minerÍa submarina en costa rica, espaÑa y mÉxico
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MINERÍA SUBMARINA EN COSTA RICA, ESPAÑA Y MÉXICO: ACUMULACIÓN MINERA POR DESTRUCCIÓN DE TRABAJO
PESQUERO
UNDERWATER MINING IN COSTA RICA, SPAIN AND MEXICO: MINING ACCUMULATION DUE TO THE DESTRUCTION OF
FISHERIES WORK
Dr. Federico Guzmán López1 Mtra. Roxana Durán Sosa2 Dr. Miguel Esparza Flores3
Revista Científica Monfragüe Resiliente. http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente Editada en Cáceres, Dpto. Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura.
Elaborada conjuntamente con las Universidades de Lisboa y la Autónoma de México
Recibido: 1/03/2016 Aceptada versión definitiva: 10/09/2021
1 (Doctor en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. Colaborador del Atlas Mundial de Justicia Ambiental (EJAtlas). Posdoctorado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el Doctorado en Ciencias en Ciencias Agrarias, Universidad Autónoma Chapingo, Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, 56230, Texcoco, Estado de México, México). 2 (Máster, profesora en la Escuela de Administración de la Universidad Nacional Costa Rica). 3 (Docente-investigador en la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Avenida Preparatoria, S/N Ciudad Universitaria 98068, Zacatecas, México).
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación consiste en realizar un estudio descriptivo
sobre la dinámica de la minería submarina en Costa Rica, España y México, que
emergió a inicios del siglo XXI, a la par de exploraciones del fondo del mar en
diversas regiones del mundo. La pregunta es ¿Cuál es la génesis de la dinámica de
la ampliación de la frontera de los extractivismos de los minerales en el fondo del
mar en Costa Rica, España y México, y sus efectos de justicia socioambiental? La
hipótesis plantea que, ante la escasez de minerales de alta ley en la superficie
terrestre, las empresas privadas ahora se dirigen hacia la obtención de los minerales
en el fondo del mar. Se argumenta que durante los primeros años del siglo XXI se
configura una dinámica de acumulación minera por destrucción de trabajo pesquero,
por el impulso de megaproyectos de minería submarina, cuyos impactos se traducen
en prácticas ecocidas y destrucción del trabajo colectivo de comunidades pesqueras.
Los resultados registran: aumento en exploraciones submarinas, impactos
socioambientales, afectación a la economía local, defensa del territorio marítimo.
Palabras clave: fondo del mar; contaminación; economía local; pesca; prospección
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ABSTRACT
The objective of this research is to carry out a descriptive study on the dynamics of
underwater mining in Costa Rica, Spain and Mexico, which emerged at the beginning
of the 21st century, along with explorations of the seabed in various regions of the
world. The question is what is the genesis of the dynamics of the expansion of the
border of mineral extractivisms at the bottom of the sea in Costa Rica, Spain and
Mexico, and its effects on socio-environmental justice? The hypothesis proposes
that, given the shortage of high-grade minerals on the earth's surface, private
companies are now moving towards obtaining the minerals at the bottom of the sea.
It is argued that during the first years of the 21st century a dynamic of mining
accumulation was configured due to the destruction of fishing work, due to the
promotion of underwater mining megaprojects, whose impacts translate into ecocidal
practices and destruction of the collective work of fishing communities. The results
record: increase in underwater explorations, socio-environmental impacts, impact on
the local economy, defense of the maritime territory.
Keywords: bottom of the sea; contamination; local economy; fishing; prospecting
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los nuevos rostros del modelo neoliberal del sistema capitalista que ha cobrado
vigencia durante los primeros años del siglo XXI, es la minería submarina, donde se
abre una nueva veta para la extracción y beneficio de minerales a gran escala, esta
situación ocurre cuando se agotan los minerales de alta ley en la superficie terrestre
y el capital privado transnacional busca satisfacer su sed de ganancia en la superficie
marítima. Dicha manifestación está sucediendo en la fase de exploración en Costa
Rica, España y México, donde el capital global encontró un espacio de valorización
en la minería submarina, considerada como una nueva frontera de extractivismos de
cuarta generación (Gudynas, 2015: 26).
El tema se inscribe en un problema de disputa territorial entre empresas de capital
privado transnacional y las comunidades locales cuyos medios de producción y
reproducción social provienen del mar. Esta actividad corresponde a un problema de
justicia socioambiental, que amenaza con extenderse a distintas naciones del mundo
que cuentan con superficie de mar territorial, en mayor medida ubicadas en el sur
global, lo que ha generado como principales tendencias: el incremento en el número
de casos de prospección de minerales en las profundidades del mar, aunado a los
impactos socioambientales y a la economía local de subsistencia, principalmente la
relacionada con la pesca y el turismo, dando por resultado el surgimiento de acciones
colectivas de resistencia local en defensa del mar, visibilizado como un bien común
natural.
Tomando como punto de referencia que los océanos cuentan con una superficie de
360 132 000 kilómetros cuadrados, cifra cercana al 72 por ciento de la superficie total
del planeta tierra (Naciones Unidas, S/F). La numeralia sobre la Zona Económica
Exclusiva (mar territorial e islas), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), (2010) en México alcanza una extensión de 3 149 920 kilómetros
cuadrados.
Durante el año 2011 según Ruiz (2011), se dio a conocer en el escenario internacional
el inicio de la minería submarina, mediante la primera concesión brindada por el
gobierno de Papúa Nueva Guinea a favor de la empresa transnacional Nautilus
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Minerals, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina,
(Ocmal) (2019), para explotar un yacimiento de 2.2 millones de toneladas de
minerales, en una concentración de 870 000 toneladas se estimaba una disponibilidad
de 6.8 por ciento de cobre y de oro 4.8 gramos por cada tonelada de concentrado de
minerales, existentes a una profundidad de 1600 metros del fondo del mar. De acuerdo
con Deep Sea Mining Finance (DSMF), (2020), la empresa Nautilus Minerals y el
Proyecto Solwara 1, fueron adquiridos por DSMF durante el ejercicio fiscal 2019, lo
que permitirá a esta empresa privada transnacional convertirse en pionera a nivel
mundial en explotar depósitos de sulfuro masivo del fondo del mar para fines
comerciales, principalmente cobre y oro.
Para tener una noción del alcance de la minería submarina, según Bio DiversidadLa
(2019), señaló que a escala internacional se habían concedido 29 licencias de
exploración de minería en el fondo del mar, en beneficio de empresas y gobiernos de
Alemania, China, Corea, Francia, Reino Unido y Rusia, para llevar a cabo explotación
de minerales en una superficie de 1 000 000 de kilómetros cuadrados, localizados en
aguas profundas de los océanos atlántico, índico y pacífico. Por tal motivo,
organizaciones ambientalistas como Greenpeace se pronunciaron por emitir una
moratoria provisional a megaproyectos de minería submarina, como acción preventiva
previo a que desde la institucionalidad de las Naciones Unidas se construyera un
Tratado Global de los Océanos, impulsado con la finalidad de la defensa de especies
marinas únicas, mediante el establecimiento de santuarios marinos, sobre todo por la
doble amenaza que representa la minería submarina al acelerar los impactos del
cambio climático y a la destrucción del trabajo pesquero.
De acuerdo con Ibarguren, (2021) posterior al año 2010 a nivel internacional se han
otorgado 30 contratos de exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros polimetálicos
y costras de ferromanganeso con alto contenido de cobalto, en las profundidades del
mar, por un periodo de vigencia de 15 años a 21 contratistas (empresas de capital
privado transnacional y gobiernos de Estados nacionales: India, República de Corea
y Rusia).
