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Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables
PANELCONTRA LA TRATA DE PERSONAS
12 de junio de 2013Patio del Congreso del Estado de Guanajuato
Panel Contra la Trata de Personas
(Dossier)
12 de Junio de 2013Instituto de Investigaciones Legislativas
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Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables
PANELCONTRA LA TRATA DE PERSONAS
12 de junio de 2013Patio del Congreso del Estado de Guanajuato
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Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables
PANELCONTRA LA TRATA DE PERSONAS
12 de junio de 2013Patio del Congreso del Estado de Guanajuato
Panel Contra la Trata de Personas
12 de Junio de 2013
8:30 horas
Patio del Congreso del Estado
08:55 HRS. MAESTRO DE CEREMONIAS (Palabras de bienvenida)2
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables
PANELCONTRA LA TRATA DE PERSONAS
12 de junio de 2013Patio del Congreso del Estado de Guanajuato
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Prevenir y erradicar la trata de personas es una tarea de todos.
Por ello, con el objeto de escuchar a expertos en la materia, la Sexagésima
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, a través de la
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se
complace en darles la más cordial de las bienvenidas a este Panel Contra la Trata de Personas.
Evento que da continuidad a los trabajos que ha venido desarrollando la
Comisión, a fin de crear una ley que establezca las bases en materia de
prevención, atención y erradicación de la trata de personas, así como la
asistencia y protección que las autoridades correspondientes deberán
proporcionar a quienes sean víctimas o posibles víctimas u ofendidos de
este tipo de conductas, conforme a lo que dispone la legislación del Estado.
A continuación, presentaré a las personalidades que nos distinguen con su
presencia:
El Presidente del Congreso del Estado de Guanajuato,
DIPUTADO FRANCISCO FLORES SOLANO.Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables:
Presidente;
DIPUTADO FELIPE DE JESÚS OROZCO GARCÍA.3
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Secretaria;
DIPUTADA MA. GUADALUPE TORRES REA.Los vocales;
DIPUTADO JUAN JOSÉ GARCÍA LÓPEZ.DIPUTADO JAVIER GONZÁLEZ SAAVEDRA.DIPUTADO RENÉ CARMONA GÓMEZ.
Como panelistas:
La Presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de Personas del
Senado de la República,
SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ.
Titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM y
Director del CEIDAS, A.C.,
MAESTRO MARIO LUIS FUENTES ALCALÁ.
El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato,
LICENCIADO GUSTAVO RODRÍGUEZ JUNQUERA.
Del Poder Judicial del Estado,
MAGISTRADO VÍCTOR FEDERICO PÉREZ HERNÁNDEZ.
El Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, de la Secretaría de
Gobierno,
LICENCIADO TOMÁS LÓPEZ MARTÍNEZ.
Subprocurador de Investigación Especializada, de la Procuraduría de
Justicia del Estado,
LICENCIADO CÉSAR AUGUSTO GASCA TOLEDO.
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Director de Investigación y de Comunicación del Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C.,
DOCTOR SAÚL ARELLANO ALMANZA.
Así como el Director del Instituto de Investigaciones Legislativas del
Congreso del Estado y moderador de este Panel;
DOCTOR CARLOS TORRES RAMÍREZ.
Agradecemos también la presencia de las diputadas y los diputados de la
Sexagésima Segunda Legislatura local que nos acompañan.
Así mismo, agradecemos la presencia de los representantes de autoridades
federales, estatales y municipales, así como de organizaciones de la
sociedad civil, maestros y alumnos, señoras y señores, medios de
comunicación que nos acompañan.
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09:00 HRS. MAESTRO DE CEREMONIASEn primer término escuchemos un mensaje de bienvenida a cargo del
Presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, DIPUTADO FRANCISCO FLORES SOLANO.
MUY BUENOS DIAS TENGAN TODAS Y TODOS USTEDES:Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables: Saludo con mucho afecto desde luego al Presidente de la Comisión:
Diputado Felipe de Jesús Orozco García
Secretaria Ma. Guadalupe Torres Rea;
Vocales: Diputados Juan José García López; Javier González Saavedra; y,
René Carmona Gómez.
Compañeras y compañeros diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado; que nos acompañan.
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Distinguidos panelistas, destacados conocedores de la problemática: trata de personas.
Representantes de los medios de comunicación;
Señoras y Señores
La trata de personas es no sólo una consecuencia de la migración, sino un delito
de explotación sexual o laboral, especialmente de mujeres, adolescentes y
menores de edad, no exclusivo de un lugar o de una nación. En suma, es un
problema global de nuestro tiempo; que implica para los gobiernos en las distintas
latitudes y órdenes junto con la participación de la sociedad, formular,
implementar, ejecutar y evaluar políticas públicas transnacionales del mismo
“calibre” para responder a la gravedad de esta situación: a la violación de los
derechos fundamentales de las personas que han impactado sustancialmente, no
sólo en las víctimas directas, sino también en nuestras familias, las comunidades y
la sociedad en general.
México, no ha sido ajeno e indiferente a los esfuerzos de la comunidad
internacional para enfrentar el grave fenómeno delictivo que representa la trata de
personas, al suscribir y ratificar el Protocolo de Palermo, a partir del año 2007.
Nuestro país, se ha dado a la tarea de armonizar el marco jurídico; así lo confirma,
la LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, que mandata en el
Artículo Décimo Transitorio, que a la letra dice: “Los Congresos de los Estados
y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán a hacer las
reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar
en lo conducente a la presente Ley.”
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En este contexto y compartiendo este corte de miras, a nombre de mis
compañeras y compañeros diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, agradezco de manera sincera, la
presencia de nuestros panelistas Senadora Adriana Dávila Fernández; Maestro
Mario Luis Fuentes Alcalá; Licenciado Gustavo Rodríguez Junquera; Magistrado
Víctor Federico Pérez Hernández; Licenciado Tomás López Martínez; Licenciado
César Augusto Gasca Toledo; y, Doctor Saúl Arellano, quienes con su
participación en estos dos paneles despertarán inquietudes, saldarán dudas y
darán respuestas a muchas preguntas de nuestro auditorio. Pero sobre todo,
contribuirán con sus propuestas a enriquecer la Iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato,
radicada en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables
de esta Sexagésima Segunda Legislatura y, consecuentemente, a la
armonización de nuestro marco jurídico
¡Bienvenidos señoras y señores panelistas! Y bienvenidos sean todas y todos
ustedes, a esta casa del pueblo. ¡Enhorabuena! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias!
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09:05 HRS. MAESTRO DE CEREMONIASAgradecemos su mensaje Diputado.
Enseguida, hará uso de la palabra con un mensaje inaugural, el presidente
de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del
Congreso del Estado, DIPUTADO FELIPE DE JESÚS OROZCO GARCÍA.
“Legislar en esta materia resulta prioritario, ya que el bienestar social supone que el poder
público debe hacer todo lo necesario para que de manera paulatina sean superadas la
desigualdad, la pobreza la discriminación y todos aquellos rezagos que vulneren a nuestra
sociedad”.
Muy buenos días. Diputado Francisco Flores Solano, Presidente del Congreso del
Estado.
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Compañeros legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables.
Distinguidos especialistas que hoy nos honran con su presencia.
Respetables panelistas.
Público en general que hoy nos acompaña.
Apreciados representantes de los medios de comunicación de nuestro Estado.
Sean ustedes bienvenidos a esta su casa.
Sin duda, hablar de este tema es reconocer las carencias que en materia de
derechos humanos presenta nuestra entidad.
Es por eso que los diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura
del Congreso del Estado, hemos sido sensibles a las necesidades sociales,
Por lo tanto, nos hemos dado a la tarea de legislar con sentido humano y
perspectiva de género.
Esto con el genuino interés de garantizar el equilibrio y bienestar social de los
guanajuatenses, recoger los comentarios y análisis de los expertos en esta
materia, permitirá abonar a la iniciativa que se trabaja en el seno de la Comisión
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
También servirá para generar un proceso de concientización que contribuirá a la
definición de la agenda pública de nuestro estado.
Siendo así este proceso de participación ciudadana un eslabón fundamental en
nuestra labor como legisladores.
Sin lugar a duda, el panel que celebramos el día de hoy aportará ideas para la
realización de estrategias concretas y políticas públicas en el ámbito estatal y
municipal.
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Además se elaborará una norma jurídica de estándares internacionales que
constituirá una guía fundamental hacia la definición de la política social en nuestro
estado.
Es prioritario concientizar a los guanajuatenses acerca de las violaciones a los
derechos humanos en el contexto de la trata de personas.
Además, definir cómo desarrollar mecanismos para combatir la trata desde una
perspectiva ciudadana.
Es tarea de todos combatir, erradicar y denunciar este lamentable delito, juntos,
sociedad, gobierno y medios de comunicación lograremos construir un Guanajuato
mejor.
Con esta nueva ley que tendrá como genuino antecedente el análisis, el estudio
acucioso y el sustento metodológico que la materia demanda al contar, como
ahora ocurre, con la destacada y muy generosa participación de los expertos
panelistas.
Seguiremos trabajando para garantizar los derechos humanos y libertades para
alcanzar una paz con justicia verdadera.
Expuesto lo anterior, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del día
doce de junio del año dos mil trece, a nombre y representación de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, declaro
respetuosamente inaugurados los trabajos correspondientes al Panel sobre la
Iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el
Estado de Guanajuato. A todos ustedes
Muchas gracias.
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09:10 HRS. MAESTRO DE CEREMONIASMuchas gracias por su mensaje Diputado.
Ahora, atendamos un mensaje en voz del DIPUTADO JAVIER GONZÁLEZ SAAVEDRA.
MUY BUENOS DÍAS TENGAN TODAS Y TODOS USTEDES:
Honorable Presídium:
Es un gusto para mí que estemos hoy reunidos, con motivo de la celebración del
panel auspiciado por La Comisión de Derechos
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Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, en este Congreso del Estado de
Guanajuato, en el marco de los trabajos, análisis de la iniciativa de Ley para
Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato.
La comunidad política como ente social constituido por seres racionales y libres en
sus designios individuales, está expuesta constantemente a que se actualicen una
serie de conductas nocivas propias de la imperfección humana.
Es por ello, que a través de su órgano típico, el Estado cumple con la misión de
legislar y crear el instrumento jurídico necesario y adecuado para la vida armónica
y ordenada de su sociedad.
La presencia de conductas que pudieran pensarse como anacrónicas, superadas
y erradicadas en el pasado, en el entorno social, en virtud del desarrollo de las
naciones y el cultivo a los derechos humanos; siguen lastimando al ser humano.
De ahí, que para poder contribuir a su combate y erradicación; resulta
indispensable y necesario mejorar los instrumentos legales, como también los
mecanismos que velan en la actualidad por la protección de los derechos
fundamentales de las personas en la materia.
En este sentido, uno de los tópicos a tratar en el primer módulo es el del análisis
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en vigor a partir del 15 de junio de 2012.
Temas como el del tratamiento y atención integral de los delitos en materia de
trata de personas; los principios básicos para la interpretación, aplicación y
definición de todas las acciones que establece la ley para su cumplimiento; la
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competencia, facultades y necesaria coordinación de los distintos órdenes de
gobierno para su debida implementación; la clasificación de los delitos en materia
de trata de personas; el de resarcimiento o reparación del daño; las técnicas de
investigación y sus metas; la tutela y asistencia de víctimas, ofendidos y testigos
de los delitos, así como sus diversas formas y mecanismos de protección, entre
otros, son tan solo algunos de ellos que darán curso a la discusión, con miras de ir
sumando elementos y criterios diversos para las consideraciones y deliberaciones
a que deberá sujetarse nuestra legislación, en función de la iniciativa presentada.
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, reiteramos al pueblo de Guanajuato nuestro compromiso para seguir
trabajando en la creación de leyes, que como la que ahora nos ocupa, permitan
exterminar las conductas que inciden en la trata de personas y fortalezcan nuestro
estado de derecho.
Estoy cierto de que las aportaciones resultado del panel, significativamente se
sumarán al trabajo de los integrantes de nuestra Comisión; y coadyuvarán a
enriquecer sin lugar a dudas el trabajo legislativo. Es por ello que me permito con
este motivo, agradecer la participación desinteresada de nuestros panelistas,
como también al público asistente por su presencia.
Muchas gracias.
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09:15 HRS. MAESTRO DE CEREMONIAS
Agradecemos su mensaje Diputado.
A continuación, para dirigirnos un mensaje, tiene el uso de la palabra el
DIPUTADO RENÉ CARMONA GÓMEZ.
Muy buenos días a todas y todos
Señoras y señores:
Para los diputados de esta sexagésima segunda legislatura, resulta de vital
importancia abocarnos a legislar sobre temas sociales que laceran los derechos
fundamentales de la sociedad. Legislar contra aquellas conductas que resulten de
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toda suerte atentatorias a los derechos humanos, aquellos más caros para los
seres humanos.
Someter, conducir, obligar y no permitir conducirse con libertad son sin duda
conductas o acciones del o de los individuos nacionales o del entorno
internacional que deben ser atajadas y combatidas de manera interdisciplinar.
Es verdad que en México, el Poder Legislativo y el Ejecutivo merced a la
legislación federal, busca combatir una de las prácticas en contra del ser humano
más deleznables, como lo es la llamada trata de personas. En nuestra entidad a
través del Código Penal en el Título Segundo, Capítulo V de los artículos 179 A, a
179 C, se contempla como tipo penal, es decir, se tipifica y sanciona ese tipo de
conductas de trata de personas.
Sin embargo, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, en atención a la iniciativa de Ley que sobre el tema de trata
de personas presentó el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos convencidos que aún falta por hacer, por regular. Que falta marco
normativo para que la autoridad pueda contar con instrumentos jurídicos de
manera que se pueda de manera frontal atajar la práctica de conductas
atentatorias en contra de los derechos fundamentales del hombre.
Se tiene información de que cada año en México miles de personas son víctimas
de esa nueva forma de esclavitud que es la trata de personas como ya se ha dicho
aquí. Este hecho significa una gran amenaza para la paz, armonía social y la
convivencia entre las familias.
Nuestra misión es legislar en esta materia de manera eficaz, por ello es que
hemos acordado en el seno de la Comisión de Derechos Humanos y Atención 16
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a Grupos Vulnerables, salir a consultar a la sociedad, a los enterados y a los
expertos en la problemática y práctica de este tipo de delito que es la trata de
personas. Foros y Paneles son una inmejorable oportunidad para que se cuente
con la información más efectiva que nos permita asumir nuestro compromiso
legislativo de construir un adecuado andamiaje legislativo es decir la mejor norma.
Por ello, es que hemos convocado a la realización de este importantísimo Panel
de expertos para que pongan al debate la información, los conocimientos e
investigaciones sobre el tema de la trata de personas, que vengan a enriquecer
nuestro criterio legislativo.
Por anticipado les expresamos nuestro reconocimiento por la dedicación que han
mostrado en el estudio de estas formas de explotación de la persona, que se
encuentra extendida por todo el mundo.
Empero también para conocer la opinión de ustedes sobre los alcances y
extensión de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, es decir, el análisis de la misma; así como para conocer sus
comentarios en torno a la iniciativa que ahora se encuentra en trámite
parlamentario. En tal iniciativa hemos dejado de lado prácticamente el aspecto
penalístico del delito, dado que ese ya se aborda en el Código Penal. Planteamos
realmente que la Ley tiene por objeto establecer las bases en materia de
prevención, atención y erradicación de la trata de personas, así como proporcionar
la asistencia y protección que las autoridades deberán en su caso proporcionar a
quienes son víctimas u ofendidos de ese tipo de conductas.
Refrendamos nuestro compromiso con el pueblo de Guanajuato, de que
trascurrido el proceso legislativo, Guanajuato contará con un instrumento
normativo que se sumará a los ya existentes y que será parte de toda la estructura
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legal, que se dispone para el combate y erradicación de esa descarnada práctica
de la trata de personas en nuestra entidad. Por su atención muchas Gracias.
09:20 HRS. MAESTRO DE CEREMONIASEn este momento, a fin de que funja como moderador de este evento,
cedemos el uso de la palabra al Director del Instituto de Investigaciones
Legislativas del Congreso del Estado;
MÓDULO I
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DOCTOR CARLOS TORRES RAMÍREZ.
Buen día tengan todas y todos ustedes.
Como ya se ha informado, este Panel está enmarcado dentro de los
trabajos de consulta de conocimiento y de acopio de información que lleva a
cabo la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del
Congreso del Estado en esta Sexagésima Segunda Legislatura.
En virtud de que se encuentra en proceso de dictaminación la iniciativa de
Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en función a
que ésta fue presentada, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, misma que ahora se encuentra en trámite parlamentario.
No vamos a generar ya ningún pronunciamiento en este tema, dado que ha
sido ampliamente abordado por los intervinientes que han discurrido con
toda propiedad y profundidad sobre este tema, en cuanto a la visualización
del problema en comento y que se encuentra precisamente ahí en el seno
de la comisión.
Por lo tanto voy a dar paso ya sin mayor preámbulo y trámite a la
realización de este panel, en la oportunidad de que se enmarca bajo la
organización y estructura de un modelo diverso a otros que hemos llevado
aquí.
Este panel está dividido en dos módulos:
Un primer módulo en el que participa la Senadora Adriana Dávila
Fernández y el Doctor Mario Luis Fuentes, que tiene como propósito el
análisis, la reflexión sobre los alcances y términos de la Ley General Para
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Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas: y, un segundo módulo luego después de un receso, mismo que
tiene que ver sobre la expresión de opinión en términos a la iniciativa de
Ley que ahora se anuncia, así como los retos que representan y que se dan
en materia de prevención.
Sin mayor preámbulo, me permito presentar ante ustedes en su carácter de
panelista al connotado Maestro Mario Luis Fuentes Alcalá:
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Es Director General del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y
Asistencia Social, A.C. mejor conocido para todos nosotros como el (CEIDAS).
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es Miembro de la Junta
de Gobierno; Investigador de tiempo completo del Programa Universitario de
Estudios del Desarrollo (PUED); Coordinador y Profesor de la Especialización en
Desarrollo Social, del Posgrado de la Facultad de Economía; Destacadamente y
es un aspecto de gran importancia Titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de
Personas” y Profesor en el Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales.
Además es también miembro permanente del Consejo Consultivo de UNICEF; y
Presidente del Comité de Educación y Valores de Fundación Acir.
Presidente del Consejo Editorial de la Revista México Social
www.mexicosocial.org; y columnista semanal en el periódico Excélsior así como
comentarista para Grupo Imagen Radio.
Quiero señalar que al término de las intervenciones de cada uno de los panelistas,
que tendrán hasta veinte minutos en una primera ronda, y luego una segunda de
hasta cinco minutos, para si desean formular conclusiones; se abrirá un espacio
de preguntas a los panelistas, y rogaría encarecidamente al público que nos
acompaña que si tuviese alguna pregunta la realizarán de manera directa al
panelista que ustedes deseen.
En esas condiciones cedo el uso de la palabra al Maestro Mario Luis Fuentes Alcalá. Muchas gracias maestro por su participación de manera anticipada.
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Muy buenos días. Muchísimas gracias al Congreso y a todos sus diputados y su
presidente la invitación de estar en este importante panel.
Saludo con afecto como siempre a la Senadora Adriana Dávila Presidente de la
Comisión de Trata del Senado.
Permítanme iniciar la reflexión, subrayando su importancia, en sí mismo que se
haya reunido en este patio, en la sede del Congreso en esta maravillosa sede del
Congreso, uno de los poderes, a fin de reflexionar y dimensionar la magnitud del
crimen social que tenemos que enfrentar, es sencilla y relevante.
Si algo no puede aceptarse es una mirada omisa, una incapacidad de señalar y
subrayar que en todo el país, en todas las entidades, el crimen de trata de
personas sigue siendo básicamente un crimen impune, invisible, del cual no se ha
logrado hacer lo suficientemente necesario para enfrentarlo.
En ese sentido, Guanajuato sin duda también tiene, esa enorme responsabilidad.
La responsabilidad de saberse que no sólo no tiene una ley respectiva, sino que
tampoco se está haciendo lo suficiente para evitar que el crimen se siga dando en
todas sus ciudades, en toda su extensión territorial.
Yo estoy convencido de que es un crimen nacional que sin duda tiene muchos
elementos que lo impulsan. En ese sentido, por eso es la complejidad, la enorme
complejidad de establecer un marco legislativo que logre evitar que haya más
víctimas de este crimen. Es decir, su prevención.
Segundo, una ley que logre rescatar, proteger y reintegrar a las víctimas de este
crimen y tercero perseguir, sancionar, castigar a quienes cometen este crimen.
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De eso se trata la Ley de Trata; y, en ese sentido vale la pena hacer una reflexión
sobre cuáles son los factores que hacen que un niño, una niña, un joven, sea
víctima de trata; qué hace a alguien tan vulnerable que pueda ser enganchado, sí
por la fuerza, como sucede, pero sobre todo por el engaño, la seducción, el
enamoramiento.
Los testimonios que tenemos de víctimas, nos hacen tener una enorme atención
que el principal o uno de los principales instrumentos para enganchar a una
víctima, es el engaño y el enamoramiento.
Es decir, no es la fuerza física que de alguna manera podría explicar gran parte de
este crimen, es la vulnerabilidad en niños y niñas, adolescentes que por su grado
de abandono, su grado de ausencia de círculos de protección, llámese familias,
entornos escolares, comunidades, pueden ser enganchados, seducidos,
enamorados para que sean llevados a otro lugar para su abuso, su explotación.
Esto nos habla de la profunda dimensión de fragilidad que tienen las víctimas de
trata de personas, por eso no hay que perder de vista, que enfrentar el crimen sí
requiere de una Ley General o una Ley Local de trata, pero sobre todo, requiere
un esfuerzo integral de todos los instrumentos del estado para generar
capacidades, fortalezas, desarrollo de personalidades para que estos jóvenes no
puedan ser enganchados.
Es decir, sería un error, un gravísimo error del estado mexicano, o de los
congresos o de los ejecutivos estatales, pensar que es un crimen que se combate
sólo con la ley. Se combate con el esfuerzo decidido de toda la política social, de
toda la política pública.
