formas fundamentales del proceso penal autor: josé noroño [email protected]
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TEMA 3TEMA 3
FORMAS FUNDAMENTALES FORMAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENALDEL PROCESO PENAL
Diferencias entre el proceso penal Acusatorio
y el proceso Inquisitivo.
Acusatorio InquisitivoEscrito
El Juez no actúa de Oficio (Instancia de partes)
Actúa de Oficio (Sin limites para actuar)
Las partes actúan en contradicción e igualdad
Secreto para las partes durante el sumario
Libertad probatoria
La prueba es tarifada
Permite el Juzgamiento en libertad
La detención preventiva es la regla
Oralidad
La carga de la Prueba le corresponde al Fiscal (Se presume la inocencia
La carga de la Prueba le corresponde al imputado
PRINCIPIOS
RECTORES y
ORIENTADORES DEL PROCESO
PENAL.
v
1.Debido Proceso (Art.1)
2. Ejercicio de la Jurisdicción (Art. 2)
3. Participación Ciudadana (Art. 3)
4. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES (Art. 4)
5. AUTORIDAD DEL JUEZ (Art. 5)
Este articulo fue reformado en la reciente reforma publicada el 04 de septiembre, donde se le adiciono la facultad que tiene el juez en caso de desacato, desobediencia a la autoridad o incumplimiento de la orden judicial, faculta al juez a tomar las medidas y acciones que considere necesarias para hacer respetar y cumplir sus decisiones.
PRINCIPIOS
RECTORES y
ORIENTADORES DEL PROCESO
PENAL.
v
Así mismo, cuando el juez aprecie o considere la comisión de algún hecho punible, está obligado a notificar inmediatamente al Ministerio Publico, a los fines de que inicie las investigaciones.
1. OBLIGACION DE DECIDIR (Art. 6)
2. GARANTIA DEL JUEZ NATURAL (Articulo 7.)
3. GARANTIA DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (Art. 8.)
PRINCIPIOS
RECTORES y
ORIENTADORES
DEL PROCESO
PENAL.
v
9. GARANTIA DE AFIRMACION DE LA LIBERTAD (Art. 9)
10. RESPECTO A LA DIGNIDAD HUMANA (Art. 10)
11.TITULARIDAD DE LA ACCION PENAL (Art. 11)
12. PRINCIPIO DE DEFENSA (Art. 12)
13. FINALIDAD DEL PROCESO (Art. 13)
14. PRINCIPIO DE LA ORALIDAD (Art. 14)
15. PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD (Art. 15)
16. PRINCIPIO DE LA INMEDIACION (Art. 16)
PRINCIPIOS
RECTORES y
ORIENTADORES
DEL PROCESO
PENAL.
v
17. PRINCIPIO CONCENTRACION Y CONTINUIDAD (Art. 17)
18. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN (Art. 18)
19. PRINCIPIO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD (Art. 19)
20. PRINCIPIO DE UNICA PERSECUCION (Art. 20)
21. COSA JUZGADA. (Art. 21)
22. PRINCIPIO DE APRECIACION DE LAS PRUEBAS (Art. 22)
23. GARANTIA DE PROTECCION DE LAS VICTIMAS (Art. 23)
PRINCIPIOS
RECTORES y
ORIENTADORES
DEL PROCESO
PENAL.
v
24. CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art. 26)
JURISPRUDENCIAPresunción de Inocencia (Art. 9)
“La presunción de inocencia es una consecuencia obligada del principio acusatorio que rige el proceso penal. Para que una persona pueda ser condenada tiene que ser previamente acusada, razón por la cual a quien acusa tiene que exigirsele que pruebe su acusación para que el acusado pueda ser condenado; por tanto la actividad probatoria se convierte de esta manera en su elemento esencial con especificas caracteristicas, como lo son:
1.- La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que le sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos.
JURISPRUDENCIA
Afirmación de la libertad (Art. 9)
“… Al respecto, la Sala considera necesario
reiterar que el principio del estado en libertad
deviene de la inviolabilidad del derecho a la
libertad personal. De allí, que toda persona a
quien se le impute la participación en un
hecho punible tiene derecho a permanecer
en libertad durante el proceso, excepto
por las razones determinadas por la ley y
ponderadas por el juez en cada caso en
particular.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del
aseguramiento del imputado durante el
proceso penal, cuando existan fundados
elementos de convicción en su contra
respecto a la comisión de un delito, así como
el temor fundado de que el mismo no se
someterá voluntariamente a la persecución
penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento de la potestad que tiene el Estado para aplicar las medidas restrictivas a la libertad personal en contra del procesado.