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Los 30 contratos de exploración fueron distribuidos geográficamente de la siguiente
manera: 16 para los nódulos polimetálicos en la Zona de Fractura Clarion-Clipperton,
uno se localizó en la Cuenca del Océano Índico Central y uno en el Océano Pacífico
Occidental. Así como siete contratos para la exploración de sulfuros polimetálicos en
la Cordillera del suroeste de las Indias, Cordillera de las Indias Centrales y Cordillera
del Atlántico Medio y cinco contratos más para la exploración de costras con alto
contenido en Cobalto, ubicadas en el Océano Pacífico Occidental (International
Seabed Authority, 2021).
Un primer aspecto a destacar, es que la Zona de Fractura Clarion-Clipperton donde
se ha otorgado el mayor número de contratos de exploración, se localiza entre Hawái
y la zona pacífico norte de México, donde se concentran importantes nódulos de
manganeso, considerados minerales de uso esencial para el desarrollo de las
energías renovables (Serrano, 2017).
Sin embargo, empieza a tener visibilidad la tensión entre diversos actores sobre la
visión acerca del manejo y explotación de los minerales en el fondo del mar y los
impactos que ocasionaría. Por un lado, está la comunidad científica entre
profesionales de la biología marina y otros especialistas del estudio de las especies
animales y vegetales marítimas, quienes advierten que la diversidad de vida existente
en el fondo del mar aún no ha sido estudiada a profundidad.
En contraste, por otro lado, están las empresas de capital privado transnacional y
algunos Estados nacionales, quienes no han hecho las pruebas necesarias que
permitan documentar y probar de manera científica, que su actividad extractiva no
causará efectos negativos; y aun así continúan con sus planes y proyectos en fases
de prospección y exploración. Según el Ocmal, (2019), se encuentran en riesgo
latente tres tipos de ecosistemas marinos: las zonas volcánicas que contienen
chimeneas hidrotermales con depósitos masivos de sulfuros con minerales, las
llanuras abismales que contienen nódulos metálicos y los montes submarinos que
poseen costras de recursos minerales.
Tal situación nos lleva a reflexionar acerca de que, si los fondos marinos están
contemplados como patrimonio común de la humanidad, se plantea la siguiente
pregunta, ¿Cuál es la génesis de la dinámica de la ampliación de la frontera de los
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extractivismos de la minería submarina en Costa Rica, España y México, y sus efectos
de justicia socioambiental? El objetivo del presente artículo consiste en realizar un
estudio descriptivo sobre la dinámica de la minería submarina, que emergió durante
los primeros años del siglo XXI, considerada como extractivismos de cuarta
generación.
Se argumenta que la minería submarina representa una dinámica de ampliación de la
frontera del extractivismo en las naciones de Costa Rica, España y México, que
implica la destrucción de la biodiversidad y afecta a las personas de las comunidades
pesqueras, en beneficio de empresas de capital privado transnacional y algunos
Estados nacionales que han incursionado en la ruta de la extracción de los minerales
en el fondo del mar.
El artículo se dividió en cuatro apartados, en el primero se ofrece una mirada histórica
que incorpora los antecedentes del surgimiento de la minería submarina a escala
global actualmente en fase de exploración. En el segundo se plantea un esbozo
teórico metodológico del fenómeno de la minería submarina, a partir de la mirada de
la ecología política y la economía ecológica. En el tercero se muestra un mapeo sobre
los avances de los contratos de exploración para megaproyectos de minería
submarina en España y México, tomando en consideración el número de casos de
exploraciones submarinas para extracción de minerales y sus impactos ambientales
y socioeconómicos. Mientras que, en Costa Rica, actualmente interviene en la fase de
negociaciones sobre la regulación internacional, sin que se tengan aún autorizados
contratos de exploración.
En el cuarto se dan a conocer las resistencias y se enuncian las alternativas, para la
configuración del mar como un bien común natural, como un espacio para la
construcción social donde se garantice los derechos de la naturaleza y se salvaguarde
los derechos a la vida, al trabajo, la alimentación y la salud en las comunidades locales
que subsisten de la pesca y el turismo en las zonas costeras. Al final se ofrecen unas
conclusiones y reflexiones finales, acerca de otra forma posible de metabolismo social
entre la vida humana y la naturaleza marina.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
ANTECEDENTES DE LA MINERÍA SUBMARINA A ESCALA GLOBAL
El tema de los océanos y la biodiversidad en el fondo del mar, son elementos clave
que brindan soporte material y equilibrio climático al planeta tierra. Sin embargo, la
vida en el mar se ve amenazada por la emisión de Dióxido de Carbono (CO2) a la
atmósfera, provocada por la actividad humana en la superficie terrestre, aunado a la
pesca industrializada de arrastre y de manera más reciente los proyectos de
exploración de minería submarina, cuyos promotores de la industria extractiva según
su discurso, es necesaria para la transición hacia las energías renovables y no
contaminantes (Christiansen y Unger, 2020). Por lo tanto, lo que la humanidad realice
para transformar el ecosistema en el mar, tarde o temprano repercutirá en la vida
humana, así como en la sobrevivencia de especies animales y vegetales marítimas y
terrestres.
La sociedad contemporánea sobre todo, durante el periodo neoliberal ha
experimentado el crecimiento demográfico, lo que generó aumento del consumo de
mercancías y más desechos, en conjunto provocan el cambio climático, es decir,
incremento de la temperatura global y acidificación de aguas de los océanos. En
Christiansen y Unger (2020) se destacó que la tierra y el mar se aproximan a la
catástrofe ecológica de la destrucción irreversible, “caracterizada por una creciente
incapacidad del océano para proveer elementos esenciales a esta generación y a las
futuras: alimentos saludables, el ciclo del carbono, regeneración de nutrientes y
mitigación del calentamiento global.”
En el ámbito internacional, esa situación se tiene clara, al grado que en las Naciones
Unidas (2019) se mencionó que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030, aparece el ODS 14 vida submarina. De acuerdo con Naciones Unidas
(2020: 52-53), existen dos indicadores que permiten dar cuenta de la afectación a la
vida submarina: la acidificación del agua de los océanos y la sostenibilidad biológica
de la población de peces. Por un lado, con la absorción del 23 por ciento de las
emisiones por año de CO2 que emite la humanidad, han contribuido a que el agua del
mar tenga mayor grado de acidez, lo que ha provocado una pérdida de alcalinidad en
el pH del 26 por ciento desde la época preindustrial. Además, esta situación de acidez
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en el agua del mar, que durante el último quinquenio del siglo XXI se reflejó en una
tendencia creciente en la variabilidad del pH de entre un 10 al 30 por ciento, limita la
capacidad de absorción del CO2, por tanto, afecta al cambio climático. El otro
indicador es la tendencia decreciente del 24.2 por ciento en los niveles biológicamente
sostenibles de la población de peces, que pasó del 90 por ciento durante el año de
1974 al 65.8 por ciento durante el año 2017.
Por su parte, en Gudynas (2015: 22-26), se plantean como puntos de inflexión en la
explotación minera cuatro generaciones de extractivismos, la minería de socavón
correspondió a la primera generación, cuyo proceso de extracción de los minerales se
soportaba en la fuerza humana; a mediados del siglo XIX el uso de máquinas de
combustión interna permitió evolucionar hacia la segunda generación. La
megaminería a cielo abierto practicada desde finales de la década de 1970 permitió
el arribo de la tercera generación, con uso de camiones de carga pesada para extraer
minerales en grandes volúmenes. Fue hasta el año 2010 cuando se configuró la cuarta
generación, con la emergencia de la industria de la minería submarina.
De acuerdo con Ecologistas en Acción (2020: 8), “por minería submarina nos
referimos a la extracción de minerales en los fondos marinos. También es referida
como minería marina, minería en los fondos marinos (´saebed mining´), o minería en
aguas profundas”.
Al trazar una línea gruesa de tiempo sobre la minería submarina a lo largo de tres
siglos, de acuerdo con International Seabed Authority (2021), podemos señalar que el
siglo XIX, fue el siglo del descubrimiento de la riqueza mineral en el fondo del mar, el
siglo XX, fue el siglo de la creación de empresas privadas nacionales interesadas en
la exploración de nódulos polimetálicos y la institucionalización de los derechos del
mar; mientras que el siglo XXI marcó el surgimiento de la industria de la minería
submarina transnacional.