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Atrás de las víctimas de trata, lo que tenemos es una serie de determinantes
sociales que ustedes sin duda tienen claramente diagnosticados en estos
términos: todavía falta cobertura, educación media superior, de la enorme realidad
de un crecimiento en la deserción escolar en secundaria, quince años que es una
edad crítica, la enorme realidad de falta de oportunidades de empleo, de la falta de
círculos de protección a los jóvenes, de la realidad de la pobreza, la desigualdad,
la discriminación; atrás de las víctimas de trata, está la desigualdad, la pobreza, la
exclusión, la discriminación, factores que incrementan la vulnerabilidad y que hace
permisible que otros, vía enamoramiento, vía engaño, vía la fuerza, atrapen,
tomen a un ser humano para ser vendidos, para ser explotados sexual y
laboralmente.
Es decir, yo creo que el legislador tiene que estar consciente que implica una
revisión de todos los determinantes sociales, de los crímenes que generan esta
violencia extrema.
Para mí, la trata es la violencia extrema, porque implica todas las violencias
posibles que puede vivir un ser humano, es decir, la pobreza, la desigualdad, la
discriminación, pero también la violencia intrafamiliar, la violencia que se da en los
entornos públicos, sea la escuela, sea la calle.
En ese sentido, si combatimos la trata, combatimos todas las violencias, y por eso
la enorme complejidad de los legisladores de pensar en el esfuerzo que se
requiere para alinear todas las leyes concurrentes. No sólo la ley de asistencia
social que enmarca la protección o asistencia, reintegración de las víctimas de
otras violencias, sino todas las demás que tienen que ser concurrentes.
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En ese sentido es fundamental que el legislador tenga conciencia, a mi juicio, de
que atrás de la vulnerabilidad de las víctimas está el entorno social, las carencias
que tiene la propuesta de política pública que hoy se vive en el país.
Por otra parte, para hacer más compleja y difícil la labor que tienen ustedes, está
si podemos encontrar una manera de explicar porque hay niños y niñas que son
enganchados a través del internet, a través del enamoramiento, o que son
forzados a trasladarse a ciudades con altos riesgos para buscar empleo o buscar
una oportunidad educativa.
Esta es la otra dimensión a que debe estar atento también el legislador, ¿Qué
explica? Qué puede explicar que haya individuos que tienen la capacidad, por la
fuerza, por su ingreso, de comprar un ser humano.
Qué puede explicar alguien que sea capaz de someter a un niño, una niña, para
su explotación sexual y abuso constante, para su venta. Qué puede explicar esta
omisión brutal que tenemos en nuestro país, de tener niños y niñas en las
servidumbres domésticas, sujetos a la explotación sexual y laboral.
Es decir, la demanda para hablar en términos de una manera de pensar, lo social,
lo económico, es una demanda que no ceja, que no cede, que se expande.
Muchas veces aquí mismo me preguntan por qué sostengo que el crimen de la
trata de personas crece en el país; y yo les decía en esta entidad, en esta
poderosa y emblemática entidad del país, es cuestión de lo que ustedes ven, la
enorme proliferación de antros y table dance y espacios, los cuales están
creciendo brutalmente en las afueras, en los interiores de la ciudad, en los que
seguramente si hubiera ahí una revisión de las autoridades competentes,
podríamos encontrar que tenemos niños y niñas ahí que han sido llevado a una
explotación sexual o laboral.
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Es cuestión de pensar en los niños jornaleros, aquellos niños que están en los
campos agrícolas recogiendo y que se les paga por destajo, es decir, por las
canastas o huacales que llenan, eso es trata, eso es explotación laboral.
En ese sentido, insisto, en la medida que la pobreza no ceje, en la medida que la
desigualdad se expande, en la medida que la exclusión sigue creciendo por la falta
de oportunidades educativas, habrá cada vez más posibles víctimas de trata y de
todas las violencias.
Pero por otra parte, está la enorme complejidad de explicar el por qué, en una
cultura en la cual todo se convierte en mercancía, hay una demanda creciente de
seres humanos, y hablo de niños y niñas, jóvenes principalmente de ambos sexos,
hombres y mujeres que son llevados a la explotación sexual y laboral.
De esto se trata lo que ustedes están hoy pensando en términos de realmente
reflexionar de cómo poder articular una ley local que responda a los marcos
generales que establece la república.
El marco legislativo nacional tiene por otra parte sus otras complejidades. A partir
del año 2000, 2001, hay una noción, una conciencia del mundo de que es un
crimen mundial la trata de personas, la Convención de Palermo citada por algunos
diputados establece la enorme realidad de que en el mundo por las migraciones,
por la enorme interconexión, globalización, hay una enorme cantidad de seres
humanos obligados a transitar a otros países y son atrapados para ser explotados
sexual y laboralmente.
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El mundo decide generar un movimiento global, mundial para poder enfrentar un
crimen: la esclavitud del siglo XXI decíamos entonces. Se les advirtió una manera
de expresar este crimen de todos los crímenes.
A partir de 2001, el país entra en un proceso de reconocimiento, de reflexión,
sobre si en México existía la trata de personas y claro que la había, hablábamos
entonces de explotación sexual infantil, hablábamos de lenocinio, de mujeres que
son forzadas a venderse, es decir, una serie de crímenes que estaban tipificados
en los distintos códigos penales que sin duda hablaban de la enorme
preeminencia.
Pero, un país con la enorme pobreza que tenemos, con los flujos migratorios al
interior y al exterior, un país con esta profunda desigualdad, profunda incapacidad
de dar garantía de derechos a todos, obviamente es un país permisivo para lo que
llamábamos a partir del siglo XXI trata de personas.
En ese sentido, después de largos esfuerzos de hacer visible, y por eso subrayó la
importancia que tienen eventos como éste de visibilizar el crimen, en julio de 2007,
noviembre de 2007, se emite la primera ley para prevenir, para proteger a las
víctimas, para sancionar, para promover la participación.
A partir de 2007 empieza un proceso expansivo en el país y se construyen leyes
locales para poder expresar la ley de trata que teníamos a nivel federal.
A partir de ese momento se construyen instituciones más específicas. El ejecutivo
federal decide que a la Fiscalía Especial de Violencia de la Mujer, se le adicione el
tema de trata, fue un enorme error conceptual, la trata no sólo es de mujeres, la
trata implica todos los géneros. Entonces hay un error de diseño desde el principio
en la construcción de la institucionalidad.
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A partir de entonces se va a generar un proceso, incluso mundial, hay una
campaña que se conoce: “Corazón Azul”, de Naciones Unidas para visibilizar, para
tratar de promover que se reconozca la enorme virulencia de este crimen.
Durante cuatro años, 2007 – 2011, no sólo se construye una institución, se emite
un programa nacional contra la trata y se genera una movilización encauzada por
distintas organizaciones.
El gobierno de Estados Unidos a partir de 2002, establece un instrumento muy
poderoso a nivel global. Establece un informe mundial sobre el estado del
combate a la trata en cada una de las naciones del mundo. Establece una
categorización, y cada año establece cuál es el grado de avance en cada uno de
los países del mundo, y nuestro país sigue siendo señalado como un país que no
hace todavía lo suficiente para enfrentar el crimen.
Pese a que tenemos una ley, pese a que hay una fiscalía, pese a que hay
ordenamientos locales y pese, porque finalmente es una de las realidades que
vivimos en nuestro país, a leyes que no construyen instituciones suficientemente
capaces de cumplir el marco legislativo; instituciones que no cuentan con los
recursos no sólo presupuestales sino los instrumentos de coordinación y de acción
suficientes. Es lo que en términos de Naciones Unidas se llama una profunda
crisis de estatalidad. Un Estado que no puede cumplir las leyes que se da a sí
mismo, la trata de personas es emblemático de un Estado que es incapaz de
cumplir la ley, la ley que se estableció para sí mismo.
En este proceso hay dos indicadores fundamentales para poder explicar o tratar
de dar una dimensión de avance en la lucha contra la trata. Número de víctimas
rescatadas y reintegradas, y número de sanciones, o sea, criminales que fueron
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castigados por el crimen de trata; en ambos casos los indicadores demuestran las
enormes limitaciones de la estructura institucional para enfrentar el crimen.
La enorme realidad de uno de los temas más complejos que tenemos enfrente
como política pública. Cómo construir una cultura de denuncia, de indignación que
logre realmente una enorme intolerancia a todas las violencias. Cómo enfrentar
una cultura sexista, machista que sigue discriminando estereotipando y en función
de la vestimenta o del género, establece una actitud que agrede sobre todo a las
mujeres.
Atrás del crimen de trata está también una cultura de alta impunidad, la cifra
negra, la verdad es un país que no denuncia, por distintas razones que no quisiera
agregar en este caso.
En ese sentido, yo quisiera subrayar, bienvenida la ley general, la nueva que se
volvió a revisar en 2012, y bienvenidas las reformas que se puedan hacer a esta
ley, pero no será suficiente si no se logra que el legislador y el ejecutivo doten de
recursos e instrumentos públicos para cumplir esa ley; es decir, no basta
solamente una ley con la técnica o perfección jurídica, se requiere realmente la
construcción de una política pública.
En este proceso, en el que está nuestro país, en el informe de Estados Unidos de
la Oficina contra la Trata que establece que es un país que no hace lo suficiente,
está ahora en un proceso, yo diría de una enorme complejidad para usar un
adjetivo neutro.
Tenemos abrogada la ley del 2007, en julio de 2012, hace un año, se promulgó
una nueva ley de trata de personas, una nueva ley contenida en 126 artículos, o
sea una ley muy amplia, en esta enorme complejidad que los legisladores
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federales, muchas veces reglamentan dentro de la ley para tratar de asegurarse
algunos principios, y esta ley general marcaba como marcan todas las leyes que
estableciera un reglamento, el ejecutivo federal, el presidente Calderón y el
presidente Peña han sido omisos en promulgar el reglamento que mandaba la ley.
En tal sentido, los jueces, los magistrados, las estructuras, hoy tenemos una
situación muy anómala una ley general que es vigente, que es ley, pero sin
reglamento, una estructura adicional débil, sin recursos. En el presupuesto de
2013 no se asignaron los recursos, entre la realidad del cambio de gobierno
sexenal, entre la realidad de que no había un plan, un reglamento, en la realidad
de que el programa nacional de trata emitido por la administración anterior nunca
logró articular la acción gubernamental.
La ley 2007 como la de 2012 establece la integración de una comisión
intersecretarial, la necesidad de que todo el gobierno en su conjunto actúe con
crímenes de esta complejidad.
En ese sentido, me faltan tres minutos y voy a la mitad. Le voy a pedir al
moderador si me permite cinco. En ese sentido, la comisión intersecretarial que se
tenía en la administración federal pasada, que tuvo sesiones y reuniones y que
nuevamente no logró resolver el gran tema de la coordinación, entre las
dependencias federales.
Otra omisión es que la comisión intersecretarial del gobierno federal actual, no ha
sido instalada, como tal el instrumento de articulación y política pública no está en
sí puesto en marcha para poder operar, en esa realidad también una enorme
omisión; por eso resalto la importancia de este panel en términos de enfrentar
todas las complejidades no sólo legislativas, porque yo entiendo el compromiso de
los legisladores de Guanajuato, en términos de que no se trata el simple hecho de
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emitir una ley, se trata de construir una política pública que prevenga, proteja y
persiga el crimen.
La ley específica son instrumentos de construcción de Estado, de institucionalidad,
y si no hay esa convicción nos vamos a quedar cortos.
En ese sentido, hoy, al día de hoy, por una parte tenemos el esfuerzo que están
haciendo las comisiones de trata en cámaras de diputados y senadores de revisar
la ley vigente.
Yo sigo insistiendo que mientras el legislador revise, lo que necesitamos darle
operatividad a lo que tenga de la ley, que es ley, que puede estar un decreto y que
urge su reglamento, y urge su comisión intersecretarial, y urge establecer
lineamientos, porque no puedo entender cómo van asignar recursos.
El presupuesto 2014, en este espacio, yo llamo de definición jurídica, y no soy
abogado, a raíz de eso, la cátedra extraordinaria de trata de la UNAM, un espacio
que el Doctor Narro estableció para que la UNAM construya un instrumento de
reflexión de esta complejidad, junto con el ministro José Raúl Cossío,
recientemente hicimos una reunión de expertos, cómo poder procesar una ley
general que no tiene reglamento, que no tiene programa nacional y que por otra
parte mandata que los congresos estatales establezcan leyes locales afines a la
ley general, cómo poder avanzar en esta zona gris jurídica, yo le llamo; y, en ese
sentido, con los expertos, con los grupos que estuvieron ahí, elaboramos una serie
de preocupaciones o señalamientos que a nuestro juicio el legislador local debe
tomar en cuenta.
Un documento que entregaré a las comisiones, a los diputados, a todo el
congreso, en el cual recogemos cuáles son las preocupaciones. Lamentablemente
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muchas son simplemente las preguntas, porque no podemos tener una respuesta
específica y es un documento que debe alertar a la legislación, de temas que debe
a nuestro juicio reflexionar.
Tomo algunas en función del tiempo. Por una parte está la realidad que ahora
tenemos: otro ordenamiento que mandata nacionalmente a la nación, la Ley
General de Víctimas, que sin duda implicaría una armonización de toda esta
noción de víctimas que está en la Ley de Trata, en la Ley de Víctimas y en la ley
de Asistencia Social, que habla de víctimas básicamente de infancia pero también
de adultos mayores y de mujeres que han sido abandonadas, etc., etc.
Entonces hay una necesidad de armonizar esa parte de víctimas, porque a raíz de
la dramática situación de violencias que el país ha vivido en estos años, surge un
movimiento en el cual hoy no hablamos como hablábamos en el siglo pasado de
reintegración social.
Hoy hablamos de restauración plena del daño físico, moral, una restauración plena
del daño que implica en términos de política pública un desafío mayor.
En ese sentido, en el capítulo III de la ley general, en la parte que se llama de
resarcimiento y reparación del daño, se establece una serie de obligaciones como
el pago de los daños físicos y materiales psicológicos, así como la reparación del
daño moral, que establece un enorme desafío a la política pública, el pago, o sea
económica, ¿Cómo se establece el monto que fije claramente cuánto significa en
términos de pesos y centavos? Implica un enorme desafío.
¿Quién va a determinar el pago que pueda hacer una restauración de los daños
físicos, materiales, psicológicos y de daño moral, que incluye la pérdida de
oportunidades como el empleo y prestaciones sociales; que incluye el pago de los
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ingresos económicos que se hubieran perdido, así como el lucro cesante
ocasionado por la comisión de delito, que incluya los gastos de asistencia y
representación jurídica, los costos de transporte y que establezca la dignidad y la
reputación de la víctima u ofendido.
Ustedes que son abogados podrán ver que algunos de estos planteamientos, me
decía el Abogado General de la UNAM, incluso pueden ser inalcanzables, pero
está en la ley; otros de los grandes dilemas es que establece la ley que habrá
fondos, un fondo federal y un fondo estatal para esto, y establece que estos
fondos serán integrados por los bienes incautados y los bienes que defina el
ejecutivo estatal y federal. Pero la Ley Federal de Víctimas establece que también
habrá un fondo y son los mismos orígenes de este fondo ¿De cuánto deberá ser
este fondo? ¿Cuáles serán los criterios para poder asignar, para poder hacer
restauraciones plenas? La ley general establece obligaciones a estados y
municipios. El establecimiento de albergues especializados, como me han dicho
algunos directores de DIF estatales y municipales “nosotros no tenemos
recursos”.
El legislador, el ejecutivo estatal de Guanajuato establecerá recursos en el 2014
para construir el primer albergue de víctimas de trata en Guanajuato, sí, ¿De
cuánto? ¿De qué modelo operativo? ¿Quién lo coordinará? Cómo enfrentar el
tema de enorme complejidad de identificar a la víctimas que están atrapadas en
esta migración, en que muchas veces los migrantes son atrapados y se vuelven
víctimas de trata.
En sí el desafío que tiene este Congreso, ustedes, no tengo duda que será
acometido con toda la complejidad que implica. Yo quisiera terminar señalando la
enorme importancia de este evento, el que el congreso señale:
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Primero, la amenaza que tienen todos los ciudadanos, todos los niños, niñas y
jóvenes de Guanajuato de poder ser víctimas. La enorme amenaza que implica
que muchos de los hoy, usuarios de table dance, antros, estéticas disfrazadas,
moteles, hoteles, de ser victimarios de víctimas, es muy alto; porque hay una
enorme omisión de no concebir esto como un crimen.
Se sigue pensando que si hay una transacción económica pactada eso implica,
digamos, voluntades iguales. Cuando se trata de un niño, una niña, menores de
18 años, la anuencia o simplemente la transacción comercial no implica el crimen.
La ley establece que a todos aquellos que faciliten, todos aquellos que promuevan
este crimen serán sancionados. Hay un capitulo muy complejo sobre el tema de la
publicidad directa e indirecta en medios que puedan propiciar el crimen, ¿Qué
quiere decir publicidad directa e indirecta? ¿Cómo se comprueba que se propició
el crimen? Implica enormes desafíos de política pública.
El reto es que si transitamos para mejorar que es posible sin duda, a una nueva
ley mejorada 2012, pero sin asumir la enorme complejidad de política pública
estaremos nuevamente en una situación de un estado que no tiene instituciones y
programas para cumplir ésta o la nueva ley.
Muchas gracias.
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias al Doctor Mario Luis Fuentes y desde luego también por su
generosidad intelectual al aportar, además de sus conocimientos, su sapiencia en
este foro; un documento acabado que desde luego tendrá una valiosísima
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información respecto del tema y que será un insumo más para los diputados de la
comisión a fin de que puedan cumplir con su encomienda legislativa.
EN PRIMERA RONDA:Quiero ceder el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández
Presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de Personas del Senado de la
República.
Por supuesto que la Senadora Adriana Dávila Fernández, es presidenta de dicha
comisión como ya lo he anotado, pero también es Secretaria de la Comisión de
Derechos Humanos; Asuntos Migratorios e Integrante de Desarrollo Regional.
Originaria del Estado de Tlaxcala en donde fue candidata a Gobernadora por el
Partido Acción Nacional en el año 2010 y a Diputada local en 2004.35
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Su formación profesional es en el área de la comunicación, contribuyó al país
como Diputada Federal en la LX legislatura (2006-2009), su experiencia como
comunicadora en medios locales e internacionales y como jefa de prensa de la
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, la
avalaron para ser la Secretaria de la Comisión de Comunicaciones, fue integrante
de las Comisiones de Derechos Humanos, en la Especial contra los Feminicidios y
de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene una amplia experiencia en la Administración Pública, en donde fue
coordinadora nacional de enlace de la Presidencia de la República, en el gobierno
del presidente Felipe Calderón, asesora del Secretario de Hacienda Ernesto
Cordero Arroyo y Coordinadora Nacional del Programa de Cultura del Agua.
Su relación con los municipios del país como Directora de Relaciones Públicas de
la Asociación de Municipios de México, le han permitido obtener una gran
experiencia y sensibilidad a los fenómenos sociales y ahora como presidenta de
la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado nos asegura que su visión
nos dará líneas para aterrizar en el trabajo que deben de hacer las entidades
federativas.
Cedo el uso de la palabra hasta por veinte minutos en esta primera ronda, a
nuestra invitada panelista.
Senadora Adriana Dávila Fernández:
Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada agradezco
al Diputado Francisco Flores Solano, recibirnos en este maravilloso Congreso,
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tienen ustedes una sede muy bonita, son envidia de muchos estados de la
república.
Al Diputado Felipe de Jesús Orozco García, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos, a quien tuvimos el gusto de tener junto con otros diputados,
como Javier González Saavedra, que nos acompañaron en la instalación de la
Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata, también al diputado René
Carmona y por supuesto a todas las legisladoras y legisladores integrantes de
esta comisión.
Primero, yo quiero reconocer el hecho de que en estos temas estén participando
como ya bien lo dijo Mario Luis, varones, porque siempre se percibe como que el
tema solo es un asunto de nosotras las mujeres, como si ustedes no pudieran
participar o no debieran participar.
Así que yo celebro que en el Congreso del Estado de Guanajuato, muchos
varones estén puestos y dispuestos a participar en asuntos de esta naturaleza.
Segundo, después de la participación de Mario Luis Fuentes, creo que voy a
intentar llegar a nivel porque él además de ser un excelente académico, es
experto en políticas públicas y cuando el tema se percibe desde la óptica de la
política pública, el tema tiene una visión completamente distinta, porque hay
operatividad y hay un sentimiento y una sensibilidad distinta para atender los
problemas y por eso me parece que la exposición de Mario Luis Fuentes tiene un
valor agregado respecto de cualquier otro académico, sin demeritar al resto de los
académicos, que puede enriquecer el contenido a la iniciativa.
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Voy justamente con el tema para el que fui invitada, el análisis de la Ley General,
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para Protección y Atención de las Víctimas de estos delitos.
Primero comentarles que en el Senado de la República, la comisión contra la trata
de personas fue instalada por primera vez en octubre del año pasado, que somos
una comisión ordinaria y que hoy estamos en posibilidad de dictaminar.
Ya lo dijo Mario Luis, y efectivamente a través del trabajo de organizaciones civiles
y de la legislatura pasada, el tema fue mucho más visto, mucho más visible,
puesto sobre la mesa, establecido en los medios de comunicación y también
establecido en algunos otros foros en los que prácticamente el tema era ignorado,
o por lo menos en algunos casos cuando se veía, pues un poco utilizado para la
fotografía del momento y nada más, se sacaba todo mundo la foto y se decía que
qué bonito que podíamos estar combatiendo este delito, y ahí terminaba
básicamente el problema.
La Ley General por supuesto que es un instrumento que es un avance, es una ley
que en 2012 fue aprobada y que manifiesta la necesidad y pone en evidencia la
necesidad de atender y sancionar un delito de esta naturaleza.