En tal sentido, las medidas de coerción
personal sólo podrán ser decretadas con
arreglo a las disposiciones establecidas en el
Código Orgánico Procesal Penal mediante
resolución judicial fundada, susceptible de ser
impugnada en su oportunidad legal, a través
del recurso de apelación, previsto en el
articulo 447 del (Sala Constitucional. sent.
Nro 181, del 09-03-09, ponente Carmen
Zuleta de Merchán. Exp 08-1210)
2.- La actividad probatoria debe ser suficiente, púes para desvirtuar la presunción de inocencia es preciso una mínima actividad probatoria producida por las garantías procesales que de alguna forma pueda entenderse la acusación y de la que se puede deducir, por tanto, la culpabilidad del acusado. 3.- Las pruebas tienen que contener un contenido objetivamente incriminatorio, previo e independiente de su valoración posterior, han de practicarse en el juicio oral y tienen que haber sido obtenidas sin violaciones de derechos fundamentales, esto es, tienen que ser licitas.
3.- Las pruebas tienen que contener un
contenido objetivamente incriminatorio,
previo e independiente de su valoración
posterior, han de practicarse en el juicio
oral y tienen que haber sido obtenidas sin
violaciones de derechos fundamentales,
esto es, tienen que ser licitas. 4.- La
valoración de la prueba practicada es una
potestad exclusiva del organo
jurisdiccional, que éste ejerce libremente
con la sola obligación de razonar el
resultado de dicha valoración; razón por
la cual,
la alzada lo que puede controlar es si habido actividad probatoria que pueda ser considerada tal y, obviamente, si la conclusión alcanzada por el juzgador con base en la cual dicta sentencia, es congruente con la prueba practicada (Sala Constitucional, Sentencia Nro. 1594, 22 de octubre de 2008, Ponente Luisa Estela Morales).
UNICA PERSECUCIÓN (Art. 20)…”Se infiere la imperiosa necesidad de una sentencia con cualidad de cosa juzgada para que sea vulnerado el Principio del no bis in idem…En el caso bajo estudio,
se han obtenido tres sentencias absolutorias producto de juicios orales y ninguna ha sido confirmada por un tribunal superior, es decir, no se ha obtenido tal firmeza de la sentencia, por cuanto adolecían de vicios que ameritaban la declaratoria de nulidad y en consecuencia la realización de un nuevo juicio por un tribunal distintos de igual forma, no cabría la posibilidad de suprimir un principio inmanente al proceso penal, como lo es el principio de la doble instancia… la ley y las interpretaciones de la Sala Constitucional, solo consagran la doble conformidad en los casos recurribles en casación” (Sentencia Nro. 382, Sala de Casación Penal del 23/07/08, ponente Deyanira Nieves)
Como conclusión a los principios expuestos, podemos considerar que todo nuestro proceso penal, está concebido en el resumido principio constitucional del debido proceso el conocimiento por un juez natural, la presunción de inocencia, la celeridad, la oralidad y publicidad, la igualdad entre las partes, y muchos otros valores que como la buena fe para actuar en el mismo garantizan de manera más cabal el cumplimiento de los derechos humanos de los imputados y de las victimas y dotan de mayor eficacia la Acción Jurisdiccional del estado;
pero, “en verdad ellos sólo reiteran
constitucionales, normatividades
internacionales sobre los Derechos
Humanos, o principios legales ya existentes,
que el título preliminar del Código Procesal
consagra con una finalidad puramente
propedéutica y pedagógica, para que los
intérpretes y aplicadores de la norma
procesal, en el momento en que la
exigencia de sus ocupaciones lo imponga
tengan una orientación filosófica y política,
que deviene directamente del texto
constitucional y debe guiar e iluminar toda
la preceptiva procesal”.