Las investigaciones sobre la vida submarina realizadas por la comunidad científica,
surgió con la oceanografía desde la fase final del siglo XIX, en la práctica durante el
periodo 1872-1876, se realizó la Expedición Challenger, siendo la primera a nivel
global llevada a cabo por un buque de guerra de origen británico. Cuyos principales
hallazgos fueron la detección de temperaturas y corrientes de los océanos, el
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esquema de la forma de la cuenca oceánica, que cuenta con una parte de elevación
ubicada en la parte media del Océano Atlántico, también conocido como Cordillera del
Atlántico Medio, así como la fosa de las Marianas, localizada en el Océano Pacífico
Occidental, con profundidades superiores a los ocho kilómetros de lecho marino.
Referirse a esa primera expedición del océano resulta de relevancia histórica, porque
fue un suceso clave en el marco de dicha travesía, en marzo de 1873 se consiguió la
primera exploración de nódulos polimetálicos, cuyo resultado fue que la draga
consiguió acarrear materiales negros de forma ovalada, compuesto de altas
concentraciones de óxido de manganeso. Sin embargo, fue hasta las décadas de
1960 y 1970 cuando las empresas privadas comenzaron la mercantilización de los
nódulos polimetálicos, a través del surgimiento de empresas trasnacionales cuya sede
corporativa se ubicaba en Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América,
Francia, Italia y Japón, cuyo primer nicho de exploración y extracción de nódulos
polimetálicos sería los localizados en la Zona Clarion Clipperton, correspondiente a la
parte central del Océano Pacífico (Minería Chilena, 2016).
Posteriormente, durante el año de 1982, la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, permitió avanzar en la institucionalización de los derechos del
mar, lo cual se concretó hasta el año de 1994 con la creación de la instancia
denominada: International Seabed Authority (ISA), cuya función central fue convertirse
en una institución reguladora de los contratos de exploración de la superficie marítima,
primeramente, efectuadas por instancias de alcance nacional. De esta manera
llegamos al siglo XXI, cuando a partir del año 2010 hubo participación de empresas
privadas y con ello, formalmente surgió la industria de minería para la exploración del
mar en manos de empresas privadas transnacionales.
La minería submarina se convirtió en un nicho de valor para el capital privado, para
enfrentar la sobredemanda y escasez de minerales en la superficie terrestre,
expresado en una forma emergente de ampliación de las fronteras del extractivismo
(Guzmán, 2018a). Además de considerar que la diversidad de minerales depositados
en el fondo del mar y su concentración supera la cantidad disponible en los
yacimientos terrestres, (Padilla, 2016).
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A escala mundial, la disputa por el dominio alimentario entre Estados Unidos de
América, frente a China y Rusia, ha incentivado la exploración de la minería
submarina, como mecanismo para la obtención de insumos y fertilizantes para la
producción agrícola a gran escala (Rubio, 2014). Actualmente se conocen diversos
casos de minería submarina, la mayoría en fase de exploración, llevada a cabo con
descuido, sin tomar en cuenta que se trate de zonas protegidas o vulnerables y en
menor medida han avanzado en el intento de explotación, principalmente en naciones
como Australia, España, Namibia, Nueva Zelanda, México y Papua Nueva Guinea
(Dugmore, 2018; Padilla, 2016 y Ecologistas en Acción, 2020).
De acuerdo con United Nations Environment Programme (2014) estimó que para el
año 2020, el 5 por ciento de los minerales producidos a nivel mundial (incluido el
cobalto, cobre y zinc), serían extraídos del fondo del mar y para el año 2030 la cantidad
podría incrementar al 10 por ciento (Seas At Risk, 2016: 3). Lo que representaría un
valor de la producción global estimado de 5 000 000 000 € durante el año 2020 y
aumentaría a 10 000 000 000 € para el año 2030. Sin embargo, esta situación aún no
ha sucedido, porque la explotación no se ha concretado, pero las investigaciones y el
desarrollo de tecnologías, así como los contratos de exploración siguen su curso a
paso veloz.
ESBOZO TEÓRICO METODOLÓGICO SOBRE LA ACUMULACIÓN MINERA POR
DESTRUCCIÓN DE TRABAJO PESQUERO
Para generar un acercamiento a la dinámica de la acumulación minera por destrucción
de trabajo pesquero, el estudio toma como referencia a la economía política y la
ecología política, partiendo del planteamiento de Marx (2008), plasmado en la crítica
de la economía política, donde se contemplan conceptos de acaparamiento de tierras,
economía de enclave, renta de la tierra y renta minera.
También se incorporaron las contribuciones teóricas de Harvey (2004), acerca del
concepto de acumulación por desposesión, vinculada a la idea de acumulación
primitiva (Luxemburgo, 1967), mediante la cual se pone en el centro del debate, el
ejercicio de prácticas de violencia ejercidas por el Estado y el capital privado, para
lograr la mercantilización de los bienes comunes naturales y la vulneración de las
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personas que habitan en las comunidades a quienes se les destruye sus medios de
producción y reproducción social; los cuales aparecen como síntomas vitales
distintivos de la modalidad neoliberal del sistema de producción capitalista.
Por su parte en Garibay (2010), aparece el concepto de acumulación minera por
desposesión campesina, mediante el cual se pone de manifiesto, que la transferencia
de renta minera que llega a manos de las empresas privadas transnacionales, implica
de forma simultánea, sacrificar comunidades campesinas e indígenas, al despojarlas
de sus tierras y violar sus derechos humanos.
En Guzmán (2018b), se contribuyó al análisis, a partir de la noción de la acumulación
minera por extracción de derechos humanos, a través del cual se puso el acento a la
dinámica de violencia que padecen las comunidades a las que le arrebatan el derecho
al disfrute de los bienes comunes naturales disponibles en su territorio y también les
destruyen del trabajo colectivo, en la mayoría de los casos con la falsa promesa de
otorgarles una parte de la renta minera.
Desde la mirada de la ecología política, Wolf (1972), abordó la interrelación que existe
entre la gestión del territorio y propiedad de los recursos naturales, que nos ayuda a
explicar dinámicas como el extractivismo, que lleva implícito el saqueo y destrucción
de los bienes comunes naturales en el territorio, y por consecuencia el surgimiento de
conflictos de justicia ambiental, explicados con el concepto de ecologismo popular
(Martínez y Schlüpmann, 1991). Posteriormente, de acuerdo con Leff (2003: 148), la
ecología política corresponde a un: “conflicto por la reapropiación de la naturaleza”.
Otro de los conceptos clave de la ecología política es el extractivismo, de acuerdo con
Gudynas (2015: 9, 14) visto en singular corresponde a una dinámica de apropiación
de la riqueza natural para transferirla al exterior; en plural, al referirse a extractivismos,
se trata de la megaminería a cielo abierto, la explotación petrolera y el agronegocio,
que practican empresas de capital privado transnacional y Estados nacionales.
Desde una mirada histórica, tuvimos viejos extractivismos desde la época de la colonia
en América Latina, conocidos con la idea de economía de enclave, consistieron en el
saqueo de la riqueza de los metales preciosos, transferidos de América hacia Europa
(LeGrand, 2006 y Turdera, 2012). Actualmente predominan los nuevos extractivismos,
que practican varios estados nacionales, sobre todo del sur global en América Latina,
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incentivados por el aumento de los precios internacionales de las materias primas,
cayeron en la tentación de beneficiarse en mayor medida de la renta minera y
petrolera. Según Guzmán (2018a: 406), se refiere a la economía de enclave
poscolonial, comandada por “las redes de capital global que dinamizan los flujos de
circulación de materia prima y excedente que originan conflictividad social, […] que
son transferidos desde la periferia para favorecer la acumulación de las economías
desarrolladas”.
