international journal. vol. 2 n.2. july-december 2012

H. SCIENTIFIC EDITORIAL COMMITTEE

Name Country Institution AreaDr. Uh‐Sung Kim Chief Director

Republic of Korea

Busan University of Foreign Studies

Linguistics

Dr. Oswaldo Méndez‐Ramírez Chief Coordinator

Republic of Korea


Anthropology.Social Policy

Dr. Chong‐Wook Park Associate Counsel

Republic of Korea


Literature. Cultural Studies

H. INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Name Country Institution AreaDr. David L. Robichaux Haydel

Mexico Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Social Anthropology. Culture

Dr. Adolfo Rogelio Cogco C. Mexico Universidad Autónoma de Tamaulipas

Economy

Dr. Enrique Valencia Lomelí Mexico Universidad de Guadalajara

Economy.Social Policy

Dr. Eduardo Pastrana Colombia Pontificia Universidad Javeriana

Politics

Dr. Oscar Alfonso Martínez M.

Mexico Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Politics.Social Policy

Dra. Beatriz A. Servín H. Mexico Universidad Autónoma de Ciudad Juárez


Dra. Sandra E. Mancinas Espinoza

Mexico Universidad Autónoma de Nuevo León


Dr. José Luis Talancón U.S.A. Universidad Nacional Autónoma de México (Los Ángeles)

Sociology

Dr. Adolfo Benito Narváez T.

Mexico Universidad Autónoma de Nuevo León

Sociology of Spaces. Urban Studies

Dr. Sergio Grez Toso Chile Universidad de Chile History.

Dr. Adalberto Santana Mexico Universidad Nacional Autónoma de México

History of the ideas

Dr. Pedro P. Rodríguez Cuba Centro de Estudios Martianos

History of the ideas

BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIESINSTITUTE OF IBEROAMERICAN STUDIES

ISSN 2234-0718

VOL.2·NO.2JULY-DECEMBER 2012

International Journal of Latin American Studies Vol. 2. No. 2 | July-December 2012

ÍNDICE

| Artículos | 001 COMPORTAMIENTO POLÍTICO: UN APORTE A LA

DISCUSIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICA Y METODOLÓGICAArmando Duarte M.; Martha C. Jaramillo C.

027 PERSONALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN COLEGIADA E INSTITUCIONALIZACIÓN: PINOCHET, LA JUNTA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1980.Gustavo H. Fontanals

051 THE BICENTENNIAL STAMP: NATION AND DIFFERENCE IN 2010 ARGENTINIAN CELEBRATIONSMario Rufer

085 LA CINEMATOGRAFÍA DURANTE EL PERONISMO: PROYECTANDO UNA NUEVA ARGENTINA EN LA PANTALLAMaría Cristina Osorio Villegas

109 PERCEPCIONES DE LOS ACADÉMICOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A LAS EMPRESAS EN LA ARGENTINAMaría Fernanda Arias.

139 LA EXPERIENCIA EN PRISIÓN DE EX POLICÍAS SENTENCIADOS POR SECUESTRO EN MÉXICOMiquel Ángel Ruiz Torres; Elena Azaola

171 ALCANCES Y RETOS DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA PÚBLICA EN SALUD PARA LA DISCAPACIDAD AUDITIVANancy Fabiola Moreno Zavala; José Manuel Rangel Esquivel

International Journal of Latin American Studies

July–December 2012 | pp. 1~26 Vol. 2. No. 2

COMPORTAMIENTO POLÍTICO: UN APORTE A LA DISCUSIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICA Y METODOLÓGICA

POLITICAL BEHAVIOR: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH

Armando Duarte M.*Martha C. Jaramillo C.*

* Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana [México]

Resumen. Nuestro planteamiento parte de la consideración de que el comportamiento político es “una forma específica de comportamiento social, que está referido a las acciones de los individuos orientadas a incidir en el campo de la política” (Duarte y Jaramillo, 2009, p. 147). Esta conceptualización del comportamiento político como una acción social asume la formulación ya hecha por Max Weber que establece que ésta ocurre cuando los individuos le atribuyen a la misma un significado subjetivo. En consecuencia, el interés del investigador en el objeto de estudio así definido, tiene que ver no solo con lo que hacen los individuos, en este caso en el campo de la política, sino sobre todo con el por qué lo hacen. En estas condiciones, el enfoque positivista-cuantitativo que ha dominado los estudios del comportamiento político desde mediados del siglo pasado y la utilización de las técnicas de investigación cuantitativa resultan claramente insuficientes. Se hace necesario pues recurrir a un paradigma alternativo cuyos principios epistemológicos y la metodología que de él derivan permita aprehender la subjetividad que subyace al comportamiento político para lograr un conocimiento más profundo. Este es el paradigma pospositivista que rescata para la investigación social la tradición interpretativa del historicismo y la filosofía alemanas de los siglos XVIII y XIX y que tiene en Max Weber a uno de sus más destacados exponentes.

2 International Journal of Latin American Studies

Abstract. Our approach begins with the consideration that political behavior refers to “a specific form of social behavior, and of those actions made by individuals aimed to influence in a political sphere” (Duarte and Jaramillo, 2009, p.147). This concept of political behavior, as social action, takes into considerations the notions formulated by Max Weber that indicates that this occurs when individuals ascribe a subjective significance to it. Therefore, our defined interest deals with not only what actions individuals take, but also with the reasons for doing it, within a political scheme. Under these circumstances, it is evident that the quantitative positivist approach that has dominated political behavior studies, since the last half of the 20th century, as well as the use of quantitative investigation techniques is clearly insufficient. It becomes necessary then to resort to an alternative paradigm with epistemological principles and the methodology necessary that allows us to grasp the subjectivity that lies behind political behavior in order to obtain an in depth knowledge. This post-positivist paradigm rescues the historicism traditional interpretation of social investigation and German philosophy form the 18th and 19th centuries, highlighted by the theories of Max Weber.

Palabras clave: Política, comportamiento social, comportamiento político, paradigma pospositivista, subjetividad. Key words: Politics, social behavior, political behavior, post-positivist paradigm, subjectivity.

Ⅰ. Introducción.

La política ha sido objeto de atención por parte de los estudiosos de las más diversas disciplinas a lo largo de la historia de la humanidad. Ya en la antigüedad, Platón y Aristóteles, los llamados padres de la filosofía habían dedicado parte importante de sus reflexiones y estudios a esta actividad a la que consideraban inherente a la naturaleza humana. En la Roma antigua destacan las obras de Polibio y en la Edad Media las de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Hasta entonces, las reflexiones en torno a las relaciones y los problemas de organización de la sociedad y del poder se encontraban generalmente vinculadas a creencias religiosas.

Armando Duarte M ∙ Martha C. Jaramillo C 3

Con el advenimiento del Renacimiento y la Edad Moderna, las reflexiones y los estudios que tuvieron a la política como objeto de sus afanes experimentan en occidente un golpe de timón. La obra de Nicolás Maquiavelo libera a la reflexión sobre la política de sus ataduras teológicas y filosóficas dando paso al “primer campo secularizado del saber que habrá de irse constituyendo dentro del orden más vasto de las ciencias sociales” (Portantiero, 1992). Este impulso en el pensamiento político, resultado de las profundas transformaciones económicas y sociales de la época, jugó a su vez un papel fundamental en la configuración del nuevo orden emergente en el mundo occidental. Basta con señalar, a manera de referencia, el enorme impacto que tuvieron las ideas políticas de John Locke y Montesquieu en el desarrollo de la historia de Europa y América a partir del siglo XVII, en el fin del absolutismo y en el resurgimiento de la república y la democracia.

Sin embargo, el estudio de la actividad política de los individuos considerada como un objeto de estudio en sí misma, como un hecho social que se busca explicar y comprender, no cobra relevancia sino hasta mediados del siglo XX cuando las ciencias sociales, particularmente la ciencia política, lo colocan en el primer plano de sus preocupaciones científicas bajo el concepto de “comportamiento político”. Murillo (1979) refiere que bajo el influjo del positivismo lógico y la creciente utilización del análisis estadístico en las ciencias sociales, estos estudios logran un gran desarrollo particularmente en los Estados Unidos de América.

Este hecho trajo como consecuencia que desde entonces, el estudio del comportamiento político en occidente haya estado dominado por un enfoque positivista-cuantitativo que ha dado lugar al desarrollo de diversas teorías o perspectivas teóricas y a un gran número de trabajos de investigación que buscan explicar este fenómeno. En el presente artículo se discuten las perspectivas teóricas que han protagonizado el debate epistemológico y metodológico en las ciencias sociales y algunos de los enfoques para el estudio del comportamiento político que han derivado de ellos, para sustentar la argumentación en favor de desarrollar un nuevo enfoque para abordar el problema a partir del rescate de los postulados de la teoría crítica1, los cuales

1 La Teoría Crítica es una escuela de pensamiento filosófico y social que tuvo asiento en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, y que surgió en el periodo


ofrecen una solución plausible a la controversia metodológica planteada entre positivistas y no positivistas.

Nuestro planteamiento parte de la consideración de que el comportamiento político es “una forma específica de comportamiento social, que está referido a las acciones de los individuos orientadas a incidir en el campo de la política” (Duarte y Jaramillo, 2009, p. 147). Esta conceptualización del comportamiento político como una acción social asume la formulación hecha por Max Weber que establece que ésta ocurre cuando los individuos le atribuyen a la misma un significado subjetivo. En consecuencia, el interés del investigador en el objeto de estudio así definido, tiene que ver no solo con lo que hacen los individuos, en este caso en el campo de la política, sino sobre todo con el por qué lo hacen.

En estas condiciones, el enfoque positivista-cuantitativo que ha dominado los estudios del comportamiento político desde mediados del siglo pasado y la utilización de las técnicas de investigación cuantitativa resultan claramente insuficientes. Se hace necesario pues recurrir a un paradigma alternativo cuyos principios epistemológicos y la metodología que de él derivan permita aprehender la subjetividad que subyace al comportamiento político para lograr un conocimiento más profundo. Este es el paradigma pospositivista que rescata para la investigación social la tradición interpretativa del historicismo y la filosofía alemanas de los siglos XVIII y XIX y que tiene en Max Weber a uno de sus más destacados exponentes. Sin embargo, la tentación que pesa sobre esta perspectiva de abandonar toda pretensión de objetividad es superada por la teoría crítica sin renunciar al reconocimiento de la importancia fundamental de la subjetividad en los fenómenos sociales, por lo que sus postulados constituyen a nuestro juicio la base para el desarrollo de un enfoque integral mas adecuado para el estudio de un fenómeno de la complejidad del comportamiento político.

comprendido entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Entre sus exponentes más destacados se encuentran Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamín, Erich Fromm, Herbert Marcuse y Jurgen Habermas.


Ⅱ. Perspectivas teóricas para el estudio del comportamiento social.

En el desarrollo de las ciencias sociales pueden observarse dos grandes

perspectivas teóricas para alcanzar el conocimiento de la sociedad y la comprensión de sus procesos. A cada una de ellas subyacen determinados paradigmas epistemológicos de los que derivan distintas metodologías para acercarse a la realidad y aprehenderla. En el desarrollo de la sociología este hecho es particularmente claro.2 En los inicios de esta disciplina prevaleció el paradigma positivista en virtud de que durante el siglo XIX, la sociología libraba una dura batalla para lograr ser reconocida como ciencia. Para los fundadores de la sociología, éste reconocimiento sería posible sólo en la medida en que se deslindara de la tradición filosófica que dominaba en ese entonces los trabajos de investigación social e incorporara los principios y las metodologías de este paradigma, dominante a la sazón en las ciencias naturales.

El paradigma positivista.

El positivismo se forjó en el periodo histórico en el que, en medio de profundas transformaciones políticas y sociales, surge y se consolida la burguesía como clase social hegemónica en occidente y, con ella, el desarrollo de sistemas de contabilidad y cálculo que admiten, adoptando el sistema numérico arábigo, la utilización del cero. Este hecho tuvo una importancia decisiva en el desarrollo de la ciencia.

Con la admisión del cero por parte del occidente europeo se consolida el pensamiento lógico formal y se abre la puerta a la matematización del mundo; la naturaleza puede entonces concebirse en términos de reglas y leyes formales, es decir, puede ser

2 Delgado y Gutiérrez (1995), realizan una excelente reseña del desarrollo de estas perspectivas en el contexto de la historia de las ciencias sociales, en el primer capítulo de Métodos y técnicas cualitativas de investigación de editorial Síntesis, España. Asimismo, Portantiero (1992) sostiene que en la sociología clásica, las perspectivas desarrolladas por Durkheim y Weber constituyen las aportaciones teóricas más relevantes hasta la actualidad; que después de ellos, “poco se avanzará teóricamente”.


idealizada, y por tanto puede dejarse de lado todo aquello que es consustancial a su diversidad para permitir la creación de modelos simplificados de la realidad susceptibles de la manipulación matemática. (Delgado y Gutiérrez, 1995, p. 53).

La nueva forma de ver el universo se sustenta en la convicción de que éste es un “flujo de acontecimientos que suceden según leyes” por lo que la cuestión a desentrañar no es ya “el por qué” o el “para qué” de las cosas, sino “el cómo”. Es un “interés pragmático, mecánico-causalista”. (Mardones, 2001, p. 23). A la sombra de este paradigma, las ciencias naturales alcanzan en esta etapa histórica un espectacular desarrollo, en particular la física, gracias a las investigaciones de Newton. Este hecho ejerció una gran influencia en la naciente sociología. No es casual que el llamado fundador de ésta, Augusto Comte desarrollara en su obra los conceptos de física social, dinámica social y estática social para explicar la sociedad y sus fenómenos.

En el núcleo del paradigma positivista se encuentra la noción de que la realidad existe fuera de los individuos, “totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva, y que nuestro aparato cognoscitivo es como un espejo que la refleja dentro de sí, como una cámara fotográfica que copia pequeñas imágenes de esa realidad exterior” (Rodríguez et. Al., 1999, p. 14). En consecuencia, lo verdadero, lo objetivo, es aquello que refleja esa realidad sin deformaciones y la ciencia social debe proporcionar al investigador las herramientas teóricas y metodológicas que aunadas a sus sentidos le permitan llegar a la verdad y conocer la realidad. “Sólo lo verificable empíricamente sería aceptado en el cuerpo de la ciencia; la única y verdadera relación sería la de causa y efecto, los términos fundamentales de la ciencia debían representar entidades concretas, tangibles, mensurables, verificables; de lo contrario serían desechados como palabras sin sentido” (Rodríguez, Gil y García, 1999, p. 14).

Dado que la realidad, de acuerdo a este paradigma, es aquello que está comprendido en las coordenadas tiempo, espacio y masa, el conocimiento científico solo puede resultar de estudiar los hechos, los fenómenos, el dato experimentable, lo observable, lo verificable (Hurtado y Toro, 2007). La explicación científica de los hechos entonces será aquella que pueda ser formulada en términos de leyes que expresan numéricamente las relaciones


existentes entre los fenómenos de la realidad (Mardones, 2001). La esencia de la ciencia en el paradigma positivista son los procedimientos matemáticos y cuantitativos. Edgar Morin (2007) ha escrito al respecto:

…el ideal del conocimiento científico clásico era descubrir, detrás de la complejidad aparente de los fenómenos, un Orden perfecto legislador de una máquina perfecta (el cosmos), hecha ella misma de microelementos (los átomos) diversamente reunidos en objetos y sistemas. Tal conocimiento fundaría su rigor y su operacionalidad, necesariamente, sobre la medida y el cálculo… (p. 30)

En el campo de las ciencias sociales, particularmente en la sociología, es la obra de Emile Durkheim la que inició el vuelco hacia la objetividad mediante su teoría de los hechos sociales, la comprobación empírica de sus planteamientos y el uso de las herramientas matemáticas, particularmente la estadística. En efecto, Durkheim sostuvo que lo que caracterizaba a la sociología, distinguiéndola de la filosofía y la sicología, era que su objeto de estudio son lo hechos sociales, los cuales son externos al individuo y ejercen coerción sobre él. Estos hechos sociales deben ser tratados por lo tanto como cosas, es decir, de la misma manera como las ciencias naturales tratan a sus objetos de estudio, y deben, en consecuencia, ser estudiados empíricamente para determinar la relación causal entre ellos y el comportamiento social (Durkheim, 1986).

Para Durkheim estos hechos no son otra cosa que las estructuras sociales, tales como el Estado, la iglesia, el derecho y la cultura (Ritzer, 1993). En su afán de dotar a la investigación sociológica de una sólida base empírica acorde al paradigma positivista, Durkheim sobreestimó la influencia, sin duda existente, de las estructuras sociales sobre el pensamiento y el comportamiento social del individuo y dedicó escasa atención en su obra al papel de la voluntad y la acción de éstos en tanto actores de la vida social. La subjetividad del hombre en el enfoque positivista de Durkheim, es sólo la variable dependiente. El pensamiento de Durkheim tuvo una enorme influencia en la teoría social del siglo XX, la que se expresó en escuelas tan influyentes como el funcionalismo y el estructuralismo, las cuales abordan el comportamiento social a partir de la noción del actor como un ser constreñido por fuerzas sociales y culturales por lo que centran su


estudio en estos elementos normativos para explicarlo.

El paradigma alternativo.

Frente al positivismo en las ciencias sociales surge, desde el siglo XIX y alimentada por la tradición filosófica y el historicismo alemanes, una vía alternativa sustentada en la convicción de la unidad entre sujeto y objeto en virtud de que, tanto el investigador como la realidad investigada, pertenecen “al mismo universo histórico: el mundo cultural e histórico del hombre” (Mardones, 2001, p. 31). Este hecho abre la posibilidad de que el investigador comprenda desde dentro los fenómenos sociales. En consecuencia, el comportamiento social de los individuos puede ser comprendido a partir del conocimiento de su subjetividad, la cual el investigador hasta cierto punto comparte y que se manifiesta precisamente a través de la conducta, de los hechos sociales e históricos. Es así que esta perspectiva plantea la existencia de una distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales3 que determina que éstas demanden una metodología propia.

Este es el camino que Max Weber inauguraría en el campo de la sociología, ciertamente uno muy distinto al de su contemporáneo Emile Durkheim. Para Weber, el interés de la sociología no se agota en lo que hacen los hombres, lo que puede observarse, medirse y cuantificarse, sino que se extiende a comprender el por qué lo hacen, lo que implica conocer la intencionalidad de la acción que se encuentra en el campo de lo subjetivo. Su planteamiento parte de la distinción entre dos tipos de comportamiento en los individuos: uno es aquél en el que entre el estímulo y la respuesta no media un proceso de reflexión. A este tipo de comportamiento humano Weber lo llama conducta, y establece que el mismo no tiene interés alguno para la sociología. El otro tipo de comportamiento humano es aquel en el que sí existe un proceso de reflexión; a éste Weber lo define como acción social, de tal manera que ésta solo ocurre cuando el individuo le atribuye un significado subjetivo a su acción. Es este tipo de comportamiento el que se constituye, en la perspectiva de Weber, en el objeto de estudio de la

3 Diferencia que suele expresarse en con la frase “ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu”.


sociología. Esto es lo que lo distingue de Durkheim, ya que rescata la importancia de la subjetividad en la acción y las motivaciones del individuo en tanto que actor social4.

Consecuente con el rescate del papel del individuo como actor social, Weber fue un decidido opositor del dogmatismo en las ciencias sociales y rechazó las concepciones mecanicistas y deterministas de la realidad social. Asimismo advirtió acerca del abuso en la utilización de los métodos cuantitativos en la investigación social en el sentido de usarlos como garantía de cientificidad o de objetividad. Para Weber, poder encontrar el sentido, la intencionalidad, el para qué y no sólo el cómo de la acción de los individuos es fundamental para comprender los fenómenos sociales. Si se desconoce la intencionalidad de una acción social, su conexión de sentido, ésta no puede ser comprendida “aún incluso cuando tuviéramos a la vista estadísticas que expresaran la regularidad del hecho con precisión cuantitativa” (Quiroz, 2009, p. 35). El científico social según Weber, no sólo debe explicar la acción social, sino comprenderla. La obra de Weber es considerada como el punto de partida de una tradición dentro de la sociología que hace énfasis en la subjetividad del individuo.

Ⅲ. Un debate abierto.

Ambas perspectivas han protagonizado un debate que perdura hasta la actualidad y el que por momentos ha alcanzado momentos de álgida confrontación.5 En esta polémica ha estado presente, desde sus inicios, el desarrollo de las ciencias naturales. Así como la física newtoniana constituyó uno de los referentes principales del positivismo en las ciencias sociales durante el siglo XIX, así también la revolución producida en la física a principios del siglo XX terminó por cuestionar y echar por tierra sus principios epistemológicos, abonando en favor del paradigma alternativo en

4 Para Weber el objeto de la sociología es precisamente la acción social, y busca comprenderla, “interpretándola, para de esa manera, explicarla causalmente en su desarrollo y efectos” Weber (1964) Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología Comprensiva. México. FCE.5 Para una síntesis de esta polémica, ver Mardones (2001). Filosofía de las Ciencias Sociales. Materiales para una fundamentación científica. Barcelona. Anthropos Editorial.


las ciencias sociales. El físico Julius Robert Oppenheimer, quien dirigiera el proyecto Manhattan que produjo la primera bomba atómica, hizo una advertencia muy reveladora a los científicos sociales en general al intervenir, en 1956, en la Conferencia Anual de la American Psycological Association: “el peor error de todos los posibles errores que puedan cometer es imitar una física que ya no existe, que desde hace mucho tiempo ha quedado completamente superada y ellos (los físicos) han abandonado” (citado por Rodríguez et. al., 1999, p. 18).

En efecto, la noción de la materia como una sustancia fija y en reposo, dio paso a la idea de la materia en movimiento, como un proceso que se sucede en el tiempo e introdujo una nueva dimensión de la realidad: la extensión temporal. La realidad ya no puede ser simbolizada como una fotografía, como algo estático en virtud de que está en constante movimiento. La idea de causalidad lineal, asociada a la idea del reposo como estado natural de la materia, ya no puede sostenerse ni en la física, y es reemplazada por la idea de multicausalidad. Al derrumbarse el principio de causalidad lineal, el determinismo social de Durkheim, de Comte y de la ciencia social positivista perdió su asidero principal. El indeterminismo social abrió la puerta para dar entrada a la libertad y la creatividad humana y el individuo se revela no sólo como el ser constreñido por las estructuras sociales sino también como poseedor de voluntad, como actor social, como sujeto y no solo como objeto. El paradigma pospositivista, que surge como alternativa al paradigma científico dominante, rescata la importancia del sujeto, relegado por Durkheim en aras de la importancia de los hechos sociales o estructuras y ya reconocida por Weber.

En el paradigma alternativo, la percepción de la realidad no es un simple reflejo, pues “lo que se percibe y su significado dependerán de nuestra formación previa, de nuestras expectativas teóricas actuales, de nuestros valores, actitudes, creencias, necesidades, intereses, miedos, ideales, etc.” (Rodríguez et. al., 1999, p. 22). Y es que el hombre, tal como sostiene Gramsci, “es sobre todo espíritu, o sea, creación histórica y no naturaleza” (Gramsci, 1978, p. 15). Así, “la observación no sería pura e inmaculada (como si fuera percibida “por el ojo de Dios”) sino que implicaría una inserción de lo observado en un marco referencial o fondo, que es lo que le daría el sentido que tiene para nosotros” (Rodríguez et. al., 1999, p. 22). La regla para la investigación sociológica acuñada por


Durkheim de que el investigador debe despojarse de sus prenociones en aras de la objetividad, resulta pues imposible de practicar. La ciencia se convierte, en palabras de Polyani “en un sistema de creencias con las cuales estamos comprometidos”.6

El reconocimiento de la imposibilidad de lograr la pretendida objetividad del positivismo tiene claras implicaciones metodológicas. Para el investigador social que adopta el paradigma científico pospositivista, comprender el comportamiento social implica el conocimiento de lo que el individuo percibe como su realidad social, de la forma como define su situación y, de manera muy destacada, de los significados que le otorga a los acontecimientos sociales percibidos, ya que es precisamente esa percepción y son esos significados lo que se encuentran detrás de su comportamiento social y cuyo conocimiento nos permite comprenderlo. Para ello, el investigador social debe ser capaz de colocarse “en los zapatos” del actor social y de ver el mundo como él lo ve, y comprender qué significado tienen para él los acontecimientos sociales y el comportamiento de los demás, y el investigador puede hacerlo porque comparte con él “los valores que atribuyen el significado” que priva en su subjetividad en virtud de que forma parte de “la realidad investigada, el mismo universo histórico” (Mardones, 2001). Pero para ello no bastan los procedimientos cuantitativos y formales del paradigma positivista, sino que es menester recurrir, además, a los métodos y las técnicas cualitativas. “Un objeto de conocimiento que es a su vez sujeto consciente y libre, no puede someterse a los esquemas de un paradigma científico determinista, mecánico y, además, matemático” (Rodríguez et al, 1999, p. 18)

El reduccionismo característico del paradigma positivista resulta entonces un procedimiento inadecuado, desde esta perspectiva, para lograr la explicación y comprensión de un objeto de estudio de naturaleza compleja como lo es el comportamiento o la acción social. Es por ello que es cuestionado en el paradigma científico alternativo.

…la matematización y la formalización han desintegrado, más y más, a los seres y a los existentes por considerar realidades nada más

6 Citado por Rodríguez et al. (1999), en Metodología de la investigación cualitativa. España. Editorial Aljibe.


que a las fórmulas y a las ecuaciones que gobiernan a las entidades cuantificadas. Finalmente, el pensamiento simplificante es incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple (unitas multiplex). O unifica abstractamente anulando la diversidad o, por el contrario, yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad. (Morin, 2007, p. 30)

Ⅳ. El Estudio del comportamiento político desde el positivismo.

Ambas tradiciones han inspirado diversas investigaciones acerca del comportamiento político, aunque como sostiene Murillo (1979), el paradigma positivista fue dominante en la ciencia política durante la segunda mitad del silo XX. En 1963 Almond y Verba publican The Civic Culture, obra considerada un clásico de la ciencia política moderna (García, 2006). En este trabajo, Almond y Verba buscan demostrar que la democracia en un país no sólo depende de las instituciones democráticas que ha creado, sino sobre todo “de las actitudes políticas y no políticas de la población”, las cuales a su vez, en un razonamiento que puede identificarse fácilmente con Durkheim, están determinadas por el grado de desarrollo y complejidad de las estructuras sociales y de la cultura política que les corresponde. En su investigación, Almond y Verba establecen, después de un análisis comparativo de la cultura política en varios países, la existencia de una correspondencia entre grado de complejidad social, cultura política y comportamiento político. Concluyen que a las sociedades simples, no diferenciadas, donde las funciones y las instituciones específicamente políticas no existen o coinciden y se confunden con funciones o estructuras económicas o religiosas, corresponde un tipo de cultura política a la que llamaron parroquial y que determina un comportamiento político caracterizado por una escasa diferenciación respecto de las actividades económicas y religiosas.

Por otra parte, en sociedades con estructuras políticas bien definidas pero que poseen un régimen político autoritario, predomina una cultura política de tipo pasivo a la que corresponde un comportamiento político que no trasciende hacia la acción política, por el contrario, el individuo tiende a apartarse de ella. Por último, Almond y Verba sostienen que a una sociedad


con un régimen democrático corresponde una cultura política de tipo participativo, en la que los individuos están mejor dispuestos para una participación activa en los asuntos políticos.

Así, las actitudes “políticas y no políticas” de los británicos y los estadounidenses, que son producto de una cultura política participativa correspondiente a sociedades altamente industrializadas, resultan “determinantes en la estabilidad de la democracia en sus respectivos países, en tanto que la carencia de ese tipo de actitudes políticas correspondiente en otras sociedades hacía inestable e inseguro su régimen democrático”, como sería el caso de las sociedades poco desarrolladas. (García, 2006, p. 138). Como podemos observar, en esta perspectiva, los factores subjetivos que subyacen al comportamiento político son la variable dependiente de estructuras sociales tales como la economía y la cultura.

Una vertiente distinta dentro de la ciencia política es el enfoque conductista. La particularidad de este enfoque es que se alinea con el individualismo metodológico, es decir, con la perspectiva metodológica que rechaza la explicación causal del comportamiento humano sólo en función de las estructuras sociales y busca encontrarla en el individuo7, lo cual la acerca al planteamiento de Weber. Sin embargo, a pesar de que para el conductismo la unidad central de análisis es el individuo, cabe aclarar que lo que le interesa de éste es su comportamiento en sí, su conducta, lo que puede observarse y cuantificarse, no sus representaciones acerca de la realidad política ni los significados que confiere a ésta y que pertenecen al campo de la subjetividad. En esto, el conductismo toma distancia de Weber y se alinea con el positivimo de Durkheim.

De acuerdo con Ritzer (2002), para la sociología conductista lo que importa es la relación entre los efectos de una conducta determinada en el entorno que rodea al actor y su influencia sobre la conducta posterior de éste, de tal manera que la conducta en el futuro puede predecirse en función de esta relación. Así, el individuo aprende de las consecuencias de sus acciones en su entorno social y las repite o evita según los beneficios o costes que tales conductas le han producido, una especie de aprendizaje condicionado.

7 El individualismo metodológico sostiene que todos los fenómenos sociales pueden ser estudiados en términos de los individuos, tanto de sus propiedades tales como sus creencias, deseos y acciones, como de sus relaciones entre ellos.


Lo que importa es la historia de las consecuencias de su conducta en su ambiente social.

Dentro de las perspectivas basadas en el individualismo metodológico para explicar el comportamiento social merece especial atención la teoría de la elección racional, en virtud de que, a diferencia del conductismo, aquella sí concede importancia a las preferencias subjetivas del individuo, aunque éstas quedan circunscritas a una conducta maximizadora. En efecto, esta teoría, inspirada en los principios de la economía neoclásica sostiene que la acción de los individuos o actores está determinada por el propósito de alcanzar determinados objetivos organizados jerárquicamente, esto es, los actores actúan con base en una intencionalidad: la de obtener el máximo beneficio al menor coste. Sin embargo, no solo la intencionalidad cuenta a la hora de decidir el curso de la acción, sino que también intervienen al menos dos factores más: la escasez de recursos y las instituciones sociales. Estos factores ejercen sobre la acción del individuo un efecto de constricción. Así, la escasez de recursos incide en la decisión de si la acción debe estar orientada al logro del objetivo colocado en la parte más alta de sus preferencias, o debe renunciar a él debido a que los recursos de que dispone no son suficientes para alcanzarlo y que de persistir en ese propósito pone además en riesgo las oportunidades de obtener el objetivo colocado en segundo lugar de su escala de preferencias. De esta manera, el actor tiende a elegir un curso de acción que resulte más coherente con su disponibilidad de recursos y los objetivos jerárquicamente organizados en su escala de preferencias. En el caso de las instituciones sociales, el actor se enfrenta a la realidad social, en la que las normas familiares, escolares y religiosas, las leyes y reglamentos e incluso las costumbres sociales, restringen sus posibilidades de acción y constituyen un elemento que influye, a final de cuentas, en su elección respecto del curso de su acción. (Ritzer, 2002).

En esta teoría, Martínez (2004) advierte el carácter sintético del enfoque toda vez que confluyen los elementos objetivos/estructurales y subjetivos/ individuales en la acción social, lo que la coloca en un punto intermedio entre el enfoque predominantemente determinista de la sociología de Durkheim y el enfoque comprensivo de la sociología de Weber. Los recursos y las instituciones sociales constituyen el elemento objetivo/estructural, y las preferencias del actor el elemento subjetivo/individual, aunque éste, como


hemos apuntado, se circunscribe al logro del beneficio máximo al menor costo.

En relación con el comportamiento político en particular, dentro de este enfoque hay que mencionar la teoría económica de la democracia desarrollada por Anthony Downs8. En esta obra el autor parte del supuesto, inspirado en la economía neoclásica, de que el individuo es un ser racional que asume, frente a la realidad, una conducta maximizadora, basada en el cálculo del coste-beneficio para determinar el curso de su acción. En el caso de la economía, el espacio de interacción es el mercado de bienes y servicios, el cual por efecto de la ley de la oferta y la demanda realiza una óptima distribución de los recursos en la sociedad, de tal suerte que la acción del individuo o agente por lograr el máximo beneficio propio tiene como consecuencia no planeada el bien común.

Para el comportamiento político, y específicamente el electoral, Downs sostiene que el individuo actúa en las elecciones como lo haría un consumidor en el mercado, sopesando los costes y beneficios de su participación. Este cálculo racional permite definir no sólo si se acude a votar o no, sino el mismo sentido del voto. Así, en un escenario en el que su voto puede ser significativo en razón de los resultados esperados, existe una fuerte motivación para asistir a sufragar. De lo contrario, si percibe que en ese escenario su voto poco o nada puede incidir en el logro de sus expectativas, y que por tanto el coste de acudir a las urnas a depositar su voto es superior al beneficio que obtendría al hacerlo, entonces la motivación desaparece. De igual manera, si en una elección, el candidato y la propuesta electoral que más se apega a sus intereses, o dicho en los términos de la economía neoclásica, cuya victoria maximice su función de utilidad, tiene a su parecer escasas posibilidades de alzarse con el triunfo, el elector puede optar por apoyar a otro candidato que sí tenga posibilidades de hacerlo y que, además, su triunfo signifique la obtención de un objetivo colocado en segundo lugar en el ordenamiento de sus preferencias, como puede ser, por ejemplo, la derrota de aquél candidato o partido con el que no se tiene coincidencia alguna o sencillamente que no desearía ver en el poder. Una conducta electoral de esta naturaleza es maximizadora, o racional en un sentido

8 El libro de Downs, publicado en 1957 en New York por Harper and Row lleva por título An Economic Theory of Democracy.


instrumental, toda vez que proporciona al elector el mayor beneficio posible en una situación dada. Esta conducta podría identificarse como aquella que se encuentra detrás del llamado voto útil. La propuesta de Downs permite el análisis de las situaciones planteadas en términos de las variables que el elector tiene en cuenta a la hora de decidir su voto (su escala de preferencias), contrastadas contra las propuestas que los candidatos o partidos sostienen en sus plataformas electorales.

Ⅴ. El empirismo abstracto.

El individualismo metodológico cobró auge en el estudio del comportamiento político alrededor de mediados del siglo XX. De manera particular, en Estados Unidos proliferaron en ese entonces investigaciones a partir de sus supuestos y es en ese contexto en el que aparece, en 1959, The Sociological Imagination de C. Wright Mills, un texto que advierte del error en que incurren con frecuencia quienes hacen investigación acerca del comportamiento político al dejar de lado la consideración del contexto estructural en la investigación social, error al que denominó “empirismo abstracto” (Mills, 2003, p. 68). Este autor destaca que uno de los campos donde efectivamente adquirió mayor influencia este enfoque es en el del estudio del comportamiento político, ya que “parece muy a propósito para la investigación estadística”. Como ejemplo de esta desviación refiere un estudio, famoso en la década de los 40 en el siglo XX, realizado en Ohio, Estados Unidos, llamado The People’s Choice y del cual afirma: “Por este libro aprendemos que las gentes ricas, campesinos y protestantes tienden a votar a los republicanos, que las gentes de tipo contrario se inclinan hacia los demócratas, y así sucesivamente. Pero aprendemos poco de la dinámica política norteamericana”. (Mills, 2003, p. 70. Cursivas añadidas).

La preocupación de Mills consistía en que los entonces nuevos trabajos de investigación social basados en el enfoque emergente en la ciencia política norteamericana dejaban de lado toda consideración sobre lo que él llama “ambiente estructural”. Esto trae como consecuencia que los problemas en estas investigaciones “no pueden ser adecuadamente planteados” en términos de una ciencia social, sino meramente en términos “administrativos”. Con relación a la investigación antes citada se pregunta


“¿Puede ser interesante para los investigadores en ciencias políticas examinar un estudio en gran escala del sufragio que no contiene ninguna referencia a la maquinaria del partido para ‘sacar votos’, ni en realidad para alguna institución política?” (Mills, 2003, p. 70). Para Mills, el extremo en el que se incurre frecuentemente en la investigación social consistente en hacer abstracción del fenómeno en estudio en relación al contexto histórico social en que el éste se produce, conduce a un conocimiento superficial del mismo, y advertía:

Por lo que respecta a las ideas, rara vez podemos sacar de una investigación verdaderamente detallada más de lo que hayamos puesto en ella. Lo que saquemos de una información empírica como tal, es información, y lo que podamos hacer con esa información depende en gran parte de que en el curso de nuestro trabajo hayamos o no seleccionado nuestros estudios empíricos específicos como puntos de comprobación de construcciones más amplias. (Mills, 2003, p. 84. Cursivas añadidas)

Para Mills, el análisis de la conducta individual requiere de un “empirismo más amplio” que incluya el conocimiento del ambiente estructural a partir de la convicción de que éste posee poderosas propiedades explicativas. Dado que su crítica está enfocada a la investigación social que se realizaba en su época en Estados Unidos, sus referencias a estos trabajos son abrumadoras, como se observa en la siguiente cita:

…dentro de la estructura de la misma sociedad norteamericana–y especialmente de una ciudad norteamericana en un momento dado, que es lo que suele tomarse como ‘campo de muestra’ – hay tantos denominadores comunes, sociales y psicológicos, que la variedad de conducta que el investigador social debe tomar en cuenta no se ofrece fácilmente de buenas a primeras. Esa variedad, y, por ende, la formulación misma de los problemas, sólo se ofrece a nuestra disposición cuando nuestra visión se ensancha hasta abarcar estructuras sociales relativas e históricas. Pero, a causa del dogma epistemológico, los empiristas abstractos son sistemáticamente ahistóricos y antirrelativistas; estudian campos en pequeña escala y


se inclinan al psicologismo. Ni para definir sus problemas ni para explicar sus propios hallazgos microscópicos hacen ningún uso efectivo de la idea básica de estructura social histórica. (Mills, 2003, p. 84.Cursivas añadidas).

La postura crítica de Mills respecto del empirismo abstracto en las investigaciones sociales en Estados Unidos a mediados del siglo XX tiene su equivalente en el desarrollo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en Europa. Uno de sus exponentes, Adorno (2001), realiza una crítica a los principios epistemológicos y metodológicos de la investigación social que desde mediados del siglo XX venía convirtiéndose en dominante en Europa, al igual que en Estados Unidos en América. Lo interesante de su crítica es que no solo pone de relieve las limitaciones del empirismo cuantitativo, sino que también pone sobre la mesa los excesos del empirismo cualitativo y argumenta sólidamente sobre la validez de la complementariedad entre los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación social.

