lo público ausente en méxico

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Gutirrez, Raquel; Tzul Tzul, Gladys; Prez Muoz, Sergio; Maldonado, Cecilia

Lo pblico ausente: Patrimonialismo y lucha social democratizacin social y formas de lo Poltico en Puebla

Bajo el Volcn, vol. 12, nm. 20, marzo-agosto, 2013, pp. 125-149

Benemrita Universidad Autnoma de Puebla

Puebla, Mxico

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Bajo el Volcn,

ISSN (Versin impresa): 8170-5642

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Benemrita Universidad Autnoma de Puebla

Mxico

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lo PbliCo ausente: PatRimonialismo y luCHa soCialdemoCRatizaCin soCial y foRmas de lo PoltiCo en Puebla1

Bajo el Volcn nm. 20, ao 12, marzo-agosto 2013

Raquel GutirrezProfesora investigadora del Posgrado de Sociologa del Instituto de Ciencias

Sociales y Humanidades de la Benemrita Universidad Autnoma de Puebla

[email protected]

Gladys Tzul TzulDoctorante del Posgrado en Sociologa del Instituto de Ciencias Sociales

y Humanidades de la Benemrita Universidad Autnoma de Puebla

[email protected]

Sergio Prez Muoz Egresado de la Maestra en Sociologa, Instituto de Ciencias Sociales y

Humanidades de la Benemrita Universidad Autnoma de Puebla

[email protected]

Cecilia Maldonado Estudiante de la Maestra en Sociologa, Instituto de Ciencias Sociales

y Humanidades de la Benemrita Universidad Autnoma de Puebla

[email protected]

Fecha de recepcin: 20 de mayo del 2013

Fecha de aceptacin: 4 de junio del 2013

Resumen

El presente trabajo aborda dos temticas buscando hilvanarlas. En primer trmino

recupera algunas ideas del amplio debate sobre democratizacin de la vida pblica

que se desarroll en Amrica del Sur, sobre todo en Bolivia, Ecuador y Argentina,

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durante los aos de las ms enrgicas movilizaciones y levantamientos indgenas y

populares. En segundo lugar, contrasta tales ideas con la llamada transicin demo-

crtica en Mxico y propone como clave de lectura de la vida poltica en el pas y

en Puebla la nocin de patrimonialismo, reflexionando sobre la aparente ausencia

de la nocin de lo pblico en un sentido poltico, ms all de la multiplicidad de

instituciones estatales existentes.

Palabras clave: democratizacin social, patrimonialismo, pblico, lucha social,

Puebla.

abstRaCt

This paper deals with two sets of ideas searching for the relations between them.

First of all, it grasps some arguments from the broad discussion about public life

democratization which took place in South America, mainly in Bolivia, Ecuador and

Argentina, during the most vigorous popular and indigenous mobilizations and upri-

sings. Then, it contrasts those ideas with what in Mexico has been called democratic

transition. We propose the notion of patrimonialism as a key to understand some

specific features of the mexican political life; we discuss the apparent absence of a

political notion of the public, however the existence of a lot of state institutions.

Key words: social democratization, patrimonialism, public, social struggle, Puebla.

Este trabajo aborda dos grandes temticas y propone su enlace. Por un lado, recupera algunas ideas del amplio debate sobre la democratizacin de la vida pblica ocurrido durante los aos de ms enrgica movilizacin y levantamiento indgena y popular en algunos pases de sudamericanos (Bolivia, Ecuador, Argentina, entre otros) a principios de este siglo, y las contrasta con lo ocurrido en la Repblica Mexicana en general y en Puebla en particular, a partir del proceso de democratizacin y apertura poltica basado en el sistema de partidos y en la alternancia en el ejercicio del mando poltico. Por otro lado, propone como clave de lectura de la vida poltica en Puebla la nocin de patrimonialismo y reflexiona sobre la aparente ausencia de la nocin de lo pblico, en un sentido poltico; ms all de la multiplicidad de instituciones estatales existentes. Para esto se discuten ciertos elementos de la particular configuracin del orden de mando poltico en el estado a partir del avilacamachismo, analizndolos como marcas o cicatrices de largo alcance en la configuracin general de

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Lo pbLico ausente: patrimoniaLismo y Lucha sociaL...

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la vida poltica. Se rastrean, finalmente, algunos hilos de continuidad de tales rasgos fundamentales.

disCutiR la idea RestRingida y dominante de demoCRaCia

Segn el filsofo boliviano Luis Tapia,

[] la democracia es una forma igualitaria de autodeterminacin. Esto implica

pensarla como un centro y un conjunto de espacios de autogobierno, en el

mejor de los casos habiendo abandonado presupuestos etnocntricos. []Si

la democracia se configura por la constitucin de una pluralidad de sujetos y la

instauracin de un principio de igualdad entre ellos, el otro rasgo constitutivo

de la democracia que deriva de la libertad de pensamiento de esos sujetos es

una pluralidad de formas de pensar la democracia y un proceso de debate so-

bre su definicin y modos de organizar y dirigir el gobierno (Tapia, 2008: 15).

Partir de esta postura es, de entrada, tomar parte en una discusin global que se esfuerza por no admitir la reduccin de la aspiracin democrtica a la democratizacin institucional de herencia liberal y al procedimentalismo electoral. Sin embargo, estas ltimas ideas son, en gran medida, las que han organizado el debate sobre democratizacin en Mxico en los ltimos aos (vase Favela, 2008); periodo en el cual el debate sobre la democratizacin se ha centrado en la ampliacin de ciertos espacios de representacin poltica y en la introduccin de procedimientos explcitos para organizar el recambio del mando (Muoz Patraca, 2001). Una de las nociones centrales que organiza esta perspectiva es la de autoritarismo. A partir de lo anterior, la comprensin de la ampliacin o apertura democrtica queda enmarcada en clave procedimental, como un cambio o trnsito desde formas generalizadas de decisin vertical hacia otras maneras de decisin y eleccin ordenadas por reglas generales. A esto ltimo se le denomina democracia. En ocasiones se aclara que la referencia de este trmino es, en realidad, mucho ms acotada y se precisa el concepto con la expresin democracia poltica (en parte, ste es uno de los argumentos de Meiksins Wood, 2000).

