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MONOGRAFÍADIPLOMADO REFORMA PROCESAL PENAL,
JUICIO ORAL Y LITIGACIÓN
"PRESUNCIONES LEGALES Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIAEN EL NUEVO PROCESO PENAL"
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INTRODUCCIÓN
El Código Procesal Penal, conforme a la tendencia universal en materia deenjuiciamiento criminal, ha introducido un nuevo sistema procesal fundamentalmente
oral y con un mayor grado de respeto a las garantías y derechos fundamentales de las
personas, establecidas en los distintos Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos, los que tienen plena vigencia como derecho sustantivo en Chile, por
aplicación del inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de la República,
que al efecto dispone: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto
a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes."
Una de las garantías fundamentales recogida en el Código Procesal Penal desde los
Tratados sobre Derechos Humanos es la Presunción de Inocencia.
En efecto, el artículo 4º del Código Procesal Penal dispone: "Presunción de inocenciadel imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto
no fuere condenada por una sentencia firme."
Sin perjuicio de lo anterior, aún después de la dictación del Código Procesal Penal y no
obstante que los Tratados sobre Derechos Humanos como son el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y, la Convención Americana de Derechos Humanos
tenían una vigencia como derecho sustantivo con antelación a la dictación de dicho
Código1, subsisten en nuestra legislación sustantiva numerosas presunciones legales
1 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado el 16 de diciembrede 1966, su entrada en vigor se produjo conforme a su artículo 49 el 23 de marzo de
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de responsabilidad penal, lo cual constituiría una violación al principio de la presunción
de inocencia, y con ello, una vulneración del derecho que asiste al imputado a guardar
silencio, puesto que estas presunciones legales de responsabilidad penal traspasan aéste la carga de la prueba, lo que le obliga a efectuar una "Defensa activa", lo que no es
lícito conforme a los principios y disposiciones del Código Procesal Penal y de los
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
Las presunciones legales de responsabilidad penal se contienen tanto en el Código
Penal como en otras normas legales como son la Ley Nº17.105 sobre "Alcoholes,
Bebidas Alcohólicas y Vinagres"; la Ley Nº19.366 "Que sanciona el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas"; la Ley Nº18.314 "Sobre Conductas
Terroristas"; la Ley Nº18.175 "Ley de Quiebras"; Código Tributario; Ley N°18.700 sobre
Votaciones Populares y Escrutinios; etc.
La existencia de presunciones legales de responsabilidad penal puede ocasionar serios
problemas de interpretación de la ley e incluso llevar a violaciones de la normativa
vigente, lo que podría llegar a producir la nulidad de sentencias por infracción de
garantías a causa de infracciones a las normas del debido proceso, o incluso a que enalgún momento se deduzcan recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el
evento de producirse sentencias definitivas condenatorias fundadas en presunciones
legales de índole penal.
1976, el depósito del instrumento de ratificación se realizó el diez de febrero de 1972,la entrada en vigor internacional para Chile fue el 10 de mayo de 1972, fue promulgadopor el Decreto Nº778, de 30 de noviembre de 1976 y se publicó en el Diario Oficial el 29de abril de 1989. Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos
conocida como "Pacto de San José de Costa Rica, se suscribió el 22 de noviembre de1969, siendo esa su fecha de adopción, su entrada en vigor internacional se produjoconforme a lo dispuesto en su artículo 74 el 18 de julio de 1978, la fecha de depósitodel instrumento de ratificación (Con declaración) fue el 21 de agosto de 1990, entró en
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA GENERADO POR LA EXISTENCIA DE
PRESUNCIONES LEGALES EN MATERIA PENAL
En el artículo 47 del Código Civil se establece que "Se dice presumirse el hecho que se
deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal.
Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque
sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley; a menos que la
ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o
circunstancias.
Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es
inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias."
De la norma antes transcrita se puede colegir que las presunciones legales pueden ser
clasificadas en "Simplemente legales" y "Presunciones de Derecho". Esta últimas en
materia penal se encuentran expresamente prohibidas por el artículo 19 Nº3 incisosexto de la Constitución Política de la República, de modo que en lo sucesivo, en el
curso de este trabajo, cuando se hable de presunciones legales se trata de las
presunciones "Simplemente legales", que son aquellas que admiten prueba en
contrario.
vigor internacional para Chile con esa fecha, se promulgó por el decreto Nº873 del 23de agosto de 1990 y se publicó en el Diario Oficial el 05 de enero 1991.
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Desde un punto de vista jurídico procesal, las presunciones son un medio de prueba2,
de modo que por ellas se dan por acreditados los hechos presumidos, de tal manera
que "La presunción legal dispensa de toda prueba a aquel en cuyo provecho laestablece la ley, es decir, éste no tendrá necesidad de acreditar el hecho que la ley da
por establecido y cuya prueba tal vez es imposible, siempre que se acrediten los
antecedentes o circunstancias, determinados por la ley, que sirven de fundamento a la
presunción. Justificar la existencia de estos antecedentes o circunstancias será el único
trabajo de la parte interesada."3 Por ejemplo el artículo 444 del Código Penal establece:
"Se presume autor de tentativa de robo al que se introdujere con forado, fractura,
escalamiento, uso de llave falsa o de llave verdadera substraída o de ganzúa en algún
aposento, casa, edificio habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias."
Es así que al Ministerio Público le bastará acreditar que determinado sujeto se introdujo
a una casa usando una llave falsa, para que el sujeto sea posteriormente condenado
como autor de tentativa de robo y será el imputado quien deberá realizar todos los
esfuerzos por acreditar que no intentaba robar, sino que simplemente entró al lugar a
dormir, aprovechando que el lugar se encontraba sin moradores.
En el ejemplo anterior, claramente se aprecia que el principio de la presunción deinocencia se encuentra vulnerado, ya que la norma transcrita contiene una presunción
legal de autoría del delito de robo en grado de tentativa, luego, el imputado tendrá que
hacer todos los esfuerzos para demostrar su inocencia, para demostrar que no
intentaba robar, lo que le significará que va a estar obligado a asumir una defensa
activa en el proceso puesto que de lo contrario resultará condenado, en consecuencia,
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"La presunción legal es un medio de prueba, a partir de su definición y en razón delordinario ocurrir de las cosas, que hace que el legislador presuma ciertos hechos noacreditados de modo directo, pero que normalmente deben entenderse acaecidos."Mauricio Silva Cancino, citando a Luis Claro Solar, "Las Presunciones Judiciales yLegales, Editorial Jurídica Conosur Ltda., 2ª Edición, año 1995, página 88. 3 Ibidem
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ante la existencia de presunciones legales la carga de la prueba es traspasada al
imputado, ya que ha dejado de presumirse su inocencia, y, lo que es tan grave como lo
anterior, teniendo en cuenta que las presunciones son medios de prueba, es que hasido la ley quien ha dotado al Ministerio Público de un prueba preconstituida, de manera
que se ha dado por probado un delito en forma anticipada por el solo ministerio de la
ley.