Al referirse al paradigma cuantitativo señala que, ciertamente, su metodología es eficaz para dar cuenta de una situación en la que el libre albedrío de los hombres, su capacidad de razonar, tiende a ser sustituido por la mera reacción a estímulos en la moderna sociedad consumista:

Allí donde, bajo la presión de la sociedad, los hombres son efectivamente degradados a las «formas de reacción de los batracios» convirtiéndolos en consumidores forzosos de los medios de comunicación de masas y de otros placeres reglamentados, los sondeos de opinión, que provocan la indignación de un humanismo desfalleciente, son más adecuados a la cosa que pueda serlo, por ejemplo, una sociología «comprensiva»: el substrato de la comprensión, el comportamiento humano coherente y dotado de sentido, ha sido sustituido en los sujetos por la mera reacción. Una ciencia social atomística y que a la vez, mediante la clasificación, asciende de los átomos a las generalidades, es el espejo de Medusa de una sociedad a la vez atomizada y organizada conforme a conceptos clasificatorios abstractos, los de la administración. (Adorno, 2001, p. 25).


Adorno, no solo cuestiona la superficialidad en que incurre el empirismo cuantitativo, sino que de paso critica el fundamentalismo metodológico que anida con frecuencia en la perspectiva comprensiva (al que llama “humanismo desfalleciente”) y que desestima apresuradamente los métodos cuantitativos porque atentan contra “la dignidad humana” sin percatarse de que dada la naturaleza de la sociedad capitalista, que tiende a convertir en objetos a los individuos, a imponerles una condición homogenizante mediante patrones estandarizados de consumo material y cultural, los métodos que captan la regularidad en los fenómenos sociales resultan, paradójicamente, eficaces para poner de manifiesto ciertos aspectos a través de los cuales se manifiesta la realidad objetiva.

Sin embargo, Adorno critica que esta perspectiva positivista cuantitativa no vaya mas allá de exponer la forma como el hecho se manifiesta y que por tanto, convierta dicha apariencia en la realidad misma, por lo que el conocimiento generado queda en ese nivel, en el nivel de la apariencia. Los datos obtenidos por los procedimientos propios de la metodología cuantitativa (cuestionarios, encuestas, etc.) acerca de la percepción de los individuos sobre los fenómenos sociales son tratados de acuerdo a las leyes del cálculo de probabilidades y generalizados por encima de las particularidades individuales, pero su interpretación deja generalmente de lado la consideración del contexto histórico social, ese “mundo histórico y cultural del hombre” en que los individuos actúan y en el que se forman sus opiniones, acciones y opiniones que constituyen los datos recogidos por las técnicas de investigación. Lo así obtenido es elevado al rango de criterio de validez, de constatación de una realidad o de un enunciado con pretensiones científicas, mientras que los mecanismos que operan e influyen en las percepciones de los individuos y que construyen su realidad, mecanismos que constituyen, estos sí, la realidad objetiva, permanecen ocultos. El desprecio por lo que Mills llamó el ambiente estructural y que Adorno llama la totalidad social, lleva al empirismo abstracto a poner la apariencia en el lugar de la realidad objetiva.

Algo similar ocurre con el empirismo cualitativo que en aras de evitar la grosera generalización y la eliminación de las cualidades individuales, práctica consustancial al positivismo cuantitativo, incurre con mucha frecuencia en el exceso de rechazar el papel que juega la totalidad social, esto es, el ambiente estructural sobre la percepción y la acción del individuo


y reduce “ciegamente el todo a sus correlatos individuales” (Adorno, 2001, p. 37). Su pretensión de evitar los prejuicios en la observación de los fenómenos sociales en aras de la objetividad, los lleva a cometer el error de ignorar teorías, de aislar los fenómenos de la totalidad social, de cerrar los ojos frente a ella y a caer, irremediablemente, en la falta de objetividad.

Para la teoría crítica, lo mismo que para el positivismo, la aprehensión de la realidad objetiva es posible, pero, y aquí toma distancia de él, ello no depende ni de la simple observación directa de los hechos ni de la comprensión de la forma como los individuos los perciben, sino de asumir que la totalidad social media tanto entre los hechos y la percepción que de ellos se forman los individuos, como entre ellos y el investigador que los observa. Esto es, tal como Kant sostuvo en la Crítica de la razón pura, la información que recibimos a través de la experiencia se configura de acuerdo a nuestra forma de conocer, y para Adorno y la teoría crítica, esta forma de conocer, la estructura mental que nos permite organizar de determinada manera los estímulos de la realidad, está influida, si no es que determinada, por la totalidad social9.

En consecuencia, la objetividad en la investigación social se alcanza cuando se asume una posición crítica no solo frente a la percepción del fenómeno observado, que es lo que se hace cuando esa percepción o, dicho mas precisamente, cuando el enunciado que deriva de la percepción sobre el hecho, la hipótesis, se contrasta con la realidad, sino que es necesario asumir una posición crítica también respecto de la totalidad social, del universo histórico concreto en el que el hecho social acontece y que le da sentido, esto es, en el que está estructurado. 10

En este sentido, esta discusión teórica deja abierta la noción de complementariedad metodológica, la selección de la metodología para el estudio de un fenómeno social estaría determinada por la naturaleza del

9 Tal como sostienen Rodríguez et al. (1999, p.21) “La mente construye la percepción o el objeto conocido, informando o moldeando la materia amorfa que le proporcionan los sentidos por medio de formas propias o categorías, como si inyectaran sus propias leyes a la materia”.10 Esta noción fue expresada por Marx en los siguientes términos: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen como ellos quieren, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo las circunstancias directamente dadas y heredadas del pasado”.


objeto de conocimiento. Si dicha naturaleza involucra facetas en las que su descripción y comprensión permite una combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas, el investigador no debería renunciar a alguna de ellas en aras de una adhesión incondicional o al paradigma positivista- cuantitativo o al paradigma pospositivista-cualitativo, pues tal renuncia iría claramente en detrimento de la profundidad y totalidad del conocimiento que puede y debe obtenerse. Beltrán (1993) señala que:

…los métodos empíricos cuantitativo y cualitativo son, cada uno de ellos, necesarios in sua esfera, in suo ordine, para dar razón de aspectos, componentes o planos específicos del objeto de conocimiento. No solo no se excluyen mutuamente, sino que se requieren y se complementan, tanto más cuanto que el propósito de abarcar la totalidad del objeto sea más decidido. (p. 40).

En efecto, un fenómeno social puede tener diferentes aspectos, cada uno de los cuales puede demandar la utilización de una determinada metodología para lograr su conocimiento, aquella que mejor se corresponda con su naturaleza. Así, habrá aspectos de un fenómeno social que para ser comprendidos requerirán de la aplicación de metodologías cualitativas. Es el caso de aquella investigación que busca determinar lo que Weber llamó la conexión de sentido del comportamiento humano, es decir, develar los significados subjetivos que subyacen a la acción social y cuyo conocimiento nos permite comprender el porqué de la misma. Por otra parte, habrá otros aspectos del fenómeno social en los que la cantidad y sus variaciones constituyen el objeto de su descripción o contribuyen a la explicación del problema; en estos casos, el investigador debería recurrir a las metodologías cuantitativas para complementar el conocimiento. Para algunos autores, como Delgado y Gutiérrez (1995), existe actualmente un proceso en las ciencias sociales en el que los paradigmas antes abordados tienden a complementarse.

Frente a los cuantitativistas/discretos defensores de los corpúsculos, y frente a los cualitativistas/continuos defensores de las ondas, el principio de complementariedad desarrollado por Planck, Bohr, Einstein y otros, plantea y defiende la dualidad y la


complementariedad de ambos. “La luz es ambas cosas a la vez”. De esta forma, y si la relación onda/corpúsculo es, (…) homóloga a la relación cualitativo/cuantitativo, quizás el citado principio de complementariedad obligue a realizar una reflexión más profunda a las ciencias/científicos/investigadores sociales, sobre cómo se han entendido y abordado hasta el momento las relaciones de complementariedad cualitativo/cuantitativo en las Ciencias Sociales. (p. 67).

Lo hasta aquí discutido sugiere pues la existencia de un proceso en el que los enfoques en el estudio de los fenómenos sociales parecen converger en el campo de la metodología en la medida en que se avanza en la reformulación de los términos en que se ha planteado la controversia entre el paradigma positivista y el paradigma comprensivo, particularmente con los aportes realizados a las ciencias sociales por parte de la escuela de Frankfurt. Este hecho ha abierto una vía de acceso hacia una forma de abordar los fenómenos sociales, concebidos como poseedores de una naturaleza objetiva y subjetiva a la vez, que hace posible generar un conocimiento que va más allá de las apariencias, esto es, que permite captarlos en su objetividad.

Conclusión.

La naturaleza del objeto de estudio así concebido, en este caso el comportamiento político, rebasa la capacidad de los métodos cuantitativos para aprehenderlo en profundidad, tal como queda demostrado con las críticas de Mills y Adorno, muy a pesar de ser un fenómeno que se presta a la cuantificación. En efecto, el asumir que la subjetividad que subyace al comportamiento político constituye uno de los elementos principales que nos permitirá comprender el fenómeno, obliga a que la metodología que adoptemos debe proporcionarnos las herramientas o los instrumentos para acceder a esa subjetividad de los individuos, que nos permita a su vez comprender las representaciones que éstos construyen en relación con la política y los significados que a ella le atribuyen, elementos que constituyen las motivaciones de su comportamiento político.


Es por ello que es preciso recurrir a la sociología cualitativa, ya que ella nos proporciona las estrategias e instrumentos metodológicos idóneos para lograr este acercamiento con la subjetividad de los individuos pues parte del principio de que “para poder comprender los fenómenos sociales, el investigador necesita descubrir la definición de la situación del actor, esto es, su percepción e interpretación de la realidad y la forma en que éstas se relacionan con su comportamiento” (Schwartz y Jacobs, 2003, p. 25). Para la investigación cualitativa es fundamental pues conocer el modo en que la gente define su mundo, su realidad social, ya que esta definición es lo que está detrás de lo que la gente dice y hace, lo que produce su comportamiento, su conducta (Taylor y Bodgan, 1986). En ese sentido, esta metodología es la más adecuada a la naturaleza de este aspecto de nuestro objeto de conocimiento, entendida como aquella metodología “que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bodgan, 1986, p. 20)

Por otra parte, la concepción del individuo como producto histórico y socio-cultural determina que el estudio de su subjetividad, en este caso su forma de interpretar la realidad política y los significados que a ella le atribuye, debe realizarse a partir del estudio crítico de la totalidad social, es decir, de su circunstancia histórica y socio-cultural, de esas estructuras objetivas que, como sostiene la Teoría Crítica, conforman la base para sus representaciones subjetivas, para la construcción de esas estructuras mentales con las cuales se conducirán en el mundo social, esto es, el todo social que enmarca y que le da sentido a su comportamiento político. En la actualidad, en un mundo globalizado y dominado por el modo de producción capitalista, es preciso determinar, en cada caso, las formas como esta totalidad social, con las particularidades de su expresión concreta y de su desarrollo, influye en los individuos y moldea el comportamiento político de grupos sociales y sociedades enteras en virtud de que las estructuras mentales propias de las subjetividades de individuos que se desarrollan en el marco de un contexto socio histórico determinado, tienden a ser esencialmente las mismas,11 y aquí es donde los procedimientos propios de

11 Pierre Bourdieu sostiene que estas estructuras mentales, a las que denominó con el nombre de habitus, se adquieren como resultado de la ocupación duradera de una posición determinada en el mundo social (Ritzer, 2002). Así, un grupo de individuos que ocupan una


la metodología cuantitativa nos pueden aportar valiosos elementos a partir de los cuales descubrir tal influencia. Un abordaje del problema desde esta perspectiva nos permitirá realizar una adecuada interpretación de sus subjetividades y evitar caer en el error de colocar la apariencia en el lugar de la realidad objetiva. Es en esta relación entre subjetividad y contexto sociocultural/totalidad social inherente a la noción de sujeto concreto en la que sustentamos nuestra propuesta para el estudio del comportamiento político. Esto es asumir que las formas de percibir el comportamiento político, están y estarán siempre presentes, pero no se puede asegurar aun hoy, la existencia de una metodología idónea que nos lleve abordar de una manera precisa este tema, por que la sociedad es dinámica y genera hechos nuevos que nos obligan a explorar metodologías, retomar teorías y replantearnos técnicas, con el fin de acercarnos a una construcción conceptual y metodológica más precisa que nos lleve a interpretar mejor el comportamiento político de la sociedad.

Bibliografía

Adorno, T. (2001). Epistemología y Ciencias Sociales. Madrid, España: Ediciones Cátedra.

Beltrán, M. (1993). Cinco vías de acceso a la realidad social. En: García, Ferrando y Alvira (Eds.), El Análisis de la Realidad Social, Métodos y Técnicas de Investigación. (pp. 17-47). Madrid, España: Alianza.

Delgado y Gutiérrez, (Comp.). (1995). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid, España: Editorial Síntesis, S. A.

Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. New York. Harper and Row

Duarte, A. y Jaramillo, M. (2009). Cultura Política, participación ciudadana y consolidación democrática en México. Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, 46, 137-171.

misma posición en el mundo social están sujetos a un mismo tipo de influencia que moldea sus habitus o estructuras mentales, y aun cuando tales habitus puedan tener rasgos muy específicos a cada individuo, guardan una coincidencia estructural.


Durkheim. E. (1986). Las reglas del método sociológico. México: Fondo de Cultura Económica.

García, R. (2006). Crítica de la teoría de la cultura política. Política y Cultura, otoño, 26,133-155.

Gramsci, A. (1978). Antología. México: Siglo XXI Editores.Hurtado, I y Toro, J. (2007). Paradigmas y métodos de investigación en

tiempos de cambio. Venezuela: Editorial CEC, S. A.Mardones, J. (2001). Filosofía de las Ciencias y Sociales. Materiales para

una fundamentación científica. Barcelona: Anthropos Editorial.Martínez, M. (2004). La representación política y la calidad de la

democracia. Revista Mexicana de Sociología, 66(4), 661-710.Mills, C. (2003). La imaginación sociológica. México. Fondo de Cultura

Económica.Morin, E. (2007). Introducción al pensamiento complejo. España: Editorial

Gedisa.Murillo, F. (1979). Estudios de sociología política. Madrid: Tecnos.Portantiero, J. (1992). La Sociología Clásica: Durkheim y Weber. Estudio

preliminar. Centro Editorial de América Latina.Quiroz, S. (2009). Epistemologías de la vida cotidiana escolar. Miros,

rituales, creencias, habitus, imaginarios. México. Instituto de Pedagogía Crítica.

Ritzer, G. (1993). Teoría Sociológica Clásica. Madrid: McGraw-Hill.Ritzer, G. (2002). Teoría Sociológica Moderna. Madrid: McGraw Hill,

Apéndice: La Sociología reflexiva de P. Bourdieu y Habitus y Campo.

Rodríguez, G., Gil, J., García, E. (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. España: Editorial Aljibe.

Schwartz, H. y Jacobs, J. (2003). Sociología cualitativa. Método para la reconstrucción de la realidad. México: Trillas.

Taylor, S. J. y Bodgan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de Investigación: la búsqueda de significados. Argentina: Editorial Paidós.

Weber, M. (1964). Economía y Sociedad: Esbozo de Sociología Comprensiva. Los tipos de Dominación. México: Fondo de Cultura Económica.


Recibido el 29 de Febrero del 2012.Aceptado el 30 de Mayo del 2012.

Armando Duarte. Doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Tijuana, México. Es profesor en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. En Tijuana. Correo: [email protected]

Martha C. Jaramillo. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en desarrollo regional, del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana. México. Es profesora Investigadora de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México. Correo: [email protected] o [email protected]



PERSONALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN COLEGIADA E INSTITUCIONALIZACIÓN: PINOCHET, LA JUNTA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1980.

PERSONALIZATION, COLLEGIAL ORGANIZATION AND INSTITUTIONALIZATION: PINOCHET, THE MILITARY JUNTA AND THE 1980 CONSTITUTION.

Gustavo H. FontanalsUniversidad de Buenos Aires [Argentina]

Resumen. Se estudia el régimen autoritario imperante en Chile luego del golpe de Estado de 1973, centrándose en su estructura político institucional. Al respecto, se aborda una problemática en discusión a nivel académico: la naturaleza personalizada o colegiada de la conducción del régimen y su relación con el proceso de institucionalización que lo caracteriza, que comprendió la aprobación electoral de la Constitución de 1980. Se consideran críticamente los aportes de autores con perspectivas enfrentadas, con la intención de avanzar en la conformación de una conceptualización comprehensiva. El régimen contó con una conformación original colegiada por parte de las “Fuerzas de Defensa Nacional”, pero prontamente, en un proceso paralelo a la ampliación de sus objetivos rectores, quedó sujeto a los vaivenes de una puja entre dos fuerzas: Pinochet emprendió un esfuerzo por concentrar y personalizar la conducción, mientras que los mandos de los restantes cuerpos buscaron preservar cuanto fuera posible la conformación plural original, desarrollando mecanismos de distribución de poder que les permitieran ejercer cierto control sobre la toma de decisiones. La resolución progresiva de esta puja estuvo, a su vez, estrechamente vinculada con el proceso de institucionalización, resultando en una estructura compleja que fue consolidada en la Constitución de 1980.

Abstract. This paper examines the institutional and political structure of the


Chilean military regime (1973-1990), with particular focus on an issue still under discussion within the academic community: the personalized or collegial nature of its decision-making and its relationship with the institutionalization process which involved the electoral approval of the 1980 Constitution.

Palabras Clave: Régimen militar de Chile, Augusto Pinochet, Junta militar de gobierno, institucionalización, Constitución de 1980. Key words: Chilean military regime, Augusto Pinochet, Military junta, institutionalization, 1980’s constitution.

Ⅰ. Introducción.

En este trabajo se estudia el régimen autoritario imperante en Chile luego de la intervención militar de 1973, focalizando particularmente en su estructura político institucional. En este sentido, se propone tratar una problemática que aún se encuentra en discusión a nivel académico: la naturaleza personalizada o colegiada de la conducción del régimen (la toma de decisiones de gobierno) y su relación con el proceso de institucionalización que tanto lo caracteriza, que convirtió al caso en el más próximo de los regímenes autocráticos de América Latina en establecer una legitimidad autoritaria duradera, a través de la aprobación electoral de su propio proyecto institucional (la Constitución Nacional de 1980). Para ello, se consideran críticamente los aportes de investigadores con perspectivas analíticas enfrentadas, con la intención de avanzar en la conformación de una conceptualización comprehensiva.

Si bien el régimen contó con una conformación original colegiada por parte de todas las “Fuerzas de Defensa Nacional”, quedó prontamente sujeto a los vaivenes de una puja interna, en un proceso que corrió paralelo a la ampliación de sus objetivos rectores: Pinochet emprendió por un lado un esfuerzo por personalizar y concentrar la conducción del gobierno, mientras que los mandos de los restantes cuerpos buscaron preservar cuanto fuera posible la conformación plural original, desarrollando mecanismos de distribución de poder que les permitieran ejercer cierto control sobre el proceso de toma de decisiones. La resolución progresiva de esta puja estuvo,

Gustavo H. Fontanals 29

a su vez, estrechamente vinculada con el proceso de institucionalización emprendido, resultando en una estructura compleja que fue consolidada en la Constitución de 1980.

Ⅱ. Antecedentes. La conceptualización original del régimen militar: de la intervención ordenancista a los planes refundacionales.

Del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 puso fin al gobierno de Salvador Allende emergió un régimen autoritario militar que gradualmente fue adquiriendo una estructura institucional compleja, que se fue consolidando en un proceso paralelo a la modificación de sus objetivos rectores. Las intenciones iniciales fueron básicamente ordenancistas, moderadoras y temporales; sin embargo, a poco de andar se ampliaron enormemente, al punto de definir un ambicioso programa de reformas de largo aliento, que dio lugar tanto a una consolidación institucional como al fortalecimiento del poder personal de quien pronto se convirtió en su jefe indiscutido, el general Agusto Pinochet (Novaro y Palermo, 2004, p. 16; Fontanals, 2004, pp. 431 y 432).

El golpe resultó de una decisión conjunta de las “Fuerzas de Defensa Nacional”, lo que comprendía tanto a las tres ramas de las Fuerzas Armadas (el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea) como al cuerpo policial de Carabineros. Estos actores intervinieron qua institución (como el conjunto de “las Fuerzas de Defensa Nacional”, sin ninguna clase de liderazgos o representaciones particulares) con la intención declarada de operar como un poder moderador que permitiera resolver la grave situación de conflicto social, político y económico registrada en los últimos meses del gobierno de Allende. Éste fue señalado como el responsable de haber conducido a esa situación: “[...] el Gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derechos de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho, en general, a un digna y segura subsistencia.” (Bando de la Junta Militar Nº 5). Es frente a eso que “[...] las FFAA han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la


ilegitimidad flagrante, asumiendo el Poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan [...].” (Bando Nº 5). Para ello “[...] se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales [...].” (Decreto Ley Nº 1 de la Junta Militar).

Esto evidencia la intención correctiva o reparadora con que el régimen se puso en marcha. Los militares no se plantearon al momento de tomar el poder la tarea de implantar un orden político y/o socioeconómico nuevo, sino la de revertir las reformas estatistas y socialistas encaradas por el gobierno de Allende. Las FFAA qua institución se presentaron a sí mismas como “moralmente obligadas” a realizar una intervención que parecía inevitable, como la última instancia que podía resolver el conflicto planteado, en tanto constituyen “[...] la última salvaguardia del Estado y representan la organización que éste se ha dado para el resguardo y la defensa de su integridad física y moral y de su identidad histórico-cultural.” (D.L. Nº 1).

Ese tono inicial moderado se explica en parte por una búsqueda de legitimación en el contexto de crisis y polarización imperante. Los principios invocados por la oposición al gobierno de Allende eran justamente los mismos que enunciaban los bandos militares: libertad, democracia, autonomía de los organismos sociales intermedios, respeto a la ley y la Constitución, defensa de las conquistas políticas, económicas y sociales de la población.

La búsqueda de legitimidad se combinó con la situación de incertidumbre en que la institución militar accedió al gobierno, que dio origen a una primera etapa en que el régimen se abocó a la dilucidación de sus objetivos y a la conformación de la estructura necesaria para llevarlos a cabo. En medio de esa incertidumbre inicial, los diversos sectores del frente militar tendieron a aglutinarse en torno a dos puntos básicos de consenso: encarar una guerra contra la “subversión comunista” (que implicaba la represión y eliminación de los grupos políticos y sociales de izquierda) y controlar la grave crisis económica (apuntando a revertir los efectos de las políticas de cambio económico y social emprendidas por Allende, implementando políticas de liberalización económica). Más allá de ese núcleo común, que no obstante fue lo suficientemente importante como para


sostener la idea de que era necesaria una intervención de las Fuerzas Armadas, los diversos sectores militares no contaron en un principio con otros puntos de acuerdo.

El Golpe consistió primeramente en una iniciativa de la Armada y de la Fuerza Aérea; y la coordinación entre las diferentes armas sólo comenzó luego del fracaso del intento de golpe concretado el 29 de junio de 1973 por un batallón de Santiago. Las principales preocupaciones de los conspiradores eran la seguridad interna, el control de las telecomunicaciones y el aseguramiento de que todos los oficiales comandantes de tropas adhiriesen al movimiento, dado que los mandos involucrados temían que cualquier división vertical u horizontal de las Fuerzas Armadas podría conducir en forma directa a una guerra civil. Incluso hasta pocos días antes del golpe, los mandos de la Armada y de la Fuerza Aérea no estaban seguros acerca de las intenciones del general Pinochet. En este contexto, la primera prioridad era asegurar el éxito del golpe, y no anticipar la organización práctica del nuevo poder militar. […] más allá del acuerdo sobre la urgencia de poner un fin al gobierno de Allende, las Fuerzas Armadas llegaron al poder con, como mucho, concepciones rudimentarias acerca de cómo estructurar un gobierno militar. Esta limitada preparación militar para gobernar fue el lado pernicioso de la excepcional tradición chilena de estabilidad institucional, constitucionalismo y legalismo” (Barros, 2002, pp. 40 y 43)1.

Como consecuencia, se conformó inicialmente una estructura institucional que rigió hasta la puesta en marcha de la etapa “fundacional” del régimen: ella no registraba ni una fuerte personalización del poder en el Ejecutivo ni mecanismos de control en manos de la Junta de Gobierno que permitieran la participación de las distintas ramas militares, los dos elementos que luego se convirtieron en rasgos fundamentales y permanentes

1 Al respecto, existe una clara diferencia con el denominado Proceso de Reconstrucción Nacional instaurado en Argentina en 1976, donde a partir de la larga tradición de intervención de las FFAA se procedió a acordar el diseño del nuevo régimen antes del golpe.


del régimen (Garretón, 1994; Huneeus, 2000; Barros, 2002).En un comienzo, el poder de decisión quedó en manos de la Junta

Militar de Gobierno en su conjunto, conformada a tal efecto por cuatro miembros pares: los Comandantes de las tres fuerzas y el Director General de Carabineros2. Fue la propia Junta la que asumió “el Mando Supremo de la Nación”, sin ninguna preeminencia dentro de ella. Es “la Junta de Gobierno en su conjunto la que ha asumido los poderes constituyentes, legislativos y ejecutivos” (D.L. Nº 128). Sus miembros estaban facultados para nombrar a un Presidente de la Junta, elección que recayó en Pinochet, debido principalmente a su cargo de comandante de la rama más importante y poderosa de las FFAA (Garretón, 1997, p. 6; Huneeus, 2000, p. 52).

Normalmente, regía dentro de las FFAA chilenas una tradición según la cual el Comandante de mayor edad de entre las tres ramas era elegido en caso de que fuera necesario designar a un representante común. En este caso, le hubiera correspondido al General Leigh (de la Fuerza Aérea), pero se decidió utilizar el criterio de mayor antigüedad entre las armas, debido fundamentalmente a la mayor importancia del Ejército. La intención de establecer una regla igualitaria en la Junta se observa también en un “acuerdo de caballeros” suscrito por los Comandantes en Jefe en los primeros días del régimen, por el cual la presidencia sería ejercida en forma rotativa por lapsos relativamente breves. Este acuerdo llegó a considerarse como un proyecto por la propia Junta, pero fue dejado de lado de la mano del creciente poder de Pinochet. En esa primera etapa, el Poder Ejecutivo era claramente una función colegiada de la Junta militar, más allá de la existencia de un presidente.

La designación inicial de Pinochet como presidente de la Junta fue meramente nominal y no tuvo importancia práctica o jurídica, dado que los poderes y prerrogativas de este órgano no estaban especificados y todos sus miembros estaban simultáneamente

2 Incluso, Pinochet se encontraba en esos días en una posición de relativa debilidad frente a los Comandantes de la Armada y la Fuerza Aérea, quienes se presentaban como los impulsores del golpe. Para importantes sectores de la fuerza, Pinochet era un hombre de confianza de Allende, a quien se le reprochaba su tardío pronunciamiento a favor de la intervención militar (que se dio recién después de que en una reunión mantenida con Allende éste le informara su decisión de recurrir a un plebiscito).


involucrados en las funciones ejecutivas y legislativas (Barros, 2002, p. 49).

Esa despersonalización del poder se observa también en esta etapa al interior de los cuarteles, donde se generó una situación de abierta deliberación, contraria a la tradición de disciplina, jerarquía y unidad de mando. Esto también se debió, en parte, al mencionado desprestigio inicial de Pinochet dentro de la fuerza. La intención original de restaurar la institucionalidad quebrantada y restablecer la democracia en cuanto fuera posible perdió consenso muy rápidamente, y fue abandonada apenas dos o tres meses después del golpe. En realidad, el régimen registraba ya en sus comienzos una contradicción muy fuerte en su interior, producto de la oposición de dos tendencias que terminaron conformando dos bandos enfrentados. Por un lado, la postura “constitucionalista”, que entendía que la participación militar debía restringirse a restaurar la tradicional democracia perdida. Por otro lado, una postura “intervencionista”, que sostenía que debía terminarse con la institucionalidad preexistente (que había conducido a la polarización y a graves conflictos sociales, políticos y económicos) y conformarse un nuevo orden político, social, económico y militar. La segunda tendencia comenzó a ganar posiciones rápidamente, hasta hacer casi desaparecer toda influencia de la postura “constitucionalista” para mediados de 1974, en un proceso paralelo al de fortalecimiento del poder personal de Pinochet.

Consecuentemente, a lo largo de 1974 y 1975 se dio un rápido proceso de cambio en la estructura del régimen, conformando una nueva institucionalidad que se mantuvo relativamente estable hasta la salida de Pinochet del poder en 1989. Este proceso fue consecuencia de la combinación de dos fuerzas opuestas al interior del régimen, que buscaban tanto consolidar su posición de poder como establecer límites una a la otra. Por un lado, Pinochet (que rápidamente fortaleció su control sobre el Ejército) emprendió un esfuerzo por concentrar y personalizar la conducción del régimen en sus manos, lo que implicaba promover el debilitamiento de la Junta colegiada. En contrapartida, los mandos de los restantes cuerpos (principalmente la Armada y la Fuerza Aérea, con un papel más subordinado de Carabineros) buscaron preservar cuanto fuera posible la conformación plural original, desarrollando mecanismos de “distribución de poder” que les


permitieran ejercer cierto control sobre la toma de decisiones. Este proceso, que supuso múltiples pujas al interior de la Junta, tendió a estabilizarse a mediados de 1978, momento en que se consolidó un régimen autoritario inédito en la historia de Chile. Éste fue decisivo para permitir que durante más de 16 años rigiera el principio de unidad del mando y la autoridad del Comandante en Jefe y Presidente de la Nación, el general Pinochet, contrastados y a la vez respaldados en una estructura institucional compleja, que permitiría a las otras fuerzas ejercer una suerte de contrapeso a ese fuerte poder presidencial.

Esta conceptualización del régimen resulta de la combinación de las dos principales aproximaciones explicativas disponibles en el ámbito académico. La explicación más difundida (inaugurada por Garretón -1985, 1993, 1994-, seguida por Remmer -1989-, Drake y Jaksic -1993- y Valenzuela -1993, 1997- y sistematizada por Arraigada -1998-) sostiene que poco después de participar de la toma colegiada del poder, Pinochet logró hacerse del control pleno del Ejecutivo, relegando a los comandantes de las otras armas a una posición subordinada como miembros de una Junta debilitada, con meras funciones legislativas y constituyentes, que a su vez eran depreciadas por los actos de gobierno. Además, Pinochet también habría logrado manipular exitosamente las promociones y retiros dentro de las Fuerzas Armadas, terminando con las pretensiones de sus rivales y consolidando de este modo una posición de poder prácticamente ilimitado. Desde esta perspectiva, la personalización del poder en Pinochet permitiría explicar tanto la extensión del régimen como la instauración de la Constitución de 1980, que es vista básicamente como un instrumento para perpetuar su poder, para luego pasar a un régimen de democracia tutelada (Valenzuela, 1997, pp. 7 y 8). La línea interpretativa opuesta (presentada por Huneeus, 2000 y reforzada por Barros, 2002) sostiene que:

La dictadura militar chilena fue no personalista. La cohesión y longevidad del régimen no descansaron sobre la concentración del poder en una sola persona o partido, sino sobre una organización colegiada del poder que fue institucionalizada a través de reglas y procedimientos que protegieron y reforzaron la fundación plural original del gobierno militar. Esta organización plural de las Fuerzas Armadas chilenas [...] dio lugar a una inmediata necesidad por reglas


y eventualmente proveyó un fundamento en favor de una Constitución, aún cuando ésta limitara a la dictadura. En Chile, la autolimitación autocrática institucional fue posible porque la organización colectiva de la dictadura negó a un solo actor la autoridad para conformar las reglas a propia discreción (Barros, 2002, p. 4).

Según esta perspectiva, a pesar del evidente crecimiento del poder personal de Pinochet en el gobierno (Poder Ejecutivo), las otras ramas de la Defensa Nacional lograron conservar su posición de autonomía y de poder relativo, lo que les permitió mantener cierta injerencia o control sobre el régimen. Ese control derivaría principalmente del mantenimiento de las funciones legislativas y constituyentes en la Junta, a través de un mecanismo de unanimidad que otorgaba poder de veto a cada sector. A su vez, el gobierno debía manejarse estrictamente bajo las disposiciones legislativas (o constituyentes) de ese órgano.

Ⅲ. Discusiones en torno al tema.

El proceso de concentración del poder.

El proceso de concentración del poder encarado por Pinochet tuvo como primer y más importante paso la sanción del “Estatuto Jurídico de la Junta de Gobierno” a mediados de 1974. Allí se reiteraba que el Poder Ejecutivo correspondía a la Junta en su conjunto, pero se aclaraba que su ejercicio era prerrogativa de su presidente. A su vez, no se reconocía el derecho de la Junta a designar al presidente, dado que ese cargo pasaba a corresponder directamente “al integrante titular de ella que ocupe el primer lugar de precedencia”, es decir, al Comandante en Jefe de las FFAA, que ya había sido nombrado: Pinochet. Esa situación sólo podía ser modificada en caso de que éste dejara de ser miembro pleno de la Junta, para lo cual se requería la “muerte, renuncia o cualquier clase de imposibilidad absoluta del titular” (Estatuto de la Junta y D.L. Nº 527). Esto significó la concentración del manejo del Ejecutivo en manos de Pinochet, sin ningún plazo de terminación y sin que ello pudiera ser revocado por los demás miembros de la Junta.


Además, el Estatuto designaba al presidente de la Junta como “Jefe Supremo de la Nación”, denominación que habían utilizado las primeras constituciones nacionales para designar a los titulares del Ejecutivo, lo que le otorgaba a Pinochet una clara preeminencia frente a los otros comandantes.

Es pertinente remarcar que los acuerdos internos de la Junta que habrían llevado a la aprobación del Estatuto también comprendieron el mantenimiento de algunas prerrogativas ejecutivas para los demás integrantes de la Junta, incluyendo la de “[...] colaborar con el Presidente en el ejercicio de las funciones ejecutivas que a éste le corresponden, al asumir la dirección superior de las actividades, áreas y funciones que él les encomiende.” (Art. 8 del Estatuto). Estos acuerdos preveían transferir el manejo de toda el área económica (tres ministerios) al Comandante de la Armada y de toda el área social (otros tres ministerios) al de la Fuerza Aérea. Sin embargo, esas delegaciones mostrarían ser más aparentes que reales y sobre todo efímeras, dado que rápidamente se comprobó que Pinochet detentaba de facto la plenitud del Ejecutivo.

La concentración y personalización se reforzó seis meses más tarde (diciembre de 1974), cuando se aprobó un nuevo decreto de rango constitucional que introducía al Estatuto una breve pero significativa modificación: a la denominación de “Jefe Supremo de la Nación” se agregaba la de “Presidente de la República”, rango con que habían sido reconocidos tradicionalmente los Jefes de Estado chilenos. De este modo, se apuntaba a lograr una distancia aún mayor entre el Presidente y el resto de los miembros de la Junta; pero además, “[...] se buscaba despojar al poder autoritario y de facto de su dudosa legitimidad y de su carácter transitorio, rodeándolo de la solemnidad y de la estabilidad con que el cargo de Presidente de la República siempre había contado” (Arraigada, 1998, p. 47).

Otro importante componente del poder personal de Pinochet sería su posición de privilegio al interior de las FFAA, comenzando por el férreo control que pronto logró imponer sobre el Ejército, el arma más poderosa. En este punto, encontramos una fuerte contradicción entre las dos perspectivas analíticas antes mencionadas: mientras que Arraigada (1998) sostiene que Pinochet logró tomar un poder absoluto sobre las FFAA en su conjunto, convirtiéndolas en un instrumento obediente sobre el que apoyar coactivamente su gobierno, Barros (2002) considera que cada arma logró mantener una posición de autonomía y de poder relativo. El argumento de


Barros se basa en una importante limitación que el Estatuto de la Junta impuso a las atribuciones que tradicionalmente habían tenido los presidentes de la República, producto de un compromiso entre Pinochet y los comandantes de las otras ramas. Según Barros,

Pinochet no contó con la autoridad como para interferir unilateralmente en la cadena de mando de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. La restricción más significativa sobre la autoridad del Presidente de la Junta concierne a su posición de Comandante en Jefe. En contraste con los Presidentes constitucionales, el Presidente militar no tenía autoridad para nombrar o pasar a retiro a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. La única forma de remover a un miembro de la Junta era en el caso de ‘muerte, renuncia o algún tipo de impedimento absoluto’ (art. 18). En estos casos, el nuevo Comandante en Jefe debía ser designado por los restantes miembros de la Junta. De esta forma, contra lo sostenido habitualmente, los poderes discrecionales de Pinochet sobre la fuerza no se extendían sobre las otras ramas. Estas modificaciones a los poderes tradicionales del Presidente sugerirían que los comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea lograron defender la autonomía de sus respectivas ramas […] limitando la intervención externa [...], lo que a su vez permitía consolidar su propia posición de mando. Como resultado, en contraste con las prácticas militares de la dictadura argentina de 1976-1983, los comandantes chilenos se liberaron a sí mismos de normas que impusieran retiros y cambios en la composición de la Junta. Los miembros de la Junta transformaron así sus posiciones en cargos sin ningún límite temporal. (2002, pp. 60 y 61).

Por su parte, Arraigada sostiene que más allá de esas limitaciones formales Pinochet operó hábilmente al interior de la institución, de modo de lograr que entre 1974 y 1977 pasaran a retiro los principales organizadores del golpe. Muchos de ellos eran oficiales de alto rango, pero al no ser integrantes de la Junta no estaban protegidos por ese “acuerdo” de inamovilidad. Además, Pinochet logró el desplazamiento del General Leigh (Comandante de la Fuerza Aérea y principal rival personal dentro de la


Junta), quien fue declarado “incapacitado” por todos los demás miembros3. Para Arraigada, “[…] la salida de Leigh significó un nuevo y decisivo paso en la concentración del poder en manos del Comandante en Jefe del Ejército y en el proceso de autodestrucción de la influencia de la Junta militar” (1998, p. 96). Según el autor, a partir de ese momento, Pinochet no volvió a tener ningún par en el cuerpo de oficiales, concentrando el poder sobre las decisiones fundamentales dentro de la institución y también dentro del gobierno, gracias a sus cargos de Comandante en Jefe del Ejército, Jefe Supremo de la Nación y Presidente de la República.

La imposición de su autoridad sobre las FFAA habría comprendido otros dos pasos fundamentales: la eliminación de su participación institucional en la toma de decisiones de gobierno y, a partir de ello, su transformación en “[...] un instrumento, obediente y no deliberante, de las políticas coyunturales impulsadas por su Comandante en Jefe” (p. 119). Para ello, Pinochet promovió desde un principio la tradición histórica del profesionalismo militar, con lo cual “[...] de un modo a primera vista sorprendente, aparecen revalidados los principios tradicionales de las Fuerzas Armadas, característicos del período democrático de gobierno: apoliticismo, no deliberación, subordinación al poder político, profesionalismo” (p. 98).