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Nuestra mirada se sita en otro sitio; se esfuerza por dotar de contenido a la expresin democratizacin social; para esto se concentra en rastrear la capacidad colectiva y local de apropiacin, gestin y usufructo de la riqueza pblica y/o comn2 ms all y en ocasiones contra y ms all de las formas estatales (Holloway, 2002; Gutirrez, 2009 y 2013; Linsalata, 2012). Nos referimos entonces, de manera mucho ms abarcadora, a las maneras concretas en las que, o bien determinados bienes son producidos y apropiados en contextos locales; o bien especficas actividades son em-prendidas y reguladas, conservando cierta autonoma relativa aun dentro de formatos legales e institucionales establecidos; y con frecuencia en tensin con estos ltimos. Esta perspectiva organiza la informacin (los datos), considerando que los procesos de democratizacin social pueden rastrearse a partir de la tendencia que describa localmente3 la relacin gobierno-sociedad:4 constataremos un proceso de democratizacin social en marcha si podemos registrar la apertura y ampliacin de la participacin y decisin de la poblacin local en asuntos que le incumben y afectan directamente. En especial, asuntos que guarden relacin con la gestin y usufructo de riquezas y/o bienes pblicos y/o comunes. O, por el contrario, registraremos un proceso de monopolizacin de la decisin poltica, entendido como opuesto a la democratizacin social, si ms bien constatamos una tendencia a la concentracin y reglamentacin creciente de las decisiones sobre asuntos pblicos en instancias estatales; concentracin que ocurre mediante la expropiacin de mbitos de decisin anteriormente en manos de la colectividad local.5

En tal sentido, nuestra intencin es ligar el trmino autoritarismo como calificativo del ejercicio de lo poltico, a la nocin de despojo. Es decir, para nosotros, el asunto crucial del autoritarismo y su verticalidad inconsulta en la toma de decisiones es que despoja al colectivo sobre el que opera el mando, de cualquier posibilidad de deliberacin, intervencin y/o control sobre un asunto de su incumbencia que le afecta cotidianamente. Partiendo de esta clave, cuando la democratizacin poltica se centra en el establecimiento de una regla general, lo principal est en que ocurra una deliberacin colectiva de aquellos a quienes incumbe la regla, en relacin con los criterios generales a cumplir. Sin esto ltimo, el establecimiento

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de una regla general es, en realidad, una nueva expropiacin, un nuevo despojo de la capacidad poltica local de regularse internamente en asuntos que le afectan.

Cabe aqu una pequea digresin en relacin a lo anterior. Por lo gene-ral, en la ltima dcada se ha desplegado, a lo largo y ancho del planeta, una tendencia hacia un nuevo institucionalismo que se presenta a s mismo como una forma progresista de construccin de Estado (Dvalos, 2010). Tal institucionalismo procedimentalista (conceptualizado por Dvalos como democracia disciplinaria) argumenta la necesidad de confrontar todo tipo de prcticas polticas ms bien discrecionales de decisin so-bre lo pblico, vigentes en un gran nmero de pases; y Mxico no es la excepcin. Tal es la salida liberal a un problema real. Nuestra postura, en pugna con tales argumentos, har una crtica simultnea en dos nive-les: por un lado, exhibiendo cmo el institucionalismo creciente que se presenta como democratizacin no va acompaado de una declinacin de la centralidad discrecional de muchas decisiones monopolizadas por funcionarios estatales de diversos niveles, que conforman una especie de escalera jerrquica ascendente. Por otro, discutir el argumento de que los procedimientos universales de carcter tcnico o tecnocrtico a los cuales se les atribuye una valoracin de neutralidad impulsan procesos de democratizacin social local; mostrando, ms bien, cmo tales procedi-mientos universalizantes son, con mucha frecuencia, coartados para una nueva monopolizacin de mbitos de decisin poltica sobre algn tipo de riqueza material que, adems, como bien seala Arendt, disuelven la posibilidad de protesta y reclamo de los gobernados dada la generalizacin del aparente gobierno burocrtico de nadie.6

Entendemos, adems, que

[] las sociedades modernas se erigen sobre la desorganizacin de las formas

comunitarias, que eran/son formas de totalizacin de la vida social. La frag-

mentacin de tales formas [y la importancia que as adquieren] la economa

y la poltica convertidas en estado, deja a otros mbitos y procesos de la vida

social en condiciones de desarticulacin, marginalidad e invisibilidad (Tapia,

2008: 85).

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Sin embargo, esos otros mbitos y procesos de la vida social o entramados comunitarios polimorfos y diversos desarticulados y por lo general, marginalizados, constituyen lo que puede llamarse subsuelo po-ltico (Tapia, 2008: 85), junto a otras prcticas nuevas que se organizan como crtica, alternativa, irona, negacin de la institucionalidad poltica del orden social y que, por tanto, quedan excluidas y no reconocidas.

De ah que una idea central de nuestra perspectiva es que, pese a la fuerza de la totalizacin institucionalizadora del Estado, hay un conjunto de prcticas y formas polticas para la gestin de riquezas o bienes pblicos y/o comunes que si bien estn cada vez ms arrinconadas y acotadas, nunca terminan de quedar plenamente contenidas en el formato poltico estatal, siendo sistemticamente acosadas por l. La fuerza y el alcance de tales prcticas es, en parte, el inters de la investigacin que hemos realizado, en tanto entendemos que esos mbitos son los espacios-tiempos de la democratizacin social y poltica posibles, de acuerdo con los argu-mentos ya esbozados.