Lo anterior es contrario a los principios y disposiciones del Código Procesal Penal y de
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que establecen como un principio
rector la presunción de inocencia del imputado, siendo precisamente la parte acusadora
la que debe hacer los esfuerzos por probar, mas allá de una duda razonable, todos los
presupuestos necesarios para lograr establecer la existencia de un hecho punible y el
grado de participación del imputado en el mismo.
Además de la presunción de inocencia del imputado, se debe tener en cuenta que
también se afecta con la existencia de presunciones legales el principio de la
contradictoriedad, ya que establecido que éstas son un medio de prueba, y, que en
consecuencia constituirían un medio de prueba preconstituida o anticipada, es pruebaque no puede ser testeada, que no puede ser sometida a ninguna clase de control por
las partes, que no puede ser objeto de contra examen y que no se produce en la
oportunidad que establece el Código Procesal Penal, ya que éste dispone en su artículo
296 "Oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de
base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvas las
excepciones expresamente previstas en la ley. En estos últimos casos, la prueba
deberá ser incorporada en la forma establecida en el Párrafo 9º de este Título.” Estos
casos son los contemplados en los artículos 191 y 280 del Código Procesal Penal, y
son ellas las excepciones que contempla la ley, pero en todo caso esa prueba deberá
rendirse ante el Juez de Garantías y de la misma en que se hubiere rendido en el Juicio
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Oral , es decir, dando lugar al contradictorio y otorgándose a las partes el derecho de
efectuar los correspondientes examen directo y contraexamen, de la misma manera en
que se haría en la audiencia del juicio oral, sin embargo, estos testimonios o pruebasdeberán ser incorporados al juicio oral conforme lo dispone el artículo 331 letra a) del
Código Procesal Penal, mediante su lectura en el juicio oral, y, estas pruebas
anticipadas legítimas en todo caso se refieren a testigos y peritos, en ningún caso a
presunciones legales, ya que la prueba indiciaria deberá emanar precisamente de lo
que se acredite en la audiencia del juicio oral, no puede emanar de fuentes externas a
él que no puedan ser testeadas en la audiencia de juicio oral aún cuando provengan de
la ley, ya que con ello se vulnera gravemente los principios de presunción de inocencia
y de contradictoriedad que se encuentra inmerso en todo nuestro nuevo proceso penal.
Teniendo en cuenta que las presunciones legales afectan los principios antes
señalados y que de manera expresa se contraponen con la normativa del Código
Procesal Penal y con Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que conforme a
lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República, han pasado a
ser derecho interno, el aceptar las presunciones legales y lo que es peor, la dictación
de sentencias condenatorias basadas en esas presunciones, puede dar origen a viciostales que hagan procedente el Recurso de Nulidad por errónea aplicación del derecho
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, y/o
el Recurso de Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 80 de la Constitución
Política de la República, ya que cualquier presunción legal en materia de
responsabilidad penal es en este momento contraria no sólo al Código Procesal Penal,
sino a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y con ello contraria al
artículo 5º de la Constitución Política de la República.
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TIPO DE PRESUNCIONES LEGALES EN LA LEY PENAL SUSTANTIVA
Sería presuntuoso establecer en este trabajo un catálogo de las presunciones legalesque existen en nuestra legislación punitiva, sin embargo ellas pueden ser distinguidas
en presunciones de hechos, presunciones de pruebas y presunciones de culpabilidad.
PRESUNCIONES DE HECHOS: Son aquellas que establecidos ciertos presupuestos,
dan por cierta la perpetración de un hecho punible, algunos ejemplos de ellas son las
siguientes:
a) El artículo 137 de la Ley Nº18.700.- "El que solicitare votos por paga, dádiva o
promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector,
sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, se presumirá que
incurre en esta conducta el que acompañare a un elector hasta dentro del radio de
veinte metros alrededor de una mesa, salvo que se tratare de un elector minusválido.
Igual pena sufrirá persona que vendiere su voto o sufragare por dinero u otra dádiva.
Se presumirá que ha incurrido en esta conducta elector que, en el acto de sufragar, sea
sorprendido empleando cualquier procedimiento o medio destinado a dejar constanciade la preferencia que pueda señalar o haya señalado en la cédula."
b) El artículo 219 de la Ley Nº18.175 "Ley de Quiebras", dispone: "La Quiebra se
presume culpable en los siguientes casos:
1.- Si el deudor ha pagado a un acreedor en perjuicio de los demás, después de la
cesación de pagos;
2.- Si los gastos domésticos o personales del fallido hubieren sido excesivos, habida
consideración a su capital, a su rango social y al número de personas de su familia;
... etc."
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c) El artículo 220 de la Ley Nº18.175 "Ley de Quiebras" dispone: "Se presume
fraudulenta la Quiebra del deudor:1.- Si hubiere ocultado bienes;
2.- Si hubiere reconocido deudas supuestas;
... , etc."
d) El artículo 315 del Código Penal que dispone: " El que envenenare o infectare
comestibles, aguas u otra bebidas destinadas al consumo público, en términos de
poder provocar la muerte o grave daño para la salud, y el que a sabiendas los vendiere
o distribuyere, serán penados con presidio mayor en su grado mínimo y multa de
veintiuna a cincuenta unidades tributarias mensuales.
El que efectuare otras adulteraciones en dichas sustancias destinadas al consumo
público, de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el
menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias, y el que a sabiendas las
vendiere o distribuyere, serán penados con presidio menor en su grado máximo y multa
de seis a cincuenta unidades tributarias mensuales.
Para los efectos de este artículo, se presumirá que la situación de vender o distribuirestablecida en los incisos precedentes se configura por el hecho de tener a la venta en
un lugar público los artículos alimenticios a que estos se refieren.