No obstante, como bien contrapone Barros, el avance logrado por Pinochet en esta área fue importante pero parcial. Pinochet logró efectivamente desplazar a las FFAA del manejo directo del gobierno (que quedó concentrado en sus manos), pero no de toda intervención en las

3 “La pugna entre los dos miembros de la Junta fue resuelta mediante un golpe de fuerza, pues era imposible solucionarla de acuerdo a derecho, [pues] el general Leigh no quería renunciar y gozaba de buena salud. […] Sin embargo, la ‘imposibilidad absoluta’ fue la base de una triquiñuela legal para expulsar, por diferencias políticas, a un miembro de la Junta. Para ello se utilizó un artículo del estatuto de la Junta de Gobierno que señalaba que ‘en caso de duda acerca de si la imposibilidad que priva a un miembro de la Junta de Gobierno del ejercicio de sus funciones es de tal naturaleza que debe hacerse efectivo su reemplazo […] corresponderá a los miembros titulares de la Junta resolver sobre la duda planteada’. La mañana del día 24 de julio de 1978, los restantes miembros de la Junta Militar, exceptuando al general Leigh, declararon que éste se encontraba ‘absolutamente imposibilitado para seguir ejerciendo sus funciones’. Esta declaración está contenida en un acta reservada que hasta hoy el país no conoce ni tampoco el afectado” (Arraigada, 1998, pp. 95 y 96).


decisiones políticas. Las otras ramas lograron conservar una posición de poder relativo que les permitió participar en el proceso legislativo y constituyente, lo que a su vez implicaba cierto control sobre el gobierno, que debía ajustarse a sus disposiciones. Por otra parte, las limitaciones al Presidente sobre los nombramientos y retiros dentro de cada arma se mantuvieron en la Constitución de 1980 (aunque con algunos cambios), e incluso en el articulado transitorio, lo que afectaba al propio Pinochet. Podría entenderse que esta limitación estaba destinada a crear un poder militar semiautonómo, restringiendo las atribuciones presidenciales en el nuevo régimen de democracia tutelada que se buscaba instaurar.

No obstante, más allá de estas controversias, debe remarcarse la existencia de una fuerte preeminencia de Pinochet dentro de las FFAA, aunque sólo fuera como consecuencia de su carácter de conductor del régimen. En este sentido, parece válida la apreciación de Huneeus:

Las FFAA eran profesionales y autónomas y Pinochet no tenía autoridad sobre las otras ramas, que en general mantuvieron las normas históricas de ascensos y retiros según criterios burocráticos que evaluaban objetivamente el desempeño profesional. Sin embargo, la unidad de las FFAA fue objeto prioritario de los Comandantes en Jefe, lo que se constituyó en un poderoso soporte para la estabilidad del régimen y la continuidad del general Pinochet como jefe de Estado (2000, p. 178).

El poder de Pinochet se vio reforzado a su vez por el control directo sobre la poderosa Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su sucesora Central Nacional de Informaciones (CNI), que operaron más como una extensión del poder personal del Presidente que como una parte permanente del aparato estatal (Stepan, 1988, p. 41)4. La DINA, creada en junio de 1974 para coordinar las acciones de los servicios de inteligencia de cada arma y de Carabineros, también fue la expresión y resolución de una puja al interior de

4 Al respecto, Stepan marca la diferencia con lo ocurrido en otros regímenes autoritarios de la región, donde estos organismos de inteligencia operaron más bien como enclaves autónomos de poder o como expresión de las pujas internas del régimen o de la institución militar (1988).


las fuerzas: cada sector buscó desde el principio controlar o al menos asegurar su influencia sobre la evidentemente necesaria central de inteligencia, que pusiera fin a la proliferación de unidades crecientemente autónomas y difíciles de controlar (lo que abría paso al peligro de abuso e irresponsabilidad por parte de cada sección y división particular). Esta lucha fue resuelta por la intervención directa de Pinochet, quien decidió la creación de la DINA y designó como jefe al Coronel Manuel Contreras, miembro del Ejército con quien tenía una relación personal muy firme, que se reforzaría de allí en adelante5. Según el estatuto que le dio origen, la DINA debía concentrar el poder de inteligencia del Estado y su manejo por parte de las fuerzas de Defensa Nacional, por lo que informaría y respondería ante la Junta. Sin embargo, Contreras respondía en forma directa a Pinochet. Ese organismo contaba con poderes y recursos prácticamente ilimitados, por lo que controlarlo le otorgó a Pinochet otro importante bastión de poder personal.

El proceso de institucionalización.

La institucionalización del régimen fue avanzando en forma paralela al proceso de concentración del poder en manos de Pinochet y a los esfuerzos de las otras ramas por mantener su influencia. En una primera etapa, el régimen contó con una institucionalización débil, establecida a través de diversos Decretos-Ley, que tenían una función tanto legislativa como constituyente. A medida que Pinochet fue concentrando el manejo político, esa morfología y funcionamiento cambiantes pasaron a estar cada vez más atados a sus conveniencias personales. Esto generó una serie de conflictos al interior de la Junta, dado que los comandantes de las otras armas intentaron frenar ese poder creciente a través de mecanismos de control. Los conflictos condujeron al proceso de cambios institucionales de 1974 y 1975, que comprendieron una suerte de compromiso entre los sectores militares para establecer una institucionalidad definitiva:

5 Pinochet y Contreras mantuvieron encuentros diarios, cada mañana, desde 1974 hasta la disolución de la DINA en 1977. En ellos el presidente recibía un informe completo sobre la “seguridad nacional”.


Los comandantes militares diseñaron e instituyeron diversas reglas y procedimientos organizacionales con el objetivo deliberado de asegurar el carácter colegiado original de la Junta militar y prevenir que una sola arma centralizara los poderes ejecutivos y legislativos y dominara a las demás. [...] En Chile, el diseño institucional dictatorial fue producto de un proceso conflictivo en el cual los Comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea repetidamente hicieron valer sus derechos para bloquear los intentos de Pinochet de centralizar los poderes ejecutivos y legislativos. En este contexto, las reglas para estructurar los poderes y los procedimientos permitieron codificar los términos de resolución de estas confrontaciones. (Barros, 2002, p. 39).

De este modo, se pretende aquí resaltar la relación que el proceso de resolución de la puja de poder al interior de la Junta tuvo con el proceso de institucionalización del régimen, característica que lo diferencia de la mayoría de los autoritarismos contemporáneos de América Latina.

Para mediados de 1975, un sistema legal que claramente diferenciaba los poderes (en funciones, competencias y personal) y un procedimiento específico para la elaboración de leyes habían sido instituidos. Los acuerdos, traducidos en Decretos-Ley, introdujeron una separación de poderes en la cima del altamente concentrado sistema de poder del régimen. Pinochet logró retener la Presidencia en sus manos, pero los otros Comandantes en Jefe defendieron e institucionalizaron su rol en el proceso legislativo [y constituyente] estableciendo un contrapeso institucional [interno]. Este contrapeso fue decisivo en todos los cambios institucionales posteriores, particularmente en el dictado de la Constitución de 1980 y en posibilitar que esa Constitución operase como un límite sobre el Ejecutivo y la Junta entre 1981 y 1990 (Barros, 2002, pp. 68 y 69).

Se alcanzó entonces una configuración institucional que impedía a Pinochet (o a cualquier otro de los altos mandos) alzarse con el control total del régimen.


A pesar de que Pinochet logró consolidar su control sobre el Ejecutivo, [...] nunca obtuvo la dominación absoluta que usualmente se le atribuye. [...] Los poderes ejecutivos fueron claramente separados de los poderes legislativos y se instituyó un proceso legislativo que quitó al Ejecutivo el manejo de la elaboración de leyes. Bajo este sistema, Pinochet no podía legislar unilateralmente ni manejar la Junta a su antojo. Pinochet retuvo un voto personal en la Junta, pero el sistema legislativo fue estructurado sobre el principio de unanimidad y había sido diseñado intencionalmente para proveer a cada comandante de una vía institucionalmente protegida para expresar su voz y veto en el proceso de elaboración de leyes. Como resultado, aún cuando la Junta como cuerpo no estuviera sujeta a ninguna restricción institucional externa que fuera efectiva, internamente, entre los comandantes militares, el poder era limitado: ningún actor particular podía imponerse unilateralmente sobre los otros dentro de ese bloque conjunto de poder. (Barros, 2002, p. 38).

A pesar de esta configuración institucional, Pinochet seguiría contando con una clara posición de preeminencia, derivada del manejo directo del gobierno, que utilizó para realizar repetidos intentos por profundizar la centralización del poder, lo que implicaba básicamente nuevos intentos de debilitamiento de la Junta. Eso condujo a nuevos conflictos al interior de ese cuerpo entre 1976 y 1978, que además de la limitación de sus poderes, trataron sobre la duración del gobierno militar y el tipo de régimen que lo sucedería. Se llegó finalmente a un nuevo compromiso, entre 1977 y 1978, en cuanto a que los comandantes no intentarían instituir un régimen autoritario permanente (Barros, 2002, p. 179).

En cumplimiento de este pacto, durante 1979 se suscribiría un nuevo acuerdo entre los mandos militares para instaurar una nueva Constitución, que establecería un “proceso de transición” durante el cual se mantendría el ordenamiento impuesto en 1974 y 1975, para luego pasar a un régimen de democracia tutelada. Justamente, los renovados intentos de Pinochet por extender su poder sugieren “[...] una razón para reconstituir la organización previa del orden militar en los artículos transitorios: excluir cualquier futura renovación del enfrentamiento acerca de ese tema. Por eso, el dualismo de


artículos transitorios y permanentes que integraron la nueva Constitución” (Barros, 2002, p. 179).

El cuerpo de disposiciones transitorias reinstalaba el statu quo de la dictadura: “[...] el General Pinochet permanecería en su puesto durante un primer término presidencial de 8 años, y la Junta de cuatro miembros continuaría ejerciendo los poderes legislativos y constituyentes, como siempre en conformidad con el principio de unanimidad” (Barros, 2002, p. 170). Las modificaciones más importantes al esquema previo eran la inmediata instauración del Tribunal Constitucional y, por primera vez, el establecimiento formal de un límite temporal para la dictadura. Por un lado, a pesar de que se dejaba abierta la posibilidad para un segundo mandato presidencial de Pinochet (si éste era nominado por la Junta y ratificado en un plebiscito popular), se establecía que tras un plazo de un año se instauraría un nuevo Parlamento electo y la Junta dejaría de existir. Por su parte, la reinstauración del Tribunal Constitucional (que era integrado por designación) se convirtió pronto en un elemento central de la nueva institucionalidad, porque limitó la capacidad previa de la Junta de modificar unilateralmente la Constitución. A partir de ese momento, operó un freno institucional externo a la Junta, con capacidad efectiva. “De esta forma, la Constitución de 1980 comenzó a separarse de sus creadores y a limitarlos, con consecuencias fundamentales en el plebiscito de 1988 para reafirmar la designación del candidato de la Junta para un nuevo mandato presidencial” (Barros, 2002, p. 9). La derrota en este plebiscito, que fue fiscalizado por el propio Tribunal Constitucional, permitiría iniciar el proceso de transición a la democracia.

Discusión crítica.

Resulta certero el argumento de Barros de que el mantenimiento de la posición de autonomía y poder relativo de los otros Comandantes condujo al desarrollo de un esquema institucional autoritario que incluía una división de poderes y ubicaba al personalizado Ejecutivo bajo cierto control de la Junta. Ese poder relativo parece haber sido lo suficientemente fuerte como para imponer al régimen autoritario cierta limitación institucional, negando “a cualquier actor particular la autoridad para conformar las leyes a discreción” (Barros, 2002, p. 4). Sin embargo, también habría que considerar aquí la


influencia que podría haber tenido la larga tradición chilena de legalismo e institucionalismo. Como sea, el mantenimiento de esos poderes relativos y los enfrentamientos resultantes parecen haber conducido a asegurar la estabilidad del ordenamiento surgido de los primeros “compromisos”, confirmado a través de la nueva Constitución (mejor dicho, de su articulado transitorio, que permitiría conservar el statu quo “acordado”, pero a la vez imponía un plazo de finalización y abría el camino para el cambio de régimen). Aquí, de nuevo, deberíamos considerar el peso de la tradición legalista, que habría impulsado al régimen en la búsqueda de una legalidad y una legitimidad propias, que recibieran la aprobación popular.

Más allá de esto, no debería sobrevalorarse la posición de poder de la Junta ni de sus miembros (principalmente, de los enfrentados a Pinochet). Si bien es cierto que la Junta logró convertirse en un freno relativo al poder presidencial, que le impidió moldear a discreción las leyes del régimen, no pudo participar ni controlar sus actos de gobierno, a los que no se les podía aplicar el principio de unanimidad fijado para las decisiones de la Junta. Como sostiene Arraigada,

En el marco de esta exigencia, ningún control o fiscalización por parte de la Junta Militar sobre el Ejecutivo era posible, a menos, claro está, que resultare de una concesión graciosa del Jefe de Estado y de su reemplazante en la Junta. Sin embargo –y he aquí la asimetría en la estructura de poder– no podía haber ningún acto legislativo que no contara con la aprobación del general Pinochet. Se puede argumentar que todo miembro de la Junta Militar, y no sólo el general Pinochet, tenía el derecho a obstruir de modo absoluto el proceso de toma de decisión del órgano legislativo, lo que es cierto. Pero en ese caso estamos en presencia de un poder puramente negativo que termina destruyendo al organismo del que forma parte (1998, p. 118).

Es así que, más allá de esa capacidad (negativa o positiva) para forzar el acuerdo en la elaboración de leyes, Pinochet concentraba el poder para determinar el manejo político del gobierno, imponiéndole su rumbo. De este modo, las atribuciones legislativas y constituyentes de la Junta tenderían a depreciarse frente al creciente poder de su contraparte ejecutiva (Valenzuela,


1997, p. 8). En este sentido, debemos remarcar otro rasgo central del régimen que hasta el momento no hemos considerado, que también operó a favor de la concentración de la conducción del régimen en manos de Pinochet. A pesar de que se trató de un régimen en el que los militares desempeñaron un papel fundamental, contó con una importante presencia de civiles aliados. De hecho, como acertadamente remarca Huneeus,

El análisis desde los militares oscurece el relevante protagonismo que tuvieron los civiles, que fue decisivo no sólo en el campo económico, sino también en el diseño e instauración de la arquitectura institucional. Los militares fueron acompañados en el poder por decenas de profesionales de alto nivel y por centenares de colaboradores y asesores civiles en múltiples posiciones de autoridad, desde los Chicago Boys hasta los ‘gremialistas’, políticos del Partido Nacional e independientes (2002, p. 59).

En este marco, considerado como eje de una coalición política, se ve reforzado el papel de liderazgo de Pinochet.

El régimen autoritario no se explica sin tomar en cuenta el rol desempeñado por el general Pinochet. Su importancia se basa en el hecho de que cumplió una doble función de carácter institucional y político. Fue jefe de Estado, de Gobierno y del Ejército, ejerciendo cada uno de sus cargos con celosa simultaneidad [...]. Pero a su vez, fue el líder indiscutido de la coalición gobernante, cumpliendo un rol de integración de los distintos grupos de poder que participaron en cargos de Gobierno o lo apoyaron desde fuera de la administración. (Huneeus, 2002, p. 52).

De este modo, Pinochet desempeñó también una hábil labor política, que le permitió concitar el apoyo de los grupos civiles que respaldaron al proyecto militar, a los que siempre procuró mantener cohesionados detrás de un liderazgo integrador y arbitral, y que en general tuvieron una sólida lealtad hacia él (sin que se produjeran las deserciones o fluctuaciones hacia la oposición que caracterizaron a muchos de los regímenes autoritarios de la región). A su vez, Pinochet también contó con el respaldo de una parte


significativa de la población.

Esta adhesión se ha mantenido incluso después de la entrega del mando, disfrutando de la admiración y respeto de un porcentaje importante de la ciudadanía, de los políticos de derecha y de la inmensa mayoría del empresariado. Pinochet es visto por ellos como el salvador del país, por derrocar al Gobierno socialista de Salvador Allende en 1973, y como padre del milagro económico (Huneeus, 2002, p. 132).

Conclusión.

El régimen autoritario chileno se presentó inicialmente como correctivo y transitorio, pero tomó prontamente un carácter refundacional y prolongado, justificado en la necesidad de crear un nuevo orden político, económico y social (Garretón, 1985, pp. 389 y 395; Novaro y Palermo, 2004, p. 16; Fontanals, 2004, p. 431).

En lo político, el régimen se fue convirtiendo en una dictadura personal fuertemente institucionalizada, en la que Pinochet logró reforzar y preservar su base de apoyo militar, pero separando a las FFAA del ejercicio del gobierno (acentuando las tradiciones de profesionalismo -respecto a la institucionalidad- y de no politización o deliberación interna -disciplina, respeto a la autoridad- en los cuarteles). Pinochet contaba con un amplio poder personal, pero respaldado en las FFAA, que a la vez disponían de una serie de mecanismos institucionalizados (centrados en la Junta de Gobierno) que les permitían mantener cierta injerencia o control. Este arreglo se vio reforzado por el articulado transitorio de la Constitución de 1980, que fijaba un “período de transición” de ocho años en el que se mantendría ese mismo esquema institucional. Dicha Constitución preveía la posterior instauración de un régimen autoritario permanente, con autoridades civiles electas pero con fuerte participación militar a través de instituciones burocrático- autoritarias. Sin embargo, ese régimen no llegó a instaurarse debido a la derrota de Pinochet en 1988, con lo que se puso en marcha un proceso de negociaciones que condujo a la moderación de las imposiciones militares, lo que era considerado como imprescindible por la oposición democrática para


que fuera viable un “auténtico” proceso de transición.En lo económico y lo social, el régimen tomó una orientación

neoconservadora radical (Fontanals, 2004, p. 432). Por un lado, aspiraba a desactivar el sindicalismo y otras formas de organización de la izquierda social y política y de otros amplios sectores sociales considerados “opositores”; a su vez, apuntaba a implementar un programa de reformas regresivas, las cuales no sólo buscaban revertir los cambios realizados por Allende, sino también un amplio conjunto de regulaciones de corte asistencial y garantista preexistentes (Garretón, 1985, pp. 389 y 395; 1993, pp. 25 y 26). En este marco, Pinochet se convirtió progresivamente en el líder de una coalición política cívico-militar, lo que incrementó su poder relativo ante las Fuerzas Armadas qua institución y, principalmente, frente al resto de los líderes militares que habían comandado el Golpe. A partir de 1975, Pinochet reforzó su alianza con los Chicago Boys, quienes tomaron a su cargo la implementación del programa económico del régimen, con el respaldo de la fuerza coactiva que le brindaba la institución militar.

Éste fue el programa medular del régimen de Pinochet: autoritarismo político más neoliberalismo económico y social. A su vez, ese grupo tecno-burócrata y este programa de gobierno, de fuerte orientación neoliberal y monetarista, expresaba los intereses de los grupos más concentrados de la burguesía nacional e internacional, lo que dotó al caso chileno de una importante similitud con otros regímenes neoconservadores de la región.

Bibliografía. Arraigada, G. (1998). Por la razón o por la fuerza. Chile bajo Pinochet,

Santiago de Chile, Chile: Ed. Sudamericana.Barros, R. (2002). Constitutionalism and Dictatorchip. Pinochet, The Junta,

and the 1980 Constitution, Cambridge, Estados Unidos: Cambridge University Press.

Drake, P. y Jaksic, I. (1993). Transformación y transición en Chile. En Drake, P. y Jaksic, I. (Comps.), El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982-1990 (pp. 23-55), Santiago de Chile, Chile: FLACSO.

Fontanals, G. (2004): El caso de Chile. En Novaro, M. y Palermo, V.


(Comps.), Estudios sobre los legados autoritarios en las transiciones a la democracia en América Latina (pp. 725-753), Buenos Aires, Argentina: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Proyecto sobre el Desarrollo Democrático en América Latina (PRODDAL).

Garretón, M. A. (1985). Chile: en busca de la democracia perdida. Desarrollo Económico, Vol. 25 (99), pp. 381-397.

Garretón, M. A. (1993). La crisis de la democracia, el golpe militar y el proyecto contrarevolucionario, Santiago de Chile, Chile: FLACSO.

Garretón, M. A. (1994). La evolución política del régimen militar chileno y los problemas de la transición a la democracia. En O'Donnell, G., Schmitter, P. y Whitehead, L. (Comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario Vol. II. Barcelona, España: Paidós.

Huneeus, C. (2000): El régimen de Pinochet, Santiago de Chile, Chile: Ed. Sudamericana.

Novaro, M. y Palermo, V. (2004). Ensayo Comparativo. En Novaro, M. y Palermo, V. (Comps.), Estudios sobre los legados autoritarios en las transiciones a la democracia en América Latina, Buenos Aires, Argentina: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Proyecto sobre el Desarrollo Democrático en América Latina (PRODDAL).

Remmer, K. (1989). Military Rule in Latin America, Boston, Estados Unidos: Unwin Hyman.

Stepan, A. (1988). Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone, Princeton, Estados Unidos: Princeton University Press.

Valenzuela, A, (1993). Los militares en el poder: la consolidación del poder unipersonal. En Drake, P. y Jaksic, I. (Comps.), El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982-1990 (57-144). Santiago de Chile, Chile: FLACSO.

Valenzuela, A, (1997). La Constitución de 1980 y el Inicio de la Redemocratización en Chile, (Helen Kellogg Working Paper Series # 242), Notre Dame, Estados Unidos: The Helen Kellogg Institute for International Studies.


Documentos.

Junta Militar de Gobierno (11 de Septiembre de 1973): Bando Número 5, Santiago de Chile, Chile. Recuperado el 7 de octubre de 2011 en http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0023.pdf

Junta Militar de Gobierno (11 de Septiembre de 1973): Decreto-Ley Número 1, Santiago de Chile, Chile. Recuperado el 7 de octubre de 2011 en http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:Decreto_Ley_N%C3%BAmero_1_-1973_%28Chile%29

Junta Militar de Gobierno (16 de Noviembre de 1973): Decreto-Ley Número 128, Santiago de Chile, Chile. Recuperado el 7 de octubre de 2011 en http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0007.pdf

Junta Militar de Gobierno (17 de Junio de 1974): Estatuto Jurídico de la Junta Militar de Gobierno, Santiago de Chile, Chile. Recuperado el 7 de octubre de 2011 en http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo ?codigo=2649213.pdf

Junta Militar de Gobierno (17 de Junio de 1974): Decreto-Ley Número 527, Santiago de Chile, Chile. Recuperado el 7 de octubre de 2011 en http://es.wikisource.org/wiki/Decreto_Ley_N%C2%BA_527_de_1974,_aprueba_estatuto_de_la_junta_de_gobierno

Recibido el 28 de Febrero del 2012.Aceptado el 8 de Junio del 2012.

Gustavo H. Fontanals. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Investigador del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Temas de investigación: Historia Política; Procesos, instituciones y actores políticos; Política económica. [email protected]



THE BICENTENNIAL STAMP: NATION AND DIFFERENCE IN 2010 ARGENTINIAN CELEBRATIONS

EL SELLO DEL BICENTANARIO: NACIÓN Y DIFERENCIA EN LAS CELEBRACIONES ARGENTINAS DEL 2010.

What lies outside the text that is nonetheless visible?Michel de Certeau

Mario RuferUniversidad Autónoma Metropolitana Xochimilco [México]

Abstract. This article deals with the social and historical nature of the Bicentennial celebrations in Argentina in May 2010. It tries to stress the new perceptions of national history after the politic and economic crisis of 2002. That crisis changed the historical imaginary about Argentina: auto-perceived as European, white country, totally different from the latino “ideal type”, from 2002 this plot started to be undermined. To stress these changes, the article focuses in two performances during the bicentennial celebrations: the official march prepared by the state, of nineteen “allegorical floats” representing national history in Buenos Aires streets in May 25 2010; and the so called (by media and civil society) “The Other Demonstration”: the march by Original People’s Organizations (indigenous communities) from different regions of the country to the capital city. What kind of public imagination of national history was projected in 2010 in Buenos Aires? What sort of productions, silences and sub-texts dealing with hegemonic and subaltern memories were colliding there? ¿What are their implications in the political nature of the uses of the past?

Resumen. Este artículo aborda la naturaleza histórico-social de las celebraciones del Bicentenario en Argentina en mayo de 2010. Trabaja con


las percepciones recientes sobre la historia nacional que emergen después de la crisis económica y política de 2002. Esta crisis obligó a cambiar el imaginario histórico excepcional de la Argentina: el que la pintaba como europea, blanca, con una formación social diferente al resto del tipo-ideal latino. El artículo se focaliza en dos representaciones: la marcha oficial de las diecinueve “carrozas alegóricas” que representaban la historia nacional en las calles de Buenos Aires el 25 de Mayo de 2010, y la llamada “Otra marcha”, la de los pueblos indígenas desde diferentes regiones del país hacia la capital. ¿Qué tipo de imaginación pública de la historia nacional fue proyectada en 2010 en Buenos Aires? ¿Qué tipo de producciones, silencios y subtextos sobre las memorias hegemónicas y subalternas estaban disputándose allí? ¿Qué implica esto en la naturaleza política de los usos del pasado en el presente?

Keywords: Bicentennial – Argentina – National History – Hegemonic and Subaltern Memories.Palabras Clave: Bicentenario – Argentina – Historia Nacional – Memorias hegemónicas y subalternas.

Ⅰ. Introduction.

In Latin American countries national commemorations are necessarily problematic. In part due to the nature of official discourse which is largely repetitive; it takes the form of a heroic deed which conceals contingencies, eventfulness and violence. The paradox of our national commemorations lies in the act of celebrating―either one or two hundred years―while aware of its fallaciousness. No one expects official discourse to lead towards a new horizon. We know it is part of the ‘aesthetics of vulgarity’ staged by the state (Mbembe, 2001). And yet we keep on commemorating. This paper examines some aspects of the Argentinean Bicentennial celebrations by following four principles:

1. I do not believe that Bicentennial celebrations can be analysed in postcolonial contexts by adhering to Pierre Nora’s theory. Nora has identified a balkanisation of memory in the identity configuration of

Mario Rufer 53

contemporary nation-states (Nora, 1993). This balkanisation, I will argue, can be attributed to the nation-state itself that not only acknowledges and enunciates difference in its ‘national memory’, but also produces it. In the production of alterities (Segato, 1998) there is an open doorway which risks the attempt of hegemonic articulation. In the state’s ‘production’ of diversity which domesticates the indigenous or the Negro, lays a residue which exceeds the hegemonic intention; it strikes back as a mark of exclusion that cannot be tamed so easily.

2. The state stages an unfinished production which provokes responses such as alternative bicentenaries which take an assault on the official celebrations. In Latin America, these are orchestrated by various organisations such as ‘Los otros doscientos años de México’ (Mexico’s counter 200 years), in Mexico or ‘El bicentenario de los pueblos’ (the Peoples’ Bicentenary), in Argentina. Both having a certain degree of influence in the media. I will work with the latter. These attempts of sign-usurpation cannot be properly analysed as counter-memories. Enunciation based on memory is an excuse to appear on stage, yet these demonstrations take the shape of rhetoric of complaint and take citizenship as the core of discourse. I’m suggesting that commemorations are a ground for dispute, political complaints and the demand of citizens’ rights. The governing body of the Argentinean state acts mainly by default in its relationship with indigenous populations (when the latter seek support). The peoples’ bicentenary is not so much an alternative history but rather a political strategy during a moment in time in which the public space is particularly sensitive. A Wichi woman in Buenos Aires claimed she had assisted because of the reigning permissibility which allow them to address every possible issue publicly1. These statements lead by common sense are full of ambiguities that I will hopefully clarify.

3. Memory and commemoration have little relationship with each other. According to Eelco Runia (2007), commemoration rather than memory acts as history’s antithesis because it buries the past under the logic of closure. Similarly, commemoration belongs to the realm of affection

1 “Marcha de los Pueblos del Bicentenario: caminando por la verdad hacia un estado plurinacional”, Alba Comunicación, May 18th, 2010, http://www.albatv.org/Marcha-de-los-Pueblos-Originarios.html (Accessed 27/05/2010).


production rather than to that of past configuration. Producing symbols―food, costume, song―does not only result in the coda of the configuration of the past. Commemoration functions (repetitively and in a hegemonic manner) through the theatricality of daily life and by dealing with acquired and learned structures. Commemoration acts less as an ideological dispute about the past than as an appeal to familiarity: to the private, domestic and regulated spheres.

4. A key element in the conformation of commemoration is the temporality of its exhibition. I have previously identified temporality as a politics of both historical discourse and ‘snapshots’ of memory in indigenous communities (Rufer, 2010b). I analysed what lies at the outskirt of history in indigenous communities and its entry in the ‘culture of time’. In the Argentinean bicentennial commemoration we must study the entry of a counter time―the time of loss and not the time of tradition or sub-national community―as an attempt to question the rhythm and repetition of ‘national history’s’. The latter understood in the context of commemoration as ‘homeland history’. The entry of counter time does not produce a new discourse but an alteration, a questioning of the stone pillars of ‘national culture’.

I will attempt to problematise these principles by taking the official Argentinean celebrations of May 2010 as a starting point. On the 25th May 2010 Argentina celebrated 200 years of “liberation” from the Spanish rule. I mean liberation but not independence because officially independence was declared in 1816. But as a “national habitus” in the calendar, 25th May 1810 is the icon of the beginning of “the Argentine nation” as a kind of collective conscience. As an iterative discourse, children learn at school from the first grade that “under a rainy day, a selected group of criollos (not-Spanish people but the already born at Rio de la Plata) met at the cabildo and created a new local government rejecting the vice-king authority. Outside the cabildo building, the people (el pueblo) were waiting under umbrellas screaming: el pueblo quiere saber de qué se trata (the people want to know what’s happening there).” Even when that is not a precise narrative in historical terms, in a highly ritualized society as Argentina this plot is repeated in public celebrations, school celebratory plays, media recreations and so on.

Mario Rufer 55

In this article I will analyse specifically the meaning of the ‘Integration of collectivities’ parade prepared by the state in 2010 and most importantly, the allegorical float representing national history. They were two sides of the official celebrations, and both paraded on May 23rd and 25th respectively through Buenos Aires’ main streets. Similarly, I will analyse a kind of counter commemoration: the demonstration (not the parade), Marcha de los Pueblos Originarios por el Bicentenario de los Pueblos (Native Peoples Marching in favour of the Peoples’ Bicentenary), who started from different points in the country on May 12th and arrived at Buenos Aires on the 20th. The latter was an extemporaneous and dissident commemoration days ahead of the official festivities.

Ⅱ. The discursive turn: disclosing history

At a moment when the discourse of memory is more open, two historical subjects make their entry into the public Argentinean space from 2003 onwards: the desaparecidos from the late dictatorship and the indigenous population from the native communities, the so called “originary people”. Since Néstor Kirchner’s administration in 2003, the Argentinean state established a clear politics of memory. This is, it became not only acceptable to talk about the desaparecidos between 1976-1983, it became nearly mandatory.2 The administrations which preceded Kirchner had a stance of ‘amnesty, reconciliation and forgiveness’. Some of the differentiating strategies put into practice by Kirchner’s administration were the following: the reopening of the proceedings against former oppressors which had been pardoned; the government’s direct support to human rights organisations such as ‘Madres y abuelas de Plaza de mayo’ (Plaza de Mayo’s Mothers and Grandmothers); the transformation of the

2 From 1976 to 1983 a cruel dictatorship was implanted in Argentina, with the result of 30,000 people disappeared. From the state, they were just “subversivos”, “comunistas” (communists, outcast people). They were illegally kidnapped by the forces of the terrorist state, were put in clandestine jails, tortured and killed (we know now through survivors’ and perpetrators’ declarations). Many of them were thrown to the Rio de la Plata waters from airplanes. But their bodies were never recovered. For that reason even today the word “desaparecidos” (disappeared persons) is used as a political claim.


former Army School of Mechanics (ESMA) which functioned as a clandestine torture centre into the Museum of Memory (afterwards renamed site for memory and the promotion of human rights). What is the role of native peoples?

In a recent paper I analysed the transformation of the former Army School of Mechanics into the Museum of Memory. The Argentinean Indigenous Movement demanded to be allocated to the school claiming that if the government seeked to exhibit historical violence in the country, they considered themselves the main victims concerning state terrorism. To them this form of terrorism dated back to the 1879 Desert Campaigns3 rather than to the 1996 Doctrine of National Security or to the 1974 death of Perón and the foundation of the Anticommunist Argentinean Alliance (AAA) or even to the most conventional date of 1976, the year of the coup d’état. We sense here a both strategic and political use of an anachronism4. The Indigenous Movement demanded: ‘if we are exposing memory, let us unveil history genuinely and revise all silences and omissions, even from the genesis of the nation state on.’ This clearly did not happen. Neither did everything was subject to this process of memory. Native peoples continued making

3 I dwell extensively on the Indigenous Movement’s temporal redefinition of violence in the chapter ‘Nation subjects, demanding history: Sites for memory and mending of time in Argentina’ (Rufer, 2010a, 255-304). The Conquest of the Desert is the name given to a series of military campaigns directed by the Argentinean state against the indigenous population which inhabited southern Buenos Aires, Córdoba and Cuyo (what is known as the Oriental Patagonian region). The coinage of the term ‘desert’ is a reminder of old colonial practices of natural right on terra nullius (no man’s land) which were however historically inhabited. The campaigns reached their highest point between 1879 and 1880 under the command of General Julio A. Roca, who was to become the modernizing president of the nation from 1880 to 1886. Law No. 947 allowed the State to assign part of its budget to the campaign at the frontier of Río Negro and Río Neuquén. The Conquest of the Dessert is considered by liberal historiography the consolidation of modern Argentinean state. One must not ignore the long battles and negotiations between the Creole government and indigenous people.4 Following Rancière, I believe there is no such thing as an anachronism but rather a set of ‘anachronies’ or notions which deal with time violently and advance meanings which seem foreign to contemporary reality. Understood as an error, an anachronism means conceiving time as discourse (not an actual flaw regarding objective time). Ranciere, (1996). The experience of temporality as a politics of enunciation is key. The latter is advanced in Rufer (2010b).

Mario Rufer 57

appearances in the public space. They managed to reappear as stamps of a different age. Native peoples were exploited by the state to advance an image of a heterogeneous Latin American Argentina5 and they themselves took advantage of it6.

The Bicentenary augured to bring a different state discourse on Argentinean history. The white, homogeneous, European nation was evidently beginning to revise its own historical discourse. Its founding myth was neither a revolution nor a war but an intrusion, what is known as the European migratory flood. The nation erased any element which altered its pristine past if only superficially. The government that took possession after the 2001 crisis was willing to untie the nodes of history, expressly; the vacuum of representativeness caused by the crisis is lasting to this day in both civil and political society. The pillars of national culture fractured (Farred, 2003).

Together with the implementation of politics on human rights and the openness to discuss the nation’s recent memory, Néstor Kirchner was forced to take a stance regarding the image of the nation’s past. When the former president of the National Academy of History and director of the Museum

5 This image meant an irreversible change within Argentinean society’s own self- conception which has an effect to this day. The 2001 crisis ‘served as a Latin American reflection’ to Argentina, a country engrossed in its Menemist neo-liberal discourse which pointed towards its illusory entrance into the First World. Following its downfall and for the first time in the country’s history, the indigenous population was depicted in the Ministry of Tourism’s publicity which announced: ‘We too are Argentinean’; hardened faces were erected across Buenos Aires’ (known as Latin American Paris) most important shopping centers. Their image did not take a critical stance but rather it was part of a whole, an atavistic other finally recognized and conceptualized. Rufer, 2010a:289. This could have been a new form of prepacked tradition for sale, to quote Rita Segato (1998). But more importantly, it caused an alteration to the homogeneous discourse. The little known fact that Argentina’s indigenous population is relatively larger than Brasil’s (according to the 2001 census) was forwarded, although problematically. The latter was linked to the demands of a state-nation which was starting to open to the international tourism market and had to redefine the typically Argentinean (Cejas, 2005). 6 I should note that the 1994 constitutional reform (Chapter four, Article 75, inciso 17. Constitución de la Nación Argentina, Honorable Senado de la Nación, República Argentina, http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php) acknowledged the indigenous population as native inhabitants of the land and established the state’s commitment to warrantee their reproduction and survival (Carrasco, 1997).


of National History, José Luis Cresto, claimed that the Desert Campaign against the indigenous population was no more than a myth, Kirchner removed him from office7. The Museum’s headship passed on to José Pérez Gollán, a renowned archaeologist who exiled during the dictatorship. The change within the conception of the museum and in the public image of the country’s history was significant. From this point on, different events were related to the official positioning of historical events, at least in circumstantial discourse. Under Cristina Fernández de Kirchner’s administration, the xixth century war against Paraguay―known as one of the border wars prior to the state-nation’s strengthening―was referred to as a ‘war of treason lead by imperialistic interests’ which Argentina had to recant from8.

During the renowned conflict with the rural areas of the country which took place on 2008―without a doubt the most relevant social conflict of Kirchner’s administration―Fernández de Kirchner pronounced a long-awaited speech. She deemed it necessary to redefine the rural socio-historical map as well as achieving historical justice. She focused on the ‘rural labourer: half indigenous, half gaucho, half invisible who

7 Cresto’s statements were published in the newspaper La Nación on November 23rd 2004 under the headline ‘Roca and the myth of genocide’ which aroused a public debate nationwide. (Rufer, 2010ª, p. 278-279). Cresto stood for arguments such as: terra nullius, ‘the land was not inhabited’, uncivilised peoples, ‘indigenous populations were nomads, hence, they settled in the land only temporarily’, territorial supremacy: ‘the indigenous occupation took place after the Spaniards arrived in America’. Cresto’s removal from his post brought a profound change in the Museum of National History’s museography. The native peoples’ history has a preponderant place. Similarly, the definition of the interactive museum exhibits a more democratic narrative. And yet there are very few studies on this museum. A wider explanation on this is found in Rufer. (2010a: 276-277). 8 The war against Paraguay, the Triple Alliance War (1860-1874), brought together Uruguay, Brazil and Argentina against Paraguay on different grounds. It was a long-lasting war which reduced the Paraguayean male population. Children aged eleven fought on the war. Historians agree that its effects can be felt to this day. The then Paraguayean president, Francisco Solano López, went down in history as a a polemic character who stood for the local interests; he was an uncompromising and authoritarian leader little inclined to liberal politics that were already being adopted in the Southern Cone. In 2007, Cristina Kirchner made a public mea culpa when she named one of the Argentinean army’s Marine Corps after him. The latter caused indignation amongst liberal intellectuals (Agüero Wagner, 2007).