No les voy a explicar aquí lo que es la trata de personas, eso ya lo hizo muy bien
Mario Luis, ustedes lo conoce muy bien porque están haciendo en estas
modificaciones legislativas, todo lo que implica.
Pero lo que yo si quisiera decir es que nosotros estamos haciendo ya el análisis
de la Ley General porque tiene que armonizarse con la Ley de Víctimas también
recientemente aprobada en el Congreso de la Unión en la Cámara de Senadores.
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Y ¿Por qué es importante tener una ley bien hecha? Hay quienes decían que es
mejor tener una ley a no tener absolutamente nada, que eso era mejor y yo
coincido con algún ideólogo que dice: “que bien mal hecho es peor que el propio
mal”, porque genera esperanza y en esa esperanza terminan lastimándose
muchas otras cosas y tenemos otros daños colaterales.
De tal manera que la obligación de los legisladores y en mi caso del Senado de la
República y las senadoras que son integrantes de esta comisión; como ustedes
que son diputados locales y que son integrantes de la comisión y que son un
congreso que tiene que hacer su propio trabajo, sí es hacer una ley bien hecha.
Y nosotros tenemos que empezar en el caso de la Ley General por establecer un
solo tipo penal. Tenemos lamentablemente establecidos en la Ley General 32
tipos penales y entonces cuando en una integración de averiguación en los
ministerios públicos, -acá hay gente que trabaja en la procuraduría- empieza a
revisar en una denuncia, integrar una averiguación previa, pues obviamente los
abogados que son muy buenos y que protegen a algunos tratantes, empiezan a
encontrar esos recovecos de la ley para poder evadir la acción de la justicia.
Entonces, una ley mal hecha, tiene estas salidas que le permiten a muchos
delincuentes hoy estar fuera, y a muchos tratantes hoy haber sido exonerados ya
por el Poder Judicial, porque no se cumplen con los elementos específicos y
necesarios de la ley, y eso sí es importante.
De tal manera que nosotros sí tenemos que hacer una revisión concretamente es
nuestra responsabilidad de lo que implica una ley con menores errores, porque
obviamente todas las leyes son perfectibles, nadie va a encontrar una ley perfecta,
pero si tener el mayor número de instrumentos que le permita al poder ejecutivo
en la integración de las averiguaciones previas, establecer perfectamente el tipo
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penal y decidir cómo se castiga, y al poder judicial dictar las sentencias
correspondientes y castigar a los delincuentes.
Pero ese es el tema punitivo, ese es el tema penal. Y yo celebro que en la
presentación de la iniciativa que aquí se hace y que ustedes están discutiendo
desde el título de la ley, y luego desde el contenido de la ley que ustedes están
presentando, se establezcan perfectamente las capacidades y atribuciones del
congreso local.
Empezando porque la ley se llama: Ley para Prevenir, Atender y Erradicar, no ley
para prevenir, sancionar y erradicar. Como ustedes saben la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, hace algunas semanas, también ya hizo sus propios
pronunciamientos y dijo: “No, haber espérense congresos locales, a ustedes no
les toca legislar en materia de secuestro y de trata de personas, le toca al
congreso federal”. El congreso federal tendrá que hacer lo propio.
De tal manera que lo que ustedes están haciendo aquí en Guanajuato es muy
valioso, para mí es fundamental y celebro que en esta ley se establezcan las
atribuciones y características de lo que debe hacer un congreso local, que es la
parte de prevención y de política pública, insisto en la que Mario Luis es un
experto, y en lo que yo le reconozco ese trabajo.
Así que creo que lo que les está dando en ese documento ayudará muchísimo a
enriquecer sin duda, la materia local.
En esta iniciativa que ustedes presentan y es ahí donde como dicen en mi tierra:
“la puerca torció el rabo”, tenemos un problema con la creación de la comisión
interinstitucional en la que coincido plenamente con Mario Luis, una ley que crea
figuras adicionales para coordinar los trabajos del ejecutivo federal en la materia,
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para aplicar la política pública, saber cuánto se le va a dar a educación, cuánto se
le va dar a salud para la atención a víctimas, cuánto se le va a dar a todas las
áreas de política social para programas y reinserción a víctimas, reinserción a la
sociedad de las víctimas.
Es ahí donde ustedes tienen que tener cuidado, es decir, establecer los criterios
necesarios para que esta comisión intersecretarial deberás funcione en la
importancia que tiene que funcionar.
Voy a decir algo, si el gobernador del estado no le da la importancia necesaria al
tema, si el ejecutivo local no le da importancia, entonces ahí es donde tendremos
el verdadero problema, porque las figuras no pueden crearse solo como figuras
decorativas.
Estas comisiones interinstitucionales que ustedes están planteando en la ley,
tienen que tener y ahí es donde entra y coincido con lo que dice Mario Luis, un
reglamento que diga exactamente cómo tienen que operar, cuántas veces se
tienen que reunir y cuáles son las metas y objetivos que tienen que alcanzar para
aplicar política pública.
Voy a ponerles un ejemplo lamentable de lo que sucede y de los daños colaterales
de cuando se atiende mal este delito. Como ustedes saben yo vengo de un estado
que es Tlaxcala; últimamente ha estado muy puesto en los medios de
comunicación y el tema de los medios de comunicación es que dicen: “En Tlaxcala
están los tratantes y son la tierra de tratantes y lenones”.
Hay daños colaterales cuando se maneja con tanta irresponsabilidad el tema, y los
daños colaterales ocurren cuando alguna persona de algún municipio que tiene
problemas de esta naturaleza llega a pedir trabajo a algún otro lado, le dicen:
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“Pues que crees que no te vamos a dar empleo a ti tampoco, porque tu vienes de
un estado y no sea que seas tratante”.
Hay una estigmatización de las ciudades, de las colonias, de las comunidades,
también son daños colaterales que no están establecidos en ninguna ley.
Alumnos y jóvenes de un municipio de mi estado, que tampoco voy a decir el
nombre justamente por eso, desde 2004 no entran a la universidad. Es ahí donde
tiene que entrar el poder ejecutivo federal y el poder ejecutivo local, para la
atención y la emisión o de becas o de atención en materia de educación para que
los jóvenes puedan tener un modo distinto de vivir, que no necesariamente sea el
tema de la tradición de la trata de personas que es casi un asunto cultural en
algunos lugares de este país, que es otro de los graves problemas que tenemos
en materia de trata de personas porque hay personas que ni siquiera saben que
están cometiendo un delito y lo ven tan natural que no están sensibilizados, si
civilizado, pero no sensibilizado. Son cosas completamente distintas.
De tal manera que tratar este tema es muy delicado. Es un reto muy grande para
ustedes, y en la ley que ustedes están implementando, establecen perfectamente
estas condiciones.
Tienen que coordinarse perfectamente con el ejecutivo local. Si el ejecutivo local a
través de la Procuraduría para castigar a través de la Secretaría de Desarrollo
Social, de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, no establecen
programas de política pública para atender a esas zonas vulnerables en donde
hay pobreza, marginación, falta de oportunidad, es ahí donde estos grupos son
víctimas de trata.
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Ustedes tienen un problema fuerte de migración, son vulnerables por ese simple
hecho, paisanos de ustedes y nuestros que salen en busca de una mejor vida, a
otro lugar, que somos expulsores de estos ciudadanos, en ese trayecto pueden
ser víctimas también de esa explotación cuya delincuencia organizada está
buscando hoy formas distintas de poder captar, presionar y utilizar a nuestros
paisanos.
Hoy no solo se habla de la explotación por supuesto laboral y sexual, se habla
también de la utilización de muchos jovencitos de entre 14 y 16 años que son
utilizados por la delincuencia organizada para convertirlos en sicarios, y los
explotan y presionan y los utilizan para lo mismo. Son temas que no están
puestos también sobre la ley que nosotros traemos.
De tal manera que el reto es mayor ¿Qué hicimos en el Senado de la República
para intentar generar una condición de colaboración entre los distintos poderes
tanto del ámbito federal como de los ámbitos locales? Lo primero fue saber en
dónde estamos parados.
Hoy lamentablemente no hay cifras oficiales que nos digan de qué tamaño es el
problema, y esas cifras oficiales no las hay, porque no contamos con ningún
instrumento más que con las posibles sentencias que están ahí establecidas en
las procuradurías o denuncias que están ahí.
Pero eso no es el tamaño del problema, cuántas chicas que llegan a las
procuradurías locales, jovencitas que no saben que son víctimas de trata, se
niegan a reconocer que son víctimas de trata.
La medición del problema es uno de los asuntos que más nos tienen que estar
ocupando.
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Justamente antes de iniciar este panel, platicábamos con Mario Luis, porque
estamos pensando en colaborar juntos tanto en el Senado de la República, como
en la UNAM, para establecer este observatorio legislativo que nos permita tener
datos oficiales.
La Organización de Naciones Unidas maneja 20 millones de personas que son
víctimas de trata. La Comisión Nacional de Derechos Humanos maneja otra
cantidad en el caso de México, las procuradurías estatales manejan otras cifras,
de tal manera que no tenemos certeza de cuántas personas en este país, son
víctimas de trata y en qué condiciones y cuál es su problema.
No hay un sistema de información adecuado, esa es una de las carencias que
tenemos y eso no lo puede hacer la federación, eso tiene que hacerse a través de
la instrumentación en cada entidad federativa, para poder hacer un gran sistema
después que la federación pudiera tener como información.
En ese mismo problema, también es cierto que en la omisión de que no se ha
publicado el reglamento, pudiera tomarse como pretexto del gobierno federal para
decir: “Pues no hay reglamento, entonces yo no sé qué hacer, pues no hay
presupuesto no hay nada”, pero tampoco tiene que ser así, la ley es muy clara, la
ley también dice que sí puede hacerse.
Tampoco puede ser, cuando ustedes emitan su ley y la aprueben, y yo espero que
sea muy pronto que la aprueben, tampoco puede ser un pretexto del ejecutivo
local decir: “No hay reglamento”.
Tienen ustedes que establecer condiciones necesarias, perdón, nada más quiero
aclarar, no estoy diciendo que el ejecutivo actual no lo haga, no tengo
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conocimiento si lo hace o no, pero aquí hacemos una invitación para que sí lo
haga y nos pueda acompañar, o los pueda acompañar a ustedes en un tema de
esta naturaleza, porque éste es un tema que no tiene un solo color.
Acá hay diputados locales de distintos colores, hay senadoras y senadores que
estamos participando también de distintos colores y el tema de la trata de
personas le duele igual a los que militan en un partido, a los que militan en otro, y
a los que a los partidos no les importamos muchos.
Es un tema social que no puede partidizarse. Es un tema que necesita la atención
de política pública y si no se hace la parte de prevención y la parte de
erradicación, nos la pasaremos sancionando sólo a algunos delincuentes no a
todos.
La prevención es fundamental. Yo sí creo que vale la pena abundar un poco en la
iniciativa que ustedes han presentado, respecto de la parte de prevención con
modelos más específicos de cómo puede prevenirse el delito y cómo lo pueden
vincular con otras leyes.
Ya la planteó Mario Luis en la Ley de Asistencia Social, o en algunas otras leyes
locales que establezcan programas que puedan implementarse en lugares y zonas
vulnerables del estado de Guanajuato.
Esa parte si le corresponde a la ley local y si lo pueden hacer con mucha más
certeza que lo que haría la Ley General, porque la Ley General básicamente es
para sancionar, es punitiva, aunque el título sea distinto y es otra de las cosas que
estamos nosotros revisando, sí es para sancionar, y ustedes tienen que basar la
parte de la sanción en lo que la Ley General está dictando.
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Pero la parte de la prevención y la parte de la erradicación sí tiene que
establecerse con más fuerza en el instrumento local.
Me parece fundamental y además celebro que aquí se remita a la ley que ustedes
tienen para atención a víctimas, también están remitiendo parte de este
procedimiento a esta ley de víctimas, pero valdría la pena que en esa
armonización revisáramos si los instrumentos que están planteando en estos
marcos jurídicos, el estado está lo suficientemente fortalecido para la atención.
Me regreso al tema que Mario ya planteó, el tema de los albergues, de las casas
de primera atención o de medio camino. Una víctima que llega a un refugio que
por el nombre de eso se trata, refugiar, arropar a las personas que están
vulnerables, que tiene problemas, que se siente además lastimada. Imagínense
que llegue a un lugar en donde más que un refugio sea una especie de tutelar de
menores, en algunos de los casos, no hay modelos en México que nosotros lo que
debemos establecer en la ley de asistencia social y estamos haciendo la revisión,
no hay modelos en México para operar refugios, ni por parte del estado ni por
parte de las asociaciones civiles.
De tal manera que las asociaciones civiles se tienen que voltear casi de cabeza
para ver cómo atienden y no sabemos si el modelo de atención es el adecuado,
primero, porque no sólo no cuentan con recursos o incluso porque muchos de
esos refugios a veces se convierten en problemas similares a lo que ustedes
conocieron ya en algún momento como “casitas del sur” que eran centros de
atención, pero además eran ahí los centros de explotación y los centros de venta
de los pequeños para expulsarlos a otro país.
Es muy grave el tema de los refugios. Un refugio tiene que tener estándares
mínimos, personal capacitado, profesional, que le permita no solo
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psicológicamente restablecer a la víctima, entender su problema, sino también ver
la forma de pasar a una etapa siguiente, que es la parte de reinserción social o por
lo menos de establecimiento de que no esté estigmatizado. Una víctima que está
pasando por un problema terrible de explotación si no es correctamente atendida,
termina convirtiéndose en una víctima más, ahora no sólo de un tratante sino de la
falta de política pública del estado.
Eso es verdaderamente grave, de tal manera que la ley que ustedes están
estableciendo, ojala y pudiera tener esos estándares de atención que de una u
otra manera, no estoy diciendo que solo en el marco de esta ley, estoy diciendo en
las leyes que puedan correlacionadas, y que puedan atenderse también desde
esa perspectiva general para poder saber cómo puede operar un refugio, cómo
puede operar una casa de medio camino y cómo podemos hacer la reinserción
social de cualquier víctima, llámense jóvenes, niños, señoritas, o jovencitas.
Me parece fundamental destacar lo que la ley que ustedes están planteando,
respecto de los principales derechos y obligaciones que los habitantes del estado
tienen en la materia, como la participación de campañas de difusión. Dejamos
generalmente a la sociedad de lado, la institución que más hemos descuidado en
este país, se llama institución familia y hemos dejado nosotros que el estado
asuma a veces la parte que le toca a las familias atender.
Si nosotros no somos capaces de involucrar a la sociedad civil organizada, pero
también a las familias para la prevención y protección de estos delitos, para la
difusión, que una mamá sepa en casa que está haciendo su hijo en internet, con
qué amistades se está juntando, quiénes los están enganchando por las redes
sociales hoy, porque si es cierto que el mayor número grupos vulnerados es
donde hay pobreza, si es cierto, pero también hay jovencitos, jovencitas, hombres
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y mujeres que a través de las redes sociales son enganchadas y lastimadas y
llevadas a otros lugares.
De tal manera que la parte prevención con las familias es fundamental. Yo celebro
que ustedes estén estableciendo esa parte de las obligaciones del estado.
Me parece muy bien que se cree el Consejo Estatal de Participación Social, me
parece fundamental, pero si ese consejo estatal de participación social para la
prevención, atención y la erradicación de la trata, que dice la ley, la propuesta que
ustedes están haciendo, fungirá como órgano consultivo, no tiene estándares de
medición, entonces será el club de amigos que se reunirán para ver que la
sociedad vea que estamos haciendo algo bonito.
Perdónenme que lo diga con tanta franqueza, no quiero lastimar a nadie, pero
lamentablemente los grupos que a veces se crean, se crean solo insisto, para salir
en fotografías.
Si este consejo consultivo establece mediciones, indicadores de medición, para
que los instrumentos que dé el estado sean de verdad un mandato para el
gobierno del estado, entonces estaremos dando un paso y Guanajuato puede
convertirse en un modelo de atención y de prevención.
Me parece importante que se conforme un sistema de información sobre la trata
de personas del estado de Guanajuato, eso me parece maravilloso, lo que les
decía, las cifras que tenemos a nivel nacional, lamentablemente no coinciden o
son inciertas. Y sobre todo dice aquí que contenga indicadores de la aplicación, yo
creo que Mario Luis puede ayudarles muy bien en la parte de los indicadores,
perdón que le eche tanta flores, pero la verdad es que son de las asociaciones
que nosotros hemos encontrado que tratan el tema con mucha seriedad, porque
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este tema tiene que ser tratado así, con la seriedad necesaria y con el
apasionamiento necesario, pero que no sea la pasión la que gane el tema del
discurso que es a donde nos perdemos a veces para atender un problema tan
grave.
Cuando un asunto de esta naturaleza se convierte en un discurso, es cuando
nosotros cometemos errores de no tener indicadores que nos vayan diciendo:
“Espérate, no vas bien”, Fíjate que en esta zona donde tendríamos que estar
aplicando becas escolares, pues resulta ser que el indicador dice que para estos
grupos, solo tenemos que aplicar a aquellos niños que tengan promedios de ocho
y de nueve”, bueno y yo les pregunto si hay un niño que tiene problemas de
vulnerabilidad, que puede ser víctima de trata y que obviamente no le alcanza
para el ocho o para el nueve, ¿lo vamos a dejar de atender? No quiere decir que
tenga que ser una generalidad, pero si tiene que establecerse la particularidad de
cada persona en cada región, en cada zona.
Si ustedes identifican en Guanajuato cuáles son las zonas vulnerables de trata de
personas pueden hacerlo a través de la educación, o pueden hacerlo también a
través de la creación de algún centro de salud de atención mental, que no se han
establecido en este país tampoco y que vale la pena establecer ahí, porque hay
grupos vulnerables por la violencia intrafamiliar que es otro de los factores de
vulnerabilidad que hace que haya alguien pueda ser víctima de trata.
Si todo esto se hace muy bonito desde la ley y luego se hace muy bien desde el
ejecutivo, pero resulta ser que nos coordinamos un poco con el judicial, pues
todos los esfuerzos que ya se hicieron van a quedarse también limitados ahí.
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Jueces que no estén sensibles al problema, que sean propensos al tema
corrupción, termina dejando a tratantes libres. Así que también vale la pena que
en este congreso puedan establecer esa vinculación con el poder judicial.
Nosotros en tres semanas estaremos haciendo la primera reunión, así como lo
hicimos con los legisladores locales, hoy vamos hacer la reunión con la gente de
las procuradurías estatales, a fin de saber qué problemas han encontrados los
ministerios públicos en la integración de las averiguaciones previas, y tres
semanas después estaremos haciendo una reunión con los jueces y magistrados
que además muy amablemente ya nos invitaron en la Suprema Corte de Justicia a
participar con algunos de los magistrados que están muy interesados en el tema.
Pero hay que bajarlo al local, hay que bajarlo también a las entidades federativas y
ustedes pueden hacer esa vinculación, insisto, pueden convertirse en el modelo si
están perfectamente vinculados tanto con el poder ejecutivo como con el judicial.
Con esto quisiera terminar y decir a ustedes que qué bueno que hay instrumentos
que den atención a víctimas, que intenten erradicar el problema, que intenten
reinsertar a las víctimas a la sociedad, pero yo diría que ojala y esos instrumentos
no tuvieran ninguna necesidad de existir, porque ya no tuviéramos víctimas.
El objetivo de la política pública de este país tiene que ser no más víctimas, si
logramos que en ese sentido sea el menor número de cantidad de personas
vulnerables, entonces ya estaremos buscando y preocupándonos por el
crecimiento y desarrollo económico de este país.
El tema de trata de personas no sólo es un asunto de derechos humanos, no solo
es un asunto que tiene que ver con castigar y sancionar a delincuentes, es un
asunto que afecta el desarrollo y crecimiento de las comunidades.
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Ya les puse el ejemplo de mi estado, no hay inversión, porque son zonas
vulnerables, nadie quiere ir porque dice que hay tratantes, también afecta a las
entidades federativas y eso significa el dinero en los bolsillos de los ciudadanos,
porque ese dinero está yéndose a las bolsas de los tratantes o de las autoridades
cómplices de esos tratantes.
Ese dinero tendría que estar en los bolsillos de los ciudadanos con mejores
condiciones y mayores oportunidades para quienes puedan ser víctimas o gente
vulnerable a un delito de esta naturaleza.
Yo celebro mucho este foro, lo ha dicho muy bien Mario. Yo también creo que
nosotros hemos contado con la participación de la Senadora Angélica de la Peña,
de la Senadora Lucero Aldana, senadora Luisa María Calderón, de la Senadora
Margarita Flores, las cinco Senadoras que integramos esta comisión. Esperamos
que en el periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre tengamos ya las
modificaciones de la Ley General, para que ustedes cuando tengan que remitirse
a la Ley General, en la parte de sanción, no tengan ningún recoveco que sus
ministerios públicos o jueces digan; “pues como estaba mal, ya dejamos ir a quien
tenía que quedarse en la cárcel”.
Así es que estamos haciendo nuestro trabajo. Yo si creo que si cada quien hace lo
que le corresponde y nos coordinamos para que cada quien cumpla con su tarea,
estaremos dando un paso más.
No olviden a la sociedad civil organizada pero no olvide cada quien en dónde nos
toca estar y lo que tenemos que hacer. Yo estoy a sus órdenes en el Senado de la
República, con mucho gusto los esperamos para poder trabajar. Estamos a muy
pronto de reunirnos en la siguiente reunión, especialmente los que van a integrar
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la Comisión de Justicia para las reformas legales que correspondan. Esperemos
que tengan ustedes para el periodo de septiembre una nueva Ley General contra
la Trata.
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias senadora por su brillante exposición y aportaciones.
Corresponde ahora y hasta por cinco minutos para conclusiones intervenir al
Maestro Mario Luis Fuentes.
Maestro Mario Luis Fuentes:
Más que conclusiones subrayadas yo le llamaría, creo que no concluye. Creo lo
decía muy bien la senadora. Una parte está en el legislador que tiene que pensar
sí, en la ley con todas sus complejidades, pero obviamente está la parte que yo
subraye de la instrumentación.