La clandestinidad en la venta o distribución y la publicidad de alguno de estos
productos constituirán circunstancias agravantes.
Se presume que son destinados al consumo público los comestibles, aguas u otras
bebidas elaborados para ser ingeridos por un grupo de personas indeterminadas.
Los delitos ...."
e) El artículo 121 inciso cuarto de la Ley Nº17.105 sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas
y Vinagres establece: "Se entenderá que hay desempeño en estado de ebriedad aún
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respecto de los que, encontrándose ebrios, fueren sorprendidos en circunstancias que
hagan presumir que se aprestan a actuar en ese estado, o que acaban de hacerlo."
Etc.
PRESUNCIONES DE PRUEBAS: Son aquellas en que acreditados ciertos
presupuestos dan por probado el hecho punible, ejemplo de ellas son las siguientes:
a) El artículo 483 del Código Penal dispone: "Se presume responsable de un incendio al
comerciante en cuya casa o establecimiento tiene origen aquel, si no justificare con sus
libros, documentos u otra clase de prueba, que no reportaba provecho alguno del
siniestro.
Se presume también responsable de un incendio al comerciante cuyo seguro sea
exageradamente superior al valor real del objeto asegurado al momento de producirse
el siniestro. En los casos de seguros con póliza flotante se presumirá responsable al
comerciante que, en la declaración inmediatamente anterior al siniestro, declare valores
manifiestamente superiores a sus existencias.
Asimismo, se presume responsable si en todo o parte ha disminuido o retirado las
cosas aseguradas del lugar señalado en la póliza respectiva, sin motivo justificado o sindar aviso previo al asegurador.
Las presunciones de este artículo no obstan a la apreciación de la prueba en
conciencia."
b) El artículo 492 inciso segundo del Código Penal: "En los accidentes ocasionados por
vehículos de tracción mecánica o animal de que resultaren lesiones o muerte de un
peatón, se presumirá, salvo prueba en contrario, la culpabilidad del conductor del
vehículo, dentro del radio urbano de una ciudad, cuando el accidente hubiere ocurrido
en el cruce de las calzadas o en la extensión de diez metros anterior a cada esquina; y
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en todo caso, cuando el conductor del vehículo contravenga las ordenanzas
municipales con respecto a la velocidad, o al lado de la calzada que debe tomar."
c) El artículo quinto inciso segundo de la Ley Nº19.366 "ley de Drogas", que dispone:
"Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen,
exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden
o porten consigo tales sustancias o materias primas, a menos que justifiquen que están
destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso personal exclusivo y
próximo en el tiempo. En este último caso, se aplicarán las normas de los artículos 41 y
siguientes."
PRESUNCIONES DE CULPABILIDAD: Son aquellas que establecidos ciertos
presupuestos, atribuyen a alguna persona participación en calidad de autor, cómplice o
encubridor en la perpetración de un hecho punible, ejemplos de éstas son las
siguientes:
a) El artículo 444 del Código Penal establece: "Se presume autor de tentativa de robo al
que se introdujere con forado, fractura, escalamiento, uso de llave falsa o de llaveverdadera substraída o de ganzúa en algún aposento, casa, edificio habitado o
destinado a la habitación o en sus dependencias."
b) El artículo 221 de la Ley Nº18.175 "Ley de Quiebras", que dispone: "Se presume que
son cómplices de quiebra fraudulenta:
1. Los que de acuerdo con el fallido, supusieren créditos o alteraren los verdaderos en
cantidad o fecha;
2. Los que auxiliaren al fallido para ocultar o sustraer sus bienes, sea cual fuere su
naturaleza, antes o después de la declaración de la quiebra;
...., etc."
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c) El artículo 131 inciso segundo del Código Penal que dispone: "Si no pueden
descubrirse los autores, serán considerados y penados como cómplices de tales delitoslos jefes principales o subalternos de los sublevados, que hallándose en la posibilidad
de impedirlos no lo hubieren hecho." (Se refiere a los delitos particulares cometidos en
una sublevación o con motivo de ella.)
d) El artículo 454 del Código Penal, que establece: "Se presumirá autor del robo o hurto
de una cosa, aquel en cuyo poder se encuentre, salvo que justifique su legítima
adquisición o que la prueba de su irreprochable conducta anterior establezca una
presunción en contrario.
Se presumirá también autor de robo o hurto de animales, aquel en cuyo poder se
encuentre partes identificables de la especie robada o hurtada.
La marca de dominio puesta sobre el animal robado o hurtado, constituye presunción
de dominio a favor del dueño de la marca.", etc.
En los tres casos anteriores, sea presunción del hecho, presunción de prueba o
presunción de culpabilidad, la consecuencia es que se traspasa la carga de la pruebade manera ilegítima al imputado, ya que se le obliga a asumir una defensa activa para
tratar de desvirtuar la presunción de que se trate, lo que es atentatorio respecto del
principio de presunción de inocencia, y conforme nos señala el profesor Alberto Binder
“Lo cierto e importante es que el imputado no tiene que probar su inocencia, tarea que
en todo momento les corresponde a los órganos de persecución penal. Se debe insistir
en esta idea, aunque parezca obvia, porque es una garantía de trascendental
importancia política: ella marca, muchas veces, el límite tras el cual comienza a
gestarse una sociedad represiva, en la que cada ciudadano es sospechoso de algo.
El fundamento de este conjunto de garantías reside en la idea misma de límite, sobre la
que tantas veces volvemos. Al poseer el poder penal tanta intensidad y al tener el
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proceso penal una potencialidad dañosa tan grande, no se podría esperar que el
proceso se convirtiera en una distribución de cargas respecto de las afirmaciones
convenientes para cada uno de los sujetos procesales.Pero, por otra parte, el principio de inocencia también debe significar que en el proceso
penal no pueden existir “ficciones de culpabilidad”. Es decir, reglas absolutas de
apreciación de la prueba que le obliguen al juez a considerar probada la culpabilidad o
parte de ella de un modo automático. Cualquier ficción de esa naturaleza es
inconstitucional porque afecta a ese principio.”4
Teniendo en cuenta que a falta de prueba por parte del imputado, quien a veces no la
tiene, al existir presunciones legales se produce una ficción de culpabilidad, cuyo efecto
es dar por probado un hecho, por acreditada una situación o por establecida
determinada participación en un hecho punible, por ello en todos los casos se le obliga
a asumir una defensa activa, es decir, se le traspasa la carga de la prueba, a fin de que
sea él quien pruebe su inocencia, lo que es contrario tanto al Código Procesal Penal
como a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y por haber sido éstos
elevados a rango constitucional, también a la Constitución Política de la República.