Mario Rufer 59

embodies a dark figure, unrecognised’. Did not go down in the Argentinean history but nonetheless is responsible the country’s prosperity in the beginning of the xixth century9.

In the brink of such a discursive turn, the Bicentenary seemed promising. Firstly it looked as if it would represent a rupture with the 1910 celebrations which took place in the apex of the agrarian and exportation boom; Argentina’s period of greater economic prosperity. The 1910 commemorations focused on material dimensions: construct monuments and ostentatious buildings; the point was to highlight the country’s economic and political independence as well as the diplomatic relations with European countries. The nation’s modernity was to be stamped on the oligarchic splendour staged by the ‘conservative order’10. The state turned to the intangible dimension of Argentinean identity: peoples, chants, food, and costume, among others. Yet the Bicentenary promised to bring changes in the idea of national history: those who had never been taken into account would be narrated this time. Diversity acquired performing sense. The latter did take place for the Bicentenary’s historical narrative focused on fragmented presences. The question laid on the African descendants and the native peoples who had just been made visible: would they be recognised in what was presented as the celebrations for ‘a greater country, a great one’?11 Everyone had its place and was represented in the bicentenary. Nonetheless, it was not a celebration of memory as I will discuss in the next chapter.

9 Cristina Fernández de Kirchner. Speech pronounced in Plaza de Mayo, Buenos Aires, June 18th 2008.10 The Centenary had a splendid chronicler, Joaquín V. González, an influential statesman and writer. He chronicled the centenary in El juicio del siglo en 1910 in which he gave an account on the celebrations as well as on the country’s progress. This chronicle was later used as a high school textbook. 11 The Bicentenary’s slogan was: ‘Argentina, 200 years: a greater country; a great one’.


Ⅲ. ‘Wave for Facebook’: the commemoration as stamp’

“The problem is not the banalisation of history or the transformation of the past into goods but the saturation of the signified in time.”

M. Taussig

Two decades ago Pierre Nora (1993) expressed his dissatisfaction with his Les Lieux de mémoire. The expression ‘sites of memory’ was meant to be a critique to the era of commemorations, he claimed: ‘but the commemoration phenomenon surpassed it. The bulimics of commemoration devoured the attempt to dissect the phenomenon’ (p. 612). On the other hand, Nora seeked to expose how modern nations had placed commemorations against the interests of the practice of memory: the sites of memory replaced the settings of memory and balcanisation fractured the sense of unity required to refound the practice of communitas.

Nora’s propositions can be met. It seems unnecessary to point out that commemoration ossify the practice of memory. To commemorate is by no means the same as to reminiscence. Commemoration’s memorial mark has been effectively erased by the performative dimension of political celebration (Huyssen, 2000; Witz, 2003). This manoeuvre tore apart the reticular fulfillment of events in order to produce with each repetition a fictitious ‘only version of history’ which has already been replaced by multiplicity. In Argentina, the Bicentenary spread officially under the premise: ‘Let us build the Bicentenary from multiple voices’. The aporia emerges almost instantly for the hope of attaining ‘multiple pasts’ which exceed and adhere to a monolithic narrative of national history is different from displaying an event’s multiple voices―nullified in turn by the will to attain truth in history and by the state’s political will in commemoration (Ricoeur, 1990, p. 146; Rufer, 2009, p. 21). That is, episodically adding ‘not-yet-narrated’ fragments differs from pretending to‘re-narrate’ the founding event of the nation-state from an altern site of enunciation.

The argument on the recognition of difference (Comaroff and Comaroff, 2002) or the production of alterities (Segato, 1998) in behalf of the postcolonial nation-state is made perfectly clear at the ‘moment’ of commemoration. This refutes the assumption that the state tried to produce communitarian homogeneities based in a more or less stable idea of a

Mario Rufer 61

projected horizontal fraternity- The Bicentenary of Independence as an articulation of political reference or as mark of colonial inheritance is publicly remembered as a debt with diversity.

Argentina, May 2010: History repeats itself: the powerful combination of a shared referent and the effective dissociation of history and deeds; women, men and heroes. The observer and participant gets ready from a distance: through the radio and the internet; not truly there. As Jean Luc Nancy argues, being absent from the events is a deficiency but to refer to them from a distance is a form of intrusion; altering events while being completely alien to them (Nancy, 2007). It is raining in Argentina as reproduced in the anonymous painting which founded the country’s pictorial tradition: it too rained 200 years ago12. The parade of ‘Argentina’s founding collectivities’ begins―not cultures but collectivities. Two rainy days later the Bicentennial celebrations in Buenos Aires would reach a climax with the procession of the allegorical float representing the country’s past13.

The morning of May 23rd after the traditional military parade―for the nation is still in need of public demonstrations of sovereignity―followed the rather predictable Integration of collectivities’ parade which displayed Lebanese, Korean, Armenian, Italian, German, and Spanish costumes

12 I’m referring to Luis Sánchez de la Peña’s 1938 painting 25 de mayo y los paraguas (25th May and the Umbrellas) which is considered one of the inaugural works of national identity. It depicts the people gathered around the city council in Buenos Aires on May 25th 1810. There are a number of men and women standing at the square dressed in frock coats or crinoline under the rain holding their umbrellas. The painting is considered a pictorial allegory of the following phrase: ‘The people want to know what this is all about’ at a moment when the board was disowning the Spanish king. During a conversation with anthropologist Rita Segato, she pointed out that the characters in the painting are all turning backwards because they are staring at the city council. Not a single face is shown: uniformed heads stand under the rain hidden under the shadows produced by the umbrellas: grey and all alike. Uniformity, an ever present topic when discussing contemporary Argentina is present at this early stage. 13 I’ll refer to the central celebrations that took place in Buenos Aires for strategical purposes only. There were however festivities in the provinces which replicated the main events of the May 1810 Revolution. These were not counter celebrations―as Jujuy suggested during the 500 year commemorations of 1992 which differed importantly from the official celebrations that took place in Buenos Aires. They were small scale reproductions of Buenos Aires in 1810 (town council, First Meeting, etcetera).


without any structure. It may seem natural for a country which thinks of itself as heir of the migratory flood. Yet this parade is full of meaning. Firstly, there was no allusion to the historical context of their arrival into Argentina except for the generalising: ‘This parade features everyone...we welcome all collectivities who descended from ships and who were embraced as our own peoples in Argentinean land’ which was simultaneously transmitted by the media14. I’ve suggested that the statement ‘we have all descended from a ship’ is very much likely the most effective to condense Argentinean identity. It functions as a school-level, familiar, state and historical discourse. If according to this statement we all descended from a ship in order to settle Argentina, then Argentina existed before this arrival therefore we were able to ‘adopt them as our own’.

This might as well be wordplay but I believe it has a deeper meaning. In 2010 collectivities are visible, they have a name: the Lebanese, Armenian and Italian are identified as such. This differs significantly from the conformation of modern Argentina. If the so-called melting pot―Creole, Italian, German, Spanish (aboriginal and Negroes)―was indeed influential in the formation of the Argentinean nation, it was due to what Rita Segato calls a neutral horizon: ‘nobody’s land is everyone’s land’ (Segato 2007, p. 261-266). Unlike the discourse of mestizaje (mixed Spanish-indigenous race), the Argentinean discourse neutralised the melting pot referents. During the xxth century, the state did not allow ethnic or sub-nationalist identity policies: the immigrant population had to renounce to their identities. The uniformity which characterised public policies along with secular education demanded that any trace of a subject’s origins, be it Italian, Spanish or German, and be erased (p. 245). This project of standarization was so successful that if we were to perform a study on the surviving German, Swiss or Piedmontese dialects, holidays or endogamic practices, we would notice its extinction from the second or third generation onwards. According to Alain Rouquié:

The Argentinean melting pot produced a social and cultural homogenization like no other in America. Except for minor cases, Argentina never met, like Brazil did, vigorous foreign colonies who

14 Collectivities’ parade in 9 de julio St., Buenos Aires. May 23rd 2010.

Mario Rufer 63

defended their hard to assimilate language and traditions. First-generation Argentineans have forgotten their parents’ language (qtd. in Segato, 2007, p. 245)

No one fully belongs. The only allusion to origins is a boat: a journey not a territory. An arrival without an origin, like the myth itself15. Identified collectivities can only be adopted by a pre-existing order.

To state that collectivities exist today is a purposeful strategy. How to acknowledge diversity while maintaining a balanced sense of a neutral nation without clear-cut origins? Enunciation here has the purpose of differentiating. During this parade, the Afro collectivity displayed an INADI (National Institute Against Discrimination) ad: ‘Argentina is also Afro’. Firstly, Negritude as a collectivity constitutes an aporia. If ‘Argentina is also Afro’ it is clearly due to the legacy of slavery. An episode which incidentally has been erased from national history. Hence, the Afro component is not part of a collectivity; similarly it’s an invisible sign. The statement makes sense within the context of recent migratory collectivities such as the Caboverdean.

The latter reinforces the strangeness of the allegedly hybrid horizon which is represented in the parade. Caboverdean Afros are presented in the same level as Bolivians and Peruvians. They are all part of an integrated collectivity. When ambiguously alluding to ‘embracing’ immigrants a form of hospitality with foreigners is at play; an attitude of tolerance towards alienness which has little to do with a nation’s unity. Diversity is thus produced for the Bicentenary; Lebanese, Italians, Lithuanians, and Afros are exploited as such. But those who are part of the procession bear no relation with the observers: contemporary Argentineans uniformly gathered under the same umbrellas. Distance is established by theatricality. At times it is a temporal distance: there paraded Italians, Armenians, Germans; at others it is a cultural distance: Caboverdeans, Bolivians, Paraguayans may live in

15 Although I’ve attempted to locate academic papers on the anxiety of Argentineans to trace down the origins of families of Spanish or Italian ascendancy, I have found none. Over a century later, the attempt to design family trees, is part of the ethos of Argentinean population. After the 2001 crisis, this was exploited to prove European backgrounds in order to obtain European Community passports. Thousands of Argentineans scraped files, registry offices, churches and lastly embassies. Furthermore I sense the need to emphasize one’s origins and find something besides the journey.


Argentina but they are not Argentinean. AfroArgentina ambiguously synthesizes both forms of distance: at the atavistic past there stood Negritude while at the exotic present there stands African collectivity. Argentinean presumed neutrality is reinforced by publicly naming alterity in front of an audience who acknowledges what it sees as completely alien and who celebrates an event which through naming establishes a distance.

The morning of May 25th the historical parade was greatly expected; the past would be displayed on floats16. Diqui James produced the parade, artistic director of Fuerza Bruta. It was under the supervision of the National Bicentenary Comission. The slogan was ‘to retell history’. As revealed by the commemoration’s official site, the floats would progress through the main streets ‘without following a chronological order but rather they would do so like stamps of crucial events in the nation’s history’17.

According to the Spanish Royal Academy18, a stamp is: a) a reproduction of a drawing or painting impressed on paper or a different material from a previous source where it was engraved (either a lithography or a stone); b) a religious figure par excellence; c) an animal or a human figure; d) a mark or a trace of something. The notion of commemoration as a stamp had been alien to me until that moment. I would like to bring it forward due to its both descriptive and contradictory dimension―not unlike commemoration itself. Acting as a reproduction/transfer, a stamp establishes an inverted and analogical sign in a new site. By transferring an image from a previous to a new source, a stamp reaffirms an anachronic image similar to the sign’s double entity. A stamp is a sign of a different era. It is however a sign of sovereignty: there is an entity―the state―which de-signates its function. The state does not simply reiterate patriotic symbols but rather puts

16 The word carriage ceased to refer to a colonial vehicle but it kept its meaning as a carnival float. The carnival, that rite of reversal, the ceremony of an inverted world. Nothing so distanced from history understood as the staging of power by the state. Both power and the carnival have been analyzed by Georges Balandier (1993, 1998). He suggests they share a dramaturgy: what he refers to as the theatrocracy of power and the theatricalisation of disorder. However, both dramatic genres observe their specificities. There might be parades, floats, travelling exhibitions but there are not any floats in the dramatic politics of history.17 http://www.bicentenario.argentina.ar/comunidad/ [Accessed 28/05/2010]18 http://buscon.rae.es/draeI/, [Accesed 20/05/2010]

Mario Rufer 65

them into perspective. These then acquire a different meaning depending on how they are utilised or stamped; their meaning depends on the distance from where they are observed rather than on memory.

The ribbons, the raining May day, and the painting which acting as a stamp portrays umbrellas facing the town council (there are those who claim it did not actually rain during that scene and that umbrellas were not brought to Argentina until past 181019) come to mind. Similarly, the Negroe pastry vendor’s vague litany. Argentina claims to have lost its Negroe population during the independence and the war against Paraguay. However, in each school act commemorating May 25th, its most distinguished Negroe character is necessarily exhibited20: an illiterate and ill-mannered Negroe woman. Any girl who plays that role in a school play would have a one-lined dialogue: “empanadas calientes para las viejas sin dientes” (hot pastries for old teeth-less women). When this character is represented, its player, necessarily a girl, must then dress-up as Negroe and wear a costume which like any other costume is completely alien to her. Similarly, she’ll have to emulate a black-skinned face, for that purpose she will have to employ burned corks for no one bears Negroe traits in Argentina any longer. Her performance will represent not an identity icon but the image of anachronism itself: that which was lost in history without any explanation. As a reminder of progress, this anachronism was not lost because it faded but because it was exceeded by something else. The young girl interpreting a Negro woman attests the chiasm of the nation’s novelty/modernity (Bhabha, 2002a). Its presence as a stamp prevents any actual reference to negritude. It establishes difference.

When it acts as a religious figure, a stamp has a sacred value. It ceases to be used in a quotidian and profane fashion and in turn it acquires a transcendental and unquestionable place. Questioning a stamp would imply

19 Parasols were naturally used but it is doubtful whether actual umbrellas made-up of waterproof material were used during that time.20 According to traditional historiography in Argentina, African slave’s descents were exterminated during the Independence and the Paraguayan Wars (1864-1870). Many joined the campaign under false promises of freedom. However these arguments to be untenable. Early mestizaje was consolidated in Argentina as well as cultural whitening as a strategy to conceal African and indigenous features in census (Endrek, 1966) I have worked against these myths from a socio-historical stance (Rufer 2005).


desecrating it (Agamben, 2005, p. 98-99). In its religious dimension a stamp is apolitical. The objective of patriotic commemorations is to elevate the foundational myth and its negated (symbolised) dimension of violence to the sacred realm of the immovable stamp; a venerable apolitical dogma. Commemoration and memory have very little to do with each other. Unlike mark-stamps, religious stamps do not rely on the function-state which sovereignly designates but on worshippers. One needs to believe in the stamp, in the bond created by re-ligio. There is a risk in this which for the sake of dogma must be constantly re-established. Affection results from this.

As a totalising figure, a stamp runs the risk of pretending to embrace the unity and the totality of the narrated event. As a trace of something, which is the role I’m most interested in, a stamp alludes to a sort of index (in a Peircian manner): it becomes a mark of second placeness. A stamp alludes to a previous form without which it could have never been. It does not reproduce it directly or analogically but deferredly. In this manner, unlike mark or religious stamps, trace stamps are a form of indexical sign which is open to interpretation. It is a trace of a previous form but which one? To whom? According to our official site, allegorical floats of May 25th 2010 Argentinean commemoration are stamps. Can they be conceived as a deferred trace of national history? Not as memory, nor repetition nor historical reconstruction but something different, unclosed, open still.

Before May 25th, President Fernández de Kirchner confirmed that she sensed Argentinean history had a different and fascinating appearance21. She encouraged citizens to take the streets to find out for themselves, ‘commemorating means celebrating’, she claimed. Similarly, she urged those who preferred to stay home to follow the celebrations on the media22. She argued that redefining sites and episodes in Argentinean memory was no minor task. The parade started rather late while a crowd of people awaited in the cold streets. There were several screens installed across the parade route all the way to the Buenos Aires obelisk. The parade started on Plaza de Mayo and ended at 9 de julio Avenue23. The distribution of the allegorical float

21 “Los preparativos para el festejo”, Cronista Digital, 17/05/2010.22 Ibid.23 A reversed path for the starting point of most public demonstrations in Buenos Aires is 9 de julio.

Mario Rufer 67

followed the customary chronological order: precolonial and colonial times, nation-formation24. The official Bicentenary (as opposed to the Centenary) puts forward a proliferation of vignette-like stamps which suggest there is more to Argentina than we might have been taught. The parade’s succession of time remained intact but the narrative coherence suffered various alterations. The first two floats represented indigenous peoples and Andean music followed by dancing Creoles. The Patrician Regiment was followed by Saint Martin crossing the Alps under fake snow. A ship transporting immigrants bringing festive music along followed. People were in the meantime guessing what each float stood for. To differentiate from an actual carnival, the procession had to be interpreted as a representation of history not like an overturn of reality.

The first two floats represented the native peoples. They did not carry indigenous people but professional dancers in costumes. They wore loincloths as those of American Farwest or animal skin like in Dances with Wolves. Similarly, they wore colourful feathered head-bands. This was the image of the indigenous which we inherited from the cultural conceptions of the north. Dancing over loud electro-Andean music, the euphoric crowd recognised them: ‘there come the natives’. In their customary role as intruders, the indigenous population make a fully-attired and late appearance. Both floats crossed a path of artificial lighting through a set of mobile spectrum, as if dragging time. Silence followed the floats. A harnessed-held woman flew across the street dancing along a well-known contemporary Argentinean rock song. She flew over time, behind the silenced indigenous peoples who were now miles away. The woman represented the nation. She was dressed in pale blue and white, through full strokes, she led the way for the next float which carried the Creoles and Gauchos.

The synecdoche staged in the native float was a stamp which suggested absoluteness rather than a trace of something. It reinforced the image which

24 Sergio Berensztein working at consultancy firm, Poliarquía, stated: ‘the style of the celebrations resembled [FIFA] worldcup in that they were staged as a carnaval. They could be the equivalent of Serrat’s song ‘Fiesta’. There was a moment in which everyone was one and the same, north and south of the obelisk. The public space was seized for non-political reasons’ (in Cibeira, 2010).


the indigenous population is constantly defined by: a heteronomous group whose identity is necessarily ambiguous. They are incorporated, dragged, adapted, thrown or expelled from national history. They are de-signated even outside of time to the extent that the representation of the nation comes after them. Unlike the Negroe woman who is decidedly a stamp (though not a subject of language), natives here are not a stamp or an anachronism; they are outside the order of time, like the spectres their float crossed by.

The Creoles come after them. Natives parade but no conquest is staged nor colony. Natives are accommodated in two floats which they do not share with the characters that would precede them in history. The conquest and subsequent colony are neatly erased from the commemorative allegory. The habitual floats which we all learned to identify as trace stamps in school, continue the procession: creoles, charangos, telluric music, gauchos and mate. The ‘campaign’ (the xixth century campaign across the countryside) is a prelude to what divides Argentina since 1880: the binaries relationship between the capital city and the countryside which is represented through such immovable structures as civilization and savagery25. Before the Patrician Regiment responsible of the May Revolution, the British continued the procession. They represented the British invasions of 1806 and 1807. Their defeat was caricatured in history as the awakening of Creole consciousness as well as the defence of common interest. Unlike the natives’ first floats, the British marched through the streets, closer to the spectators. This was not a war scene but a familiar one. The spectators took pictures and simulated an anachronic dialogue: ‘let’s throw them boiling oil and see how they feel’26, ‘are you English?’, ‘nonsense, you are Argentinean’, ‘che flaco,

25 This structure was detailed in Facundo by Domingo F. Sarmiento, the famed educator, politician and president from 1868 to 1874. He wrote Facundo o civilización y barbarie in 1845. The story’s central character is a provincial caudillo, Facundo Quiroga. Through him, Sarmiento offers a sociological explanation of Argentina and the evils of its political culture: caudillism, the underdevelopment of the provinces in contrast with the urban areas as well as the structural problem caused by the indigenous legacy.26 The too familiar scene which is used for pedagogical purposes across the nation, represented in figurines, school books and children’s magazines invariably portrays a group of united Creoles, Buenos Aires inhabitants, who unable to use weapons to defend themselves, pour boiling oil, hot water, stones and sticks down their roofs and windows, thus defeating the recently disembarked British army.

Mario Rufer 69

give us back the Falkland Islands’. All of a sudden, a member of the audience positions himself in the scene which is transmitted nationwide through the media. He then raises his mobile phone to photograph a few marching British and warns them to ‘wave for you’ll be on Facebook!’

This is a too familiar scene which breaks the autonomous order of the Bicentennial celebrations. The indigenous scene is too alien and the scenes to come are too solemn to break the binary theatrical order. According to this order of things spectators cheer or applaud but are no part of what goes on. After the float passed by, one of the spectators who started marching with the British was heard saying : ‘let us now walk with the British, we should have done it a hundred years ago but instead we defended the hispanucas’27―a contradiction which is part of the affections produced by nationalism. The reaction to the British float will differ greatly from the audience’s reaction when the Falklands 1982 War float passes by. ‘Milicos de mierda’28, enveloped in fire the float makes its way through the cheering crowd: ‘y ya lo ves, y ya lo ves, el que no salta es un inglés’29. Running the risk of over-interpreting the scenes described above, I believe they are a prime example of national culture. Argentinean culture tends to act as a stamp, that is, as an encapsulated reproduction translated from a different source which parasites history. And by history I’m referring to that which is learned through vignettes, distanced from the events, within the pedagogical realm of the function-state. These sequences have little relation to the past. They are related to familiarity, to the stories learned, grasped and memorized after continuous repetition by ideological apparatuses such as school. In the process of defining subjectivity, repetition produces affectivity rather than an abstract sense of ‘historical belonging’. Thus, repetition produces the national self.

Stamps like these have a sense of permanence. They are willing to restore themselves in the context of an affection game which has little to do with history or memory. Even if duty is demonstrated in pursuit of symbols,

27 ‘Why did the Creole resist the British so vehemently if the latter were better than the Spaniards?’ is a rather familiar affirmation. These paradoxical historical topics of popular knowledge are compiled in a work by Marcos Aguinis (2003).28 Fucking squaddies.29 Defying anyone on the British side (“And we can see… and we can see... if you don’t jump you’re a British”)


like the respectful attitude one most show towards the national flag―as pure signifiers their meaning is multiple and null at the same time30. Commemorations advance an idea of sharing and being together. Different media constantly announced the motto: ‘the Bicentenary brought people together exceeding its initial goal’31. What brought people together was not history but a representation of familiar elements learned, and repeated continuously. It seems irrelevant that for twenty minutes the British invasion is condemned and its representatives assaulted.

Under this scheme, one must then be loyal to the learned format not to the past, what is important is to activate that bond. As a result, commemorations are dangerous and conservative. On the one side, there is the non-critical display of those ‘images and symbols which we are tied to’ (González, 2007, p. 31). We are aware that in a performative dimension symbols can generate a third site for enunciation and appropriation: flags, ribbons, satirized hymns in public demonstrations (Bhabha, 2002b). On the other, this type of commemoration displaying floats as stamps successfully stages an affection game restored by national culture.

The commemoration repeated what was forwarded as a mark beyond the symbolic dimension of culture. ‘We grew up with the image of the May soldiers, it’s a familiar story’, claimed a journalist32.This affirmation is more than a mere anecdote. It expresses the commemoration’s normative order. The familiar has neither logic nor chronology. What has been expressed by the journalist reiterates an ideology: there is a site inhabited by native peoples, strangers, and adopted individuals alike. I’m referring to the type of

30 Alejandro Grimson and Mirta Amati (2005) suggest that until the 2001 crisis when national symbols adopted different meanings, notions such as nation, nationalism, national suggested an association with authoritarianism and repression. Grimson and Amati analyzed how members of the Argentinean military―specifically from 1976 to 1983―

thought of themselves as actually incarnating the nation. Similarly, they opposed concepts of state and nation and utilized them as a ‘moral’ metaphor to justify neoliberal politics. (p. 222-223). The 2001 crisis displaced these associations. During civil demonstrations, young participants handed out pennants and ribbons engraved with ‘go away’ (alluding to politicians). This is an example of the split between democracy and nation, moreover the split between nation and politics. Young citizens seize national symbols from the state for it no longer bears the authority to incarnate them.31 Battista, 2010.32 “Pueblos indígenas y el bicentenario”, Indymedia Pueblos Originarios, 23/05/2010.

Mario Rufer 71

ideology utilized by Zizek whose functioning depends on whether people believe in it or not. It appears to have better results if one does not, when it is taken as common knowledge, innocuous children’s story, when it is forced during school time, in public acts, commemorations; when it is not rationalised, unconscious and above all, when it lies outside the epistemological order of truth and lie. Hence, when it’s unquestionable (Zizek, 2003).

Following the epic of creation staged by the state (the May Revolution, the British invasions, and the Jujuy Exodus) the float of the migratory flood makes its entrance in the midst of a pale light which grew brighter as a gigantic ship went through. People danced and waved on board: ‘We are here’, announced a group of women dressed in black and wearing scarves which covered their hair33. The ship metaphor is made both stamp and synecdoche: the ship from which we all descended from. The audience cheers: ‘Welcome! You are here to make history! We owe our existence to you!’ The ship makes its slow way through and it’s followed by a puzzling scene: a group of walking dragons parade through the streets. The television transmission captures a random comment: ‘Dragons? I’m at a loss this time’.

Chronologically and historically the Conquest of the Desert (1879-1885) came after the migratory flood and before the economic boom. A recurrent though unnamed event which has been described as the cleansing of the land, the extermination of the indigenous population, the plowing of the Argentinean pampas and anything which might have impeded the construction of the nation’s future ‘natural subject’ (Bertoni, 2001; Segato, 2007). This Argentinean neutral subject traces back its identity to the countryside. The problem is the emergence of the natural subject was made possible after the extermination of a social subject.

During commemorations, the occupation of the land, genocide, the tensions between the foundation and preservation of the state of law through violence, to quote Benjamin, is silenced and replaced by an episode with no referent: dragons. There is no float of conquest, not out of political correctness―during the military dictatorship of 1979 the state issued coins that homage the extermination campaigns―but because there is no

33 A faceless voice of an excited spectator utters: ‘Here comes the Titanic!’


familiarity to back it up. The native peoples have already entered the national scene, produced as such, attired, homogenized under their colonial name: ‘there come the natives’, the audience exclaimed. It does not matter. They put a strain on the hegemonic discourse of repetition. In their place there were dragons. ‘When it becomes necessary to utter the unpronounceable, it is better to talk nonsense’ (Prakash, 1999). The indigenous populations appeared in floats 1 and 2 without any temporal queue. The moment which established the contemporary relationship with the indigenous populations was erased. Both these decisions imply the indigenous populations were named but their history was not, they were thus given one and only possible place in the commemorations. By attiring the other it is similarly being exoticized and left out of temporal order. There is no established bond and as a consequence, no relationship with it.

What followed is part of an unalterable and predictable story: tango, the countryside and its kindness, the 29 crisis, Peronism, industrialization, floats carrying women dancing on refrigerators and men driving Siams (the Argentinean car par excellence during the 1950s). The dictatorships represented with a burning Constitution, the mothers of Plaza de Mayo (possibly the most aesthetically accomplished float, it was adorned by luminescent bodies which only made the white handkerchiefs), democracy, and the end of the story. Regarding Taussig’s quote which serves as epigraph to this chapter―the problem is not the banalisation of history nor the transformation of the past into goods but the saturation of the signified in time―, I interpret it as the incapacity to articulate a hegemony- counter-hegemony logic. There is not a staging of hegemonic history nor a banalisation of national memory in the commemoration described above. Anachronism is affectively used through cartoonish images which equates normative production. Neither lineal chronology nor official time has the power to restore stamps. Floats are restored by a pre-existing pedagogy of national culture: commemoration time is a familiar time.

The Other Bicentennial: From Floats to Marchers.

The indigenous are used to walk: transit was their tactic, but they were still denied their territory. On May 12, several Argentines indigenous marched to celebrate “the Bicentennial of the Peoples.”34 The march was

Mario Rufer 73

called “Marcha Nacional de Pueblos Originarios” and their motto was “walking the truth for a multicultural state”. Contingents departed to Buenos Aires from Jujuy, Chaco, Mendoza, and Neuquén, all heavily indigenous provinces35. The goal was to reach Plaza de Mayo, Buenos Aires’s central square, and lay a flag there, as well as to establish both presence and distance with regards to the official celebrations. More than 400 people arrived in Buenos Aires on May 20th. They demanded the acknowledgement of the “historical neglect” of these peoples, and their “genocide”36.

They vowed for a “refounding” of an Argentine state that considers their centrality in politics and processes of national identity formation (Aranda, 2010). Chanting “La tierra robada será recuperada” (the stolen land will be recovered), protesters asked for the implementation of the Law of Territorial Revision (Ley de Relevamiento Territorial), a law sanctioned by Congress four years ago guaranteeing the availability of land and living spaces for these people but that has not been enacted as of now37. Before the press, they demanded that compensation be made due to damages by huge

34 “This was the most emotional Bicentenial Parade”, Nova Digital, 2 Jun, 2010.35 These movements were sponsored by the Confederación Mapuche de Neuquén, the Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND de Tucumán), the Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas (Kollamarka de Salta) and the Consejo de Autoridades Indígenas de Formosa. Túpac Amaru, an important indigenous organization, was equally germane in the formation of these movements.36 Public usage of this term is well-rooted. However, in order to minimize its historical implication in the so-called Desert Campaigns, two arguments have been set forth: a) indigenous extermination was seen as a necessity if the country was to be freed of “nomadic” and “barbaric”. Indeed several politicians of the time, most notably Sarmiento, articulated questions like “will the indigenous ever be done with? I feel an exceedingly disgusting hatred for these American savages” groups; b) there were concentration camps in the southern Patagonia in the late nineteenth century. A 2006 interview led by two UBA professors, Diana Lenton and Walter del Río, discussed the brutality and conditions of these concentration camps (no food, wired fences, etc.) as seen by Welsh immigrants’ memoirs. See Herreros, Leonardo: “Estudio sobre Campaña del Desierto confirma genocidio contra mapuches”, Pagina Digital, 04/08/06, http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2006/2006prim/educacion5/estudio-desierto-viernes-040806.asp37 Current research shows that nearly 8 million hectares have been taken away from the indigenous to favor multinational companies, particularly mining industries and foreign investment funds. There is ongoing litigation between federal and provincial governments, and these corporate interests. Cf. Bayer, 2006.


corporations such as Benneton and Monsanto, to which they have lost their lands. They ordered that October 12, “Race Day”, no longer be recognized as a national holiday38. Similarly, they asked that indigenous languages be recognized as official languages, and demanded affirmative action policies; intercultural educational centres nationwide.

Here I would like to highlight two things: 1) the use of memory to speak of a projection, as opposed to the past. Indigenous protests turn celebrations into a form of complaint; they subvert and transgress the language in what Partha Chatterjee calls a “politics of the governed” (Chatterje, 2004, p.125-131); 2) The place that these protests occupy in relation to national history is in reality, ambiguous. As much as they take the streets of the capital to say “we are present”, they also destabilize the nation’s relation with the indigenous peoples. For the onlookers, they come from afar, they march towards the center, they inhabit history but not the present; they occupy a perennial otherness that, when looked at from a modern anthropological perspective, amounts to something that never was (Fabian, 1983, p. 31-36). Their discourse, however, seems to state otherwise.

David Sarapura, Head of Kollas Autonomous Organisations (Kollamarka, de Salta), argues ‘we are not marching to celebrate but to prove we are alive’39.

‘There is nothing much to say. Our history is that of lost dreams, confrontations and lack of things. We made up our future out of our own will to stay alive and be what we have constantly been denied: our own selves’40. Through loss memory can be articulated. Paradoxically future as an aspiration―e.g. environmental rights, tax, land regulation―is the substance of ‘historical commemoration’. The future is mentioned in the National

38 It is possible to speak of the “ petty complaint policy” of subalterns who no longer aspire to power (echoed by Chatterjee), but who instead conceive an alternative political subjectivity (community vs. capital). Similarly, we can think of this issue by invoking De Certeau (1980, p. 14-18): because the state is the place of political enunciation (rights, citizenship, civil society), the indigenous take advantage of these celebrations to project themselves, they transform the language of power to signify something else; a matter of tactics.39 “La plaza de los pueblos originarios”, cit.40 “Los pueblos originarios ya tienen una bandera en Buenos Aires”, Crónica Digital, 24/05/2010.

Mario Rufer 75

Constitution’s preface. Argentina is described as a promise of a great nation. The promise is guaranteed, in Austin’s terms, by a performative law. Indigenous populations have a different future. Firstly it is uttered from loss history and secondly stricto sensu it is not a speech act, it is not authorized to be so. According to the formulating contract advanced by the law they don’t speak. And yet their future is like a text’s―i.e. national history―

uncomfortable alteration. It will be cancelled by the difference it seeks to obscure (Spivak, 1988; De Certeau, 1993).

Native towns entered Buenos Aires in ‘colourful’ and ‘traditional’ manner, that is, as stamps. Within the structure of inhabited spaces and places of memory, indigenous populations necessarily inhabit an alternative space, a place with no name. Generally they are present in postal stamps, official postcards or in monuments dedicated to the ‘charrúas’ or ‘Quilmes’ (Masotta, 2007). However, they do not belong to any proper place. When they reached Buenos Aires a militant exclaimed: ‘This is beautiful, unprecedented. They have printed Buenos Aires with colour and taken it to a different dimension’41. One can take this literally: the indigenous population has managed to break with Argentinean homogeneity which Creole elites set with considerable effort via their national normative project. The latter had to be repeated and reassured constantly. Though it seems they have come from that place of memory to remind us something.

The instability of commemorations lies in the fact that when indigenous populations put in an appearance and actually spoke, the words they uttered destabilized the stamp. They did not expose what was expected of them as inhabitants of an alternative space: their myths, their ‘ancestral knowledge’. The language employed by power makes use of these elements in order to seize diversity, to domesticate it as culture and place it in the realm of difference. The group’s spokesmen held a meeting with the president where they debated on the ‘history of lost dreams’ and on ‘what has been negated to them’. During their procession of memory they talked of loss and of the event that successively returns and cannot be fully discussed: the conquest. They broke the frontiers of allochronic time, in Fabian’s terms. Allochronic time constantly nullifies the other’s contemporaneity. When indigenous populations are defined as such or classified as traditional, they are

41 “La plaza de los pueblos”, cit.


simultaneously acknowledged and segregated. Indigenous populations positioned themselves in a shared present where there are neither natives nor ‘traditional’ or common citizens, neither floats nor spectators but rather empowered and excluded individuals, language experts and individuals dispossessed of it, landowners and nomads with no territory. By doing so they fractured the logic of commemoration and proved that under the idea of diversity and incorporation, the binomial established by ‘civilisation and barbarity’ determines Argentina’s hegemonic structure.

There’s an unsettling side to this demand: territory. I’ve previously studied how Indigenous Movement leaders acknowledge that any past time is subject to being revised in Argentina lest it should correspond to patrimonial violence, pillage, and land usurpation (Rufer, 2010b). the Conquest of the Desert, hardly mentioned, seals the frontier of the modern construction of the state. In Argentina, the concept ‘land’ is not only a connotation of inhabited territory, vital sustenance and sovereign jurisdiction. Land became ‘country’, history’s natural resource. ‘We owe it all to the land’, ‘through land modern history was built’, ‘the Pampas created the strong Argentinean economy’42. As a discursive unity turned actor, the land displaced identitarian modes of ‘national self’. Italian, Spanish, and German individuals were known as ‘country people’, gringos43.

Following the migratory flood (and the dragon flood for that matter), the float procession on May 25th displayed a series of stamps alluding to the agro-export boom: chakra, cereal, cattle, estates, the Pampas. When in 2008 president Fernández de Kirchner increased taxes on cereal exports, she encountered furious reactions amongst landowners (heirs to the migratory

42 The site of ‘geographical determinacy’ set in common sense narratives which construct national Argentinean identity is detailed in the anthology edited by Luis Alberto Romero, La nación argentina en los libros. Geography as a discipline had little impact in the intellectual formation of national projects. It was however highly influential to military and educational discourses (incorporated to common sense). (Romero, 2004).43 In Latin America ‘gringo’ is used to refer to Americans yet in Argentina it refers to individuals of immigrant descend who work the land and display specific features. Its ambiguous use, at times positive at other deceptive, seems interesting. Viewed as a sing, gringo is a flexible construct: an individual can be defined as such by being blond, by being from the countryside and by working in the land. And yet none of these elements is ‘enough’ to be defined as gringo. Its use depends on the context where it’s used. The word güero in Mexican Spanish might be its equivalent.

Mario Rufer 77

flood). They coined the phrase ‘we are the land’ and took the streets in cities and rural areas. They never referred to a specific subject (they never claimed they were all ‘peasants’). They referred to a territory which has an active role in history. Or rather, it has ‘the’ role in history if understood as the central cause of progress or as an agent which activated the fleche du temps towards the future of the nation44. When assigning territory with a determined identity, the land erased ethnic distinctions made by the modern nation-state. At the same time, when it refuses to name an individual (that is, the peasant), it erases structural distinctions of class: we are the land no matter where are we positioned within the productive organization.

If we are the land, if the phrase makes its way through the floats starting from the migratory flood to the lived recent history structuring the sense of belonging, how to claim that those origins are an usurpation? How can one symbolize such claim?

Indigenous discourses on the restitution of the land are the most frequent and yet the least listened to. They are fully aware of this. As a result, they constituted one of the main demands during the Bicentenary. However, it might seem they are constantly referring to a non-existent event or to a robbery that never took place. One of the Huarpe leaders told the press ‘we don’t expect much from the meeting with the president. We are aware the government is in the midst of commemorations; they are celebrating, they won’t listen to our demands at the moment because this is not a history related issue but one related to the land’45 although they marched in favour of the Bicentenary and they were represented on the floats, they are not the ones celebrating. The word ‘indigenous’ appears incomprehensible in a context in which the land took the place of history as a factual construct (‘we are the land’). In ‘national culture’, narratives of indigenous struggle for the land and for the preservation of natural resources are understood as an epic

44 Juan Carlos Garavaglia (1983) details how peasants are the absent structure in agrarian Argentinean sociology―another exception in the Latin American context. The reasons are countless: the structure of the estate, the specificity of occupation, production under international division of labor. However, in Argentina there are no peasants but land. Both concepts cannot serve the same subject-function but they are rather the uniting function of a site of collective acknowledgment.45 “La marcha de los caminantes. Pueblos originarios y el Bicentenario”, La Gaceta, 27/05/2010


rather than history. The narrative of the legendary cacique whose fierce fights earned him a

statue in his hometown is a pertinent example. Founding violence is thus omitted from historical order. The territory inhabited by the other (motherland, pachamama) takes the shape of the usurper’s language. We all proceeded from a journey with no origin; we all descended from the ships; we are the land. I’d like to reveal two hidden elements in this triad. Firstly, it omits its founding synecdoche. Firstly, it is the part which refers to the whole. Then, it eludes the fact that what it refers to was built from the usurpation of the land. From that moment on, it became something different: an actant code. When the land became the country, it stopped functioning discursively as a material good which can be transferred, seized or possessed.