A partir de lo anterior, se propone una primera idea de acumulación minera por
destrucción de trabajo pesquero, entendida como el proceso violento de acumulación
del capital transnacional que interviene en la cadena de valor global de la minería
submarina, avalado por el Estado, destruyen la biodiversidad en el fondo del mar
convertido en mercancía y se apropian de los medios de producción y reproducción
social de la economía local de subsistencia, principalmente de personas que trabajan
en la pesca artesanal y en la cadena de proveeduría de servicios turísticos, quienes
padecen amenazas en sus medios de vida, para atender sus necesidades básicas de
alimentación, salud y trabajo.
Los aspectos metodológicos partieron de un estudio descriptivo mediante la
observación indirecta como técnica de investigación empleada, para brindar un
panorama exploratorio sobre la relación minería submarina, prácticas ecocidas y
afectación de las necesidades básicas del ser humano. Se analizaron documentos
que contienen elementos teóricos, acerca de los principales estudios realizados con
anterioridad sobre minería submarina en los casos de Costa Rica, España y México,
en el contexto internacional, visibilizado como extractivismos mineros de cuarta
generación.
También se recolectó información económica, legal e institucional, relacionada con la
minería submarina y los derechos del mar, misma que fue recabada de organismos
públicos y de la sociedad civil de alcance internacional, así como de dependencias
públicas y de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social abarca temas
económicos y aquellos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el trabajo
pesquero.
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A manera ilustrativa, algunos de los documentos incorporados se obtuvieron mediante
la consulta de sistemas de información georreferenciada como el Atlas de Justicia
Ambiental (Ejatlas) y el Ocmal, consideradas como herramientas de la ecología
política, que dan muestra de aquellos casos donde se otorgaron contratos de
exploración de minería submarina, que han detonado en problemas y en algunos
casos han escalado al nivel de conflictos de justicia ambiental. De manera
complementaria, también se consideraron algunas fuentes de información
hemerográficas, incluida prensa nacional e internacional.
La información consultada consideró un criterio temporal a partir de la década de 1960
porque fue en aquel momento cuando comenzaron a crearse empresas interesadas
en estudiar los bienes comunes naturales disponibles en los océanos y en mayor
medida aquellos documentos que contienen información a partir del año 2010, por
corresponder al momento que surgió la industria minera submarina de capital global.
Asimismo, se eligieron los casos de Costa Rica, España y México, porque se
identificaron problemas y conflictos justicia ambiental, por comunidades dedicadas a
la pesca, que defienden el territorio del mar por considerarlo un medio de vida y
reproducción social.
En el estudio se analizaron dos dimensiones: en lo ecológico, se puso el acento en
las afectaciones que genera la exploración de los océanos para la extracción de
minerales y los potenciales efectos que generaría la explotación de minerales en el
fondo del mar a gran escala. La dimensión socioeconómica, para darle visibilidad a
las necesidades básicas de la población que son vulneradas con megaproyectos de
minería submarina.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. MAPEO DE MEGAPROYECTOS DE EXPLORACIÓN DE MINERÍA
SUBMARINA EN COSTA RICA, ESPAÑA Y MÉXICO
A nivel global el binomio flexibilidad legal y el desarrollo de tecnologías de monitoreo
en el océano han estimulado los avances hacia la minería en aguas profundas. La
mayoría de los megaproyectos de minería submarina con mayor avance se
encuentran localizados sobre aguas internacionales en el Pacífico. Sin embargo, la
ampliación de las fronteras del extractivismo de la minería submarina, se han visto
favorecidas por el incremento en la demanda de minerales metálicos por economías
desarrolladas y emergentes como Alemania, Canadá, China, Corea, Estados Unidos
de América, Francia, India, Inglaterra y Japón, principalmente, así como por las
políticas regulatorias para el continente europeo, aplicables en zonas sobre las que
los Estados nacionales europeos tienen control territorial directo, como en el caso de
España en las primeras 12 millas náuticas del mar territorial y en las 200 millas
náuticas donde este Estado nacional, a través del Instituto Geológico y Minero de
España (IGME), cuenta con derecho especial para la extracción de recursos marinos
y minerales.
Por ello, los mecanismos de financiamiento público de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) se han volcado hacia el análisis generado por
investigaciones científicas sobre la Zona Económica Exclusiva de España,
principalmente para el desarrollo de prototipos de vehículos sumergibles de succión
hidráulica que son controlados de manera remota (Cuyvers, et al., 2018). Asimismo,
según Ecologistas en Acción (2020: 30) el IGME ha promovido la atracción de
empresas de capital privado transnacional para participar en alianzas público privadas
para megaproyectos de explotación de minería submarina, por considerarlo como un
destino inevitable al que España no debe quedar fuera.
En el caso de Costa Rica, en Informa-Tico (2019), se mencionó que el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, dio a conocer que dicha nación
centroamericana, está promoviendo acciones encaminadas al impulso de
megaproyectos de minería submarina, mediante intensos mecanismos de cabildeo de
regulación internacional en esa materia, para abrir a las empresas transnacionales la
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explotación de espacios marítimos considerados patrimonio de la humanidad. De
acuerdo con Federación Ecologista (Fecon), (2019), todo en el marco de la
institucionalización de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (Convemar), enfocado a salvaguardar la conservación del mar como bien común,
al que tiene derecho la humanidad, lo cual suscribió Costa Rica durante el año 1992,
acto que refrendó durante el año 2001.
Sin embargo, de acuerdo con el Consejo de Salud Ocupacional (2018) la posibilidad
de que Costa Rica esté participando en procesos de negociación en el Convemar para
impulsar la minería submarina, entra en contradicción con la legislación local en el
sentido de que en el Reglamento al Código de Minería de dicha nación
centroamericana establece en el Artículo 100: […] “queda prohibido realizar actividad
minera en las playas adyacentes al mar territorial, en una extensión de hasta 200
millas a partir de bajamar y a lo largo de las costas.”
Impactos ambientales. De acuerdo con The Costa Rica News (2019), el que la
República de Costa Rica esté incursionando en dinámicas de negociaciones con
representantes de diversos Estados nacionales, para facilitar la minería submarina en
aguas marinas internacionales, desde la perspectiva de los colectivos ambientalistas,
contribuye a debilitar la figura de nación verde reconocida a nivel global, legitimando
acciones de la nueva frontera extractiva en la cadena de valor global de la minería,
mediante el saqueo de los recursos marinos con marcos regulatorios flexibles para las
empresas transnacionales.
Impactos socioeconómicos. Principalmente se destaca el riesgo que representa la
minería submarina para las comunidades campesinas, cuyo principal medio de vida
es la pesca, destinada para la comercialización y el autoconsumo. Asimismo, es
necesario destacar que la pesca artesanal, se vería doblemente amenazada en el
futuro inmediato, porque además de los procesos legales para autorizar la minería
submarina, en Fecon (2018), se advirtió también de la intención del sector pesquero
industrial de Costa Rica para impulsar el ingreso de dicha nación centroamericana a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo
propósito central es que les permita impulsar la pesca de arrastre sostenible, tema en
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el que desde el año 2017 en aquel país se habían autorizado 33 licencias para la
pesca de arrastre de camarón.
Aunque esta modalidad de pesca industrializada de arrastre, los colectivos
ambientalistas la consideran insostenible, porque la equiparan con la minería a cielo
abierto. En este caso para extraer camarón, se utiliza una red que realiza un barrido
en el fondo de aguas submarinas para la captura de camarón, aunque
simultáneamente también realizan pesca incidental donde cerca del 80 por ciento de
especies animales son distintas al camarón, que, al no representarles ningún valor
económico, se retorna ya sin vida al mar un poco más de la mitad de esa variedad de
especies.