Lo anterior tal vez se podría criticar por parte de aquellos que estimen que el
establecimiento de presunciones legales de responsabilidad, obedece a la necesidad
que tenga un estado democrático de derecho de punir ciertas conductas que de otra
forma quedarían sin sanción alguna, lo que implicaría desproteger a la comunidad. A
este respecto se puede señalar, que ello se puede efectuar exactamente igual,
supliendo el establecimiento de presunciones legales de responsabilidad penal, con
una buena técnica legislativa, que sea capaz de brindar a los ciudadanos la debida
4 Introducción al Derecho Procesal, Alberto M. Binder, Editorial Ad-Hoc S.R.L., BuenosAires, Argentina, Prinera Edición, abril de 1993, páginas 124 y 125.
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protección estableciendo los tipos penales de una manera adecuada y sin infringir las
garantías individuales.
Otros podrían señalar que las garantías no son de carácter absoluto y que ya en el
mismo Código se infringiría en alguna medida la presunción de inocencia con la
procedencia de medidas cautelares, como es por ejemplo la prisión preventiva, pero,
ésta es de carácter excepcional y se decreta por resolución judicial fundada en ciertos
parámetros mas o menos objetivos, que tienen por objeto posibilitar la realización del
juicio, en cambio con las presunciones legales de responsabilidad penal, se le está casi
imponiendo al juez una forma de fallar, es decir, se le está diciendo aún sin otra prueba,
en tal o cual situación condene, o de por acreditado el hecho, o declare que es autor o
cómplice o encubridor un individuo, ya desde la ley, y esto es incluso antes de la
perpetración del presunto hecho punible y con ello es que se traspasa la carga de la
prueba a la parte mas débil de una relación jurídica penal, es decir, al imputado,
olvidando la ley en esos casos el principio de indubio pro reo, y con infracción también
al principio de la supremacía constitucional, ya que los tratados internacionales de
derechos humanos tienen ese rango conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de la
Carta Fundamental y tiene el carácter de garantía constitucional por la garantíaconstitucional del artículo 19 Nº26 de la misma.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:
La presunción de inocencia conceptualmente se puede señalar que es "Una absoluta
prohibición de estimar culpable, sin que medie condena firme en su contra, al que fue
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perseguido penalmente"5, lo que significa que con las excepciones debidamente
contempladas en el Código Procesal Penal y fundamentalmente en materia de medidas
cautelares, el imputado, debe ser considerado y tratado como inocente antes y durantela investigación, en el juicio oral y, sólo será tratado como culpable en el evento que se
pronuncie en su contra una sentencia condenatoria y una vez que ésta quede
ejecutoriada.
La presunción de inocencia está contemplada en el artículo 4º del Código Procesal
Penal que el afecto dispone: "Presunción de Inocencia del Imputado. Ninguna persona
será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una
sentencia firme."
La norma citada es del todo coherente con lo dispuesto en el artículo 14 Nº2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que al efecto dispone: "Toda persona
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley." También guarda coherencia con la
disposición del artículo 8º Nº2 primera parte de la Convención Americana de Derechos
Humanos que establece: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que sepresuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad." Las
normas de estos tratados han sido, además, elevadas a rango constitucional en virtud
de lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República, que fue
analizado en este trabajo en la "Identificación del problema generado por la existencia
de presunciones legales en materia penal." En consecuencia el principio de la
presunción de inocencia debe ser considerado y aplicado como una norma de derecho
interno e incluso atendido lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la
5 Manual del Nuevo Procedimiento Penal, Sabas Chahuán Sarrás, Editorial JurídicaConosur Ltda., página 35, Santiago mayo de 2001.
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República, con preeminencia por sobre las disposiciones que conteniendo
presunciones legales vulneran el principio de la presunción de inocencia.
Cabe destacar que aún cuando no tienen la calidad de "Tratados Internacionales", que
el principio de la presunción de inocencia también se encuentra también consagrado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre.6 7
Ahora bien, para desvirtuar la presunción de inocencia, conforme a lo dispuesto en las
normas antes citadas, se requiere de la dictación de una sentencia y que ésta quede
ejecutoriada, para lo cual es necesario acreditar en el juicio oral la culpabilidad, pero no
es aceptable que ella venga establecida de manera preconcebida por norma legal
alguna a través de presunciones legales, ya que ello implica una contravención al
Código Procesal Penal y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y con
ello a la Constitución Política de la República.
La presunción de inocencia es lo que se llama una presunción iuris tantum o de verdad
interina, según se ha establecido por sentencias del derecho comparado8 y por ladoctrina procesal, lo que significa que como presunción puede ser desvirtuada, pero
6 La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11 Nº1 establece:"Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocenciamientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que sehayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa." 7 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone en suArtículo XXVI inciso primero: "Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se
prueba que es culpable."
8 Sentencias del Tribunal Constitucional Español de 24 de julio de 1981, de 1 de abril yde 19 de octubre de 1982; de 1 de julio de 1986 y de 14 de diciembre de 1987 entreotras. El Proceso Penal, Doctrina Procedimiento y Formularios, Volumen III, VictorMoreno Catena, Angela Coquillat Vicente, Alfredo de Diego Díez, Angel Juanes Peces,Emilio de Llera Suárez Barrena, Edición Tirant Le Blanch, página 2274, Valencia 2000.
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para ello se requiere de una actividad probatoria en contrario9, actividad que sin dudas
debe ser realizada por la parte acusadora, en nuestro caso, por regla general por el
Ministerio Público, ya que es esta parte la que está interesada en destruir la presunciónde inocencia del imputado.