TEMA 4TEMA 4
LOS SUJETOS PROCESALES LOS SUJETOS PROCESALES
CONCEPTO
Según Pedro Osman MaldonadoSe entiende como partes en el proceso penal, aquellas personas que ejercen o contra las cuales se ejerce la acción penal y las acciones derivadas del delito imputado.En tal sentido las partes se dividen en partes esencialmente públicas y partes privadas, las cuales surgen en todo tipo de delito que denominamos públicos, porque en los delitos denominamos a instancia de acción privada sólo hay partes privadas. (Derecho Procesal Penal Venezolano. Caracas, 2002, pág 249)
SUJETOS PROCESALES
SUJETOS PRINCIPALE
S
El Juez-Es una persona que está por encima o separado de la relación jurídica entre las partes. Para ser juez se requiere de una categoría general que implica capacidad. Su capacidad lo lleva a formar parte de una organización administrativa que le exige idoneidad, profesionalidad y desarrollo a los fines de mantener su posición como juez y así alcanzar etapas superiores
SUJETOS PRINCIPALE
S
El Fiscal del Ministerio Público
Sería el sujeto principal de la fase
de investigación y pasa a ser
parte fundamental cuando inicia
la pretensión punitiva. Lo cual le
viene dado por mandato
constitucional (Art. 285), es decir,
ejerce el monopolio del ius
puniendi, y es el titular de la
acción penal
SUJETOS PRINCIPALE
S
El investigado o imputado
Es la parte pasiva necesaria frente a quien se ejercita la acción penal y se dirige, en definitiva, el proceso penalsería aquella persona sometida a las investigaciones que se convierte en parte, desde el momento en que es formalmente señalada ante el juez por imputado, por un acto de individualización por parte del Ministerio Publico, como titular de la acción penal.
SUJETOS PRINCIPALE
S
La Victima del delitoEn las sociedades primitivas, el daño sufrido por la victima estaba sujeto a ser reparado por el ofensor o sus familiares. Existían también normas que permitían la venganza. Ahora bien, debemos distinguir lo que son perjudicados, de un delito, de las victimas, pues los mismo no pueden ser considerados como victimas directas, ya que si bien es cierto, que la ocurrencia del delito lo afecta indirectamente, más no lo perjudica directamente, tal seria el caso de un trabajador que el día de pago, unos sujetos penetran en la compañía, y roban la remesa de dinero destinada a pagar la nomina.
El trabajador es perjudicado
momentáneamente pues no puede
recibir su salario, pero
posteriormente la empresa
deberá reponerle el importe del
salario, con lo cual el empleado no
sufre un daño patrimonial directo,
sino que la acción del delito lo
afecto temporalmente.
SUJETOS auxiliares
La participación en el proceso están las secretarias, los auxiliares o asistentes del Tribunal y la Policía de Investigaciones o Policía Judicial llamada a desarrollar las investigaciones pero no es titular de la acción penal. Así los autores consideran a la policía Judicial o Policía de Investigaciones son sujetos del proceso, porque ellos son los que aparecen desarrollando con cierta autonomía o bajo la dirección del Fiscal del Ministerio Público toda la fase preparatoria o de las investigaciones, pero la verdadera cualidad de parte la va a adquirir sólo el Ministerio Público y el Investigado, y la persona ofendida o víctima del delito aparece vinculada con propios derechos al proceso.
EL JUEZPara ser juez se requiere de una categoría general que implica capacidad. Su capacidad lo lleva a formar parte de una organización administrativa que le exige idoneidad, profesionalidad y desarrollo a los fines de mantener su posición como juez y así alcanzar etapas superiores. Finalmente implica también estar sometido a la disciplina administrativa que le exigen sus superiores. En un tribunal mixto, el Juez presidente asume la función de representación del Tribunal e interviene tan igual que el juez unipersonal, como lo dice Fenech “tiene funciones directivas importantes, asume la policía de las sesiones y el ejercicio de la función tutora, disciplinaria, estadística y registral.
Condiciones
Entre las condiciones que debe
tener todo juez está en primer
lugar su capacidad. Se exige que
después del estudio superior y
universitario, sea un individuo
que ejerza su alta función
ajustado al derecho.