Por otro lado, la perspectiva histrica que asumimos para la reflexin sobre asuntos polticos nos sugiere que a lo largo del tiempo, en las socie-dades se sedimentan formas variadas de lo poltico. Por un lado, es en el tiempo y en la reiteracin de la reproduccin de la vida que no es jams replicacin cuando se estabilizan y generalizan rasgos especficos de cierto orden de mando (Roux, 2005) y, en medio de tales relaciones teidas de tensin y en ocasiones explcitamente antagnicas, se labran rasgos peculiares de la subjetividad de gobernantes y gobernados. Consideramos, en tal sentido, que es legtimo hablar de determinados ethos histricos (Echeverra, 1994, 2008) que con el paso del tiempo configuran y estabi-lizan estrategias prcticas para la apropiacin y gestin de la riqueza y/o bienes pblicos y/o comunes; a las cuales llamamos formas de lo poltico. stas son, pues, creaciones polticas producto de ethos histricos diversos que exhiben y destacan ciertos rasgos en el modo de ejercicio del man-do, ocultan otros, as como privilegian determinada comprensin de los eventos polticos negando otras posibilidades, etc. Para el caso de Puebla consideramos que una lectura de la historia de la entidad que destaque

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el carcter patrimonialista del mando poltico, ayuda a entender ciertas particularidades del frreo control estatal sobre mbitos diversos de la vida pblica local. En este trabajo rastrearemos la clave patrimonialista de lo poltico a partir del avilacamachismo (aunque consideramos posible hacerlo incluso desde ms atrs; en tanto dicho rasgo inhibe y dificulta la democratizacin social en Puebla, en el sentido ya argumentado).

i. la Hasta aHoRa imPosible Ruta demoCRtiCa en mxiCo y en Puebla

Mencionamos anteriormente que el discurso poltico mexicano sobre democratizacin se ha centrado en dos grandes temticas: la ley de par-tidos y la autonoma de la institucin electoral (Fernndez, 2008). As, la discusin previa sobre democratizacin poltica y social, producto de importantsimas luchas de diversos sectores del pueblo mexicano, comen-zando por el amplio programa de democratizacin puesto en la mesa de discusin por el movimiento estudiantil nacional de 1968, que en Puebla se prolong hasta los aos setenta; as como por amplias y duras luchas sindicales para recuperar la posibilidad de participacin y decisin en la vida interna en organizaciones gremiales enormes como el snte, el suteRm o el Sindicato de Pemex, han colapsado en el (se han reducido al) asunto de garantizar la posibilidad de contar con procedimientos generales para la eleccin de los gobernantes.

En Puebla, para discutir la cuestin de la democratizacin social es necesario detenerse, aunque sea a grandes rasgos, en los elementos espe-cficos de la conformacin del Estado nacionalista revolucionario mexicano a nivel local. Estos rasgos, a nuestro entender, pueden describirse y com-prenderse bajo la clave del patrimonialismo y estn fuertemente ligados a la consolidacin del cacicazgo avilacamachista en los aos treinta, y a la forma posterior que asume la poltica local.

Por patrimonialismo, recuperando y a la vez distancindonos de la definicin de Weber,7 entenderemos una especfica combinacin entre poder poltico y poder econmico que se entrelaza dibujando un bucle autorreforzante con dos momentos: se acumula poder poltico, tanto para concentrar riquezas privadas como para disponer de recursos pblicos

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de manera discrecional y/o quasi-privada, se utilizan recursos pblicos y riquezas privadas para continuar acumulando poder poltico.8

As, en regmenes patrimonialistas, a partir de la concentracin de cierto poder poltico, en primer lugar se paraliza la vida poltica enten-diendo sta, bsicamente, como deliberacin y decisin colectiva respecto a la gestin y el usufructo de determinadas riquezas o bienes pblicos; en segundo lugar, se desarrolla una tendencial apropiacin privada de lo pblico (ms all de la propiedad jurdica) a fin de establecer y consolidar, justamente, un patrimonio. Esto es concordante con la definicin que ofrece el dRae, que explica que patrimonio, en su segunda acepcin despus de bienes heredados de los ascendientes, refiere a los bienes propios adquiridos por cualquier ttulo. As, para este trabajo, el patrimonialismo consiste en que, una vez concentrados ciertos bienes bajo cualquier ttu-lo, o monopolizadas ciertas capacidades y prerrogativas polticas, stas se utilizan para continuar garantizando la dinmica de concentracin de riqueza material en las manos de uno o ms elementos de una estructura familiar para, a la vez, continuar consolidando influencia poltica.

En el caso de Mxico vale la pena distinguir que la calidad patrimonia-lista de lo poltico es un tanto distinta al mero enriquecimiento de ciertos polticos de turno. El patrimonialismo alude, ms bien, tal como sealamos, a una dinmica poltica que monopoliza prerrogativas de decisin y las utiliza como fuente de poder e influencia econmica; buscando estabilizar tal conjunto dinmico para afianzar su permanencia en el tiempo. La pe-culiaridad que queremos destacar es cmo esta dinmica difumina o borra la distincin entre lo pblico y lo privado en varios niveles. Veamos: en primer lugar, bajo formatos patrimonialistas de lo poltico hay una apro-piacin privada de lo que son prerrogativas pblicas y no slo recursos pblicos, de tal manera que se desdibuja la distincin entre propiedad pblica y propiedad privada: algo puede ser formalmente propiedad pblica, esto es, propiedad estatal (no privada ni social) y, simultneamente, ser gestionado y usufructuado como patrimonio privado.9

Cabe aqu una discusin un poco ms cuidadosa sobre el significado de lo pblico. La nocin de lo pblico es, por lo general, definida en trminos negativos: lo pblico es aquello que no es privado y que, por

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lo tanto, queda excluido, para su regulacin, del llamado Cdigo Civil. En tal sentido, el trmino pblico puede leerse como una deformacin estatalizada de otra nocin ms antigua: la de aquello que es comn en tanto su acceso y usufructo es colectivo y local (sobre el particular puede revisarse a E. P. Thompson, 2000). El asunto es que en el Estado moderno, la propiedad pblica queda equiparada con la propiedad estatal, entendida como aquella sobre la cual ningn particular tiene dominio pleno. Claro que esto exigira, como condicin de posibilidad, la vigencia previa de un principio efectivo de igualdad jurdica,10 inexistente en muchas regiones de Mxico. As, el patrimonialismo como eje estructurante de la dominacin poltica despus de los aos ms intensos de la Revolucin Mexicana puede rastrearse regionalmente, exhibiendo manifestaciones particulares y, por supuesto, histricas. Cedillo y Santos en San Luis Potos, Garrido Canabal en Tabasco, etc., son otros casos especficos de esta peculiar forma de construccin patrimonialista del Estado, desplegados contra los muy variados y a veces ambiguos esfuerzos por desmonopolizar la decisin poltica y por reapropiarse de las riquezas materiales locales, echados a andar desde los pueblos.