Los instrumentos de coordinación, los instrumentos que logren la articulación de la
política estatal en la parte de prevención y protección.
Subrayo la prevención implica todas las políticas públicas en todo el estado. No es
una prerrogativa de una acción de una dependencia, implica salud, educación,
trabajo, seguridad social, es toda la acción que evite y reduzca el grado de
vulnerabilidad sobre todo en los sujetos que tienen mayores, sin duda, condiciones
de incumplimiento de sus derechos.
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Y por otra parte, implica uno de los temas mayores que yo exhortaría al congreso.
Ojala ustedes puedan constantemente reflexionar en generar una cultura de
denuncia, de no a la impunidad, ese es un tema fundamental.
Si no logramos construir una cultura de denuncia de intolerancia, a todos los
crímenes, todas estas leyes no contaran con esta capacidad ciudadana de
realmente inhibir a través de la denuncia y lograr, sobre todo, que haya una
sanción a quienes cometen los crímenes.
Ojala el congreso local. Yo respetuosamente planteo, pueda iniciar una reflexión
junto con el poder judicial, junto con el ejecutivo estatal, el poner en un constante
esfuerzo de denuncia, tenemos realmente que enfrentar este tema que está
erosionando los mejores sistemas o las mejores propuestas legislativas, los
mejores esquemas judiciales si es que los pueda haber, porque mientras no haya
denuncia no podemos realmente cerrar la brecha de esta realidad, de la
impunidad. A mi juicio, hoy la impunidad, la corrupción, se convierten en los
grandes elementos que erosionan a las mejores leyes o a las mejores propuestas
públicas.
Gracias.
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias por su intervención Maestro Mario Luis Fuentes.
A la Senadora Adriana Dávila Fernández corresponda hasta por cinco minutos
cerrar.
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Senadora Adriana Dávila Fernández:
Muy rápido decir que hoy 12 de junio es el día mundial en contra del trabajo
infantil; así es que celebro que la fecha haya sido elegida también en este marco
para la realización de este foro.
Nosotros queremos dejar las reformas necesarias que debemos impulsar en la
Ley General contra la Trata de Personas. Reconocemos el avance que ya existe
pero hay algunas inconsistencias que deben ser atendidas, les voy a dar dos
puntos:
Primero, de los puntos que estamos revisando es el tema de los delitos, es decir,
el delito es uno solo, es trata de personas eso es lo que tendríamos que
establecer en la ley, es trata de personas, el delincuente es juzgado por ser
tratante.
Incluso el nombre del capítulo se llama de los Delitos en Materia de Trata de
Personas.
Un asunto es que haya delitos vinculatorios y otro asunto que haya otro delito. El
delito es trata, por eso los ministerios públicos se lavan muy fácil las manos y los
jueces pues también no dictan sentencias.
Y la acreditación de los elementos que configuran el delito, les decía, por ejemplo:
en relación a la explotación a través de la prostitución, la pornografía, las
exhibiciones públicas o privadas de orden sexual y el turismo sexual, se tienen
que acreditar seis elementos del tipo penal, seis; si no son acreditados algunos de
esos seis, es decir, cinco y uno no es acreditado, el delincuente queda fuera. Son
cosas que la Ley General tiene y que nosotros tenemos que modificar.
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Cierro con lo que estamos diciendo en el trabajo de la Comisión contra la Trata de
Personas, la revisión del marco jurídico y las reformas necesarias que tendríamos
que estar impulsando, el impulso de la transversalidad que es lo que hemos
platicado, no sólo es un asunto penal, hay que ir a materia de desarrollo social,
hay que ir a materia de salud, educación.
Estamos vinculándonos con otras comisiones de otra índole y de armonización
legislativa nacional, lo que ustedes están haciendo muy bien y que veo que su ley
lo establece en el marco adecuado, lo cual los felicito.
El seguimiento de la aplicación de la ley. Una ley que no es fiscalizada y seguida
por el poder legislativo que esa si es nuestra revisión, que es el caso de lo que
plantea Mario, no se ha instalado la comisión intersecretarial, no se ha establecido
un reglamento, eso sí es parte de nuestras obligaciones.
Y el fortalecimiento de vinculación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
en el ámbito federal y en el ámbito estatal con el compromiso de enriquecer en las
diversas leyes que combaten este delito, y por supuesto fortalecer la política
pública es de nuestra atención. Así es que muchas gracias y a sus órdenes.
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias Senadora Adriana Dávila Fernández.
SESION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Del público hay una pregunta entrando dentro de la fase de preguntas para el
Maestro Mario Luis Fuentes, a quien rogamos pudiera dar respuesta a la misma.
La pregunta es en el sentido siguiente: ¿El problema de la Trata de Personas es
un problema de políticas públicas o de normatividad jurídica?
Maestro Mario Luis Fuentes:
El problema de la vulnerabilidad que hace que nuestro país, la mayoría de los
niños, jóvenes de nuestro país vivan en el incumplimiento de todos sus derechos,
ya hay una cifra, seis de cada diez niños en nuestro país, vive en pobreza.
La pobreza tiene rostro de infancia, de adolescencia. La pobreza es un
determinante que junto con otros factores, como puede ser la ruptura de los ciclos
de protección escolar, familiar, comunitaria, incrementan la vulnerabilidad.
La gran realidad que viven hoy los sujetos más débiles de nuestro país, es
consecuencia de dos dimensiones, un sistema de protección social fracturado,
fragmentado, desarticulado, una república social salvaje, así le llamamos en la
academia, en la cual no tenemos realmente un sistema de protección social que
logre garantizar pisos mínimos, progresivos de derechos humanos a todos.
Si tenemos un problema de diseño de política pública, pero déjenme decirle de
una manera más amplia:
En el fondo lo que tenemos es un modelo de desarrollo que no genera empleo y
oportunidades para todos. En ese sentido es mucho más compleja la respuesta.
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Podemos perfeccionar y esperemos que así sea, que los estados y los gobiernos
federales, articulen un sistema de protección social, con dos subsistemas
fundamentales: el de seguridad social y un subsistema poderoso de asistencia
social, para atender a la gran dimensión de este mundo paralelo que es la
informalidad.
Este proceso de articulación podrá proteger a todos aquellos, mientras se logra
construir un modelo de crecimiento que genere empleos y salarios dignos, que sin
duda, sería lo único que podría garantizar la vigencia plena de los derechos.
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias por su respuesta. Hemos dado paso a las preguntas y si no
hubiese ninguna otra inquietud del público asistente y vista sobre todo la
profundidad con que se ha abordado este tema mediante la disertación brillante
del Maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, y desde luego debidamente planteada por
nuestra Senadora de la República Adriana Dávila Fernández, en este mismo
tenor, y que han venido resaltando los aspectos que más duelen, que más laceran
y lastiman la dignidad humana y como se ha tenido y se debe instrumentar el tema
legal, legislativo de políticas públicas.
Solo queda agradecer a nombre del Congreso del Estado, de la Comisión de
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, su participación, la generosidad y la
bondad con que han venido a presentarnos su conocimiento, su información y su
disposición en este auxilio que se requiere aquí en el Congreso del Estado para
bien legislar.
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Muchas gracias por su participación y cedo ahora la palabra al maestro de
ceremonias:
Maestro de ceremonias.
Muchas gracias Doctor. Antes de continuar queremos dar la bienvenida a la
Diputada María Juana Georgina Miranda Arroyo, que nos hace favor de
acompañarnos.
En este momento solicitamos a las diputadas y los diputados pasen al frente a fin
de hacer entrega de un reconocimiento a nuestros distinguidos panelistas de este
primer módulo.
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En primer término queremos hacer entrega del reconocimiento a la Presidenta de
la Comisión en Contra de la Trata de Personas del Senado de la República
Senadora Adriana Dávila Fernández.
Así también reciba un reconocimiento al Titular de la Cátedra Extraordinaria Trata
de Personas de la UNAM y Director del CEIDAS A.C. el maestro Mario Luis
Fuentes Alcalá.
En estos momentos tendremos un receso y continuaremos con el segundo
módulo. Contamos con un tiempo de 10 minutos para continuar con el siguiente
módulo.
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MÓDULO II
Maestro de Ceremonias:
Damos inicio, no sin antes agradecer a los Diputados Locales: Diputado Luis
Felipe Luna Obregón, que nos hace el favor de acompañarnos. Así como a los
Diputados Sergio Carlo Bernal Cárdenas, y Óscar Arroyo Delgado que también
nos acompañan.
A continuación vamos a presentar a los panelistas de este: II MODULO
Damos la bienvenida al Procurador de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato, Licenciado Gustavo Rodríguez Junquera; del Poder Judicial del
Estado, el Magistrado Víctor Federico Pérez Hernández; al Subsecretario de
Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, el Lic. Tomás
López Martínez; al Subprocurador de Investigación Especializada de la
Procuraduría de Justicia del Estado, el Licenciado Cesar Augusto Gasca Toledo;
así como al Director de Investigación y de Comunicación del Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. el Doctor Saúl Arrellano.
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En estos momentos cedemos el uso de la palabra al:
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros panelistas y al
público en general.
A los señores diputados con la venia del Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables.
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Procedemos a desahogar el Módulo II, de este trascendental Panel que se ha
auspiciado por ésta Comisión, con la participación como ya se ha dicho del
Licenciado Gustavo Rodríguez Junquera, del Poder Judicial al Magistrado Víctor Federico Pérez Hernández; del Licenciado Tomás López Martínez; del Maestro Cesar Augusto Gasca Toledo y del Doctor Saúl Arrellano Almanza. La mecánica y desarrollo de estas intervenciones también se realizará a través de
una primera ronda donde cada uno de los participantes en el orden que han sido
presentados, tendrá un espacio de hasta veinte minutos para darnos a conocer
sus comentarnos en torno a la iniciativa de ley, así como los retos a los que nos
enfrentamos con la misma.
En una segunda ronda disponen de hasta cinco minutos para cierre y
conclusiones.
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De acuerdo a esta dinámica toca el turno al Procurador de los Derechos Humanos
en el Estado de Guanajuato, Licenciado Gustavo Rodríguez Junquera.
Es Licenciado en Derecho y Especialidad en Notario Público por la Universidad de
Guanajuato, Curso de Especialización Judicial por el Instituto de la Judicatura
Federal del Consejo de la Judicatura Federal.
Entre sus cargos como funcionario público se encuentran:
Juez Auxiliar del Magistrado adscrito a la cuarta Sala Civil Unitaria del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.
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Director de Profesiones del Estado, en la Secretaría de Gobierno del Estado de
Guanajuato.
Director General de Servicios Sociales de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Guanajuato.
Director General Adjunto de Relaciones Jurídico Laborales de la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.
Magistrado Representante del Gobierno Federal en la Primera Sala del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje.
Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública
Federal.
Director General de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delitos Federales, de la Procuraduría General de la República.
Desde el 06 de Noviembre de 2008 fue designado Procurador de los Derechos
Humanos del Estado de Guanajuato.
Cedo el uso de la palabra al señor Procurador de los Derechos Humanos.
Licenciado Gustavo Rodríguez Junquera:64
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Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Diputado Felipe de Jesús Orozco García, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado.
Diputada María Guadalupe Torres Rea. Diputado Juan José García López. Diputado Javier González Saavedra. Diputado René Carmona Gómez, Diputado Alfonso Ruíz Chico, Diputado Luis Felipe Luna Obregón, Diputado Sergio Carlo Bernal, Diputado Óscar Arroyo.
Maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, Director de CEIDAS.
Me da mucho gusto estar en este panel. Agradezco muchísimo la invitación y me
da mucho gusto compartir la mesa con el Magistrado Víctor Federico Pérez
Hernández, con el Licenciado Tomás López Martínez, con el Licenciado César
Augusto Gasca Toledo y con el Doctor Saúl Arellano.
Estimada audiencia:
La trata de personas es una forma de agresión a la humanidad que ninguna
sociedad debe de aceptar y ante la cual no debemos permanecer indiferentes,
pues lastima la cohesión social y sobre todo atenta contra la dignidad de las
personas que sufren este flagelo.
La trata de personas, ocupa un lugar preponderante en la agenda internacional
desde hace más de una década; sin embargo, no es sino hasta hace poco tiempo
que a nivel mundial se reconoce que además de ser una violación grave a los
derechos humanos, y un delito a menudo asociado al crimen organizado, la trata
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PANELCONTRA LA TRATA DE PERSONAS
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de personas es también una forma moderna de esclavitud de la que en distinta
medida y diferentes circunstancias, hombres, mujeres y niños de todo el mundo
son víctimas.
Los entornos violentos que padecemos, son propicios para arraigar en nuestra
sociedad una aceptación generalizada de la misma, provocando en quienes la
sufren tienen estados de depresión, pérdida de autoestima que los hacen proclives
a convertirse en víctimas de tratos crueles o degradantes o la trata de personas,
en particular cuando se pertenece a un grupo vulnerable.
La trata de personas es una actividad criminal y una violación a los derechos
humanos, que tiene lugar en todos los países del mundo.
La trata de personas implica la explotación de la víctima generalmente en trabajos
forzados o en la actividad comercial sexual por una organización criminal o por un
tratante.
La trata puede implicar el traslado de las víctimas por los tratantes de un país a
otro, pero esta migración internacional no es un requisito para su existencia. La
trata de personas puede ocurrir dentro de un mismo territorio.
Siendo un problema global, la trata de personas no es un fenómeno nuevo y
aspectos de la trata se encuentran prohibidos por diversas convenciones
internacionales.
La comunidad internacional ha definido con precisión y proscrito estas prácticas en
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
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Personas, especialmente mujeres y niños que complementa esta convención y
que entró en vigor a finales del año de 2003.
Dicho protocolo define a la trata de personas, -fíjense la problemática de la
definición- como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño al abuso del poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de
explotación.
Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
A medida que una mayor porción de la población mundial ve la migración como
una forma de encontrar mejores perspectivas económicas, más y más gente migra
en busca de oportunidades laborales y mejor calidad de vida, muchos de estos
migrantes abandonan sus hogares y son vulnerables a la explotación.
La trata de personas también ocurre en el contexto de las migraciones internas,
donde las personas emigran de las áreas rurales a los centros urbanos, por
ejemplo.
De esta manera, las migraciones internacionales e internas, pueden producir
víctimas de la trata de personas, las cuales se encuentran en situaciones de
servidumbre doméstica, trabajos forzados y explotación sexual.
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Sin embargo, las migraciones no son un prerrequisito de la trata de personas.
Frecuentemente las víctimas de la trata de personas son niños, niñas y
adolescentes quienes terminan involucrados en redes de prostitución organizada y
otras formas de explotación sexual como la pornografía infantil.
El hemisferio occidental solo recientemente comenzó abordar el tema de la trata
de personas. La decisión de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos, la OEA, en sus resoluciones números 148 y 2019, de designar un
coordinador contra la trata de personas, ha sentado un precedente en la
determinación de la región para convertir este flagelo.
La mayoría de los expertos coincide en que la trata de personas es un problema
en expansión global, aunque dada la naturaleza clandestina de esta actividad
criminal, resulta difícil obtener información, datos precisos al respecto.
Estimación mundial sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del
Trabajo del 2012, identificado como el convenio número 29 de la OIT, se define
como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena
cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.
La Organización Internacional del Trabajo en su informe sobre la estimación sobre
el trabajo forzoso del 2012, consideró de manera conservadora según reconoció
ella misma, que en el mundo 20.9 millones de personas son víctimas de trabajo
forzoso en todo el mundo; situación en la que se ven atrapadas como resultado de
coerción o engaño, y de la cual no pueden librarse.
En dicha estimación se insiste en que la trata de personas también puede
calificarse como trabajo forzoso; sin embargo, incluso de este documento, no se
señalan de manera precisa cifras respecto de este fenómeno, sino que se
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retrotrae a las cifras aproximadas del 2005, que habla de 2.4 millones de personas
víctimas de trata de personas.
Situación que se presenta también en nuestro país por lo que no existen datos
certeros que permitan en primer instancia conocer la magnitud y alcance de la
trata de personas en nuestro entorno.
México es estado parte de la Convención de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Trasnacional, conocida también como la Convención de
Palermo, y de su protocolo para prevenir, suprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niñas, habiendo ratificado ambos instrumentos
desde marzo del 2003.
En las primeras acciones encaminadas a tipificar el delito de trata de personas,
destacan las reformas que se realizaron al Código Penal Federal, al Código
Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada en marzo del 2007.
Previo a la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos delitos, mismo que entró en vigor el 14 de junio del 2012, que
abrogó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Dicha ley entiende por explotación de personas, la esclavitud, la condición de
siervo, la prostitución ajena, la explotación laboral, el trabajo o servicio forzado, la
mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades
delictivas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio
forzoso, tráfico de órganos y experimentación biomédica.
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La ley introduce penas más severas para quienes cometen este tipo de delito que
van de cinco a treinta años de prisión y se pueden aumentar hasta en un 50%
cuando incurran en agravantes. La tentativa del delito de trata de personas,
también se sanciona con cárcel. Como también se pena a quien prepare,
promueva, incite, facilite o colabore con la comisión de delitos relacionados a la
trata de personas.
La ley establece una comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar
los delitos en materia de trata de personas, integrada por los titulares de varias
dependencias como son: Gobernación, Comunicaciones y Transportes,
Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación, etc.
Entre las responsabilidades de la Comisión destacan; y me parecen muy
importantes elaborar el programa nacional que contendrá la política del estado
mexicano en relación a estos delitos.
Segundo desarrollar campañas preventivas sobre las implicaciones y los riesgos
de este delito entre la población en general.
Recopilar con ayuda del sistema nacional de seguridad pública, la conferencia
nacional de procuradores, datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en
materia de los delitos previstos en esa ley, con la finalidad de publicarlos
periódicamente.
Diseñar políticas adecuadas y seguras para la repatriación de víctimas de los
delitos objetos de la ley.
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Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta ley, y
lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de estos
delitos.
En un documento más reciente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018,
dentro de la estrategia tercera del enfoque transversal: “México en paz”, se
establece como estrategia nacional propiciar la tipificación del delito de trata de
personas y su armonización en el marco legal vigente.
Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y
consecuencias de la trata de personas orientadas a mujeres, así como la
discriminación de género y los tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres.
Capacitar a los funcionarios y encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y
su reglamento, y demás disposiciones legales aplicables sobre las causas,
consecuencias e incidencia de la trata de personas de mujeres y sus diferentes
formas de explotación.
Así como muy importante la atención que debe darse a las víctimas de este
flagelo.
PROPUESTAS
Como ha quedado patente, el fenómeno de trata de personas lejos de decrecer,
aumenta a nivel mundial y más en nuestro continente, pues según cifras de la OIT
del 2005, este crimen que atenta contra la dignidad humana y los derechos
fundamentales, principalmente de niños, niñas y adolescentes, representan
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ganancia anuales por 34 mil millones de dólares habiendo en países desarrollados
una ganancia de más de 15 mil millones de dólares, y en nuestra región América
Latina, de más de 2 mil millones de dólares al año.
Pero más allá de cifras y datos duros, resulta necesario enfocarnos en las
víctimas, pues cada víctima representa una historia en la cual la dignidad de esta
persona ha sido vulnerada hasta reducirla a su mínimo, atentando no solo a
derechos como la libertad, la seguridad personal, la libertad sexual, la libre
determinación de la personalidad, sino cuestiones como el proyecto de vida.
Por lo que es importante enfocar la política estatal en la protección de las víctimas
más allá de la obvia necesidad de prevenir y erradicar este delito contrario a la
dignidad humana.
Entre las principales víctimas de este delito están las mujeres, quienes en algunas
ocasiones son secuestradas, vendidas, o reclutadas bajo falsas promesas de
organizaciones criminales de trata, quienes les prometen empleo en países
industrializados, en labores domésticas en servicios como restaurante y que sin
embargo, al arribar al país extranjero descubre que fueron llevados con fines
sexuales.
En el caso de los países en desarrollo es más común el comercio de personas
ínter regional, que internacional, y lamentablemente la trata de niños y niñas es
más frecuente.
A efecto de erradicar este delito y especialmente de atender a las víctimas del
mismo, creemos necesario que se sigan algunos lineamientos en el ámbito
jurídico, institucional y social.
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En el ámbito jurídico nos parece necesario conocer y difundir los instrumentos
normativos internacionales sobre la trata de personas para su cabal cumplimiento.
Así como promover la compatibilización de nuestro sistema jurídico con éstos, y
lograr una homogénea legislación en las entidades federativas.
En este sentido, la Procuraduría de los Derechos Humanos del año 2011 a marzo
de 2013, informó respecto del tema de trata de personas a 7,780 personas y
además se realizó en dicho periodo 108 actividades relativas al tema.
Y con el convenio de colaboración que suscribimos este año con CEIDAS,
esperamos llegar a 3,000 personas más siguiendo informando en el tema de trata
de personas y sensibilizando y permitiendo con todo esto que denuncien ante el
ministerio público cuando vean o estén en presencia de este delito.
En el ámbito institucional creemos necesario fomentar la coordinación con los tres
órdenes de gobierno para sensibilizar, capacitar y vigilar a los servidores públicos
a fin de que cumplan sus obligaciones para la eficaz prevención, persecución y
sanción del delito y una eficiente protección, atención y asistencia a las víctimas
del mismo.
En el ámbito social, promover coordinar acciones de cooperación y vinculación de
todos los sectores de la sociedad civil, con el fin de lograr una eficaz respuesta a
este problema; en consecuencia lo anterior nos plantea a todos retos
institucionales que es necesario materializar de manera urgente en acciones
concretas.
Por ejemplo, desarrollar un modelo único de atención integral que permita brindar
protección y cuidados a las víctimas de trata.
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Brindar asistencia médica y psicológica, alimentación y los cuidados mínimos en
los albergues, atendiendo a las necesidades particulares de las víctimas con
especial referencia a niños, niñas, jóvenes y mujeres.
Asegurar que las víctimas de la trata de personas tengan acceso a asesoría
jurídica gratuita.
Asegurar la cooperación e intercambio de información entre autoridades de
diferentes entidades federativas para prevenir y combatir el delito de trata de
personas.