Por tanto, esta modalidad de pesca industrial, pone en riesgo el empleo y la
subsistencia de cerca de 12 000 habitantes de Costa Rica que viven de la pesca
artesanal de manera directa e indirecta (Salazar, 2013: 319). Además, es necesario
darle visibilidad a la pesca artesanal, cuyo volumen de captura de pescado a escala
mundial alcanza el 25 por ciento de los mariscos y pescado que se comercializa en el
mercado internacional (Etc Group, 2017: 14).
En el caso de España donde no se dispone de una legislación específica para la
minería submarina, según Ecologistas en Acción (2020: 14) se rige por la normatividad
minera general, específicamente en el “artículo 132 de la Constitución Española
declara los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental como
bienes de dominio público”, con mayores detalles queda establecida en la Ley de
Minas, la Ley de Costas, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley
de Protección del Medio Marino.
Los principales yacimientos de mineralizaciones oceánicas en aguas
correspondientes a la jurisdicción española que han sido catalogados con potencial
de ser explotados para beneficio del capital privado por ser ricos en nódulos
polimetálicos, depósitos de sulfuros, cáscara de ferromanganeso, placeres marinos y
las fosforitas, así como cobalto, litio y tierras raras, principalmente son: 1. El golfo de
Cádiz; 2. Mar de Alborán, que incluye el Banco del Guadalquivir y el Monte Al-
Mansour; 3. Las Abuelas, cercanas a Islas Canarias y 4. El Banco de Galicia, Loma
Cantabria y el Cachuchu ubicados en la costa atlántica de Galicia (ver figura 1). Lo
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anterior, sin importar que, en territorios marítimos como el golfo de Cádiz, han sido
clasificados como Área Marina Protegida (Ecologistas en Acción, 2020: 7-9).
Figura 1. Principales yacimientos de mineralizaciones submarinas en aguas de jurisdicción
española, 2020.
Fuente: basado en Ecologistas en Acción (2020: 7) y Google maps (2021a).
Para identificar el potencial de minerales en el fondo del mar, diversas instancias
españolas, han financiado con recursos públicos procedentes del gobierno de España
como de la Unión Europea, para llevar a cabo investigación geológica minera
submarina durante el periodo 2009-2025, con inversión pública en euros y libras, por
un monto de 41 983 097 € y 1 324 854 £ (ver tabla 1).
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Tabla 1. Financiamiento de proyectos de minería submarina por instancias españolas.
Periodo Proyecto Institución Monto
2009-2019 Emodnet- Geology: Marine Minerals Fondo Europeo Marítimo y Pesquero
4 200 925 €
2010-2012 DS3F: Deep Sea and Sub-Seafloor Frontier
Universitaet Bremen, Alemania
1 139 188.78 €
2013-2016 Midas: Managing Impacts of Deep-sea Resource Exploitation
Unión Europea 12 349 937.79 €
2013-2016 Subvent: Emisiones submarinas de fluidos en los márgenes continentales de las Islas Canarias y del golfo de Cádiz
Ministerio de Ciencia e Innovación
171 900 €
2015-2020 Vamos: Viable and Alternative Mine Operating System
BMT Group Limited, Reino Unido
9 200 000 €
2015-2020 Robust: Robotic subsea Exploration technologies
TWI Limited, Reino Unido
5 986 722.5 €
2015-2020 Marine E-tech: Marine ferromanganese deposits-a major Resource of E-tech elements
National Oceanography Centre, Reino Unido
1 324 854 £
2015-2020 Blue Atlantis: Innovative Mining of Marine Mineral Resources
Working Group Marine Mineral Resources, Alemania
Desconocida
2015-2020 Albatross: Alternative Blue Advanced Technologies for Research on Seafloor Sulfides
Eramet SA, Francia Desconocida
2015-2025 SeaFlores: Breakthrough Solutions for Seafloor Mineral Extraction and Processing in deep water environment
Technip, Francia Desconocida
2016-2020 Blue Nodules: Breakthrougt Solutions for the Sustainable Harvesting and Processing of Deep Sea Polymetallic Nodules
IHC Mining BV, Países Bajos
7 991 137.5 €
2016-2020 Explosea: Exploración de emisiones submarinas de fluidos hidrotermales, mineralizaciones y geobio-sistemas asociados
Ministerio de Ciencia e Innovación
160 000 €
2017-2021 Minedesea: Seabed Mineral Deposits in European Seas: Metallogeny and Geological Potential for Strategic and Critical Raw Materials
Unión Europea 783 285 €
Fuente: Basado en Ecologistas en Acción (2020: 32-37).
Impactos ambientales. Derivado de la emisión de gases de efecto invernadero,
repercutirían en la progresividad del cambio climático; además el drenaje ácido minero
con elevadas concentraciones de sustancias tóxicas y metales pesados, aunado a la
remoción de sedimentos de los fondos del mar, la contaminación por ruido y lumínica,
generaría afectaciones irreversibles en las poblaciones de peces, atunes, aves
marinas, ballenas, corales, caracol de pie escamoso y esponjas en la zona donde se
explote en aguas oceánicas y a cientos de kilómetros en función del flujo de las
corrientes naturales de agua. Para darse una idea de la magnitud de los impactos,
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una concesión para extraer nódulos polimetálicos durante un periodo de 30 años,
sería en una superficie oceánica de 9 000 kilómetros cuadrados (Ecologistas en
Acción, 2020: 11-12).
Los efectos ambientales potenciales de la minería submarina fueron analizados
mediante un ejercicio de simulación similar en aguas poco profundas, para estudiar
las posibles afectaciones de contaminación ambiental que ocasionarían los
megaproyectos de explotación de minerales en aguas profundas. Dicho ejercicio se
realizó desde buques oceanográficos de España, lo que permitió dar cuenta de las
afectaciones de toxicidad sobre especies de moluscos, generada por la resuspensión
de grúas de residuo en la bahía de Portmán, Murcia, considerada una zona marítima
que ha sido contaminada con desechos tóxicos de minería metálica durante varios
años (Mestre, et al., 2017).
Por su parte, organizaciones de alcance global como el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) (2019), por sus siglas en inglés, pusieron a consideración de la
opinión pública una alerta internacional, sobre la situación de presión por diversos
factores de estrés que vulneran la condición sanitaria de dos terceras partes de la
superficie oceánica del planeta tierra, principalmente por la acidificación,
contaminación por residuos sólidos, auditiva y lumínica, cambio climático, destrucción
del hábitat y sobrepesca. A ese tipo de amenazas estructurales para la vida en el mar,
de acuerdo con Greenpeace (2019) se agrega un riesgo emergente a partir de la
segunda década del siglo XXI, con megaproyectos de exploración minera en aguas
oceánicas, aunque todavía no llegan a la fase de explotación.
Impactos socioeconómicos. La contaminación y movimiento de sedimentos del fondo
del mar influiría de manera negativa en zonas con abundancia de especies marinas
que integran la cadena alimenticia del ser humano, representando factores de riesgo
en la salud y en la actividad productiva pesquera, en perjuicio de la economía local de
subsistencia conformada por personas que practican la pesca artesanal y para las
flotas comerciales de pesca a mediana y gran escala, como el caso del atún y otras
especies de peces, así como para personas que participan en la cadena de
proveeduría de servicios turísticos sostenibles, dedicados a facilitar el avistamiento de
especies (Ecologistas en Acción, 2020: 11).
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En el caso de México, considerando que más de la mitad de los contratos de
exploración de nódulos polimetálicos otorgados a nivel mundial, se localizan en la
Zona de Fractura Clarion-Clipperton, cercana a México. En Oceana (2019) se señaló
que actualmente los mares mexicanos donde el Gobierno de México ya otorgó
concesiones para exploración y explotación de minería submarina son en Baja
California Sur, con el megaproyecto Don Diego, de la transnacional Odyssey Marine
Exploration y en el estado de Chiapas por Blackfire Exploration México (Zapata, 2019).