La actividad probatoria que realice la parte acusadora debe ser válida y llevarse a
efecto en la oportunidad legal correspondiente y según sostiene Chahuán10, "... sólo es
prueba válida a este respecto la que se produce en el Juicio Oral, salvas las
excepciones de la llamada prueba "preconstituida" o "anticipada". Excepciones que,
como veremos, son mas aparentes que reales, atendido el hecho cierto que, para que
tenga valor esta prueba (la cual, cronológicamente, no se efectúa ante el tribunal del
juicio oral), se requiere que se rinda en una audiencia, con intervención del Juez de
Garantía y de los intervinientes. Sin perjuicio de ello, para ser considerada, esta prueba
debe introducirse vía lectura del registro respectivo, ante el tribunal encargado del
juicio." El Código Procesal Penal es claro en disponer en su artículo 296 "Oportunidad
para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia
deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvas las excepciones
expresamente previstas por la ley. En estos últimos casos, la prueba deberá serincorporada en la forma establecida en el párrafo 9º de este título." Es en este párrafo
9º y concretamente en el artículo 331 letra a) en el que se dispone la lectura de los
registros en que conste la prueba anticipada.
Conforme a lo anterior, es claro que la carga de la prueba en el nuevo proceso penal la
tiene la parte acusatoria, es decir, por regla general el Ministerio Público, lo cual es sin
duda un efecto del principio de la presunción de inocencia, al respecto se ha sostenido
por la doctrina: “Precisamente como consecuencia del principio de presunción de
9 Sabas Chahuán Sarrás, ob.cit., página 35.
10Sabas Chahuán Sarrás, ob.cit. páginas 35 y 36.
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inocencia se produce un desplazamiento de la carga de la prueba sobre la acusación,
que ha de acreditar en el juicio oral los hechos constitutivos de su posición procesal. Si
la acusación no prueba, o lo hace por medio de pruebas ilícitas, el juez o tribunaldictará sentencia absolutoria, en mérito del principio de presunción de inocencia.”11
Establecido que las presunciones son un medio probatorio, y con ello las presunciones
legales, que al no producirse esa prueba en el juicio oral, ni en la forma ni con los
requisitos de la prueba anticipada, y, vulnerando el principio de presunción de
inocencia, serían prueba ilícita, de manera que no es lícito que se produzca una
condena fundada en presunciones legales de ninguna especie, aún cuando el imputado
no haga el menor esfuerzo probatorio, ya que el Ministerio Público es quien debe
probar los hechos constitutivos de la pretensión punitiva mediante la prueba que se
produzca en el juicio oral, de otro modo no le es lícito al tribunal la imposición de una
sentencia condenatoria, ya que no habría verificado la existencia de todos los
elementos constitutivos de los hechos imputados y según nos enseña Julio Maier “...,
no verificados con certeza todos los elementos que permiten afirmar la existencia de un
hecho punible, el resultado será la absolución, y, de otra parte, no destruida con certeza
la probabilidad de un hecho impeditivo de la condena o de la pena, se impondrá elmismo resultado. Y ello porque, según ya lo expusimos, el imputado no tiene necesidad
de construir su inocencia, ya construida de antemano por la presunción que lo ampara,
sino que, quien lo condena debe destruir completamente esa posición, arribando a la
certeza sobre la comisión de un hecho punible.”12
11
El Proceso Penal, Doctrina Procedimiento y Formularios, Volumen III, Victor MorenoCatena, Angela Coquillat Vicente, Alfredo de Diego Díez, Angel Juanes Peces, Emiliode Llera Suárez Barrena, Edición Tirant Le Blanch, página 2267, Valencia 2000.
12 Julio Maier, Derecho Procesal Argentino, tomo 1, volumen b, Editorial Hammurabi
S.R.L., página 271, Buenos Aires, enero de 1989.
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DEBIDO PROCESO:
Establecido que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, la defensa noestá obligada a desempeñar actividad probatoria alguna, salvo que en el juicio oral se
hayan logrado probar por la parte acusatoria los hechos constitutivos de la pretensión
punitiva, en cuyo evento, la defensa tendría la necesidad de probar los hechos
impeditivos, extintivos y excluyentes.11 Pero por regla general, la defensa no está
obligada a hacer actividad probatoria de ninguna especie y lo que es mas, ni siquiera
está el imputado obligado a tomar el estrado ni a emitir concepto alguno en juicio, es
decir, ni siquiera está obligado a hablar, lo que se colige del artículo 326 del Código
Procesal Penal, que al efecto establece: “Defensa y declaración del acusado.
Realizadas las exposiciones previstas en el artículo anterior, se le indicará al acusado
que tiene la posibilidad de ejercer su defensa en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 8º.
Al efecto, se ofrecerá la palabra al abogado defensor, quien podrá exponer los
argumentos en que fundare su defensa.
Asimismo, el acusado podrá prestar declaración. En tal caso, el juez presidente de la
sala le permitirá que manifieste libremente lo que creyere conveniente respecto de la ode las acusaciones formuladas. Luego, podrá ser interrogado directamente por el fiscal,
el querellante y el defensor, en ese mismo orden. Finalmente, el o los jueces podrán
formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos.
En cualquier estado del juicio, el acusado podrá solicitar ser oído, con el fin de aclarar o
complementar sus dichos.”
La norma antes transcrita es clara, es simplemente facultativo para el acusado hacer o
no uso de la palabra, de modo que no es aceptable que ningún tipo de presunción
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legal, contenida en la ley sustantiva le obligue a hacer uso de la palabra y a desplegar
actividad probatoria traspasando a él la carga de la prueba.
El profesor Andrés Baytelman ha escrito lo siguiente: “La defensa, en consecuencia, no
tiene mas exigencias probatorias que las que estime necesarias para controvertir el
caso de la fiscalía. No requiere en ningún caso probar la inocencia del acusado: aún
guardando silencio la defensa durante toda la audiencia, si el Ministerio Público no
logra probar su caso con pruebas cuya calidad haya sido testeada en juicio y mas allá
de un alto estándar de convicción, la presunción de inocencia exige de los jueces la
absolución.”13 Por lo expuesto, es claro que al acusado no se le puede exigir en modo
alguno adoptar una defensa activa ya que por la presunción de inocencia, tiene todo el
derecho a guardar silencio a menos que por propia decisión y como una medida
estratégica que favorezca su caso decida ejercer actividad probatoria.
Dentro de las garantías constitucionales y concretamente en el artículo 19 Nº3 inciso 5º,
se dispone “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un
proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre
las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”
Lo anterior significa que las sentencias que dicten los tribunales encuentran sus
antecedentes al interior de un juicio, el cual en materia criminal, es en el juicio oral, que
es el procedimiento racional y justo que el legislador ha establecido con el objeto de
respetar las garantías personales del individuo.
