaña durante esos siglos en Pérez-Díaz (1998b).

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honor racial de cristiano viejo, y la difusión de unethos de hidalguía refuerza los sentimientos negati-vos asociados a la vileza de los oficios y las artes.Se estanca el proceso de diferenciación de losintereses económicos. La economía de mercadoavanza de manera lenta y contradictoria. En reali-dad, a muy largo plazo, hay un relativo estanca-miento económico y demográfico, que resulta, enparte, de trabas institucionales y de pautas deconducta que sugieren una aminoración importantedel espíritu empresarial (el ‘espíritu del capitalis-mo’).

Todo ello se relaciona con una mengua de lapercepción y el uso del orden jurídico como unorden de reglas generales de la convivencia,imparcial, para la defensa de los intereses econó-micos individuales, como sugiere la reducción dela litigación y del prestigio de la justicia. Se truncael desarrollo de la diversidad de sentimientospolíticos ligado a la oportunidad del debate políti-co. La derrota de las Comunidades en 1521, laintervención en Aragón a fines del XVI, la crisisde mediados del XVII (que incluye la guerra deCataluña), los Decretos de Nueva Planta a comien-zos del XVIII: todo ello aboca a la reducción de laimportancia de la institución parlamentaria en losdiversos reinos, y del reconocimiento de la identi-dad política de las varias partes de la monarquía.El efecto general último es el de una sociedad muylenta a la hora de aprovechar la expansión econó-mica y demográfica, y los vientos de la Ilustración,entrado ya el siglo XVIII; y muy distinta, portanto, de la polite and commercial society de laInglaterra del siglo XVIII, exuberante de dinamis-mo y de diversidad (Langford 1989).

En el siglo XIX y el primer tercio del XX, losintentos de formar una sociedad civil en torno a lasinstituciones del estado liberal, la economía demercado y una cultura de la tolerancia son recu-rrentes, pero tropiezan con dificultades considera-bles. Persisten inercias institucionales y organizati-vas en el estado, la iglesia y la vida social, einercias en las disposiciones culturales que lapoblación había ido adquiriendo como resultado dela evolución anterior. El hecho es que el estadoliberal del siglo XIX español es un estado domina-do, en buena medida, por redes clientelares, conun importante componente de burocracia patrimo-nial y un desarrollo insuficiente del estado dederecho. La iglesia tiende a ser intolerante, y tieneuna lectura arcaizante de la vida económica ysocial. La economía de mercado se desarrolla conlentitud excepto en Cataluña y, luego, en el País

Vasco, que atraen emigrantes de otras regiones. Engeneral, España sigue siendo un país predominan-temente rural. Y las masas rurales tienden a ser, enel norte, carlistas; en el sur, proclives al anarcosin-dicalismo; y en el centro, a acomodarse, de maneraentre realista y resignada, al estado clientelar, lajusticia parcial, la burocracia patrimonialista y laiglesia intolerante (que ha ido reforzando suspropias redes clientelares); es decir, o bien carecende afinidad con los principios de una sociedad civilabierta y dinámica (en el norte y el sur de España),o tienen una afinidad débil, y sin articular organi-zativamente, con esos principios (en el centro).7

A su vez, en la medida en que los inmigrantesurbanos conservan estas afinidades, y ello se une alas inclinaciones de buena parte de las elites, laconsecuencia es un sesgo autoritario en la conductaefectiva de los partidos políticos. Por ello, en lapolítica decimonónica, el espacio público es utiliza-do no como un lugar de encuentro entre posicionesdiversas, sino como el lugar donde los contendien-tes tratan de imponer una idea de la ‘buena socie-dad’ o la ‘sociedad bien ordenada’ al resto de lasociedad. Y ello conlleva, a su vez, la tendencia aconsiderar que el estado debe ser ‘conquistado’precisamente para ser utilizado como un instrumen-to al servicio de esa idea de la buena sociedad (loque implica una concepción ‘teleocrática’ delestado contemporáneo).8

Como consecuencia de ello, durante siglo ymedio, es difícil ‘civilizar’ los conflictos normati-vos que van surgiendo, porque éstos tienden a servistos y vividos, por muchos, como abocados a unagran decisión colectiva y dramática. Los conflictosse van acumulando y combinando con el paso deltiempo: estado liberal o estado al servicio de unaidea sustantiva (ideas religiosas, nacionalismo oreforma social); clericalismo o anticlericalismo;España unitaria o plural (o fragmentada); capitalis-mo o revolución social. Los conflictos son dema-siados, y demasiado fuertes, para que puedan serencauzados por una tradición liberal que intenta,una y otra vez, crear el armazón institucionalnecesario para la formación de una sociedad civil.Esos intentos liberales denodados, y a mediaslogrados, llegarán a contar, sin embargo, con el

7Sobre los campesinos castellanos y la cultura delcorporate village en Castilla durante ese tiempo, véasePérez-Díaz (1991).

8O una concepción del estado como ‘una asociacióntipo ‘empresa’‘; véase Oakeshott (1990).

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apoyo activo de importantes masas urbanas, y elapoyo pasivo o la indiferencia neutral de una partede los propios campesinos. De hecho, esa tradiciónserá el eje en torno al cual gira la obra, interrumpi-da y recomenzada, del estado liberal. Ese estadoatraviesa varias fases, y en algunos momentosparece cercano al triunfo: la victoria sobre elcarlismo, seguida por el moderantismo de los añoscuarenta y cincuenta del siglo XIX; una nuevavictoria sobre el carlismo y sobre el cantonalismo,que culmina con la Restauración del último terciodel siglo, seguida por la deriva de este régimenbajo la presión del anarcosindicalismo, las juntasmilitares y los nacionalismos periféricos; y, porfin, el intento de la Segunda República de los añostreinta de este siglo, que fracasa abruptamente.9

La Segunda República fracasa por la combina-ción de la gravedad de los conflictos normativos(los ‘problemas de demanda’ de la vida política) yla debilidad del estado y de la sociedad liberal (quehubieran podido ‘ofrecer’ soluciones a esos proble-mas, en forma de políticas públicas y sus discursosde justificación).

Mientras que los conflictos se intensificaron (elconflicto religioso, el carácter del estado, lastensiones sociales, el problema de los nacionalis-mos), muchos actores estratégicos carecieron derespeto hacia el marco institucional de un orden delibertad. Anarcosindicalistas y carlistas pusieron encuestión la legitimidad de un régimen que, además,hubo de sufrir la semilealtad de los nacionalistas,el apoyo meramente instrumental de la derechamoderada (como respuesta a un diseño constitucio-nal que tendía a excluir una parte de la opinióncatólica), la proclividad de una parte de los socia-listas (por no hablar de los comunistas y los falan-gistas) para comprometerse en aventuras revolucio-narias violentas, y una lealtad reticente del ejércitoque dio paso, en su momento, a su sublevación.Además, no se acertó a constituir una autoridadsimbólica suprema que tuviera un papel de healero unificador emocional de la comunidad, porencima de los partidos políticos, y encarnara elprincipio de la unidad de la patria común, ni adesarrollar autoridades imparciales que moderaranlos conflictos normativos en curso. Finalmente, laspolíticas públicas desatendieron, o manejarontorpemente, problemas económicos y socialesapremiantes, como los de la pobreza rural o el paro

estacionario en el campo, o los de la pequeñaempresa agraria (de rabassaires catalanes, yunterosextremeños o campesinos castellanos), lo queactivó la intensidad de los conflictos de interésanejos a los conflictos normativos.

El resultado final fue una situación en la que unconflicto cultural en torno a la religión y a laiglesia, unos conflictos de clases, unas tensionesregionalistas, y una erosión del marco de la leyabocaron a una guerra civil que duró tres años ytuvo dimensiones catastróficas. Significativamente,la autoridad suprema del orden legal republicanoquedó reducida a desempeñar el papel de un testigopasivo y patético del conflicto, como se pone demanifiesto en el drama escrito por el propio presi-dente de la República, Manuel Azaña, La veladade Benicarló. En ese drama, Azaña abunda enreflexiones melancólicas sobre la violencia, eldesorden moral y el desconcierto de las gentes, yse pregunta sobre el sentido o tal vez sobre elsinsentido de la guerra, hasta el punto de que unode sus protagonistas sugiere como un emblema dela España en guerra al pequeño pueblo de Ciempo-zuelos, que, con sus dos manicomios, queda entrelas dos líneas del frente de batalla. En él, todo elpueblo huye salvo los locos, que, quebrantadas laspuertas de su encierro, campan por sus respetos,mientras llega la victoria de un bando u otro, loque, en cualquier caso, sólo serviría para agravarel absurdo (Azaña 1967).

Proposiciones teóricas orientadoras de este ensayo

A partir de los escombros dejados por la guerracivil, se ha dado un nuevo proceso de formación desociedad civil en España, y de conversión de susconflictos normativos en civiles. No me refiero asu ‘solución’ (o su ‘superación’), sino a su ‘civili-zación’, de modo que se pueda ‘vivir con ellos’ enlugar de ‘morir (y matar) por ellos’.

En particular, voy a fijarme en cuatro procesoscivilizadores de los últimos treinta a cuarenta años:la evolución de la iglesia, que la reconcilia con unorden de libertad, prepara la superación emocionalde la guerra civil, impide un resurgir del anticleri-calismo y anticipa la transición democrática; laevolución de la derecha y (en especial) la izquierdapolíticas, que permite un compromiso, subyacenteal compromiso constitucional, en torno a la econo-mía de mercado y al estado del bienestar; laevolución de la idea y las instituciones del estadode derecho, que se reafirma frente a algunas

9Sobre este fracaso en los años treinta, véase Linz(1978).

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infracciones importantes; y la evolución de lossentimientos nacionalistas, con muy especialreferencia al conflicto vasco, que hace posible unaserie de compromisos (incluida la posibilidad deuna solución negociada de este último conflicto).

En cada caso, haré algunos comentarios sobrela génesis y el desarrollo del proceso civilizador,sobre la dimensión cultural e institucional de cadauno de ellos, sobre el papel desempeñado en ellospor los actores estratégicos y las gentes comunes,y por los discursos explícitos y las conductasefectivas de unos y otros. Señalaré, asimismo, lasrelaciones existentes entre unos procesos y otros,sus límites, así como sus sombras y sus contradic-ciones, y la influencia del marco internacionaldentro del cual han podido desarrollarse.

Esto supuesto, creo que puedo facilitar la tareadel lector si, antes de acometer la tarea de describiry explicar los procesos en cuestión, hago ahoraexplícitas las proposiciones teóricas orientadoras deeste ensayo. De esta manera, el lector puedecomprender mejor el uso que hago de ciertosconceptos y los pasos que voy dando en mi expli-cación. El precio a pagar por ello, sin embargo, esque el lector soporte la aridez de algunos (pocos)párrafos abstractos y sumarios, expuestos de unaforma relativamente simple y aparentementedogmática, la justificación de cuya utilidad sólopuede venir más tarde (con la discusión de losprocesos). Estas proposiciones teóricas orientativas(orienting statements) son, en síntesis, las siguien-tes.

Primero, entiendo que conviene situar el proble-ma de los conflictos normativos de nuestras socie-dades modernas dentro de una teoría de la sociedadcivil, y el esquema conceptual de la sociedad civildebe incorporar la distinción entre conflictosciviles e inciviles, y la problemática de los proce-sos de transformación de los unos en los otros.

Segundo, creo que este esquema debe integraruna triple distinción: entre las actuaciones deinnovación y cambio, y las actuaciones rutinizadaso institucionalizadas; entre aquellas actuaciones delos agentes consistentes en conductas efectivas(institucionalizadas o no) y aquéllas consistentes endiscursos explícitos; y entre las actuaciones de losactores estratégicos y las de las gentes comunes.

Tercero, lo anterior requiere unas anotacionescomplementarias. Las ‘conductas efectivas’ no soncarentes de significado, sino que están impregnadaspor consideraciones morales y por esquemas

cognitivos previos o concomitantes con la conductamisma. Por esto, la conducta puede ser ‘leída’como un ‘texto’ que, como tal, incorpora mensajesde sentido que cabe descifrar e interpretar (Ricoeur1981:198 ss.), y que, además, contiene proposicio-nes normativas implícitas. Esta consideración de laconducta como un texto con proposiciones normati-vas implícitas supone que existe un abanico deformas de manifestación de los discursos normati-vos (y los correspondientes conflictos), que van delos discursos explícitos a los tácitos, pasando porlas diferentes gamas de la ambigüedad (por razonesque van de la desatención al disimulo). Supone,asimismo, que los discursos explícitos se dan en elcontexto de una conversación normativa muchomás amplia, que está imbricada en conflictos deintereses y estrategias sociopolíticas y socioeconó-micas diversas; por ello, los discursos explícitosson ininteligibles fuera de este contexto.

Cuarto, hay influencias recíprocas y relacionescausales en ambas direcciones entre las conductasefectivas y los discursos explícitos, como las hayentre las actuaciones de las elites y las de losciudadanos ordinarios, pero lo más frecuente esque haya cierta disonancia entre unas y otros(conductas y discursos, elites y masas), y que, entérminos generales y a largo plazo, tiendan aprevalecer o pesar más las conductas (con lossaberes prácticos correspondientes) que los discur-sos explícitos, tanto en unos como en otros.

De este esquema conceptual y estas proposicio-nes orientadoras teóricas se desprenden las pregun-tas y los nudos del argumento que dan forma a ladiscusión de los procesos civilizadores de losconflictos que viene a continuación.

La iglesia católica y su aportación a un orden delibertad

La guerra civil fue vivida por muchos de loscontendientes como una guerra cuya razón de sergiraba, en gran medida, en torno a la defensa o elataque de la religión y la iglesia católicas. Desdeun lado, se vio la guerra como la gran oportunidadpara terminar de una vez por todas con la influen-cia de la iglesia, por el expeditivo procedimientode eliminar o ‘liquidar’ (según el eufemismo de laépoca) al estamento clerical; y se desató unapersecución religiosa muy cruenta, con el asesinatode varios miles de sacerdotes y religiosos de ambossexos. Desde el otro, la sublevación militar seinterpretó como una cruzada religiosa, en la

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tradición de la reconquista contra el infiel, o de lasguerras religioso-imperiales de la monarquíaespañola y la iglesia contrarreformista de los siglosXVI y XVII.10

El nuevo estado franquista se puso al serviciode una ‘idea de España’ que suponía la fusión deun sueño tradicionalista y un discurso modernizan-te: volver a la tradición de la España del AntiguoRégimen y expresarla en el lenguaje de un nuevonacionalismo español. El objetivo a lograr era unaEspaña ‘una’, con una fuerte autoridad pública yun parlamentarismo débil o cosmético, en alianzacon una iglesia intolerante. La iglesia consideróque cabía realizar el sueño de la catolizaciónintegral del país, en las circunstancias peculiares dela España del segundo tercio del siglo XX. Era unaoportunidad histórica para realizar el ideal; y nopara conformarse con el mal menor de convivircon el error y el enemigo doctrinal, en el marco deun estado liberal y una sociedad plural, como lasiglesias francesa, italiana y alemana de la postgue-rra hubieron de hacer. La decisión de realizar esteideal fue reforzada por los intensos sentimientos dehorror y de ira generados por la experiencia de lapersecución religiosa y la guerra civil, que fuerontransmutados en el deseo de rehacer el mundo a suimagen y semejanza.

A partir de estas premisas, la iglesia católica secomprometió en una estrategia de reconquistaespiritual de España en los años siguientes. Paraello, hizo gala de un gran dinamismo organizativo,entusiasmo proselitista y el uso sistemático delaparato del estado. Gracias a ello, la iglesia estuvoen condiciones de controlar una buena parte delsistema educativo, de ejercer la policía de costum-bres y de apoderarse de una parte sustancial delespacio público. Bautiza, casa y sermonea a buenaparte de las clases subordinadas, rurales del sur yobreras urbanas, que habían apoyado el ladorepublicano durante la guerra civil. Educa a buenaparte de los hijos de las clases medias liberales osemiliberales que habían resistido su influencia enel pasado. Todas estas clases forman parte de unconjunto, la nación, que es vista corporativamente,como un sujeto histórico que tiene la misión de dargloria a Dios y servir a su iglesia. La naciónespañola y el catolicismo parecen hermanadoscomo consecuencia de una larga tradición y de una

oportunidad histórica providencial. Son momentosde triunfo y de euforia para la iglesia española, enla que ‘todo encaja’, lo religioso y lo temporal, loprivado y lo público; momentos que se prolongarándurante, al menos, dos decenios.

Sin embargo, este edificio triunfal se resquebra-jará a lo largo de la segunda mitad de los cincuentay de toda la década de los sesenta; y se derrumbaráen los setenta. La iglesia dará un giro de cientoochenta grados, y acabará distanciándose radical-mente de su lectura originaria de la guerra civil, desu estrategia ‘nacional-católica’, y del propiorégimen franquista. Sin entrar en detalles, he aquílas líneas principales del argumento que puedeexplicar esta evolución (Pérez-Díaz 1993:191-206).

La lógica de la situación incitó a la iglesiacatólica a intentar una conquista espiritual ‘enprofundidad’ de las masas de los diferentes secto-res de la población. No se conformó con unasimple catolización forzada desde el exterior, conel apoyo de los instrumentos de adoctrinamiento demasas, y la acción coercitiva estatal, es decir, conel apoyo de una mezcla de misiones populares y dethought police al modo inquisitorial de los viejostiempos.

En buena medida, la iglesia no se conformó conello porque no podía hacerlo. La razón estriba enque la iglesia se enfrentaba con unas masas quetenían viva la memoria de una disidencia doctrinal.Podían comparar en su fuero interno la propuestanacional-católica con otras alternativas, transmiti-das del pasado. Estas interpretaciones se confun-dían con recuerdos muy próximos en el tiempo, yse asociaban a experiencias que podían volver.Unas eran las de los socialistas o los anarquistas;otras, las de los liberales laicos, por ejemplo.Además, se estaba viviendo ‘en pleno siglo XX’ yel ‘espíritu de los tiempos’ no parecía correspon-derse con la realización del sueño del catolicismointegral. El país tenía fronteras porosas, por dondeentraba la información procedente, sobre todo(pero no exclusivamente) de las democraciascapitalistas vencedoras en la guerra mundial, conlas que la iglesia católica trataba de acomodarse.

Pero, además, tuvo lugar un cambio profundoen la manera como las nuevas generaciones declérigos católicos se acercaron al problema de laconversión de las gentes. Esta manera fue la propiade gentes atentas al contenido de la experienciareligiosa, y como tal supuso una ruptura con lo quehabía sido la manera tradicional predominante enla iglesia española, atenta a sus forcejeos con el

10Véase una discusión más detallada de esta evolu-ción, al menos hasta el momento de la transicióndemocrática, en Pérez-Díaz (1993:162-168).

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poder temporal y más preocupada por la sumisiónexterna de sus fieles que por el sentimiento religio-so de las gentes.

Al fin y al cabo, con esa ‘manera tradicional’,la iglesia había conseguido, durante el AntiguoRégimen, proscribir el protestantismo, junto contodas aquellas manifestaciones de la vida religiosaque redujeran la importancia relativa de las ayudasexternas de la religión popular, es decir, los sacra-mentos, las ceremonias (procesiones, imágenessagradas, actos públicos de culto) y, sobre todo,los clérigos mismos, como oficiantes del sacramen-to, protagonistas del culto y maestros de concien-cias. El resultado fue una sociedad católica en sucasi totalidad: una sociedad de bautizados, queprocuraban casarse por la iglesia, recibir la extre-maunción, ser enterrados en el cementerio religio-so y, a su vez, bautizar a sus hijos. Y que en elentretanto podían amar u odiar a los curas, pero noentraban en disquisiciones teológicas, y se mostra-ban instintivamente reacios a convertirse a otrascreencias religiosas (aun en el caso de los sedicen-tes ateos, de acuerdo con la expresión popular: “Sino creo en la religión católica, que es la únicaverdadera, cómo voy a creer en otra”).