De acuerdo con la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso
de la Unión (INCyTU) (2018), se destacó que uno de los megaproyectos de minería
submarina que lleva el mayor avance es el yacimiento denominado Don Diego, de
dragado de arenas fosfáticas negras, cuenta con una concesión de 800 kilómetros
cuadrados, ubicado en el Golfo de Ulloa, estado de Baja California Sur, (ver figura 2),
con el que se pretende satisfacer la demanda de fósforo en su mayoría para Estados
Unidos de América, impulsado por Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V. filial
de la transnacional estadounidense Odyssey Marine Exploration y Altos Hornos de
México, como opción alterna de abastecimiento de este mineral a la principal reserva
de Marruecos y en el Sahara Oriental.
Figura 2. Minería submarina de fósforo, Don Diego, Baja California Sur, México.
Fuente: Basado en Ejatlas (2018).
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De acuerdo con Núñez (2017:151-152), estamos frente a un escenario marcado por
la “colonialidad del mundo marino. […] por cada tonelada de fosfatos […] existen 30
toneladas de desechos. […] en Baja California Sur, han sido otorgadas concesiones
mineras en el océano […] el primer proyecto de minería marina en México”, en una
superficie marítima mayor a las 268 000 hectáreas, donde se pretende extraer del
fondo marino cerca de 350 000 000 de toneladas de minerales para transformarlos en
fertilizantes para la industria agroalimentaria durante un periodo de 50 años, con la
posibilidad de prorrogar el periodo por otros 50 años más, amparados por la Ley
Minera y por la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.
De ponerse en marcha un megaproyecto de tales magnitudes, significaría vulnerar la
vida de especies protegidas, la seguridad alimentaria y los medios de producción de
personas de las comunidades cercanas al mar, cuyo costo ambiental sería irreparable
en su totalidad. Además, los ecosistemas marinos desaparecerían por completo.
Impactos ambientales. Pérdida de biodiversidad al poner en riesgo a varias especies
protegidas: ballenas, caguama, delfines, lobos marinos, pez verdillo y tortuga marina,
cuya crianza o hábitat natural se ubica por encima de la superficie de los polígonos
donde se pretende explotar los minerales del fondo del mar (Murillo, 2016). De
acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA),
(2016), el Golfo de Ulloa que aloja zonas de manglar, es ruta migratoria de la ballena
gris, ballena azul y ballena jorobada, además representa un espacio marítimo natural
que concentra una variedad de los ecosistemas y es refugio para la tortuga caguama,
relevantes para la producción pesquera para la zona del Pacífico Mexicano,
específicamente para la península de Baja California. Por ello autoridades
ambientales mexicanas como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio) la denominó Región Marina Prioritaria para la Conservación.
Aunado al derrame de residuos sólidos mineros y de sustancias tóxicas, así como
afectaciones al ambiente que repercutirían en el calentamiento global (Ejatlas, 2018).
Impactos socioeconómicos. De acuerdo con Núñez (2017:159) la fase de exploración
en el Proyecto Don Diego se realizó sin consulta pública, libre, previa e informada a la
comunidad y sin el consentimiento de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), además de que perjudicaría a “8 820 personas ocupadas en la
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pesca […] siendo esta actividad el principal ingreso económico para 80% de la
población en la zona”. Con este megaproyecto de minería submarina se pondría en
riesgo la sobrevivencia de cerca de 300 cooperativas, lo que repercutiría en la pérdida
de sustento económico para más de 1 700 familias que viven de la pesca de abulón,
almeja, camarón, caracol, escama, jurel, langosta, pargo, pulpo y tiburón, cuyo
principal medio de vida, depende de conservar el equilibrio ecológico en la Península
de Baja California.
Por su parte, en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
(2018), se señaló que dicho proyecto afectaría a cerca de 12 000 personas del Estado
de Baja California Sur, que subsisten de la actividad pesquera. Por ello, otras de las
afectaciones se reflejarían en la destrucción del trabajo pesquero y la alimentación
(Ejatlas, 2018) expresado en vulneración de la soberanía alimentaria de México y de
la seguridad alimentaria para los habitantes de la zona noroeste del país. Además,
genera un escenario de incertidumbre en el sector pesquero de exportación y en aquel
dedicado a la economía local de subsistencia y del sector turístico.
3.2. RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL MAR
COMO UN BIEN COMÚN NATURAL
A nivel internacional en el continente europeo diversas instituciones, entre las que
destacan la Comisión Europea, el Consejo Consultivo para las Especies Pelágicas
(PEIAC), el Parlamento Europeo, la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), el organismo Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO),
así como las organizaciones ambientalistas Ecologistas en Acción, Fauna & Flora
International y Deep Sea Coalition, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) por sus
siglas en inglés y Greenpeace, han recabado evidencia documental acerca de los
impactos existentes y potenciales de la minería submarina (Ecologistas en Acción,
2020: 11). Un dato a destacar, de acuerdo con Seas At Risk (2016: 6), la Unión
Europea invirtió un monto de 66 000 000 €, para investigación sobre minería
submarina, durante el periodo 2004-2014.
En el caso de Costa Rica, de acuerdo con The Costa Rica News (2019), varias
organizaciones ambientalistas, se han pronunciado con posturas en contra de la
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Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, por la opacidad con la que dicha
instancia maneja su información y decisiones, para privilegiar a las empresas privadas
transnacionales interesadas en explotar los minerales en el fondo del mar.
Henrry Picado ha sido una de las voces más críticas a la falta de transparencia y
rendición de cuentas de la promoción para la regulación para explotar minerales en
aguas internacionales, él viene desde la organización Federación Ecológica (Fecon),
quien argumentó que, desde la oficina de la representante de Costa Rica en la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, se valide la normatividad engañosa,
para legalizar la devastación de la biodiversidad submarina y el saqueo de los recursos
minerales del océano, principalmente cobalto y manganeso, mediante megaproyectos
de minería submarina a gran escala. Sobre todo, por considerar que el tipo de
tecnología utilizada para explotar los minerales en el fondo del mar, representan un
factor de amenaza para la biodiversidad submarina y para la economía local de
subsistencia, cuyo soporte material es la actividad pesquera.
En el caso de España, las tensiones por la explotación de la minería submarina,
ocurren entre estados nacionales, según El Economista (2020) como la disputa
territorial que sostienen Marruecos y España ante la Organización de las Naciones
Unidas para reclamar el dominio de las aguas de Monte Tropic, localizadas en la
cercanía a Canarias, (ver figura 3), donde se ubican abundantes minerales que son
indispensables para el desarrollo de tecnologías de las energías renovables, con
yacimientos de minerales ricos en cobalto, equivalente al necesario para ensamblar
unos 277 000 000 de vehículos eléctricos (La Voz de Galicia, 2020).
Figura 3. Monte Tropic, en disputa por España y Marruecos.
Fuente: Basado en El Economista (2020) y en Google maps (2021b).
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Al interior de España durante los últimos años de la segunda década del siglo XXI se
ha generado una intensa discusión pública sobre la viabilidad de la minería submarina,
en el que han participado actores sociales y políticos, cuyas posturas y acciones
colectivas han logrado detener los más avanzados megaproyectos de explotación de
minerales en el fondo del mar (ver tabla 2).
Tabla 2. Discusión pública de actores sociales y políticos de España sobre la minería submarina.
Discusión Actores Posturas
Discusión social
Sector pesquero
2017. Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, divulgó el informe: Coexistencia de la actividad pesquera con las industrias del gas, el petróleo y la minería submarina. Alertaron sobre los daños de la minería submarina a la fauna.
2018. Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia. Emitieron un dictamen sobre minería submarina, que incluyó moratoria a minería en aguas profundas en aguas internacionales; no autorizar minería submarina en aguas internacionales regidos por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos; compromiso sostenible de los océanos y exhorto a la Comisión Europea para dejar de promover minería submarina.