Sensibilizar a los grupos en situación de discriminación o exclusión, afectados por
la trata de personas o la explotación sexual comercial sobre el delito y su
prevención.
Prevenir y combatir la trata de personas, tomando en cuenta los factores de riesgo
que colocan a las mujeres, niños y niñas en situación de vulnerabilidad ante las
redes de trata de personas con fines o no de explotación de sexual comercial.
Proteger a la población en situación de calle de ser víctima de trata de personas.
Brindar protección a las víctimas de trata de personas de origen extranjero
mientras se encuentra en el territorio estatal.
Aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social
de las víctimas de trata de personas; incluso en cooperación con organizaciones
no gubernamentales, mediante el suministro de atención médica, psicológica y
social.
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Fomentar la denuncia, persecución y sanción del delito de trata de personas
protegiendo los derechos de las víctimas y garantizando el derecho al acceso a la
justicia.
Implementar medidas que garanticen la reparación del daño a las víctimas de trata
y explotación sexual.
Contar con personal capacitado en el sistema de procuración e impartición de
justicia penal sobre el delito de trata.
Adoptar políticas para asegurar que las víctimas de trata, carentes de un estatus
migratorio regular, tengan acceso a la protección que se ofrece a las víctimas.
Consecuentemente, con las reflexiones antes expuestas, podremos afirmar que la
trata de personas es un fenómeno que va en aumento con consecuencias
devastadoras.
Es decir, este fenómeno delictivo es la segunda forma de obtención de recursos
ilícitos en el país, solamente rebasada por el narcotráfico y es considerada como
la esclavitud moderna vinculada a los problemas de migración.
Por ello, consideramos que debe generarse un ataque frontal del estado contra
este delito, con acciones contundentes para su eliminación, de ahí que sea
necesario ayudar a la gente a identificar sus variantes, repercusiones y opciones
de denuncia.
La trata de personas es junto con el narcotráfico uno de los peores flagelos que
hoy padece nuestra sociedad.
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En suma se trata de educar y educarnos en la impostergable labor de eliminar
toda forma de discriminación, injusticia, intolerancia y explotación.
Muchas gracias.
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias señor procurador por su intervención.
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Corresponde ahora en primera ronda formular su presentación al Magistrado
Víctor Federico Pérez Hernández, representante del Poder Judicial.
Es Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato de la
Adscrito a la primera sala en materia penal.
Egresado de la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de
especialización en la Universidad de Salamanca, España.
En su preparación académica, tiene ocho diplomados y estudios sobre la situación
actual de la Trata de Personas en México.
Ha sido Consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y tiene carrera
judicial, Actuario, Secretario y Juez.
En el Poder Ejecutivo del Estado, fue director general de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de la Gestión Pública.
Es además catedrático en varias Universidades del Estado.
Cuenta con una vasta experiencia en derecho parlamentario, incluso ha sido
asesor del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de este Congreso del
Estado.
Cedemos el uso de la palabra al Magistrado Víctor Federico Pérez Hernández. Muchas gracias. Buenos días.
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Decía don Quijote a Sancho: “tener cuidado de hacer vuestras las causas ajenas
so pena de perder la honra, el peculio y hasta la vida”.
Agradezco mucho esta invitación y saludamos con mucho afecto al señor
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, Diputado Felipe Orozco.
A la diputada y diputados miembros de esa comisión, Diputada Ma. Guadalupe
Torres Rea; Diputado Juan José García; Diputado Javier González Saavedra;
Diputado Rene Carmona y también a los diputados que acompañan y asisten a
este evento.
Diputado Alfonso Ruiz Chico, Diputado Oscar Arroyo, Diputado Sergio Carlo
Bernal, Diputado Luis Felipe Luna. Espero no haber omitido alguno de los
compañeros.
Celebramos por supuesto el gusto de estar aquí acompañando en este foro al
señor Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, al
maestro Gustavo Rodríguez Junquera.
Saludamos también a Don Tomás López Martínez, Subsecretario de Vinculación y
Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.
Al Licenciado César Augusto Gasca Toledo, Subprocurador de Investigación
Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
Doctor Saúl Arellano, Director de Investigación y de Comunicación del Centro de
Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. de CEIDAS.
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Muchas gracias.
Doctor Carlos Torres muchas gracias por tan excelente presentación.
Bien, saludamos también por supuesto en esta ocasión, no omitiendo haberlo
saludado por allá en la Ciudad de México en el foro Nacional, al Maestro Mario
Luis Fuentes Alcalá, un gusto escucharlo de nueva cuenta.
Bien, decía, cuando comentábamos alguna definición con respecto al deber ser,
nos decía el Maestro Juan de Dios Castro, que hay muchas definiciones, sin
embargo, más que definirlo hay que entenderlo. Y nos ponía un ejemplo muy
característico, nos decía: “si tú vas en la calle y vas con un hermano menor y de
repente te encuentras a tres personas bastantes robustos de más altura que tú, y
que por supuesto intentan dañar a tu hermano ¿qué harías? La respuesta lógica
es: pues yo voy a salvarlo. Y la cuestión sería: “Oye, pero quien sabe que te
hagan, no importa tengo del deber de estar allí con mi hermano”.
Este ejemplo nos da perfectamente una definición de lo que estamos haciendo en
este momento, y es precisamente acatar nuestros deberes tanto como servidores
públicos, como ciudadanos, de atender precisamente este fenómeno que lacera a
nuestra sociedad.
La presentación la haré en tres secciones:
La primera sección corresponderá precisamente a las observaciones que
hacemos por parte del poder judicial de manera muy institucional a esta iniciativa
de ley, que de suyo, es una ley administrativa, es una ley administrativa donde
poco interviene, pero esa poca intervención será valiosa por los aspectos que se
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PANELCONTRA LA TRATA DE PERSONAS
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han comentado ya en este foro, por parte del poder judicial que haremos en un
momento.
La segunda parte será comentar las dos últimas resoluciones que ha sacado (SIC)
el Supremo Tribunal de Justica con este tema; y
El tercero algunas consideraciones conclusivas precisamente sustentadas en
estos dos puntos. Espero no llevarme más tiempo del que nos han otorgado.
De los aspectos definitorios ya se ha dicho mucho y precisamente todas las
modalidades que concluyen o que generan este tipo de fenómeno socia, como es
la trata de personas, fueron ya abordadas hace un momento por el señor
procurador de los derechos humanos.
Así, es pues menester señalar que las consideraciones que hicimos al proyecto, a
la iniciativa de ley, para prevenir, atender y erradicar la trata de personas en el
estado de Guanajuato, realmente son mínimas, son cuestiones meramente que
tienen ajustes y homologación con algunas otras leyes del estado.
Así es que implicaría por supuesto realizar algunas precisiones en algunos
conceptos a fin de evitar ambigüedades y que sea muy factible el entendimiento y
la aplicación de la norma en este sentido.
De ello en el artículo primero cuando se refiere a la protección no solamente a la
víctima u ofendido, sino también de posibles víctimas, bueno decir víctimas
prácticamente somos todos, en un concepto erga omnes, hay que hacer un ajuste
o bien definir específicamente que es lo que se pretende señalar con este
concepto.
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El principio de autonomía, señalado el artículo dos, también es uno de los
conceptos que deben ser precisados desde nuestro punto de vista, y ahorita les
explico por qué vale la pena señalar o realizar todas estas actividades.
En el artículo tres, al señalarse como deber lo que constituye una obligación de
implementar la estructura administrativa y procesos permanentes de
sensibilización y capacitación en materia de trata de personas. Al ser motivo de
sanción su omisión, se debe ser claro en este concepto, así como establecer qué
parte de los programas o cómo van a ser los programas, atendiendo a estas
circunstancias.
En el artículo nueve que señala la integración de la comisión interinstitucional, se
tenía como invitado permanente al presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
circunstancia de suyo valiosa, toda vez que se ha comentado que precisamente la
integración de los poderes en este tipo de realización de programas de gobierno,
es importante por las propias características y circunstancias que se van
generando en el conocimiento de los asuntos que son puesto a consideración del
propio Poder Judicial.
En el artículo quince se expresa como derecho de víctimas y ofendidos, en dictado
imperativo por parte de la autoridad judicial y ministerial, las medidas cautelares y
providencias necesarias para protección y restitución de sus derechos. Dispositivo
que a fin de hacerlo congruente con el artículo 49, fracción décima, de la Ley del
Proceso Penal, deberá señalarse el término solicitar. Esto y atendiendo al principio
dispositivo que por supuesto concurre en el proceso penal.
En el artículo dieciséis también se determina en su fracción primera, que la
autoridad judicial y ministerial que conozca el asunto deberá proveer lo
conducente a efecto de garantizar la salvaguarda de la integridad física y
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psicológica. En ese sentido el articulo veinte constitucional en su apartado “C”
fracción quinta, señala que corresponde al Ministerio Público garantizar dicha
protección siendo responsabilidad de los jueces vigilar el cumplimiento. Por lo que
se recomienda su homologación.
Y, finalmente en el texto del artículo veinte, referido a la responsabilidad
administrativa, circunstancia valiosa que no contiene la ley federal, se ha
determinado precisar el concepto de diligencia de vida, a fin de evitar una
interpretación de la misma, una ambigüedad del concepto. Todo ello para
configurar específicamente el tipo administrativo reprochable.
En esta primera fase es meramente considerativa con cuestiones estrictamente de
términos que son pecata minuta real, ante el gran reto que tiene el Gobierno del
Estado, que tienen nuestras instituciones del estado para atender precisamente
estos temas de trata de personas.
Para ello me voy a referir a dos resoluciones que recientemente acaban de sacar
(SIC) compañeros en diversas salas en el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, en Salas Penales.
Me voy a referir al caso A y caso B, por supuesto son recientes, son de este año y
no haremos referencias a municipios, ni a ciertos aspectos que puedan identificar
las víctimas y por supuesto a los victimarios en su momento.
El caso A parte precisamente del momento en que comienza a constituirse el
delito, así resulta que una persona, una señorita que se encontraba por lo que se
señala y por lo que se advierte de la lectura de la indagatoria del Ministerio
Público, esta persona vivía ciertamente con sus padres; sin embargo, la debida o
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la disgregación en la cual se desarrollaba esta familia con respecto a las
actividades que realizaron los padres, pues ello generaba la falta de aceptación.
Esa falta de aceptación por supuesto genera que una persona, vaya y busque
donde sea, donde sea acogida y ello implica pues obviamente cambio de conducta
de patrones de vida, de tal manera que si ponemos un ejemplo, porque voy y me
junto con un grupo que tiene como característica ponerse algún tatuaje, por poner
ejemplo, sin que sea discriminatoria como un ejemplo como un elemento de
identificación.
Bueno pues yo voy y no me opongo, porque, porque ahí me aceptan, porque ahí
me quieren, porque ahí me acogen, porque me siento a gusto con ellos.
Pues bien este tipo de situaciones que son algunos de los fenómenos sociales que
parten por supuesto de la propia familia, pues genera una circunstancia o una
situación que hace a esta persona precisamente vulnerable.
Conoce entonces a un muchacho y el mismo día que lo conoce, él le dice y le
manifiesta, que él no buscaba una relación pasajera, que él busca alguien para
casarse; así entonces, le dice en ese momento, ¿quieres ser mi novia? Y ella de
inmediato pensando precisamente en que él quería una relación formal y para
toda la vida, le dice sí, sí quiero ser tu novia, pues bien comienza una etapa de
buenos días de relación de una persona que vamos aponer un ejemplo, que se
llama Juan, y anda con Juan los dos tres días, donde él respetuoso de la
integridad física de la muchacha, le sigue diciendo que él por supuesto está
dispuesto a tener una vida matrimonial con ella.
De ello pues resulta que le dice que va a tener que ir a su ciudad que es una
ciudad X y la convence y le dice pues vamos, pues mira tengo muchas cosas por
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hacer pero vamos a conocer a mi familia, es más te voy a presentar a mi familia
porque tú sabes que quiero llevar una vida matrimonial contigo, una buena vida
contigo.
Se va ella y resulta que pos no iba a la ciudad X sino a la ciudad Y, y después le
dice bueno mira yo te quería decir la verdad, pero yo no me llamo Juan, me llamo
Pedro; sin embargo, yo continuo en intención de hacer una vida matrimonial
contigo y esto lo sigo haciendo porque tú has visto que ni siquiera te he tocado, te
he respetado, estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, muy bien, pues
entonces dadas la circunstancias económicas él no encontraba trabajo, si esto es
en cierto periodo de tiempo no muy largo y deciden entonces ir a visitar a los
papás, dice oye pues mis papas no saben a lo mejor nada, porque no vamos a ver
que pasó, no es que no tengo dinero para ir, tengo que regresar por el trabajo en
donde estaba, además hay una liquidación, ¡ah! entonces si vamos.
Van entonces a ver a los papás de ella y le dicen, le presentan y finalmente les
dicen los papás: hija si tu estas ilusionada y estás convencida de que es lo que
quieres y así ha sido para ti el respeto que a ti te ha dado, no tenemos más que
decirte, si, los papas que hacen, procurarle entonces a su hija una mejor vida de la
que ya le daban.
Posteriormente, regresan a esa ciudad Y, donde vivían y ella regresa
posteriormente a su casa a la semana siguiente por sus cosas y a cobrar el
cheque que tenía pendiente que no pudo cobrar el día que asistió.
Pues bien, llegan allá, se acaba el dinero y le dice sabes que, nos vamos a ir a
otro lugar. Y llegan a otro estado de la República y le dice ¿sabes qué? La verdad
es que está difícil y yo creo que me vas a tener que ayudar, pero la forma de
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ayudarme pues es, pues vas a tener que hacer uso de tu cuerpo, porque de otra
manera no veo otra posibilidad de hacerlo y la prostituye.
En ese sentido, este aspecto prostitutivo en conjunción con otra persona del sexo
masculino y otra persona del sexo femenino, realizan las actividades de vigilancia,
le quitan celular y le ponen vigilancia para que no se escape; hasta que llega a
caer al Estado de Guanajuato, donde logra escaparse y precisamente aquí, es
donde comienza entonces a ser juzgada esta persona a través de esa indagatoria
de la Procuraduría General de Justicia, donde llega a una resolución, donde le
dicen sabes que van 18 años.
Se apela y recientemente una de las salas dice sí efectivamente de conformidad
con la legislación estatal aplicable, porque estos hechos fueron anteriores a la Ley
General de Trata de Personas, pues entonces puedo ponerte, puedo establecerte
y encuadrarte precisamente en la norma penal estatal. Se confirma y sigue con
sus 18 años de vida. Pues ese es un caso A del que veremos referencias de por
qué veremos las aristas y circunstancias que tiene que ver e Inciden precisamente
en estos asuntos.
El punto B, el caso B, es una muchacha menor de edad donde ella había vivido
con la abuela materna, luego con la abuela paterna y así andaba de casa en casa,
ante la completa disgregación de su familia; en ese sentido, conoce a una persona
que la comienza a tratar bien y que obviamente pues desde el inicio comienzan a
tener sus relaciones.
Y esta persona, dadas esas circunstancias decide seguirlo a donde va, porque
además ya no solamente para ella era su novio, lo presentaba como su esposo,
no obstante que no estaban casados, realmente es una situación de concubinato,
lo presentaba como su esposo.
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Entonces en esa tesitura comienzan y siguen ellos viajando a dos o tres estados
de la república, precisamente ofreciendo esos servicios, esos sexo servicios para
poder lograr algún elemento de recurso económico para efecto de la supervivencia
hasta que llegan a Guanajuato, y aquí es donde una vez denunciada esta
circunstancia, precisamente esta persona decía: dentro de esta afectación que
tenía psicológica, decía pues es que pues es que mi esposo o sea, yo lo hago
porque lo quiero, y entonces como se había comentado hace un momento, a
veces no se tiene la conciencia de víctima, sí.
Este asunto está, recientemente fue apelada en el nuevo sistema procesal, la
formal prisión, pero con la modalidad que es bajo las nuevas normas o los nuevos
tipos delictivos que señalan en la Ley General de Trata de Personas.
Entonces este va hacer nuestro primer asunto que viene ya bajo esta nueva
normativa; que de suyo ya se ha comentado también que tiene ciertas
complicaciones por la diversidad de los tipos, y la diversidad de verlos, que
implica el tipo penal, como se ha comentado hace un momento.
Entonces, hay conocimiento de que ya se hubo una sentencia en este sentido en
Chihuahua y que nosotros vamos en este nuevo sentido, con relación a este
nueva Ley General de Trata de Personas que tiene que ver con el artículo 10, en
su fracción cuarta, y con el articulo 13 en su fracción tercera, esto es situación de
vulnerabilidad y el servicio sexual, tanto para sí como para terceras personas
obviamente con una remuneración económica.
Bien, estos aspectos ejemplificativos lo que tenemos en este momento en manos
del Poder Judicial, tiene por supuesto las aristas, tiene multitud de vistas, que si
ustedes van analizando cada uno de los aspectos que ya hemos comentado, sí,
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vamos a ver, vamos a sentir, vamos a palpar todo el cúmulo de circunstancias que
inciden, ¿Cuál fue la ventaja en esta segunda averiguación previa en el caso B?,
que nos comienza a narrar esta persona casi desde que tuvo uso de razón como
ha sido su vida, ¿Qué nos permite? Nos permite entonces tener muchos
elementos para determinar esa situación de vulnerabilidad, en que sobre todo ésta
persona a través de los dictámenes periciales sicológicos, permitieron establecen
específicamente lo que había con respecto a esa situación de vida, con afectación
exclusiva de lo que es la victimización por este delito.
Entonces no es menor la tarea, no es menor la tarea que tiene el gobierno del
estado, no es menor la tarea que tiene esta norma legislativa de carácter
administrativo para efecto de dar un buen término estas circunstancias.
Entonces si nos ponemos analizar todas estas circunstancias, este tipo de
circunstancias de estas aristas que hemos comentado no nos van ajustar dos o
tres días para ver cada uno de ellos, desde la circunstancias de la familia, la
circunstancias de la sociedad, las circunstancias en las que pasó.
Y esto nos lleva consecuentemente a algunas consideraciones conclusivas.
La primera de ellas será entonces que si nosotros hemos tenido como unas
constancias de lo que debemos palpar en el poder judicial, gente que viene de
otros lados ¿dónde estarán nuestros guanajuatenses?
Número uno que tenía que ver precisamente con temas que ha tocado el señor
Procurador, con temas que tocó la Senadora, por todo lo que tocó el maestro Luis,
que son precisamente cuestiones numéricas y de identificación del problema.
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El segundo es que en esta segunda averiguación previa, fue muy extensa, fue
muy completa a diferencia de la primera y esto nos lleva y siempre por supuesto,
siempre muy respetuoso el trabajo de la procuraduría, es a que se establezcan
algunos modelos o protocolos de investigación, que es una cuestión que debe
quedar también por ahí, las bases en esta ley de carácter administrativo.
Las demás conclusiones que podríamos hacer y que dejan un poquito de los
minutos que nos restan, porque ya se me fue el tiempo aquí, va hacer señalar que
en la medida de que se vaya atacando, que se vaya atendiendo, tal como señalan
el texto de nuestra iniciativa, realmente el problema en esa circunstancias
realmente podrá erradicarse, de otra manera las políticas públicas no sean
efectivas sino tiene elementos de medición.
Hasta aquí este momento de participación, le agradezco mucho la atención.
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias Magistrado Víctor Federico Pérez Hernández
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Corresponde ahora la intervención en este panel, al Licenciado Tomás López Martínez Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de
Gobierno.
El Licenciado Tomás López Martínez tiene formación profesional de Licenciado en
Derecho y en Educación. Esta diplomado en Administración Pública, en Derecho
Penitenciario, en Procesal de Amparo, en Contencioso Administrativo y en
Pedagogía. Cuenta con estudios de Criminalística.
Ha sido Consejero Nacional de la Agenda desde Lo Local del Instituto Nacional
para el Federalismo y Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobernación.
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Funcionario Municipal, y Director General del Colegio de Estudios Científicos
Tecnológicos del Estado de Guanajuato.
Integrante del Consejo Estatal para Prevenir, atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.
Representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato.
Enlace de la Secretaría de Gobierno del Estado ante la Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Petróleos Mexicanos (PEMEX)
y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
Tiene la experiencia de haber sido representante popular como Diputado Federal
en la LVI Legislatura.
Cedemos el uso de la palabra al Licenciado Tomás López Martínez.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes.
Un cordial saludo para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables, Diputado Felipe de Jesús Orozco García.
De igual manera a la Secretaria de la Comisión Diputada Ma. Guadalupe Torres
Rea, al Diputado Juan José García López, Al Diputado Javier González Saavedra,
al Diputado René Carmona, quienes son integrantes vocales de la propia
comisión.
Saludo con afecto a todos los diputados, diputadas que nos acompañan.
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Igualmente al distinguido presídium, del cual nos corresponde también compartir
esta mesa la cual la considero un honor participar.
Un saludo al Presidente de la Sexagésima Segunda Legislatura Diputado
Francisco Flores Solano; y
Desde luego al Director de Instituto de Investigaciones Legislativas, mi gran amigo
el Doctor Carlos Torres Ramírez, quien junto con su equipo integran un gran
esfuerzo de leyes comparativas, aportes importantes de investigación y
organización puntual de foros que se requieren para recabar la opinión de las
diferentes fases en las diversas iniciativas que el Congreso del Estado tan
distinguidamente va llevando.
Quisiera describir antes de iniciar esta breve opinión. Traté de interpretar lo que
viene siendo la forma de organización de este panel.
Fue dividido en dos partes; lo cual lo considero muy acertado, primeramente la
participación del Maestro Mario Luis Fuentes Alcalá y además de la Senadora
Adriana Dávila Fernández, quienes nos integran un marco amplio de cuál es el
avance que se lleva de la ley en esta materia.
Además nos enfocaron, nos describieron los retos que se pretenden a nivel
federal. Cuáles son las atribuciones y la competencias de ambos niveles de
gobierno, así también como cuáles específicamente en materia procesal a quién
corresponde.