Por ello, la hostilidad de la iglesia tradicional alrégimen liberal se concentró en abortar la posibili-dad que éste abría de cierta competencia en elmercado de las creencias religiosas, tanto en elespacio público como en el educativo. Esto permi-tió la aparición y el desarrollo de movimientosalternativos, religiosos o ‘cuasirreligiosos’, comoel anarcosindicalismo, el socialismo; pero tambiénun distanciamiento moral y emocional profundo deamplias capas de la población respecto al magiste-rio de los clérigos. Contra aquella libertad decreencias y estos movimientos reaccionaron laiglesia y sus fieles. La participación en la guerracivil de las masas católicas encuadradas por losclérigos fue, normalmente, la de unos ‘entusiastas’sólo en el sentido coloquial de la palabra, es decir,en tanto que gentes aquejadas de un sentimientointenso o un furor necesitado de una manifestaciónexterior, pero no en el sentido que pudo dar a lapalabra David Hume, es decir, en tanto que unos‘sentimentales’ que tienen entusiasmo en el sentidode un sentimiento intenso pero íntimo y personalde la religión. Se trató más bien de unas masas queHume hubiera llamado ‘supersticiosas’, deferenteshacia los clérigos (Hume 1981:33-38).

Si la evolución del catolicismo durante elfranquismo aboca al desarrollo de entusiasmos

religiosos propiamente dichos (íntimos y persona-les), ello se debe en buena medida al ‘espíritu delos tiempos’ antes aludido. Porque a lo largo delperíodo de incertidumbre que va del comienzo delsiglo hasta después de la segunda gran guerra, elpensamiento católico europeo se siente atraído oinfluido por un modo de razonar y sentir de ‘talan-te protestante’, del que el existencialismo es sólouno de los exponentes, y esto acaba influyendo enel medio español.11 Se asiste así a la incorporaciónal lenguaje educativo católico de la moral de laautenticidad. Se busca el entusiasmo de las convic-ciones personales y de los sentimientos profundos.

Ahora bien, convencer íntimamente, comoquieren los ‘entusiastas’ (y no sólo vencer exterior-mente, como querrían los ‘supersticiosos’) requiereuna acomodación del mensaje católico a las deman-das de sentido y de ayuda moral y emocionalemanadas de los sectores de la población en los quese trata de influir. De manera que la tarea de lasnuevas generaciones de clérigos que surgen delentusiasmo proselitista de los años cuarenta ycincuenta consiste justamente en ver la forma deacomodar la oferta religiosa a esas demandas. Estorequiere entenderlas en los términos en los que sonpresentadas y en los que son vividas. Así se iniciaun proceso de acomodación doctrinal que había dellevar a estos clérigos jóvenes (situados en lafrontera entre la organización eclesial que ‘vende’sus productos y la sociedad que puede, o no, ‘com-prarlos’) por derroteros inesperados. Porque eldebate normativo consiguiente les obligó a modifi-car gradualmente sus posiciones originarias; y la‘conversión’ resultó ser un camino de dos direccio-nes. De hecho, adaptaron su oferta religiosa a lascircunstancias, y al lenguaje moral y político de lasociedad.

Las tareas de convertir distintos sectores de lapoblación, asumidas a veces por segmentos dife-rentes del cuerpo eclesiástico, pudieron llevar aéstos por caminos divergentes. Así, por ejemplo,la tarea de cristianizar a los empresarios llevó alOpus Dei a justificar y dar soporte a un ethosempresarial y a un tipo de política económica queeran compatibles con el apoyo del régimen políticofranquista. Los jesuitas, por otra parte, se adapta-ron, con su versatilidad habitual, a los terrenos

11Véase el testimonio de un filósofo moral católicocontemporáneo sobre esta cuestión en Aranguren(1957).

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más diversos. En el País Vasco, por ejemplo, sucercanía a una clase media nacionalista y tradicio-nalista les llevó a reforzar el nacionalismo vasco;en el medio intelectual u obrero, se acomodaron asus respectivos públicos; en el Tercer Mundo,contribuyeron al desarrollo de la teología de laliberación.

La tarea de cristianizar o catolizar a los estu-diantes universitarios de clases medias llevó amuchos clérigos de las nuevas generaciones a hacerlas paces con la tradición liberal anterior a laguerra civil, y también con las nuevas corrientesdel existencialismo y el marxismo; tanto máscuanto que estos eclesiásticos jóvenes salieronfuera de España, y se dieron cuenta de que habíaun diálogo entre los clérigos de los países de suentorno con estas corrientes doctrinales. Estosdiálogos y experiencias de acomodación llevarongradualmente a los curas jóvenes hacia posicionesde simpatía con la agitación contra el franquismoque se desarrolló en las universidades desde media-dos de los cincuenta; tanto más cuanto que ello secombinó con un proceso paralelo ocurrido en tornoa la clase obrera industrial.

En este caso, la iglesia manifiesta muy prontosu deseo de participar en una solución de la llama-da ‘cuestión social’. Pero al cabo de un tiempo esaparticipación es reformulada como una ‘elección deun bando’ en lo que se define como ‘una lucha declases’. ‘Elegir bando’ será como ‘elegir unabandera’, como se recomienda al término de losejercicios espirituales de San Ignacio, cuando elejercitante es conminado a elegir entre la banderadel demonio o la bandera de Jesucristo. Estatraducción del discurso dramático religioso tradi-cional en términos ‘modernos’, con la asimilaciónde una parte sustancial del discurso marxista, esvivida por algunos jesuitas en los años cincuentacomo un proceso de ‘aculturación’, como parte desu experiencia de vivir como viven los obreros,inmigrantes recientes del campo, que comienzan apoblar los cinturones de las grandes ciudades comoconsecuencia del crecimiento económico. Van avivir ‘con ellos’ y ‘para ellos’, y esto requiere quevivan ‘como ellos’ y ‘hagan suya su experiencia’:ergo, que compartan su percepción y su juiciosobre las cosas. Para ellos es un fenómeno deaculturación inspirado en la experiencia próxima delos sacerdotes obreros franceses. Pero, en últimotérmino, se trata de un fenómeno semejante alexperimentado por los jesuitas del Paraguay conlos indios guaraníes en el siglo XVIII, o, antes, porel padre Francesco de Ricci con los mandarines

chinos, y justificado en los mismos términos.

Todo esto conduce a los curas y activistascatólicos a cooperar con socialistas, sindicalistas ycomunistas en el desarrollo de organizacionessindicales y políticas hostiles al régimen franquistay al capitalismo, que tienen a la clase obrera comosu base de referencia. En este punto, confluyen lasactividades en los dos terrenos, el universitario y elobrero. Por ello, los universitarios católicos forma-rán parte de estas organizaciones sindicales ypolíticas como abogados laboralistas, economistaso líderes organizativos.

Esta labor de zapa de los clérigos y católicos‘no conformistas’ llevó de diez a veinte años; ycoexistió mal que bien con la de la iglesia franquis-ta oficial. Las relaciones entre estos grupos católi-cos implicados en la colaboración con el estado yaquéllos implicados en la subversión del mismofueron tensas y complejas. Pero sus conflictosfueron mediados y encauzados por la iglesia deRoma, que, a partir de finales de los cincuenta,favoreció un cambio de actitud hacia el franquis-mo, como consecuencia de las posiciones que seadoptaron en el Concilio Vaticano II. Todo ellocontribuyó a la aceptación gradual de las tesis de lano confesionalidad del estado y de la libertadreligiosa (reconocida por la Conferencia episcopaly recogida en el documento “Sobre la iglesia y lacomunidad política” publicado el 23 de enero de1973), y a la creación de un espacio de toleranciapara el pluralismo (y los conflictos normativoscorrespondientes) dentro de la iglesia, y al estable-cimiento de pautas de negociación entre las partesy de autolimitación de la jerarquía en el ejerciciode su autoridad a la hora de manejar tales conflic-tos.

Ahora bien, todo esto podría haber dado lugara una situación de mera coexistencia pacífica entreentusiastas fanáticos y autoritarios, tanto dentro dela iglesia, como en el conjunto de la sociedad. Siesto no fue así, se debió a un proceso singular deinteriorización de las pautas de negociación y detolerancia.

Es de notar que los entusiastas religioso-políti-cos entraron en la liza temporal motivados ydispuestos a la batalla, pero con unas ideas pocoliberales acerca de lo que sería ‘un mundo mejor’.Hay aquí una ‘ironía de la situación’ que convienecomprender, para poder entender la transformaciónde unos entusiastas inciviles, que sueñan con‘batallar por la justicia’ y ‘conquistar almas’, enunos miembros tolerantes de la ciudad. Su motiva-

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ción para la batalla cultural estaba arraigada en unaantiquísima tradición católica de intervenciónbeligerante en el mundo. Los clérigos han queridocasi siempre influir en la política y controlar elestado, y los entusiastas de los cincuenta y sesentaquisieron lo mismo. Querían que ‘se hiciera justi-cia’; sólo que, en este caso, se trataba de unajusticia social que requería reformas drásticas, decarácter socialista o anticapitalista. Querían quehubiera ‘más libertad’ pero su liberalismo era, enbuena parte, instrumental: conseguir ese estado dejusticia social (o de ‘libertad real’) requería que lasmasas tuvieran la libertad y los recursos necesariospara hacer valer sus intereses (aunque no del todoinstrumental, porque la apelación a la libertadresonaba con su propia experiencia de una moralde la autenticidad).

Sin embargo, la conducta efectiva de la luchapor la justicia y por esa libertad instrumental enunas condiciones no de monopolio, sino de compe-tencia en un mercado abierto, donde había interpre-taciones alternativas de la vida (como el marxismo,el liberalismo o las ideologías conservadorasasociadas con el propio franquismo), hizo quedesarrollaran el hábito de la libertad, la pauta de lanegociación entre iguales, la costumbre de laconvivencia y la actitud de vivir y dejar vivir. Esdecir, hizo que, en la práctica, arraigaran en elloslos valores de un orden de libertad que maximizala libertad de todos y cada uno. Con el tiempo, sussueños de justicia social se hicieron desvaídos yconfusos, y compatibles con fórmulas de compro-miso con el capitalismo. En cambio, este compro-miso con la libertad (y la igualdad ante la ley, y la‘igualdad de oportunidades’) permaneció.

El resultado de esta evolución fue que, aldiluirse la relación histórica de la iglesia con laguerra civil y con el franquismo, quedó desdibuja-da su tradición de hostilidad hacia el liberalismo yel socialismo del siglo y medio anterior. A su vez,esto permitió la destrucción de las bases morales yemocionales del anticlericalismo, y facilitó elconsenso constitucional del postfranquismo.

La iglesia había acabado abogando por lainstauración de un régimen de democracia liberal,en la teoría y en la práctica, por cuanto una partede la iglesia (que fue la que emergió victoriosa delforcejeo interno de los años setenta) había protegi-do el movimiento de la disidencia contra el fran-quismo, tanto en su variante política como en susvariantes sociales (sindical, intelectual o profesio-nal), e incluso coprotagonizó esa disidencia. La

iglesia anticipó la sociedad política democrática delpostfranquismo en cuanto que creó un espaciopúblico en el que las diferentes partes de la socie-dad plural española (comenzando por las tres‘culturas’ del cristianismo, el liberalismo y elmarxismo) podían coexistir pacíficamente. Lapropia circunstancia de que la iglesia no alentaraun partido demócrata-cristiano, comprometido conla defensa específica de los valores del cristianismoy los intereses de la iglesia, fue el signo de lareconciliación de ésta con los principios del ordenliberal, y también de su falta de temor al socialis-mo. De hecho, una parte de los líderes y militantessocialistas fue católica y el partido socialistarecibió una parte sustancial de los votos de loscatólicos practicantes. Con el tiempo, este estadode cosas se reveló bastante estable. Pero, sobretodo, la iglesia hizo una contribución fundamentala la difusión y el desarrollo de un talante aplicablea futuros conflictos normativos. Había habido unametamorfosis de los entusiastas religiosos por lacual su carácter moral se había hecho tolerante eigualitario, como consecuencia no tanto de susideas explícitas cuanto de sus conductas efectivas,lo que desarrolló en ellos una actitud de respetohacia gentes con convicciones distintas (‘todos losentusiasmos merecen respeto’), y una tendenciaigualitaria (‘el entusiasmo de los líderes, incluidoslos eclesiásticos o los políticos, no merece más nimenos respeto que el de las gentes comunes’).

Estos clérigos y seglares activos del catolicismoespañol se han ido acostumbrando a lo que ellosconsideran la ‘laicidad’, la separación entre laiglesia y el estado, a lo largo de los veinte añossiguientes de democracia liberal, no sin dificulta-des. Algunos se han sentido incómodos con lo quehan entendido como el ‘laicismo’ relativamentehostil de los gobiernos socialistas (por su manerade manejar las políticas de la familia, en particularlos temas del divorcio y el aborto, y de la escuela).Pero, sobre todo, se han sentido desconcertadospor la aparente distancia de una gran parte de lasociedad, que se supone católica, pero que noparece predispuesta a aceptar el magisterio de losobispos en muchas materias. Tampoco saben muybien cómo manejar su pluralismo interno, menosaún cómo definir el modo de su presencia en lo quellaman ‘el mundo’, y si ésta debe hacerse bien demanera organizada, como un ‘grupo sociocultural’con su liderazgo y sus medios de comunicaciónpropios (y si, en este caso, esa acción organizadadebe dirigirse con preferencia a influir en la socie-dad o influir en el estado), bien de manera más

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individualizada y dispersa, dando cada cual testi-monio, a su modo, de lo que para cada uno signifi-que su experiencia de católico.12

Esta manera de vivir las dificultades del presen-te supone, por lo demás, la persistencia de unavoluntad de ‘conquista espiritual del mundo’, queparece consustancial con la interpretación tradicio-nal de la iglesia española de la vis expansiva delcristianismo en tanto que religión universal. Perohay algo más. Estos católicos no saben cómo haceresa conquista, pero sí saben que, en cualquier caso,no pueden intentarlo por la vía de una imposición(que es ya ‘inconcebible’) sino de un diálogo ‘ci-vil’. Y además, parece que no están seguros de loque el término mismo de ‘conquista’ pueda signifi-car, puesto que, en estas circunstancias, se so-breentiende que la conquista se compadece con unacierta ‘entrega’ al mundo, es decir, con una acep-tación de muchas de sus vías y de sus experienciaspropias, o, al menos, con un cuidado especial pormostrar comprensión y benevolencia hacia esasvías y esas experiencias, por muy ‘equivocadas’que puedan ser. El acento no está en la ‘conquista’sino en la convivencia (civil), y por eso se prefiereel término de ‘testimonio’ al de ‘conquista’.13

Democracia y economía de mercado: acerca-mientos normativos de derechas e izquierdas

A mediados de los años setenta, los debatesacerca de cómo construir un marco constitucional,que permitiera la convivencia civil y el encauza-miento de los conflictos normativos anejos aconflictos de intereses diversos (políticos, socioe-conómicos e identitarios), implicaron debates enlos que derechas e izquierdas intentaron acercar susposiciones y encontrar un terreno común. Ambashicieron sus esfuerzos teniendo muy presente elfiasco relativo de la Constitución de 1932, atribui-do en buena medida a no haber sido percibidacomo un terreno común, sino sesgado a favor deuna de las partes.

El carácter del régimen de democracia liberalpuso el énfasis en un núcleo de libertades políticasy sociales y en el carácter del estado como un‘estado de derecho’. Ello supuso la renuncia aintervenciones de corte autoritario y colectivista,hoy y en el futuro, por las derechas (como preten-dieron el corporativismo católico y el fascismo) ypor las izquierdas (como pretendieron el socialis-mo, el anarcosindicalismo y el comunismo). Elcorolario de ello fue, por un lado, la consagraciónde una división de poderes que suponía la indepen-dencia del poder judicial y el establecimiento deltribunal constitucional; y por otro, la justificaciónde la autoridad del rey y del papel del ejército entanto que garantes de la unidad de la comunidad yel respeto de las reglas de juego, y subordinados auna autoridad pública elegida por la ciudadanía.

Todo esto supuso una acomodación doctrinalpara unos y otros. Las derechas hubieron derevisar su tradición de apoyo al franquismo. Desdediferentes ángulos de la derecha y el centro se pusoénfasis en determinados aspectos del franquismo delos años sesenta, que amortiguaban su discontinui-dad con el régimen democrático posterior: en elproceso de institucionalización (parcial) de unestado de derecho (limitando la discrecionalidad dela administración, o desarrollando un derecholaboral tuitivo de los trabajadores, por ejemplo), enla legislación sobre la prensa que había suprimidola censura previa, en la relativa tolerancia de hechocon la oposición sindical, en los intentos de refor-mar las Cortes franquistas, o en una políticaeconómica que indirectamente había favorecido elcambio sociopolítico a largo plazo.

Para las varias familias de la izquierda, elproblema se planteó de maneras diversas. Para losanarcosindicalistas, el problema apenas se planteó,

12Estos dilemas aparecen claramente en las distintasintervenciones contenidas en el opúsculo de Marzal yotros (1988).

13La difusión de estas actitudes explica la debilidadrelativa de los conflictos normativos en torno a losproblemas de la legalización del divorcio e incluso delaborto, durante el período posterior a la transicióndemocrática. Los partidos políticos de todas las tenden-cias han acabado por aceptar una base común por lo quese refiere a la legalización de uno y otro. En el caso dealgunas de las condiciones para el aborto, las diferenciaspersisten; pero de hecho la discusión se ha diluido yfragmentado, de modo que el acuerdo sobre unascondiciones coexiste con el desacuerdo sobre otras, apesar de algunas declaraciones dramáticas de la iglesia(por ejemplo, la nota ejecutiva de la ConferenciaEpiscopal española “Licencia aún más amplia paramatar a los hijos”, Zaragoza, 13 de septiembre de1998). Este desacuerdo es disimulado en la práctica,mediante el procedimiento de distinguir entre la leymisma y su aplicación a manos de las autoridades y losjueces locales que toleran su incumplimiento. (Sobreeste tema, véase Barreiro 1998.) Por lo demás, cabeobservar una evolución en cierto modo análoga a laespañola en el modo ‘oblicuo’ como el ‘derecho alaborto’ avanza en Estados Unidos a través de lostribunales de los estados. (Véase el reportaje de Holmes1998.)

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por la simple razón de que casi no sobrevivieron laexperiencia de la guerra, el exilio y el franquismo.Para los socialistas, el problema fue relativamentesencillo de resolver, porque podían enfatizar unatradición socialdemócrata relativamente arraigadaentre ellos. Bastaba con poner el acento en elapoyo de los socialistas a la Segunda República, enla tendencia ‘prietista’ (del líder Indalecio Prieto),en la tradición prooccidental de la II Internacional.Para los comunistas, la cuestión estribó en silenciaro disimular su pasado estalinista y acogerse a laetiqueta del ‘eurocomunismo’, a partir de larepresión de la Primavera de Praga de 1968 ysiguiendo la línea del Partido Comunista italiano.En este sentido, los comunistas podían beneficiarsede la legitimidad implícita que les dio el diálogocon la iglesia. En realidad, el beneficio fue recí-proco. Dos aparatos organizativos, con ampliasredes sociales y con las cajas de resonancia cultura-les y mediáticas correspondientes, ambos con unpasado autoritario o totalitario muy ostensible y notan lejano, pudieron ensayar (y reforzar) su nuevaimagen semiliberal a través de la ceremonia deldiálogo del uno con el otro, y darse recíprocamentecertificados de buena conducta: de tolerancia y derespeto a las libertades básicas.

Pero de forma complementaria a estos acerca-mientos en el terreno del diseño de las institucionespolíticas hubo otros en el de la organización de lavida socioeconómica. Estos acercamientos de lasderechas y las izquierdas españolas pueden enten-derse, en parte, como procesos de isomorfismo conlas sociedades occidentales en cuyo marco teníanque operar, y sobre el supuesto de que tanto lasderechas como las izquierdas entendieron que lasociedad española estaba abocada a integrarse cadavez más en ese marco. Pero esto sólo es, comoveremos, una parte de la explicación, y requiereser completada (de la misma manera que ocurre ala hora de explicar la evolución de la iglesia) poruna consideración de los factores endógenos y losmecanismos internos.