As, la equiparacin acrtica de lo pblico con aquello que es de propie-dad estatal durante los aos del Nacionalismo Revolucionario funda una de las ms ubicuas apariencias de lo poltico en Mxico: se enfatizan los rasgos jurdicos de la propiedad estatal de ciertos bienes y se desplaza y oculta la muy posible gestin y usufructo privado o quasi-privado de tales bienes pblicos. En el caso de Puebla, nuestro argumento es que el patri-monialismo que impregna lo poltico, prcticamente inhibe la comprensin de lo pblico, en tanto lo reduce acotndolo a la mera faceta jurdica de la propiedad, como propiedad estatal. Siendo entonces, el control poltico de tal propiedad estatal la base de reiterados procesos de monopolizacin (v.g. concentracin privada) de la decisin poltica, lo cual dificulta o definitivamente inhibe cualquier posibilidad de democratizacin social. Adems, el actual procedimentalismo tecnocrtico de corte universalis-ta, es decir, que empuja la regulacin hacia el terreno abstracto de una normatividad supuestamente neutra, se ha entretejido con la anterior forma de mando reforzando la condicin de despojo de las capacidades

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locales para decidir y regular asuntos de su incumbencia. Vale la pena ir desgranando el anterior argumento paso a paso, para lo cual es til, en primer trmino, exhibir los rasgos patrimonialistas consolidados durante la poca de los vila Camacho.

ii. el avilaCamaCHismo y sus efeCtos PoltiCos en el estado de Puebla

En Puebla y hasta cierto punto en la Repblica Mexicana, siguiendo la perspectiva que ya bosquejamos, durante el siglo xx se evidenciaron dos grandes esfuerzos por concentrar la poltica y lo poltico (Zavaleta, 1986) en un solo tipo de espacio y de instituciones. El primero fue el periodo de gobierno e influencia del avilacamachismo desde 1937 hasta 1970 aproximadamente. El segundo momento en tal direccin ocurri con el despliegue generalizado de polticas neoliberales que coincide en el tiem-po, paradjicamente, con ciertas acciones acotadas de democratizacin poltica. Ambos proyectos, sin embargo, pueden analizarse como momentos de monopolizacin y por tanto, reduccin de lo poltico, entendiendo esto como concentracin tanto de los recursos disponibles como de las prerrogativas para decidir sobre ellos. Tal monopolizacin de lo poltico consiste en un conjunto de acciones que, desde el mbito inverso i.e., desde la sociedad trabajadora, pueden leerse como desconocimiento radical negacin y ocultamiento de la calidad de sujetos polticos a cualquier otra asociacin, forma organizativa o trama de relaciones no determinada exteriormente como tal.11 Es justamente bajo esta clave que, en este acpite, propondremos una lectura del avilacamachismo. El rasgo central y especfico de este rgimen, cuya continuidad podemos ir rastrean-do esquemticamente a lo largo del tiempo, es la calidad patrimonialista de tal mando poltico; esto es, la ausencia reiterada de un compromiso con aquello que pueda considerarse lo pblico que simultneamente niega e inhibe casi cualquier proceso de deliberacin y participacin en lo que pueda entenderse como asunto pblico (o en el mejor de los casos, comn), articulando, ms bien, una trama jerarquizada de monopolios de distinto tamao. Estos rasgos no son exclusivos del estado de Puebla.12

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Sin embargo, lo que a nuestro entender ocurre en Puebla es que el carcter patrimonialista en la disposicin de casi cualquier tipo de riqueza material alcanza niveles de generalidad muy altos; adems de que la articu-lacin jerrquica de los distintos escalones de prerrogativas diferenciadas ciment niveles de compactacin muy importantes, justamente durante el avilacamachismo.

Ahora bien, para acercarnos al patrimonialismo que impregna la forma poltica producida en Puebla entre 1930 y 1970, la cual ha dado lugar a un slido autoritarismo conservador, comencemos por la somera revisin de la biografa poltica institucional de tres miembros destacados del clan vila Camacho: Maximino, Manuel y Rafael, enfatizando aspectos de la manera en la cual, al amparo de la institucin militar, consolidaron su poder poltico y garantizaron su influencia econmica tanto en el estado de Puebla como a nivel nacional:13

1. Los hermanos mayores de la familia vila Camacho, Maximino y Ma-nuel, a edades muy tempranas se incorporaron a las filas del ejrcito; estableciendo lazos duraderos con el carrancismo primero,14 despus con el obregonismo y, en el caso de Maximino y Manuel, tambin con el general Crdenas. As, ambos se formaron como personas y como polticos, en medio de las turbulencias de los aos veinte en Mxico. Ambos, adems, exhibieron enorme habilidad para el clculo estratgico en medio de situa-ciones inciertas; y consolidaron sus posiciones y carreras institucionales a partir de su lealtad a algn militar superior, con el cual ligaron su futuro. A partir de ah, quiz, pueda entenderse su fuerte compromiso con un orden de mando vertical propio del ejrcito, que no admite la deliberacin en tanto reserva las decisiones principales a quien ocupa el vrtice su-perior de la cadena de mando: disciplina en lo militar y autoritarismo en poltica. Sin embargo, conviene no perder de vista que, durante los aos veinte, la sujecin a esa rgida cadena de mando fue, por lo general, com-pensada por la concesin de privilegios, puestos y ventajas.15 Ejemplos de lo anterior son tanto la disciplinada declinacin por parte de Maximino de su anhelo a ser gobernador de Puebla en 1929 cuando su intencin fue desaprobada por Calles, como la permanencia de Manuel, bajo las