Through that apparently innocent operation, a productive and extensive exploitation social structure became a narrative, identitary and ideological structure which erased any trace of conquest, social violence and territorial displacement. The country was no longer defined by the land. It became a codified synthesis of elements such as European immigration, the ethics of work, land and its generosity. The latter can be used to interpret the code map of progress. Codes are passed on by experts and elude historicity. Codes are a grammar uttered according to a specific context; moreover, they are an authority: the Argentinean map is codified by the country and read by its proprietors. In an operation which displays a notable performative efficiency, as an actant in a children’s fable, the ‘country’ decides (not its proprietors), it takes the streets (not its exploited labourers) it reduces roads (not those implied in the structure of territorial and socio-economic influence).

The Alternative Bicentenary attempts to break this logic of authority and the nucleus of its signs. To this end, indigenous peoples marched to the capital city in order to take the history of transgression to the site where the legendary disembarking story evolved and where the actant code structures History. They were moved not by tradition buy by their loss, in an attempt to establish a dialogue with the nation-state. And yet theirs is not a tragic loss. It breeds an effective non-sectorial memory. The stolen land will be recuperated: this is not exclusively an indigenous claim it can be applied nationally. Following the agro-export boom, the midtwentieth century

Mario Rufer 79

five-year plans and the 2008 agrarian conflict, indigenous populations argue the land should not be a code which structures an unalterable identity and hides the violence of its foundation. They suggest it should be a material and symbolic resource marked by events and history in the repetition of its silence.

Conclusions

The importance of the Bicentenary lies in the public exposition of language techniques. Quite close to being vulgar, the parades incorporated domesticated stamps to the procession of history during the so-called ‘festival of diversity’. Stamps need to establish bonds. They need to inspire affection at all costs. They run the risk of causing a fissure in the state’s language. The indigenous populations marched. They walked silently towards the capital city in a reversive act of history. They had ‘something to say’ about those celebrated 200 years, and they did. Though they returned with no escort and no results. They took the road of history, going back to their memories with no clear solution nor any fulfilled promise. For the first time, the quotidian discourse might have been significantly altered by the presence of the other. The Bicentenary provoked this situation. There was no significant alteration (nothing is more alien to commemorations than revolt) but the ‘symbols to which we are attached to’ were importantly questioned.

The presence of the native peoples in the capital city is not exactly an instance of counter-memory; it is not a different discursive order. However, it caused a fissure, a threshold between emptiness and enunciation which causes memory to be questioned. ‘We are certainly not Bolivia but we are not Switzerland either. Who are we is the main question of my Bicentenary’ (Russo, 2010). After the peoples’ march, this question is placed at the horizon of any national history. I’m referring to history in a literal sense: the question that cannot be erased but cannot be answered fully. It will remain in a space of resistance, altering writing and impeding its cancelation.


References.

Agamben, Giorgio. (2005). Profanaciones. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.Agüero Wagner, Luis (2007): “Kirchner, Mitre y Solano López”, en Noticias

y Realidad, 10/12/2007 http://www.rebanadasderealidad.com.ar/ wagner-07-01.htm

Aguinis, Marcos. (2003). Un país de novela. Viaje hacia la mentalidad de los argentinos. Buenos Aires: Planeta, Buenos Aires.

Aranda, Darío (2010): “La plaza de los pueblos originarios”, Página 12, 21/05/2010.

Balandier, Georges (1988). El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación. Barcelona: Paidos.

Balandier, Georges. (1993). El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Barcelona. Gedisa.

Battista, Vicente (2010): “Bicentenario”, Página 12, 26/5/2010.Bayer, Osvaldo (coord). (2006). Historia de la crueldad argentina, Tomo I:

Julio Argentino Roca. Buenos Aires. Ediciones del CCC, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Bertoni, Lilia. (2001). Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas: la construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

Bhabha, Homi. (2002a). Disemi-nación. El lugar de la cultura, Buenos Aires: Manantial. [1994].

Bhabha, Homi. (2002b). Signos tomados por prodigios. Ambivalencia y autoridad bajo un árbol a las afueras de Delhi. El lugar de la cultura, Buenos Aires: Manantial. [1994].

Carrasco, Morita. (1997). El Movimiento Indígena anterior a la reforma constitucional y su organización en el Programa de Participación de Pueblos Indígenas”, II Reunión De Antropología del Mercosur Fronteras Culturales y Ciudadanía. “Territorialidad y Políticas Indigenistas en los países del Mercosur. Piriápolis-Uruguay- Noviembre 11-14 de 1997. http://lanic.utexas.edu/project/etext/ llilas/vrp/Morita_Carrasco.htm

Cejas, Mónica. (2005). Tourism in Shantytowns and Slums in South Africa and Argentina: a new ´contact zone´ in the Era of Globalization. Paper presented at Modernization, Globalization, and

Mario Rufer 81

Cross-Cultural communication, International Association of Intercultural Communication Studies (IAICS), Taipei, July 2005.

Chatterjee, Partha. (2004). La nación en tiempo heterogéneo y otros textos subalternos. Buenos Aires: Siglo XXI-Clacso.

Cibeira, Fernando (2010): “Cómo se capitaliza tanta fuerza bruta”, Pagina 12, May 27th 2010.

Comaroff John; Comaroff, Jean. (2002). Naturalizando la nación: aliens, apocalipsis y el estado poscolonial. Revista de Antropología Social (11).

De Certeau, Michel. (1980). La invención de lo cotidiano, I. Las artes de hacer. México: Universidad Iberoamericana.

Endrek, Emiliano. (1966). El mestizaje en Córdoba. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

Fabian, Johannes. (1983). Time and the Other. How Anthropology makes its Object. Nueva York: Columbia University Press.

Farred, Grant. (2003). Crying for Argentina: The branding and unbranding of area studies. Nepantla. Views from South. Duke University Press (vol. 4, no. 1).

Garavaglia, Juan Carlos. (1983). Mercado interno y economía colonial. México: Grijalbo.

González, Horacio (2002): “Intervención”, en Informe de la Jornada El Museo que queremos, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2 Octubre 2002, www.memoriaabierta.org, Acceso 21/7/2007.

Grimson, Alejandro; Amati, Mirta. (2005). Sociogénesis de la escisión entre democracia y nación. La vida social del ritual del 25 de mayo. In Nun, José (comp.). Debates de mayo. Nación, cultura y política, Gedisa, Buenos Aires.

Herreros, Leonardo (2006): “Estudio sobre Campaña del Desierto confirma genocidio contra mapuches”, Pagina Digital, 04/08/06, http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2006/2006prim/educacion5/estudio-desierto-viernes-040806.asp

Huyssen, Andreas. (2000). Present pasts: media, politics, amnesia. Public Culture (vol. 12, no. 1).

La marcha de los caminantes. Pueblos originarios y el Bicentenario (2010), La Gaceta, 27/05/2010.

La marcha de los pueblos originarios fue la expresión más motiva del


Bicentenario (2010), Nova Digital, 2/06/2010, http://www.novana cional.com/nota.asp?n=2010_6_2&id=17515&id_tiponota=4

Los preparativos para el festejo (2010), Cronista Digital, 17/05/2010.Los pueblos originarios ya tienen una bandera en Buenos Aires (2010),

Crónica Digital, 24/05/2010.Marcha de los Pueblos del Bicentenario: caminando por la verdad hacia un

estado plurinacional (2010), Alba Comunicación, May 18 2010, http://www.albatv.org/Marcha-de-los-Pueblos-Originarios.html- Acceso 27/05/2010.

Mandrini, Raúl; Ortelli, Sara (coords.). (2006). Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la Argentina, siglos XVIII y XIX. Buenos Aires. Taurus.

Masotta, Carlos. (2007). Los indios en las primeras postales argentinas. Buenos Aires. La Marca.

Mbembe, Achille. (2001). On the postcolony. Berkeley: University of California Press.

Nancy, Jean-Luc. (2007). El intruso. Buenos Aires: Amorrortu.Nora, Pierre. (1993). L’ère de la commémoration”. In Nora, Pierre (ed.). Les

lieux de mémoire, Tomo III, Paris : Gallimard.Prakash, Gyan. (1999). Peut-on écrire des histoires postorientalistes du Tiers

Monde? Réponses de l’historiographie indienne. In Diouf, M (dir). L’historiographie indienne en débat. Colonialisme, nationalisme et sociétés postcoloniales. Amsterdam. Sephis/Karthala.

Pueblos indígenas y el Bicentenario: restitución territorial: la auténtica repatriación? (2010), Indymedia Pueblos Originarios, http://www.insurrectasypunto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3107:pueblos-indigenas-y-el-bicentenario-restitucion-territorial-ila-autentica-repatriacion&catid=7:notas&Itemid=7, 10/01/2010. Accesed 23/05/2010.

Ranciere, Jacques. (1996). Le concept d’anachronisme et la verité de l’historien, L’inactuel, (vol. 6, 1).

Ricoeur, Paul. (1990). Historia y verdad. Madrid: Ediciones Encuentro.Romero, Luis Alberto (2004). Los textos escolares y el sentido común. In

Romero, Luis Alberto (coord.). La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos escolares. Buenos Aires: Siglo XXI.

Rufer, Mario. (2005). Historias negadas. Esclavitud, violencia y relaciones

Mario Rufer 83

de poder en Córdoba. Córdoba: Ferreyra Editor.Rufer, Mario. (2009). Huellas errantes: rumor, verdad e historia desde una

crítica poscolonial de la razón. Versión. Estudios de Comunicación y Política (23).

Rufer, Mario. (2010a). La nación en escenas. Memoria pública y usos del pasado en contextos poscoloniales. México: El Colegio de México.

Rufer, Mario. (2010b). “La temporalidad como política: nación, formas de pasado y perspectivas poscoloniales”. Memoria y Sociedad, Universidad Nacional de Colombia (21).

Runia, Eelco. (2007). “Burying the Dead, Creating the Past”, History and Theory (46), October.

Russo, Sandra (2010): “Civilizados y Bárbaros”, Pagina 12, 29/05/2010. http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/index-2010-05-29.html, Accesed 10/06/2010.

Rustan, Elizabeth. (2005). De perjuridiales a pobladores de la frontera. Córdoba. Ferreyra Editor.

Segato, Rita. (1998). Alteridades históricas/Identidades políticas: una crítica a las certezas del pluralismo global. Serie Antropología, Brasilia: Universidad de Brasilia (vol. 234).

Segato, Rita (2007). Una vocación de minoría: la expansión de los cultos afro-brasileños en argentina como proceso de re-etnización. In La nación y sus otros. Buenos Aires. Prometeo.

Spivak, Gayatri. (1988). “Can the subaltern speak?”. In Nelson, Cary; Grossberg, Lawrence (eds.). Marxism and the interpretation of culture. Chicago: Chicago University Press.

Witz, Leslie. (2003). Apartheid’s festival. Contesting South Africa’s national pasts. Bloomington: Indiana University Press.

Zizek, Slavoj. (2003). El espectro de la ideología. In Zizek, Slavoj (comp.). Ideología. Un mapa de la cuestión. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Zilberman, R.(1999) História da Literatura e Identidade Nacional. In: Jobim, J. L. (Org.). Literatura e identidades. Rio de Janeiro: Fonseca.

Recibido el 30 de Octubre del 2011.Aceptado el 30 de Mayo del 2012.


Mario Rufer. Profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana platel Xochimilco. [email protected]



LA CINEMATOGRAFÍA DURANTE EL PERONISMO: PROYECTANDO UNA NUEVA ARGENTINA EN LA PANTALLA.

CINEMATOGRAPHY DURING PERONISMO: PROJECTING A NEW ARGENTINA ON THE SCREEN.

María Cristina Osorio Villegas.Universidad Torcuato Di Tella [Argentina]

Resumen. El siguiente ensayo pretende dar cuenta de la forma en que la política y la cinematografía se relacionaron durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón en la Argentina, con el fin de entender la importancia que tuvo la función simbólica en la construcción de una identidad política que le permitiera al peronismo instalarse en la sociedad. El objetivo es analizar cómo las imágenes proyectadas en los filmes producidos durante este periodo contribuyeron al sistema simbólico que proyectó construir el peronismo para organizar las relaciones sociales, tomando como caso puntual la construcción de la idea de mujer durante estos años a partir de algunos de los personajes más importantes recreados en el cine de ficción de la época.

Abstract. The purpose of this essay is to give account of the manner in which politics and cinematography were related during the first presidency of Juan Domingo Perón, in order to understand the function of symbolism in the construction of a new political identity that enabled Peronism to be embedded in Argentine society. The objective of this work is to analyze how the images portrayed in the films during this period contributed to this system of symbolism which facilitated the creation of Peronism and the organization of social reform. A specific example was the creation of the idea of the woman as a one of the most important figures in fictional


cinematography during this period.

Palabras clave: Peronismo, Industria Cinematográfica, Historia Política, Función simbólica, Mujer. Key words: Peronism, Film Industry, Political History, Symbolic function; Woman.

Ⅰ. Introducción.

La reciente revalorización de las imágenes como fuentes para la historia ha despertado el interés en el análisis de éstas durante los años del primer peronismo, también conocido como el peronismo clásico (1946‐1955), ampliando de este modo la mirada sobre este fenómeno que impactó la historia política argentina. Trabajos como el de Alberto Ciria Política y cultura popular: la Argentina peronista, y Mariano Plotkin Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista, 1943‐1955), renovaron la investigación sobre el peronismo al alejarse de los temas tradicionales anclados en la ideología, la política o la economía, y enfocarse en el análisis del campo simbólico‐cultural, poniendo en evidencia los intercambios simbólicos operados entre Perón y sus seguidores (imaginarios sociales del poder político). A partir de estos trabajos se comenzó entonces a perfilar una línea de estudios que, centrada en la historia simbólica cultural del peronismo, se preocupó por temas como la publicidad política, las artes, la cinematografía y la arquitectura; la propuesta de Mariano Plotkin en su trabajo respecto a analizar las continuidades y rupturas de este periodo fue el eje desde el que estas investigaciones se articularon1.

Ahora bien, respecto a la literatura especializada en la historia del cine, trabajos recientes como Cine y Peronismo. El estado en escena (Kriger, 2009) se han concentrado en analizar detalladamente la manera en que

1 Se pueden contar entre estos trabajos la investigación de Eliseo Verón y Silvia Sigal, Perón o muerte: los fundamentos discursivos del fenómeno peronista; y el trabajo de Lila Caimari Perón y la Iglesia católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina. 1943‐1955.

María Cristina Osorio Villegas 87

confluyeron cinematografía y política bajo el peronismo, proponiendo un interesante debate con los trabajos pioneros sobre el tema como la Historia del cine argentino de Domingo Di Nubila, al que se critica por reducir a la emotividad política sus análisis del cine durante los años del primer peronismo, considerando este periodo como un fracaso para el cine argentino dada la excesiva intervención estatal. En este sentido, sostiene Kriger, tanto la obra de Di Nubila como los textos inspirados en ella limitaron el análisis de la relación entre el cine y el Estado durante estos años a descripciones lineales en las que se mencionan sin ningún rigor nombres de actores o películas, y la investigación sobre la producción fílmica del periodo no va más allá de la mención de los argumentos o las técnicas usadas.

La discusión sobre el contexto en que fueron creados los filmes y su posible influencia en las producciones fue supeditada a preconceptos que restaron validez a sus aportes, al omitir en sus trabajos argumentaciones sobre la forma en que se tejió un entramado de relaciones que, contrario a ser una relación de sometimiento, fue el resultado de negociaciones en las que los sectores interesados pusieron en juego sus intereses (Kriger, 2009). En la década de 1990, cuando la historia cultural del peronismo comenzó a perfilarse como un tema de creciente interés, sumado a la línea interpretativa que veía al peronismo como una amalgama de rupturas y continuidades con las tradiciones que lo precedieron, se comenzaron a desarrollar investigaciones que ofrecieron una lectura más compleja de lo sucedido en la industria cinematográfica durante el primer peronismo. Así entonces, la cinematografía pasó a ser parte de las líneas de investigación que se propusieron releer las producciones culturales de este periodo a partir del análisis de las complejidades que las marcaron tanto al interior del gobierno como en su proyección a la sociedad, entendiendo estos productos como una suma de las tradiciones locales y las tendencias de la época adaptadas a las necesidades del momento en particular2.

Vale resaltar los aportes que en los últimos años han hecho a los estudios sobre el peronismo trabajos como Las huellas de la política. Vivienda, ciudad y peronismo en Buenos Aires, 1943‐1955 (Ballent, 2005),

2 Un buen ejemplo es el ensayo de Cesar Maranghello “Cine y Estado” en Claudio España (Dir.) Cine argentino: industria y clasicismo, 1932‐1956.


Un mundo feliz: Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo, 1946‐1955 (Gené, 2005), y el ya mencionado trabajo de Kriger sobre el cine (2009), al abordar desde una mirada estética y simbólica las imágenes, los cortos y largometrajes cinematográficos, la arquitectura y las decoraciones para algunas celebraciones oficiales. A partir de una mirada estética sobre las imágenes y obras decorativas y arquitectónicas durante el peronismo, las autoras se preocupan tanto por contextualizar las dinámicas que rodearon la producción de éstas como las influencias que en ellas convergieron, razón por la que dan especial importancia a la intencionalidad política que se escondió detrás de las decisiones tomadas en este campo, desarrollando un completo análisis del aparato de propaganda y comunicación creado durante el peronismo.

Se da entonces una nueva mirada que propone entender la importancia de la función simbólica en la construcción de una identidad política que permitiera al peronismo instalarse en la sociedad y competir con las tradiciones instaladas desde tiempo atrás en los imaginarios locales. La noción de “continuidades y rupturas” continúa siendo el eje desde el cual explicar cómo en la elaboración de los discursos visuales operó una serie de decisiones políticas que llevaron a la innovación o la reelaboración de las tradiciones de representación disponibles3. En esta línea, propongo a lo largo del presente ensayo analizar la manera en que las imágenes proyectadas en los filmes producidos durante este periodo contribuyeron a ese sistema simbólico pretendido por el peronismo para organizar las relaciones sociales, tomando como caso puntual el análisis de la construcción de la idea de mujer durante estos años a partir de diversos personajes recreados en el cine de ficción del periodo.

3 La idea de trabajar el peronismo desde sus rupturas y continuidades se fundamenta en el trabajo de Mariano Plotkin, quien en su estudio sobre los festejos del 1º de Mayo y el 17 de Octubre propone esta línea.


Ⅱ. Marco Institucional.

Acercamiento entre el Estado y la cinematografía: construyendo una relación.

Si bien desde su llegada a la Argentina la cinematografía despertó gran interés entre los dirigentes políticos al ser vista como un medio privilegiado para la difusión de ideas y cultura entre un público masivo, fue bajo el peronismo que ésta comenzó a perfilarse como una de las principales herramientas para exhibir, de manera espectacular, los cambios sociales y culturales introducidos por las acciones del gobierno, idea que se afianzó bajo la dirección de Raúl Alejandro Apold en la Subsecretaría de Informaciones y Prensa en el año 1949, dada su cercanía con el medio4.

Aunque el interés especifico en diseñar normas e instituciones que promovieran y controlaran la producción nacional de cine tenia importantes antecedentes en la década de 19305, la convergencia durante el gobierno militar instaurado en 1943 de dicho interés con la escasez de película virgen para la producción nacional, y el conflicto desatado entre productores y exhibidores por las pocas ganancias del sector, consecuencia del bloqueo impuesto a la Argentina durante la II Guerra Mundial, operaron como el marco adecuado para dar paso a proyectos de control estatal sobre la cinematografía, siendo el decreto que impuso la obligatoriedad de exhibición del cine nacional en las salas de cine el punto de encuentro de los distintos intereses en la industria cinematográfica, y la base sobre la que posteriormente el peronismo construyó su propia relación con este sector6.

4 Raúl Alejandro Apold provenía del mundo de la cinematografía local donde se desempeñó en la empresa productora Argentina Sono Film, estando a cargo de su noticiario cinematográfico Noticiero Panamericano. Apold tenía un profundo conocimiento del medio además de importantes contactos.5 En la década de 1930 el senador Matías Sánchez Sorondo dio los primeros pasos para regular desde el Estado el campo cinematográfico, presidiendo en Instituto Cinematográfico Argentino, creado en 1933, y posteriormente, en 1938, proponiendo el proyecto de Ley de Cine, que si bien no fue aprobada, introdujo en el debate público el rol que podría tener el cine en la sociedad.6 Perón, en su calidad de secretario de trabajo y previsión social, intervino activamente en la mediación de este conflicto, siendo fundamental su intervención para la promulgación


El gobierno de Perón profundizó las medidas de protección y estimulo a la industria cinematográfica con medidas como la Ley de Cine, debatida a lo largo de 1947 en el Congreso y finalmente aprobada en diciembre del mismo año. La Ley del Cine contó con un apoyo general en el Congreso gracias a la favorabilidad con que opositores y peronistas veían la injerencia estatal en las producciones audiovisuales como forma de promover la “elevación cultural del pueblo”. La idea de garantizar el cumplimiento de un mínimo de calidad artística y cultural por parte de los productores y realizadores a través de la posibilidad de incidir sobre los argumentos y el lenguaje a utilizarse en las distintas producciones audiovisuales, fueron las razones que llevaron al apoyo general de esta medida sin importar la filiación partidista.

El proceso que llevó a la promulgación de la Ley del Cine estuvo marcado por las negociaciones y conflictos entre el Estado y el sector cinematográfico, especialmente el ramo de la producción, el cual veía en la protección estatal una forma de recuperarse de la reciente crisis que había atravesado, y una oportunidad ideal para su desarrollo y retorno al mercado internacional7. Por su parte, el gobierno no sólo obtuvo la capacidad de intervenir en el universo de la producción y exhibición de los filmes con el fin de proteger tanto a la industria cinematográfica como al público, sino que vio ampliada su base de apoyo en momentos en que buscaba la consolidación de su capital político. Valga aclarar que a pesar de haber diseñado una serie de herramientas que le permitían al Estado ejercer un importante control de censura sobre las producciones cinematográficas, éste no fue aplicado tan estrictamente como sí sucedió por ejemplo con otros medios de comunicación como la prensa y la radio, de este modo, la censura a las películas no sufrió modificaciones importantes respecto a cómo se había ejercido desde la llegada del cine al país8.

del decreto de obligatoriedad de la exhibición de producciones nacionales en las salas de cine. (Kriger, 2009, p. 35 y ss.)7 El bloqueo impuesto a la Argentina durante la II Guerra Mundial a causa de su posición neutral hasta casi el final de la guerra, no sólo dificultó el acceso a materias primas fundamentales para esta industria, sino que también restringió la circulación de sus películas en el mercado latinoamericano, ya que se favoreció por parte de los Estados Unidos la circulación del cine mexicano, el otro gran productor de filmes en habla hispana durante este periodo.8 A pesar de las medidas de control dispuestas en la Ley de Cine, la censura continuó


Complementario a los avances legislativos, la política crediticia que caracterizó al gobierno peronista en su plan de promover el desarrollo de la industria nacional, cobijó igualmente a la industria cinematográfica al diseñarse en el Banco de Crédito Industrial una línea exclusiva de préstamos de fomento a los productores cinematográficos. Así entonces, a través del diseño de canales de acceso a créditos oficiales para las empresas productoras, se garantizaron los recursos económicos para que éstas pudieran adelantar sus proyectos sin inconvenientes, dando de este modo respuesta a las demandas del gremio en pro de la mejora en las condiciones de producción para cumplir con las exigencias contempladas en la Ley del Cine (Kriger, 2009, p. 47‐50). De este modo, la industria cinematográfica se encontró en una situación privilegiada que le permitió superar la crisis precedente, llevando al cine argentino del periodo a un momento de auge que se expresó en el crecimiento de las empresas productoras y el incremento del número de estrenos en las salas de cine.

Profundización de la relación Cine‐Estado.

El año 1949 marcó un importante cambio en la manera en que el gobierno de Perón se relacionaba con la sociedad. La consolidación del poder del gobierno peronista y su afianzamiento como fuerza política fue palpable tras su contundente triunfo en la elección de constituyentes y la reforma a la Constitución realizada ese mismo año9. El fortalecimiento del ejecutivo a través de la centralización del poder, el control de la información emitida en los diversos medios de comunicación y la cada vez más enconada

operando el diseño de separar lo nacional de lo local, así, durante los primeros años del gobierno peronista, la Dirección General de Espectáculos Públicos se encargaba de controlar los aspectos políticos e ideológicos, mientras las comisiones municipales vigilaban los contenidos morales de las películas, pudiéndose entonces censurar de acuerdo a criterios locales películas autorizadas por la Dirección de Espectáculos. (Kriger, 2009, p. 51‐52.)9 La Constitución de 1949, conocida como Constitución Peronista, reforzó el poder del Ejecutivo e incorporó el concepto de Justicia Social a los derechos contemplados, incluyendo normas específicas sobre los derechos relativos a la vivienda, la seguridad social, la ancianidad y la igualdad de las mujeres. Quedó derogada tras el golpe de estado que derrocó el gobierno de Perón en 1955.


condena a las críticas de la oposición, dan cuenta del sesgo cada vez más personalista que iban adquiriendo las relaciones entre el Presidente y la sociedad en medio de una creciente crisis económica que debilitó las políticas redistributivas que caracterizaron en un primer momento al peronismo, obligando al gobierno a tomar medidas para limitar los créditos oficiales.

El nuevo panorama político y económico afectó notablemente la relación construida con la industria cinematográfica, situación manifestada en las modificaciones que sufrió la Ley de Cine en este momento y que permitieron al gobierno ejercer un control más estricto sobre las producciones. Bajo la tutela de Raúl Alejandro Apold, recién posesionado en 1949 al frente de la Subsecretaría de Informaciones, la Ley del Cine fue modificada, otorgando al ejecutivo la facultad exclusiva de la censura al arrogarse la capacidad de determinar quiénes podrían acceder a los beneficios ofrecidos por el Estado de acuerdo a la “calidad artística y cultural” de sus contenidos.

A partir de la nueva Ley, la censura fue unificada en una instancia única nacional y determinada sobre la base de que “cualquier película que de alguna manera exhiba costumbres, problemas sociales o alguna manifestación que pueda afectar el elevado nivel moral y cultural alcanzado por el pueblo argentino, no debe ser incluida dentro de lo prescripto en las disposiciones de las leyes mencionadas” (Kriger, 2009, p. 62). Por otra parte, la Dirección de Espectáculos Públicos de la Subsecretaría de Informaciones fue facultada para determinar, de acuerdo a la calidad de las propuestas, quienes podrían ser beneficiarios de las ayudas contempladas en la ley, necesitándose de su aprobación previa para acceder a los créditos otorgados por el Estado.

Así entonces, resulta evidente el incremento de la intervención estatal sobre la industria cinematográfica, el cual fue justificado en las importantes ayudas recibidas por el sector, aunque como ocurrió durante la vigencia de la primera Ley del Cine, la censura política, si bien fue reforzada en el papel, no fue aplicada de manera implacable, limitándose la mayor parte del tiempo a la inclusión de carteles introductorios que contextualizaran “adecuadamente” la trama, y a la mutilación de escenas consideradas no pertinentes (Kriger, p. 70). Por su parte, las críticas de los sectores de la industria cinematográfica, especialmente los más beneficiados con el proteccionismo estatal como fue


el caso de los productores, no fueron muy fuertes ni cuestionaron de manera frontal las medidas tomadas por el gobierno, situación que puede ser explicada en el escaso interés que tenían en perder los beneficios adquiridos en los últimos años, dando paso a una suerte de auto‐censura previa de sus contenidos como forma de asegurar el acceso a los recursos facilitados por el Estado.

Resulta pertinente mencionar el Festival Internacional de Mar del Plata en 1954, festival que buscó insertar en el circuito internacional al cine argentino sirviéndose de la realización de un gran evento que estuviera al nivel de los mejores festivales del mundo. Las expectativas frente a la llegada de importantes estrellas del momento como Gina Lollobrigida, y el glamur que un evento de estas características despertaba, sirvieron de marco para promover las relaciones internacionales de la industria cinematográfica local y promocionar el cine argentino en el extranjero, logrando de esta manera actualizar los saberes técnicos y artísticos del país, y más importante, la concreción de negocios que permitieron exhibir en diferentes ciudades del mundo las producciones nacionales. De este modo, la industria cinematográfica local se adecuaba a las nuevas políticas económicas planteadas por el gobierno y ofrecía una imagen modernizada de Argentina en diferentes salas de cine del mundo10.

Al mismo tiempo, el Festival de Mar del Plata fue una suerte de herramienta de propaganda política para el peronismo al realizarse en el lugar durante estas mismas fechas el lanzamiento de la campaña política del Partido Justicialista para las elecciones nacionales próximas a realizarse. De este modo, el peronismo refinó en un momento delicado su estrategia comunicacional con el fin fortalecer su imagen a partir del impacto que un evento de la magnitud del Festival le pudiera brindar. Para cerrar, se puede apreciar entonces cómo a lo largo de su gobierno el peronismo moldeó el

10 El Festival coincidió con el momento en el cual el gobierno no sólo había dado un giro importante frente a sus políticas de productividad, contemplando como una de sus principales estrategias la invitación a las inversiones extranjeras en la industria nacional, sino que también buscaba impulsar las relaciones internacionales de Argentina, especialmente con los Estados Unidos. El Festival de Mar del Plata sirvió de ventana para el gobierno de Perón, quien se encargó personalmente de presentar a los invitados internacionales los avances logrados en la Nueva Argentina que bajo su mandato se había estado construyendo (Kriger, 2009, p. 77).


sistema y las prácticas institucionales con respecto a la regulación de la cinematografía nacional, tanto en la producción como en la distribución de las películas, hecho que le permitió, en medio de las tensiones, acuerdos y resistencias propios de toda negociación, no sólo acercarse al sector cinematográfico y construir una interesante relación con él, sino también la posibilidad de contar con herramientas de control que le permitieran moldear una estética que diera cuenta en la pantalla de la Nueva Argentina que se estaba construyendo, aunque el uso de dichas herramientas no haya sido tan escrupuloso como se contemplaba en la Ley.

Ⅲ. Las imágenes cinematográficas del peronismo.

Proyectando la realidad.

La representación del gobierno y los cambios que éste estaba introduciendo en la sociedad se valió del uso de imágenes en movimiento para reforzar su mensaje. Desde las imágenes emitidas en los noticiarios y documentales que copiaban fielmente los hechos del gobierno, hasta los “docudramas”11 y las alusiones hechas al Estado en filmes de ficción, la cinematografía fue parte fundamental de la estrategia de comunicación y propaganda del peronismo, razón que explica la paulatina aparición del Estado en la pantalla grande. En un primer momento la atención del gobierno se centró en las producciones que tenían por objeto divulgar sus actividades y políticas a través de los noticiarios cinematográficos y los documentales. En este caso el interés fue mostrar de manera “objetiva” la realidad que se construía desde el Estado a partir de la articulación de imágenes tomadas del mundo real con guiones que indicaban claramente como avanzaban las tareas del gobierno. Aunque el apoyo brindado a los noticiarios cinematográficos y los documentales estatales no fue exclusivo

11 Los cortos argumentales, conocidos comúnmente como “docudramas”, fueron producciones logradas a partir de la combinación de imágenes tomadas de la realidad con dramatizaciones hechas por reconocidos actores del medio. Su auge se dio durante la gestión de Apold en la Subsecretaría de Informaciones, y autores como Marcela Gené consideran que fueron éstos la innovación más importante en propaganda política en la Argentina de esos años.


del peronismo, sí fue durante este gobierno que se desarrolló la producción sistemática de propaganda política masiva en formato cine.

A lo largo del primer gobierno peronista los noticiarios fueron los principales encargados de difundir la obra de gobierno y dar a conocer la cara de sus funcionarios. El apoyo oficial dado a diferentes empresas productoras de noticiarios garantizó la difusión de las obras del gobierno y reforzó el naciente discurso peronista de la Nueva Argentina, al exhibir imágenes que cautivaran al espectador al hacerle partícipe de la modernización del país, o acercarlo a las bellezas naturales donde podría viajar en sus días de descanso (Marrone, Moyano, Allegretti, 2006, Introducción).

El ascenso de Raúl Alejandro Apold a la Subsecretaría de Informaciones, quien como se mencionó anteriormente, tenía una estrecha relación con el sector cinematográfico, implicó el desarrollo de formatos novedosos como el documental y los cortometrajes dado que en su opinión, eran más eficaces a la hora de llevar el mensaje a un público masivo y diverso en su composición. La producción de documentales tuvo por fin publicitar los actos del gobierno, para lo que se valió del uso de imágenes tomadas de la realidad que se acompañaban de gráficos, mapas y explicaciones que le aportaban un importante nivel de objetividad y brindaban al espectador la claridad suficiente sobre lo que estaba aconteciendo en el país. Al igual que en el caso de los noticiarios cinematográficos, la producción de documentales ya se había dado en la Argentina, pero fue durante el peronismo que su uso de potenció y paso a ser parte formal de la estrategia de oficial de comunicaciones del Estado.

Por otra parte, la introducción del lenguaje cinematográfico en la política favoreció la creación de una nueva dimensión estética en la que el impacto emocional primó sobre el razonamiento del espectador frente a las imágenes proyectadas en la pantalla. Es así como se dio paso a un nuevo lenguaje que constituyó la base de los cortos argumentales o “docudramas”, y que permitió al espectador identificarse con el argumento al ofrecerle la posibilidad de “compartir” con la historia y los personajes de la ficción los beneficios otorgados por el gobierno, además de identificarse con las estrellas que los interpretaban, al ser éstas elevadas al nivel de iconos para imitar en la moda (Gené, 2005, p. 52).

El “docudrama” se alejó de la objetividad que identificó a los noticiarios


y los documentales tradicionales al incluir elementos de ficción que recreaban la realidad. Con una finalidad propiamente didáctica, esta modalidad de producción no buscó tanto presentar “la realidad”, sino incitar en el espectador formas adecuadas de entender y desenvolverse en ese nuevo mundo que se le estaba presentando como verdadero, por tanto, más que informar al espectador, su objetivo fue instruirlo sobre la manera en que debía desenvolverse en la nueva sociedad que se le presentaba (Gené, 2005). En este sentido, los argumentos giraron sobre temáticas que claramente aludían a los programas del Peronismo, ya fuera para difundir las políticas de Estado y sus beneficios, como por ejemplo Turismo Social de Enrique Cahen Salaberry, 1953; o para proponer reflexiones políticas sobre los temas promovidos por el gobierno a fin de explicitarlos, como el caso de Cuando la plata se hizo argentina de Alberto Soria, 1952 o Payadas del tiempo nuevo de Ralph Pappier, (1953).

Al igual que los documentales tradicionales, los docudramas se sostuvieron sobre una estructura narrativa basada en la dicotomía temporal “ayer/hoy” que enfrentaba un “antes” connotado de manera negativa y representaba la vieja Argentina, con un “ahora” positivo y esperanzador que simbolizaba la construcción de la Nueva Argentina.

La realidad en la pantalla: Mujeres modernas pero hogareñas.

Los largometrajes de ficción producidos durante el periodo 1946‐1955 reflejan en sus argumentos los cambios sociales, políticos, culturales y económicos del momento. A través de sus historias, el cine ofreció modelos y patrones de comportamiento que contribuyeron a la creación de ciertos estereotipos en los que los personajes fueron enmarcados, convirtiéndolos en imágenes para imitar por parte de los espectadores. La aparición en los distintos filmes de instituciones que intervenían en la sociedad con el propósito de solucionar los conflictos existentes; las denuncias sobre problemas sociales que contraponían un pasado connotado negativo con un presente positivo y liberador; o personajes que en sus historias de vida aludían a los discursos oficiales, dan cuenta de la manera en que el cine retrató a la sociedad propuesta por el peronismo (Kriger, 2009).

De este modo, gran parte de la filmografía desarrollada durante la década peronista no sólo contribuyó a popularizar modas y estilos de vida,


sino que con sus historias hizo eco de las escalas de valores, ideas y puntos de vista propuestos desde el gobierno, contribuyendo, como ya se había mencionado, a la conformación del universo simbólico pretendido por el peronismo. El caso de las representaciones femeninas en la filmografía nacional del periodo resulta ilustrativo en este sentido, al condensar en sus personajes las formas en que los discursos oficiales y las políticas adelantadas por el gobierno afectaron su condición en la sociedad durante este periodo. La persistencia de personajes determinados por el esquema clásico dominante que representaba a las mujeres como seres pasivos al margen de los cambios sociales de la época, interesadas únicamente en disfrutar su posición y concretar el ideal del matrimonio como en el filme Esposa último modelo (1950), que compartían ahora la pantalla con mujeres modernas en sus ideas y vidas cotidianas, conscientes de los cambios que sufría la sociedad que habitan, como en la historia de Cosas de mujeres, dan cuenta de la complejidad que supuso la definición de la mujer y sus roles durante los años peronistas12.

Bajo el peronismo la mujer continuó siendo asociada a la figura clásica de esposa y madre encargada de cuidar a los suyos, y con la tarea primordial de mantener la armonía en el hogar. Fuera de casa, el trabajo femenino fue idealizado en la asistencia social, actividad que de alguna manera le permitía extender su rol como de ama de casa al cuidado de los más débiles. Como sostiene Marcela Gené, la prioridad que tuvo la figura de esta mujer hogareña ubicó en un discreto lugar los retratos y escenas que daban cuenta de una mujer moderna, independiente e insertada en el mundo político,

12 La representación femenina clásica en la cinematografía previa al peronismo se construyó sobre la base de dos modelos antagónicos que abarcaban el universo femenino. Por un lado se encontraban personajes dulces e ingenuos, cuya vida transcurría en escenarios ostentosos alejados de la realidad. Dependientes de la figura masculina para desempeñarse en la sociedad, su conflicto era concretar su destino como esposa y madre en el marco del hogar. Películas como Los martes orquídeas (1941) y Su primer baile (1942) son ejemplos perfectos de estas mujeres. Su contraparte fue la artista o cantante, atravesada por la estigmatizada vida del arrabal, a quien la sociedad castiga por no llenar el molde diseñado para las mujeres. En estas películas, de marcado acento popular, el tango no sólo se convirtió en eje de la estructura dramática de la historia, sino que aportó sus divas a la pantalla. Libertad Lamarque es la estrella quien mejor da cuenta de esta situación, con grandes éxitos como Besos brujos (1937) o Madreselva (1937).


modelo que aunque también fue parte de este periodo, no contó en las representaciones visuales, ya fuera en la grafica publicitaria o en el cine, con la misma fuerza que tuvo en los discursos políticos.