13 Nuevo Proceso Penal, Alex Carocca P., Mauricio Duce J., Cristián Riego R., Andrés
Baytelman A., Juan Enrique Vargas V., Editorial Jurídica Conosur Ltda.., Santiago,octubre de 2000, página 256.
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Consecuente con lo expuesto, toda sentencia judicial deberá emanar de la prueba que
se haya producido al interior del juicio oral y en la forma establecida por el Código
Procesal Penal, de lo contrario será prueba ilícita y no podrá ser utilizada parafundamentar el fallo.
En efecto, la sentencia no podrá fundarse en presunciones legales, por cuanto éstas
tienen el carácter de ser una prueba anticipada, pero que no cumple con los requisitos
para ser prueba lícita, dado que no se produce al interior del juicio ni con la debida
contradictoriedad, es decir, es una prueba que no puede ser testeada por los
intervinientes.
Además de lo anterior, las presunciones legales en cuanto prueba, son una prueba que
viene preconcebida ya desde el propio texto de la ley, lo que viola de manera abierta el
principio de la presunción de inocencia y obviamente afecta la imparcialidad que deben
tener los jueces, quienes desde un punto de vista práctico podrían tender a aplicar la
presunción legal de responsabilidad en desmedro de dicho principio y con ello también
se verían seriamente afectadas las reglas del debido proceso, puesto que la convicción
para condenar debe necesariamente emanar de un juicio oral, público y contradictorio,no de presunciones legales de responsabilidad que se han producido fuera de él,
aunque sea la ley quien las establezca.
Precisamente, el hecho de que la prueba, de cualquier especie que ella sea, lo que
incluye a las presunciones, se produzca en un juicio oral, público y contradictorio
posibilita que se produzca la inmediación entre los jueces y las actuaciones del juicio y
que sea al interior de éste donde se formen la convicción necesaria para sentenciar.
La oralidad según señala el profesor Andrés Baytelman “Se trata de una idea al servicio
de la inmediación y de la contradictoriedad: las personas deben declarar
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espontáneamente, en base a su memoria y a través de la palabra, de modo que
puedan ser oídas directamente por los jueces. Sin perjuicio de que hay lecturas
permitidas, la lectura daña severamente la inmediación de los jueces y lacontradictoriedad. La mera lectura “oral” de escritos o declaraciones no constituye
oralidad.”14 Menos aún podríamos pensar en que constituya oralidad la existencia de
presunciones legales de responsabilidad penal, ya que esas presunciones que vienen
de distintas leyes no se han producido como una consecuencia de las actuaciones
verificadas al interior del juicio oral.
En relación a la contradictoriedad, el profesor Baytelman explica que el principio de
contradictoriedad consiste: “En un entorno de juego justo, el juicio implica que las
partes puedan realizar toda la actividad que esté a su alcance para controvertir el caso
de la contraparte y presentar su propio caso”15 Lo anterior no sucede en el caso de la
existencia en la ley de presunciones de responsabilidad penal, ya que no permite a la
defensa la adecuada controversia, no permite un juego en términos de igualdad y por lo
mismo la presentación de su caso se verá muy limitado, sobre todo por el hecho de que
las presunciones legales afectarán la imparcialidad de los jueces, ya que entregará por
vía legal una preconcepción del asunto, lo que nuevamente atenta contra la presunciónde inocencia que debe reinar en todo el desarrollo del juicio, hasta que exista una
sentencia condenatoria ejecutoriada.
La publicidad es un principio que otorga transparencia a la actividad judicial y permite a
todos los miembros de la comunidad, y con ello, a cualquiera que esté interesado,
14
Nuevo Proceso Penal, Alex Carocca P., Mauricio Duce J., Cristián Riego R., AndrésBaytelman A., Juan Enrique Vargas V., Editorial Jurídica Conosur Ltda.., Santiago,octubre de 2000, páginas 232 y 233.
15 Ibid. Página 233.
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presenciar el desarrollo del juicio, pero en relación al tema de este trabajo no tiene
mayor relevancia.
Lo que si es importante en relación al debido proceso es el tema de la impacialidad de
los jueces, al respecto el profesor Baytelman señala “Impacialidad. El juicio exige ser
resuelto por alguien que no tenga compromisos ni credibilidades preconcebidas para
ninguna de las partes, y que haya sido capaz de garantizar para todas ellas un entorno
de juego justo durante el debate.”16
La existencia de presunciones legales afecta seriamente la imparcialidad, ya que por
ley trae una idea preconcebida de responsabilidad penal en contra del imputado, de
manera que la existencia de esas presunciones legales impide o al menos dificulta
seriamente garantizar al imputado un entorno de juego justo en el debate, es así que si
el artículo 444 del Código Penal establece que "Se presume autor de tentativa de robo
al que se introdujere con forado, fractura, escalamiento, uso de llave falsa o de llave
verdadera substraída o de ganzúa en algún aposento, casa, edificio habitado o
destinado a la habitación o en sus dependencias", será muy difícil que alguien esté
llano a aceptar argumentos de un individuo encontrado por la policía al interior de unacasa con una llave falsa en su bolsillo, en el sentido a que sólo se introdujo al lugar a
dormir y que no intentaba robar nada, mas aún si no tiene medios para acreditarlo mas
allá de su palabra.
Luego, la existencia de presunciones legales de responsabilidad penal, como hemos
visto, son atentatorias en contra del debido proceso ya que afectan gravemente los
principios de imparcialidad y contradictoriedad, no se produce oralidad y definitivamente
16 Ibid, página 232.
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son contrarias al principio de la presunción de inocencia del imputado, por lo que no
pueden tener cabida, ni ser aplicadas en el marco del nuevo proceso penal.
SOLUCION POR APLICACIÓN DE PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL CODIGO
PROCESAL PENAL
Los problemas tratados en el presente trabajo son reales y su solución definitiva
debería producirse por vía legislativa, sea mediante la derogación expresa de los
preceptos punitivos que contienen presunciones legales de responsabilidad penal, sea
adecuando la normativa sustantiva a la nueva legislación procesal, sin embargo, no
obstante existir una ley adecuatoria en proyecto, de momento ella, por una parte no
tiene urgencia en el Congreso, y por otra, tampoco se ha hecho cargo de estos
problemas, de manera que una solución por vía legislativa no se avizora pronta.