La imparcialidad
Implica que el juez no puede tener relaciones con las partes en el proceso, con la parte acusadora, ni con la parte defensora, ni menos aún con los sujetos a que ellos representan, como lo es el imputado y las víctimas. Esa imparcialidad está regulada en el proceso penal para que las partes lo hagan valer (Inhibición y Recusación) a los fines de que ese juez no puede conocer ese proceso, es decir, el juez debe estar ajeno a los intereses tanto de las partes como de los intereses de la víctima, ni a favor ni en contra. Esto implica que el juez es un tercero que se encuentra ubicado en la parte superior de la relación, para poder decidir la controversia o la discusión que se plantea entre el que acusa y el que defiende. Por lo tanto el juez no puede tener ninguna relación que pueda conducirlo a favorecer o perjudicar las partes.
La independenciaSu carácter de ejercer sus funciones con independencia está en relación con la imparcialidad y es una garantía que tiene la ciudadanía. Al juez se le exige una voluntad para actuar, a los fines de que pueda dar por probado los hechos que alegan las partes, que lo haga sin arbitrariedad, sin interferencias, que tenga voluntad para cumplir sus funciones y tomar decisiones. Al respecto observamos que el artículo 5 dispone:” Los jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias y autos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales. Para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y tribunales, las demás autoridades de la República están obligadas a prestarle la colaboración que le requieran.
LA IDONEIDADEste requisito está ligado al requisito de su capacidad, porque implica que la persona debe tener conocimientos técnicos, debe conocer su función de juez. Este juez a su vez se le exige una cierta madurez, en cuanto a sus relaciones humanas y en cuanto a su capacidad mental. Por lo tanto se le exige también a ese juez una conducta honorable, digna, austera, donde demuestra su gran preparación y su deseo de servicio público. Por otra parte la idoneidad implica que como profesional con conocimientos técnicos o especializado en las materias penales.
RECUSACIÓN E INHIBICIÓN
El Código Orgánico Procesal Penal ha establecido las llamadas inhibiciones y recusaciones a los fines de eliminar aquellas relaciones del juez con las partes y con el interés del mismo proceso, para que el juez no se encuentre influenciado de manera alguna. Es un punto común en las legislaciones y las causas son sumamente parecidas. Y así la iniciativa del juez está, en que el mismo debe separarse del proceso, pero también la iniciativa la pueden tomar las partes y en este último caso ya estamos en el campo propiamente de la recusación.
Con relación a este asunto es de considerarse que no basta a un funcionario que ejerce funciones en la administración de justicia, sino que es necesario que en el caso concreto no presenten incompatibilidad alguna de la causa que conocen. Tales incompatibilidades, de manera amplia las dispone la Ley como causal de inhibición y recusación de esos funcionarios y están consagradas en los artículos del 85 al 101 del Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 86 Causales: Los Jueces
Profesionales, Jurados, Escabinos, Fiscales del
Ministerio Público, Secretarios e Intérpretes y
cualesquiera otros funcionarios del poder
judicial, pueden ser causados por las causales
siguientes:
1.-Por el parentesco de consanguinidad o de
afinidad dentro del cuarto y segundo grado
respectivamente, con cualquiera de las partes
o con el representante de alguna de ellas.
2.-Por el parentesco de afinidad del recusado
con el cónyuge de cualquiera de las partes,
hasta el segundo grado inclusive, caso de vivir
el cónyuge que lo acuse, si no está divorciado,
o caso de haber hijos de él con la parte aunque
haya muerto o se encuentre divorciado.
3.-Por ser o haber sido el recusado padre
adoptante o hijo adoptivo de alguna de las
partes.
4.-Por tener cualquiera de las partes amistad
íntima o enemistad manifiesta.
5.-Por tener el recusad, su cónyuge o alguno de
sus afines o parientes consanguíneos, dentro
de los grados requeridos, interés directo en los
resultados del proceso.
6.-Por haber mantenido directa o
indirectamente, sin la presencia de todas las
partes, alguna clase de comunicación con
cualquiera de ellas o de sus abogados, sobre el
asunto sometido a su conocimiento.
7.- Por haber emitido opinión en la
causa con conocimiento de ella, o haber
intervenido como Fiscal, Defensor,
Experto, Intérprete o 8.-Testigo,
siempre que en cualquiera de estos
casos, el recusado se encuentre
desempeñando el cargo del juez.
9.-Cualquiera otra causa, fundad en
motivos graves, que afecte su
imparcialidad.