Por otra parte, la inspiración que brindó la figura de Eva Perón, considerada de alguna forma “la mujer” que encarnaba en su ser y sus actividades los valores de la mujer argentina, influyó de manera notable en la construcción del ideal femenino del periodo, constituyéndose de esta manera en el icono a emular. El papel desempeñado por Evita, enmarcado tanto en el cuidado de los más débiles al frente de la Fundación Eva Perón, como en el manejo de los aspectos políticos relacionados con el mundo femenino gracias a la presidencia del Partido Peronista Femenino, la llevaron a constituirse en una suerte de guía y protectora de las mujeres, determinando en gran medida la construcción del imaginario femenino de la época.

Así entonces, el espacio femenino no fue transformado de manera importante durante este periodo, si bien hubo cambios fundamentales como el derecho al voto, esto no implicó necesariamente cambios ni cuestionamientos al modelo social establecido desde tiempo atrás. La mujer continuó ocupando un rol secundario y dependiente del varón en la sociedad, manteniéndose su participación en ésta subordinada en gran medida a la guía masculina, tal como la misma Eva Perón lo proclamaba al definirse un instrumento de la misión de Perón13.

De este modo, fue común ver en la pantalla personajes femeninos que afrontaban en sus historias el desafío de conciliar las demandas que envolvía el ser una mujer moderna y profesional, con el cuidado del hogar. Fueron estos personajes mujeres que, aunque respetaban las normas morales extendidas de la época y las lógicas de su destino, transgredían en pequeños detalles el orden social establecido para buscar su realización personal como mujeres modernas. La película Cosas de mujer (Carlos Schlieper, 1951) protagonizada por los actores Zully Moreno y Ángel Magaña, construye su argumento sobre esta problemática.

13 En su autobiografía La razón de mi vida, Eva Perón aclara de manera insistente el lugar que las mujeres deben ocupar en la construcción de una nueva sociedad, apoyando y complementando el trabajo de los varones. Es clara al definir a la mujer a partir de sus roles más clásicos, haciendo énfasis en las diferencias con las feministas de la época, de quienes piensa, han perdido toda femineidad al querer conquistar un lugar en el mundo comportándose como hombres.


Siguiendo los detalles de la vida de Cecilia Valdés, una brillante abogada conocida como “el doctor Valdés”, se narran en clave de comedia los problemas que enfrenta el matrimonio de la protagonista como consecuencia de su entrega al trabajo, lo que lleva a que su esposo, a pesar de ser un profesional igualmente notable, tenga que hacerse cargo del cuidado del hogar, invirtiéndose los roles de los géneros. A lo largo de la historia se representa de manera absurda el caos que reina en este hogar a causa del descuido del “doctor Valdés” frente a la manejo de la casa y el cuidado de sus hijos, llevando a que el personal renuncie ante lo que consideran una situación insoportable, y a que el esposo abandonado, denominado irónicamente “el señor Valdés”, busque en otra mujer, caracterizada por su deseo de atender y acompañar al hombre, la posibilidad de llenar el vacío dejado por su esposa.

Descubierta la infidelidad, “el doctor Valdés” entiende las consecuencias de su entrega al trabajo y hace caso a los reclamos de su esposo que constantemente le hace saber que sólo quiere que ella sea una esposa “normal”, lo que lleva a la brillante “doctor Valdés” a dedicarse a la vida propia de las mujeres casadas de la clase alta, marcada por la asistencia a fiestas y eventos sociales de toda índole. Sin embargo, esto no soluciona los problemas del hogar que continúa abandonado por la mujer, y la insatisfacción del esposo quien siente una importante distancia de su pareja y no sabe cómo hacer de Cecilia la esposa ideal. En medio de esta crisis del esposo, quien aún no logra entender que le pasa a su mujer, aparece un taxista que le comenta, en medio del viaje para buscar a su esposa, que su mujer no sólo cuida la casa y los hijos, sino que también trabaja afuera, pues entiende que a las mujeres de ahora les gusta saber que son útiles más allá de la cocina, haciendo reaccionar al protagonista masculino quien inmediatamente entiende la nueva conciencia de las mujeres sobre su vida y participación en el mundo, autodefiniéndose como un tonto que no había percibido los nuevos sentimientos femeninos.

El final de la película nos presenta una Cecilia que cuenta a los espectadores cómo finalmente pudo solucionar sus problemas y conciliar su trabajo con su hogar, haciendo del matrimonio “una extensión del noviazgo”, frase con la que alude a la felicidad del hogar y al amor de su marido como su máxima realización, abandonando la escena para acudir al llamado de su esposo, jefe indiscutible del hogar. De este modo, la película sugiere la


existencia de una mujer moderna y capaz de desarrollar un lado profesional exitoso, pero sujeta a las demandas del hogar. A pesar de ser Cecilia una mujer activa y participe de las nuevas dinámicas sociales, características que la alejan de aquellas protagonistas ingenuas y ociosas, finalmente no propone transgresiones al orden preestablecido, aceptando de manera pasiva que su felicidad como mujer se encuentra enmarcada en el hogar.

Por su parte, las mujeres marginales, ya fueran madres solteras, trabajadoras o mujeres de los arrabales de la ciudad, fueron redimidas durante este periodo a través de historias en las que gracias a sus valores y lucha diaria se acercaban a destinos felices en los que mejores condiciones de vida y el amor eran su recompensa. Aunque las problemáticas de las mujeres trabajadoras son abordadas de manera subsidiaria en los argumentos de la época, es cierto que en las alusiones a éstas se propone una lectura de clase en la que se hace evidente la incidencia del discurso político que ha abogado por la reivindicación de la clase obrera, ahora parte activa en el proceso de construcción de la Nueva Argentina, y base de apoyo fundamental para el movimiento peronista. Es así como la película Para vestir santos (Leopoldo Torres Nilsson, 1955) protagonizada por Tita Merello, da cuenta de una obrera que hace respetar su posición de trabajadora frente a los desprecios que personas de niveles sociales más altos hacen a los de su extracción popular, apropiándose del discurso que reclamaba la inclusión en la sociedad de los grupos sociales populares, especialmente el obrero.

Por otro lado, las madres solteras son quienes mejor representan la reivindicación de las mujeres marginales en la filmografía de la época, donde hay abundante material sobre el tema. Las madres solteras, otrora rechazadas por la sociedad y castigadas por su inmoralidad, fueron objeto de especial cuidado bajo la tutela de Eva Perón, quien a través de la Fundación Eva Perón procuró la mejora de los Hogares de Transito donde éstas eran atendidas, acercándolas con sus lujosos equipamientos al estilo de vida de las clases altas, en lo que fue definido bajo el concepto “el lujo como reivindicación” (Gené, 2005, p. 133). En este sentido, las madres solteras o abandonadas que luchan por criar a sus hijos con dignidad también encontraron en la filmografía un nuevo destino, lejos de la marca social que antaño suponía su condición.

Así por ejemplo, la misma Tita Merello encarnó en Mercado de Abasto


(Lucas Demare, 1955), a Paulina, una joven puestera que fue engañada al casarse sin saberlo con un estafador bígamo, el que, ante la aparición de su esposa legal, huye abandonando a Paulina con el hijo que estaba esperando. En medio del drama, Don Lorenzo (Pepe Arias), enamorado en secreto de Paulina, y enfrentando su posible muerte debido a una afección cardiaca, le propone a Paulina casarse con el fin de protegerla y darle un apellido a su hijo. Si bien Paulina acepta esta propuesta por el bien de su hijo y realiza un “matrimonio reparador”, ante la recuperación de la salud de Don Lorenzo, pone de manifiesto en sus diálogos el interés de asumir su situación de madre soltera y trabajadora con la dignidad suficiente para hacer de su hijo un buen hombre.

Finalmente, el matrimonio de Paulina y Don Lorenzo no se rompe, y por el contrario, da a Paulina la oportunidad de mejorar su situación económica al hacerse cargo de la dirección del negocio comercial de su esposo, permitiéndole acceder a un nivel de vida que le proporciona las condiciones económicas para asegurar un buen futuro a su hijo. Ante el regreso del padre del niño, quien no duda en sacar ventaja de la nueva condición económica de Paulina, el matrimonio le dio a Paulina la protección necesaria para mantener alejado a su hijo del peligro que representaba el padre, y de paso, la posibilidad de defender a su familia de los riesgos propios de la calle, representados en la escena final por la agitada persecución policial que se escucha desde el interior seguro de la casa.

Otra madre soltera que encuentra en el matrimonio la redención es Marta (Irma Córdoba), la protagonista de Navidad de los pobres (Manuel Romero, 1947). A través de la combinación entre comedia y melodrama, se narra la historia de una pareja conformada por Marta, una madre soltera y pobre, y Don Alfredo (Osvaldo Miranda), un joven y moderno empresario que tiene a su cargo la dirección de los almacenes de su padre, el señor Suarez (Orestes Soriano), dirigiéndolos bajo parámetros que se identifican claramente con los discursos oficiales que alientan las relaciones amistosas entre patrones y trabajadores y la actualización de los pagos de salarios dignos y extras como las recién normadas vacaciones pagas.

La trama inicia con el robo de un juguete por parte de Marta para dárselo a su hijo en navidad, pero descubierta y en medio del escrutinio público, es perdonada por Don Alfredo, quien la considera más que una ladrona, una madre pobre. Marta, quien se ha presentado como una madre


viuda con el fin de evitar la condena social, es acogida por las trabajadoras del Almacén, quienes la llevan a su hogar, una pensión para señoritas, y la ayudan a ingresar a trabajar en los almacenes del señor Suarez, donde a medida que va ascendiendo irá construyendo un romance con su jefe, Don Alfredo. El acercamiento entre la pareja es despreciado por el señor Suarez, quien aún defiende un modelo de sociedad elitista en el que las clases sociales deben mantenerse distantes, cada una ocupando el lugar que les corresponde, haciendo de su anticuado discurso un elemento de contraste frente a los nuevos tiempos de garantías sociales y legales para los trabajadores y la movilidad social que se está viviendo gracias a la distribución de la riqueza.

La parte cómica de la película corre por cuenta de Catita, personaje recreado por Niní Marshall, y que con una gran espontaneidad alude en sus diálogos cambios sociales tan importantes como las nuevas condiciones laborales favorables a los trabajadores al referir por ejemplo el derecho a las vacaciones pagas, la posibilidad de acercar las clases sociales al animar el romance entre Marta y su jefe, Don Alfredo, o la reivindicación de la dignidad de las personas más débiles al defender a Marta aun después de saber que es madre soltera. Finalmente, la aparición del padre del hijo de Marta, un personaje del bajo mundo delincuencial que busca obtener beneficios de la situación de su antigua pareja, ahora novia de un empresario, da al Señor Suarez la excusa perfecta para hacer romper la pareja y desenmascarar a Marta, a quien considera una arribista oportunista.

Con la intensión de obligar a Marta a tomar el dinero de la caja fuerte del almacén de los Suarez, el padre secuestra a su hijo, obligando a Marta a llevarlo hasta donde se encuentra el dinero del almacén, pero gracias a la intervención de Catita y su novio, el robo es frustrado, devolviendo a Marta su hijo y revelando ante el señor Suarez como ella sólo fue víctima de la extorsión de su ex. La impecable actuación de Marta, quien sólo busca preservar la integridad de su hijo, la lleva a ser vista por todos como una mujer impecable moralmente, premiada con el amor de un hombre y el ascenso social a través de su matrimonio, dejando en evidencia la maldad de un ex que justificó la decisión de Marta de criar a su hijo sola.

En el desarrollo de Navidad de los pobres se puede apreciar de manera paralela a la trama central, como transcurre la vida de las mujeres que deben vivir fuera del hogar familiar por su trabajo. Las escenas que recrean la vida


de Marta, Catita y sus compañeras en la pensión de Doña Clara, muestran como estas jóvenes emplean su tiempo libre en actividades propias del mundo femenino como la lectura o los bordados, omitiendo cualquier tipo de alusión a situaciones inapropiadas, reforzando de este modo la idea de una mujer casera que sin importar su condición, se prepara para el cuidado de su propio hogar. Este tópico de mujeres jóvenes viviendo fuera del hogar paterno había sido trabajado tiempo atrás en filmes como Mujeres que trabajan (Manuel Romero, 1938), donde se da cuenta de los espacios y las relaciones que crean las mujeres que salen de sus hogares con el fin de mejorar su situación social, mientras esperan a que sean concretados el matrimonio y la maternidad, persistiendo de este modo la idea de una mujer definida como esposa y madre (Aboy, 2010)

Por último, el filme Deshonra (Daniel Tinayre, 1952), uno de los más emblemáticos de este periodo, cuenta trágicamente la débil situación de las mujeres más vulnerables a través de la historia de Flora María Peralta, interpretada por Fanny Navarro, actriz de reconocida vinculación peronista. Flora es una joven proveniente del campo que culminó sus estudios de enfermería y cristalizó la aspiración de trabajo en el hogar de una acaudalada familia. En su trabajo debía cuidar a Isabel (Tita Merello), esposa del arquitecto Carlos Dumond (Jorge Rigaud), invalida tras un accidente de tránsito con su esposo, y abatida por el dolor de una vida vacía y sin sentido debido a la creciente distancia entre ella y su esposo, y al rechazo que le causaba tener que permanecer encerrada en una mansión que considera fría y húmeda.

La trama de este melodrama se origina en la muerte de Isabel, desencadenada ante el descubrimiento por parte de ésta de la infidelidad de su esposo con la enfermera, quien fue seducida por la galantería y promesas del arquitecto. Ante el hecho, Isabel desea el divorcio, a lo que el arquitecto Dumond reacciona de forma exasperada, dado que podría perder la inmensa fortuna de su esposa, decidiendo entonces la muerte de ésta en un plan diseñado perfectamente para inculpar a la inocente enfermera, quien es condenada y encarcelada, pero que embarazada del arquitecto, hará todo por evitar que su hijo nazca en la cárcel. La trama de la película pone de manifiesto no sólo la vida de las mujeres en la cárcel y su lucha por desmarcarse de la condena social que esto implica, sino que es uno de los filmes que mejor representa la dinámica del lenguaje peronista al mostrar


claramente a través de la historia de Flora y de su vida en la cárcel, los cambios operados entre el pasado y un presente reparador en el que se construye un mejor porvenir.

Así entonces, la vida en la cárcel está determinada en un primer momento por la rigidez de una directora de viejo cuño, quien piensa que el castigo debe ser ejercido con la mayor severidad sobre quienes considera, desechos de la sociedad. El clima de tensión se pone de manifiesto en la violencia que sufren las presas, llegando al extremo cuando un grupo de mujeres es castigado con un baño con mangueras que lleva a la muerte de una de ellas. El médico de la cárcel, encargado de realizar el levantamiento del cadáver, condena enérgicamente la manera de proceder de la directora, cerrando el momento con una frase contundente dirigida a la directora en la que le hace saber que “pasó el tiempo en que la justicia no se detenía en la puerta de las prisiones”. A partir de ahí se da un gran cambio en la cárcel ante la llegada de una nueva directora, cuya mentalidad renovada se basa en el trato respetuoso y delicado con las presas para hacer de ellas personas de bien, llevando a la transformación física del lugar por el orden, la limpieza y el confort reinante en la prisión14.

Por su parte, Flora representa la aspiración laboral femenina más engrandecida durante el peronismo, al ser una enfermera, consideradas durante este periodo el símbolo del trabajo femenino fuera del hogar y el icono por excelencia de la Fundación Eva Perón (Gené, p. 134). Su drama personal se basa en la búsqueda de su realización personal, la cual es truncada en las manos de un oligarca que solo piensa en su bienestar y no tiene escrúpulos a la hora de pisotear a los más débiles para disfrutar de su vida y sus riquezas, correspondiéndose de este modo el papel del arquitecto Dumond con las alusiones hechas en los discursos de Eva y Perón a esta clase social de la cual se declararon abiertamente enemigos.

Sin embargo, el deseo de Flora de que su hijo nazca en libertad y de buscar esclarecer la verdad de lo ocurrido, la llevan a huir a pesar de las notables mejoras en el presidio y de los consejos de la directora, quien se encuentra gestionando su pronta libertad. Tras una muy bien lograda escena

14 Los cambios que se presentan en la cárcel a lo largo del filme, aluden claramente a los proyectos de reformas introducidos por el Director de Institutos Penales Roberto Pettinato durante este periodo.


en la que Flora huye y es perseguida por la policía a través de las cloacas en medio de una noche lluviosa, finalmente puede llegar hasta la casa del arquitecto Dumond, ahora comprometido con una señorita de la alta sociedad, con la idea de enfrentarlo y hallar respuestas al porqué de lo que pasó, encontrándose con un personaje que no sólo justificó lo sucedido, sino que ante la amenaza que representaba Flora, armada en este momento, no vacila en disparar a la joven enfermera.

El empeño y la lucha de la enfermera Flora María son compensados al descubrirse el plan trazado por el arquitecto, finalmente condenado, y al poder concretar su sueño de dar a luz fuera de la prisión, a pesar de encontrarse herida de muerte. El parto, ocurrido en la mejor maternidad del país al decir de la directora de la cárcel, que en estos momentos finales acompaña a Flora como una madre protectora, es la reivindicación de los maltratos y humillaciones sufridos por la enfermera injustamente condenada, y aunque Flora paga con su vida su ingenuidad, su hija recién nacida representa su reivindicación en un futuro simbolizado en la escena final como un lugar donde se ha superado el decadente orden precedente.

Conclusiones.

Uno de los principales intereses del peronismo tras su ascenso al poder fue la creación y consolidación de una importante base de apoyo en la que sostener su proyecto político. Consciente de su debilidad relativa frente a los partidos políticos tradicionales, que ya gozaban de un importante arraigo a lo largo del país, el peronismo debía construir un sistema que permitiera a las personas identificarse con sus ideas, políticas y proyectos. En este sentido, resultó fundamental el desarrollo de un aparato de publicidad que difundiera su obra y diera a conocer a las personas que hacían parte del gobierno, siendo las imágenes parte fundamental de dicho propósito, y el cine en particular, un elemento innovador y adecuado dada su repercusión en la sociedad. De este modo, el cine sirvió para poner al alcance del público masivo una representación de los cambios que se estaban dando en la sociedad, sugiriendo una nueva realidad marcada por finales de características conciliatorias en los que los protagonistas son reivindicados e insertados en la sociedad. El caso de los personajes femeninos representó uno de los


cambios más notables, al presentar en sus historias la posibilidad de llevar una vida sin las recriminaciones sociales frente a situaciones particulares como ser madre soltera o trabajar fuera del hogar. A lo largo de las historias mencionadas emergen entre los diálogos líneas que permiten identificar en la pantalla los discursos oficiales sobre el papel de las mujeres, consideradas parte fundamental del proceso de construcción de la Nueva Argentina al tener bajo su cuidado el hogar, base de la sociedad. Así entonces, las mujeres se vieron estimuladas a llevar una vida moderna en la que su realización personal combinaba las tareas en el hogar con el desarrollo de ocupaciones fuera de éste, o en el caso de las madres abandonadas o solteras, fueron reivindicadas, adquiriendo una nueva legitimidad social basada en sus valores como personas deseosas de salir adelante.

En este sentido, la figura de Eva Perón resulta fundamental gracias a su incidencia en la escena sociopolítica del país dada su importante actividad al frente de la Fundación Eva Perón y del Partido Peronista Femenino. Su historia de vida y su origen humilde pudieron ejercer interesantes influencias en el imaginario popular al facilitar relaciones entre sus propias vivencias y las situaciones melodramáticas que atravesaban las protagonistas de estas películas. Para cerrar, se puede decir entonces que el apoyo brindado a la industria cinematográfica en medio del propósito de construir un sistema de publicidad que permitiera consolidar y aumentar el apoyo logrado en las urnas en 1946, posibilitó la emergencia de un repertorio filmográfico con la capacidad de ejercer como mediador simbólico entre la naciente fuerza política y la sociedad. En este sentido, la cinematografía contribuyó a recrear a través de sus historias a la Nueva Argentina que el gobierno proponía, por ello, la “armonía social” ostentada en los filmes puede entenderse como una coincidencia de los objetivos del peronismo y la intencionalidad propia del cine de retratar en la pantalla un ideal de la realidad en la que se desenvuelve.

Bibliografía.

Aboy, R. (2010). Intimidad domestica en los años del primer peronismo. Las representaciones de la pensión en el cine argentino de los años cuarenta. En: Soria, C.; Cortés P.; Dieleke, E. (Edits.), Políticas del


sentimiento. El peronismo y la construcción de la Argentina moderna (pp. 143‐161). Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros.

Gene, M. (2004). Imágenes de Familia. Representaciones del Estado y Sociedad en la propaganda grafica peronista, Buenos Aires (1945‐1955). Revista Comunicación Política. Recuperado el 16 de diciembre de 2012 en http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/ index.php/RCM/article/viewFile/12085/12441.

Gené, M. (2005). Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo, 1946‐1955 (1ra edición). Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Indij, G.; González H.; Santoro, D. y López, E. (2006). Perón mediante: gráfica peronista del periodo clásico (1ra ed.). Buenos Aires, Argentina: La marca Editora.

Kriger, C. (2009). Cine y peronismo. El estado en escena (1ra ed.). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

Manzano, V. (diciembre, 2001). Trabajadoras en la pantalla plateada. Representaciones de las trabajadoras en el cine argentino, 1938‐1942. Revista de Estudios de Género. La ventana, Vol. II, (14). pp. 267‐289. Recuperado el 20 de enero de 2012 en http://redalyc. uaemex.mx/pdf/884/88412394010.pdf

Marrone, I. y Moyano, M. (2006). Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la historia 1939‐1960 (1ra ed.). Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto.

Pérez Villareal, L. (1998). Visiones e imágenes de la mujer en la historia del cine latinoamericano. Americanistas. Recuperado el 22 de enero de 2012 en http://www.americanistas.es/biblo/textos/08/08‐109.pdf

Rodríguez, R. y Rodríguez, R. (2008). Deshonra o la trama enrejada del cine y la política, en Nuevo Mundo Nuevos Mundos, Recuperado el 16 de enero de 2012 en http://nuevomundo.revues.org/25902

Fuentes Audiovisuales.

Demare, L. (Director). (1955). Mercado de Abasto (película). Argentina: Artistas Argentinos Asociados.

Romero, M. (Director). (1947). Navidad de los pobres (película). Argentina:


Argentina Sono Film.Schlieper, C. (Director). (1951). Cosas de mujer (película). Argentina:

Interamericana/Mapol Film.Tinayre, D. (Director). (1952). Deshonra (película). Argentina: Interamericana/

Mapol Film.


María Cristina Osorio Villegas. Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y Magister en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Quito. Actualmente adelanta estudios de Doctorado en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella en la ciudad de Buenos Aires. Sus intereses investigativos actuales son la historia política latinoamericana, las relaciones simbólicas entre el poder y la sociedad, la historia de las imágenes y la propaganda política. Mail de contacto: [email protected]



PERCEPCIONES DE LOS ACADÉMICOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A LAS EMPRESAS EN LA ARGENTINA.

ACADEMIC PERCPTIONS ON TRANSFER OF KNOWLEDGE TO INDUSTRY IN ARGENTINA

María Fernanda Arias. CONICET/ Universidad Nacional de San Martín [Argentina]

Resumen. El presente estudio trata de develar las representaciones sociales1 de los funcionarios de las universidades argentinas acerca de su contribución con el mundo productivo a través de la transferencia de conocimientos. La revolución científica y tecnológica que comenzó hacia los años 50 del siglo pasado se profundizó en el tiempo y el conocimiento pasó a reemplazar al capital como generador de riqueza. Consecuentemente, las universidades contribuyeron cada vez más en el mundo desarrollado a avanzar en la producción de nuevos bienes y servicios. Sin embargo, la producción científico-tecnológica continúa concentrada en los países desarrollados y América Latina y en ella, la Argentina, contribuye muy escasamente en la generación de conocimientos innovativos. La respuesta a esta problemática es generar una relación estrecha entre la universidad, la empresa y el estado para coordinar conjuntamente la política científico-tecnológica de los países. Sin embargo, de acuerdo a los consultados, esta receta que ha tenido buena acogida dentro de los países desarrollados, no se ha implantado de la misma

1 Las representaciones sociales son esquemas de pensamiento constituidos en parte por elementos cognitivos y emocionales que forman parte de lo que se denomina sentido común, o sea de lo que es compartido por personas que se interrelacionan entre sí por motivos de proximidad física, social, geográfica etc. Consideramos que los funcionarios universitarios constituyen un grupo social bastante homogéneo que posee sus propias representaciones sociales.


manera en Argentina.

Abstract. The present study tries to unveil social representations of argentine universities’ officials about their contribution to the productive world through transfer of knowledge. The scientific and technological revolution that began around the middle of last century deepened over time and knowledge replaced capital as a generator of wealth. As a result, universities contributed increasingly in the developed world to make progress in the production of new goods and services. However, the scientific-technological production remains concentrated in developed countries and Latin America and in it, Argentina, contributes very sparsely in the generation of innovative knowledge. The solution to this problem is to create a close relationship between University, Companies and State to jointly coordinate the scientific-technological policy of countries. However, according to respondents, this recipe which has been successfully installed in developed world has not yet been adopted in Argentina.

Palabras claves: percepciones sociales, academia, industria, conocimiento, Argentina.Key words: social perceptions, academy, industry, knowledge, Argentina.

Ⅰ. Introducción

En nuestros días, la sociedad planetaria se ha convertido en la sociedad del conocimiento en la cual el principal anhelo es dirigir la inteligencia humana hacia la generación de más y mejores bienes y servicios. La sociedad del conocimiento es descripta por algunos autores como aquella basada en el saber y la especialización, cuya importancia es creciente en cuanto logra la prosperidad económica y la mejora de la calidad de vida. La enseñanza, la investigación, el desarrollo y la innovación serían los pilares de esta nueva sociedad (Mateo, 2006, p.1). Otros, en cambio, se concentran en el desarrollo de las ciencias de la información, para ellos la sociedad del conocimiento sería aquella en la que los países y las regiones compiten por una mayor información, por un “capital cognitivo” mayor, lo que supone un poder superior en el concierto mundial (Boisier, 2001, p.1). Mientras en la

María Fernanda Arias 111

Edad Antigua y en el Medioevo, el trabajo se basaba fundamentalmente en la fuerza física del hombre, con la irrupción de la revolución industrial, la anatomía humana fue sustituida por la máquina como factor de energía y producción.

Pero, es en nuestra era cuando cobra mayor importancia el pensamiento humano orientado a la producción de ciencia y tecnología tanto en el campo de la robótica, cibernética, las energías alternativas, tecnologías aplicadas al mejoramiento de las especies vegetales, animales y aún humanas. Paulatinamente, en todos los campos, aún en los productos agroindustriales, las mercancías, han ido incorporando un fuerte componente de conocimiento. Es decir, el valor agregado que sería el componente cognitivo, ha aumentado aún en la producción agroalimenticia.2

A partir del siglo XX y con especial intensificación en los años posteriores a la II guerra mundial, se produjo en el mundo una revolución científica y tecnológica que renovó la faz de la tierra. El mundo se convirtió en una aldea global como gustaba llamar a Marshall McLuhan (1998, p.21). Las distancias se acortaron gracias al desarrollo de las comunicaciones y de la tecnología. Este fenómeno que actuó sobre la economía ampliando los mercados y facilitando la adquisición de mano de obra, materias primas y productos industrializados, también produjo una tecnología más sofisticada. Sin embargo, Manuel Castells considera que la maravillosa expansión de la revolución científica tecnológica en el mundo produjo una brecha mucho más profunda entre las poblaciones del mundo y dentro de los mismos países sobre todo en los menos desarrollados. (Castells, 2001, p.101-110). Este fenómeno se muestra claramente en el caso de Latinoamérica.

América Latina y el Caribe (ALC) experimentaron un período de bonanza económica a partir de 2002, consecuentemente con el ciclo expansivo que se manifestaba en el resto del mundo. En líneas generales, esta bonanza mejoró los índices de inversión en investigación y desarrollo de la región. En ALC, Brasil fue el país que manifestó un mayor aumento en I+D. De cualquier manera, ALC seguía invirtiendo en 2008 una proporción

2 Véase Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2010). “La Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos en Iberoamérica. Situación actual y Tendencias”. El estado de la ciencia 2010. Buenos Aires: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT).


muy escasa de la inversión mundial en I +D (3%) comparada con la que invertían Estados Unidos y Canadá (35,3%) y Europa 25% (RICYT, 2010, p.4). También es un dato importante destacar que mientras en los países desarrollados, la inversión privada en I+D es mayor que la pública con respecto al total de la inversión en investigación y desarrollo, en ALC oscila entre el 30 % y el 40%. Existen diferencias entre países: mientras en Brasil, las empresas privadas invierten cerca de 50% del total de la inversión en I +D, en Argentina, este porcentaje es aproximadamente 30%. (RICYT, 2010, p, 8).

Existen explicaciones para que Latinoamérica soslaye las inversiones en I + D. Su patrón de especialización productiva está muy vinculado a las llamadas ventajas comparativas estáticas (VCE) caracterizadas por la industrialización de materias primas o de bienes intensivos en trabajo. En cambio, las economías de alto desarrollo, inclusive los nuevos países desarrollados del Sudeste Asiático, han incrementado las ventajas comparativas dinámicas (VCD), es decir, la transformación de los productos a través del incremento de los avances científicos y tecnológicos. (Lemarchand, 2010, p.82-83). Otras mediciones como la brecha de productividad laboral3 entre países desarrollados y nuevos países industrializados y ALC demuestran este fenómeno de estructuras de producción diferentes: los primeros incrementando la utilización de tecnología más sofisticada y los segundos, manteniendo un patrón de producción más tradicional. Los países asiáticos disminuyeron su brecha de productividad laboral con los Estados Unidos. En cambio, la brecha aumentó en el caso de los países de ALC. O sea que el valor agregado de los países asiáticos aumentó y se emparejó con el de Estados Unidos, considerado uno de los países que se encuentra en la frontera de los avances tecnológicos. (Lemarchand, 2010, p.82-83).

La sociedad del conocimiento implicó cambios en el área educativa. La universidad como la conocimos en el siglo XX, que dictaba sus propias normas, dedicada a la búsqueda de la verdad por la verdad misma fue cambiando sus aspiraciones. Se hizo evidente la intención de que los altos

3 La productividad laboral mide el valor agregado de conocimiento que poseen los productos manufacturados de los países. Es un dato importante para comprobar el avance científico-tecnológico de los mismos.


estudios siguieran el curso de lo que sucedía en la sociedad: la búsqueda de conocimiento que se relacionara con las necesidades prácticas del individuo en una sociedad global: un individuo que estaba acostumbrado y aspiraba a consumir más y mejores bienes materiales, especialmente bienes suntuarios, que viajaba y se comunicaba más y que además deseaba que su comunidad produjera en mayor cantidad y calidad. Más específicamente, las investigaciones llevadas a cabo por las universidades y los centros científicos tecnológicos trataron de orientarse hacia aquellas disciplinas que tuvieran en cuenta el desarrollo económico de los países como las llamadas ciencias duras: la biotecnología, la farmacología, la cibernética, la física, la robótica.

Una de las claves para solucionar el aparente divorcio de las instituciones educativas de la realidad global era alentar la relación entre el aparato productivo y la universidad a través de vínculos desde el sistema de pasantías para que los alumnos universitarios se relacionaran con las empresas, pasando por las consultorías, los cursos de capacitación hasta la cooperación de las empresas en las actividades de investigación de las universidades. Ahora bien, este fenómeno se produjo con mayor profundidad en los países desarrollados y en los nuevos países desarrollados como los del Sudeste Asiático. No sucedió lo mismo en Latinoamérica, con excepción de Chile y Brasil en donde se fomentó la vinculación con la industria privada aunque, sobre todo, en el caso de Brasil con una fuerte inversión del aparato estatal, lo que en principio garantizó el beneficio para el país.

La vinculación universidad, empresa y estado dio lugar a posiciones muy disímiles. Por un lado, existe una literatura que promueve la relación entre las universidades, las empresas y el estado. En la Argentina, existió un movimiento científico llamado del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo que sostenía que ningún desarrollo científico era ideológicamente neutral y que mientras en los comienzos de la ciencia en nuestro país se pretendía que fuera independiente de las decisiones políticas, los nuevos planteamientos debían tener en cuenta que el desarrollo socio-económico de un país dependería de las investigaciones que los políticos estimaran como relevantes (Martínez Vidal, 2002). Es decir, la ciencia no podía ser un fenómeno independiente que produjera conocimiento sin relación con las necesidades del medio ambiente y social. Si bien, en algunos autores, las posiciones caían en un extremo ideológico exacerbado como lo es en el caso de Varsavsky para quién el estilo científico debería ser


afín con una sociedad socialista, (Vasen, 2011, p.11), el planteamiento era razonable: la ciencia por la ciencia misma no iba a resolver los problemas locales y comunitarios del lugar en el que se desarrollaba. Debían establecerse prioridades políticas a fin de satisfacer las necesidades más urgentes.

La decisión política debía imponer prioridades o relevancias. Ahora bien, con el correr de los años y, especialmente, entre fines de los 60 y 90, un nuevo paradigma se impuso: la ciencia y la tecnología debían ir acompañadas de dos vértices nuevos, el estado y la empresa (Sabato, Jorge y Natalio Botana, 1968; Etzkowitz, h., y Leydesdorff, L. 1998 y 2000). Era ineludible que los tres vértices conjugaran sus intereses para bien del desarrollo del país y para que su competitividad internacional aumentara. Si bien algunos de los autores no se fijaban mayormente en los valores e ideales que debían congeniar tanto los empresarios como los universitarios y el estado (podía ser sólo la rentabilidad o el desarrollo económico y social del país), muchos de ellos apoyaban el desarrollo paralelo de los tres sectores.

Parte del mundo académico respondió negativamente a estas vinculaciones por diferentes motivos: algunos consideraron que se trataba de perseguir a la universidad como fuente de libertad así como el comunismo o el nazismo habían perseguido a la educación en su momento aunque de forma más sutil. (Robert Cowen, 1996, p.246); o porque las investigaciones pagadas por las empresas estarían dirigidas a resolver problemas puntuales y no siempre necesarios para la sociedad en su totalidad; porque se produciría la privatización del conocimiento al servicio del sector económico (Naidorf, 2005, p.103); porque los objetivos de las empresas no siempre tendrían que ver con las necesidades de la sociedad en la que se hallaran sino con el beneficio de la compañía etc. Por otro lado, más recientemente, salieron a la luz algunas publicaciones que consideran que la relación entre la ciencia y la sociedad no debe ser enfocada ni desde un punto de vista lineal, como sostenía el paradigma de la preguerra, ni únicamente basado en lo económico. Además el tema de la relevancia de las ciencias debería cobrar una mayor dimensión y debería ser tema de discusión de varios grupos societarios: las empresas, universidades, el trabajo, los partidos políticos etc. (Vasen, 2011, p.22-24)

Este artículo tiene como objetivo analizar las opiniones de los funcionarios de universidades públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de


Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense acerca de la relación universidad-empresa-estado en la sociedad del conocimiento actual. En este caso, se analizarán las percepciones acerca de la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos entre los centros de altos estudios universitarios y las empresas nacionales y extranjeras del país y la intervención del estado. Nuestra intención no es abordar la discusión sobre la oportunidad ética de la relación, que sería objetivo de otro artículo, sino sobre el pensamiento de los funcionarios universitarios argentinos sobre tal vinculación en el área de la transferencia de conocimientos.

Como hipótesis de trabajo y teniendo en cuenta la situación de la Argentina dentro de los países periféricos en cuanto a la producción de alta tecnología y por ende de posibles vinculaciones entre las universidades, las empresas y el estado, consideramos que las percepciones generales serán que las relaciones entre estos ámbitos son problemáticas. Lo que cabría preguntarse es si los científicos o miembros de las universidades apoyan o no este acercamiento, cuáles son las dificultades que se presentan, cómo ven el futuro de la relación etc. Estos son los puntos que abordaremos en la investigación.

Ⅱ. Metodología.

Se utilizó una metodología de tipo cualitativo. Se trató de interpretar las percepciones de los académicos acerca de la vinculación mencionada a través de entrevistas en profundidad. En total se realizaron 24 entrevistas en profundidad a funcionarios académicos de universidades públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense. Es en esta área donde está concentrada más de un 30% de la matrícula universitaria nacional. Además, cuenta con variedad de universidades de distinto tipo de gestión y distinta antigüedad desde la más antigua, la Universidad Nacional de Buenos Aires que concentra más de 400.000 alumnos, hasta universidades privadas con poco alumnado como la Universidad de San Andrés en el partido de San Isidro en el Gran Buenos Aires.

Los entrevistados fueron elegidos principalmente por su relación con el tema. Es decir, se eligieron académicos de las facultades o universidades que son más proclives a actuar con las empresas y también con el estado. Por


ello, los entrevistados proceden, casi enteramente, de las facultades de economía, administración de empresas, negocios, ingenierías, ciencias exactas y naturales y funcionarios dedicados exclusivamente a la vinculación. Excluimos a las humanidades y a representantes de las ciencias sociales y de otras ciencias porque privilegiamos a los entrevistados que poseían una relación más estrecha con las vinculaciones efectivas a través transferencia de conocimientos que son más propias de esas carreras. Comenzamos ubicando a aquellos funcionarios que tenían a su cargo el desempeño de la vinculación como secretarios de extensión y de vinculación a nivel rectoral. Y luego a autoridades y profesores de las disciplinas antes mencionadas.

Como resultado, se obtuvieron 24 entrevistas en las siguientes universidades o institutos universitarios: públicos: Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI)(1), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (4), Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) (1), Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) (2), Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) (1), Universidad Nacional de Lanús (UNLA) (1), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) (3), y privados: Universidad Católica Argentina (UCA) (5), Instituto Universitario ESEADE (1), Universidad de San Andrés (UdeSA)(1), Instituto Tecnológico Buenos Aires ( ITBA) (3), Universidad Austral (1).

Las preguntas fueron semi-estructuradas y funcionaron como especies de disparadores para que el entrevistado pudiera decir abiertamente lo que pensaba del tema pero que también pudiera libremente relacionarlo con otros asuntos que le interesaban. Para la realización de este artículo, hemos seleccionado las respuestas que tienen que ver con las transferencias científicas y tecnológicas y hemos dejado de lado los otros temas que serán material de futuros trabajos y artículos.