La solución próxima por lo tanto deberá venir por vía judicial, mediante la correcta
interpretación de la normativa por parte de los Tribunales por un lado, y, por las partes
por otro.
En efecto, los Tribunales deben aplicar correctamente la ley, de manera que deben
entender tácitamente derogadas, todas aquellas disposiciones de derecho penal
sustantivo que contengan presunciones legales de responsabilidad penal y abstenerse
de condenar si no hay mas pruebas de cargo, ya que de lo contrario sus sentencias se
encuentran expuestas a ser objeto de recursos de nulidad por violación de garantías y/o
de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Una norma de interpretación de las leyes es la contenida en el artículo 24 del Código
Civil, que dispone que se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios, del modo
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que mas conforme parezca al espíritu general de la legislación. A la vez el artículo 22
del mismo texto legal dispone que entre las distintas partes de la ley debe haber la
debida correspondencia y armonía.
Indudablemente que la existencia de presunciones legales de responsabilidad penal no
está conforme con el espíritu general de la legislación, la cual ha creado un
procedimiento que respeta de mejor forma las garantías individuales y que siendo de
carácter adversarial, exige que la prueba se produzca en el juicio oral, a la vez que de
manera expresa consagra la presunción de inocencia del imputado en tanto no exista
en su contra una sentencia firme, por lo que ninguna sentencia condenatoria debería
fundarse en presunciones legales de no haber una actividad probatoria de los cargos
imputados .
Por otra parte si tomamos en cuenta la jerarquía de las normas jurídicas,
necesariamente deberemos entender por aplicación del artículo quinto de la
Constitución Política de la República que la presunción de inocencia contenida en los
artículos 14 Nº2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8º Nº2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, han sido elevados a rangoconstitucional, de manera que tienen una mayor jerarquía legal en relación a cualquier
ley que contenga presunciones legales de responsabilidad penal, de modo que
teniendo en cuenta que las normas de rango superior priman por sobre las de rango
inferior, los tribunales no podrían fundar sus sentencias condenatorias en presunciones
legales de responsabilidad penal en forma exclusiva, ya que si no hay mayor prueba de
cargo, se debe dictar sentencia absolutoria en virtud de la presunción de inocencia
consagrada en los referidos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
Ahora bien, desde el punto de vista de la vigencia de la ley, el artículo 52 del Código
Civil dispone que la derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita, y, establece
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que la derogación es tácita, cuando “La nueva ley contiene disposiciones que no
pueden conciliarse con las de la ley anterior.” De ahí se colige el aforismo de que la ley
posterior prima por sobre la anterior. En este sentido, el nuevo Código Procesal Penales sin duda posterior al Código Penal y a todas las leyes que contienen presunciones
legales de responsabilidad penal, de manera que estas últimas deben ser entendidas
por los tribunales de justicia como tácitamente derogadas por el Código Procesal Penal,
ya que las disposiciones de este cuerpo normativo en que se establecen los principios
de presunción de inocencia, de imparcialidad y de contradictoriedad son imposibles de
conciliar con las presunciones legales de responsabilidad penal, que atentan en contra
de esos principios, de modo que no podrían fundarse sentencias condenatorias por
parte de los tribunales en normas que han sido derogadas aún cuando esa derogación
sea de carácter tácito.
Las partes al igual que el tribunal deberán preocuparse de la correcta aplicación del
derecho, en ese sentido deberán velar en el sentido de que no emanen de los
tribunales sentencias puramente fundadas en presunciones legales, ya que como
hemos visto, son contrarias a los principios de presunción de inocencia y de
contradictoriedad establecidos en el Código Procesal Penal y en los tratadosinternacionales sobre derechos humanos, de manera que tendrán que velar por que las
sentencias que emanen de los tribunales no queden sujetas a ser modificadas por la
vía de los recursos, de manera que el tanto el Ministerio Público como la defensa
deberán preocuparse de que los tribunales para condenar se basen en la prueba que
se haya producido en el juicio oral, con prescindencia de las presunciones legales de
responsabilidad penal, es así que si se pretende que un individuo sorprendido al interior
de una casa habitada o destinada a la habitación a la que se ha introducido usando
ganzúas o llaves falsas ha cometido tentativa de robo, se deberá acreditar que
efectivamente intentaba robar especies, no puramente el hecho de haber sido
encontrado al interior de ese inmueble y la introducción usando dichos elementos, ya
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que la presunción legal de tentativa de robo del artículo 444 del Código Penal debe
entenderse tácitamente derogada por normas posteriores, como son los principios de
presunción de inocencia y contradictoriedad contenidos en el Código Procesal Penalcon los que no es conciliable y por existir normas de rango constitucional como son los
tratados internacionales sobre derechos humanos que no la hacen aplicable por el
hecho de ser una norma contraria a esos principios.
Si de hecho se dictaren sentencias condenatorias fundadas en presunciones legales de
responsabilidad penal, los respectivos defensores tendrán el derecho y el deber de
recurrir de nulidad para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva por las causales
de las letras a) y b) del artículo 373 del Código Procesal Penal.
En el caso de la letra a) del artículo 373 es absolutamente claro que esa sentencia que
se pronunciare basada en presunciones legales, medios de prueba anteriores al juicio e
incluso previos a la comisión del delito atenta contra la presunción de inocencia
establecida en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos y contra el
artículo quinto de la Constitución Política de la República que los eleva a rango
constitucional lo que importa además una infracción a la garantía general establecidaen el artículo 19 Nº26 de la Carta Fundamental, de manera que el juicio oral y la
sentencia en ese caso deberían ser declarados nulos.
No solo la letra a) del artículo 373 antes citado hace procedente la declaración de
nulidad del juicio oral y de una sentencia que se pronuncie basada en presunciones
legales de responsabilidad penal, ya que la letra b) también hace necesaria la
declaración de esa nulidad, puesto que no podría considerarse correctamente aplicado
el derecho si se infringen los principios de presunción de inocencia y de
contradictoriedad contenidos en el Código Procesal Penal y en los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos, ya que estos tienen una jerarquía legal
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superior a las normas penales que contienen dichas presunciones y aquel es norma
posterior a ellas, de manera que primaría también por este motivo sobre las
presunciones legales de responsabilidad penal, debido a que esta norma posterior quees el Código Procesal Penal, es inconciliable con las disposiciones anteriores que
contienen presunciones legales de responsabilidad penal, de manera que conforme a
los principios de interpretación de la ley, estas últimas deberían entenderse tácitamente
derogadas.