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rdenes de Crdenas, en el puesto de subsecretario de la Secretara de Guerra y Marina durante los primeros aos del gobierno cardenista.16 Es claro que los mayores de los vila Camacho tuvieron comprensin plena de los juegos polticos internos durante la consolidacin del Estado nacio-nalista revolucionario; juegos que combinaban la capacidad de uso de la fuerza i.e., prerrogativas militares con una complicada estructuracin de alianzas y pactos integrada verticalmente para usar una expresin de la economa, donde jugaban un papel central la lealtad al superior, la disciplina entendida como acatamiento de la orden jerrquica y la contencin de las ambiciones personales y de casi cualquier autonoma personal, a fin no slo de asegurar lo conseguido, sino para convertirlo en mecanismo que permitiera continuar ascendiendo.2. En segundo lugar, en relacin con los rasgos especficamente patrimonia-listas del avilacamachismo en la constitucin de un orden de mando poltico en el estado, cabe argumentar lo siguiente: proviniendo de una familia que no era, bajo ningn punto de vista acaudalada, una vez que consolidaron su poder poltico mediante su exitosa insercin en el ejrcito, emprendie-ron la bsqueda de alianzas y acuerdos con la lite econmica local. As, las tan frecuentemente mencionadas alianzas de Maximino con Jenkins, Espinoza Iglesias, OFarril y Garca Valseca, pueden entenderse tambin, como una larga competencia no exenta en ocasiones de tensin por la monopolizacin de la decisin poltica. La idea es que no puede hablarse de una sujecin de la joven lite militar devenida fuerza poltica a la rancia y conservadora burguesa poblana de valores y costumbres criollas; se trata ms bien, de una tendencial hibridacin entre estas fuerzas donde se reacomoda constantemente el mando poltico y se produce una influencia recproca.17 En el caso de la familia vila Camacho esta tensin deriva en el fuerte rasgo patrimonialista de su rgimen consolidado, adems, en una poca de creciente corporatizacin estatal de la fuerza social,18

cuando muchos dirigentes locales han sido disciplinados, excluidos o asesinados al ser nombrado Maximino comandane de la XIX Zona Militar. Los vila Camacho, en particular Maximino, lograron apropiarse de facto de rentas y beneficios adems de propiedades a partir de organizar verticalmente a la manera en que se organiza un ejrcito a una cauda de

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colaboradores y contactos locales; en el marco de la reorganizacin de las llamadas Defensas Sociales, cuerpos paramilitares en los que coexistan lo mismo guardias blancas que obreros y campesinos armados (Lomel, 2010: 231). De ah el peculiar corporativismo poblano, ejemplo tenebroso y altamente violento de un rgimen que inclua y subordinaba a los diversos segmentos del paisaje social como a los trabajadores industriales o a los campesinos a partir de monopolizar las prerrogativas de reconocimiento asimtrico y, por supuesto, fuerza militar. A nuestro juicio, esta forma poltica ha impregnado de manera persistente la vida local de las diversas regiones del estado.3. Finalmente, en la biografa de Rafael trece aos menor que Maximino, se exhibe claramente el uso patrimonial de las influencias y posiciones familiares para impulsar una trayectoria poltica. Dada la influencia pol-tica de sus hermanos, Rafael fue electo diputado en la XXVI Legislatura federal en 1934 a la edad de 30 aos, dos aos despus se convirti en presidente estatal del PnR por presiones de Maximino, quien por ese entonces se ocupaba de afianzar el control de las estructuras partidarias; en 1939 fue presidente municipal de la Ciudad de Puebla, incorporndose posteriormente a la Secretara de Economa (federal) durante la Presiden-cia de su hermano Manuel. Finalmente, fue gobernador de Puebla entre 1951 y 1957, despus de la muerte de Maximino.

Dadas estas trayectorias, coincidimos parcialmente con Quintana cuando afirma que Maximino representa una nueva forma de caudillaje, un poderoso lder regional que se someti al partido oficial (Quintana, 2011: 41). Este autor inscribe sus argumentos en la perspectiva que busca explicar la consolidacin del Estado nacional-revolucionario mexicano como un caso exitoso del trnsito entre un rgimen de caudillos a un presidencialismo institucionalista. Tal perspectiva, a nuestro juicio, no pone atencin suficiente en el carcter patrimonialista de este rgimen; el cual, desde la perspectiva que sostenemos, organiz toda la vida poltica en Puebla. Por lo tanto, si bien resulta claro que Maximino es uno de los muchos polticos prominentes que ayudaron a definir la cultura poltica emergente basada en la corrupcin, la violencia y la impunidad (ibd.: 42); el trmino corrupcin se queda plenamente corto pues expresa, ante todo,

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una especie de desviacin de la norma que es, por lo mismo, corregible; sin enfatizar que es justamente la monopolizacin de las prerrogativas de decisin sobre la riqueza material supuestamente pblica la que permite la consolidacin, a largo plazo, del poder poltico y del enriquecimiento privado por otras vas; lo cual vuelve a afianzar el poder poltico.

Pareciera que Quintana, al hacer historia, queda atrapado en el discurso ms general sobre la perfectibilidad de las instituciones gubernamentales que ha acompaado a las reformas polticas de corte liberal impulsadas durante los ltimos 20 aos. Afirmamos lo anterior en tanto es muy clara su descripcin estructural de una forma de lo poltico consolidada durante el rgimen de Maximino: Los lderes regionales ayudaron al partido al PnR y, despus a sus sucesores, en particular, al PRi a construir una sistema de redes clientelares a nivel local, regional y nacional que contribuyeron a crear una poderosa organizacin capaz de cooptar aliados potenciales y coaccionar a los oponentes. Su estudio, segn su propia perspectiva, demuestra que el partido como tal no fue enteramente responsable del xito de sus redes clientelares, sino que ms bien se convirti en la orga-nizacin centralizadora de redes regionales independientes (Quintana, 2011, 33 y ss.). En particular, un estudio reciente de Keith Brewster (2010) sobre la Sierra Norte de Puebla, que, entre otras cosas, investiga detalladamente las formas de ejercicio y mando poltico de los hermanos Gabriel y Demetrio Barrios en la regin norte del estado, exhibe con gran claridad la relacin entre la forma militarista de ejercicio local del mando y su imbricacin con la realizacin siempre dificultosa de proyectos nacionales de modernizacin como construccin de caminos, telfonos, etc. A nivel de la Sierra Norte, el mencionado estudio devela el carcter fuertemente patrimonialista (y caciquil?) del mando local, manifiesto tanto en la trayectoria vital de los hermanos Barrios convertidos en importantes propietarios de tierra en la regin, como en la ejecucin de los proyectos nacionales de modernizacin ya mencionados, por ejemplo, en el trazado y realizacin de tales acciones, etctera.