El artículo ha sido dividido en dos partes. En la primera se analizan las respuestas de los académicos de las universidades públicas y en la segunda, las de las universidades privadas. Si bien las opiniones son convergentes, la división se realiza por varias cuestiones. En primer lugar, el sector público universitario concentra una cantidad de alumnado y profesores mucho más significativa que el sector privado; en segundo lugar la importancia de la investigación en el sector público es significativamente superior a la del sector privado,4 Las universidades públicas son mucho más antiguas que las


privadas, por lo cual las actividades de investigación cuentan con muchos más años y son más prestigiosas a escala nacional y mundial. En tercer lugar, los incentivos públicos se dirigen especialmente hacia la actividad científica pública que se realiza en universidades o centros de investigación del sector estatal. Sólo en los últimos años, se abrieron canales de financiamiento público para el sector de enseñanza superior de gestión privada que está tratando de desarrollar investigación en diferentes campos.

Aunque algunas universidades privadas tienen fuertes conexiones con el medio empresarial como la Universidad de San Andrés, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), La Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y el Instituto Tecnológico, Buenos Aires (ITBA), su relación con la empresa en el área de la transferencia de tecnología es mínima. Ello se debe a que la presencia de la inversión privada en I+D en el sistema científico tecnológico es muy reducido. Se prestigia la relación de las universidades y la empresa en el régimen de pasantías de alumnos, como fuentes de reclutamiento de recursos humanos pero no se percibe interés en las actividades de investigación de las universidades privadas. Por ello, y porque las universidades privadas se mantienen gracias, principalmente, a su matrícula estudiantil y con pocas inversiones de los organismos públicos de ciencia, la investigación es escasa y concentrada en proyectos de pequeño y mediano plazo y además, muchas de ellas, en desarrollos de ciencias humanísticas y sociales.

Ⅲ. Las opiniones de los académicos en las universidades públicas.

En líneas generales, los académicos aprueban la relación entre universidad, empresa y estado. Consideran que dado el desarrollo de las nuevas aplicaciones de la ciencia y la tecnología, la relación debe estrecharse. También ven con complacencia los avances que ha producido el estado a través de la creación de unidades de vinculación en las universidades y del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCYT) a nivel nacional. Además, favorecen el cambio en el perfil de los nuevos

4 Alrededor de un 90% de la actividad de I +D se concentra en las universidades públicas.


investigadores que han adquirido otras calificaciones inherentes a este avance de la ciencia y de la técnica para solucionar problemas sociales y avanzar en el desarrollo económico.

Es decir, los científicos se diferencian sustancialmente de lo que la comunidad científica argentina consideran que son sus padres fundadores como los Premio Nobel, Bernardo Houssey, Federico Leloir y César Milstein quienes se caracterizaron por realizar investigación pura sin detenerse en pensar las implicancias prácticas de sus hallazgos. Por ejemplo, Houssey fue el fundador del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que sigue teniendo un sesgo eminentemente teórico y poco tecnológico. Sin embargo, notamos cómo las nuevas generaciones han sido formadas en otros contextos, más acordes con las prácticas de aplicabilidad del conocimiento.

Ahora bien, ¿hasta qué punto, la ciencia y la tecnología se relacionan con la actividad productiva y el investigador pasa a convertirse en un productor de innovaciones? Esta nueva faceta de la ciencia que nació hace pocas décadas parece haberse internalizado en los planes de estudio, en los graduados más jóvenes y en las instituciones relacionadas con la investigación. Pero los entrevistados consideran que debería ser promovida desde las instituciones en mayor medida.

Un investigador de Quilmes5 considera que en pocos años los nuevos científicos han despertado su interés por la transferencia científica y tecnológica hacia las empresas. Por otro lado, su formación en las universidades es distinta y tiende a que se estimulen esas competencias que tienen que ver con la gestión en proyectos científicos y tecnológicos financiados por entes estatales y privados. Dentro de las nuevas competencias de los científicos se encuentran las habilidades para generar dinero para las universidades y centros de investigación a las cuales pertenecen y además para ellos mismos, ya que el sueldo de los investigadores es bajo en relación al promedio de los profesionales.

5 La Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI) es una de las nuevas universidades del Conurbano Bonaerense, creadas en los años 90 con una cierta ideología: por un lado, desconcentrar a la Universidad de Buenos Aires, llegar a las poblaciones menos favorecidas de la Pcia. De Buenos Aires y realizar una mayor interrelación con el medio social, por ejemplo, con las empresas productivas locales a través de la transferencia del conocimiento.


“Pero es bastante nueva esta idea de que los científicos y los tecnólogos deben pensar un poco en cómo aplicar sus conocimientos a problemas sociales entre otras cosas porque hay que ayudar a la sociedad pero, también, porque se puede ganar plata. Y esto es lo nuevo. Que un científico piense que esto que está en el laboratorio en vez de publicarlo así nomás en una revista o simplemente hacer una tesis, también lo patente. Si guardo algo de información confidencial, por ahí una empresa le interesa, lo licencia, gana un montón de plata, mi institución gana un montón de plata y es una forma también de contribuir.” (Diego de UNQUI).

Diego de UNQUI, comprueba que la mentalidad de los nuevos graduados esta mucho más orientada hacia la aplicabilidad de las ciencias. Si bien no saben tanto de ciencia clásica, son más diestros en la parte técnica y en la aplicación de las operaciones de los productos de laboratorios. Puede ser un peligro dejar de lado la parte teórica pero también la inclinación hacia la practicidad de la ciencia puede resultar muy provechosa, comenta Diego.

“Yo veo que hay un cambio entre los más jóvenes. Yo particularmente veo que hay una diferencia muy importante entre un graduado en biotecnología que es lo que formamos acá y biología que es en lo que me formé yo. Un graduado en tecnología no maneja evolución o genética clásica pero tiene un manejo del mundo de laboratorio y de las aplicabilidades del mundo del laboratorio que nosotros no tenemos. Si eso se sigue fomentando y va creciendo creo que puede ser bastante exitosa la ecuación que plantea el ministerio. Por ahora, hay poco margen para aprovecharlo pero creo que insistiendo va a ser el mejor camino siempre y cuando no se caiga en la miopía extrema contraria que es desdeñar la llamada ciencia básica. Bueno, ahora, muchachos es todo para aplicaciones, sí. Es una tentación decir eso porque además para el gran público, para los que trabajan en esto,…siempre y cuando se deje una parte importante del presupuesto y de la planificación para los temas líderes y la llamada ciencia básica, me parece que las vinculaciones van ganando adeptos y recursos.” (Diego de UNQUI).


En muchos casos, la posibilidad de patentamiento de los inventos o descubrimientos y el licenciamiento es un proceso lento, muy largo y muy costoso y los centros de investigación no están preparados para realizar esta tarea que los propios investigadores desconocen. El patentamiento significaría un paso importante en la transferencia de los productos de la investigación científica y tecnológica a la sociedad y, lamentablemente, es un ejercicio que muy pocos conocen.

“Hay un mundo de la aplicabilidad que es camino de ida, básicamente porque es un mundo de papeleo, un mundo de burocracia, que podía facilitarse. Hay intenciones de que se facilite. El CONICET de pronto, ha mejorado mucho, tiene un montón de patentes. Pero es complicado. Nosotros no sabemos hacerlo. Yo no sé escribir una patente. Menos que menos sé sentarme en una negociación con una empresa para licenciarla, no sé dónde mandarla afuera, son cosas muy caras. Requiere una inversión del estado bastante fuerte y es un riesgo. Así que todo ese camino burocrático administrativo podría facilitarse mucho más para los investigadores. Que cada institución tuviera una oficina fuerte de vinculación. Muchas no tienen. Esta no tiene, por ejemplo. Pero que supieran bien de qué se trata. Que hubiera gente entrenada en el tema de patentamiento, de licencias etc. eso sin duda que ayudaría mucho. Y después insistir con las herramientas de apoyo y de financiamiento. Que sean muy seductoras que valgan la pena torcer un poco el rumbo desde ese lugar.” (Diego de UNQUI).

Diego es muy sincero con respecto a la transferencia de los conocimientos: no sólo trae provechos a la sociedad sino también al bolsillo del investigador. Esto que parecería muy brutalmente planteado debe comprenderse en el contexto de lo que sucedió en la ciencia argentina durante muchos años pero, en especial, en la década del 90. La política del Presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) no sólo tuvo como consecuencia la desindustrialización del país sino también el retroceso del sistema científico tecnológico. Durante toda esa década no sólo se invirtieron exiguos dineros en I+D sino que también los salarios de los investigadores se minimizaron por lo cual muchos de ellos decidieron emigrar del país.


Consecuencia de ello fue la fuga de cerebros, la descapitalización del conocimiento y la ciencia, el fracaso de proyectos científicos etc. Diego ve con preocupación que esto vuelva a suceder y es su intención asegurar la tranquilidad moral y familiar del investigador que es un trabajador más. Por otro lado, percibe que sin financiamiento es imposible que el sistema científico tecnológico funcione en el país y las fuentes estatales son agotables por lo cual hay que pensar en el apoyo privado.

Un profesor de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)6 consideraba que la universidad debía afianzar estas vinculaciones con la empresa. Ponía el ejemplo de otros países como España en donde Universidades técnicas como la Politécnica de Valencia poseía mecanismos a través de los cuales los profesores podían libremente crear proyectos y ofrecerlos a las empresas ganando un porcentaje de lo obtenido por esos proyectos y dejando importantes ganancias para la universidad. De ninguna manera, este tipo de actividades se veía mal. Al contrario, se consideraba que ayudaba a la sociedad, a la empresa, al profesor y a la universidad.

“Por ejemplo, en España, yo me acuerdo haber hablado con gente de la Politécnica de Valencia, gente de la oficina de transferencia tecnológica. Hoy un investigador de la Politécnica de Valencia publica un paper y bueno, por supuesto, depende del impacto, pero el máximo puntaje que recibe es 12 puntos que no sé cuánto significará en su carrera. Pero si en lugar de un paper generó un spin off.7 Un spin off, con su conocimiento, se larga una empresa para explotar esa tecnología. Si llega a haber generado un spin off de la cual la politécnica participa, ese investigador en vez de 12 recibe 14 puntos, se le dan 6 meses de gracia para que pueda ir a esa empresa para hacer el start up8 de esa empresa, el lanzamiento y puede volver

6 La Universidad Tecnológica Nacional fue creada durante el Primer Gobierno de Perón en los años 50. Fue llamada la Universidad Obrera porque fue primeramente dirigida a los obreros y luego se abrió hacia otros sectores. Es particularmente, una universidad de carreras tecnológicas y de mediana investigación.7 Un spin off es un proyecto innovador y productivo que es fuente de otros proyectos y generador de negocios.8 U n start up es el comienzo de una producción innovadora o innovativa y generalmente es una pymes.


y le cuidan su asiento de investigador durante seis meses…Y si después se quiere quedar trabajando, pierde su puesto…pero si quiere puede volver y le dan hasta un 10% de acciones de esa empresa. Y la universidad se queda con otro tanto de acciones de esa empresa. Con lo cual cuando la rueda empieza a mover, a mover, a mover, es una empresa más.” (Sebastián de UTN)

El profesor de la universidad UTN, defiende la transferencia entre la academia y las empresas. Por otro lado, menciona que esta abre posibilidades de crecimiento profesional y económico del investigador. También, el docente menciona que muchas veces en estas universidades donde es frecuente la transferencia, se dejan de realizar algunos estudios y se potencian otros que son más seductores desde el punto de vista económico.

“O sea estoy apostando al proyecto de transferencia pero estoy recibiendo también. Y los investigadores también y es una retroalimentación positiva y como se dice…un círculo virtuoso para el investigador que está al lado de éste. Este empezó a recibir su sueldo de investigador más un 10% de las utilidades de una empresa. Si la empresa va bien, este investigador ya está pensando cuándo es su próximo spin off, este investigador se cambia el auto y se va de vacaciones a Cancún. Y el que está al lado dice, ¿cómo haces con tu sueldo de investigador? y le dice: dejá de investigar estas cosas que estas investigando de la Politécnica de Valencia. Eso hacelo en biología. Pero dejá de investigar eso e investigá a ver lo qué necesita la sociedad, la empresa, el mercado. Es un círculo virtuoso.” (Sebastián de UTN).

Si bien Sebastián defiende la relación entre la universidad y la empresa en la transferencia de conocimientos aclara que muchas veces se dejan de realizar estudios porque otros en los que se puede percibir más dinero resultan más seductores. Además deja abierta a la reflexión sobre la elección de algunos académicos de investigar aquellos temas que son más atractivos para el mercado. Ello genera un problema ético. Es decir, si bien por un lado, es positivo que la investigación se dirija hacia lo que sociedad necesite


en un momento determinado, no es lo mismo que se oriente a lo que a lo que la empresa privada le convenga por un puro interés pecuniario. Y en esto, al parecer, caen muchos científicos, al menos en otros países. Ello representa un tema que tanto la institución como el investigador y el estado deberán plantear en el momento de lanzar políticas de vinculación de gran alcance.

También, la relación entre universidad, empresa y estado en el sector público refleja algunas problemáticas relacionadas con las posturas ideológicas. Existen dos posiciones desde las cuales se critica la relación de la ciencia con la sociedad y especialmente, con el mundo productivo. La política científica de la universidad se basó tradicionalmente en lo que nombramos como el modelo lineal o clásico. Es decir, que las ciencias se debían desarrollar por sí mismas sin intervención de la política. O sea, la política científica se desarrollaba en el ámbito de las ciencias mismas que se concentraban en las universidades y a partir de la creación del Consejo de Investigaciones Científicas y técnicas de la Argentina (CONICET) en 1958, en este organismo donde las directivas y las evaluaciones eran dictadas por los mismos científicos.

A pesar de la influencia de las nuevas teorías sobre la ciencia politizada en los años 60 y luego, las premisas sobre la relación triangular entre las empresas, las universidades y el estado en la constitución de una política científica nacional a partir de los años 70, muchos sectores de la ciencia se opusieron terminantemente al claudicar de las investigaciones en ciencia básica frente al avance de una ciencia más relacionada con su aplicabilidad en el campo económico y social. Por ello, aunque encontramos que la mayoría de los entrevistados de las universidades públicas considera que la relación entre la ciencia y la sociedad cuyo fin es el bien público se debe estrechar, continúan pensando que la teoría lineal de la ciencia sigue vigente en ciertos sectores de la producción científica. Por otro lado, también existe una posición contraria a la relación universidad-sociedad-empresa por parte de sectores de izquierda quienes se reúsan a someter la ciencia y la tecnología a las órdenes de las empresas. Diego pone en duda la idea de una ciencia pura, absolutamente neutral y disociada de las necesidades prácticas. Insiste en esta realidad: la ciencia no puede generar beneficios por sí sola. Necesita de las empresas para poder expandir sus conocimientos y llevar sus productos a los que más lo necesiten.


“Aunque las aplicaciones de los trabajos de Milstein son tremendamente millonarios: el uso de anticuerpos monoclonales como diagnóstico, Milstein no los quiso patentar. Y ahí es donde voy a la cuestión de cultura. Nuestros próceres de la ciencia, Leloir, Houssay, consideraban a la ciencia una actividad neutra, ¿Si? alejada de intereses particulares, comerciales lo que importa es investigar y conocer el mundo. Eso se plasmó mucho en las generaciones que siguieron. Todos somos hijos de esos Premios Nobel en las áreas biomédicas, particularmente. Y cuesta mucho cambiar esa mentalidad de encontrar aplicaciones. Patentar, licenciar no es una mala palabra. No es algo que va en contra de los preceptos del buen científico.” (Diego de UNQUI).

Pero también se nota la influencia de posiciones de izquierda en ciertas universidades. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por ejemplo, es una institución clásica de investigación. Un 80% los docentes son investigadores del CONICET y se encuentran limitados para realizar convenios con empresas. La posición ideológica de alumnos, graduados y algunos docentes es contraria a la relación con el mundo productivo ya que no se concibe la practicidad de la investigación que debería ser neutral. Pero las autoridades piensan diferente. El decano de Exactas de UBA expresaba:

“Por otro lado, desde la facultad, tenemos una idea de lo que nosotros deberíamos impulsar que obviamente genera tensiones porque dentro de la facultad tenemos grupos estudiantiles, que son los que más se expresan, quienes consideran que el modelo social no debería ser capitalista. Entonces cualquier cosa que tenga la palabra empresa, está mal. Y la universidad no debe tener ningún vínculo con ninguna empresa de ningún tipo.” (Jorge de UBA).

Sin embargo, de acuerdo a Jorge, la mayoría de los profesores- investigadores son conscientes que la idea no es venderse al mejor postor o a la empresa que pague mejor sino a una empresa que tenga mejor relación con la sociedad y que contribuya de mejor manera a lo que la sociedad necesite. También defiende la generación de empresas de base tecnológica para poder estrechar la brecha de productividad laboral argentina con los otros países.


“... O sea la posición que nosotros impulsamos es que no es lo mismo cualquier empresa. No es lo mismo una multinacional que a lo mejor le interesa comprar una patente para que no se pueda producir en el país porque quiere defender su mercado global o su negocio en otro país o decir, bueno, está bien, vamos a lograr resolver problemas que sean de interés para el país y que después lo pueda llevar a la práctica el país, el estado o una pequeña y mediana empresa argentina. Nosotros tenemos en la facultad una incubadora de empresas. Que no es fácil. Una incubadora de empresas, de base tecnológica. No es que se generan empresas de cualquier cosa. Se basa en una idea de base científica tecnológica una empresa que produzca algo que se venda, que genere algo y nuestra idea es que en la medida en que esa empresa se genere desde nuestros graduados y alumnos, o sea, que sea una empresa que se radique en el país, que produzca en el país, que de trabajo en el país, que exporte productos de mayor valor agregado del país, nos parece que está bien”. (Jorge de UBA).

La crítica del decano a la orientación ideológica de los centros de alumnos no se hizo esperar y se basó fundamentalmente en que sostienen posiciones maoístas en un país cuyo sistema continúa siendo capitalista. Por lo tanto es inútil tratar de resolver el problema trabando decisiones a través de debates en el seno de las asambleas universitarias.

“…Bueno, esas cosas generan tensiones reales. Digo. Hay intereses. Pero uno lo que debería hacer es tener autonomía para decidir lo que le conviene al país. La realidad es que algunos sectores no están pensando en lo que le conviene al país. Están pensando en lo que su ideología les dice lo que deberían hacer. Yo ahí creo que si hay alguien que considera que el país debería ser comunista, debería tomar el control del estado ya sea por las urnas o por una revolución y entonces imponer un modelo comunista a la sociedad. Entonces va a tener un modelo acorde con ese modelo. Si la sociedad por los votos, es capitalista. Una universidad comunista en una sociedad capitalista, no funciona. No hay manera de hacerlo funcionar, genera tensiones, genera problemas”. (Jorge de UBA).


De acuerdo a otro investigador consultado en la Universidad de Quilmes, el motivo de esa posición tan anti-empresarial proviene de la ideología maoísta que se genera en las aulas y que anula toda posibilidad de vinculación con el medio productivo aunque sí, con el sector estatal. Considera que esto es ridículo y da el ejemplo actual de China que está abierta a toda vinculación con el mundo exterior.

“…Que lo curioso tomado como un partido Trotskista o Maoísta en todo caso, es que no miran a China. Que está pasando totalmente lo contrario. Por supuesto, que tiene su régimen militar. Es difícil de comparar pero es un régimen marxista, Maoísta ortodoxo, en lo cual están apostando mucho a lo que acá se llama economía de mercado. Empresas de capitales mixtos, patentes por todos lados, inversiones extranjeras, con lo cual hay una cierta contradicción ahí. Parte de esa contradicción es trivial. Es poner palos en la rueda porque ellos quieren molestar al decano. Yo no soy el decano y entonces, lo hincho9 todo lo que pueda. Y parte responde a una base ideológica que me parece un poco miope porque cuando vos tenés una implementación ideológica para que llegue realmente a los usuarios necesitás sí o sí una empresa privada. Por ejemplo, desarrollas una vacuna en tu laboratorio. No la podés fabricar vos. No la podés fabricar vos sino, no las podés mandar a todas las provincias y eso requiere de la colaboración con la industria.” (Diego de Universidad Nacional de Quilmes, UNQUI).

Es curioso que ni Jorge ni Diego procedan de posiciones de derecha, pero ambos critican severamente la extemporaneidad de los grupos izquierdistas de la universidad que ponen piedras a las ruedas de las actividades de la facultad de ciencias exactas. Evidentemente, las trabas que operan en algunas de las facultades de la Universidad de Buenos Aires quitan poder de decisión a las autoridades elegidas democráticamente de acuerdo a las reglamentaciones y entorpecen las políticas y los proyectos. Tanto Jorge como Diego no están aseverando que las empresas son buenas por sí mismas pero tampoco se deben demonizar. Es decir existen muchas que a través de

9 Argentinismo que se traduce como lo molesto.


sus negocios u orientaciones crean riqueza, son productores de bienes cada vez más innovativos, más competitivos a escala mundial y que además dan más trabajo. Es a ese tipo de empresas a las que conviene vincularse.

En suma, existe un abanico de posiciones en las ciencias argentinas con respecto a la transferencia de conocimientos científicos y técnicos a las empresas y al estado pero sobre todo a las primeras desde el punto de vista ético. Desde la posición más principista que es la históricamente reconocida de los grandes maestros de la ciencias médicas y las ciencias exactas según los cuales los conocimientos no eran negociables, pasando por los ideólogos anti-empresariales como los comunistas o maoístas de la actual Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA que se niegan a colaborar con ellas hasta llegar a los que encuentran positiva la relación con las empresas si esto significa el traspaso del conocimiento a la sociedad. Lo interesante en las respuestas de los académicos de instituciones públicas es su apertura, en general, a la vinculación a las relaciones con las empresas y el estado y su divergencia con las posiciones neutrales tradicionales de la ciencia argentina que creía en una ciencia totalmente pura sin una aplicabilidad directa inmediata y con las posiciones ideológicas anticapitalistas que no conciben la relación con ningún tipo de empresa. También resulta llamativo cómo se percibe el cambio en la formación de los nuevos graduados quienes parecen más proclives a la transferencia tecnológica y la búsqueda de resultados que puedan ser utilizados por la comunidad.

Ⅳ. La respuesta de los académicos de las universidades privadas.

Existe un gran interés por la transferencia de conocimientos entre los académicos de las universidades privadas. En todas las áreas de estudio la preocupación por financiar investigaciones se hace evidente. Uno de los obstáculos es que dependen casi exclusivamente de fondos privados y estos son prácticamente inexistentes10. Las causas son varias y deben buscarse en

10 Esto se debe a que tradicionalmente los fondos públicos se encauzaron hacia el sector público universitario ya que antes de los años 50, las universidades privadas no existían y luego, tardaron en adquirir un perfil de investigación. En los últimos años, el MINCYT ha


la tradicional actitud de los empresarios argentinos por no acercarse a las universidades más que a reclutar empleados y capacitarlos. En segundo lugar, la ausencia de una estructura universitaria que facilite la investigación en las instituciones de gestión privada y en tercer lugar, la falta de previsibilidad que existe en el país y que ahuyenta la inversión privada, sobre todo en materia de ciencia y técnica. Aún en las épocas en que las empresas multinacionales fueron beneficiadas por las políticas del gobierno de Menem durante la década del 90, las inversiones en I+D no existían. En primer lugar porque es sabido que las transnacionales importan las tecnologías y los nuevos conocimientos de sus casas matrices, sobre todo en esas épocas, y también porque las únicas conexiones que se tienen con el sistema científico se relacionan con procesos de adaptación de la tecnología importada a las necesidades locales.

Los economistas consultados provienen de la Pontificia Universidad Católica Argentina.11 Ellos consideran que existen oportunidades de realizar investigaciones sobre temas que interesen a las empresas como los movimientos en el sector financiero, el mercado de capitales, pero los empresarios no tienen “cultura” en este campo de relación con la universidad. Generalmente, se conectan con consultores pero no ven que la universidad les pueda ofrecer un servicio en ese aspecto. Por falta de “cultura” se entiende que no comprenden la necesidad de acercarse a los académicos para que estudien más detenidamente y en profundidad los temas que aquejan al mundo productivo. El entrevistado considera que hay más posibilidades en el campo de las ciencias duras como la química, la física, la biología. Sin embargo, en otros países, la relación existe y ponen como ejemplo lo que ocurre en el campus de la Universidad Pontificia de San Pablo y la empresa Microsoft Brasil.

abierto varios canales de financiación sin distinción de origen de los proyectos. Pero la universidad pública posee un reconocimiento y una historia más larga de proyectos de ciencia y técnica. Las universidades privadas podrían buscar financiamiento privado en las empresas pero éstas son muy reticentes a otorgarlo.11 La UCA es una de las universidades privadas más antiguas, nacida en los años 50 al amparo de la Ley Domingorena Es una universidad prestigiosa y su Facultad de Economía es particularmente importante en el medio. En ella se graduaron ministros de economía y altos funcionarios gubernamentales y también ejecutivos de grandes empresas y bancos.


“las universidades se desarrollan en ese sentido. O sea, en un campus, en una hectárea. Es un polo tecnológico. O sea es una simbiosis que le sirve a los dos. Si la universidad se desarrolla en esa línea, la empresa crea relaciones de largo plazo.” (Fernando de UCA.)

Si bien, otros profesores, consideran que el contacto aumentó en los últimos años y se han realizado buenas transferencias de conocimiento entre laboratorios de la UCA y las empresas, no hay un desarrollo sistemático y sobre todo, el interés está puesto en estudios de ciencias biotecnológicas, ambientales y de software y no en cuestiones económicas. Un proyecto sobre el sector vitivinícola de la UCA recibe algunos subsidios de la Agencia de Investigaciones de la Secretaria de Ciencia y Técnica del MINCYT y de empresas vitivinícolas argentinas. Pero la crítica del científico, Pablo de UCA, encargado del equipo que estudia el Cambio global del Medio Ambiente se dirigió básicamente hacia los empresarios del sector. Ellos que se han enriquecido en los últimos años y teniendo en cuenta que muchos de ellos han estudiado en los Estados Unidos donde la relación con la academia es moneda corriente, no sólo no saben nada de Responsabilidad Social Empresaria sino tampoco de la importancia del conocimiento para su mercado. Se les ofreció asesoramiento a cambio de información que retacearon. Por otro lado se les pidió una suma ínfima para instalar un pequeño laboratorio para que pudiera monitorearse el proceso de estudio in situ. Los dueños consideraron que para ellos era muy caro y que no podían hacerlo pero los invitaron a celebrar el convenio con champán importado del mejor ante los ojos maravillados del científico.

En otras universidades con un fuerte perfil tecnológico como es ITBA12, los académicos consideran que existe actividad en este sentido y especialmente en el campo de la robótica. Sin embargo, para el directivo el sector de transferencias, es escasa. Pero esto sucede en toda la sociedad argentina: el nivel de patentamientos de invenciones argentinas es muy baja en comparación con la que sacan las empresas extranjeras en el país.

12 ITBA es otra prestigiosa universidad en el campo de las ingenierías. Es muy rigurosa en sus estudios y sus graduados son disputados por las grandes empresas. Comenzó siendo una universidad creada por la Armada (Fuerza Naval) argentina.


“Tenemos, sí, empresas que financian proyectos de conversión de motores a hidrógeno, por ejemplo, que han encargado servicios tecnológicos como la colada continua en Siderar o el decapado…pero son servicios específicos que nos contratan a nosotros para que le resolvamos el problema.” (Ana de ITBA)

Además de que se tratan de proyectos de corto plazo, la estructura universitaria privilegia que los profesores full time tengan una fuerte carga horaria pero poco tiempo para dedicarse a la investigación. La misma entrevistada advierte que la cantidad de profesores y alumnos que puedan realizar investigaciones es muy pequeña dada la población estudiantil que no pasa de los 2000 alumnos. Si bien, están pensando en crear un departamento de propiedad intelectual para trabajar seriamente sobre patentamientos, esa actividad no está desarrollada como en una universidad en los países desarrollados o en algunos latinoamericanos. En suma, no parecería que la transferencia de conocimientos de esta universidad hacia las empresas sea un objetivo primordial de la casa. Por un lado, las transferencias que ha referido la entrevistada suponen un campo muy limitado y no demasiado innovador. Se tratan de tareas de adaptación más que investigaciones a largo plazo. Por otro, la universidad exige una carga docente muy fuerte y el tiempo para investigar es escaso.

Los académicos anteriormente citados ponen directa o indirectamente en el banquillo de los acusados a los empresarios, por no tener cultura, o más directamente como en el caso de Pablo de la UCA por ser “miserables” en el momento de invertir dinero en un recurso científico que les puede quitar más de un dolor de cabeza. Por otro lado, Ana de ITBA manifiesta que tampoco la universidad alienta la investigación ya que a los profesores full time les exige una carga docente muy pesada en lugar de permitirles investigar más tiempo. Creo que el financiamiento de la universidad privada basado sólo en la matrícula de los alumnos es el principal motivo del estancamiento de la investigación científica. Por un lado, no puede competir con la tradición, prestigio e infraestructura de laboratorios con que cuenta la universidad pública, por otro, la universidad privada necesita que el docente esté más tiempo frente a los alumnos que en sus habitáculos de investigación. Los porcentajes de profesores full time son mínimos con respecto a las públicas y en casi todos los casos sus cargas docentes son mucho más elevadas que en


el sector público. Otra dificultad proviene de la inestabilidad política y económica de la Argentina que invita poco al desarrollo científico y tecnológico de las empresas. Un docente e investigador de área económica se refiere a la innovación en el campo empresarial y productivo. De acuerdo a su opinión, los innovadores en la Argentina son héroes porque ni la situación macroeconómica ni la microeconómica les favorecen.

“Lo que el Banco Mundial llama el doing business13, ¿Cuántos pasos se necesitan para abrir un nuevo negocio…o por ejemplo….para crear un nuevo producto?…es mucho más lento y más burocrático aquí que en muchos países, incluso que en América Latina. Chile está mucho mejor que nosotros. Para dar un ejemplo; entonces” (Martín de UCA)

Para el entrevistado, el estado debe actuar más concienzudamente creando planes a largo plazo como los que proyecta Brasil.

“La innovación no es un tema de agenda de los argentinos, como lo es en Brasil donde existe un polo tecnológico como Campinas. La problemática llega un poco del factor rentabilidad y la incertidumbre macroeconómica y por otro lado, por las escasas políticas públicas que fomentan el lanzamiento de industrias innovativas”. (Martín de UCA)

Insistiendo en el problema macroeconómico y político el entrevistado de la Universidad Católica refuerza la idea que las leyes argentinas no promueven la relación universidad-empresa a través de marcos que favorezcan la sustentabilidad de las inversiones en la Argentina y su interés por beneficiar los avances científico-tecnológicos.

“El incentivo depende del entorno. Si le das una política de largo plazo y le das una inflación baja, un crecimiento estable y un marco adecuado para innovar, van a innovar. Por eso hace innovaciones Noruega, hace innovaciones Japón hace 70 años, y hay que tener en

13 Hacer negocios, en realidad, todos los pasos para comenzar a hacer negocios.


cuenta que en la Argentina, en los últimos 80 años los derechos de propiedad fueron muy vapuleados.” (Martín de UCA).

El entrevistado considera que el marco regulatorio es un elemento esencial que permite la innovación. En los últimos años, no existieron leyes que beneficiaran la innovación. Sobre todo, hubo una afrenta al derecho de propiedad cuando muchas empresas que tenían sus depósitos en moneda extranjera vieron sus recursos licuados cuando se produjo la devaluación y la nacionalización de los depósitos durante la crisis del 2001.

“Recién se ha creado un ministerio desde 2007.14 Hay una serie de políticas en marcha. Creo que hay algunas señales auspiciosas, que hay sectores estratégicos que hay que ir a apoyar pero esto no puede ir de una mano suelta, digo. Tiene que ir de la mano de una política más general y de un contexto más propicio, de estabilidades y acompañadas de procesos. Si no, habremos invertido muchos recursos y como decían los oradores en esa jornada integración universidad, estado, empresa, innovación, no te sirve. O sea alta inflación, no respeto al derecho de propiedad, inestabilidad institucional, cambio de funcionarios, cambios de líneas de trabajo, digo, ojalá que esto continúe y no se quiebre.” (Martín, UCA)

La UCA cuenta con un instituto reconocido a nivel nacional que es el Observatorio de la Deuda Social que recibe fondos públicos y privados. La opinión del Director de la Deuda Social es bastante negativa con respecto al desarrollo de las vinculaciones tanto en el sector privado como público.

“En mi opinión, en la Argentina (La vinculación) no deja de ser superficial. No deja de ser basada en conveniencias vinculadas a los actores o agentes que están involucrados, careciendo esto de un marco estratégico, de una política estratégica que yo he visto en Chile o en Brasil donde hay mucha más decisión. O en México…pero mucho más en Chile o Brasil donde hay más decisión que los centros universitarios tengan un papel más protagónico alrededor de

14 Se refiere al MINCYT, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina.


políticas de estado que favorecen esa articulación. Ya sea universidades públicas o privadas. “Los grandes monstruos (las empresas) lo hacen en algunas facultades con algún perfil particular, pero no logran administrar una política de integración. Pero de todas maneras, incluso donde existe, yo insisto con una idea de que también está faltando una plataforma más integrada” (Agustín, UCA).

Agustín recalca la imposibilidad de proyectar en el futuro nuevas relaciones entre la universidad y la empresa sin un plan consensuado entre todos los sectores sociales. Al contrario, esta relación debería convertirse en política de estado. Agustín agrega otros inconvenientes a la falta de vinculaciones. Cuando ocurren, no se realizan en base a una planificación a largo plazo que logre incentivar la relación y en que los actores se comprometan a ayudarse mutuamente porque le encuentren el sentido a tal cooperación. Por el contrario, se realizan por un tiempo determinado y para lograr resultados en el corto plazo.

Las opiniones de los funcionarios, investigadores y profesores de universidades privadas son bastante pesimistas con respecto a la vinculación entre la universidad, las empresas y el estado en lo que concierne a transferencia tecnológica. Si bien admiten que hay comunicación de conocimientos en algunas áreas, estas son muy específicas y tampoco cuentan con una masa suficiente de científicos para hacer frente a las demandas de las empresas. En el caso de las conexiones de los centros de investigación de UCA como el Instituto de la Deuda Social y del Medio Ambiente, se efectuaron críticas al sector privado porque no terminan de aceptar las relaciones cambiantes y la importancia del conocimiento en el mundo de hoy. Sin embargo contemplan con beneplácito la llegada del Ministerio de Ciencia y Tecnología aunque no auguran un rápido progreso en sus gestiones. Tampoco hay reconocimiento por parte de la Universidad de la necesidad de encarar proyectos de investigación que demanden profesores de tiempo full time dedicados a las actividades puramente científicas.

En casi todos los casos, se critica severamente la falta de una política estatal a largo plazo para que estas vinculaciones entre empresas y universidades públicas y privadas se fomenten y la sociedad del


conocimiento se convierta en una realidad. También es interesante notar que sus críticas se dirigen hacia la ausencia de un empresariado dispuesto a desarrollar innovaciones, hacia las políticas universitarias que se resisten a financiar actividades de investigación pero también hacia el estado ya que un país que cambia sus normas jurídicas constantemente no fomenta la inversión en el mercado empresario. Por otro lado, la falta de estrategias en el desarrollo científico tampoco aporta mucho al mejoramiento del I +D argentino.

Conclusiones.

Contestando las preguntas que nos hicimos al principio respecto a si los científicos apoyan el acercamiento entre la universidad, la empresa y el estado en la transferencia de conocimiento, deducimos que los entrevistados están cada vez más orientados a que la vinculación exista y lo ven como positivo. Son conscientes del cambio producido en el mundo, de la necesidad de que los científicos argentinos se adapten a él. Además, también, piensan que la profundización en el conocimiento puede modificar las estructuras del país y acercarlo al tipo de producción altamente tecnificada de los países centrales. Sin embargo, conciben que existan serias dificultades. Por un lado, hay cierta reticencia en el medio académico, cierto ideologismo a favor de la ciencia pura, por parte de los que prosiguen las enseñanzas de los Premios Nobel argentinos quienes no percibían la necesidad de proyectar la aplicación de sus descubrimientos como línea fundamental de sus trabajos o bien posiciones anticapitalistas que desechan todo lo que tenga que ver con el sector productivo.

En líneas generales, los nuevos científicos rechazan esta tesitura basándose en un fundamento que a nuestro parecer parece lógico: todo descubrimiento debe volcarse a la sociedad de la mejor manera posible. Es decir, no está falto de ética aquel científico que piensa en las consecuencias prácticas que pueda tener su descubrimiento. Si como consecuencia de ello, mejoran sus recursos económicos y los de su institución universitaria, mucho mejor, ya que de esa manera, habrá mayor disposición para crear centros con mayor infraestructura, mayor calidad de técnicos y científicos y mayor producción de alto nivel. Esto no implica, que necesariamente, la


investigación tenga que venderse al mejor postor. Deberán crearse comités dentro de la institución que estudie las ofertas que provengan tanto del sector público como del privado. Allí se tendrán en cuenta la significación del proyecto, el nivel de sofisticación del mismo, los resultados finales, la viabilidad y el impacto social.

La segunda dificultad proviene de la carencia de tradición entre los grupos empresarios acerca de los beneficios del contacto con la universidad y de la inversión en investigación científica y tecnológica. Los empresarios no tienen, en general, cultura histórica ni social para embarcarse en proyectos de tal envergadura que los beneficiaría a ellos mismos con innovaciones de productos, comerciales y de tecnología. No han adquirido suficiente conciencia de que sus productos serán más competitivos internacionalmente en la medida que se les agregue mayor valor tecnológico y científico. Pero también, es verdad que la historia política argentina con su falta de estabilidad económica y financiera no ha favorecido la posibilidad de que las empresas produzcan excedentes para invertir en innovación de productos y procesos.

La tercera dificultad se relaciona con las universidades privadas donde se nota un marcado desentendimiento de la actividad de investigación. Las dedicaciones exclusivas de los profesores son escasas, salvo raras excepciones,15 y los profesores son cargados con muchas horas de clase y de gestión con lo cual se minimizan sus horas de investigación. La causa generalmente mencionada es que las universidades privadas se mantienen gracias a la matrícula de sus alumnos lo cual es poco para desarrollar otras actividades que tienen visibilidad a largo plazo. Y eso es cierto en algún sentido. Las universidades públicas tardaron mucho en concretar avances significativos en el campo científico. Sin embargo, con la ligereza con que se van desarrollando los conocimientos, los resultados científicos se obtienen cada día más rápido. La disculpa de las altas casas de estudio privadas ya no es válida en nuestros tiempos y es por ello que han tratado en los últimos de ponerse a tono con las demandas de la ley universitaria que exige mejor nivel

15 En todo el sistema universitario las dedicaciones de profesores de dedicación exclusiva son muy reducidas. En el estado alcanzan sólo a un 13% y en las privadas son mucho menores. Salvo en algunas universidades de gestión privada como la Universidad Torcuato Di Tella o San Andrés, este sistema soslaya la investigación.


de calidad.16 En tercer lugar, se denota un vacío en la acción del estado. Es urgente que las instituciones políticas tengan en cuenta que para que el mercado nacional crezca y sus empresas sean competitivas se deben establecer regulaciones jurídicas que aseguren las inversiones y que fomenten la producción. Por otro lado, si bien la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido un hallazgo, las actividades del mismo no son abarcativas. Se concentran en ciertas innovaciones como el software, la biotecnología y la nanotecnología pero no en otras como el cambio climático, la pobreza, las enfermedades endémicas.