El Código Orgánico Procesal Penal, establece
que la recusación debe proponerse por escrito
ante el Tribunal que corresponda, hasta el día
hábil anterior al fijado para el debate, salvo
que se tratare de experto o intérpretes en
cuyo caso debe proponerse el día de su
aceptación o el siguiente bajo pena de
caducidad, sin embargo es de observarse que
pudiera tener lugar otra situaciones, así por
ejemplo cuando se trae al proceso un hecho
nuevo que requiere traer al debate elementos
probatorios que no fueron ofrecidos en su
oportunidad,
caso de un testigo, el cual pudiera dar motivos
de presunta parcialidad en el juzgador o en fin
que pudiera producirse una de las causales
del citado artículo 86, sin lugar a dudas el juez
procedería a inhibirse o a ser recusado.
La fijación del día hábil anterior al inicio del
debate como límite es una consecuencia de
que la recusación o la inhibición no detienen el
curso del proceso.
Si la acusación de funda en un motivo que la
haga admisible el recusado debe informar
ante el secretario en el día siguiente,
salvo que se trate del propio juez, en cuyo caso
éste debe extender su informe a continuación
del escrito de recusación inmediatamente o en
el día siguiente.
El funcionario a quien corresponda conocer de
la incidencia se pronunciará sobre la admisión y
practicará las pruebas que los interesados
presenten, dentro de los tres días siguientes a
la fecha en que reciba las actuaciones debiendo
sentenciar al cuarto.
El juez competente para conocer la recusación
varía, si el recusado es un Juez Profesional que
integra un tribunal Unipersonal, corresponde
decidir a la Corte de Apelaciones. Si se trata de
uno o más miembros de la Corte de
Apelaciones debe decidir el Presidente de ese
Órgano, salvo que esté también recusado en
cuyo caso conocerá el otro juez no recusado.
La recusación de los fiscales puede proponerse
ante el Fiscal Superior o ante el Fiscal General
de la República según sea el caso.
QUIENES PUEDEN RECUSAR
Según el artículo 85 del Código Orgánico Procesal Penal: El Ministerio Público, el Imputado o su Defensor y la Víctima.El artículo 87 dispone sobre la Inhibición Obligatoria:“Los Funcionarios a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo 86, deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse.Igualmente los harán si son recusados y estimen procedente la causal invocada. Contra la inhibición no habrá recurso alguno.”
LA SANCIÓN
Dispone el artículo 88 del COPP lo siguiente:
“Si se declara con lugar la recusación con base en lo establecido en el ordinal 6° del artículo 86, el tribunal que la acuerde debe remitir lo pertinente al órgano disciplinario correspondiente, a los fines de que se abra el proceso de destitución del recusado por tal concepto “.Se prevé la sanción en el caso de que declare con lugar la recusación basándose en lo establecido en el ordinal 6° del artículo 86 (por haber mantenido directa o indirectamente, sin la presencia de todas las partes, alguna clase de comunicación con ellas o de sus abogados, sobre el asunto sometido a su conocimiento), en este supuesto observamos que además de la recusación procede la sanción de destitución del funcionario que hubiere incurrido en ella.
LIMITACIONESDispone el articulo 91:“Las partes no podrán intentar más de dos recusaciones en una misma instancia, ni recusar a funcionarios que no estén conociendo de la causa, pero, en todo caso, podrán promover las acciones que estimen conducentes contra el que intervenga con conocimiento de impedimento legítimo.Para los efectos de este artículo, se entenderá por una recusación la que no necesite más de un término de pruebas, aunque comprende varios funcionarios”.Establece el límite de dos recusaciones, refiriéndose al derecho de recusar en dos oportunidades. Ante esta situación vale la pena acotar que esta regulación en algún momento puede resultar lesiva el derecho de la defensa, toda vez que con el nuevo proceso penal en primera instancia conocen tres categorías de Tribunales de “Control, de Juicio y de Ejecución”, cuya actuación está sujeta a que se produzca una sentencia.
PROCEDIMINTO PARA RECUSAR
La recusación se propondrá por escrito ante el Tribunal que corresponde, hasta el día hábil anterior al fijado para el debate. Artículo 93 del Código Orgánico Procesal Penal.Si la recusación se funda en un motivo que la haga admisible el recusado, en el día hábil siguiente, informará ante el secretario.Si el recusado fuere el mismo juez, extenderá su informe a continuación del escrito de recusación. Inmediatamente o en el día siguiente. Establece que la recusación debe proponerse mediante escrito fundado ante el Tribunal de Control o de juicio que está conociendo el asunto.