De ah que lo que Quintana describe es, consideramos, una forma de lo poltico que se funda en un patrimonialismo generalizado, altamente arbitrario y efectivamente impune. La clave de lectura que destaca la

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corrupcin de este sistema es, por tanto, inadecuada; al igual que las soluciones propuestas a partir de tal mirada. No se trata de un rgimen pblico que con el tiempo se corrompe; por lo cual sera posible disear y establecer nuevos mecanismos polticos e institucionales para inhibir tal corrupcin. Se trata, a nuestro juicio, de una forma de la poltica y de lo poltico fundada desde sus orgenes en la negacin violenta, tanto de ciertas prerrogativas polticas locales asentadas, ocasionalmente, en la gestin de algunos recursos comunes, como en el reiterado desconocimiento de la nocin de lo pblico ms all de la apropiacin privada y/o la prebenda. Durante la construccin temprana del avilacamachismo, una vez negadas algunas particulares tendencias hacia la reapropiacin comn de las riquezas locales auspiciadas durante los tiempos insurgentes; se asimila aquello que sea de propiedad estatal y/o del mbito gubernamental con el inters privado de quienes ocupan las partes ms altas del mando poltico, en una cadena descendente no exenta de conflicto.19 Por lo dems, en el actual periodo de democratizacin poltica, toda esa herencia de los rasgos bsicos que organizan la vida pblica o su deformacin o ausencia queda oculta bajo una cascada de modificaciones legales de orden procedimental no slo insuficientes, sino bsicamente encubridoras de la perpetuacin del patrimonialismo estructurante del orden poltico, anulando casi por completo cualquier posibilidad de democratizacin social.

La clave de lectura que proponemos considera que la particular articu-lacin poltica organizada por Maximino y continuada tanto por su hermano como por sus allegados, se basa fundamentalmente en los siguientes rasgos: i) controlar fuertemente a la poblacin a nivel local a travs de la monopolizacin de la gestin y usufructo de los recursos materiales disponibles; lo cual ha permitido durante dcadas establecer relaciones de concesin (y de subordinacin) para permitir su acceso; ii) el control del proceso electoral en todos sus momentos y procedimientos dentro del estado, lo cual le reditu una creciente posibilidad de influencia a nivel nacional;20 iii) el entrelazamiento y co-dependencia del poder econmico y el poder poltico a partir del sistemtico enriquecimiento de miembros de su propio grupo que lograban, cada vez, mayor control sobre riquezas

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privadas, adems de consolidar la posibilidad del manejo patrimonialista de lo que se supone son bienes pblicos.

Si bien estos rasgos, en particular el segundo, se han ido diluyendo con el tiempo, permanecen como cicatrices de fondo que, una y otra vez, dan sentido a (o establecen el sinsentido de) la vida poltica local. Las marcas que imprimieron a la vida pblica producen, a nuestro juicio, dos efectos principales. Por un lado, promueven una fuerte despolitizacin; en el sentido de que dada la imposibilidad de intervencin en la decisin sobre casi cualquier asunto relevante para la colectividad que resulte afec-tada por aquella, sta se desentiende de asuntos sobre los cuales percibe que no tiene ningn control.21 Por otro lado, la introduccin de reglas y procedimientos de carcter aparentemente universal, conexos con las re-formas (neo)liberales, al centrar la atencin en la llamada democratizacin poltica, reducida a la competencia electoral, exhiben su impotencia en la ampliacin de la democratizacin social en tanto no afectan ni ponen en entredicho los sucesivos escalones de monopolizacin de la decisin sobre asuntos pblicos, sino que, ms bien, favorecen y ofrecen nuevos medios para su concentracin.

a maneRa de ConClusin

Cuando comenzamos el trabajo de campo de la investigacin que auspicia esta reflexin (anlisis centrado en una de las regiones cuyo estudio est prcticamente ausente en la literatura sociolgica e histrica), una y otra vez nos sorprendimos ante el gran desconocimiento local y en muchas ocasiones, desprecio hacia todo un conjunto de actividades polticas relacionadas con la gestin de asuntos de relevancia colectiva. A lo largo de las entrevistas encontramos reiteradamente expresiones relativas a una total ausencia de deliberacin pblica sobre cuestiones de incumbencia general: desde asuntos tan cotidianos y aparentemente insignificantes como la instalacin de una cantina cerca de un campo deportivo donde conviven adolescentes en Oriental, como problemas mucho ms generales como la carencia de agua dada la deforestacin que se vive en diversas

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localidades de Ixtacamaxtitln. Una y otra vez extraamos en las entre-vistas una nocin dramticamente ausente: lo pblico.

Consideramos que la ausencia de la nocin de lo pblico como eje significativo de organizacin de la vida poltica a nivel local en diversas reas del estado, hunde sus races en los tiempos largos de la historia, dada la complicada trama de fracturas territoriales del antiguo tejido social, as como las sucesivas concentraciones y reorganizaciones de la divisin pol-tica. Diversos territorios de la regin central de lo que hoy es la Repblica Mexicana fueron divididos entre encomiendas y repartimientos durante la Colonia temprana y, en siglos posteriores, quedaron aun ms fracturados bajo el rgimen de la hacienda; muy extendido, en particular, en el estado de Puebla. En regiones donde los territorios bajo control de los pueblos fueron sistemticamente acosados y diezmados, se fue anulando durante siglos la nocin de lo comn; la cual es el corazn de la construccin posterior de lo pblico; en tanto, desde nuestra perspectiva, lo pblico corresponde bsicamente a lo anteriormente comn, aunque deformado a travs de reiterados procesos de construccin del Estado expropiacin y concentracin de facultades polticas y reorganizacin de sus formas y procedimientos bajo otras pautas. Es por tal razn que la nocin de patrimonialismo como peculiar forma de relacin entre capacidades polticas y riqueza material, nos parece relevante para la comprensin de los significados ms ntimos de la vida poltica local.