En general, la clase política del franquismo ylos empresarios (y otros segmentos sociales)comprendieron relativamente pronto que el paísestaba abocado a funcionar en el marco de laalianza geopolítica y de la economía de mercadooccidentales. La política económica se orientaclaramente hacia Europa desde finales de loscincuenta. Esta política de apertura y de (relativa)liberalización tuvo resultados muy apreciables, entérminos tanto de integración como de crecimientoeconómico. La apuesta por el modelo de la econo-

mía de mercado al modo occidental se hizo adop-tando también las características de ‘estado delbienestar’ de la variante europea de este modelo.Se apostó por una legislación protectora de laestabilidad del puesto de trabajo y el desarrollogradual de la seguridad social, con resultadosimportantes en los años sesenta en el campo tantode la sanidad como de la educación. Todo estoconstituyó una experiencia decisiva y un acquishistorique para la derecha española postfranquista,que no trató de revisar, y que le ofreció una plata-forma de entendimiento a la hora de negociar elnuevo marco de la vida socioeconómica con laizquierda.

En la izquierda, hay que distinguir entre susdiscursos y sus estrategias reales de acomodacióna las circunstancias; entre los aparatos organizati-vos y sus bases sociales de referencia, en particu-lar, la clase obrera industrial; y entre las diversasfamilias políticas de la izquierda, en particularentre los anarcosindicalistas, por un lado, y lossocialistas y comunistas, por otro.

Para empezar, el caso de los anarcosindicalistases muy revelador de cómo y por qué el cambio delas circunstancias a lo largo del franquismo creóuna distancia excesiva entre el discurso de unaparato organizativo y la conducta efectiva de susbases sociales, de tal forma que ello destruyó laplausibilidad del discurso, y la organización acabopor desaparecer. El anarcosindicalismo había sidoel movimiento social obrero y campesino másimportante del primer tercio del siglo XX, y suinfluencia en los acontecimientos que condujeron ala guerra civil (y durante la guerra) fue muyconsiderable. En los años sesenta, sin embargo,constituía una sombra de sí mismo, que no pudosobrevivir a la transición democrática. Probable-mente, la razón de este fracaso histórico espectacu-lar reside en la inadecuación entre el discursoanarcosindicalista de abolición o reducción drásticade la economía de mercado y del estado, y loshechos básicos de la vida socioeconómica de lasgentes durante las décadas de los cincuenta, sesentay setenta: un crecimiento económico que trajoconsigo pleno empleo masculino y alzas continuasen los salarios reales, y un desarrollo sensible delestado del bienestar. La clase obrera industrial deesa época se acomodó a esos hechos, y los valoró,en lo fundamental, positivamente.

La situación fue distinta en el caso de lospartidos, los sindicatos y los movimientos sociales

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de signo socialista y comunista. En este caso, ladistancia entre discursos y estrategias reales no fuetan grande. A pesar de ello, esa distancia existió,de modo que fue preciso un proceso de acomoda-ción y aggiornamento que ha llevado cierto tiem-po.

Si nos atenemos a los discursos explícitos tantode los comunistas como de los dirigentes socialistasen los primeros años setenta, llama la atención sucarácter radical. Son variantes de un discurso sobreuna ‘tercera vía’ entre el capitalismo y el socialis-mo real a la manera soviética; pero esa tercera víano es una socialdemocracia a la manera europeo-occidental que, se supone, ha traicionado el ‘poten-cial revolucionario de la clase obrera’ y ha pactadocon el ‘enemigo de clase’. El discurso sesentayo-chista común a las diferentes variantes del socialis-mo español tiende a hablar de ‘un socialismoauténtico pero con rostro humano’, y de unatransición al socialismo (desde el capitalismo) pormedio de unos cambios llamados ‘profundos,radicales y estructurales’ de la economía de merca-do.

En esos discursos, se habla de una sociedaddefinida por la ‘lucha de clases’. Se identifican lasdos grandes clases en contienda, como la burguesíay el proletariado, entendido éste como una claseobrera industrial en expansión y que va incorporan-do unas clases subordinadas y ocupadas en lossectores primario y terciario de la economía,supuestamente ‘proletarizadas’. Se entiende que laburguesía y la clase obrera tienen proyectos histó-ricos antagónicos. Se apuesta inequívocamente porel proyecto de la clase obrera, protagonista de lahistoria, a cuyo servicio, en el papel (sin embargo,más de superior que de inferior) de líderes yconsiliarios, se sitúan estos socialistas y comunis-tas. El liderazgo y el consejo de unos y otros seorienta, en consecuencia, a diseñar un plan deacción que incluye la nacionalización de sectoreseconómicos estratégicos y la expansión de laempresa pública, el aumento sustancial del estadodel bienestar, una fiscalidad fuertemente progresi-va, y la autogestión que acabará con la autoridadempresarial (o del capital) en las empresas. Estasreformas supondrían un paso cualitativo e irreversi-ble en la dirección del socialismo.

Éste es el lenguaje de los partidos comunistas,y es el que adopta un partido socialista que, justoen este momento (en el 27 Congreso de 1976) ypor primera vez en su historia, se declara solemne-

mente marxista. Comunistas y socialistas rivalizanentre sí en la adopción de un discurso radical, y node compromiso con el capitalismo. Lo hacen,además, preocupados porque puedan ser desbanca-dos por grupos de cristianos progresistas, maoístas,trotskistas, anarcoecologistas y una pléyade demovimientos cuya importancia real está aún, enesos momentos, por comprobar.

Los años de la segunda mitad de los setentapondrán a prueba la plausibilidad de estos discur-sos. Hay tres contribuciones desiguales al procesode moderación del lenguaje, y a la civilización delconflicto normativo consiguiente. Las dos primerasse refieren a actuaciones de las elites; y la tercera,y determinante, a la conducta efectiva, y la actitudconsiguiente, de la propia clase obrera.

La primera contribución es la de las elitespolíticas y sindicales que, enfrentadas a la crisiseconómica de los años setenta, tienen una sensa-ción de incertidumbre y de pánico. Temen que unaposición maximalista de la izquierda parecida a ladel Partido Comunista portugués y sus compañerosde ruta, o una escalada de las demandas salarialessiguiendo una estrategia semejante a la de lossindicatos italianos de la época, aboquen a unaescalada inflacionista y un agravamiento de lacrisis. Y temen que, en esas condiciones, el experi-mento democrático pueda fracasar, como piensanque ocurrió con la Segunda República, en parte porfalta de realismo en el manejo de los problemaseconómicos del momento. En estas condiciones, seacepta, por el momento, una tregua, y en estoconsisten los pactos de la Moncloa, que como tal,y no como un compromiso definitivo con el capita-lismo, fueron justificados por la izquierda (Pérez-Díaz 1993:261-275).

La segunda contribución es la aportada por unaintelligentzia de expertos económicos con inclina-ciones socialdemócratas moderadas, y por unsegmento del liderazgo sindical. Aquellos expertosfueron consiguiendo una posición de influencia enel seno de los partidos. Pero esa influencia fuemarginal, y ejercida, además, con suma prudencia,porque estos expertos tenían ambiciones políticasdentro de los partidos de izquierda, que hubieransido fácilmente destruidas en aquellos años si sehubieran dejado llevar de su conciencia profesionalhasta el punto de expresar con claridad su punto devista. Por eso, es preciso esperar unos años para,ya mejor instalados en el aparato organizativo,verles ejercer un liderazgo real. Por su parte,algunos líderes sindicales, celosos de su autonomía

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respecto a los partidos y próximos a sus basessociales, fueron adoptando poco a poco un discursoy una estrategia de acomodación.

Y esto nos lleva al factor fundamental decivilización del conflicto que se deriva de lasactitudes de la clase obrera. Éstas iban en ladirección de una aceptación profunda de la econo-mía de mercado y las empresas, a condición de quese dieran la consagración formal de las libertadessindicales (claramente reconocidas desde el co-mienzo mismo de la transición) y la consecución dealgunas concesiones en el terreno del estado delbienestar (el mantenimiento de la legislaciónfranquista de protección de la estabilidad del puestode trabajo, y el desarrollo de la sanidad, la educa-ción y las pensiones públicas).

Todo esto quedó claramente de manifiesto enuna serie de encuestas realizadas en muestrasnacionales muy amplias en 1978 y 1980 (y reitera-das en 1984).14 Esas encuestas muestran una claseobrera industrial con una disposición moderada,arraigada y coherente. Acepta en lo fundamental lanaturaleza capitalista de la empresa, y su estructurade autoridad, aunque presione a favor del reconoci-miento de su voz en varios aspectos de la gestión.Tiene cierto sentimiento de identificación con laempresa, en la línea de lo que Ronald Dore sugi-rió, a propósito de su comparación de las empresasbritánicas y japonesas de los setenta, con su teoríade los dos lados de la empresa. Por otro lado,quieren ejercer su voz en la empresa a través de lossindicatos, pero no sólo de ellos, sino también decomités de empresa y asambleas. El apoyo a lossindicatos, parcial e instrumental, no es un manda-to para una estrategia sindical maximalista, sinopara una acomodación realista a las empresas y alos mercados, y para determinadas reformas.Tampoco se está ciego a las conexiones entre unaestrategia de sobreprotección de la estabilidad delpuesto para quienes pueden trabajar, y la difusióndel fenómeno del paro para quienes se quedanfuera.

La visión del orden social no es la de unasociedad dominada por la lucha de clases, y polari-zada en torno a dos grandes clases o coalicionessociales, con los obreros industriales formandoparte de una de ellas. Lo que las encuestas sugieren

es que esta definición de la situación como la másajustada a la experiencia obrera fue, probablemen-te, un espejismo que los clérigos católicos de loscincuenta construyeron sobre la base de sus lectu-ras y sus conversaciones con los militantes marxis-tas que conocieron, o con los clérigos de otrospaíses (que a su vez habían leído sus libros y tenidosus conversaciones correspondientes).

La realidad es que esta clase obrera de lossetenta y primeros ochenta veía una sociedad quetenía una ‘forma de diamante’, con unas capasmedias y trabajadoras situadas en el centro delconjunto, sin fronteras demasiado nítidas entre sí.Los obreros pertenecían a ese centro ampliado delespacio social, por los recursos de que disponían,por sus expectativas de mejora para ellos y parasus hijos, por su forma de vida y por su capacidadde influencia. No había en ellos huellas de una‘conciencia de clase’ como la sugerida por latradición intelectual del marxismo o del progresis-mo católico. Su manera de entender la economía demercado o el capitalismo era la de quienes lo veíancomo el modo de funcionamiento normal, espera-ble y relativamente satisfactorio de las actividadeseconómicas. Como un sistema que podía tener suscrisis, sus problemas y sus necesidades de reforma,pero que, tomado en su conjunto, en el largo plazoy en comparación con otros, hacía posible elcrecimiento indefinido de sus consumos privados ypúblicos, y era bastante habitable (en otras pala-bras, no se sentían ‘alienados’ respecto a él). Ésteera su modelo de referencia, bien en su versiónespañola, bien en la versión de otros países euro-peos occidentales o de Estados Unidos. En cambio,el modelo de la economía socialista carecía paraellos de atractivo.

Estos obreros distribuían su voto político demanera relativamente equilibrada entre los partidoscentrista, socialista y comunista. Se trataba degentes que veían su relación con sus partidos yorganizaciones sindicales en términos de mandatoscondicionales, instrumentales y limitados. Eran,pues, gentes que no hacían una delegación implíci-ta de sus responsabilidades cívicas, que hubieraestado basada en la confianza otorgada a los líderespor razones de índole tradicional o carismática. Nohabía confianza ‘tradicional’ porque no había unatradición de clase, que en todo caso se rompió conla guerra civil y ya no pudo restablecerse después,excepto en algunos enclaves mineros o de laindustria metalúrgica. No había una confianzabasada en la relación con partidos y líderes caris-máticos, a los que se pudiera atribuir una visión

14Un resumen y un análisis de esta evidencia seencuentra en Pérez-Díaz (1993:286-330). Para unaexposición más detallada, véase Pérez-Díaz (1979 y1980).

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extraordinaria y una misión histórica, porque estetipo de exaltación retórica no encajaba con lasrealidades y las disposiciones de los obreros delmomento, que eran reacios a aceptar el encuadra-miento en grandes organizaciones de clase, y ahacer suyas las apelaciones a una transformaciónradical de la sociedad.

La disposición mostrada en estas encuestas fuecorroborada por los resultados de las eleccionespolíticas y las elecciones sindicales en esos años,que dieron como resultado la práctica desapariciónde los movimientos con discursos más extremos yradicales, y al tiempo, un apoyo instrumental ymoderado de los obreros a los políticos y lossindicalistas que fueron moviéndose en la direcciónde adoptar la imagen y la práctica de una estrategiade reformas moderadas y de acomodación.

Las raíces últimas de la actitud de moderaciónde la clase obrera industrial de los setenta no sondifíciles de explicar. Esta disposición, sistemáticay coherente, fue el resultado de quince a veinteaños de experiencia vivida de la combinación delos factores siguientes: el crecimiento económicoespañol, el sistema de bienestar que se fue estable-ciendo, el marco de referencia del capitalismoeuropeo (que estaba a la vuelta de la esquina y delque los emigrantes tuvieron experiencia directa), loque se fue sabiendo del funcionamiento de laseconomías socialistas, el desarrollo de toleranciasy libertades de facto para la acción colectivadurante el franquismo (en el que fueron posibleslas huelgas, las negociaciones colectivas y losmovimientos sindicales semiclandestinos), asícomo la propia transición política, que vino areforzar y consagrar las libertades sindicales.

Podemos entender mejor la complejidad culturalde esa experiencia vivida por la clase obreradurante esos años, la forma como esa experienciarepercutió en su modo de percibir y de evaluar larealidad social, y los malentendidos que se estable-cieron entre esa clase obrera y los entusiastaspolíticos (y religiosos) que trataban de orientarla deacuerdo a los dictados del discurso de la lucha porla justicia social, la lucha de clases y la revoluciónsocial, si analizamos el fenómeno del desarrollo delconsumo de masas durante esos años. El fenómenoes muy notable, porque en poco menos de diez oquince años se difundió espectacularmente enEspaña, entre las clases medias y la clase obrera,la cultura del piso en propiedad, el coche utilitario,la televisión, los electrodomésticos, el turismo demasas, el cambio en los hábitos alimentarios

(acercándolos a las pautas de los países ricos) y elacceso a la educación secundaria y a la sanidadhospitalaria.

Es curioso que este fenómeno fuera denunciado,pero apenas comprendido, por los entusiastaspolíticos y religiosos de la época; lo que les impi-dió comprender la profundidad de la implicaciónde la sociedad en el desarrollo de la economía demercado. El malentendido se debió, en parte almenos, a una excesiva concentración del foco de laatención en la participación de las gentes en laeconomía en su papel de productores y no deconsumidores.

En aquellos momentos, los entusiastas religio-sos y políticos atacaron el consumismo del capita-lismo en nombre de un ascetismo trascendental:había que salvar el alma, y salvar al mundo,luchando por la justicia y tal vez por la revolución.Para muchos de ellos, el capitalismo tenía unaprofunda connotación negativa. Lo atacaban por ellado de la producción: denunciaban la propiedadprivada de los medios de producción, y la expro-piación de los productores a manos de los propieta-rios privados; y al tiempo favorecían bien unasocialización de esos medios, bien su subordina-ción a una función social de la propiedad o un biencomún. Pero, al fin y al cabo, ni los clérigos nimuchos de estos entusiastas eran productoreseconómicos (puesto que vivían de lo que, en sustérminos, sería la ‘plusvalía’ arrancada a lostrabajadores por otros). En cambio, todos teníanuna experiencia de primera mano, cotidiana ycontinua del capitalismo como consumidores. Yaquí nuestros entusiastas estuvieron condenadospor el destino cruel a tener una experiencia algoesquizofrénica. Su discurso podía ser anticonsumis-ta. Pero su conducta efectiva no lo era, y lo queimporta es comprender que esa conducta efectivacontenía necesariamente un discurso implícito(pero muy elocuente) a favor del consumismo. Enotras palabras, se daba en ellos una ‘contradicciónperformativa’, que resulta de tratar la conductacomo un texto y comprender que, por sí sola, nosenvía un mensaje e incorpora un discurso normati-vo, que puede estar muy bien en contra del conte-nido explícito de las declaraciones verbales que laacompañan.

En realidad, a lo que se asiste esos años enEspaña, entre entusiastas y no entusiastas, entre lasclases medias y la clase obrera, es al desarrollo deun ‘ethos del consumidor’ correlativo al desarrollo

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de un ethos empresarial.15 Ambos se difunden entregrandes masas de la población, de una forma talque de ello resulta un salto cualitativo en el desa-rrollo de la economía de mercado en la Españamoderna. Y ambos forman parte de una revoluciónmás amplia de formas de vida, que incorporahábitos de libertad aplicados a los campos másdiversos de la existencia.

Los consumos de los que estamos hablandoimplican el desarrollo de un hedonismo que esparalelo a la revalorización del mundo como lugardonde manifestar la voluntad y la gloria de Dios através del ingenio y del esfuerzo humano. Ahora,con el consumo, se trata de una revalorización delmundo como lugar donde realizar experiencias devida asociadas con muchos tipos de consumos, queson en sí moralmente indiferentes (como ‘hacerdinero’ puede ser ‘en sí’ moralmente indiferente),pero que traen consigo no sólo la satisfacción de‘utilidades’ (tal como sugiere el pensamientoeconómico) sino también (y sobre todo) sensacio-nes y sentimientos de placer, de descubrimiento delas posibilidades de la vida, de relación personal,de autoestima y de libertad: para empezar, delibertad de elección, pero también de ampliación delos ámbitos de libertad.

Lo que hay detrás de la casa es un ámbito deautonomía y de auto-respeto; del coche, unacapacidad para moverse en el mundo, relacionarsey, de nuevo, status social; de los electrodomésti-cos, el cumplimiento de obligaciones morales yemocionales con la propia familia. Detrás de todosesos consumos, y de los vestidos, los viajes, elpropio acto de ir de compras, por no hablar delaparato de televisión, y tantos otros, lo que hay esla realización de unos sueños de ‘experiencias devida’, no sólo individual, sino en común. Se tratade un complejo motivacional lleno de emociones ysentimientos morales variados y mezclados, perointensos. Y que se realizan en el contexto de unaconversación social a varios niveles, dentro de lacual, las operaciones de marketing son sólo unelemento entre muchos.

Este hedonismo era (contra lo que pudieraparecer a observadores superficiales) coherente conla moral de la autenticidad, porque respondía a lamisma lógica o el mismo impulso a ampliar laexperiencia del mundo y ejercer la capacidad deelección. Por eso, a pesar de su discurso explícito

condenatorio, en su conducta efectiva, nuestrosentusiastas, fueron o acabaron siendo también‘consumidores entusiastas’. Y ello tanto máscuanto que acabó viéndose claramente que elmarco institucional de la libertad tenía que ser elmismo para el ejercicio de esa capacidad deelección de consumo y para el de la capacidad deelección política: la compra, por así decirlo, de unaoferta determinada, en competición con otras, deidentidad política y de políticas públicas.