Esa parte me pareció muy importante y de la cual también nos describieron, cuál
viene siendo por parte de las atribuciones en el ejecutivo del estado y de igual
manera en los municipios, hasta dónde se tiene el alcance para poder integrar
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políticas públicas y participar con la sociedad en materia de este lamentable y
sentido delito que es la trata de personas.
En la segunda parte, pues aquí en esta mesa en la cual nosotros estamos
compartiendo, nos piden dos aspectos: en primer lugar una opinión, y en segundo
lugar cuáles son los retos.
Pero hablar de opinión y retos también estamos hablando en este caso de nuestro
papel y en mi caso, viene siendo mi papel en el ejecutivo del estado.
De esta manera enfocaré la exposición en donde está la labor, las atribuciones y
los retos en el trabajo coordinado en el gabinete del Ejecutivo del Estado
encabezado por el Gobernador Miguel Márquez Márquez, y de igual manera,
cómo es posible trabajar en los diversos ámbitos donde derechos humanos tiene
una importante participación con nuestro procurador, la Procuraduría de Justicia,
la cual lleva la persecución del delito y el Poder Judicial todos los temas
relacionados con procesos.
Pero queda el segundo tema, en dónde está la labor del estado, la más importante
que viene siendo del resarcimiento de daños, el seguimiento para la prevención y
además todo aquel aspecto que nos permita a nosotros lograr que la persona
afectada que es la víctima y el ofendido, puedan tener una atención adecuada y
acorde a los derechos humanos. Lo cual es una parte clave y además muy
necesaria que el gobierno federal y del estado, ha estado poniendo una puntual
atención.
Comenzaré primeramente con una pregunta que tendremos todos sobre la mesa,
¿Es importante el tema de trata de personas? Es importante el tema no solamente
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de la descripción del delito. Es importante la sensibilidad social que se tiene al
respecto.
Quisiera comentarles, es un tema de creciente interés internacional, nacional y
local, y la razón es muy sencilla, porque los datos, las estadísticas, y las
situaciones que se dan a diario en esta materia vienen siendo punto de atención
de quienes tienen la competencia para buscar junto con la sociedad, lograr que se
respeten los derechos humanos.
A cada día se generan datos, cifras, estadísticas claras en los cuales tendremos
que poner atención y es responsabilidad de todos ejercerlo.
De tal manera, que la Comisión de Derechos Humanos, al momento de comenzar
este estudio a profundidad, tiene esa sensibilidad de que el espíritu del legislador
a través de este conjunto de articulados dentro de la ley marca que debe existir la
obligatoriedad del estado para atender este tema.
Esa parte es importante, no que el estado lo vaya o no lo vaya a atender, ¡claro
que lo atiende! Sin embargo, integrar los mecanismos necesarios para hacerlo,
obliga en este caso a quienes corresponden en los diferentes ámbitos del gabinete
para poder ser muy puntuales en el trato de este tema.
En segundo lugar, se debe de entender la trata de personas como el comercio de
seres humanos. La palabra es clara y sencilla, es el comercio de seres humanos.
De tal manera que poner a la compra venta, al comercio y al precio de un ser
humano para el trato con otros, es verdaderamente un atentado contra la dignidad
de la persona y no solamente esto, sino que viene siendo contra los derechos
universales del ser humano.
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La opinión sobre esta iniciativa y los retos en materia de prevención, protección y
persecución es importante atenderlo.
Este delito, la trata de personas ciertamente se habla de que de suyo implica una
actividad ilícita que se realiza sobre otros con fines de explotación; con la
diferencia esta es la diferencia que se da, que no existe la integración monetaria
sobre servicio que es delictivo directamente hacia la víctima, sino que se da por
segundas y terceras personas, de las cuales, la víctima es explotada y por eso
bien se califica como la esclavitud del siglo XXI.
La ley es clara y ya no lo había comentado en su muy acertada ponencia el
Procurador de los Derechos Humanos, en donde describe conductas y estas
conductas las viene enmarcando desde el punto del seguimiento.
También lo que es la conexión, el traslado, y que va desde el inicio que se tiene a
la víctima hasta el momento en que concluye el delito, del cual existe una gran
diferencia entre el tráfico de personas, entre ellas, está inicia al momento que se
engancha o se tiene a la persona, y concluye al traslado en su migración en donde
se tiene explotada a la persona.
La trata y el tráfico tienen diferencias que es necesario que se mantengan de
manera también muy puntual.
Por tal motivo, que la protección y asistencia a víctimas es obligación del estado y
debe de puntualizarse de esa manera, pero también en este caso el acusado, el
sentenciado, y el procesado en el cual tendrán que resarcir los daños.
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No únicamente es la parte punitiva, no solamente viene siendo la parte de la pena
que se le dé, sino que viene siendo cómo van a resarcirse estos daños,
psicológico, de carácter económico y/o de carácter social.
En otras partes del mundo, ya se ha legislado al respecto. En Rusia el 16 de
diciembre de 2003, se hicieron las modificaciones en el código penal al respecto.
En el Salvador de igual forma y en los Emiratos Árabes Unidos, este delito
establece penas hasta cadena perpetua.
Esto es lo que viene dando los datos y la importancia que se tiene, -bueno es en
otros países- ¿Qué pasa en México? En México solo 19 estados tienen una ley
para prevenir y atacar el delito y solo en dos de ellos existe un reglamente para
operar la ley, es todo un reto, el continuar y avanzar al respecto.
De las legislaciones de los 31 estados y Distrito Federal solo en la ciudad de
México y en Chiapas, las autoridades cuentan con una ley y un reglamento para
combatir, prevenir y sancionar la trata de personas.
Los tenemos también en los otros estados pero se carece de reglamento. En
Guanajuato necesitamos avanzar al respecto.
Es indispensable completar, atender y lograr que esta ley sea aprobada.
¿Qué podemos decir en esta segunda parte relacionada con la propia iniciativa de
ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas en el estado de
Guanajuato? Primeramente, quisiera comentarles del artículo 1, en este artículo
nos habla de prevención, atención y erradicación y además de la asistencia y
protección.
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Cuando hablamos de asistencia y protección de la víctima, tenemos dos
supuestos: en ocasiones tenemos a la víctima del delito sin que tenga acusación o
procesado; en este caso es necesario que el estado lo atienda, de igual forma.
En segundo lugar, cuando se tiene ya una acusación directa, existe un proceso y
después una sentencia ya deberá de haber estado atendida el o las víctimas u
ofendidos de este delito, del cual implica precisamente la atención del estado
durante ese proceso.
Desde luego ya lo habían comentado también que la garantía constitucional de
justo proceso y presunción de inocencia nos puede llevar a una consecuencia del
cual el acusado resulta inocente, sí, y la víctima qué, esa es la parte medular
donde el estado requiere atender este tema, porque en este caso que se tenga o
no culpables, o no haya sido en ese debido proceso encontrado por parte del juez
hacia los justiciables esa pena y/o resulta inocente de todos modos en ocasiones
se tiene ahí de manera potencial a la víctima.
Con respecto a los principios rectores, respeto de la persona, la libertad
autonomía acceso a la justicia pronta y expedita y la de protección y apoyo de las
víctimas, existe en el número siete una parte muy importante, el interés superior
de niños, niñas y adolescentes en materia de este penoso delito.
Esto es una parte del cual el legislador debe de tomarse muy en cuenta porque
principalmente en estos grupos vulnerables, la niña, el niño y el adolescente
vienen siendo las principales víctimas.
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En ocasiones solamente se enfoca al crimen organizado o a ciertas
organizaciones delictivas que llevan este asunto relacionado con el comercio de
personas, pero no es lo único.
Todavía en ocasiones la percepción general y los diarios nos lo comentan y me
pregunta yo en la mañana, precisamente cuando se consigna una migración
interna de indígenas mixtecas en algunos estados entre ellos Guanajuato, 1,200
personas llegan a una labor en la cual se considera cierto nivel de explotación, y
del cual es necesario atenderlo, desde luego, pero mi pregunta sería: ¿Ahí adentro
cuánto existe o que existe en trata de personas, de manera dolosa, inconsciente o
por ignorancia hacia los niños y niñas?
Este tema de trata de personas es un tema que en ocasiones lo convivimos entre
la sociedad, que sea un delito de manera organizada si está configurado y es
necesario atenderlo y ampliar precisamente la conciencia de las familias en todo
México, desde luego Guanajuato para que se atienda.
Alguien dirá: en otros estados sí sucede pero en Guanajuato, no, quizás en menor
cantidad, pero que nos podemos preguntar si existen realmente algunos indicios,
algunos datos y estadísticas, carecemos de ello.
Por esa razón, el legislador nos enmarca también en uno de los 20 artículos que
es necesario que se atienda como una herramienta el seguimiento estadístico
porque al momento de que se tenga un consejo en el cual el legislador obliga para
que se reúna el gabinete y los invitados especiales, aquí lo enmarca el poder
judicial, derechos humanos, tendría que estarse sobre la coyuntura
exclusivamente.
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Qué dicen los diarios, cuál es el problema, en dónde existe la agrupación que más
enmarca que lo atendamos. Cuando tengamos y tenemos será necesario tener
datos estadísticos como una herramienta indispensable de seguimiento,
tendremos una mejor sociedad.
Esta parte, para este logro es importantísima que el legislador lo marque y lo
puntualice.
También aquí se habla de niños, niñas y adolescentes, quizás sugiera que en el
estudio con todo respeto, pueda también considerarse el tema de las personas de
tercera edad, ¿Por qué razón? Porque trata de personas únicamente en ocasiones
se habla de manera muy continua sobre explotación sexual o explotación laboral,
pero se habla poco de explotación en mendicidad.
La mendicidad, la situación que se da en matrimonio forzado, que hay aspectos en
los cuales, no solamente el menor de edad es la mayor víctima. Creo yo que en
realidad tenemos grupos vulnerables, que es necesario considerarlo y ampliarlo.
También quiero señalar de manera muy breve, la elaboración de este proyecto y
programa estatal, para prevenir, atender y erradicar la trata de personas.
Quisiera comentarles que existe ya una experiencia muy satisfactoria de relación
que existe en esa intercomunicación entre poderes legislativo y ejecutivo, del cual
el propio seguimiento del cumplimiento de la ley se está viendo de una manera
muy puntual y continua por parte de una de las comisiones relacionadas con la
erradicación a la violencia contra la mujer.
Hemos sido mandados llamar para platicar de cosas de trabajo y se nos ha
comentado, cómo llevas tu programa, cuánto se ha cumplido, en qué momento se
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realiza la inversión y presupuesto, cuál es cada uno de los integrantes dentro del
consejo, nuestros avances en materia de políticas públicas, entonces sí resulta.
De tal manera que nos permita dar el seguimiento, no solamente que se configure
y se tenga la ley, sino el seguimiento para el cumplimiento de la misma y las
adecuaciones para tener una sociedad mejor.
Concluyo, comentándoles primeramente que esta iniciativa de ley es muy
importante profundizar en su estudio. Integraré y entregaré muy respetuosamente
algunos escritos de los cuales puedan ser considerados algo si así lo consideran
pertinente los diputados de la comisión.
Como poder ejecutivo les quiero comentar que existe una gran espera y alta
expectativa para cumplir lo que la ley nos marca porque la sociedad lo exige, y
porque los datos y los hechos se dan y que es importante que lo atendamos de
manera puntual, principalmente víctimas, ofendidos, y agrego algo más: testigos.
Es muy importante el tema de testigos y no aparece aquí, el tema de testigos y
quienes están dentro de un proceso es importante integrar criterios de los cuales
también requieren de asistencia y protección a los mismos.
Muchísimas gracias.
Doctor Carlos Torres Ramírez:Muchas gracias Licenciado Tomas López Martínez, Subsecretario de Gobierno por
su intervención.
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Ruego al Licenciado César Augusto Gasca Toledo, Subprocurador de
Investigación Especializada, de la Procuraduría General de Justicia del Estado
tenga a bien proporcionarnos sus comentarios.
El Licenciado César Augusto Gasca Toledo, Subprocurador de Investigación
Especializada de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato.
Es maestro en Ciencias Jurídico Penales y Especialista en el Sistema Penal
Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Master en
Ciencias Forenses por el Instituto de Formación para los Cuerpos de Seguridad
Pública del Estado de Guanajuato.
Su formación académica se ha fortalecido en Universidades como la de Buenos
Aires, Argentina, en la Santa Fe de Nuevo México, en la de Indianápolis, en San 100
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Diego, California de Estados Unidos de Norteamérica y cuenta con una Estancia
de Trabajo en la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia. Queda pues en uso de la palabra el maestro César Augusto Gasca Toledo.
Muchas gracias. Antes que nada buenas tardes a todos los presentes. Les
agradezco mucho este espacio para efecto de expresar algunas precisiones en
relación con esta iniciativa que me parece muy importante.
Saludo a la diputada Ma. Guadalupe Torres Rea, a los diputados Juan José
García López, Javier González Saavedra, René Carmona Gómez, Luis Felipe
Luna, Sergio Carlo Bernal, al Diputado Óscar Arroyo.
El Diputado Felipe Orozco presidente de la comisión tuvo que retirarse, pero
agradecemos mucho que nos haya invitado a este panel.
También agradezco sobre manera a mis compañeros de panel al maestro Gustavo
Rodríguez Junquera, Procurador de los Derechos Humanos; al Magistrado Víctor
Federico Pérez Hernández, también que nos acompaña en el panel; al Licenciado
Tomás López Martínez, Subsecretario de vinculación y Desarrollo Político; al
Doctor Saúl Arellano, Director de Investigación y de Comunicación del CEIDAS;
por supuesto al Doctor Carlos Torres Ramírez, Director del Instituto de
Investigaciones Legislativas.
Bien. Creo el tema es por demás importante el haber permitido en presencia aquí
y sobretodo porque además represento a la Procuraduría General de Justicia del
Estado.
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Me parece determinante la labor que podamos hacer entorno a esta iniciativa de
ley que creo que viene a redondear el trabajo que se ha buscado a través de la
federación con la ley general.
Nosotros en particular vivimos el problema o los problemas que se presentan en la
aplicación práctica, dado que nos compete a nosotros el aplicar una ley, para
tratar de establecer una responsabilidad de un inculpado que comete un delito de
trata de personas, llevarlo ante el poder judicial para que este en su momento
reciba un castigo, una sanción, por la conducta cometida y a su vez nos
corresponde también trabajar con todo el aspecto de protección a las víctimas, su
resguardo, su atención, su seguimiento y demás.
Cosa muy compleja como es complejo el delito de trata de personas. Aquí la
finalidad de esta iniciativa, yo la percibo como esa vinculación, esa regulación
cabal entre lo que es la federación, el estado y los municipios que es una cosa
muy importante.
Creo que en la medida que se logre cumplir con esta finalidad va haber un
adecuado seguimiento a este delito.
Mis antecesores ya hablaban de algo muy importante que es no se trata única y
exclusivamente de que exista una ley sino que esa ley debemos de buscar, los
lineamientos, la manera en que se ha de aplicar y que esa aplicación sea práctica,
sea lo más sencillo posible y además atendiendo a una realidad que tenemos en
el estado de Guanajuato.
Me permito hacer algunas propuestas. Quiero hacer algunas precisiones que me
parecen interesantes con todo respeto a la elaboración de esta iniciativa, son muy
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sencillas pero creo que pueden abonar a que queden mejor especificadas estas
situaciones.
Respecto de lo que se señala en la iniciativa, considero que las fracciones que se
están estableciendo en el artículo dos, en esencia son idénticas a las que se
establecen en la ley general, en las fracciones dos y cuatro, de manera particular,
y que se refiere a lo establecido en el artículo 3 en la ley general, de manera que
propondría para efecto de que no quedaran fuera los demás preceptos, o más
bien principios rectores de la ley general, se estableciera en una fracción que
además de los principios ya señalados en el artículo 2, se establecen también los
del artículo 3 de la ley general que también serán principios rectores de la ley que
se está proponiendo como iniciativa, para efecto de no ser tan reiterativo y que
sea de un manejo más sencillo.
De igual manera también hago la precisión de que en el glosario del artículo 4,
sería conveniente establecer algunos vocablos en el glosario que serían
importante como: el término comisión intersecretarial, el programa nacional, y
ley general, para referir justamente a la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas.
En relación con el artículo 5, creo conveniente que se estableciera o es pertinente
que debe entablarse entre el estado y los municipios con la federación, la
coordinación porque ahí es omiso en señalarse a la federación, justamente es
para efecto de fuera perfectamente claro la condición de esa coordinación entre
los tres órdenes de gobierno.
Estimo pertinente que se establezca en un dispositivo con precisión una
planeación presupuestal y administrativa que garantice el cumplimiento a las
obligaciones y atribuciones que derivan de esta iniciativa de ley; bueno porque
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esto es una parte importante para efecto de poder materializar ese esfuerzo que
bien se ha hecho.
La otra situación que creo importante mencionar es que en particular en el artículo
8, se está estableciendo que la comisión interinstitucional para prevenir y erradicar
la trata de personas, además de lo contemplado ya en dicho precepto, sería darle
incluir, el dar seguimiento porque dice: coordinar las acciones, pero creo que dar
seguimiento sería más completa para efecto de que no quede nada mas en la
coordinación, sino que se le dé un seguimiento que permita concluir esa
coordinación que ya se tuviera.
Otro punto importante para precisar es en relación con la capacitación que se
realice, capacitación y profesionalización; dado que sería importante precisar, si la
comisión va a llevar a cabo esa profesionalización y capacitación como se
enuncia, o bien, es solo la facultad de diseñar y coordinar los esquemas de
capacitación y sería alguien más quien la lleve a cabo. Solo para efectos prácticos.
Por otro lado, también considero relevante que se estableciera en relación con el
artículo 15 de la iniciativa de ley, se señala prácticamente el mismo contenido del
artículo 20, apartado “C” que ha habían incluido en la Ley General, y que se refiere
a lo relativo a lo que señala dicho artículo y creo que sería duplicar, a lo mejor
sería importante establecer una revisión para ver si es necesario dejarlo o bien
reestructurarlo para evitar que se duplique ya el contenido que viene en el
apartado “C” del artículo 20.
Ya se había mencionado por parte de mis antecesores, es en relación a acceder a
los beneficios contenidos en el fondo para la atención y apoyo a las víctimas y a
los ofendidos del delito del Estado de Guanajuato, en los términos de la materia.
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Sin embargo, la ley general nos establece y dice: para el ejecutivo federal los
estados y el Distrito Federal, establecer en el ámbito de sus respectivas
competencias un fondo para la protección y asistencia de las víctimas de los
delitos en materia de trata, lo específica, sería pertinente que el fondo fuera
exclusivamente para este delito.
Otra situación que creo considerable que se valorara, es en relación a que las
alertas que se generen no dependan exclusivamente de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, y lo hago no por huirle a que nosotros o que descanse en
nosotros esa facultad, sino que creo pertinente que las policías también pudieran
generar la alerta, dado que ellos son los que tienen el primer contacto ciudadano.
Es decir, que fuéramos nosotros la procuraduría pero también las policías, para
efecto de que hubiera una atención más inmediata.
Por último creo que valdría la pena considerar si ha de permanecer en el artículo
18, se establezca que los habitantes del estado Guanajuato, tengan el derecho u
obligación de manejar lo relativo a la prevención y erradicación, sino que más bien
sería que coadyuven con las autoridades en la prevención y erradicación de la
trata de personas.
Es una situación que les propongo a efecto de que se analizará para ver si fuera
más pertinente.
En términos generales son meramente precisiones no tan trascedentes, pero que
creo pueden abonar en mucho a que construya esta propuesta, esta iniciativa que
además me parece muy buena.
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Fíjense desde el aspecto de la aplicación, nosotros tenemos mucho por hacer en
este sentido porque justamente a nosotros es a quienes nos corresponde en
determinado momento que ya está confeccionada la ley, su aplicación, y como
bien decía la senadora, si nosotros tenemos ya la posibilidad de que aquella ley
está bien elaborada, nos reduce las posibilidades de que luego el inculpado, a
través de los abogados defensores, que además como es un delito que reporta
grandes ganancias a los grupos que operan este ilícito tengan posibilidades de
ubicar esos resquicios legales y que a veces eso impida que sean sancionados
por aquellas conductas.
También quiero precisar que hay una situación en el estado de Guanajuato, a
veces se comenta: existe este delito, no existe, en qué proporción. No tenemos la
certeza por una razón, creo que falta mucho en esta ingente labor que hay que
hacer porque no es cosa menor.
Hablábamos de que se tienen que involucrar todas las secretarias que les
compete, en alguna buena parte el trabajo que refuerce este esfuerzo, pero que
además se trabaje mucho en el aspecto de que el ciudadano, la persona que
forma parte de la sociedad, conozca cual es la manera en que se genera este tipo
de ilícito, no es fácil, nosotros lo hemos visto, las victimas a veces nos dicen: “es
que yo no soy víctima”, porque la persona me quiere, me apoya, y dices tú: “no te
apoya, al contrario”, ese apoyo está vedado, es engañoso, está oculto.
Habrá que trabajar mucho a nivel ciudadanía con este aspecto, por el lado de la
procuraduría creo que tenemos mucho que hacer también en el aspecto de
incentivar, motivar la denuncia. La denuncia debe de darse. Creo que a través de
otras instancias trabajar mucho los propios municipios.
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Nosotros vemos incluso, que la manera en que se materializa este ilícito en
algunos municipios es a través desde luego de la materialización, es en las zonas
de tolerancia llamadas, y a veces pareciera ser una forma de comisión de otro
ilícito, o incluso no serlo, no es así, sino que es tan compleja las redes en que se
maneja, cómo se maneja, cómo involucran a los que intervienen en esto, que si no
hacemos el esfuerzo conjunto puede quedar limitado, entonces, creo que hay que
atender mucho a esta intervención que de manera transversal nos corresponde a
todos para que el esfuerzo no sea aislado.
Esa parte que nos corresponde como estado, a los municipios en su haber y por
supuesto a la federación, yo creo que traerá como consecuencia que el atender
toda esta cercanía con las circunstancias que he mencionado tenga un resultado
positivo.