A lo largo de nuestra investigacin, la cuestin de la decisin sobre asuntos que a todos incumben porque a todos afectan, en muy variados casos se ha mostrado como algo totalmente ajeno y distante a las distintas familias y asociaciones locales con quienes trabamos contacto; ms all de muy pequeos mbitos de la vida social.22 Cada una de las decisiones locales sobre el llamado mbito pblico pareca tener dueo, es decir, pareca haber sido monopolizada previamente por alguien. Tal hallazgo nos empuj a buscar entender rasgos particulares de la construccin his-trica del orden de mando en el Estado. Nuestro punto de partida terico sobre la posibilidad de democratizacin social de la vida colectiva, en la medida que se amplen y generalicen las posibilidades de intervencin y decisin sobre los asuntos comnmente relevantes, nos condujo al pa-

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trimonialismo como categora explicativa central de una gran cantidad de prcticas y comportamientos dispersos en la vida cotidiana de los municipios que hemos estudiado. Consideramos que este trabajo consiste en unos primeros apuntes en la direccin de comprender la vida poltica local y las dificultades para su democratizacin social. Esperamos, con nuestro trabajo, contribuir en algo a ese propsito.

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notas

1 El presente trabajo es producto de la investigacin Democratizacin social y

formas de lo poltico en tres municipios del estado de Puebla: Ixtacamaxtitln,

Oriental y Rafael Lara Grajales, realizada entre septiembre de 2012 y abril de

2013 con el apoyo del PRomeP 103.5/12/4367.2 Nuestra investigacin de campo se centr en estudiar las formas de propiedad,

posesin, gestin y usufructo de cuatro elementos: por una parte, la tierra y el

agua, que pueden ser entendidos como bienes pblicos y/o comunes; por otra,

estudiamos tambin las actividades de transporte y de comercio local que no son

bienes pblicos, sino actividades reguladas por leyes y reglamentos igualmente

pblicos. Hablamos por tanto de riqueza pblica y/o comn para referirnos a ambas

clases de elementos que pertenecen, desde una perspectiva institucional, a rdenes

clasificatorios distintos. Sin embargo, desde la perspectiva de la poblacin local,

tanto tierra y agua como comercio y transporte local, son parte de las riquezas

colectivas disponibles para garantizar la reproduccin material de la vida.3 Insistir en el carcter local del trmino democratizacin social es una manera

de eludir un difcil asunto de fondo: la relacin entre los mltiples, heterogneos

y siempre particulares mbitos de reproduccin de la vida y el sitio del universal

aparente que en las sociedades modernas es ocupado por la relacin estatal. Ms

adelante reflexionaremos sobre este asunto.4 La idea de rastrear las maneras en las que ocurre la relacin sociedad-gobierno

como hilo fundamental forma primordial de la estructuracin poltica la recupe-

ramos de Ren Zavaleta (1986).5 En este trabajo recogemos una perspectiva terica que entiende al Estado en

su naturaleza procesual e histrica (Corrigan y Sayer, 1985) que es cultivada en

nuestra rea de investigacin por Francisco Gmez Carpinteiro (2005, 2008).

Combinamos tal perspectiva con una interesante idea de Scott (2009) quien afir-

ma, en su amplia reflexin sobre las heterogneas y variadas formas polticas del

sudeste asitico: Vivir en ausencia de estructuras estatales ha sido la norma de

la condicin humana. La fundacin de estados agrarios, entonces, fue el evento

contingente que cre una distincin y una dialctica por tanto, entre una poblacin

asentada y gobernada estatalmente, y una penumbra fronteriza de pueblos menos

gobernados o virtualmente autnomos (Scott, 2009: 3). De ninguna manera

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queremos traslapar la idea de Scott a una sociedad tan fuertemente estatalizada

como la mexicana. Sin embargo, su perspectiva puede resultar frtil al analizar

procesos locales que una y otra vez desbordan, modifican o eluden los marcos

normativos organizados por el Estado.6 El poder tirnico es definido por la tradicin como un poder arbitrario, y esto

quera decir primordialmente un gobierno en el cual no es preciso rendir cuentas,

un gobierno que no se responsabiliza ante nadie. Lo mismo ocurre con el gobierno

burocrtico de nadie, aunque por una razn totalmente distinta. Hay muchas per-

sonas en una burocracia que podan pedir una explicacin, pero no hay nadie para

darla porque ese nadie no puede ser hecho responsable. En lugar de las decisio-

nes arbitrarias del tirano encontramos los arreglos aleatorios de procedimientos

universales, procedimientos que no poseen malicia ni arbitrariedad, porque no hay

nadie detrs de ellos, pero contra los cuales tampoco se puede apelar. En cuanto

a los gobernados, la red de esquemas diseados, en la cual estn atrapados, es

mucho ms peligrosa y ms letal que la mera tirana arbitraria (Arendt, 2008: 115).7 Weber aborda largamente lo que llama dominacin patriarcal y patrimonial en

el Captulo IX de Estado y sociedad. Existen al menos dos supuestos relevantes

en la base de su argumento: 1) El contraste irreconciliable entre formas tra-

dicionales usos y costumbres y racionales burocrticas de dominacin

(1964:753); cuestin con la cual no estamos de acuerdo. 2) La relacin hbrida

entre dominacin patrimonial y oikos contrapuesto a la idea de Estado (1964:

759). En relacin a esta ltima premisa Weber sostiene que la administracin

patrimonial se ha adaptado originariamente a las exigencias personales del se-

or, especialmente de su hacienda privada. La obtencin de un dominio poltico,

es decir, del dominio de un seor sobre otros no sometidos al poder domstico,

significa entonces la agregacin al poder domstico de diferentes relaciones de

seoro que, sociolgicamente consideradas, difieren slo en grado y contenido,

pero no por la estructura misma (1964:760, subrayados en el original). Esta idea

nos parece relevante para describir lo que proponemos como clave interpretativa. 8 Algo emparentado con lo aqu planteado de ninguna manera anlogo puede

rastrearse en el argumento que Weber utiliza para explicar lo que denomina pre-

bendas derechos de aprovechamiento que corresponden a un cargo y no tanto

a una persona, introducidas principalmente por la institucin clerical durante la

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Edad Media, en momentos de expansin de las iglesias rurales en contraposicin

a las urbanas controladas por un obispo (1964:779).9 Un ejemplo inmejorable de esto es el caso de la propia Universidad Autnoma

de Puebla. En 1937 Maximino impuls la transformacin del entonces Colegio

del Estado en Universidad sentando las bases de la educacin superior moderna

en Puebla. [] [Simultneamente] expidi una ley que le otorgaba el derecho

de designar al rector y de revocar cualquier decisin del Consejo Universitario

(Lomel, 2011: 236). Una serie de importantes luchas de estudiantes y profesores

universitarios a lo largo del tiempo han ido paulatinamente modificando esta marca

de origen que, pese a todo, puede rastrearse en la vida universitaria en la actualidad.10 La solucin liberal a esta dificultad es el impulso a la creacin de ciudadana

mediante el cual se impone un principio abstracto de igualacin jurdica que, en

trminos concretos resulta vaco dada la imposibilidad de la mayor parte de la

poblacin para ejercer los derechos que supuestamente concede. Para una discusin

ms completa sobre el tema, vase Tapia, 2011.11 Uno de los principales mecanismos estrictamente procedimentales para garanti-

zar el monopolio de la representacin poltica y, por tanto, la decisin sobre asuntos

generales es la instauracin sistemtica de formatos asimtricos de reconocimiento

entre los funcionarios estatales y las diversas asociaciones o grupos que puedan

constituirse. Tal es el caso, por ejemplo, de la llamada toma de nota que entrampa

una y otra vez los esfuerzos por democratizacin de la vida sindical. El mecanismo,

pieza clave del corporativismo mexicano en general, consiste en que cualquier

asociacin de trabajadores que disputa la representacin poltica tiene que ser, ne-

cesariamente, reconocido desde arriba para poder ejercer funciones institucionales.

De esta manera tan sencilla, se desconoce una y otra vez la deliberacin y acuerdo

colectivo como fuente legtima de representacin poltica. En el estado de Puebla,

la monopolizacin de lo poltico diagramada durante el avilacamachismo no slo

se bas en la imposicin de estructuras organizativas desde arriba; sino tambin

en el desconocimiento de cualquier otra figura de agregacin u organizacin social

que no se sujete a algn procedimiento de reconocimiento por parte del estado.12 vila (1990), por ejemplo, en su estudio sobre las Huastecas, exhibe rasgos

similares a lo que estamos describiendo. 13 La mayor parte de la informacin que sigue procede de Ruiz Snchez, 2009 y

de Quintana, 2011.

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14 Maximino, desde 1913 a la edad de 22 aos se adhiri a la brigada Aquiles

Serdn, comandada por Antonio Medina quien, a su vez, responda al mando de

Pablo Gonzlez.15 Sobre este asunto resulta inspiradora la reflexin de Weber mencionada ante-

riormente, en relacin a la proliferacin de las prebendas en el contexto de la

consolidacin del poder eclesistico durante la Edad Media.16 Manuel fue subsecretario de Guerra y Marina entre 1932 y 1937. Entre 1932 y

1934 el secretario del despacho era el general Crdenas. Cuando este ltimo se

convierte en presidente de la Repblica, Manuel permanece como subsecretario

durante tres aos ms bajo las rdenes del general Andrs Figueroa, encargndose

de una funcin delicada: depurar el ejrcito y ordenar las relaciones entre militares

y poder civil. Entre sus actividades estuvo rotar en las distintas zonas militares

del pas a generales que pudieran garantizar lealtad institucional al gobierno

(Ruiz Snchez, 2009: 211-212).17 Casi toda la literatura revisada sobre la historia posrevolucionaria del estado

de Puebla aborda estas alianzas, enfatizando distintos aspectos.18 Vase Anguiano, 1975.19 Entre varios otros, un ejemplo elocuente de lo que aqu se propone es la decisin

eminentemente poltica de los vila Camacho de que la carretera que conecta el

altiplano poblano con la costa de Veracruz pasara por Teziutln en detrimento de

otras ciudades de la Sierra Norte (Brewster, 2010: 205).20 Para asegurar la cohesin de la clase poltica (Maximino, en 1940) form una

comisin que con el nombre de Comit Directivo Electoral se encarg de cada etapa

del proceso, desde los preparativos para la postulacin del candidato hasta la cam-

paa electoral. El Comit fue presidido por Gonzalo Bautista Castillo quien sigui

en el cargo incluso despus de ser nombrado candidato del PRm al gobierno del

estado. Los dems integrantes eran los representantes de los sectores del partido:

Carlos I. Betancourt, del sector popular; Antonio Nava Castillo, del sector militar;

Aarn Merino Fernndez, del sector agrario; Gustavo Daz Ordaz, del sector laboral,

adems de Fausto M. Ortega, representante de los diputados. En ese comit est

la clave de la gobernabilidad que logr en Puebla el grupo avilacamachista en las

siguientes dcadas: de sus seis integrantes, cinco habran de ser gobernadores del

estado, y el restante, presidente de Mxico (Lomel, 2011: 237).

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21 Esta ha sido una constante en casi todas las entrevistas que hemos realizado

durante el curso de la investigacin tanto en Oriental como en Ixtacamaxtitln,

indagando sobre asuntos referidos a la gestin y disposicin local de bienes y

actividades relevantes para la poblacin entrevistada. 22 Como, por ejemplo, la organizacin del transporte intermunicipal en Ixtaca-

maxtitln a travs de una cooperativa de propietarios de vehculos que se ha

auto-organizado, en disputa con un antiguo monopolio de transporte estatal; y que

cuenta con el apoyo de los habitantes de las mltiples (ms de 200) localidades

del municipio.

lo público ausente en méxico

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