Estas profundas transformaciones en la expe-riencia vivida de las gentes, no sólo las asociadasal consumo, sino a todas las otras dimensionesantes mencionadas (la estabilidad relativa delempleo, los aumentos de salarios, las libertadessindicales y, finalmente, las libertades políticas),son las que crean la estructura de plausibilidad nopara una mera tregua sino para un compromisohistórico de mayor calado. De esta forma, la treguacircunstancial en torno a la constitución y losPactos de la Moncloa fue seguida por una estrate-gia reformista sindical, y culminó en un proceso deadaptación del liderazgo político socialista a lacorriente de fondo de las disposiciones moderadasde la clase obrera industrial, y a las necesidades deuna estrategia interclasista, que no hizo sino refor-zar esa moderación. Por eso, al momento de laverdad de los años setenta y primeros ochenta,cuando los sindicatos llevan adelante una estrategiasocialdemócrata de facto, se añade lo que ocurre enla primera mitad de los ochenta, cuando la izquier-da asume responsabilidades de gobierno y lleva ala práctica un programa socialdemócrata tambiénde facto. El gobierno socialista recorre entonces unlargo camino desde las declaraciones marxistas desus congresos de mediados de los años setenta a lapolítica económica de sus ministros de Economíade los años ochenta y noventa (tales como MiguelBoyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes), queabocan a una línea social-liberal o de ‘tercera vía’,pero que ahora es la tercera vía no de un ‘socialis-mo con rostro humano’ (como en el pasado), sinode ‘un capitalismo con rostro humano’.

La aportación en esos momentos de los técnicoseconomistas a la hora de formular y aplicar laspolíticas públicas de la socialdemocracia es decisi-va. Se trata de un grupo social formado, en sumayor parte, durante las últimas décadas delfranquismo. Proceden a veces de las redes deinfluencia de los funcionarios y los empresarios dela época. Como miembros de tales redes, pasaronpor los organismos internacionales. Despuéstuvieron buenas relaciones con el personal de los

15Sobre la génesis y el proceso de desarrollo delethos del consumidor moderno, véase Campbell (1987).

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gobiernos centristas de la transición. Quiere ellodecir que han formado parte del medio socioprofe-sional en el que se ha formulado y aplicado lapolítica económica del país durante cuarenta años,antes y después de la transición. Se trata de unmedio notablemente homogéneo, que responde auna mentalidad pragmática, próxima al cuerpocentral del pensamiento en los organismos interna-cionales, convencido de las virtudes de la econo-mía de mercado con el aditamento de una dosismódica de estado del bienestar.

El resultado de todo ello es que lo fundamentaldel debate normativo acerca del capitalismo sediluye considerablemente. No se discute sobre lofundamental.16 Sólo se discuten verdaderamente lasvariantes, aunque haya una inercia retórica queinduce a confusión, y que sale a la luz, ocasional-mente, en los momentos electorales. Esta inerciaretórica merece alguna mención, porque mantieneel fuego sagrado de una estructuración del espacioideológico o político-imaginario entre derecha,centro e izquierda; y permite su eventual polariza-ción cuando llega el momento electoral.

Podemos suponer que la ‘vida real’ es aquellaque se refiere a las políticas públicas efectivas, yno a los discursos. En esa ‘vida real’, las diferen-cias son relativamente menores. Todos (o casitodos: ucedistas, socialistas, populares, nacionalis-tas catalanes y vascos, con la significativa excep-ción de los comunistas y sus partidos de acompaña-miento) parecen inclinarse por una política antiin-flacionista, por la contención del gasto público, porintroducir dosis de competencia en el interior delsector público, por la flexibilidad de los mercados,por una prudente regulación de los mismos, porimpedir los abusos del insider trading, por lasllamadas políticas activas de empleo, etc. Ladiferencia podría expresarse, en todo caso, comola existente entre un ‘centro-izquierda’ (algo más,a veces, de gasto público y de regulación) y un‘centro-derecha’ (algo menos, a veces, de gastopúblico y de regulación).

Esto supuesto, en los momentos electorales semagnifican las ‘pequeñas diferencias’, y se drama-tizan los contrastes, con objeto de suscitar una

respuesta emocional por parte del electorado. Aquíes donde interviene el uso de las categorías dederecha, centro e izquierda; un uso inevitablementeligado a una manipulación distorsionadora de lasimágenes. El centro-izquierda juega a parecercentro ante los empresarios y una parte de la clasemedia, y a parecer izquierda ante una parte de laclase media y la clase obrera; en general, a tratarde movilizar a quienes se identifican con unaizquierda y un centro imaginarios contra una‘derecha conservadora’. El centro-derecha juega aparecer centro ante casi todos, y a parecer derechaante un segmento de la clase media; en general, atratar de movilizar a quienes se identifican con uncentro y una derecha imaginarias contra una ‘iz-quierda extremista’.

La experiencia de veinte a cuarenta años deacomodaciones a la economía de mercado y unsistema de bienestar con un fuerte componenteestatal hace que los conflictos normativos delpasado sobre la legitimidad del capitalismo hayanido amortiguándose. Las apelaciones actuales eneste respecto a posiciones normativas de la dere-cha, el centro o la izquierda pueden ser considera-das como artilugios semánticos que apenas reflejanya los conflictos normativos del presente, pero quetratan de activar sentimientos de pertenencialigados a evocaciones del pasado. En este sentido,esos artilugios recogen el eco (distorsionado por lasestrategias de los partidos y de los medios decomunicación) de los conflictos normativos delpasado.

El estado de derecho y su puesta a prueba

Hemos visto el proceso por el cual unos conflic-tos normativos en torno a la religión abocan a unconsenso normativo acerca de la libertad religiosay un marco de tolerancia para debates entre creen-cias diversas; y cómo el conflicto normativo sobrela economía de mercado ha sido sustituido por unconsenso básico (mitigado por algunas discusionesmenores o retóricas) que, a su vez, supone unmarco de tolerancia para conflictos específicos.Estos consensos normativos se complementan y serefuerzan con el relativo a las virtudes de la demo-cracia liberal. Éste implica, también, un marco detolerancia para los debates entre una variedad defórmulas políticas, políticas públicas y discursos dejustificación; pero, además, supone la considera-ción del estado como un ‘estado de derecho’, esdecir, como el soporte de un orden de libertad. El‘estado de derecho’, con sus corolarios de la

16Aquí quiero introducir, sin embargo, una reservaexpresa acerca de los conflictos normativos que han idoapareciendo, y que previsiblemente se desarrollarán enel futuro, acerca de la posición de la mujer tanto en elmercado de trabajo como en el sistema de bienestar y enla familia. Véase Pérez-Díaz (1998c).

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sumisión de la clase política al imperio de la ley yde la igualdad de gobernantes y gobernados ante laley, es la clave de la transición del régimen autori-tario a la democracia en los años setenta. Pero, enúltimo término, se trata de una clave anunciada,preparada y realizada parcialmente a lo largo de unproceso anterior, prolongado y complejo, queculmina con la constitución.

En el trasfondo histórico, hay una ininterrumpi-da tradición jurídica que pasa por el AntiguoRégimen y llega hasta nuestros días. De particularimportancia en esta evolución es la construccióndel cuerpo legislativo del estado liberal, formadopor los grandes códigos civil, mercantil y penal, ylas leyes de procedimiento del siglo XIX, aunquecon un aparato de justicia de carácter desigual, enel que permanecen rasgos de deferencia al ejecuti-vo, de caciquismo y clientelismo. La ruptura de lalegalidad de la guerra civil respeta una parte de eseorden jurídico, aunque no ciertamente el de suconstitución política.

Empieza entonces un proceso de institucionali-zación jurídicoformal de varias actividades delestado franquista, con un desarrollo de leyesadministrativas y de derecho público, que intentanencajar con el conjunto de las instituciones civilesy mercantiles del derecho privado, dejando, sinembargo, márgenes importantes pero cada vez másacotados al poder de decisión político y la arbitra-riedad administrativa. Por otra parte, durante esasúltimas décadas del franquismo, hay un procesoparalelo de formación y de amplia difusión de usosy costumbres en la vida económica, social y cultu-ral, que refuerzan pautas de iniciativa, intercam-bio, negociación y solución de conflictos de losparticulares entre sí, en el seno de las organizacio-nes y entre las organizaciones mismas (por ejem-plo, la negociación colectiva entre sindicatos yempresarios), según reglas de convivencia queimplican la limitación del papel de la autoridad, locual tenderá a limitar la vigencia de las reglaspropias de la burocracia patrimonial y de las redestradicionales de patronazgo y clientelismo, con sucaracterístico acceso privilegiado a la autoridadpública y al aparato de justicia.

Finalmente, los dos procesos, el jurídico-formal(protagonizado por las elites franquistas) y el deformación de usos y costumbres (de amplias masasde la población), confluyen en el proceso constitu-cional que hizo posible la transición democrática.Hay que tener en cuenta que ésta fue una transición‘de la ley a la ley’, en la cual hubo una voluntad

clara de que la pieza legislativa clave del cambiopolítico, la Ley de la Reforma Política de octubrede 1976, fuera votada por las Cortes franquistas,refrendada por el conjunto del pueblo español enun referéndum convocado de acuerdo con las leyesfranquistas, y promulgada por un rey designadocon arreglo a esas mismas leyes.17 Esta ley dereforma se convirtió, a su vez, en el punto departida de un proceso que abocó a la Constituciónde 1978, cuyo espíritu marca un punto de disconti-nuidad sustantiva con relación al orden jurídico-público anterior.

El marco constitucional culmina, por tanto, unproceso complejo, largo y azaroso, encaminadohacia la formación de un estado de derecho, que,por una parte, consagra las reglas de convivenciaentre los españoles, y, por otra, establece un nuevotipo de relación entre la autoridad pública y laciudadanía, basada en el reconocimiento de lasoberanía del pueblo español, de las libertadespolíticas, la limitación de la autoridad y su sumi-sión a la ley, y la igualdad de gobernantes y gober-nados ante la ley.

Ahora bien, es difícil evitar que muchos políti-cos (procedentes unos del franquismo, y otros de laoposición a él) que llegan en ese momento al poderpadezcan de una cierta confusión, porque, en lapráctica, entienden que lo que el estado de derechohace, sobre todo, es garantizar el marco formal deuna contienda por el poder político, tras la que elganador ocupa el estado para llevar a cabo susgrandes proyectos históricos, lo cual requiere, a suvez, movilizar las redes de patronazgo y clientelis-mo, o crear otras nuevas. Además, están acostum-brados a la idea de que la ley es la manifestaciónde la voluntad del legislador del momento, entendi-da como una voluntad soberana en el sentido de‘potencialmente ilimitada’, tanto más cuanto queesa voluntad (democrática) estaría aparentementelegitimada por el mandato recibido de una mayoría(quizá una mayoría absoluta), tras de lo cual sedibuja el mandato del pueblo español.

De esta manera el positivismo jurídico (según elcual la ley es la manifestación de la voluntad dellegislador dispuesto a aplicarla ‘positivamente’) yel voluntarismo político (según el cual ‘hay que’realizar grandes proyectos y movilizar los mediospara ello) se dan cita en la imaginación de muchospolíticos (de una persuasión u otra). Esta imagina-

17Véanse los documentos jurídicos de la transiciónespañola en Sánchez Navarro (1998).

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ción política no encuentra la ocasión de traducirseen actos durante los primeros años de la transición,cuando el partido centrista en el poder trata, sobretodo, por un lado, de consolidar el marco constitu-cional, y por otro, de mantenerse gracias a compli-cados juegos de alianzas. Pero la desaparición delpartido centrista en 1982 creó el espejismo de quela victoria electoral de los socialistas suponía unmandato cuasiunánime para una gran operaciónpolítica; y el equívoco de una gran victoria, enrealidad sin adversario, se dobló con el equívocode un gran cambio por hacer, en realidad (en tantoque ‘gran cambio’) sin (apenas) contenido. Elhecho es que, durante once años, hubo un gobiernocon mayoría absoluta en el Parlamento nacional,que controlaba la gran mayoría de los gobiernos delas comunidades autónomas y de los gobiernos delas principales ciudades (hasta finales de los ochen-ta). En estas circunstancias, la combinación deinclinación y de oportunidad pudo hacer que semitigara la conciencia de que el gobierno estabasometido a la ley en todos sus actos, sin excepcio-nes.

De hecho, en dos campos precisos, los gobier-nos de la época infringen las reglas de juego. Elprimero, de cierta importancia, es el de la finan-ciación de los partidos políticos. El gobiernocentral supone que es preciso asegurarse la reelec-ción mediante importantes gastos de propaganda,que van más allá de los límites permitidos por lasleyes que el mismo gobierno ha hecho aprobar.Piensa que los otros partidos hacen lo propio (locual es en buena medida muy cierto), y que lomismo ocurre en el extranjero. Por tanto, suponeque hay unas reglas de juego no escritas que estánpor encima de la ley, según las cuales se puedevulnerar la ley de financiación de los partidos. Ésteha sido un secreto a voces durante muchos años,que saltó al espacio público, como un escándalopolítico, en las circunstancias de los primeros añosnoventa, como resultado de una serie de actuacio-nes judiciales que siguen hasta nuestros días.18

El segundo campo, mucho más grave, es el dela guerra sucia contra el terrorismo. Cabe recons-truir, tentativamente, el pensamiento del ejecutivo(socialista) durante los años ochenta. Se partió delas premisas de que el terrorismo suponía la violen-

cia aplicada a la vida política de una manera quediscriminaba claramente contra los partidos respe-tuosos con el orden constitucional, y que conveníaequilibrar la balanza del terror. Por otra parte, laconstitución prohibía la pena de muerte, y nopermitía la disuasión suficiente para impedir laviolencia terrorista: los costes de la represión (unosaños en la cárcel, en un régimen especial y contan-do con el apoyo de compañeros y familiares) noparecían demasiado altos para los terroristas.Ocurría además que el estado francés, por razonesde conveniencia, mantenía un santuario para losactos terroristas. Se llegó a la conclusión de queconvenía autorizar actividades antiterroristasclandestinas, con el objetivo de asesinar algunosterroristas en territorio francés. Todo ello, comoun modo, admisible en una guerra, de presionar alestado francés e intimidar a los terroristas sin tenerque cambiar la constitución e instaurar la pena demuerte.

Se dio por supuesto que los partidos de laoposición no harían preguntas (de hecho no lashicieron hasta más tarde); que los gobiernos (de-mocráticos) extranjeros aceptarían los hechosconsumados porque ellos mismos realizaban estasprácticas cuando lo consideraban conveniente (loque muchos sospechan que es así); y que el públicocondonaría moralmente estas actividades (lo queresultó ser mucho más dudoso). Es decir, una vezmás se partió del supuesto de que había unas reglasno escritas por encima de la ley, que hacían posiblevulnerarla. De hecho, según se puso de manifiestoen los años noventa, miembros del gobierno socia-lista (un ministro del Interior y su secretario deestado) participaron y llevaron adelante estasactividades, realizadas a través de los llamadosGrupos Antiterroristas de Liberación (GAL), entre1983 y 1987; y ello con el acompañamiento de losusos correspondientes de los dineros públicos,amplias operaciones logísticas con implicación defuncionarios diversos, y una campaña sistemáticade negación, disimulo o engaño de la opinión,durante varios años.19

Tenemos aquí un conflicto normativo implícito,que por su propia naturaleza, al parecer, no puedeplantearse abiertamente. Se debe llevar adelante deun modo ambiguo y oblicuo. Se pretende justificarla infracción de la ley con que hay normas superio-res a la ley, en forma de reglas no escritas pero, al

18El caso FILESA ha sido el más notorio. La senten-cia se pronunció el 28 de octubre de 1997; véase elextracto de la misma publicado en El Mundo el 29 deoctubre de 1997.

19Véase la sentencia del caso Segundo Marey publi-cada en El País el 30 de julio de 1998.

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menos, tácitamente adoptadas. El discurso dejustificación sólo se puede hacer en círculos reduci-dos, en comités. Es el discurso del interés delestado, que debe ponderarse como corresponde alos arcana imperii. En ese espacio o ‘cámaraoscura’ se arguye que no caben las consideracionessentimentales o poco realistas, o referidas a losprincipios del imperio de la ley o de las libertadespolíticas y civiles (que protegerían a los ciudadanosde las actuaciones ilegales del estado, en este caso,de asesinatos, robos y engaños); porque estasconsideraciones moralizantes pueden hacerse encircunstancias ordinarias y en el espacio público,delante de gentes comunes que son ingenuas eincoherentes, y se emocionan fácilmente, pero noen momentos críticos y en las conversaciones(confidenciales) entre hombres de estado.

Ahora bien, para poder entender esta infracciónde las reglas hay que tener en cuenta el marcogeneral de actuación de la autoridad pública.Entonces se puede comprender mejor la plausibili-dad aparente de sus razonamientos, basados en elcálculo de las consecuencias objetivas de susactuaciones, y no en la consideración de su legali-dad formal.

Al observar el marco general de la vida social,del que las actuaciones públicas son sólo una parte,se observa en él cierta abundancia de infraccionesde las reglas, especialmente (pero no sólo) en elinterface de lo privado con lo público, que es elterreno por excelencia para la operación de lasredes de patronazgo y clientelismo que vinculan ala autoridad pública (y eventualmente al aparato dejusticia y a una burocracia con rasgos patrimonia-listas importantes) y a las autoridades sociales, conlos grupos sociales correspondientes. Esto afecta atodos los niveles de la sociedad.

De hecho, el modo de funcionar de una partedel empresariado español más importante siemprehabía supuesto mantener una relación ‘familiar’con el sector público, de una manera no muydiferente de la habitual en Francia o en Italia. Estodaba ocasión para tratos de favor, prácticas rutina-rias de insider trading y enriquecimientos extraor-dinarios. Estas conductas se multiplicaron durantelos años ochenta, favorecidas en parte por la fasealcista de la economía en la segunda mitad de ladécada y en parte por la actitud complaciente delos poderes públicos. Por lo demás, lo que ocurríaen las esferas altas de la sociedad tenía ciertasemejanza, salvadas las distancias, con lo quesucedía en sus esferas medias y bajas. De hecho, la

tasa de desempleo siempre ocultó un porcentajeimportante de actividad en la economía sumergida;y el uso y el abuso del subsidio (de desempleo, dejubilación, de invalidez u otros), sobre todo enmedios rurales, sirvió de estímulo al clientelismopolítico, con su contrapartida de un voto políticodeferente. En otras palabras, las prácticas ilegalesdel gobierno en las áreas de la financiación ilegalde los partidos y el terrorismo de estado deben servistas en el marco de una laxitud notable de lasociedad en su conjunto en lo que se refiere alcumplimiento efectivo de las reglas; y, por lomismo, el proceso de rectificación de este estadode cosas debe ser visto dentro de un procesogeneral de educación tanto de los gobernantescomo de los gobernados, en las virtudes del cum-plimiento de una variedad de leyes y de reglas dejuego en la vida cotidiana.

A su vez, hay aquí un reforzamiento recíprocoentre el mundo ‘tal como es’ y el uso que de élhacen estos políticos, cuya clave reside en eldesarrollo entre éstos de la mentalidad del ‘realis-mo político’. El proceso de acomodación recíprocapuede entenderse plausiblemente en los términossiguientes. El espectáculo de aquellas prácticascorruptas o semicorruptas en las esferas superiorese inferiores de la vida socioeconómica reforzaronel juicio previo que muchos dirigentes socialistastenían sobre lo que se ocultaba detrás de la fachadade la legalidad formal del estado burgués y delcapitalismo. Porque aunque hubieran recorrido unlargo camino a partir del maximalismo marxista oprogresista de su juventud, quedaba en ellos latendencia a considerar ‘el mundo’ con sospecha.Como si detrás de las formas legales y decorosasdel poder político o económico esperaran encon-trar, con frecuencia, el reino del privilegio y de latrampa. De esto se deducía que, si el mundo enrealidad era así, ellos tenían que ser ‘realistas’. Sila vida es así, hacer política significa partir de esadefinición de la situación y de la gente, tal comoes, y jugar (si lo que se quiere es ‘ganar el poder’y no simplemente ‘dar testimonio’) con los instru-mentos de poder que todos entienden, es decir, almenos en parte, con esas mismas armas del privile-gio y de la trampa, que suponen el uso de las redesde patronazgo y clientelismo. Esto es así aun en elcaso de que se mantenga la intención (que confrecuencia se mantiene) de que, a largo plazo, hayque conseguir una reforma y una regeneración delmundo, para que se acerque al ideal o la utopía quese prefiera. Pero esta regeneración suele tardaralgo en llegar, y es necesario que, antes, los

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portadores del futuro consoliden su poder y usen ydisfruten su presente, para lo cual hay que ganarunas elecciones, para lo cual hace falta dinero,para lo cual hay que conseguir ese dinero, etc.