Además, hay que señalar que se ha percibido como si este ilícito fuera
prácticamente de reciente comisión y que antes no existiera, no es así, ha existido,
por supuesto hasta últimamente se le ha dado la atención que creo que debió
haberse dado desde hace mucho.
Vamos por buen camino. Hay que trabajar esta iniciativa que es muy adecuada, y
solo habrá que robustecerla en su momento para efecto de que sea el mecanismo
normativo que nos permita redondear ese esfuerzo a nivel federal, estatal y en los
municipios y que podamos tener un resultado que nos exige la ciudadanía y que
además estamos obligados a darlo. Es todo. Muchas gracias.
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Agradecemos al maestro César Augusto Gasca Toledo, su participación.
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Corresponde ahora la participación del Doctor Saúl Arellano Almanza, Director
Editorial de la Revista México Social y le pedimos haga uso de la palabra para su
exposición.
Saúl Arellano Almanza es Doctor en Filosofía, actualmente es Director de
Investigación y de Comunicación del Centro de Estudios e Investigación en
Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), A.C., y Director Editorial de la revista
México Social.
Es articulista semanal del Periódico La Crónica de Hoy y del Periódico Correo.
Recibió el Premio Estatal de Periodismo en la Categoría de Opinión y Análisis en
2009, y el Premio Estatal al Mérito Cívico en 2012, ambos otorgados por el H.
Congreso del Estado de Guanajuato.
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Fue becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en el
International Visitors Program
Doctor Saúl Arellano Almanza:
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco
profundamente la invitación y saludo con mucho respeto a los y las diputados de
este Honorable Congreso de nuestro estado.
Es un privilegio compartir la mesa con los panelistas.
En el ánimo de respetar los veinte minutos, quisiera dar dos dimensiones de lo
que nosotros percibimos con respecto a la ley.
La primera que tiene que ver con el tema conceptual y consideramos que es muy
importante que la ley en el estado, si bien es cierto que lleva a cabo un buen
ejercicio de armonización, está pasando lo mismo al menos en una primera lectura
de la ley, que lo que ocurrió con la ley general, y es que fundamentalmente retoma
los principios rectores de Palermo, como ya hacía referencia alguno de los
diputados y no está considerando otros mecanismos convencionales de derechos
humanos que son fundamentales también en este materia.
Me voy a referir fundamentalmente a tres, a manera de ejemplificar la complejidad
de la integración conceptual de lo que debería estar en la ley.
En primer lugar la Convención Sobre los Derechos de los Niños, en realidad
debería llamarse de los niñas y los niños, pero se llama así, aunque ya el señor
subsecretario, había aludido al tema del interés superior de la niñez, hay otros
principios contenidos en la Convención Sobre los Derechos de los Niños, que
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valdría la pena considerar su revisión y su posible incorporación al texto de esta
ley.
Me refiero fundamentalmente a los protocolos facultativos que se derivan de esta
convención, particularmente al protocolo facultativo contra la venta de niños y su
explotación en actividades de pornografía infantil, matrimonios forzados y otras
actividades.
Me refiero también a la Convención Para Erradicar todas las Formas de Violencia
contra las Mujeres, también me parece que es un tema fundamental y buscar la
manera de cómo incorporar los elementos que también están en los protocolos
facultativos de esta convención la CEDAW, y que nos dan una serie de elementos
de protección y prevención que no nos da Palermo.
Sobre todo considerando que estos dos instrumentos, en particular, insisto, la
Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña; la Convención Para Erradicar
todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, nos habla de cómo generar una
sociedad libre de violencia, una sociedad conveniencial y una sociedad que nos
permita garantizar plenamente los derechos humanos del niño, niña, mujeres.
Otros elementos que están en lo que se ha llamado ahora los mecanismos
convencionales, se encuentran en los tratados y convenios que México ha firmado
por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo.
La senadora Adriana, hablaba y hacía la alusión de que hoy es el día internacional
para la erradicación del trabajo infantil y México tiene signado desde el año 2000,
el convenio 182 que habla sobre las, o es un convenio que lleva por título:
Convenio para la Erradicación de las Peores Formas del Trabajo Infantil, incluidas
por supuesto, la explotación laboral y la explotación sexual o la explotación sexual
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comercial o incluso la utilización de niños y niñas reclutados por el crimen
organizado para el desarrollo de actividades ilícitas o para su participación en
conflictos armados.
Desde esta perspectiva, Convención de los Derechos de la Niñez; Convención
para Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres; el convenio 182
de la OIT y que está además en vías de presentarse la reforma constitucional
para ratificar el 138 también de la OIT, para elevar la edad mínima de acceso al
trabajo de 14 a 15 años como está todavía en nuestro país, me parecen que
permitiría enriquecer conceptualmente de manera sustantiva, tanto la exposición
de motivos de la ley, como su propio contenido en el articulado y en las
propuestas conceptuales que se están haciendo; incluso retomando la idea del
señor subprocurador de incorporar algunos conceptos, valdría la pena revisar en
el glosario, cuáles de estos conceptos valdría la pena incorporar a manera de que
queden como parte sustantiva de la ley,
Otro tema, en este ámbito conceptual, a mí me parece que es de fundamental
relevancia, considerar las reformas recientes en materia de derechos humanos en
el ámbito constitucional. Fundamentalmente el principio pro personae, que me
parece que es de fundamental relevancia en este tema, porque se habla de cómo
en esta reforma reciente a la constitución deben ponerse siempre por encima de
cualquier otra consideración, los derechos de la persona humana y todas y sus
consecuencias.
De ahí que tenemos hoy un nuevo paradigma constitucional, como lo ha fraseado
tanto el presidente de la comisión nacional de los derechos humanos como el
propio presidente ministro de la corte, en el cual los derechos humanos están en el
centro de todas las decisiones o deberían de estar ponerse al centro de todas las
decisiones públicas, y en esa lógica el principio pro personae, la consideración del
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artículo 1º constitucional, de que todas las medidas de política pública deben estar
diseñadas y propuestas o estructuradas, a fin de dar cumplimiento pleno y
garantía dice la constitución en su artículo 1º, de todos los derechos, considerados
en la propia constitución, pero también en los tratados, acuerdos y convenios
internacionales signados por el estado mexicano y ratificados por el congreso.
Desde esta perspectiva me parece que la iniciativa pudiera enriquecerse aún más,
y generar un marco jurídico integral armónico desde luego, un marco jurídico que
permita armonizar este texto con lo que ya está por mandato constitucional
considerado.
Una segunda dimensión en el ámbito jurídico es: avanzar en la armonización, sí
de la ley pero con el propio marco jurídico estatal, es decir, hay disposiciones
jurídicas que van a ser necesariamente, que deberían ser necesariamente
afectadas por esta ley, por ejemplo, pensemos en el caso de los diferentes
mandatos que tienen el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a
través de la Ley de Asistencia Social, y que debería armonizarse con los
contenidos tanto, -ya lo había dicho la senadora- de la Ley General de Víctimas
como con la Ley General en Materia de Delitos de la Trata de Personas, pero
también con la ley estatal, porque recordemos que la ley estatal es una ley ya se
ha señalado en distintas ocasiones que tiene un carácter más de estipular
cuestiones de carácter administrativo y desde luego de protección y asistencia y
reintegración social de las víctimas.
Me parece que habría que hacer un estudio amplio, comprensivo de cuáles serían
los ordenamientos jurídicos que habría que pensar en modificar, porque estamos
hablando de que el mandato de la Ley General es bastante amplio y bastante
complejo.
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En este sentido, la segunda dimensión a la que yo me quería referir es la relativa a
lo que la sabiduría popular nos apela y es que: “la cuerda siempre se rompe por el
lado más delgadito”.
En este tema como en muchos otros en el país, el lado más delgado de la cuerda
está en los municipios.
La Ley General le da a los municipios facultades que como ya decía mi maestro
Mario Luis Fuentes, rebasan las capacidades del estado para cumplirlas.
Les voy a leer lo que dice la ley, en el artículo 115 que además coincide con el 115
de la constitución en número, que establece las diferentes facultades que tienen
los municipios en términos de facultades y responsabilidades. El artículo 115 de la Ley General dice: corresponde a los municipios y a las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
facultades y competencias, de conformidad con esta ley la legislación aplicable y
políticas tal, tal. Fracciones 1ª instrumentar políticas y acciones para prevenir y
erradicar la esclavitud, la trata de personas o demás delitos previstos en esta ley;
Implementar políticas y acciones para prevenir y erradicar dice la ley.
Segundo, apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para
las y los servidores públicos y funcionarios que puedan estar en contactos con
posibles víctimas de los delitos previstos en esta ley.
Fracción 3ª, apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia
de emergencia, hasta que la autoridad competente tenga conocimiento del delito y
proceda a proteger y asistir a la víctima u ofendidos y demás previstos en esta ley.
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Fracción IV, esta es la más complicada desde mi punto de vista; detectar y
prevenir la trata de personas y demás delitos previstos en esta ley; -habíamos
dicho que el delito es uno- debería decir las diferentes modalidades del delito,
pero fíjense nada mas- detectar y prevenir la trata de personas y demás delitos
previstos en esta ley, en el territorio bajo su responsabilidad.
Fíjense nada más a través de la autorización de funcionamientos de
establecimientos como bares, clubes nocturnos, lugares de espectáculos, recintos
feriales o deportivos, salones de masajes, hoteles, baños vapores, loncherías,
restaurantes, vía pública, café internet y otros, así como a través de la vigilancia e
inspección de estos negocios; o sea que los municipios van a detectar y prevenir
la trata de personas a través de, dice aquí, la autorización de funcionamientos de
establecimientos.
Este tipo de redacción que es mandato de la Ley General, habría que tener mucho
cuidado cómo lo vamos a poner aquí en el Estado, porque nuevamente si la
cadena más delgada de la administración pública son los municipios, y si todas las
evaluaciones con las que contamos a nivel federal, tanto de CONEVAL como de la
Auditoría Superior de la Federación, donde nos dicen que los municipios son
espacios de altísima corrupción de altísima ineficiencia y de altísima
desconocimiento y profesionalización de su personal, la pregunta es: ¿Cómo le
vamos a hacer para cumplir al menos con estos cuatro mandatos? Diría el clásico
pues quiero ver.
Tenemos una problemática mayor porque en términos de derecho administrativo
los municipios son ámbitos obviamente en términos constitucionales son ámbitos
de gobierno, pero en términos de derecho administrativo, también son instancias
administrativas, ¿Con que fondos y recursos van apoyar la instalaciones de
albergues, los del ramo 33?, ¡No hombre! Ya parece, ¿Por qué? Porque bajo la
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lógica local y no hablo solo de Guanajuato, hablo a nivel nacional, los recursos del
ramo 33, ahora se asumen que prácticamente el presupuesto sirve para gobernar
y ya si queda pues se piensa en planear el desarrollo.
Entonces bajo esa dinámica y perspectiva, la cuestión es: ¿Cómo le vamos a
hacer para avanzar en todo lo que nos marca la ley de capacitación? Lo que decía
el señor subprocurador ¿Quién va a capacitar? La universidad estatal, las
universidades regionales, los tecnológicos? ¿Quién va a hacer esa capacitación?
¿Las propias presidencias municipales? Va estar complicado.
De acuerdo con el diagnostico que nos comentaba en un programa de México
Social, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos decía que
él desde su perspectiva no hay ningún municipio modelo todavía en el país que
pudiera presumir de una cultura arraigada en todos sus funcionarios en materia de
derechos humanos.
Eso nos impide precisamente una comprensión de un fenómeno de tanta
complejidad, sobre todo cuando se hablaba también hace un rato de la impunidad,
pues esta tiene como correlato la corrupción.
La extendida presencia del trabajo infantil, por citar el caso, y de la trata de
personas en nuestro país, no podría extenderse sin dos cosas: una extendida
cultura de violencia en contra de mujeres y niños y también una extendida cultura
de corrupción, y hablo de una cultura porque los datos no dejan lugar a dudas.
De acuerdo con Transparencia Internacional, en México se cometen anualmente
aproximadamente 240 millones de actos de corrupción, 85% de los cuales ocurren
en el ámbito local, y en qué tiene que ver, fíjense nada más la paradoja, estos
actos de corrupción ocurren en apertura de establecimiento, cambio de usos de
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suelo, autorización de negocios, etc.,. Precisamente lo que nos marca la ley que
hay que incidir.
Si algún ámbito está identificado como de corrupción en los municipios, en los
estados, es precisamente el área de fiscalización. Esto no me lo estoy inventando,
ahí están los datos de Transparencia y de otras instancias.
Si estos van a ser los responsables de detectar o identificar la trata de personas,
pues estamos en problemas como hubiera dicho Monsiváis pues ahora sí que la
reforma en manos de Loyola.
Tenemos un problema mayor porque estamos dejando en manos de quién la
supervisión, en manos de quién la capacitación y en manos de quién el
seguimiento.
Un tema puntual que me parece central de incorporar en la ley es el relativo a la
evaluación de la ejecución de los programas y las políticas, porque antes en la ley
cuando habla de las facultades exclusivas de entidades y municipios nos dice que
una de las responsabilidades fundamentales es la de la elaboración de políticas y
programas para la prevención y erradicación de la trata de personas y también de
diseñar mecanismos de evaluación, una vez más: quién y cómo va a diseñar los
indicadores para dar seguimiento y para evaluar, ya no solamente el ejercicio
adecuado de los recursos, te doy 100 pesos municipio para este programa y toda
mi cuenta es de esos 100, aquí de lo que estamos hablando ya es de transitar a
un modelo de evaluación de impacto, pero sobre todo de pertinencia a los
programas.
Porque en México hemos visto como en los últimos años nos muestra el
CONEVAL, se ha incrementado en un altísimo porcentaje el gasto para lo social.
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Lo decía el maestro Mario Luis Fuentes, combatir, prevenir y erradicar la trata de
personas implica todo un sistema de políticas sociales y de hecho un nuevo
modelo de desarrollo.
Si esto es así, tendríamos que transitar a un modelo generador de empleos dignos
de un sistema de distribución de la riqueza con equidad, de un sistema de
protección social que permita a todas las personas acceder a los derechos
consagrados en la constitución.
Entonces, tendríamos que estar pensando en modelos de evaluación que nos
digan si efectivamente los programas que se diseñan están cumpliendo con el
objetivo para el cual son creados, con el grave problema que nos dice el
CONEVAL, que el 80% de los programas tanto federales y estatales y municipales
confunden cuestiones tan elementales como causas con efectos.
Dos no tienen identificados adecuadamente la población objetivo que buscan
atender y tres no tienen identificado adecuadamente el problema que buscan o
dicen buscan resolver.
Esas son las cuestiones que desde luego no van a ser exclusivas del contenido de
la ley, porque o podemos pasar a la estricta reglamentación desde el texto jurídico,
pero si son tareas que a mí me parece que el Congreso debería asumir en sus
actividades sustantivas a través de la Contaduría Mayor de Hacienda por ejemplo,
dar las demás facultades para que al igual que lo hace la Auditoría Superior de la
Federación, empecemos a tener un mejor sistema de rendición de cuentas.
Como pueden ver hay una cadena gigantesca de actividades, de
responsabilidades que va a ser necesario que a partir de la ley, el Congreso esté
en capacidad y en posibilidad de exigir su cumplimiento.
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Porque de otro modo vamos a tener un sistema de protección que va adolecer de
muchas cuestiones y que sobre todo no va a responder al ingente problema de
proteger, de prevenir, de asistir a las víctimas.
Se dice que no tenemos estadísticas para saber cuántas víctimas de trata de
personas hay en cualquier estado, en cualquier municipio o a nivel nacional, y es
cierto, sin embargo, también hay datos indirectos que nos permiten percibir la
magnitud de la vulnerabilidad, voy a dar algunos:
Por ejemplo, para el caso de Guanajuato que nos permiten pensar que tenemos
una altísima vulnerabilidad y muy probablemente entonces también un alto
número de personas que son víctimas de la trata de personas, por ejemplo:
La Ley Federal del Trabajo, ya dijimos prohíbe el trabajo en menores de 14 años.
La encuesta nacional de ocupación de empleo nos dice que al cierre del primer
trimestre de esta año 2013, en Guanajuato pudieron identificar a través de esta
encuesta el INEGI, a casi 19 mil niños, y niñas menores de 15 años trabajando,
somos el cuarto estado con mayor número a nivel nacional, nomás nos gana
Chiapas, Guerrero y Puebla.
Tenemos la peor cubertura en el nivel bachillerato, la educación media superior,
estamos hablando de jóvenes, niños y niñas o adolescentes que tienen de 15 a 17
años y tenemos la peor cobertura a nivel nacional en el bachillerato, apenas
llegamos al 56% de acuerdo con las cifras oficiales, junto con una de las más altas
tasas de reprobación y una de las más altas tasas de deserción escolar.
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Según la encuesta nacional de ocupación de empleo, tenemos algo así como 130
mil desempleados en el estado y la sexta tasa más alta de ocupación en el sector
informal.
Entonces, si vamos viendo esto y le añadimos que Guanajuato es el principal
expulsor de migrantes a nivel internacional en magnitud, no en proporción, en
proporción nos gana todavía Michoacán y Zacatecas, pero si en número, pues
tenemos un caldo de cultivo que nos permite pensar que hay una enorme cantidad
de personas que son vulnerables ante este delito.
Si a ello le agregamos violencia contra mujeres y niños, si a ello le agregamos
violencia contra los adultos mayores, si a ello le agregamos altísimas condiciones
de discriminación de exclusión social, entonces tenemos un escenario de altísima
complejidad ante la el cual la pregunta es: si los municipios que insisto siguen
siendo el eslabón más débil van a tener la posibilidad de cumplir este mandato,
madamas esas cuatro fracciones y además todas las que le ponen con las
capacidades que hoy cuentan.
Habría que ir pensando, yo por eso insisto en la reforma a otros ordenamientos
para dotar a los municipios de mayores capacidades que les den la capacidad y la
facultad, la posibilidad de responder adecuadamente a estos mandatos.
Yo lo dejaría en este momento aquí.
Les agradezco mucho su atención.
Doctor Carlos Torres Ramírez:
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Muchas gracias, Doctor Saúl Arellano Almanza, sus comentarios y apreciaciones,
sin duda, serán muy valiosas.
En segunda ronda y hasta por cinco minutos cedemos el uso de la palabra al
Licenciado Gustavo Rodríguez Junquera para dar sus conclusiones.
Muy bien. En esta segunda intervención haré algunos comentarios relativos a la
iniciativa de Ley.
Primero por supuesto reconocer esta iniciativa de ley como un avance positivo;
como una ley necesaria y nos da mucho gusto que el Congreso, que esta
Legislatura esté haciendo estos foros, estos paneles y recabar los comentarios
para poder contar en Guanajuato con una ley que beneficie de la mejor manera a
todas las personas.
Hace unos días remitimos a este honorable Congreso del Estado, de manera muy
respetuosa, opiniones o sugerencias a la iniciativa de ley en comento, por lo que
voy a destacar solamente algunos de estos puntos.
Por ejemplo, en el artículo 1º seriamos de la idea de abundar sobre el objeto de la
ley, entre otras cosas para considerar cualquier forma de explotación, ya sea de
carácter sexual, de trabajo, o servicios impuestos o para el comercio carnal, o con
la intención de extracción de órganos, ampliar el objeto de la ley en el artículo 1º.
En el artículo 2º de la iniciativa, propondremos también de manera muy
respetuosa, sumar algunos principios más.
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Me parece muy buena idea la del subprocurador traer la Ley General y por
supuesto la de Saúl Arellano, de los principios en derechos humanos, yo
rescataría algunos, por supuesto el principio pro personae, el principio de máxima
protección, el principio de perspectiva de género, el interés superior de la infancia,
la garantía de no revictimización, las medidas de atención, asistencia y protección
que beneficien a las víctimas de los delitos de trata de personas y la suplencia de
la queja en todo procedimiento o petición realizado por las víctimas de este
flagelo.
En el artículo 6º de la iniciativa propondríamos una modificación para incorporar
también en los tratados internacionales.
Atendiendo a la jerarquía de leyes así como incluir varias leyes que tienen relación
con esta materia, por ejemplo la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de
Guanajuato; la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley
Para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, entre
otras.
Posterior al capítulo 3º de la iniciativa, propondríamos la creación de un nuevo
capítulo que contenga las obligaciones de los miembros de la comisión
intersecretarial.
En esta iniciativa se plasma de manera muy adecuada, muy conveniente, la
creación de esta comisión interinstitucional, pero nos parecería también
conveniente que en un capítulo se le pusieran atribuciones a cada dependencia de
manera muy clara, cuando menos lo mínimo que tuvieran que hacer en esta
materia.
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En el capítulo 4º de la iniciativa, se hace referencia al programa estatal para
prevenir atender y erradicar la trata de personas; aquí haríamos algunas
propuestas de modificación a la adición de artículos, pero la parte más importante
creemos que es la evaluación del programa, por parte de quién, mucho de lo que
decía la senadora, de cómo lo que no se puede medir me parece que no se puede
mejorar.
Por eso el seguimiento a la evaluación al programa sería un punto importante.
En el capítulo 6º de la iniciativa que contiene los derechos de las víctimas u
ofendidos y medidas de protección y asistencia, consideramos oportuno precisar
que la víctima al estar presente en el proceso, esté en una sala distinta en la que
se encuentra el inculpado.
La parte de los testigos que decía el subsecretario que me parece que también es
importantísima, como proteger a los testigos, no estaríamos hablando de testigos
protegidos, sino de la protección que se le daría a los testigos para que puedan
dar la versión de lo que a ellos les consta y poder tener elementos, en una
averiguación para poder llegar a una sentencia condenatoria que sancione al que
la hizo.
Consideramos oportuno salvo la mejor opinión del Honorable Congreso, abrir un
nuevo capítulo que se refiere a toda la parte de la prevención del delito de trata de
personas.
Uno de los objetivos de la iniciativa es la prevención, me parece que debería
haber un capítulo dedicado a la prevención, con líneas de acción, con políticas
públicas, pudiera resultar pertinente.