Organizaciones ecologistas
Destacan Deep Sea Conservation Coalition, a través de Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Bird Life, Greenpeace, Oceana y WWF.
2018. Ecologistas en Acción y Federación Ben Magec, plantearon a las instituciones de Canarias establecer acuerdos contra minería submarina.
2019. Greenpeace España, impulsó una campaña internacional sobre los efectos de la minería submarina.
2020. Ecologistas en Acción, promovió una propuesta de moratoria de minería submarina en España, por los riesgos a la biodiversidad marina y a la producción pesquera.
Discusión política
Gobierno de España
El IGME es el principal defensor de la minería submarina.
Grupos parlamentarios
2017. Los partidos políticos Ciudadanos, Nuevas Canarias y Unidas Podemos, presentaron iniciativas parlamentarias sobre sostenibilidad de minerales estratégicos en Monte Tropic y costas gallegas.
2018. Eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerdas propuso paralizar prospección minera y de hidrocarburos en el mar, donde se habían aportado €47 millones de euros de financiamiento durante 2013-2020.
2019. Diputados de Unidos Podemos, plantearon la urgencia de reformas a la Ley 22/1973, de Minas, por el posible crecimiento acelerado de la minería submarina en las décadas siguientes.
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Parlamento Europeo
2018. Resolución sobre la gobernanza internacional de los océanos, en el marco de los ODS, para cancelar permisos de prospección y explotación de minería submarina fuera de aguas nacionales y moratoria internacional de licencias comerciales de minería submarina.
España en ISA
1996. España ingresó al ISA y no ha solicitado ninguna licencia de explotación o investigación en aguas internacionales, mientras que Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido y Países Bajos, sí han solicitado licencias.
2010. Se realizó seminario de minería submarina en Madrid, donde se planteó una ruta crítica para integrar una alianza público-privada, para que España no se quedara atrás de Alemania, China, Corea, India y Japón en minería submarina. Además de establecer el liderazgo en adoptar el Código de Minería en 2020.
Fuente: Basado en Ecologistas en Acción (2020: 22-31) y Efeverde (2020).
Por su parte en el caso de México, sobre el Proyecto Don Diego en Baja California
Sur, existen tensiones por las posturas encontradas de los diversos actores entorno
al megaproyecto de minería submarina. De acuerdo con el Centro de Información
sobre Empresas y Derechos Humanos (2015), la empresa transnacional Odyssey
Marine Explorations, argumentó que la extracción de fosfatos en la Península de Baja
California contribuiría a que se alcance la autosuficiencia alimentaria en México,
además de convertirlo en potencia exportadora global de fertilizantes.
Por su parte, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (2018),
mencionó que los grupos de personas dedicadas a la pesca procedentes de 26
comunidades y organizaciones ambientalistas, argumentaron que es insostenible el
proyecto porque además de destruir el trabajo pesquero que participa en la economía
local de subsistencia al afectar a cerca de 1700 familias, mientras que el Proyecto Don
Diego solamente pretende brindar empleo a 80 personas; también significaría la
destrucción de los bienes comunes naturales contenidos en el fondo del mar. Algunas
de las posturas de rechazo fueron documentadas por las organizaciones
denominadas Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale SCL y el
Movimiento Golfo de Ulloa, Baja California Sur, quienes emitieron un comunicado en
defensa del Golfo de Ulloa, por considerarlo un espacio fundamental para la economía
local de subsistencia de la región costera, dedicada a la actividad económica de la
pesca (Núñez, 2017: 160).
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En el caso mexicano, el Proyecto Don Diego, de la empresa transnacional
estadounidense Odyssey Marine Exploration fue rechazado por la Semarnat, por no
cumplir con la normatividad ambiental, principalmente por contradicciones detectadas
en la Manifestación de Impacto Ambiental. A esa postura de rechazo también se
expresó por parte de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la zona centro de
Baja California Sur y la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico A.C., (Bcsnoticias,
2015; Gabriel, 2018).
De acuerdo con Marcín (2016), el Proyecto Don Diego en el Golfo de Ulloa operaba
de forma ilegal desde el año de 2013. Algunos datos a destacar de la última
Manifestación de Impacto Ambiental, indicaron que la empresa pretendía explotar
arenas fosfáticas disponibles en el fondo del mar a una profundidad de 79-90 metros,
con cinco polígonos cualificados. Además, se propuso el procesamiento de un
polígono cada diez años. También se destacó que una franja alcanzaría 3.5 kilómetros
de largo por 200-300 metros de ancho, con 133 m3 de dragado durante cada semana
y una producción anual estimada de siete millones de toneladas métricas.
La empresa Odyssey Marine Exploration señaló que una vez iniciado el proceso de
operaciones, este sería durante las 24 horas al día, los siete días a la semana,
únicamente 40 semanas anuales, para suspender actividades durante el pico de
migración de las ballenas (Quijano, 2016). Además, argumentaba la empresa que el
proceso de dragado y las descargas de residuos derivados de la extracción de
minerales, no implicarían afectaciones en el lecho marino, ni a las pesquerías; así
como mínimos impactos negativos en la vida de las tortugas y los mamíferos marinos.
El Golfo de Ulloa se declaró zona de refugio pesquero el día 10 de abril del año 2015,
para reducir la interacción de la pesca con tortugas, durante un periodo de dos años.
Al impulsar un megaproyecto de minería submarina se identificaron diversos posibles
efectos en los ecosistemas existentes y adyacentes al área de dragado,
principalmente, representa un peligro para los mamíferos marinos sensibles al sonido
y tortugas, así como el desplazamiento forzado de las especies bentónicas, además
del riesgo de ser absorbidas por las máquinas de dragado (Marcín, 2016). A lo
anterior, se suma el factor de riesgo que representa para los huevos de peces y larvas
el aumento de la turbidez del agua, al poner en marcha la extracción de minerales
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durante un largo periodo de 50 años (Murillo, 2016). En conjunto significan un riesgo
de desequilibrio ecológico en el fondo del mar, por ello diversas instancias públicas y
organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por los efectos
negativos de la minería submarina en la Península de Baja California, principalmente
el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, la Conabio, la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, el Instituto Nacional de Pesca y la Sociedad Internacional de
Mastozoología Marina (Gabriel, 2018).
De acuerdo con el Portal Ambiental (2020), se mencionó que ante la amenaza
socioambiental que representa la minería submarina, durante el mes de noviembre de
2020, el Senador de la República, Raúl Bolaños Cacho Cué, presentó una iniciativa
en México para reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con la finalidad de que se prohíba el otorgamiento de concesiones
para la exploración y explotación de minerales en el fondo del mar, por las
afectaciones a la biodiversidad de los océanos y a la producción pesquera.
ALTERNATIVAS PARA CONSIDERAR AL MAR COMO BIEN COMÚN NATURAL.
Si queremos reflexionar si la transición de la minería de socavón, basada en la fuerza
humana y la tracción animal, que luego nos llevó hacia la minería subterránea con uso
de tecnología mecanizada, para luego evolucionar a minería a gran escala a cielo
abierto con tecnología automatizada, así como los proyectos de exploración de
minería submarina y espacial, todas esas opciones de exploración y explotación de
los minerales, ¿realmente han tenido como principal propósito beneficiar a la
población humana o en todo caso, han respondido a la satisfacción de los intereses
de empresas privadas transnacionales, mediante mecanismos de acumulación que
les permita incrementar las ganancias, moviéndose de territorios donde se escasean
los minerales de alta ley, para encontrar nuevas vetas de minerales, sin importar que
los obtengan de la superficie terrestre, marítima o en el espacio?