La rectificación de aquella deriva de actosilegales de la autoridad pública fue consecuencia devarios procesos. No debe descartarse en modoalguno el papel que pudo desempeñar el proceso deautocrítica y de reforma interna, pues, de hecho,los asesinatos del GAL terminaron en 1987, y enel proceso de desenmascaramiento de lo ocurridoentonces intervinieron también miembros de losgobiernos socialistas. Pero este proceso interno nose tradujo en un debate público y una asunción deresponsabilidad política. De modo que en lo funda-mental, es decir, en la transformación de un asuntosecreto de estado en un asunto de debate público,la rectificación fue consecuencia, más bien, de tresprocesos externos: político, judicial y mediático.

El mapa político se reequilibró gracias aldesarrollo de una oposición de centro-derecha apartir de finales de los ochenta. Esta oposición sesituó a la búsqueda de un discurso de crítica y unprograma de gobierno; y acabó encontrándolos entorno a la crisis económica de los primeros añosnoventa, y los escándalos políticos y financieros,suscitados por las actividades ilegales antes men-cionadas. Se desencadenó un activismo judicial,que debe entenderse en el marco de fenómenossemejantes ocurridos casi por las mismas fechas endiversas partes de Europa. El activismo de losjueces ginebrinos, de los Mani Pulite en Italia, dealgunos jueces belgas y franceses, y de los juecesde la Audiencia Nacional en España obedece a unatoma de conciencia de los jueces, difundida entodos estos países, de la necesidad de afirmar, conmedidas efectivas y si es preciso espectaculares, laindependencia del poder judicial y su misión deasegurar la subordinación del ejecutivo al imperiode la ley, haciendo realidad el principio de laigualdad ante la ley.20 También se reequilibró elcampo mediático, y aparecieron diversos medios decomunicación, ansiosos por hacer el periodismo deinvestigación preciso para destapar estas activida-des (que se habían llevado a cabo en un clima desecreto a voces) y de explotar la noticia con objeti-vos a la vez profesionales, comerciales y de in-fluencia política.

No voy a entrar en el detalle de estos aconteci-

mientos, que han dominado la vida española degran parte de los noventa, pero sí quiero resaltarque (con independencia de los motivos inmediatosde los actores) el proceso de rectificación (parcial)de los abusos de poder y de superación de la crisisdel estado de derecho que ha tenido lugar a media-dos de los años noventa, gracias a algunas senten-cias condenatorias de algunos de los abusos másdestacados,21 ha tenido tres consecuencias positivaspara encauzar los debates normativos de la pobla-ción.

En primer lugar, ha recuperado el debatenormativo para el espacio público. Ese debateparecía dormido a la vista de la aminoración delconflicto religioso-eclesiástico, y a la vista de laacomodación de unos con otros en torno a lalegitimidad del capitalismo. La práctica de laactuación ilegal del estado llevada a cabo en laclandestinidad, pero sospechada o sabida pormuchos, había convertido el debate en torno alestado de derecho en una ceremonia de la confu-sión. La gente se había acostumbrado a vivir con lavulneración de la ley y no hablar de ello, y lospolíticos y los mediáticos se habían acostumbradoa aludir a ello en un ambiente de discreciones yalusiones entre iniciados.

En segundo lugar, ha colocado en el punto demira de este debate normativo un tema que seresiste a las manipulaciones semánticas del espacioimaginario de ‘derecha, centro e izquierda’. Lacuestión es sencilla y radical. Se trata simplementede saber si la autoridad pública y la clase políticarespeta o no respeta la ley; si está por encima de laley o sometida a ella; si el principio de la igualdadante la ley se aplica a ella o no; si dice la verdad al

20Véase el testimonio de estos jueces de diversospaíses europeos en Robert (1996).

21La rectificación ha sido sólo parcial. En el casoMarey el tribunal condenó a los más altos cargos delMinisterio del Interior a diez años de cárcel, peropermitió que no ingresaran en prisión hasta pasado elverano, y a fines de año redujo la sentencia a un tercio,lo cual, combinado con la intervención del TribunalConstitucional a favor de una suspensión provisional dela sentencia, permitió la liberación de los condenadosdespués de poco más de cien días de cárcel, lo cualparece que ha generado la sensación, en el público, deque los líderes políticos han recibido un trato de favor(el 73,3% de los encuestados contestaba afirmativamen-te a una pregunta en este sentido en la encuesta publica-da por El Mundo, el 5 de enero de 1999). Todo estotuvo lugar con el trasfondo de un nuevo escenario en elconflicto vasco (véase más adelante), y la apertura denegociaciones del gobierno con la organización terroris-ta.

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público o si le engaña; si acepta la responsabilidadpor sus actos o si la rehúye. Es una vuelta a losfundamentos de un orden de libertad. Esto implica,a su vez, una reorientación normativa y valorativade los discursos de justificación de los partidospolíticos. Éstos tienen ahora que adoptar unafilosofía del oficio de la autoridad pública, antetodo, en los términos del estado de derecho y delimperio de la ley; es decir, les obliga a entrar y lesimpulsa a seguir por la senda de una concepción‘nomocrática’ y no ‘teleocrática’ del estado.

En tercer lugar, ha modificado la estructura deoportunidades e incentivos de jueces y periodistas,con lo que ha favorecido el desarrollo de un mode-lo ideal de ‘autoridades imparciales’ para estasprofesiones. Serán o no imparciales, pero el hechoes que, lo deseen o no, tienen que justificarse enfunción de su acercamiento a ese modelo de (relati-va) imparcialidad, puesto que su crédito dependeno tanto de decir o hacer lo ‘políticamente correc-to’ cuanto de cumplir otro criterio: el de que loshechos tienen que determinarse con precisión yprobarse persuasivamente, tanto para ser publica-dos como para ser juzgados; y el resto es ‘ruido’.Periodistas y jueces tienen que hacer bien superiodismo de investigación, o su instrucciónjudicial, sabiendo que serán objeto de una críticaquizá despiadada, pero sólo ‘válida’ si se hace enesos términos y con arreglo a esos criterios. Losconflictos normativos en torno a todas estas activi-dades han sido y siguen siendo, por supuesto,confusos; pero la cuestión es que ahora los actoresparten de un consenso normativo distinto, queenfatiza la importancia del estado de derecho, y lade los criterios de investigación de la verdad y supresentación en el espacio público de un modocoherente con el objetivo de mantener y reforzarese estado de derecho.

En el fondo, la consecuencia última de estareacción institucional y cultural al abuso de laautoridad pública y la crisis del estado de derechoes un paso adelante en el largo proceso de interio-rización de las reglas de la veracidad en el espaciopúblico y la asunción de responsabilidad individua-lizada de los políticos por sus actuaciones públicas.Este paso adelante ha tenido (y tiene) que vencer laresistencia acumulada por una tradición de semive-racidad y semirresponsabilidad que ha sido, curio-samente, reactivada y reforzada por la tradiciónimplícita en algunos desarrollos de las últimasdécadas. Me refiero a la tradición implícita en latendencia a olvidar los horrores de la guerra civily a considerarla una tragedia inevitable y no un

drama evitable que, como tal, implicaría responsa-bilidades precisas; en el pacto tácito por no hablarde los ‘tiempos del franquismo’, en el sentido deno recordar ni el franquismo o el fascismo de laderecha, ni el estalinismo o el maoísmo, es decir,las simpatías totalitarias de la izquierda; en lainclinación a adoptar una ‘actitud de consenso’que, si durante la transición respondió a unaestrategia de prudencia y generosidad, prolongadamás allá de un punto puede responder a una estra-tegia de discreción con la que cubrir los abusos delpasado mezclados con los del presente; y en unalarga experiencia de ambigüedades retóricas que,por otra parte, han facilitado la evolución de laiglesia, la legitimación del capitalismo y la inser-ción del país en la alianza militar occidental.

En el contexto de esta tradición se comprendeque algunas de las autoridades públicas esperaranuna amplia tolerancia social para la mezcla dedisimulo y engaño con que llevaron adelante susactividades ilegales (de financiación irregular y deterrorismo de estado), como si dieran por supuestoque habría una afinidad entre el carácter moral dequienes engañaban al público y el público que sedejaba engañar. Y en efecto, en el trasfondo de esatradición, se observa la presencia de un caráctermoral, compartido por muchos, cuyos rasgosreflejan los de un largo proceso previo de forma-ción (Pérez-Díaz 1996:65-82). Sin embargo,conviene observar que, a su vez, estos aconteci-mientos de puesta de manifiesto y en cuestión delas pautas de infracción de la ley por parte de laclase política constituyen una experiencia crucialque está formando el carácter de los políticos delfuturo. A título especulativo, cabe imaginar queesta experiencia pudiera ‘civilizar’ a la derecha,incluso en el caso de que el uso que hizo de lacrisis del estado de derecho hubiera sido un usopartidista de una oportunidad política; porque laconducta efectiva acaba configurando el caráctermoral de las gentes, y no sólo afecta a su imagen.En este caso, su actuación de denuncia de losabusos del poder cuando estaba en la oposiciónobligaría a la derecha a una actitud de autoconten-ción y de respeto a la ley en el ejercicio de supropio poder, so pena de perder toda o parte de lareputación de honestidad política que le hubierasido imputable a la vista de sus denuncias delpasado. Pero también pudiera rematar la educacióncívica de la izquierda (y ‘civilizarla’), si ésta sedemostrara capaz de ‘digerir’ este proceso median-te el equivalente político al arrepentimiento y laconfesión de los pecados, que no es sino el acto

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que Max Weber (1992) consideraba como laprueba suprema de la profesión del político: suasunción de responsabilidad política.

Es curioso observar cómo, sobre estos temas,hoy por hoy, varios de los políticos concernidostienden a no reconocer la verdad de estas actuacio-nes del estado haciéndolas ‘públicas’ y a no asumirsu responsabilidad política, es decir, a no ‘arrepen-tirse’.22 No se comportan, por lo demás, de maneradiferente a como sugieren algunos eclesiásticoseminentes que deben comportarse los terroristas enel caso vasco. En este sentido, cabe sugerir que laforma de pensar de José María Setién, obispocatólico de Guipúzcoa, expresada en un meditadoescrito sobre qué hacer en el momento de lanegociación política en el País Vasco, en el queevita muy deliberadamente el lenguaje del arrepen-timiento, refleja una mentalidad en el terrenoreligioso isomorfa con la mentalidad de los políti-cos que eluden el lenguaje de la responsabilidadpor sus actos.23 Quizá son unos y otros reflejo deuna mentalidad ambiente y de un proceso deformación del carácter moral sujeto a semejantesexperiencias.

Las reglas de decir la verdad sobre las actuacio-nes públicas y de asumir la responsabilidad políticaindividualizada correspondiente son reglas típicasde una tradición de sociedades civiles, que seformularon en la Antigüedad clásica y que sereiteran en los tiempos modernos. Los políticos ylos clérigos que rehúsan interiorizar esas reglas

reflejan una mentalidad que cabría quizá caracteri-zar de ‘postmoderna’ o ‘pragmatista’ llevada alextremo.

Si se toma, por ejemplo, la sugerencia deRichard Rorty de considerar la posibilidad de queel mismo cuerpo humano se entienda como elhuésped de dos o más personas, que establecen unaconversación entre sí,24 y de que las narrativas denuestras vidas sean episodios dentro de narrativashistóricas más amplias (Rorty 1991:163), basta condar algunos pasos más en la misma dirección paraabocar a la propuesta de que los individuos seanvistos no como agentes autónomos, sino como‘conjuntos borrosos’, y como partículas dentro degrandes agregados sociales, cuyas acciones secruzan y cuyas responsabilidades se confunden. Eneste caso, los actos no son fácilmente imputables atítulo individual; son fenómenos arduamenteobservables, susceptibles de interpretaciones muydiversas; y, por tanto, hay que ser muy cuidadososa la hora de elegir el nivel de la realidad desde elcual vamos a interpretarlos. Es comprensible queintelectuales, políticos o clérigos con una actitudtan reflexiva eludan hablar de cosas tan ‘simples’y en cierto modo tan ‘toscas’ como el arrepenti-miento y la responsabilidad, o de cosas tan ‘excesi-vamente complejas’ como los principios y losagentes o los sujetos. Dejan los principios a unlado, no sea que se abuse imprudentemente deellos; y prefieren hacer el equivalente a una reduc-ción fenomenológica del sujeto, y atenerse a laobservación de las interrelaciones del conjunto.Prefieren centrar su reflexión en el análisis de lasrelaciones de fuerza, de los ajustes prácticos, de lasconsecuencias objetivas de los actos que convieneprever y de los objetivos que hay que conseguir.Saltan por encima del arrepentimiento al perdón, yde la responsabilidad al olvido, ansiosos por dejarel pasado a la espalda y mirar al futuro.

El conflicto vasco y la mitigación posible de losnacionalismos

Un conflicto normativo de gran importancia enla España contemporánea concierne a la identidadde la comunidad a la que los españoles pertenez-can. Se trata de un conflicto normativo a primeravista extraño, en la medida en que la cuestiónparece fáctica, más que normativa, y, como tal,

22Resulta sintomático, en este sentido, que losprincipales responsables políticos que fueron juzgadosy condenados por el Tribunal Supremo por su participa-ción en las actividades de los GAL, José Barrionuevo yRafael Vera, se hayan mostrado no arrepentidos, sinoorgullosos de sus acciones a todo lo largo del procesojudicial (que ha llevado varios años) y de (al menos) losprimeros meses de su condena (hasta la fecha de esteescrito, a fines de diciembre de 1998). Más sintomáticoaún, que sus compañeros de partido, con los principalesdirigentes a la cabeza, una vez confirmada la sentenciay la condena de diez años de prisión, hayan transforma-do una ‘petición’ de indulto por sus delitos dirigida algobierno en una ‘exigencia’ de indulto para lo que no serequiere arrepentimiento alguno. Véanse las declaracio-nes de diversos líderes del Partido Socialista ObreroEspañol (PSOE), como José Borrell, José Bono, JuanCarlos Rodríguez Ibarra y Alfredo Pérez Rubalcaba enEl Mundo del 22 de diciembre de 1998.

23Véase la entrevista a José María Setién sobre sucarta pastoral “Caminemos juntos hacia la pacifica-ción”, en La Vanguardia del 29 de noviembre de 1998.

24Prolongando las intuiciones de Donald Davidson yel propio Sigmund Freud, véase Rorty (1991:147 ss.).

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susceptible de ser resuelta mediante la observaciónempírica de cuáles sean las conductas efectivas delos españoles o sus sentimientos de pertenencia, talcomo se puedan inferir éstos de sus declaracionesexpresas.

En el caso de que queramos atender a cuálessean sus conductas (el ‘criterio de la conducta’), lasolución no es simple, pero tampoco imposible. Encada momento se trata de constatar en qué medidasus conductas económicas, sociales y políticaspueden interpretarse y explicarse por referencia deunos a otros y a un campo de actividades e interac-ciones que les relaciona sistemáticamente entre sí.Se trata de observar si emigran de un lado a otrodel territorio, si al hacerlo aumentan la capacidadproductiva de las regiones de llegada, las cualesencuentran un mercado protegido para sus produc-tos precisamente en el conjunto del territorio dedonde proceden aquellos inmigrantes, y si, de estemodo, hacen diversos tipos de negocios unasregiones con otras; y si se someten todos a lamisma autoridad, tratan de influir en la definicióny la ejecución de una política que se aplica a todos,votan para elegir representantes en las mismasinstituciones y hablan de los mismos personajes ylos mismos problemas políticos; y si eligen susparejas sentimentales, sus colegas profesionales,sus compañeros de partido o sindicato, sus amigosy sus enemigos con preferencia dentro de eseterritorio, y si usan un lenguaje común en susintercambios. Si todo esto es así con cierta frecuen-cia, y ha sido así durante cierto tiempo, cabeconcluir que se da de hecho una comunidad ‘objeti-va’ de referencia (independientemente de lossentimientos de adhesión que suscite a las partes).Y en el caso de quienes viven en el territorioespañol parece que los hechos indican que sí, quehoy por hoy y desde hace algunos siglos, hay aquíuna comunidad de referencia que la economía dellenguaje aconseja denominar ‘España’.

Otro es el problema de cuál sea la comunidadcon la que las gentes ‘sienten’ que se identifican (el‘criterio de los sentimientos’), que, aun siendoarduo, sigue siendo un problema simplementefáctico. En el lenguaje habitual en Europa desdehace unos dos siglos, esas comunidades de identifi-cación sentimental suelen ser llamadas ‘naciones’.Y aquí parece que (según las encuestas) alrededorde un 90% de quienes pueden ser llamados españo-les con arreglo al ‘criterio de las conductas’, ‘sien-ten’ que forman parte de una nación española. Elporcentaje es menor en Cataluña y el País Vasco.En ellos se da una población con tres componentes:

algunos se sienten ‘sólo españoles’, otros (más) sesienten ‘sólo catalanes’ o ‘sólo vascos’, y unaamplia mayoría se siente al tiempo español ycatalán, o español y vasco. Según el criterio de lossentimientos, en estos territorios hay, pues, trestipos de nacionalistas: nacionalistas españoles,nacionalistas catalanes o vascos, y nacionalistascon una doble identidad.

Hasta aquí los hechos. Con ellos cabe hacer doscosas muy distintas. Cabe respetar los sentimientosde cada cual, y construir una arquitectura políticaque dé cabida a todos los sentimientos de pertenen-cia. Ésta sería (en principio) una fórmula liberal:cada nación sería un componente dentro de unestado plurinacional, y la aserción de su identidadpermitiría resistir las pretensiones de un poderpolítico absoluto (y por tanto la pretensión decualquier nación a dominar de manera absoluta alos demás) (Acton 1985:425). O cabe considerarque unos sentimientos nacionales son políticamentecorrectos y otros no: se trataría de construir unestado nacional que fuera congruente con lossentimientos de unos y no con los de otros. Ésta esla fórmula clásica del nacionalismo político. Elproblema normativo (de un ‘deber ser’) sólo surgecuando se pretende que las gentes sustituyan lossentimientos que tienen por otros: los que de hechotienen por los que ‘deberían tener’. En ese momen-to intervienen, por un lado, las gentes comunes,con su mayor o menor grado de tolerancia, y porotro lado, los intelectuales, los clérigos y lospolíticos nacionalistas, con el ingenio de suslucubraciones y el imperio de su voluntad. Y eseingenio (al servicio de ese imperio) les dicta lamaniobra sutil del ventrílocuo. Porque ocurre queestos agentes político-culturales pretenden hablarno en nombre propio, sino de un sujeto históricoimaginario, que sería un pueblo o una nación, conuna memoria, una inteligencia y una voluntadpropias. Este sujeto histórico presumiblementetrasciende a los individuos que lo componen, y seexpresa, a través del tiempo y de las generaciones,en un diálogo con la humanidad, o la comunidad delas naciones (compuesta por otros tantos sujetoscolectivos de semejantes características), o ladivinidad.

Todo esto es una exageración retórica, y, depaso, una falacia de abstracción, porque no existenlos sujetos colectivos que trasciendan a los indivi-duos que los componen. Conviene por ello anali-zar, pacientemente, este melodrama romántico y

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brumoso del nacionalismo ‘normativo’, político-cultural. Lo que ocurre en realidad es que ‘alguienle dice algo a alguien’; y se trata de precisar ‘quiénle dice qué a quién’. El sujeto de la oración no esla nación sino un grupo de nacionalistas especulati-vos y voluntariosos, con sentimientos intensos. Nohablan en nombre de ‘la nación’ sino en el propio,y quizá también en el de un grupo más amplio denacionalistas con sentimientos parejos. El destina-tario de la oración (aparte de ellos mismos, quie-nes, como en un soliloquio, intentan autoconven-cerse, y aparte de los nacionalistas de sentimientossemejantes, cuya convicción intentan reforzar) es,sobre todo, el grupo de quienes viven en el mismoterritorio pero carecen de sus sentimientos naciona-listas. Y el contenido de la oración es un conjuntode proposiciones exhortativas y un discurso dejustificación.