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Así también la creación de un nuevo capítulo de esta iniciativa en lo que es
relacionado al fondo de atención a víctimas de este delito.
Existe la Ley de Víctimas en el Estado, existe un fondo de víctimas, pero coincido
con el subprocurador, de que la ley general estipula la obligación a las entidades
para contar con un fondo especial para este flagelo.
Reiterarles como siempre la voluntad, las ganas y el agradecimiento de la
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, para con las y
los diputados para siempre estar trabajando en términos de derechos humanos; lo
que hemos avanzado en estos últimos años en la normatividad en el tema de
derecho humanos en el estado.
Platicábamos que en 2009 Guanajuato, ocupaba el último lugar de armonización
legislativa en el tema de derechos humanos; lo que se trabajó con la Sexagésima
Primera Legislatura y ahora estoy seguro con la Sexagésima Segunda, en el tema
de adultos mayores, en el tema de trata de personas y otros temas que vamos a
venir trabajando, estoy seguro que se harán de muy buena manera y esto ha
colocado a Guanajuato en uno de los mejores lugares en el tema de armonización
legislativa en el tema de derechos humanos.
Estoy seguro que con el trabajo de las y los diputados tendremos una muy buena
ley; una ley que pueda ser aterrizada y que pueda ser practica en beneficio de las
y los guanajuatenses.
Muchas gracias.
Doctor Carlos Torres Ramírez:123
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Apreciamos la invaluable participación del Procurador de los Derechos Humanos
en el Estado, el licenciado Gustavo Rodríguez Junquera.
Encarecidamente le ruego que en segunda ronda, el Magistrado Víctor Federico Pérez Hernández, si nos puede dar el cierre de su intervención.
Comentamos al inicio, ese consejo que le daba el Quijote a Sancho, y sin embargo
hoy a la luz del deber ser estamos exactamente haciendo lo contrario,
comprometiéndonos en la honra, el peculio y hasta la vida por quienes se
encuentran en estas circunstancias tan lacerantes como la trata de personas.
Con ello señalar como conclusión, el mantener precisamente lo que corresponde
al poder judicial; el primer punto es señalar que en los casos del tribunal, no es
sólo número, es una historia de vida que debe ser por supuesto, revisada y
sancionada, con esa responsabilidad que tiene el juzgador y por supuesto
atendiendo a los principios constitucionales que nos rigen y que nos obligan
específicamente a suplir en todo caso, las deficiencias que tenga las peticiones de
las víctimas, en cuanto a la reparación del daño y por supuesto también sin dejar
de observar que los inculpados tienen algunos derechos que también deben ser
atendidos.
La pena obviamente es el último recurso del estado, por ello celebramos bastante,
el que el estado se aboque a través de esta iniciativa de ley que seguramente con
los comentarios que la enriquecen, atender todos aquellos aspectos génesis
precisamente del delito.
Lo ideal es que no llegue al poder judicial, lo ideal es que sea atendido
precisamente desde cada una de las casas, desde cada una de colonias de las
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ciudades de nuestro estado; porque es ahí donde se debe realizar la mayor
actividad del estado a fin de precisamente prevenir y erradicar, con estos números
que nos han dado de estos niños y niñas que por supuesto son las potenciales
víctimas.
Obviamente ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros, el deber ser de
cada uno de nosotros como ciudadanos y por supuesto doblemente como
servidores públicos.
También señalamos las adecuaciones normativas que ya se han comentado y se
han enriquecido en esta mesa, y que sería de suyo comentarlas de nueva cuenta.
Señalar que hay protocolos como el que tiene el Consejo de la Judicatura Federal,
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto, a ser atendido en una
gran parte por los propios tribunales estatales, con estos protocolos que tiene la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tratamiento procesal de los
adolescentes a fin de no vulnerarles en sus derechos.
Es decir, se enriquece toda esta normativa, toda esta actividad, el propio judicial,
precisamente con lo atención a todos los principios constitucionales sobre todo a
todos los tratados de que México es parte para la atención de esta parte de
nuestra sociedad.
Con ello, solo nos queda felicitar y en verdad continuar con la colaboración cuando
nos sea solicitada, y también con mucho gusto estaremos haciendo algunas
consideraciones para efecto para que sea la ley mejor ley, la mejor ley implica que
sea realmente aplicable.
Muchas gracias.125
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Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias Magistrado Víctor Federico Pérez Hernández, sus aportaciones
en este panel.
Corresponde ahora al Licenciado Tomás López Martínez, en segunda ronda
tiene el uso de la voz, para sus conclusiones
Gracias. Tengo algunos comentarios y aportaciones de igual forma.
Primeramente comentarles a los señores diputados, diputada, y a los presentes,
que vamos por buen camino.
El hecho que se estudie a profundidad y se implementen iniciativas así como se
complementan en diversas leyes todo lo que sea relacionado con la promoción y
la defensa de los derechos humanos, siempre será avanzar en el mejoramiento de
nuestra sociedad.
Que es un deber precisamente también de las autoridades, de los tres poderes y
de los órdenes de gobierno.
Algunas aportaciones, dentro de la propia ley, que en ocasiones hay figuras dentro
de este catálogo de formas, que se da en el delito de trata de personas, es
importante considerar el tema de condición de siervo.
Lo que es condición de siervo es un término un poco entendido, pero que sin
embargo si se da, en el carácter social, principalmente en lo que son comunidades
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rurales y algunas zonas de comunidades que tienen principalmente gran pobreza
y vulnerabilidad muy patente.
Adopción ilegal de menores, usual, y que en ocasiones tiende a ser costumbrista y
quienes negarán que esta situación existe, considero que está en un error.
Tráfico de órganos, tejidos, células de seres humanos vivos, esa parte es
necesario considerar y es necesario también atender y ver si en la parte de esta
ley, es posible también abundar al respecto.
Experimentación biomédica ilícita de seres humanos, que también es un aspecto
que en la conducta social viene tomando relevancia.
El tema de ayuntamientos, solamente se nombra como ente obligado a la
observancia, pero sin embargo, es necesario encontrar el punto de alcance, no
está necesariamente en hacer similitudes de consejos, sino que es necesario ver a
la luz del artículo 115 hasta donde se queda el alcance de las atribuciones, pero
cómo puede participar a quien verdaderamente obliga, que es al ejecutivo estatal y
federal.
Participación de la sociedad es muy importante puntualizar en este tema, además
de tener la figura de comisión interinstitucional, la parte del consejo de
participación social, que existen estas figuras en otros ámbitos, considero que es
necesario fortalecer también y atender este tema para que verdaderamente la
sociedad participe.
El adecuado sistema de información, la generación de políticas públicas y el fondo
especial de atención. Ahí el ejecutivo y el legislativo tenemos una participación
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muy importante y que además debe de considerarse como un concepto a priorizar
y que además ya está obligado en la ley en comento de carácter federal.
Esto son los temas que es necesario integrar y que genera gran satisfacción que
este ejercicio de trabajo conjunto, una conjunción de opiniones, una apertura a las
propuestas para que se integre una ley que sea muy útil para Guanajuato y que
además haga para ello una sociedad mejor, siempre será bienvenida. Vamos por
buen camino.
Gracias
Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias Licenciado Tomas López Martínez, sin duda que sus conceptos
son enriquecedores.
Corresponde en segunda ronda al Licenciado César Augusto Gasca Toledo, su
segunda intervención para cerrar este panel.
Gracias. Solamente abonando a lo que ya se ha dicho y primero quiero señalar
que Guanajuato es un estado en el que siempre se ha hecho notar por una gran
tradición jurídica, de análisis, de grandes transformaciones, de cambios.
Celebro esto porque esta iniciativa implica el trabajar de manera coordinada, como
se dispone en la normativa, justo para combatir este delito que trasciende, que
daña, que afecta tanto a una sociedad, eso nos debe ser motivo de orgullo a todos
los que de algún modo vamos a participar, trabajar en aras de que se cumpla a
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cabalidad esta iniciativa y que tenga la fortaleza necesaria para que se aplique de
la mejor manera.
Por otro lado, también creo que es muy importante que la finalidad es irnos hasta
una etapa de prevención y que bueno que logremos que el día de mañana, se
disminuya el embate de esta forma delictiva y que trabajemos mucho, como ya lo
hemos reiterado de manera transversal a todos los que nos involucra para evitar
que llegue a una etapa donde ya se llevó a cabo, ya se comenzó un ilícito de esta
naturaleza, que lo podamos combatir, previniendo que es una parte
importantísima.
Finalmente apostar mucho a la cultura de la denuncia, aperturado hacia la
ciudadanía, a todas las posibilidades que tenemos de informar, de dar a conocer
que ellos sepan con quien conducirse, con quien denunciar, que hacer en caso de
una ligera sospecha de un ilícito de esta naturaleza que como decíamos, a veces
está presente, pero matizado con conductas que pueden parecer distintas a este
ilícito.
Yo creo que si abarcamos todo esto y por supuesto con las adecuaciones
normativas que se vayan a hacer, para redondear este esfuerzo habremos
avanzado mucho.
Les agradezco mucho el habernos invitado y me pongo a sus órdenes desde
luego con toda la institución para lo que podamos aportar en generar un mejor
trabajo.
Gracias por este esfuerzo.
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Doctor Carlos Torres Ramírez:
Maestro César Augusto Gasca, Subprocurador, le agradecemos mucho su
participación. Corresponde en segunda oportunidad al Doctor Saúl Arellano Almanza cerrar su
intervención.
Yo nada más insistiría en dos temas: Uno la cuestión municipal, perdón que haga
tanto énfasis en el tema, pero hay cuestiones de operatividad que si bien no se
van a poder resolver en la ley.
Me parece que no van a poder por ese lado, por ejemplo, la Ley General dice: no
recuerdo el artículo exacto, que cuando el ministerio público o cualquier autoridad,
en los órdenes federales, estatal y municipal, conozca la desaparición de un
menor de 18 años deberá emitir una alerta, esto está vinculado con el sistema
nacional de seguridad la alerta AMBER y que bueno que en Guanajuato ya hay un
trabajo para integrarse a este sistema nacional.
Igualmente ¿Quién va a operar las líneas? ¿Cómo vamos a vincular a los
municipios? Va a haber el 066 nada más o va haber una línea especial, hay un
01800, se garantiza o no la confidencialidad del anonimato de quien llame.
Todas estas cuestiones operativas va ser muy importante que los gobiernos
municipales estén atentos en la integración de esta medida de lo que está ahí.
Además dice que es de notificación inmediata se rompe esta unidad de que tengo
que pasar 24, 48 y hasta 72 horas para iniciar la búsqueda de una niña, niño, o
cualquier persona menor de 18 años que desaparezca de sus entornos.
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Primer tema que creo que no se puede dejar de lado y también que tiene que ver
con el fortalecimiento del sistema de asistencia social, porque la ley general
establece que la entidad responsable de la protección durante, después y hasta su
plena reintegración dice la ley en términos de reintegración social, pues es el DIF.
Entonces, si no tenemos un fortalecimiento el Sistema Estatal de Asistencia
Social, y si no le damos al DIF las capacidades para la operación del albergue que
dice la ley general que debe tener y de este proceso de acompañamiento jurídico,
emocional, psicológico, de todos los ámbitos que están considerados en la ley, va
a ser muy difícil de entrada quiero ver si como dice la Ley de Asistencia Social,
todos los municipios los 46 del estado cuentan con organismos públicos
descentralizados para tal, tal, que es el DIF, algunas son direcciones, hasta donde
alcanzo a entender y no han cumplido con el mandato de la Ley de Asistencia
Social, de convertir a los sistemas municipales en organismos públicos
descentralizados.
Es un tema de derecho administrativo que creo que no podemos dejar de lado, por
la magnitud de la responsabilidad que está y nuevamente retomar lo que todos los
compañeros del panel, y han comentado, la constitución del fondo.
Definir exactamente el monto, definir exactamente cuándo va a empezar operar,
de qué manera va a operar, va a ser un fideicomiso, es decir, cuáles son los
constantes recursos que le van a estar llegando porque de otra manera vamos a
tener una excelente ley pero que va a resultar inoperante de la aplicación y de la
protección que creemos nosotros, la plena reintegración social y la protección
plena de los derechos humanos de la víctima.
Mil gracias.131
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Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias, Doctor Saúl Arellano Almanza, por sus valiosísimas aportaciones
en este panel.
En el espacio para preguntas. Ha llegado aquí a la mesa una pregunta que
aunque dice que podría ser a todos, pero va con especial dedicatoria a Licenciado
Tomas López, se le pregunta: ¿Estima que esta iniciativa contempla todas las
competencias o facultades según el criterio a que obliga la Ley General?
Licenciado Tomás López Martínez:
Habíamos comentado relacionado con la Ley General de carácter federal que está
dividida en dos partes.
Cuando hablamos de la primera que es de carácter procesal, de carácter penal es
esencialmente en el fuero federal. Una parte lo que viene siendo lo que es la
prevención, hasta buscar la erradicación de este delito, principalmente en lo que
viene siendo de víctimas, es necesario que se completen.
Inclusive lo comenté hace un momento, que es necesario considerar algunas
partes de la propia figura y dentro del catálogo que se tiene de esta figura de
delito, si es posible ampliar esta forma y es necesario concretarlo.
Mi punto de vista es trabajar, profundizar y generar y todavía enriquecer esta
nueva ley.
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Doctor Carlos Torres Ramírez:
Muchas gracias, señor licenciado. ¿Alguien más del panel quisiera pronunciarse al
respecto?
Bien. Sin duda que estas opiniones, las propuestas que aquí se han formulado en
el seno y al interior de esta mesa del segundo módulo del panel, vendrán a
enriquecer, no nos queda duda, porque así es la manera como la comisión de
derechos y grupos vulnerables se conduce en su responsabilidad en su quehacer
legislativo.
También no nos queda duda serán tomadas muy cuenta, porque no proceden de
la nada, de la abstracción sino de especialistas de enterados que han estudiado
que han abrevado mucho en el conocimiento de este tema tan complejo, ya lo
señalaba el maestro Mario Luis Fuentes, y que dese luego vendrá a abonar
porque próximamente se generaran como también una forma de consulta foros de
participación en algunos municipios de nuestra entidad como es en Irapuato y
León.
A nombre de la comisión, el moderador les ruega le tengan consideración por la
rigidez del modelo tan estricto en el tiempo, pero que de todos maneras ha sido
siempre adecuado para que ustedes pudieran pronunciarse y prodigar los
conocimientos que sobre delicado tienen ustedes.
En esas condiciones les agradezco su generosidad y cedo el micrófono al maestro
de ceremonias para que continúe con el evento.
13:20 HRS. MAESTRO DE CEREMONIAS133
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Muchas gracias, Doctor. Antes de continuar queremos agradecer la
presencia del Diputado Galo Carrillo Villalpando que nos acompaña en este
panel.
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Enseguida, para dirigirnos un mensaje, damos el uso de la palabra a la
DIPUTADA MA. GUADALUPE TORRES REA.
Muy buenas tardes.
Estimados Panelistas, Diputados y Diputadas
Representantes de los Medios de comunicación y público en general Para la de la voz es un honor tener la oportunidad de clausurar los trabajos de
este Panel de discusión de expertos y autoridades involucradas en el tema de
Trata de Personas, las aportaciones aquí vertidas deberán enriquecer el debate
legislativo, deberán complementar y orientar de mejor manera el trabajo que nos
corresponde, que no es otro que el dotar de una Ley para Prevenir, Atender y
Erradicar la Trata de Personas en el Estado.
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Conscientes de que el proceso legislativo debe innovarse, en el marco de una
pluralidad política, ahora convertida en una realidad; deben construirse
instrumentos y políticas públicas que atiendan a esa nueva era en el estado de
Guanajuato, dejando de lado la creación de leyes que atiendan a un interés
específico o que se funde en percepciones dogmáticas, se requiere la creación de
normas jurídicas que, a partir del reconocimiento de la realidad social, se
conviertan en verdaderos instrumentos de transformación eliminando
discriminaciones, para acabar con la violación de los derechos humanos y que
contribuyan a disminuir la brecha de desigualdades en la entidad, en la búsqueda
de un estado social, democrático y de derecho. Guanajuato es uno de los últimos estados del país en el que aún no existe una
Ley en la materia y apenas en los últimos meses se dispuso a cumplir con el
ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de llevar a cabo las
reformas legales y reglamentarias necesarias para homologar sus marcos
jurídicos con los mandatos de la Ley General, antes de estas propuestas hubo
acciones aisladas o inconclusas.
La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, que encabeza Gustavo
Rodríguez Junquera, y la Universidad de Guanajuato, realizaron acciones de
prevención. La primera ha impulsado reformas al Código Penal para tipificar y
mejorar el marco jurídico estatal. La campaña de difusión y prevención, impulsada en 2011 por el gobierno del
estado, dirigida a estudiantes de educación media-superior, se diluyó y no tuvo
continuidad. El problema no es menor: investigaciones académicas señalan que la trata de
personas en el estado genera 20 millones de dólares al año y que la mayoría de
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los casos se encuentran relacionados al narcotráfico. Los municipios de León,
Silao, Irapuato, Celaya, San Luis de la Paz y Valle de Santiago, representan los
puntos donde con mayor gravedad se reporta este fenómeno. Si bien sólo se han atendido institucionalmente menos de una veintena de casos
de 2009 a la fecha y sólo en dos casos ha habido sentencia condenatoria, las
investigaciones indican que la trata de personas va a la alza en la entidad. La visión de los expertos como el Maestro Mario Luis Fuentes y el Doctor Saúl
Arellano, que desde CEIDAS y la UNAM, han venido construyendo una visión
clara de lo que debe ser la atención de lo social; así como la senadora Adriana
Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de Personas
del Senado de la República. Son gente que ha tomado el tema con la seriedad
que requiere. Asimismo, se reconocen las experiencias que desde el terreno práctico se tienen
en la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Gobierno, el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la propia Procuraduría de los Derechos
Humanos, que dicho sea de paso, ha tomado un papel importante y protagónico
en la discusión de iniciativas como la que hoy se analiza.
Lo anterior, sin la menor duda, deberá orientar o reorientar el análisis de la
iniciativa, para que el producto sirva como instrumento real para eliminar la trata
de personas en el Estado. En nombre de las Diputadas y los Diputados de esta Sexagésima Segunda
Legislatura, solamente queda agradecer la disposición de todos los panelistas, sus
conceptos y experiencias vertidos, el reto que nos dejan no es menor, nos dejan el
compromiso de despojarnos de atavismos ideológicos y partidarios y sobre todo
de protagonismos personales, para crear una norma que incida en la realidad del 137
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Estado, que termine con la trata de personas y, dicho sea de paso, la iniciativa, su
discusión y en su momento su aprobación serán de importancia. Lo fundamental, sin embargo, es continuar con reformas e iniciativas para zanjar
la deuda que se tiene en materia de derechos humanos a nuestro estado y trazar
con el ejecutivo del estado y nuestros municipios políticas públicas con una visión
social integral. Muchas gracias
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13:25 HRS. MAESTRO DE CEREMONIASMuchas gracias Diputada. A continuación, atendamos un mensaje a cargo
del DIPUTADO JUAN JOSÉ GARCÍA LÓPEZ.
Muy buenas tardes. Señoras y señores.
En nombre y representación de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables, de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del
Estado de Guanajuato, agradezco a todos su presencia y participación en este
Panel.
El evento que nos ocupa es un Panel o bien, si me dispensan la terminología, una
actividad legislativa de carácter formativa y con la cual, la Comisión convocante da
paso al cumplimiento, a la observancia puntual de los acuerdos tomados a su
interior, consistentes en promover la participación de la sociedad civil en el análisis 139
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y discusión de la Iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de
Personas en el Estado de Guanajuato.
En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se convierte en un facilitador, precisamente por brindar a la sociedad
civil, a través del Panel de hoy y de los foros venideros, los espacios propicios
para la libre manifestación de ideas, con respecto a la materia de trata de
personas.
Estos ejercicios democráticos, panel y foros que a partir de esta fecha empiezan a
tener desarrollo, son de una alta significación y contenido. Así, el panel ha
permitido conocer la opinión que la Trata de Personas les merece a los señores
panelistas.
Puntos de vista planteados con claridad, apreciaciones sólidas que para la
Comisión auspiciante del evento se traducirán en insumos, en elementos a
considerar en las tareas propias del trámite parlamentario de la Iniciativa de
mérito.
Pero, independiente a todo lo expresado, la Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables, por mi conducto les manifiesta a quienes han
fungido como panelistas su agradecimiento y profundo respeto. Se reconoce en
ustedes a destacados y comprometidos servidores públicos, representantes
populares, académicos e investigadores.
Así entonces, dicho lo anterior siendo las trece horas, con treinta minutos del día
12 de junio del año 2013, doy por concluidos los trabajos correspondientes al
Panel sobre la Iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de
Personas en el Estado de Guanajuato.
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13:30 HRS. MAESTRO DE CEREMONIAS
En este momento, solicitamos a la diputada y los diputados integrantes de
la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
pasen al frente a fin de hacer entrega de unos reconocimientos a nuestros
distinguidos panelistas y al moderador.
En primer término solicitamos al Procurador de los Derechos Humanos del
Estado de Guanajuato, LICENCIADO GUSTAVO RODRÍGUEZ JUNQUERA.
Del Poder Judicial del Estado, reciba su reconocimiento al MAGISTRADO VÍCTOR FEDERICO PÉREZ HERNÁNDEZ.
Al Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, de la Secretaría de
Gobierno, LICENCIADO TOMÁS LÓPEZ MARTÍNEZ.
Al Subprocurador de Investigación Especializada, de la Procuraduría de
Justicia del Estado, LICENCIADO CÉSAR AUGUSTO GASCA TOLEDO.
Al Director de Investigación y de Comunicación del Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C., DOCTOR SAÚL ARELLANO ALMANZA.
Así como al Director del Instituto de Investigaciones Legislativas del
Congreso del Estado y moderador de este Panel; DOCTOR CARLOS TORRES RAMÍREZ.
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Es así como damos por terminado este evento, no sin antes agradecerles
nuevamente su presencia. Buenas tardes.
Muchas gracias.
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