Por tanto, los avanzados proyectos de explotación de minería submarina Solwara en
Papúa Nueva Guinea y el Proyecto Don Diego, en Baja California, Sur, México,
sumado a todos los proyectos de investigación para exploración de minería submarina
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dentro de aguas nacionales de España en el golfo de Cádiz, el Mar de Alborán, las
Islas Canarias y el Banco de Galicia, financiados por el gobierno de España y la Unión
Europea, han puesto al descubierto la capacidad técnica de la humanidad para
solucionar problemas complejos, como los que significan la exploración para la posible
explotación de minerales de las profundidades del océano.
Por ello, consideramos que, como sociedad debemos reflexionar, tomar decisiones y
acciones colectivas para dejar en claro, ¿Qué tan indispensable es comprometer la
vida submarina y del planeta tierra, para la obtención de minerales? También
deberíamos cuestionarnos, ¿Cómo y de qué manera podríamos modificar la matriz
productiva y la cadena de valor global de la minería? Quizá una de las alternativas,
consistiría en concebir el mar como bien común natural, y para ello tomar acciones
colectivas en su defensa desde el punto de vista social, político y legal. Un posible
camino de solución sería explorar la obtención de metales pesados, a través de la
remediación de jales mineros disponibles en la superficie terrestre, o mediante la
utilización de técnicas de fitorremediación de suelos y aguas contaminadas por
presencia de metales pesados en territorios con proyectos de actividad minera, como
en los casos de la mina de Aznalcóllar en España, (Bernal, et al., 2007) y en México
en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y
Zacatecas (Covarrubias y Peña, 2017).
A la par, las alternativas también estarían en modificar nuestras formas de producción,
pero también de comercialización y consumo de minerales tanto metálicos, como los
prometedores minerales no metálicos, que son la base de las energías renovables.
Por tanto, sería deseable que antes de avanzar hacia la minería submarina como
alternativa para el suministro de minerales, primero agotar opciones como el reciclaje,
basado en modelos de economía circular, que permiten un proceso regenerativo
donde se reduce la emisión de residuos (Balboa y Domínguez, 2014), mediante
proyectos a gran escala de minería urbana, que nos permita reutilizar los minerales
que ya hemos desechado, además de los beneficios potenciales en cuanto a la
mitigación del cambio climático al reducir la emisión de gases de efecto invernadero
(Delgado, 2016).
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Se podría legislar en materia de procesos y prácticas de reciclaje obligatorio para
instituciones públicas, empresas privadas y en hogares, con carácter vinculante. En
el caso de España, se podrían promover reformas legislativas a la Ley de Minas de
1973, a la Ley de Costas de 1988, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
de 2007, Ley de Protección del Medio Marino de 2010 y a la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados de 2011. Por su parte en México se podrían impulsar reformas a la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental, a la Ley Minera, a la Ley Federal de Zonas
Económicas Especiales y Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
El detener los proyectos de exploración y explotación de minería submarina,
significaría, darle prioridad a la producción pesquera y el turismo de costa, porque
ambos representan actividades esenciales para la vida humana, como la alimentación
y el esparcimiento; en las que participan personas dedicadas a la pesca y a la
proveeduría de servicios turísticos, ambas actividades económicas consideradas
menos dañinas con el medio ambiente.
4. CONCLUSIONES
Los resultados del presente análisis nos permitieron describir la dinámica de
ampliación de las fronteras extractivas de la minería, que apuntan a transitar de la
minería subterránea y a cielo abierto, practicadas en la superficie terrestre hacia la
minería submarina, como un proceso favorecido por el incremento de la demanda de
minerales metálicos y aquellos que son necesarios para la cadena agroalimentaria,
principalmente para la producción de fertilizantes a base de fósforo.
Desde una perspectiva estructural, resultó trascendente analizar la manera en que se
ha configurado históricamente el proceso de transición para impulsar megaproyectos
de minería submarina, donde resaltan cinco momentos clave:
1.- 1873. Se realizó la primera exploración de nódulos polimetálicos, por la Expedición
Challenger un buque británico, que permitió la detección de óxido de manganeso
altamente concentrado. 2.- 1960. Surgieron las primeras empresas de exploración y
extracción de nódulos polimetálicos, ubicados en la Zona Clarion Clipperton. 3.- 1982.
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Surgió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 4.- 1994.
Creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, instancia reguladora
de los contratos de exploración de minería submarina. 5.- 2010. Participación de
empresas privadas transnacionales en 30 contratos de exploración de minería
submarina.
En términos teóricos, el aporte de la presente investigación fue contribuir con la primer
aproximación al concepto de acumulación minera por destrucción de trabajo
pesquero, mediante el cual se pone el acento en la vulneración del trabajo colectivo,
en perjuicio de comunidades pesqueras y prestadores de servicios turísticos, en los
territorios de comunidades cercanas a costas y mares donde se están llevando a cabo
megaproyectos de exploración de minería submarina, para que en el futuro se
exploten minerales en el fondo del mar.
La flexibilidad legal y el desarrollo de tecnologías fueron los principales elementos que
incentivaron la exploración de minería submarina a escala global. Los principales
impactos ambientales de los proyectos de exploración de minería submarina en
España y México son el derrame de residuos sólidos mineros, la remoción de
sedimentos de los fondos marinos y la contaminación por ruido y lumínica, se
agudizarían aún más cuando dichos proyectos pasaran a la fase de explotación,
implicarían la afectación a la biodiversidad marina, principalmente a especies de
atunes, aves marinas, ballenas, caguama, camarones, caracol de pie escamoso,
corales, delfines, esponjas, lobos marinos, moluscos, pez verdillo y tortuga marina.
Aunado a lo anterior, también implica la emisión de gases de efecto invernadero, que
impactarían en la progresividad del cambio climático. Este tipo de afectaciones
también podrían llegar a Costa Rica, una vez que en dicho país se otorgaran los
primeros contratos de exploración de minería submarina.
Los principales impactos socioeconómicos de la minería submarina, son atentar
contra el trabajo en las comunidades cuyo principal medio de vida y reproducción
social es la pesca artesanal. También representa una amenaza para las personas que
participan en la cadena de proveeduría de servicios turísticos en zonas costeras.
A escala internacional, las principales organizaciones ambientalistas que han
promovido acciones para la defensa del mar como bien común son Fauna & Flora
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International y Deep Sea Coalition, Greenpeace y WWF. Mientras que a nivel nacional
destacan los posicionamientos críticos a la minería submarina regulada por la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, principalmente ha sido por parte de
Fecon en Costa Rica, Ecologistas en Acción en España y en México la Sociedad
Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale SCL, el Movimiento Golfo de
Ulloa, Baja California Sur, la Federación de Cooperativas Pesqueras de la zona centro
de Baja California Sur y la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico A.C.
En el contexto del cumplimiento de los ODS 2030, considerando que faltan nueve
años, resulta necesario abrir un debate público a escala internacional, con especial
atención en Costa Rica, España y México donde participen integrantes de los poderes
públicos, organizaciones de la sociedad civil ambientalistas, empresas privadas,
comunidad científica y ciudadanía, para analizar a profundidad la viabilidad de
establecer moratoria a la minería submarina en aguas de jurisdicción nacional como
en aguas internacionales. Por las implicaciones que esta actividad extractiva traería
en perjuicio de la biodiversidad marina y la vida humana, así como del trabajo colectivo
de la pesca y el turismo.
También debería de incorporarse como requisitos para autorización de contratos,
concesiones o permisos para autorizar proyectos de exploración y explotación de
minería submarina, la evaluación de impacto ambiental, en México conocidas como
Manifestación de Impacto Ambiental, con énfasis en la declaratoria de áreas naturales
marinas protegidas. También incluir un instrumento de evaluación de impacto social,
que incorpore la figura de licencia social, que sea otorgada únicamente en los casos
que se obtenga el consentimiento, derivado de una consulta pública, libre, previa e
informada, adoptando los criterios del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, donde se tome en cuenta en la decisión a las comunidades dedicadas a
la pesca y a los servicios turísticos de zonas costeras, cuyos medios de subsistencia
y reproducción social los obtienen de la relación cotidiana con el mar.
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