Las proposiciones exhortativas se centran en laexigencia del ‘deber’ (moral-emocional) de adhe-sión a la nación en cuestión con exclusión de unsentimiento semejante hacia otra nación alguna: laexigencia del sentimiento nacionalista ‘cultural ypolíticamente correcto’. Aquí es donde se planteael conflicto normativo: se exige de los tibios, delos indiferentes, o de quienes tienen un sentimientodistinto, que sientan lo que ‘deben sentir’, o, almenos, se comporten como si sintieran lo quedeben sentir. Y a continuación se da el paso si-guiente. Consiste en la traducción de un ‘debermoral-emocional’ en una estrategia política enca-minada a ocupar un estado (o una parte del estado),o a crear un nuevo estado, para asegurar coactiva-mente el cumplimiento de ese deber. Ésta es laclave del nacionalismo político, que va más allá dela defensa de una comunidad de sentimiento (o deuna ‘cultura diferente’) para conseguir el control deun territorio e imponer aquel deber al conjunto dela población que habita en ese territorio. El discur-so de justificación suele consistir en un argumentohistórico-moral que comienza con la invención dela nación como sujeto histórico dotado de una“voluntad de ser”,25 y, mediante esta ficción,otorga a los descendientes de quienes llegaronantes al territorio en cuestión, o son más numero-sos (o son ambas cosas, originarios y mayoritarios)un supuesto ‘derecho’ (colectivo) a imponer esedeber a los que llegan después, o son menos (oambas cosas a la vez).

No hay, en realidad, ‘necesidad alguna’, inscri-

ta en los hechos o en una tabla de derechos mora-les, naturales o históricos, que plantee conflictonormativo alguno en torno a la identidad colectivasentida por las gentes. Los ‘derechos colectivos’,tal como puedan ser inferidos de la práctica de lassociedades civilizadas actualmente existentes, selimitan a prescribir las condiciones del reconoci-miento de esa identidad de sentimiento, pero no seextienden hasta justificar la estrategia políticaencaminada a conseguir el control de un estadoque, a su vez, sirva de instrumento para imponerese sentimiento de identidad a los demás. Elconflicto normativo se da sólo si hay un grupo depersonas que tienen el deseo (o la ‘voluntad depoder’) de imponer sus sentimientos a los demás.Si ese deseo es inexistente o débil, los sentimientosidentitarios más diversos pueden coexistir pacífica-mente entre sí, y combinarse (o no) de múltiplesformas. Cabe así asistir lo mismo a procesos demezcla o hibridación de sentimientos nacionalistas,que a procesos de persistencia de esos sentimientosen su forma más elemental.

La historia reciente de los nacionalismos celtibéri-cos

Las consideraciones anteriores se aplican igualal nacionalismo español que al nacionalismocatalán y vasco y se aplican, por igual, a España,a Cataluña y al País Vasco, que son comunidadespolíticas que albergan (todas) varias naciones (oconjuntos de gentes con diversos sentimientosnacionales). Todos aquellos nacionalismos puedenser entendidos como derivaciones de sentimientosanteriores (que cabría denominar ‘protonaciona-les’), pero se manifiestan como tales nacionalismosnormativos, culturales y políticos, a lo largo delsiglo XIX; primero, el nacionalismo español, y,más tarde, a finales de siglo, los nacionalismosperiféricos. En todos estos nacionalismos desempe-ñan un papel los recitativos eruditos de los historia-dores románticos, que aportaron los materialesnecesarios para la construcción de los sujetoscolectivos imaginarios que son las naciones históri-cas. Estos materiales históricos suelen reflejar unalectura sesgada (por la especulación y la voluntadnacionalista del momento) de un proceso históricocontradictorio, de integración cum diferenciaciónque se había desarrollado a lo largo de muchossiglos. Pero en los nacionalismos periféricos opera,en particular, el peso combinado de tres circunstan-cias contemporáneas, que se dan en una determina-da secuencia.

El primero es la serie de sucesivas derrotas del25Véase, por ejemplo, Herrero (1991:51).

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carlismo, arraigado en el clero, un segmento de lasclases medias semiurbanas y las masas rurales deCataluña y del País Vasco, entre las décadas de1820 y 1870. Se trata del fracaso de un proyectohistórico de persistencia del Antiguo Régimen, consu peculiar alianza del trono y del altar, a manosdel estado liberal y de las clases medias urbanas,incluidas las de las ciudades de sus propios territo-rios, empeñados en sacar adelante la economía demercado. Esa derrota deja un poso de resentimien-to profundo contra el estado liberal en el clero, enun segmento de la clase media y en las masasrurales. El segundo es la experiencia del creci-miento económico en esos territorios, no tanto eny por sí mismo cuanto porque trae consigo el adiósdefinitivo a la estructura social tradicional y conello a las pretensiones de la clase media semiurba-na y del clero al control de la política local, y (enrelación con lo anterior) la aparición de masas deinmigrantes venidos del resto de España, que, consus modos de vida, amenazan el paisaje cultural delos territorios. Esto impulsa una metamorfosis delcarlismo, primero en un integrismo católico con untinte regionalista o foralista, y luego en un nuevomovimiento político que se expresará con el len-guaje del nacionalismo. El tercero es la estructurade oportunidades de la España de fin de siglo yprimer tercio del siglo XX, que sugiere la dificul-tad que tiene el estado liberal para manejar lasituación. Ese estado liberal también formula unnacionalismo excluyente pero no suficientementecoercitivo ni persuasivo, esto último porque niparece estar asociado con una experiencia de éxito(más bien el ‘desastre del 98' lo asocia simbólica-mente con un fracaso), ni es suficientementesensible a los fenómenos de diferenciación culturala los que he hecho referencia. De aquí el atractivode formular un nacionalismo periférico igualmenteexcluyente, también político y cultural, comoalternativa a ese nacionalismo español.

El conflicto se agrava en los años treinta de estesiglo, una vez más como consecuencia de unaumento de los flujos migratorios y de la debilidaddel estado liberal (y del nacionalismo) español; yllega a su paroxismo con la guerra civil. Quiengana la guerra civil es un ejército profundamenteimbuido de la filosofía del nacionalismo español yapoyado por una iglesia que hace ostentación deese mismo sentimiento nacional (excepto en Cata-luña y el País Vasco, donde una parte de la iglesiaestá ligada a la tradición del carlismo, el integris-mo católico y el nacionalismo local). Ahora bien,el franquismo, que fue la apoteosis de ese naciona-

lismo español, fue también la causa de su debilita-miento. Porque la combinación de una retóricagrandilocuente acerca de España, su pasado impe-rial y su misión providencial, y de una políticarepresiva de los nacionalistas periféricos, arruinólo poco que hubiera podido quedar del discurso dejustificación del nacionalismo español a la hora dela transición democrática.

Lo que se observa en los años anteriores a latransición es un renacimiento de los sentimientosnacionalistas en Cataluña y el País Vasco. Y elloda lugar a una compleja operación de acomodacióninstitucional y cultural en la política del gobiernocentrista que organizó la transición, la cual quedóreflejada en la Constitución de 1978. Lo que esapráctica institucional y la constitución hicieron fuedar forma a un experimento de formación de ‘meso-gobiernos’ o gobiernos intermedios territoriales nosólo en Cataluña y el País Vasco, sino en todaEspaña (Pérez-Díaz 1993:225-281). Se pusieron asíen funcionamiento gobiernos con sus parlamentospropios en diecisiete regiones españolas, y el paísse embarcó en una azarosa aventura de redefiniciónno sólo del estado sino de su propia identidad. Eseproceso ha favorecido el desarrollo de sentimientosde identidad complejos y mixtos. A corto y medioplazo, ello ha dado lugar a un sinnúmero de con-flictos normativos, en cuanto que han aparecido yse han desarrollado grupos de gentes deseosas deimponer sus sentimientos de identidad a los demás.A pesar de todo, ha habido también abundantesexperiencias de compromiso entre unos y otros, yen el ánimo de muchos permanece la expectativade que, a largo plazo, ello acabe permitiendo lacoexistencia pacífica de todos estos sentimientos deidentidad, la mitigación de los sentimientos nacio-nalistas, la generalización de las identidades mix-tas, y la atenuación de los nacionalismos excluyen-tes todavía vigentes, tanto más cuanto que todo ellotendrá lugar en el marco de la Unión Europea.

El caso vasco: la tendencia a largo plazo

El caso vasco es singular. En este caso, lavirulencia del conflicto normativo ha servido dejustificación o de coartada para la vulneraciónsistemática del orden constitucional y, en general,al orden legal del estado liberal durante los veinteaños de la vida democrática: su vulneración porparte de los terroristas, que han extorsionado (orecaudado sus ‘impuestos revolucionarios’), y hanasesinado (o matado para enviar un mensaje acercade su ‘voluntad de liberación’ del pueblo vasco) amás de ochocientas personas; y su vulneración por

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el propio estado, al permitir las actividades deterrorismo de estado a las que me he referidoantes.

Pero este conflicto normativo se ha dado en unmarco de condiciones (contexto constitucional yeuropeo, economía, carácter plural de la sociedadplural por su origen étnico, y por sus sentimientosde identidad, y política), cuya evolución ‘empuja’hacia un modus vivendi y una civilización delconflicto.26

El marco constitucional ha permitido el desarro-llo de una autonomía política extraordinaria, comono la han tenido los habitantes de ese territoriodurante toda su historia conocida. El gobiernovasco, con una estructura institucional compleja yun alto grado de descentralización, tiene competen-cias amplísimas en política económica y social, enpolítica lingüística y educativa o en materia deseguridad ciudadana. El marco europeo, en el queestá situada España, abre el horizonte para unproceso de reacomodación permanente, en el muylargo plazo, entre las naciones miembros de laUnión Europea y las subcomunidades que lascomponen.

La economía vasca ha sido desde el comienzo ysigue siendo una economía estructuralmente vincu-lada a la española. La presencia de las institucionesfinancieras de origen vasco es central en el sistemafinanciero español; las empresas vascas eléctricas,metalúrgicas, de obra pública, de servicios dedistribución y otras son asimismo muy importantesen el ámbito español, y tanto su mercado actualcomo sus posibilidades de expansión siguen liga-dos, en gran medida, a su ubicación en el conjuntode España. El mercado laboral ha sido y es partedel mercado laboral español; de hecho, la claseobrera industrial vasca, sobre todo la alavesa y labilbaína, es hija de inmigrantes o inmigrante ellamisma, en una proporción mayoritaria. La políticaeconómica que afecta al País Vasco es la que seaplica al conjunto del espacio económico español.

La sociedad vasca está compuesta casi a partesiguales por autóctonos, hijos de vascos; por hijosde inmigrantes y vascos; y por inmigrantes o hijosde inmigrantes. Los rasgos culturales de unos yotros son parcialmente distintos, y el conocimiento

y el uso del vascuence los distingue claramente:una minoría de vascos originarios hablan corriente-mente en vascuence, y la inmensa mayoría de losinmigrantes es incapaz de hablarlo. Sin embargo,no se trata de tres comunidades segmentadas yopuestas; hay comunicaciones relativamente fluidasentre ellas; todas tienen, al parecer, la voluntad deformar parte, en condiciones de igualdad, de lamisma comunidad; y todas quieren que esa comu-nidad sea al tiempo una y plural. A la hora deexpresar sus identidades (y aplicando lo que hellamado antes ‘el criterio de los sentimientos’), estáclaro que estamos hablando de una minoría de‘sólo vascos’, una minoría (menor) de ‘sólo españo-les’, y una amplia mayoría de gentes con las dosidentidades; por tanto, de un ‘mixto’ compuestopor nacionalistas vascos (en sentido estricto),nacionalistas españoles, y nacionalistas a la vezvascos y españoles (o ‘vasco-españoles’).

A ello se añade que el voto político está consi-derablemente repartido. Al cabo de veinte años,seguimos ante un mosaico. En las elecciones alParlamento español, las fuerzas están divididas pormitades entre el voto a los nacionalistas y el votoa los partidos españoles. En las elecciones regiona-les, el voto nacionalista suele ser superior, lo quepermite una mayoría nacionalista en el Parlamentoregional. Sin embargo, dentro de los nacionalistas,hay una división importante entre tres partidos, dosde los cuales se inclinan por el independentismo (yde ellos uno, por el apoyo al terrorismo) mientrasque las bases sociales del principal partido (elPartido Nacionalista Vasco) se encuentran profun-damente divididas sobre esa cuestión. Y dentro delos ‘partidos españoles’ se da una división nomenos importante entre socialistas y ‘populares’.La complicación se hace mayor si consideramos lostres territorios vascos por separado, cada uno consu propio mapa político.

La consecuencia de todo esto, en la práctica, esuna pauta de coaliciones políticas. No se puedegobernar de otra forma, tanto el País Vasco comolos territorios históricos o los municipios. Estosignifica que, por debajo de una retórica de con-frontación entre nacionalistas y no nacionalistas, hahabido un proceso de acomodación y de alianzas(hasta ahora) frecuentes y continuas entre partidosnacionalistas y no nacionalistas. También hahabido una pauta de entendimientos y apoyos delprincipal partido nacionalista vasco a los partidosno nacionalistas en el terreno de la política españo-la en general.

26Puede verse un análisis más amplio de la evolucióndel caso vasco en las últimas cuatro décadas, hasta fechareciente, y las tendencias de cara al futuro en Pérez-Díaz y Mezo (1997).

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La conclusión es un espacio público complejísi-mo, en el que la nitidez del conflicto normativoalterna entre reafirmarse y desdibujarse, porque enla vida real los compromisos son continuos, porqueel presente está lleno de tratos sociales, sentimien-tos mixtos, deseos de que el país siga siendo pluralinteriormente, convivencia de las lenguas y coali-ciones políticas, y porque el marco institucional delconjunto formado, de un lado, por la constitucióny el Estatuto de Guernica, y, de otro, por el diseñoinstitucional europeo, es suficientemente flexible yambiguo como para acomodar muchos proyectosposibles cara al futuro.

El caso vasco: las condiciones de posibilidad deuna pacificación a corto plazo

Contra el telón de fondo de esta presión estruc-tural y esas tendencias a largo plazo, se observa lainfluencia, en la segunda mitad de los años noven-ta, de varios factores y acontecimientos que llevana un replanteamiento de los conflictos normativosy abren la (mera) posibilidad de poner punto finala la violencia a corto plazo. Se trata ahora dearrojar alguna luz sobre este proceso reciente ysobre las condiciones de posibilidad de esta pacifi-cación, y civilización, del conflicto vasco. Paraello, analizaré algunos cambios en la percepcióndel estado, la ley y la autoridad pública, implícitosen el funcionamiento del aparato de justicia; lastensiones entre el discurso moral implícito en lasmanifestaciones de masas contra la violencia y eldiscurso explícito de algunos clérigos de equidis-tancia ante las diversas formas de violencia; y loscambios de estrategia y de lenguaje político de losnacionalismos, vasco y español.

Primero. En la década de los noventa, el desa-rrollo del estado de derecho y de la política policialllevada a cabo tanto por el gobierno central comopor el gobierno autónomo ha aumentado la presiónjudicial y policial sobre el terrorismo. Esto suponeel ‘redescubrimiento’ del estado como un espaciode convivencia civil pacificada (porque la autoridadpública tenga el monopolio de la violencia legítimaen él), y el ‘redescubrimiento’ de la ley o el ordenjurídico como marco para la pacificación y lacivilización de los conflictos.

Ha ocurrido, en efecto, que la lógica institucio-nal del funcionamiento del estado de derecho haido desplazando la atención del aparato de justiciade un tema a otro (escándalos financieros, narco-tráfico, financiación ilegal de los partidos, terroris-

mo de estado), y ha acabado planteando la cuestión(relativamente obvia) de si acaso la ‘normalización’de la situación en el País Vasco no requería empe-zar por restablecer las reglas de la convivenciacivil cotidiana y por tanto el respeto de la ley.

Esto ha sido reforzado por los intereses delgobierno local y los del gobierno central. Enefecto, si el nacionalismo moderado acaba contro-lando la mayor parte o la casi totalidad del aparatodel estado en el País Vasco, el corolario de ello esque asume responsabilidades por el cumplimientode la ley y el mantenimiento del orden en eseterritorio. Sus líderes perciben que su electorado selo demanda (para empezar los empresarios, perono sólo ellos), y que el correcto funcionamiento dela economía requiere la pacificación del país y ladesaparición de un aparato de estado paralelo (elaparato terrorista) capaz de matar, recaudar elimpuesto revolucionario, ordenar y ejecutar secues-tros de empresarios, e imponer orden o desordenen las calles. A ello se añade el interés propio deun gobierno de centro-derecha, uno de cuyossignos de identidad y objetivos preferentes consisteen reforzar el estado de derecho. Todo ello conver-ge con el efecto de la lógica de la construccióneuropea, que conduce a un descenso del umbral detolerancia de otros países europeos respecto a lalibertad de movimientos de los terroristas vascos,y por la lógica del activismo judicial (ya menciona-da).

Contra este telón de fondo, el Tribunal Supremodecidió encarcelar el 1 de diciembre de 1997 a lamesa dirigente de Herri Batasuna (HB), a causa dela difusión de un comunicado del grupo terroristaETA (siglas de ‘Euskadi Ta Askatasuna’ o ‘Euska-di y libertad’); y a ello se añadió la decisión deljuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón,competente en materias de terrorismo, de cerrar eldiario Egin el 14 de julio de 1998. En el curso deesta instrucción se pusieron de manifiesto lasconexiones políticas y operativas entre HB, Egin yETA, se descubrió una parte sustancial de losflujos económicos entre ellos, y se obtuvo unaamplia información sobre la infraestructura econó-mica y operativa de todas estas organizaciones yotras similares. Esto supuso un aumento sustancialde los costes de participación en las actividadesterroristas o paraterroristas para el entorno deperiodistas, contables, ejecutivos y burócratas asueldo de la organización, y para sus dirigentespolíticos. Hasta entonces todos ellos habían opera-do en la impunidad, y protegidos por la tapadera deunas organizaciones aparentemente legales. Ahora

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esa tapadera había desaparecido, y se arriesgabana ir a la cárcel.

Segundo. Ha tenido lugar un cambio apreciableen el nivel de tolerancia social del terrorismo, araíz de varios asesinatos, en especial el del conce-jal del Partido Popular (PP) por la localidad deErmua, Miguel Ángel Blanco, el 12 de julio de1997, lo que se tradujo en un aumento sustancialde las manifestaciones masivas contra la violenciaterrorista. Aquí centraré la atención en la tensiónintroducida de este modo en el campo del discursomoral entre el discurso implícito en estas manifes-taciones y el discurso explícito de algunos eclesiás-ticos, que a su vez refleja y articula el lenguaje decírculos más amplios.

Antes de aquella fecha, había habido movimien-to sociales por la paz importantes, como los deGesto por la Paz y Elkarri, una de cuyas conse-cuencias fue la presencia masiva en la calle demucha gente en protesta contra la violencia, y enespecial contra la violencia terrorista. Los terroris-tas y su entorno extremaron la violencia en la callecontra estas manifestaciones de paz, hasta conse-guir amedrentarlas. En este contexto de ‘lucha porel control de la calle’, ETA intensificó sus activi-dades y asesinó a una serie de personalidadespolíticas como Gregorio Ordóñez, del PP, tenientede alcalde de San Sebastián (el 23 de enero de1995), Fernando Múgica, del PSOE (el 6 defebrero de 1996) y Francisco Tomás y Valiente,antiguo presidente del Tribunal Constitucional (el14 de febrero de 1996). Pero el asesinato deMiguel Ángel Blanco fue la gota que colmó el vasoy pareció conmover más profundamente a laopinión pública. Se tuvo la impresión de que habíahabido un cambio cualitativo en la espiral de laviolencia. Se asesinaba a un hombre joven, hijo deinmigrantes gallegos, con unas responsabilidadespolíticas muy modestas. La reacción dentro delPaís Vasco fue prácticamente unánime. Hubomanifestaciones masivas y reiteradas acompañadaspor una reacción similar en el resto de España:manifestaciones de millones de personas mostrandosu repulsa a la violencia terrorista. La inmensamayoría de la población vasca pensó que se tratabade un acontecimiento extraordinario.27 Esta reac

ción fue puesta a prueba por nuevos asesinatos deconcejales del PP fuera del País Vasco (incluyendoel del teniente alcalde de Sevilla junto con sumujer) y dentro de él. Murieron así siete conceja-les. Pero el hecho fue que el debate normativo sedesplazó hacia una condena casi unánime de laviolencia terrorista.