La recusación o inhibición no detendrán el
curso del proceso, cuyo conocimiento pasará
inmediatamente, mientras se decide la
incidencia a quien se debe sustituir conforme a
la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere
declarada con lugar, el sustituto continuará
conociendo del proceso, y en caso contrario,
pasará los autos al inhibido o recusado.
EFECTOS
La incidencia de recusación o de inhibición de los jueces producirá los efectos previstos en la Ley Orgánica del poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial consagra los efectos de la siguiente manera:1.- Casos en Tribunales Unipersonales: Cuando la recusación o inhibición fuere declarada Con Lugar, el asunto debería ser remitido a otro Tribunal de la localidad de igual categoría y competencia, de no existir otro Tribunal conocerán los suplentes.
2.-En los casos de la Corte de apelaciones
cuando la inhibición o recusación sea declarada
con lugar se convocará al suplente por el orden
de su elección a menos que hubiere en la
localidad otra Sala de igual categoría y
competencia.
3.-Respecto a los escabinos, se procederá a
convocar suplente en el orden de su elección.
LA RECUSACIÓN E INHIBICIÓN DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Su inhibición y recusación se regirá por las disposiciones de este Código y las de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En este sistema el Fiscal es al mismo tiempo accionante e instructor y en esta última función debe observar imparcialidad y objetividad en lo que se refiere a su labor como director de la investigación siempre velando por los derechos de las partes y por el cumplimiento de sus solicitudes y expectativas razonables en la fase preparatoria.Consagra la inhibición y recusación de los Fiscales del Ministerio Público, debiendo remitirnos al artículo 57 y 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece las figuras de la inhibición y recusación.
EL IMPUTADO
Es imputado aquella persona a quien se le
señala como autor o como sospechoso de la
comisión de un hecho punible, como
consecuencia de la práctica de actuaciones
policiales o judiciales. El imputado va a ser la
parte acusada por excelencia que se origina
con el auto de apertura a juicio.
Los derechos del Imputado
De conformidad con el artículo 125 del Código
orgánico Procesal Penal, el imputado tendrá
los siguientes derechos:
1.- Que se le informe de manera específica y
clara acerca de los hechos que se le imputan.
2.- Comunicarse con sus familiares, abogado
de su confianza o asociación de asistencia
jurídica para informar sobre su detención.
Artículo 44 en su N° 2 de la Constitución de la
República.
3.- Ser asistido desde los actos iniciales de la
investigación por un defensor que designe él o
sus parientes y, en su efecto, por un defensor
público de presos.
4.- Ser asistido gratuitamente por un traductor
o intérprete si no comprende o no habla el
idioma castellano.
5.- Pedir al Ministerio Público la práctica de
diligencias de investigación destinadas a
desvirtuar las imputaciones que se le formulen.
6.- Presentarse directamente ante el juez con el
fin de prestar declaración.
7.- Solicitar que se active la investigación y a
conocer su contenido, salvo en los casos en que
alguna parte de ella haya sido declarada
reservada y sólo por el tiempo que esa
declaración se prolongue.
8.- Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privación preventiva de libertad.
9.- Ser impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar y, aún en ese caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento.
10.- No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad personal.
11.- No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su propia voluntad, incluso con su consentimiento.
LA VICTIMA O PERSONA OFENDIDA EN EL DELITO
La persona ofendida por el delito así como otras a
las cuales la Ley da los mismos derechos tiene la
facultad de poderse constituir en parte procesal.
La persona ofendida por el delito es el sujeto
titular de intereses penalmente protegidos, que
vienen comisionados por la comisión del delito
considerado como un hecho o modificación del
mundo exterior, así se le conoce como víctima del
delito.
El Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 119, la víctima se considera
1.- La persona directamente ofendida por el
delito;
2.- El Cónyuge o la persona con quien haga
vida marital por más de dos años, hijo o
padre adoptivo, parientes dentro del cuarto
grado de consaguinidad o segundo de
afinidad y al heredero, en los delitos cuyo
resultado sea la muerte o la incapacidad del
ofendido; y en todo caso, cuando el delito
sea cometido en perjuicio de un incapaz o de
un menor de edad.
3.- Los socios, accionistas o miembros, respecto
de los delitos que afectan a una persona
jurídica, cometidos por quienes la dirigen,
administran o controlan.