Por otra parte, como reiteradamente se ha señalado en este trabajo, las presunciones
legales de responsabilidad penal serían una prueba ilícita por el hecho de no ser
producidas en el juicio oral ni emanar como prueba indiciaria de las demás pruebas que
se rindan al interior de él, de manera que no pueden ser consideradas para fundar la
sentencia.
Hemos establecido también en forma previa que según la doctrina, y sin lugar a dudas
en virtud de la presunción de inocencia, no se puede traspasar la carga de la prueba al
imputado para que acredite su inocencia (Valga la redundancia), ya que si la parte
acusadora no es capaz de acreditar mas allá de una duda razonable mediante pruebaproducida y testeada en el juicio oral la responsabilidad penal del imputado, la
sentencia debe ser necesariamente de carácter absolutorio.
Teniendo en cuenta que el Recurso de Nulidad sería procedente en virtud de las
causales señaladas en las letras a) y b) del artículos 373 del Código Procesal Penal, el
tribunal competente para conocer de él, conforme a lo dispuesto en el artículo 376 del
mismo cuerpo legal, será la Excelentísima Corte Suprema, de manera que las
presunciones legales de responsabilidad penal, según se ha establecido anteriormente,
son contrarias a lo dispuesto en tratados internacionales sobre derechos humanos y
con ello son contrarias a lo dispuesto en los artículos 5º y 19 Nº26 de la Constitución
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Política de la República, es procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la
Constitución Política de la República, que la Corte Suprema de oficio o a petición de
parte en las materias que le fueren sometidas a su conocimiento por vía de lainterposición de los recursos de nulidad, declare inaplicable para cada caso concreto,
cada vez que se presente la oportunidad, por haberse fundado una sentencia en
presunciones legales de responsabilidad penal, que aquel precepto que contenga este
tipo de presunciones es inaplicable por contravenir los citados artículos 5º y 19 Nº26 de
la Constitución Política de la República.
CONCLUSIONES
Aún cuando en nuestro país se ha puesto en vigencia un nuevo sistema procesal penal,
que pretende otorgar un mayor respeto a las garantías personales de los individuos, no
es menos cierto que al menos parte de la legislación penal sustantiva quedó anticuada
y mantiene dentro de su normativa presunciones legales de responsabilidad penal de
distinto tipo.
Esas presunciones legales de responsabilidad penal, por el hecho de ser presunciones,son un medio probatorio, que conforme al nuevo sistema procesal penal no es posible
que sea aceptado, puesto que el efecto de estas presunciones legales por una parte es
que traspasaría la carga de la prueba al imputado, quien debería realizar los esfuerzos
probatorios para acreditar su inocencia, lo que implica una violación a sus garantías y
concretamente al derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 4º del
Código Procesal Penal y en los artículos 14 Nº2 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos y artículo 8º Nº2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados
internacionales estos últimos que han sido elevados a rango constitucional por el
artículo 5º de la Constitución Política de la República y, puesto que contienen garantías
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personales han pasado a formar parte de la garantía general del artículo 19 Nº26 de la
Carta Fundamental.
Además esas presunciones legales atentan en contra del principio de la
contradictoriedad, ya que en cuanto medio de prueba, ellas no se producen ni emanan
de manera directa o indirecta del juicio oral, de manera que no pueden ser testeadas de
manera alguna, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 296 del Código
Procesal Penal, constituirían prueba ilícita y no se podría fundar en ella una sentencia
condenatoria.
Teniendo en cuenta que los tratados internacionales sobre derechos humanos han sido
elevados a rango constitucional por aplicación del artículo quinto de la Constitución, sus
normas se aplican con preeminencia por sobre las demás normas legales, de manera
que priman los principios de presunción de inocencia y de contradictoriedad contenidos
en dichos tratados y derivados de ellos al Código Procesal Penal, por sobre las normas
penales que contengan presunciones legales de responsabilidad.
Por otra parte no serían aplicables las presunciones legales de responsabilidad penalcontenidas en las distintas normas penales sustantivas, por cuanto siendo ellas
inconciliables con los principios y normas del Código Procesal Penal, deben entenderse
tácitamente derogadas.
Consecuente con lo anterior, se hace absolutamente necesaria una intervención
legislativa, que reforme el derecho penal, a fin de que sus normas se adecuen al
derecho procesal penal, dado que es éste el vehículo que pone en movimiento a las
normas sustantivas, pero mientras no se efectúe una reforma al derecho penal en que
se deroguen de manera expresa las presunciones legales (Aún cuando tácitamente ya
están derogadas), serán los tribunales los que por vía jurisprudencial deberán aplicar
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correctamente el derecho y respetar las garantías personales, en la materia en
comento, concretamente la presunción de inocencia y la contradictoriedad, dictando
sentencias absolutorias en el evento que no haya pruebas de cargo que se produzcanen el juicio oral, absteniéndose de aplicar presunciones legales de responsabilidad
penal.
Por su lado, en el evento que alguna sentencia condenatoria se funde en presunciones
legales de responsabilidad penal, la defensa deberá interponer el recurso de nulidad
conforme a lo dispuesto en el artículo 373 letras a) y b) del Código Procesal Penal, por
haberse infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la
Constitución, como son la presunción de inocencia y la contradictoriedad, que al estar
contenidos en tratados internacionales de derechos humanos han sido elevados a
rango constitucional por el artículo quinto de la carta fundamental pasando y que
conteniendo garantías personales han pasado a quedar cubiertos por la garantía
general del artículo 19 Nº26 de la Constitución; y, por cuanto conforme a lo anterior
fundar una sentencia en presunciones legales de responsabilidad penal constituye una
errónea aplicación del derecho que sin duda influiría sustancialmente en lo dispositivo
del fallo.
Por su parte la Corte Suprema toda vez que conozca de un asunto en que una
sentencia se encuentre fundada en presunciones legales de responsabilidad penal,
siendo éstas, como se ha señalado contrarias a lo dispuesto en el artículo 5º de la
Constitución y una violación a la garantía del artículo 19 Nº26, debería declarar que el
precepto correspondiente en que se contenga dicha presunción es inaplicable por ser
contrario a la Constitución Política de la República.