Esta condena parece poner en cuestión eldiscurso moral de aquellos clérigos que han mante-nido una equidistancia entre la violencia del estadoen defensa de la ley y el orden constitucional yestatutario y la violencia terrorista, como dosviolencias parecidamente condenables. Esto incluyeuna equidistancia en la condena entre los asesinatosa las víctimas del terrorismo y la persecuciónpolicial de los terroristas, su eventual encarcela-miento, y en especial lo que consideran el graveatentado a los derechos de estos presos (y de susfamiliares) por cumplir condena en cárceles aleja-das del País Vasco.

En la raíz de esta equidistancia entre las dosviolencias hay la consideración eclesiástica de laviolencia terrorista como una respuesta comprensi-ble a una violencia institucional previa, y como unaviolencia derivada que, en definitiva, es menosgrave que la violencia fundamental, y todavíamenos grave que la ‘tercera violencia’, que es laviolencia represiva llevada a cabo por las fuerzasdel orden para acabar con la violencia terrorista.En esta lectura teológica de la violencia (que essustancialmente semejante a la que algunos clérigoshan aplicado a los movimientos guerrilleros endiferentes partes del Tercer Mundo), el argumentosobre la equivalencia o cuasiequivalencia de lasdistintas formas de violencia se combina con unalectura intensamente comunitaria y en cierto mododesindividualizada de la responsabilidad personal.28

Paradójicamente, lo que esto implica es un desdi-bujamiento del carácter de ‘víctima inocente’ de lavíctima del terrorismo, puesto que ya no está claro‘de quién es víctima’, porque tal vez lo sea de unconjunto de circunstancias, y tampoco está claroque ‘sea inocente’, porque tal vez, cuando de loque estamos hablando es de una ‘violencia institu-cional’, nadie es del todo inocente, y es posibleque esa violencia institucional esté siendo apoyada

27Un año después del secuestro y asesinato deMiguel Ángel Blanco, el 70% de la población vascaopinaba que la reacción social que se produjo en sumomento fue “verdaderamente extraordinaria porquemucha gente cambió de actitud o lo expresó pública-mente como no lo había hecho antes” y sólo un 18%

opinaba que “en realidad lo que ocurrió no fue muydistinto de lo que había ocurrido otras veces, y elcambio en la gente no fue tan importante” (ASP 1998).

28Puede verse una interpretación simpatizante de estaposición en Sols (1998).

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por esas presuntas víctimas.

En el fondo de esta lectura compleja de losvarios niveles de la violencia y de la responsabili-dad difusa y colectiva por la violencia misma, latenlos ecos de la profunda hostilidad de una corrientetradicional de eclesiásticos católicos hacia un ordenpolítico liberal, hacia un aparato de estado y deconvivencia civil que no coincide con una comuni-dad de sentimiento nacionalista, y hacia una econo-mía de mercado. Todas estas formas relativamentemodernas (e ‘impersonales’) de organización socialson vistas con sospecha, como poco más que unatapadera para la dominación y la explotación, a lasque hay que desmitificar; y, en cierto modo, laviolencia que las pone en cuestión, sin ser compar-tida in toto, es comprendida y valorada, porquetiene una función de catarsis y de desocultamientode una verdad más profunda, que hay que traer a laluz: la verdad de la posibilidad de un mundo mejorbajo la forma de una comunidad primordial,pacificada y aconsejada sabiamente.29

De esta forma se puede comprender mejor elconflicto normativo entre la moral implícita en lasmanifestaciones de masas que rechazaban la violen-cia terrorista con ocasión del asesinato de MiguelÁngel Blanco, y la lectura moral de las violenciasequiparables que hacen algunos eclesiásticos. Enesta última lectura del problema, el núcleo de laargumentación subordina el juicio moral sobre laviolencia al uso o el manejo práctico que puedahacerse de la situación para conseguir pragmática-mente una solución negociada y el final de laviolencia. Se pone así entre paréntesis el juicio a laluz de unos principios morales o unas reglas deconducta, y se reemplazan esas consideraciones porotras de carácter instrumental o utilitario: por elresultado que se pueda alcanzar. En esta argumen-tación, las razones relativas al bien o al mal intrín-seco de ciertos actos son poco relevantes; se esperaconseguir un resultado evitando introducir en ladiscusión los temas del pecado, el mal o el arre-pentimiento.

Al evitar la referencia a los sentimientos y a lasconvicciones, y al sustituir esas consideraciones

subjetivas y sentimentales por una apreciación fría,realista y objetiva de las relaciones de fuerza, sesupone que se intenta facilitar una negociaciónpragmática. Pero en realidad lo que se consigue esenfriar las emociones de la mayoría y frenar eldesarrollo de sus sentimientos de compasión hacialas víctimas inocentes y de indignación moralcontra los terroristas, que había recibido un impul-so con las manifestaciones por el asesinato deMiguel Ángel Blanco; y de este modo lo que sehace es intervenir de manera oblicua y solapada enla ecuación de fuerzas.

Tercero. La estructura de oportunidades políti-cas plantea hoy una gran coalición nacionalistacomo una opción política viable. Aquí se pone demanifiesto cómo, en una experiencia históricaconcreta, los conflictos normativos están imbrica-dos con conflictos de intereses y estrategias políti-cas. Los conflictos normativos en presencia serefieren unos al problema del nacionalismo y otrosal del terrorismo. El desplazamiento del debatenormativo del problema del terrorismo al delnacionalismo ha sido favorecido por el debilita-miento del discurso terrorista y las dificultades deldiscurso eclesiástico de la equidistancia (al que mehe referido antes), pero también por la oportunidadpolítica de una coalición nacionalista.

En estas circunstancias, puede revestir mayorinterés para el nacionalismo radical un abandonounilateral de la violencia, que parece indicar unavoluntad libre y generosa por su parte, si ello secombina con la oportunidad de establecer unaalianza estratégica con el nacionalismo moderadoen torno a un programa nacionalista. Por su parte,para el nacionalismo moderado, esto plantea laposibilidad de seguir estando en el centro delespectro político, pero además la de poder presen-tarse como el gran pacificador de su país, y comoquien habría convencido a ETA de la convenienciade dejar de matar para conseguir una parte sustan-cial de sus objetivos por medios políticos. El juegoes sumamente complejo, y arriesgado, tanto para elnacionalismo radical como para el moderado. Laexperiencia de la paz puede hacer cada vez menosplausible la amenaza implícita en la decisión deETA de volver a asesinar si no consigue susobjetivos políticos. Por otra parte, la experienciade un entendimiento o un apoyo parlamentario delpartido pro ETA al nacionalismo moderado puedegenerar confusión y tensiones internas en las basessociales de este último, puesto que el nacionalismomoderado tiene una base social que es mitad vasco-independentista y mitad ‘vasco-españolista’, y esta

29Se trata de una lectura ‘pragmatista’ y ‘utilitaria’de la vida religiosa, similar a la del personaje del GranInquisidor dostoyevskiano, que, como Aliosha dice a suhermano Iván Karamázov, representa una mentalidad(supuestamente) ‘católico-jesuítica’ no demasiadosensible, tampoco, a los fueros del libre albedríoindividual (Dostoyevski 1964 [1879]: 215).

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última no quiere la independencia del País Vasco.

La apuesta lógica del liderazgo nacionalistamoderado (más bien independentista), es la decrear una situación de hecho en la cual se asiste aun desplazamiento progresivo de sus bases socia-les, y en especial de esa mitad o cuasimitad de susbases sociales formada por ‘nacionalistas vascos’que querrían mantenerse dentro de España, haciauna actitud permanente de irritación y desconfianzarespecto a los partidos socialista y popular y, engeneral, al resto de España, a la vista de un force-jeo indefinido con el gobierno central por obtener‘más y más’ competencias autonómicas y unaescalada de ‘situaciones de hecho’ que supondríanuna confrontación continua. Esto se complementa-ría con la actitud de satisfacción de esas basesnacionalistas por un gobierno efectivo del país porparte de la coalición nacionalista. El conjunto delos votantes nacionalistas se acostumbrarían así alentendimiento entre los partidos nacionalistas entorno a la gobernación del país (manejo de lostemas de ley y orden, control de la judicatura en elPaís Vasco, manejo de fondos y subsidios y ayudaspúblicas a las empresas, ocupación de poder en elsector público y en el sector parapúblico de lascajas de ahorro y otros organismos, etc., incluidoel impulso a una política de apoyo a la lenguavasca), y a la expansión de una red de patronazgoy clientelismo (que, además de ofrecer oportunida-des de empleo, enviaría un mensaje a quienesquisieran resolver sus problemas prácticos con laadministración acerca de a quiénes habría quedirigirse).

Este conjunto de experiencias de negociar‘contra’ otros y de compartir y repartir recursos depoder con exclusión de otros, a la larga, deberíadesequilibrar la balanza a favor de la opciónindependentista, tanto por las expectativas creadasen las propias bases sociales del nacionalismovasco, como por la actitud que generara de resig-nación entre los vascos no nacionalistas, como porla mezcla de irritación y desconfianza y quizásobre todo de cansancio que produjera en el restodel país, el cual acabaría asistiendo entre aburridoy anestesiado a este forcejeo permanente.

Obviamente se trata aquí de una ‘estrategiahipotética’ o ‘típicoideal’, que puede tener éxito ono: el nacionalismo radical puede desentenderse deella, las bases no independentistas del nacionalismomoderado pueden hacer oír su voz, o desplazar suapoyo político a otros partidos, los partidos llama-dos ‘españolistas’ pueden reaccionar de muy

diversas maneras, etc. Pero en todo caso, unaestrategia semejante es posible en las condicionesactuales con alguna probabilidad de éxito. Si se daefectivamente, entonces se estaría ante un conflictonormativo confuso, elusivo y tenaz, un poco a lamanera de lo que cabe observar en el caso delnacionalismo de Quebec.

La experiencia sería confusa, porque implicauna definición contradictoria del estado por partedel nacionalismo: de un lado, se intenta pacificar elpaís y se considera el estado como garante de unespacio de convivencia civil; de otro lado, se poneel estado como instrumento al servicio de unproyecto nacionalista-normativo de ‘construir unanación’. Si prevaleciera la primera definición(como parece querer a veces el nacionalismomoderado), estaríamos ante un proceso prolonga-do; si prevaleciera la segunda (como parece desearel nacionalismo radical), estaríamos ante unaaceleración de los acontecimientos, y posiblementeel retorno a un enfrentamiento incivil (de unaforma u otra).

Cuarto. Si observamos ahora lo ocurrido con laestrategia política y el lenguaje del nacionalismoespañol, representado sobre todo en este caso porun gobierno de centro-derecha en el poder desde1996, vemos algunos cambios importantes. Enprimer lugar, el gobierno del PP desarrolla unaestrategia de acomodación con el nacionalismomoderado, en el marco institucional de la constitu-ción y el Estatuto de autonomía y de la reafirma-ción del estado de derecho, que intentaría sercompatible con otra más general de consenso detodos los partidos del arco parlamentario españolen torno a un pacto de ‘salvar el estado’ comomarco de convivencia civil, un poco a la manera delo que se puede observar en Francia cuando parti-dos de izquierdas y de derechas se reúnen en tornoa un ‘pacto republicano’ (aunque esto requiere unacolaboración, difícil, por parte de los socialistas).

En segundo lugar, el gobierno explora unamodificación conceptual y retórica del nacionalis-mo español, como si intentara encontrar un terrenode acuerdo con los nacionalismos periféricos losuficientemente flexible como para permitir laintegración de los sentimientos regionalistas delresto del país. Esta redefinición tiene dos compo-nentes. Por un lado, se trata de introducir en elnacionalismo español una dosis importante de‘patriotismo constitucional’, es decir, de sentimien-tos de identidad a una comunidad precisamente porrazón de que en ella están vigentes los valores y las

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reglas de la convivencia civil. Por otro, se trata deacercar ese nacionalismo español a la concepciónde una ‘España plural’ cuya naturaleza se caracteri-za por su diversidad y no por su homogeneidad.

Estos cambios en la estrategia y el lenguajeparecen posibles gracias a dos factores. Uno es laexistencia de un marco jurídico-institucionalamplio y flexible, que incluye, tanto el del conjun-to Constitución-Estatuto como el de la UniónEuropea. Otro es una experiencia de éxito relativoen la gobernación del país, que permite al gobiernode centro-derecha aventurarse por esa senda deacomodaciones estratégicas y exploraciones con-ceptuales a partir de una cierta posición de fuerza.

En efecto, el marco constitucional-estatutariotiene cierta solidez, al cabo de dos décadas devigencia. Ha sido refrendado directamente segúnlos procedimientos habituales (es decir, por lamayoría de los votos correspondientes); ha sidorefrendado indirectamente por su vigencia y su usocomo marco de un sinnúmero de elecciones de todotipo y una ininterrumpida actividad pública duranteeste tiempo; y ha sido reforzado (parcialmente) porla reafirmación (parcial) del estado de derecho delos últimos años (y puede ser debilitado por unaeventual manipulación política del aparato de lajusticia). Además, ese marco no es el único quehay que considerar. El entorno de la Unión Euro-pea se hace cada vez más relevante (‘entramos enel euro’), y, en cierto modo, dentro de este marcoo en relación con él, se es testigo de una negocia-ción que parece abocar a la paz en Irlanda delNorte. Sin entrar en detalles, esto supone recono-cer que el contencioso vasco se sitúa, de algunaforma, en el marco de ‘una conversación másamplia’, con otros actores que (por lo pronto)asisten como ‘observadores concernidos’ al cursode los acontecimientos.

A ello se añade que el gobierno español pareceestar en condiciones de aceptar compromisos, tantomás cuanto más seguro se siente de su posición.Por un lado, la base de los partidos no nacionalis-tas en el País Vasco (en especial el popular) se havisto reforzada durante los últimos años, en partecomo consecuencia de la movilización social encontra de la violencia terrorista. Por otro, elgobierno central puede argüir que España en suconjunto está viviendo un momento de éxito en laesfera doméstica y en la internacional, que contras-ta significativamente con la sensación de fracasodel final del siglo anterior, en torno a la fecha de1898, cuando los nacionalismos periféricos formu-

laron sus proyectos históricos. La evolución de laeconomía ha permitido triunfos en la políticaexterior. La entrada en el ‘euro’ coincide con unaumento cualitativo del sector exterior, de lainversión de capitales y de la toma de posiciones deinfluencia en las economías latinoamericanas. Eneste momento España se afirma como un miembroinfluyente tanto de la Unión Europea, como conse-cuencia de una trayectoria de más de diez años depresencia activa en ella, como de la OTAN, a laque pertenece desde hace más de quince años. Estapolítica exterior puede generar sentimientos deautoestima y autoconfianza que provean de unabase emocional para una redefinición de España noen los términos tradicionales del nacionalismoespañol excluyente, sino de una España plural quepuede permitir la convivencia pacífica de variosnacionalismos e identidades plurales.

En estas condiciones de aserción del estado dederecho, de auge relativo de un movimiento socialpor la paz que redefine el lenguaje moral sobre laviolencia, de nuevas oportunidades políticas para elnacionalismo vasco y de cambios en la estrategia yel lenguaje de la clase política española, en especialdel segmento del centro-derecha y su gobierno, seexplica la aparición de la posibilidad (sólo laposibilidad) de un horizonte de tregua indefinida.Esta tregua (consecuencia de un debilitamientoprevio de los conflictos normativos en torno alnacionalismo y al terrorismo, resultado, a su vez,de una combinación de cambios en el funciona-miento de las instituciones, las conductas sociales,los discursos morales y las estrategias políticas)parece condición necesaria no para un consensonormativo, que es sumamente improbable (dado elarraigo de la pasión de dominio y del deseo deimponer los propios sentimientos sobre los demásque se observa en muchos nacionalistas vascos ymuchos nacionalistas españoles), sino sólo para darlos pasos siguientes en el proceso de civilización deesos conflictos normativos. Pero si la tregua essólo una posibilidad, es obvio que la vuelta de laviolencia terrorista es también igualmente posible.

Conclusiones

Las diversas piezas de la teoría apuntada en laprimera sección de este trabajo encajan a la hora deexplicar estos procesos de civilización de losconflictos normativos, procesos que, por lo demás,como todos los procesos históricos, son contingen-tes y abiertos y, por tanto, en cierto modo reversi-bles.

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En primer lugar, hemos podido observar lasaportaciones a estos procesos de diversos tipos deactividades. Unas reflejan la capacidad de iniciati-va, de adaptación a nuevas circunstancias, derectificación de pautas previas y de invención denuevas modalidades de conducta por parte de unaserie de agentes diferentes. Otras constituyen laexpresión del funcionamiento ordinario, relativa-mente rutinario, de las instituciones, una vez queéstas han ido quedando establecidas.

Primero, las actuaciones de las autoridadespúblicas. Hemos observado la metamorfosis delcarácter del oficio de la autoridad pública al pasardel estado franquista al estado democrático. Perotambién hemos visto la incertidumbre inicial en elmodo de entender este oficio de la autoridad porparte de sus incumbentes en los años ochenta(incluyendo su inclinación al ‘realismo político’, yal uso insistente de las redes de patronazgo yclientelismo, lo cual sugiere la persistencia deresiduos de formas de organización y de mentali-dad propias de una época anterior a la del capitalis-mo y del estado burocrático modernos), y cómoesto favoreció conductas de abuso de poder, quehubieron de ser rectificadas.

Segundo, las actividades (estrategias y discur-sos) de los partidos políticos. En el caso de lasfamilias políticas de las derechas y las izquierdas,cabe observar un proceso de acercamiento normati-vo entre ellas en torno a los temas del carácter delestado y de la organización de la vida económica,que abocan a un cuasiconsenso normativo acercade la deseabilidad de la economía de mercado.También hemos visto algunos pasos tentativoshacia un acercamiento de posiciones entre lospartidos nacionalistas periféricos y no nacionalistas(o más bien de nacionalistas españoles).

Tercero, las de otras autoridades del estadocomo los jueces, y las de las autoridades socialesmás diversas. La intervención de los jueces, almenos de algunos de ellos, ha sido decisiva pararectificar la deriva autoritaria implícita en losabusos de poder de los años ochenta y noventa. Ensu calidad de garantes del cumplimiento de lasnormas, los jueces se han acercado a la realizacióndel papel de ‘autoridades imparciales’, un papelque comparten, o pueden compartir, hasta ciertopunto, con otras autoridades sociales como losagentes mediáticos. Unos y otros han sido actoresprincipales en el drama social de la puesta encuestión de la autoridad pública por razón de susabusos, y de la reafirmación de los principios de la

sumisión a la ley, la publicidad de las actuacionesde la autoridad y su responsabilidad por estasactuaciones.

Cuarto, las actividades de unas autoridadessociales peculiares como son los eclesiásticoscatólicos en un país en el que la inmensa mayoríade sus habitantes se siente católico. A este propósi-to hemos observado la extraordinaria metamorfosisde cómo estos clérigos han entendido su oficio y sumisión, desde los tiempos de la guerra civil y lasprimeras décadas del franquismo, hasta las últimasdécadas de éste; y hemos podido analizar losmecanismos de la transformación de su ‘entusias-mo’ en tolerancia civil. Por otra parte, también hesugerido algunos de los límites de la aportaciónclerical al proceso de civilización de los conflictosnormativos (por ejemplo, a propósito del discursomoral de la equidistancia entre distintos tipos deviolencia incluyendo la del terrorismo vasco, en elque he sugerido que cabe encontrar residuos de un‘ultramontanismo’ tradicional combinados, tal vez,con un pragmatismo ‘postmoderno’).