4.- Las asociaciones, fundaciones y otros entes,
en los delitos que afectan intereses colectivos o
difusos, siempre que el objeto de la agrupación
se vincule directamente con esos intereses y se
haya constituido con anterioridad a la
perpetración del delito.
Si las víctimas fueron varias deberán actuar por
medio de una sola representación
Derechos de la Víctima
El artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal en la reforma del 2001, establece:1.- Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código; 2.- Ser informada de los resultados del proceso aun cuando no se hubiere intervenido en él;3.- Solicitar medidas de protección, frente a probables atentados en contra suya o de su familia;4.- Podrá adherirse a la acusación del Fiscal o formular una acusación propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte;
5.- Ejercer las acciones civiles para reclamar la
responsabilidad civil proveniente del hecho
punible;
6.- Ser notificada de la resolución del fiscal
que ordena el archivo de los recaudos;
7.- Tiene el derecho de ser oída por el tribunal
antes de la decisión de sobreseimiento o
pone término al proceso o lo suspende
condicionalmente, y
8.- La facultad que tiene para impugnar el
sobreseimiento la sentencia absolutoria.
EL MINISTERIO PÚBLICO
El fiscal en el proceso penal, en representación del Ministerio Público ejerce las funciones de justicia, de vigilante y contralor. El Ministerio Público desde este punto vista es parcial, tal como lo es en el juicio el defensor o el acusador privado, pero también es una parte imparcial tal como pudiera observarse la condición del juez y como estas funciones son las que predomina en el ámbito jurisdiccional, asimismo puede el Fiscal en el proceso penal mantener una función imparcial, porque está revestido de los caracteres de la publicidad y de la objetividad.
Revocatoria y excusas (art. 142)
En cualquier estado del proceso podrá el
imputado revocar el nombramiento de su
defensor.
En caso de muerte, renuncia, o excusa, o bien
porque el nombramiento haya sido revocado,
deberá proceder a nuevo nombramiento dentro
de las veinticuatro horas siguientes, o a la
designación de defensor público.
El nombramiento por el imputado de un
defensor, hace cesar en sus funciones al
defensor público o al defensor de oficio que haya
venido ejerciéndolas.
El nombramiento, por el imputado, de un
subsiguiente defensor, no revoca el anterior
hecho por él, salvo que expresamente manifieste
su voluntad en ese sentido.
Inhabilidades (art. 145 del COPP)
Se mantienen en el Código Orgánico Procesal Penal las
causas que determinan la inhabilidad de los defensores
nombrados por el tribunal, en consecuencia, no pueden
ser designados al efecto:
1° El enemigo manifiesto del imputado;
2° La víctima;
3° Los ascendientes de la víctima, sus descendientes,
su cónyuge, su padre adoptante, su hijo adoptivo, ni
sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad
o segundo de afinidad;
4° El tutor, protutor o curador de la víctima, ni el
donatario, dependiente o heredero de ellos.
AUXILIARES DE LAS PARTESAsistentes no Profesionales
Prevé el Código Orgánico Procesal Penal en el (art. 147
de COPP) de que las partes pueden valerse de
asistentes no profesionales para que colaboren en su
tarea. En este caso, deberán dar a conocer sus datos
personales, expresando que asumen la responsabilidad
por su elección y vigilancia.
Esos asistentes sólo pueden cumplir tareas accesorias y
no pueden sustituir a las personas a quienes asisten en
los actos propios de su función. Se les permite que
asistan a las audiencias pero no pueden intervenir en
ellas.
Las reglas anteriores también rigen para la
participación de los estudiantes que realizan su práctica
jurídica.
Consultores Técnicos (art. 148)
Respecto a estos sujetos procesales dice la exposición de Motivos del Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica que son “colaboradores en la defensa de un interés y por tanto su intervención se limita a asesorar al titular de ese interés sobre cuestiones referentes a su conocimiento específico, para la mejor defensa de ese interés. El consultor técnico podrá presenciar las experticias. En las audiencias podrán acompañar a la parte con quien colaboran y auxiliarla en los actos propios de su función.Cada parte sólo tiene derecho a nombrar un consultor técnico, por tanto el Ministerio Público también puede nombrar directamente a su consultor técnico.
Fin de la presentación