Quinto, las conductas efectivas de los miembrosordinarios de la sociedad. Uno de los rasgoscentrales del modo de explicación propuesto eneste ensayo estriba en el énfasis en la importanciade estas conductas, y en la puesta de relieve de losdiscursos morales implícitos en tales conductas.Hemos visto así el carácter determinante de lasconductas efectivas de los varios grupos sociales ala hora de entender los cambios en las ofertasreligiosas de los clérigos en los años cincuenta ysesenta (probablemente el factor principal en latransformación de la iglesia). También hemosobservado la importancia de las conductas y lasactitudes (subsiguientes) de la clase obrera y elconjunto de la población (véase la discusión, porejemplo, del hedonismo y del ‘consumismo’) parael cambio de la visión de la izquierda respecto a laeconomía de mercado y al orden social (abando-nando su discurso originario de la ‘lucha de cla-ses’); la importancia de los usos y costumbres deconvivencia civil durante las últimas décadas delfranquismo por parte de amplias masas de lapoblación, para la plena instalación del estado dederecho más tarde (aunque con las reservas yaseñaladas); y la importancia de las manifestacionesde masas y su discurso moral implícito contra laviolencia terrorista.

Sexto, las actividades implicadas en el funciona-miento ordinario o rutinario de las instituciones unavez que éstas son establecidas. Con ello cabe

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referirse a las actividades y las interaccionespautadas que constituyen los varios órdenes que,tomados en conjunto, pueden formar un orden delibertad. Tales son el orden constitucional, a travésde la rutina de las elecciones y los procesos políti-cos; el estado de derecho, a través de las actuacio-nes del aparato de justicia; la economía de merca-do, a través de las actividades habituales de losagentes económicos; y el tejido social plural, através de los conflictos, negociaciones y acuerdospautados entre los agentes sociales (grupos deinterés, o de identidad). En este estudio he apunta-do y hecho algunas referencias parciales a este tipode actividades agregadas e institucionalizadas, y asu ‘lógica’ propia (al efecto de las redes de patro-nazgo y clientelismo, al de la competencia partidis-ta y las coaliciones de gobierno, al proceso deracionalización de las actuaciones del aparato dejusticia, al de la presión del entorno institucionaleuropeo sobre los asuntos domésticos, etc.).

Pero, en segundo lugar, además de precisar elcarácter de estas actuaciones y de ponderar suefecto sobre los procesos de civilización de losconflictos, este estudio sugiere un argumentogeneral que permite articular unas actuaciones conotras. El nudo del argumento estriba en que lacivilización de los conflictos depende primero deun proceso de pacificación, y luego de la relaciónentre el proceso de institucionalización de lasreglas de convivencia civil aplicadas a diversoscampos, y el proceso de interiorización de esasreglas en forma de disposiciones civiles.

El proceso de pacificación (es decir, de exclu-sión del uso de la violencia física) es un requisitoprevio imprescindible, y en el caso español fue elresultado combinado de la memoria de la guerracivil y de las circunstancias de la transición demo-crática. Sin embargo, la persistencia del terrorismovasco ilustra sobre la posibilidad, y los límites, deque se pueda llevar adelante un proceso de civili-zación de los conflictos para el conjunto de unterritorio y con relación a una serie de temasfundamentales, mientras persiste un foco deincivilización relativamente acotado a una regiónperiférica y a un tema específico.

No es probable que estos dos procesos, decivilización en el manejo de unos conflictos, y de‘barbarie’ en el tratamiento de otros, puedancoexistir uno al lado del otro. De hecho, ha habidouna contaminación del proceso civilizador de losconflictos españoles como consecuencia del terro-

rismo vasco, y la prueba de ello es el terrorismo deestado de los GAL en los años ochenta, que pusoen cuestión el estado de derecho en España.30 Porotro lado, el propio caso vasco muestra que cabetambién un efecto en sentido contrario: que hayaun spillover de las instituciones de la economía demercado, de las prácticas parlamentarias y de otrasformas de convivencia social cotidiana, y de lasdisposiciones correspondientes, sobre las condicio-nes objetivas y el clima emocional en los que seapoya la violencia terrorista, y ello la haga menosviable.

En definitiva, en el conjunto de España seobserva la formación de un conjunto relativamentecoherente de instituciones ‘civilizadoras’: lasinstituciones pueden referirse a la autoridad públi-ca, al imperio de la ley, a la economía de mercadoy al tejido social plural. Están relacionadas unascon otras, en el sentido de que el imperio de la leygarantiza que la autoridad pública cumpla sufunción de guardián de la comunidad, protege laeconomía de mercado y hace posible la expresiónde la pluralidad. Pero, viceversa, cada uno de losotros componentes refuerza el conjunto; por ejem-plo, la economía de mercado, si opera dentro delmarco de la ley, limita la arbitrariedad de la autori-dad y la expansión consiguiente de sus redes depatronazgo y clientelismo, y las alianzas nonsanctas entre poderes políticos y sociales, o ‘eltrono y el altar’, que tienden a la homogeneizaciónde la sociedad (como ocurrió en la España delAntiguo Régimen). Pero la civilización de losconflictos normativos no depende sólo de lacombinación de las actuaciones implícitas en elfuncionamiento ordinario o rutinario de todas estasinstituciones. Depende de las actuaciones que seatienen al cumplimiento de los papeles estableci-dos, en la forma prevista, pero tanto o más depen-de de actos de iniciativa y de cambio o rectifica-ción de las instituciones o los guiones preestableci-dos. Y justamente detrás de unas y otras actuacio-nes (de aplicación de la lógica institucional, o dealteración de esta lógica) laten unas disposicionesa la acción por parte de los agentes, y para enten-derlas es preciso remitirse a factores culturalesvarios (cognitivos, emocionales y morales).

A su vez, la consolidación de estas disposicio-nes necesita del trasfondo de un marco institucio-

30Otra prueba de esta contaminación fue el golpe deestado de febrero de 1981 (véase Pérez-Díaz 1993:246ss.).

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nal. Así sucede que las disposiciones a la veracidaden el espacio público y la asunción de responsabili-dad política individualizada no pueden arraigar enlas gentes si éstas viven en una sociedad queperciben como caótica y carente de reglas. En estascircunstancias, se comprende que las gentes mien-tan y eludan su responsabilidad por las cosas,porque entienden que su actitud vital no puede sersino la de unos supervivientes que intentan sorteartodo tipo de obstáculos impredecibles. Por eso,parte de la razón que explica cómo y por qué loslíderes políticos mantienen una pauta de conductade semiveracidad y de elusión de responsabilidad,aunque operan ya en el marco de institucionesestables, estriba en que fueron socializados yformaron su carácter en situaciones que ellosentendieron como si tuvieran el carácter de una‘jungla’.

En tercer lugar, este estudio sugiere no sólo lacomplejidad sino también el carácter contingentede los procesos de formación de las instituciones ylas disposiciones adecuadas para la civilización delos conflictos normativos. En el caso español, lasecuencia de aprendizajes de ‘disposiciones civiles’comenzó con el aprendizaje de la tolerancia porparte de los católicos entusiastas; y se dio en granmedida (aunque no sólo: recuérdese también elpapel de la moral de la autenticidad) de maneraindirecta, a través de la experiencia de tener queadaptarse a las demandas de diversos grupossociales y convivir con otros competidores por lainfluencia moral sobre las masas. Se dio casi altiempo un aprendizaje de las virtudes de la econo-mía de mercado junto con el estado del bienestar,y del ‘consumismo’, lo que supuso la formación deunas expectativas de márgenes crecientes de liber-tad y de una disposición al ejercicio permanente dela libertad de elección. El aprendizaje de losvalores del régimen democrático liberal estuvo asíprefigurado por todas estas experiencias sociocultu-rales y socioeconómicas, en cierto modo prepolíti-cas. Más tarde, hemos asistido al aprendizaje de laimportancia del estado de derecho y la sumisión dela autoridad pública y la clase política a la ley, locual puede haber influido a su vez en el entendi-miento del estado como espacio de convivenciacivil, y por tanto impulso para explorar fórmulasde mitigación de los nacionalismos excluyentes deuno u otro signo (incluida la exploración de con-cepciones como la de la ‘España plural’).

En cuarto lugar, el corolario de esta secuenciade aprendizajes (relativos y, como he sugeridoantes, contingentes, es decir, olvidables) es que el

consenso normativo mínimo de una sociedad civilplural puede llegar a ser relativamente robusto, porrazón de la importancia tanto de las disposicionesque le acompañan, como de los contenidos a losque se extiende, como de las instituciones que lorefuerzan.

En efecto, la experiencia española parecesugerir que los conflictos normativos se civilizanpari passu con tres desarrollos. Primero, con unproceso de aprendizaje social que va confirmandola deseabilidad de ciertas orientaciones cognitivasy morales básicas, y la indeseabilidad de otras; así,por ejemplo, la civilización de los conflictos enEspaña ha supuesto la difusión entre la gente de unsentimiento moral que rechaza actitudes como lasimplicadas en el ‘realismo político’, o en la elusiónde la responsabilidad política individualizada, o enla exacerbación de la violencia simbólica en eldiscurso público (que tiene lugar cuando se haceuna apelación continua al rencor y a la sospechacontra el adversario político). Segundo, ese proce-so civilizador puede ir acompañado por una am-pliación del contenido de los consensos normati-vos, como es, en el caso español, la cuasiunanimi-dad en torno al valor de la laicidad, o el acerca-miento, aparente, de las posiciones de las derechasy las izquierdas tradicionales sobre los problemasfundamentales de la organización socioeconómica,o el reconocimiento de la necesidad de aplicarefectivamente el principio de la igualdad ante la leya los actos de la autoridad pública y los líderespolíticos; o por una reformulación de una maneramás compleja e incluyente de esos contenidos, conobjeto de acomodar en su interior (tal vez, indefini-damente) nuevos conflictos, como puede ser elcaso de la concepción de una ‘España plural’.Tercero, aquellas disposiciones y estos contenidosse ven reforzados por el funcionamiento ininte-rrumpido, a lo largo del tiempo, de las diversasinstituciones de la democracia liberal, la economíade mercado, el estado de derecho y el espaciopúblico, que muestran el carácter entrelazado deestas instituciones, así como de las disposiciones ylos contenidos normativos correspondientes.

Por supuesto, todo esto carece de garantíaalguna de permanencia, puesto que los procesos encuestión son, todos ellos, ‘reversibles’ y el consen-so normativo puede ‘robustecerse’ o ‘debilitarse’;pero ello no impide la plausibilidad de los deseos(o los sueños) de estabilidad y de progreso de unasociedad civil que pueda tener la generación actual.

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ASP Research Papers

Números publicados

1(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, La posibilidad de la sociedad civil: carácter, retos y tradiciones

1(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz, The possibility of civil society: its character, challenges andtraditions (también en John Hall ed., Civil Society. Theory, History, and Comparison,Cambridge, Polity Press, 1994)

2(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Opciones inerciales: políticas yprácticas de recursos humanos en España (1959-1993)

2(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Inertial choices: Spanish humanresources policies and practices (1959-1993) (también en Richard Locke, ThomasKochan, Michael Piore eds., Employment Relations in a Changing World Economy,Cambridge, Mass., MIT Press, 1995)

3(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, De opciones reticentes a compromisoscreíbles. Política exterior y liberalización económica y política: España 1953-1986

3(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, From reluctant choices to crediblecommitments. Foreign policy and economic and political liberalization: Spain 1953-1986 (también en Miles Kahler ed. Liberalization and Foreign Policy, Nueva York,Columbia University Press, 1997)

4(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, El reto de la esfera pública europea

4(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz, The challenge of the European public sphere

4(c)/1994 Víctor Pérez-Díaz, Le défi de l'espace publique européen (también en Transeuro-péennes, 3 [primavera], 1994)

5(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, Transformaciones de una tradición: campesinos y agricultura enCastilla entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XX (también en A. M.Bernal et al., Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Madrid,Alianza, 1994)

6(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, Aguante y elasticidad: observaciones sobre la capacidad deadaptación de los campesinos castellanos de este final de siglo (también en Papelesde Economía Española, 60/61, 1994)

7(a)/1994 Víctor Pérez-Díaz, Un desorden de baja intensidad: observaciones sobre la vidaespañola de la última década (y algunas anteriores), y el carácter y la génesis de susociedad civil (también en AB Asesores ed., Historias de una década: Sistema finan-ciero y economía española 1984-94, Madrid, AB Asesores, 1994)

7(b)/1994 Víctor Pérez-Díaz, A low intensity disorder: observations on Spanish life over thepast decade (and some prior ones), and the character and genesis of its civil society(también en AB Asesores ed., Views on a decade: the Spanish economy and financialsystem 1984-1994, Madrid, AB Asesores, 1994)

8(a)/1995 Benjamín García Sanz, La contaminación ambiental en España: el estado de lacuestión

9(a)/1995 Josu Mezo, Política del agua en España en los años ochenta y noventa: la discusióndel Plan Hidrológico Nacional

10(a)/1995 Víctor Pérez-Díaz, La educación en España: reflexiones retrospectivas (también enJulio Alcaide et al., Problemas económicos españoles en la década de los 90,Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1995)

11(a)/1995 Víctor Pérez-Díaz, El largo plazo y el "lado blando" de las políticas de empleo:Aspectos sociales e institucionales del problema del empleo en España a mediados delos años noventa (también publicada por el “Business and Civil Society Seminar”)

12(a)/1995 Elisa Chuliá, La conciencia medioambiental de los españoles en los noventa

13(a)/1996 Víctor Pérez-Díaz, Elogio de la universidad liberal (también en Claves, No. 63,Junio 1996)

14(a)/1996 Berta Álvarez-Miranda, Los incendios forestales en España (1975-1995)

15(a)/1996 Juan Carlos Rodríguez, Gobierno corporativo en la banca española en los añosnoventa

16(a)/1997 Juan Carlos Rodríguez, Políticas de recursos humanos y relaciones laborales en labanca española de los años noventa

17(a)/1997 Víctor Pérez-Díaz, La política y la sociedad civil españolas ante los retos del sigloXXI

18(b)/1998 Víctor Pérez-Díaz, The ‘soft side’ of employment policy and the Spanish experience(también publicado en West European Politics, 21 (4), 1998; y en Paul Heywood ed.,Politics and Policy in Democratic Spain: no Longer Different?, Londres, Frank Cass,1999)

19(b)/1998 Víctor Pérez-Díaz, State and public sphere in Spain during the Ancien Régime(también publicado en Daedalus, 127, (3),1998)

20(a)/1998 Juan Carlos Rodríguez y Berta Álvarez-Miranda, La opinión pública española yel euro: análisis de grupos de discusión

21(a)/1998 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Los empresarios gallegos. Análisis deuna encuesta de opinión

22(b)/1998 Víctor Pérez-Díaz, Putting citizens first: the tasks facing Europe, her public sphereand the character of her public authority (también publicada en francés: “La Citéeuropéenne” en Critique Internationale, n. 1, 1998; y la primera parte: “La ciudadeuropea” en Política Exterior, Vol. XIII, n. 67, enero/febrero 1999)

23(b)/1998 Víctor Pérez-Díaz, From 'civil war' to 'civil society': social capital in Spain from the1930s to the 1990s

24(a)/1998 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Jóvenes gallegos: disposiciones ycomportamientos ante la educación y el mercado de trabajo

25(a)/1998 Víctor Pérez-Díaz, El comienzo y la autoridad: sociedad civil, ciudadanía y liderazgopolítico

25(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz, The beginning and the authority. Civil society, citizenship andpolitical leadership

26(a)/1999 Josu Mezo, Tecnologías de la información, sociedad y economía: perspectivas decambio en los próximos años

27(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, La formación de Europa. Nacionalismos civiles e inciviles.(También en Claves de la razón práctica, n. 97, noviembre 1999)

27(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz, The role of civil and uncivil nationalisms in the making of Europe

28(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, Legitimidad y eficacia. Tendencias de cambio en el gobierno delas empresas

29(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, Orden de libertad, centro político y espacio simbólico. La génesisde la división del espacio político entre la derecha, el centro y la izquierda, y sus usosen la política moderna.(También en Papeles y Memorias de la Real Academia deCiencias Morales y Políticas, n. VI, 1999)

29(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz, An order of freedom, the political center and symbolic space. Thegenesis of the division of the political space between the right, the center and the left,and its uses in modern politics

30(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz y José I. Torreblanca, Implicaciones políticas del euro. Tambiénen Gustavo de Arístegui et al. El euro: sus consecuencias no económicas. Madrid:Estudios de Política Exterior/Biblioteca Nueva, 1999

30(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz y José I. Torreblanca, The political implications of the Euro

31(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, Sistema de bienestar, familia y una estrategia liberal-comunitaria.También en Santiago Muñoz Machado et al. (dirs.) Las estructuras del bienestar enEuropa. Madrid: Fundación Once/Civitas Ediciones. 1999

32(a)/1999 Víctor Pérez-Díaz, Iglesia, economía, ley y nación: la civilización de los conflictosnormativos en la España actual. (También en Peter L. Berger (ed.), Los límites dela cohesión social, Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1999)

32(b)/1999 Víctor Pérez-Díaz, The Church, the Economy, the Law and the Nation: Thecivilization of normative conflicts in present day Spain

Asp Separatas

1/1994 Víctor Pérez-Díaz, Diez semanas después el debate público ante la huelga y lareforma laboral

2/1994 Víctor Pérez-Díaz, Sociedad civil fin-de-siglo, esfera pública y conversación cívica

3/1994 Víctor Pérez-Díaz, Cambio de fase y etapa de turbulencias: la sociedad civil españolaen 1992/1994 (colección de artículos)

4/1994 Víctor Pérez-Díaz, The return of civil society (recensiones críticas en publicacionesfuera de España en 1994)

5/1999 Víctor Pérez-Díaz, El consumo, la conversación y la familia

6/1999 Víctor Pérez-Díaz y Josu Mezo, Política del agua en España: Argumentos, conflictosy estilos de deliberación

7/1999 Elisa Chuliá y Berta Álvarez-Miranda, Envejecimiento de la población y prestaciónde cuidados a mayores. Un nuevo reto para la política social española

Otras publicaciones recientes de los miembros de ASP

Pérez-Díaz, Víctor, José A. Herce. La reforma del sistema público de pensiones en España. Barcelona,La Caixa, 1995

Pérez-Díaz, Víctor, Josu Mezo y Berta Álvarez-Miranda. Política y economía del agua en España.Madrid, Círculo de Empresarios, 1996

Pérez-Díaz, Víctor, Berta Álvarez-Miranda y Elisa Chuliá. La opinión pública ante el sistema depensiones. Barcelona, La Caixa, 1997

Pérez-Díaz, Víctor. La esfera pública y la sociedad civil. Madrid, Taurus, 1997

Pérez-Díaz, Víctor, Elisa Chuliá y Berta Álvarez-Miranda. Familia y sistema de bienestar; Laexperiencia española con el paro, las pensiones, la sanidad y la educación. Madrid, FundaciónArgentaria - Visor dis., 1998

Pérez-Díaz, Víctor. Spain at the crossroads. Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1999

ASP Research Papers están orientados al análisis de losprocesos de emergencia y consolidación de las sociedadesciviles europeas y la evolución de sus políticas públicas. En ellos, se concederá atención especial a España y a la

construcción de la Unión Europea; y, dentro de las políticaspúblicas, a las de recursos humanos, sistema de bienestar,

medio ambiente, y relaciones exteriores.

ASP Research Papers focus on the processes of theemergence and consolidation of European civil societies

and the evolution of their public policies.Special attention is paid to developments in Spain

and in the European Union, and to public policies, particularlythose on human resources, the welfare system, the

environment, and foreign relations.

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