Pero lo más crítico es que el estado no ha establecido planes estratégicos suficientemente firmes para mejorar las vinculaciones universidad, empresa, estado. Por otro lado, no hay un plan a largo plazo para facilitar la inversión privada en empresas de productos de alta tecnología, con mayor conocimiento concentrado. Por otro lado, se aprecia la concepción instalada por el MINCYT y sus políticas vinculadoras. Las iniciativas han sido reconocidas por todos los científicos y a pesar de que el camino es largo y sinuoso, pareciera haber una voluntad política de activar la vinculación universidad, empresa y estado en lo que cabe a transferencia tecnológica. En este sentido es verdad que la ciencia, a nuestro parecer, no es neutral, no esta falta de politicidad. Pero politicidad no en el sentido de ideologías partidarias sino en el sentido de que deben responder a un determinado proyecto político sustentable en el tiempo. ¿Qué se quiere hacer de éste país: un simple productor de commodities agropecuarias, o un exportador de agroalimentos con alto valor agregado, o de biotecnología? Una vez que se acuerden estos asuntos, deben tomarse las políticas necesarias para dirigir las actividades públicas y alentar las privadas para llegar a tal fin.

Podemos concluir que en líneas generales los entrevistados coinciden en afirmar que las relaciones entre estos tres vértices no sólo son aceptables sino que son deseables y deben incentivarse. En segundo lugar afirman que no están suficientemente desarrolladas en el país a diferencia de lo que ocurre en países desarrollados y no solamente en ellos sino que también en sus pares en Latinoamérica poniendo como ejemplo a México, Chile y Brasil. En

16 La ley de Educación Superior de 1995 exige la acreditación y evaluación de carreras y universidades de gestión pública y privada a través de la organización del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).


tercer lugar, se esgrimen otros valores en la actividad científica: la aplicabilidad de la ciencia, la demanda de la sociedad, la competencia del país en producción estratégica de alta tecnología, la posibilidad de recuperación salarial de los investigadores y la incorporación de nuevas competencias entre ellos mismos como la gestión, la negociación, la generación de proyectos que sean “vendibles”.

Bibliografía.

Boisier, Sergio. (2001). “Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial”. Interacoes. Revista Internacional de Desenvolvimento Local. Vol.2, No.3, pp. 9-28.Set.

Castells, Manuel (2001). La Era de la Información. Vol. III: Fin de Milenio. México, Distrito Federal: Siglo XXI Editores.

Cowen, Robert (1996). Performativity, Post-modernity and the University. Comparative Education. 32:2, 245-258.

Diario La Gazeta (2011). Recuperado el 31 de agosto de 2011 en http://www.lagaceta.com.ar/nota/452591/Economia/Stiglitz-entre-elogios-criticas-Argentina.html

Etzkowitz, Henry (1997). From Zero-Sum to Value-Added Strategies: The Emergence of Knowledge-Based Industrial Policy in the States of the United States. Policy Studies Journal. No. 25. Otoño.

Etzkowitz, H., y Leydesdorff, L. (1998): “The endless transition: A ‘triple helix’ of university–industry–government relations”. Minerva, 36, pp. 203-208.

Etzkowitz, H., y Leydesdorff, L. (2000): “The dynamics of innovation: from National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of university- industry-government Relations”. Research Policy 29 (2), pp. 109-123.

Lemarchand, Guillermo (ed.) (2010). Sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe. Montevideo: UNESCO.

Mcluhan, Marshall (1998). La galaxia Gutenberg. Barcelona: Plaza Edición.Martínez Vidal, Carlos; Manuel, Marí (2002). “La Escuela Latinoamericana

de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Notas de un


Proyecto de Investigación”. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, Organización de Estados Americanos, Número 4/Setiembre-Diciembre. Recuperado el día 15 de febrero de 2012 en http://www.oei.es/revistactsi/numero4/ escuelalatinoamericana.htm

Mateo, José Luis. (2006). “La sociedad del conocimiento”. Arbor, Vol 182, No 718.

Naidorf, Judith (2005). La privatización del conocimiento público en universidades públicas. En Gentili, Pablo (Comp.) y Betina Levy (Comp.) Espacio público y privatización del conocimiento: estudios sobre políticas universitarias en América latina. Buenos Aires: CLACSO. Pp.100-161.

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) (2010). El estado en la ciencia. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología-Iberoamericanos/Interamericanos. Buenos Aires: RICYT. Recuperado el 15 de febrero de 2012 en www.cedus.cl/?q=node/1682

Sábato, Jorge y Natalio Botana (1968). La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Shinn, Terry (2002). The Triple Helix and New Production of Knowledge Prepackaged Thinking on Science and Technology. Social Studies of Science, vol.32, No.4 August.pp.599-614.

Vasen, Federico (2011). “Los sentidos de la relevancia en la política científica. The meaning of relevance in science politics”. Revista Latinoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. No.19.Vol.7. Pp.1-31.


María Fernanda Arias. Doctora en Ciencias Políticas. Investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET) y profesora de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). [email protected]; [email protected]



LA EXPERIENCIA EN PRISIÓN DE EXPOLICÍAS SENTENCIADOS POR SECUESTRO EN MÉXICO.

THE EXPERIENCE IN PRISON OF EX POLICE OFFICIALS SENTENCED FOR KIDNAPPING IN MEXICO.

Miquel Ángel Ruiz TorresUniversidad de Valencia [España]

Elena AzaolaCIESAS- Ciudad de México [México]

Resumen. Durante el primer mes de la presidencia de Felipe Calderón en 2006, los reclusos condenados por el delito de secuestro fueron concentrados en módulos de alta seguridad en algunas cárceles mexicanas. Esta política de agrupación de tales internos se dijo obedecer a la necesidad de incrementar la seguridad y vigilancia alrededor de los delincuentes más peligrosos. Entre ellos había ex policías encarcelados como consecuencia de varias sentencias en su contra por delitos de privación ilegal de libertad (además de otros delitos) cometidos durante el ejercicio de su labor profesional. En general, estos ex policías expresaron la creencia de que con su encarcelamiento se había cometido una enorme injusticia contra ellos. Basándose en diferentes entrevistas etnográficas llevadas a cabo a finales de 2006 en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, ubicada en la Ciudad de México, a un total de 35 reclusos varones ex policías (que constituían el total de los mismos en dicho módulo), este artículo trata de comprender por qué estos hombres continuaban sintiéndose inocentes a pesar de reconocer en muchos casos haber cometido el crimen por el que se les condenaba. El objetivo principal de este texto es evaluar hasta qué punto la experiencia carcelaria precarizada y subordinada que viven estos presos viene marcada por los requerimientos de las reglas informales que asumieron y de la identidad social que pactaron cuando fueron policías. Teniendo en cuenta el itinerario interrumpido de los


ex policías que los ha llevado a estar encerrados, este artículo pretende aportar conocimiento sobre el alcance de la relación y los elementos compartidos entre la cultura policial y la cultura carcelaria. Buscando estos nexos en común se harán algunas aportaciones a la discusión teórica sobre qué rasgos comparten y cómo se construyen aquellas culturas locales que surgen del dispositivo institucional jurídico punitivo del Estado y de sus efectos de poder sobre individuos y cuerpos especialmente en relación a los modos de vida generados como consecuencia de las prácticas informales e ilegales.

Abstract. During the first months of President Felipe Calderon in 2006 prisoners convicted of kidnapping were concentrated in high-security modules in some Mexican prisons. This policy of grouping prisoners obeyed, as the rulers, the need for increased security and safety on the most dangerous criminals. Among them were ex police officers jailed as a result of judgments against him for crimes of kidnapping (and other crimes) committed in the exercise of their professional work. Between the ex police officers there was a common belief that they have been unfairly treated. Based on different ethnographic interviews conducted in late 2006 in the prison of Santa Martha Acatitla, located in Mexico City, to a total of 35 male ex police officers inmates (being all the ex police in prison module), this article tries to explain in part why these men kept feeling innocents regardless of the fact that they didn’t deny having been committed the crime they have been charged with. The main purpose of this paper is to evaluate to which extends the precarious existence these inmates have in prison has to do with the requirements and informal rules they learned and the social identity they agree while they were police officers. Taking into account the interrupted itinerary they had as police officers, this article tries to yield some knowledge between the share elements of the police and the prison subcultures. Trying to identify those common elements, we participate in the theoretical debate about those common features and about how those subcultures are built as a result of the punitive State power and of its effects in individuals and their bodies, especially in relation to a way of life that is a consequence of informal and illegal practices.

Miquel Ángel Ruiz Torres ∙ Elena Azaola 141

Palabras Clave: Policía, prisión, secuestro, cultura policial, cultura carcelariaKey Words: Police, prison, kidnapping, police culture, prison culture

Ⅰ. Introducción.

Durante el primer mes de la presidencia de Felipe Calderón en 2006, los reclusos condenados por el delito de secuestro fueron concentrados en módulos de alta seguridad en algunas cárceles mexicanas. Esta política de agrupación de los tales internos se dijo obedecer a la necesidad de incrementar la seguridad y vigilancia alrededor de los delincuentes más peligrosos. No obstante, al mismo tiempo, esta medida trataba de dar respuesta a la presión que algunos grupos ejercían para que hubiera una persecución más eficaz y un castigo más severo hacia los responsables de este ilícito, ciertamente relacionado con el incremento objetivo de la delincuencia pero también con la conformación de imágenes del miedo al crimen (Benítez, 2004; CESOP, 2010; Garland, 2005; ICESI, 2006; Ikv Pax Christi, 2006). No extraña que en este contexto el Gobierno Federal señalara que el secuestro, junto con el narcotráfico, son algunos de los principales problemas que amenazan la seguridad nacional (Poder Ejecutivo Federal, 2006; Arellano, 2009).

Este proceso en el que diversos interlocutores sociales exigieron a los gobiernos y legisladores cada vez más “mano dura” y “tolerancia cero” contra la criminalidad, es conocido entre los especialistas como “populismo punitivo” (Arteaga, 2004; Pastor, 2005). Como consecuencia del mismo, ha habido en los últimos años diversas iniciativas legislativas y políticas, tanto por parte del gobierno federal como de los estatales, encaminadas a promover la progresiva militarización de la seguridad pública, el aumento de las penas y la cancelación de beneficios de libertad anticipada para los responsables de delitos como el secuestro. Fue en este contexto que surgió también la política de aislar y replegar en áreas de mayor seguridad en ciertas prisiones a los sentenciados por secuestro. Tal fue el caso de la prisión de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, lugar donde se llevaron a cabo las entrevistas para este estudio a ex agentes que habían pertenecido a alguna institución policial.


Estos ex policías habían llegado a ser encarcelados como consecuencia de varios procesos penales abiertos en su contra por delitos cometidos durante el ejercicio de su labor profesional, y aprovechando la situación de superioridad que les había proporcionado su condición de autoridad. Esta posición de poder, originada en ser legítimos representantes del Estado y gozar de información y habilidades sobre actividades criminales, les había hecho tomar ventaja de las víctimas mediante diferentes formas de abuso de autoridad, además de la detención arbitraria, tales como: la coacción para la confesión, la intimidación, la extorsión, la tortura, y diferentes violaciones al debido proceso judicial, y en algunos casos incluso el homicidio.

La manera en que podría entenderse la situación de los ex policías presos es la de aquellos que han tenido que enfrentarse a una carrera interrumpida dentro de las instituciones policiales mexicanas. Dicha carrera debe concebirse tanto en el sentido de su desempeño profesional formal, como de la realización de actividades corruptas como fuente de obtención de recursos económicos y de estatus. El hecho de que estos policías tuvieran que defenderse de unos cargos graves en su contra fue debido a procesos de “caída en desgracia” en su entorno laboral institucional. En estos casos se vieron inmersos en circunstancias en las que se confrontaron con jefes policiales y otros compañeros de sus grupos, por lo que fueron censurados, coaccionados y sometidos.

Pero una evidencia registrada en las cárceles mexicanas es que su abarrotada población está compuesta mayoritariamente por personas con pocos recursos que no tuvieron la oportunidad de sobornar a las autoridades durante el proceso de detención para librarse del enjuiciamiento, ni de contratar con abogados privados que los defendieran de sus cargos (Azaola y Bergman, 2009). Los ex policías encarcelados, si bien habían sido acusados de delitos graves y no por infracciones menores, formaban parte de esa mayoría de reclusos que el sistema de procuración de justicia mexicana captura entre los pobres, marginados y con posiciones de poder más débiles. Es esta una tendencia que coincide con ese fenómeno identificado globalmente como “Estado penitencia” y que actúa criminalizando la miseria como mecanismo de control punitivo de la población, una reacción defensiva bajo la retórica de la seguridad que trata de lidiar con los efectos provocados por el retroceso de las protecciones sociales en un contexto de economía neoliberal (Wacquant, 2000).


La pertenencia de estos reclusos a una categoría estigmatizada dentro de la prisión, la de ex policías, condiciona que estas prácticas que ejecutan para negociar su posición en la estructura social carcelaria sean más costosas que las que son habitualmente adoptadas por los recién encarcelados. Según los datos con los que se cuentan sobre las condiciones de vida dentro de la cárceles mexicanas, los presos en general deben afrontar cotidianamente situaciones de abuso de todo tipo, desde la escasez endémica de los productos y servicios básicos como la alimentación y la salud, hasta la extorsión que deben sufrir sus familiares para poder proporcionarles apoyo, además de las imposiciones de líderes y bandas entre los reclusos (Azaola y Bergman, 2009; Bergman y Azaola, 2006; Payá, 2007). Debido a su posición subalterna es de suponer que los ex policías presos afronten condiciones redobladas de precariedad y exclusión en el espacio carcelario.

En general, estos ex policías expresaron en sus relatos emociones de indefensión para denunciar que con su encarcelamiento se había cometido una enorme injusticia contra ellos. Parte del interés en este artículo se centra en comprender por qué estos hombres continuaban sintiéndose inocentes a pesar de reconocer en muchos casos haber cometido el crimen por el que se les condenaba. En consecuencia, el objetivo principal de este texto es evaluar hasta qué punto la experiencia carcelaria precarizada y subordinada que viven estos presos viene marcada por los requerimientos de las reglas informales que asumieron y de la identidad social que pactaron cuando fueron policías, y que se les extienden al interior de la prisión. Esta proyección comporta la formación de una identidad estigmatizada que deben de negociar en un entorno hostil y que es inteligible en referencia a la anterior situación en la corporación. Habrá que indagar en cuáles son los recursos que ponen a circular para crearse un entorno social, afectiva y moralmente habitable.

Antecedentes sobre cultura policial y (sub)cultura carcelaria.

La comprensión de la situación vital de los policías presos ha de partir y asumir la carga de dos tradiciones de investigación que tratan de explicar las peculiaridades de dos microsociedades: la policial y la carcelaria. La literatura al respecto ha abundado en el recurso al concepto de cultura para describir los rasgos particulares de estas dos sociedades, aunque este


concepto ha sido muy problematizado dentro de la tradición de la antropología social (Kuper, 2001). Cabría preguntarse si la existencia de las culturas policial y carcelaria tendrían carácter transcultural, en el sentido de que sus características fueran compartidas globalmente en virtud de su pertenencia a una institución coercitiva y punitiva del Estado nación; o si, por el contrario, tendrían más peso las particularidades étnico-nacionales, regionales, los procesos políticos propios o los contextos urbanos locales. En conexión con esto, debería aclararse el tipo de nexos y de elementos compartidos que las culturas particulares generadas en estas microsociedades tienen con la sociedad en general de la que forman parte.

La tendencia predominante en la literatura ha sido la de señalar e incidir en la importancia de tales rasgos distintivos e idiosincráticos de ambas culturas policial y carcelaria. Así, muchos académicos continúan afirmando la existencia de una cultura policial con una larga continuidad y permanencia a causa de las similares presiones a las que enfrentan en un entorno peculiar muy diferenciado de la sociedad en general (Cancino y Enriquez, 2004; Crank, 1998; McNulty, 1994; Wood, 2004). Esta cultura policial, cristalizada mediante intensos procesos de socialización ocupacional (Bennet, y Shmitt, 2002; Ford, 2003; Loftus, 2010;), se estructuraría en base a jerarquías formales e informales (King, 2005; Rowe, 2006); estaría arraigada en la lealtad interna y la creación de códigos de silencio (Benoit y Dubra, 2004; Lumb y Breazeale, 2002; Skolnick, 2002; Trostle, 2005; Westmarland, 2005), conllevaría el surgimiento de corpus morales locales (Frewin, Stephens y Tuffin, 2006; Liebling, 2004), coadyuvando con ello a la formación de una fuerte identidad social y cohesión interna (Innes, 2002). Además, la cultura policial alojaría y permitiría el desarrollo de prácticas informales, engañosas y deshonestas (Alpert y Noble, 2009; Goldschmitdt, 2008; Warburton, 2004), el abuso de poder y la corrupción (Arteaga y López, 2000; Azaola y Ruiz, 2009, 2010; Garcia, 2005; Ivkovic, 2005; López, 2007; Naval, 2006; Punch, 2009; Sain, 2008; Silva, 2003; Suárez, 2005).

Para el caso de México las características más específicas de la cultura policial son la desconfianza generalizada, el autoritarismo entendido como obediencia desleal y la discrecionalidad en la aplicación de la ley mediante prácticas paralegales (Azaola y Ruiz, 2009, 2010). La suma de los anteriores rasgos nos daría un contexto institucional donde se normalizan unas


prácticas corruptas que utilizan la legalidad como coartada para abusos de poder tales como el secuestro. Otros estudios en México han encontrado que la implicación de los agentes en el entramado delictivo nos describe un cultura policial marcada por la vivencia de la subalternidad, la desigualdad, la discriminación y la marginación (Suárez, 2005). Con todo ello cabe problematizar la asunción de que los policías siempre ocupan posiciones dominantes en sus relaciones de poder, especialmente aquellas que se dan al interior de la institución entre compañeros, entre grados jerárquicos, y con otros funcionarios de justicia.

Por el contrario, también hay algunos autores que inciden en la fragmentación y diversificación de la cultura policial denominada “tradicional”, y su creciente apertura y convergencia con los valores y procesos de la sociedad en general (Paoline, 2003; Paoline, Myers y Worden, 2000; Terrill, Paoline y Manning, 2003). Esto se afirma especialmente en base a la idea de que muchos agentes actúan cada vez más de acuerdo a los requerimientos institucionales formales de servicio al ciudadano y no en defensa de sus intereses corporativos (Cochran y Bromley, 2003; Kiely y Peek, 2002). No obstante, es de señalar que no se ha localizado ningún estudio llevado a cabo en México que haya apuntado este resquebrajamiento del corporativismo policial en aras del servicio a la comunidad, ni de la disminución de prácticas informales y corruptas, que siguen siendo localizadas ampliamente en la investigación regional (Arteaga y López, 2004; Azaola y Bergman, 2009; Azaola y Ruiz, 2009, 2010; Davis, 2006; Larose y Maddan, 2009; López, 2007; López Portillo, 2000; Naval, 2006; Silva, 2003; Suárez, 2005).

Por otra parte, con respecto a la noción de la cultura o subcultura carcelaria, es verdad que gran parte de la literatura al respecto, en convergencia con el concepto de institución total desarrollado por Goffman (1995), ha confirmado la existencia de una microsociedad con sus propias reglas y valores idiosincráticos diferentes de la cultura general dirigidos a la adaptación a un entorno extraño altamente restrictivo (Boyle, 1985; Sykes, 1958; Wheeler, 1961). No obstante, también ha habido teóricos que, inspirándose en el “modelo de importación” (Irving y Cressey, 1962; Thomas, 1977) han querido ver que dicha subcultura es reflejo de actitudes y creencias existentes en la sociedad externa –incluyendo la subcultura de bandas y las carreras criminales de sus miembros― que han sido trasladadas


al mundo carcelario, con lo cual reproducirían su estructura social y sus conductas (DeLisi, Berg y Hochstetler, 2004; Griffin y Hepburn, 2006; Silberman 1995). Por lo que concluyen que las conductas violentas que se dan en prisión no son originarias de la misma sino que son traídas desde el exterior a una institución cada vez más permeable (Cheeseman, 2003; Sorensen y Davis, 2011).

Teniendo en cuenta el itinerario interrumpido de los ex policías que los ha llevado a estar entre rejas, este artículo pretende aportar conocimiento sobre el alcance de la relación y los elementos compartidos entre la cultura policial y la cultura carcelaria. De este modo, se analizará el sentido de la continuidad que los policías condenados por secuestro experimentan en un entorno donde igualmente imperan reglas restrictivas, rigen códigos morales locales muy intolerantes, se reproducen esquemas de relación jerarquizada, y se vive la marginación, el aislamiento y la estigmatización. Buscando estos nexos en común se harán algunas aportaciones a la discusión teórica sobre qué rasgos comparten y cómo se construyen aquellas culturas locales que surgen del dispositivo institucional jurídico punitivo del Estado y de sus efectos de poder sobre individuos y cuerpos (Foucault, 1992, 1995), especialmente en relación a los modos de vida generados como consecuencia de las prácticas informales e ilegales.

Ⅱ. Metodología.

Para llevar a cabo esta investigación se realizaron a finales de 2006 diferentes entrevistas etnográficas a un total de 35 reclusos varones. Estos presos habían pertenecido a alguna institución policial y se encontraban cumpliendo una sentencia por privación ilegal de la libertad en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, ubicada en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Los ex policías representaban 14% del total de las 259 personas sentenciadas por este delito en dicha Penitenciara, y constituían el total de los policías presos por secuestro en esta prisión. Para el momento de las entrevistas, estos 35 internos habían sido recientemente trasladados a esta prisión provenientes de cárceles con un régimen más suave como parte de un grupo de 120 secuestradores considerados de “alta peligrosidad”.


Algunos de los datos más relevantes para caracterizar a la población entrevistada son que la edad promedio en la que fueron apresados fue de 30.6 años, mientras que la sentencia media que estaban cumpliendo era de 31.2 años, con un mínimo de 12 y un máximo de 90 años. Además, el 33% de los entrevistados perteneció a la Policía Judicial del Distrito Federal, 32% a la Policía Preventiva de la misma entidad, y 26% a la Policía Judicial Federal o A.F.I.1 De todos ellos, 72% eran originarios del Distrito Federal mientras que 28% había nacido en diferentes Estados de la República Mexicana. Por lo que se refiere al nivel de escolaridad, 16% sólo contaba con la primaria; 41% con secundaria; 25% con la preparatoria o alguna carrera técnica, mientras que 18% había iniciado algunos cursos en la universidad sin haberse graduado. En cuanto al nivel socioeconómico percibido de la familia en la que crecieron, 67% dijo que provenía de un estrato social bajo; 30% de sectores medios y 3% de origen social alto. El 40% de los entrevistados describió situaciones de violencia, negligencia, abandono o alcoholismo en su familia de procedencia. Es importante destacar que 33% de los ex policías entrevistados contaban con familiares que también habían sido policías y habían participado en el mismo delito.

El análisis de las entrevistas no se ha hecho mediante la exposición de biografías individualizadas. Los relatos que aparecen han sido desmenuzados como parte del análisis con la intención de reconstruir el itinerario de los sujetos al interior del marco institucional policial y carcelario. Por consiguiente, la relación biográfica cobra aquí sentido dentro de la institucionalización de las conductas y de la sujeción de los individuos a estructuras de dominación.

Ⅲ. La sujeción policial

Decir que los policías se encuentran “sujetos” dentro de la institución donde laboran significa que se hallan inmersos en un mundo social de obligaciones que les otorga opciones restringidas de libre decisión y actuación. Existen relaciones fuertemente jerarquizadas y con compromisos de reciprocidad con respecto a jefes y compañeros, mediante los cuales se

1 Agencia Federal de Investigación, ya desmantelada.


hallan sometidos a ajustes con reglas de conducta muy estrictas y códigos morales muy corporativos. Es con estos medios con los que se logra afianzar un ambiente protegido para garantizar las mínimas condiciones de seguridad frente a un entorno inestable que los percibe como una amenaza, y con cuyos ciudadanos se establecen relaciones abusivas.

Según cuentan los entrevistados, desde un primer momento las actividades delictivas llevadas a cabo por los grupos policiales logran vincular a unos miembros con otros en relaciones de dependencia mutua tales que los obligan a la lealtad mediante códigos de silencio. Pero esta reciprocidad también incorpora relaciones fuertemente jerárquicas y repletas de desconfianza mutua, ya que es con el acatamiento de órdenes que no son de acuerdo a derecho como se logra la inmersión en los clanes policiales orientados al delito y la sujeción de sus miembros a las órdenes arbitrarias. Por ejemplo, en nuestro estudio, la mitad de los entrevistados señalaron abiertamente haber sido involucrados en el delito por sus mandos superiores; así como la mayoría también reconoció que, de no haber ingresado a la policía, lo más probable es que tampoco hubieran tenido una participación relevante en actividades delictivas.

Este involucramiento criminal, y el goce de los beneficios obtenidos, genera indefensión en los policías y promueve una lealtad forzada, pues es con tal desamparo percibido como se logra garantizar la impunidad, tanto de los abusos cometidos al interior de la corporación, como de aquellos que se ejecutan contra los ciudadanos. Como también lo han apuntado otras investigaciones, los policías se hallan enrejados a las normas del grupo policial y a la “complicidad forzada” aún antes de ser encerrados en la cárcel (Suárez, 2005: 99).

En el momento decisivo en el que un policía cae en desgracia empiezan a activarse en su contra un conjunto de amenazas latentes que constituyen en realidad los ingredientes de la sujeción policial. Como en el caso de este ex Policía Judicial de 43 años, el conflicto se precipita al ganarse la enemistad de algún jefe durante la realización de actividades criminales: “yo cometí tres delitos, de éste por el que vengo fue porque tuve broncas con el comandante con el que trabajaba y quien nos involucraba, yo estuve cometiendo fechorías y tuve problemas con él y por eso nos involucraron en este delito” (PJEM, 2)2. En otras ocasiones, como la de este Judicial condenado a 42 años, la acusación es consecuencia de haber participado en algún operativo,


por ingenuidad, desconocimiento o por una celada, contra personas que cuentan con protección en la institución:

“Me mandaron a una investigación de una bodega de autopartes en Iztapalapa y en las bodegas había dos personas, los detuvimos, pero resultó que los señores estaban apadrinados por gente de la institución (…) es la misma Procuraduría la que me juzga y me hostiga, pues yo no tenía elementos para comprobar por qué había ido a las bodegas a detenerlo sin orden de presentación”. (PJDF, 7)

Como la mayoría de estos operativos se ordenan sin seguir los procedimientos formales de detención cualquier agente que no cuente con algún estatus está expuesto a ser acusado si da un mal paso. Es en este sentido que cabe afirmar que la mayor parte de los policías son potencialmente criminalizables. Una vez activados, estos conflictos terminaron en contra de los policías gracias a la extendida práctica de “cuadrar el delito”. Se trata de mecanismos utilizados habitualmente en el sistema judicial mexicano contra cualquier detenido mediante los cuales el código penal es aplicado discrecionalmente apelando a tipos penales cuyas pruebas han sido expresamente seleccionadas y preparadas para que puedan prosperar en las causas. En este sentido, incluso es relativamente sencillo “fabricar” los cargos desde cero; es decir, conseguir autoinculpaciones cuando en un inicio no existe cargo alguno: “una vez que ya te tienen, ellos la manejan la averiguación previa a su manera” (PJDF, 22).

Cuando los delitos se cuadran hacia el interior de la corporación se logran reajustes en las relaciones de poder para confirmar las jerarquías dominantes, cancelar amenazas al estatus quo de los mandos, o en algún caso, para hundir a éstos cuando están debilitados. Un ex Judicial de 34 años condenado a 28, dice:

2 Se ha aplicado un código de identificación para el total de las entrevistas de acuerdo a la corporación policial a la que pertenecieron los presos (letras) y el número de informante y de entrevista (de 0 a 35). Así, PJF: Policía Judicial Federal de la Procuraduría General de la República; PJEM, Policía Judicial de Estado de México; PJDF, Policía Judicial del Distrito Federal, SSPDF, Policía Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y SSPDF-E, el mismo que el anterior pero perteneciente a cuerpos especiales.


“Yo desfundé mi arma y (…) el chavo falleció… Posteriormente, como yo traía problemas con el comandante de esa brigada, ya que yo lo había agarrado en varias movidas, por eso me acusó hasta de 6 secuestros y, aunque ya con el tiempo me fueron quitando algunos, de todos modos me quedé con un homicidio y un secuestro”. (PJF, 16)

Como vemos, las acusaciones se van sumando y restando según el interés en neutralizar a un rival, y según la capacidad de éste de desprenderse de los cargos. No obstante, es evidente que las jerarquías formales marcan fuertemente la capacidad de defensa de los acusados. Un ex mando medio de 64 años, condenado a 41 años, nos da un buen ejemplo del nivel de encarnizamiento al que pueden llegar los pulsos de poder:

“A mí me mandaron a ejecutar una orden de aprehensión pero la persona que detuve (…) era amigo del jefe de la Policía (…) y me ordenó que lo dejara ir (…) Tenía orden de aprehensión girada por un juez, por fraude, y me negué a soltarlo (…) Mi jefe primero me arrestó 36 horas por insubordinación, luego me dijo que me iba a chingar y yo le dije que no me asustaba y me dijo: “vas a ver si no te lo cuadro…”. Pasó el tiempo y me acusó de extorsión, de “bailar” al detenido, pero no me lo pudo comprobar (…) Llegaron a mi casa, por órdenes de arriba, y (…) nos hicieron firmar después de 5 días de tormento”. (PJF, 31)

Pero quizás lo más interesante es que, incluso cuando se encuentran ya retenidos y sometidos a un proceso judicial, a los ex policías se les continúa exigiendo obediencia y lealtad, y seguir respetando el código de silencio, so pena de recibir mayores represalias:

Cuando nos consignan dicen que tenemos que acatar órdenes (…) y tuvimos que callar que el comandante que estaba ahí no era el que teníamos realmente, y también que las listas de servicio fueron alteradas para poner al nuevo comandante (SSPDF, 10). En realidad, la amenaza pende sobre el reo para toda su existencia, incluso cuando ya hayan sido excarcelados: “y si saliera, pues me iría a otro lado, porque aquí luego sale uno y te vuelven a cuadrar el delito porque ya te tienen fichado” (SSPDF, 33). Es en este


sentido como los policías viven una condición de sujeción ya sea antes, durante o después de su encarcelamiento.

Ⅳ. Los relatos de inocencia: entendiendo la sentencia y lo arbitrario

La sentencia y la condena es rememorada en las entrevistas cómo inesperada, catastrófica e irreversible. La aceptación de este hecho es un proceso paulatino que se prolonga en el tiempo, pero que no necesariamente implica la asimilación del estigma simbólico que recae sobre ellos: el del estar presos por el delito de secuestro. Lo que no se acepta es nombrar esta palabra tabú para referirse a sus propios procesos, aunque no haya mayor problema en vincularse explícitamente con otro crimen: “Del delito principal me dieron 14 años y 6 meses de sentencia pero luego me acusaron por violación y ahora estoy en juicio por esa acusación” (PJEM, 9).

Para evitar nombrar la palabra “secuestro” los entrevistados usan diferentes estrategias discursivas, tales como eufemismos, perífrasis verbales y tecnicismos legales, como la reiterada distinción entre extorsión y secuestro o la definición exacta que establece el Código Penal: “Por lo que yo vengo, es por privación ilegal de la libertad agravada” (SSPDF-E, 12). En todo caso, aun cuando no se pronuncie la palabra connotada, la mayoría sí reconoce haber participado en este delito ―así como no suelen identificarse como ex policías sino como ex servidores públicos. Podemos decir que estas evitaciones son fórmulas con las que los presos intentan no esconder sino renegociar su identidad estigmatizada, con la que ya estaban familiarizados anteriormente en sus relaciones con los ciudadanos, pero ahora en un contexto más hostil.

La idea de la inocencia, en cambio, de una u otra forma sí está presente en la mayoría de los entrevistados. Los ex policías presos se sienten abrumadoramente victimizados por agentes que los desbordan y superan en capacidad y poder, sean personales o impersonales. Parece evidente que dichas narraciones sobre su situación pueden entenderse como técnicas de neutralización (Sykes y Matza, 1988): al construir estos relatos, donde afloran sentimientos de impotencia, de inseguridad y de indefensión, los presos se ubican a sí mismos como víctimas pasivas instrumentalizadas por


sus jefes, de los que se ha abusado de su lealtad, y niegan su responsabilidad en unos hechos que les arrojan a una etiqueta deteriorada de sí mismos. Llamaremos “relatos de inocencia” a las narraciones donde exponen estas creencias.

Pero la inocencia que se expresa en estos relatos no es tanto una historia de reivindicación de no culpabilidad, que también aparece, sino una expresión de la injusticia que los reclusos perciben que se ha cometido contra ellos por haber sido seleccionados arbitrariamente por el dispositivo punitivo. La fuerza intuitiva de la comprensión de su situación emana del hecho que los ex policías entrevistados saben que la lógica de la arbitrariedad que sufren es análoga a la que ellos mismos ejercieron cuando eran policías; es decir, cuando detenían, sometían y acusaban a personas pasando por alto los procedimientos y garantías. Un ex policía preventivo, que en el momento de su captura ya había dejado el servicio, nos relata su experiencia:

“El Ministerio Público me puso a leer mi declaración que yo no hice, y yo empecé a decir que no (…) yo sabía que eran amenazas que no iban a cumplir porque yo fui policía y lo viví todo del otro lado (…) Y me pusieron frente al grupo GERI, rodeándome para intimidarme y que no me retractara, y no me convenía decir que yo era policía porque sabían que yo sabía lo que es cuadrar el delito” (SSPDF, 28)

La inocencia, y por tanto la culpabilidad, es para los ex policías presos contextual y relativa, y de carácter comparativa con respecto a los diferentes grados de la misma en función de las adecuaciones llevadas a cabo con las reglas informales y con el corpus moral institucional. No es, por tanto, objetiva según el cumplimiento o no de la legalidad del Código Penal. A este respecto, un ex comandante de la Policía Judicial relata el agravio comparativo que sufrió frente a sus compinches de delito:

“Venía yo con 5 coacusados y yo fui el único que me quedé. Ellos ya no han venido, siguen trabajando en la policía (…) Uno no tiene por qué decir: si cuatro salieron absueltos ¿por qué yo no? (…) He visto muchos que se van (…) Todos cometemos errores y unos pagan, otros no, eso siempre ha sido así” (PJEM, 9)


Como ya vimos, los ex policías parten de la creencia de que todas sus sentencias por secuestro han sido “cuadradas” por sus enemigos internos. Si a esto se le añade la actitud frente al carácter azaroso y casual de la aprehensión, y la constatación de la impunidad reinante, que la hace muy improbable para los delincuentes, se entiende la presencia en los entrevistados de emociones de indefensión. La impresión predominante es que una fuerza superior a ellos los arrastró hacia la desgracia, por lo que sienten que no controlan sus propias vidas y los itinerarios que los condujeron hasta la prisión: “me digo que por qué me estará pasando todo esto y le digo a Dios que por qué me castigó tan feo si a mí no me gusta hacer el mal” (PJEM, 2).

El sentimiento de impotencia llega al extremo de declarar que es imposible entablar una batalla legal para defender sus causas, ya que todo está decidido de antemano por unos arreglos arbitrarios que no pueden ser contrarrestados. Dentro de esta misma línea se explica el por qué se articulan una serie de mini teorías de la conspiración mediante las cuales los reclusos pueden encajar el sentido de sus biografías accidentadas. Por ejemplo, sirviéndose de otra técnica de neutralización (Sykes y Matza, 1988), se puede atacar a quien juzga para resaltar la lógica de los pactos informales y lamentar haber quedado excluidos de los mismos: “inclusive mi acusador tiene antecedentes penales y, aun así, demostrando que ellos eran delincuentes, nos sentenciaron” (AFI, 17).

Podemos detectar aquí una constante. A medida que aumenta la creencia en fuerzas que los rebasan crece la percepción de la propia inocencia, no en el sentido de no haber cometido crimen alguno, sino de no ser tan responsables de los mismos y de merecer tener la oportunidad de un nuevo acuerdo. En realidad se trata de un problema de falta de correspondencia, del incumplimiento de una expectativa de reciprocidad. Los policías que ejecutaron una conducta criminal esperaban ser rescatados o resarcidos por los propios mandos que se la ordenaron o, en todo caso, apoyados por sus compañeros de los grupos donde actuaban, por lo que al comprobar la ruptura de esta lealtad tienen la certeza de haber sido traicionados. Un condenado a 21 años cuenta: “los mandos también tuvieron culpa porque no nos apoyaron, no nos daban documentos que respaldaran que nos habían mandado detener a tal persona y nosotros lo detuvimos portando droga” (PJF, 26). Parece predominar la idea de que la mayor infracción no es el


delito en sí sino el haber sido traicionados por agentes que no cumplieron con un acuerdo de impunidad confabulada del que se esperaba protección.

Incluso en el caso de percibir que ellos han podido forzar o sobreexplotar las reglas informales internas, se lamentan de que no se haya solucionado igualmente con un arreglo arbitrario. Es decir, que no se hayan negociado unas nuevas condiciones para reubicarlos en la jerarquía y en el goce de los beneficios, y que se haya usado el recurso extremo del aparato punitivo del Estado, entendido como castigo excesivo e irreversible para solucionar diferencias internas. Nos encontramos, en definitiva, con otro argumento sobre la sujeción: los policías obedecen a un poder arbitrario, despótico, caprichoso e imprevisible que se puede volver fácilmente en contra.

Como consecuencia de estas creencias, los entrevistados concluyen que su improbable liberación no depende de la demostración de su inocencia en una revisión de sus casos, sino de la posibilidad de reunir dinero para comprar abogados y jueces. Algunos confían en esta posibilidad de renegociar los pactos arbitrarios: “lo que necesito es que vean nuestros expedientes y que nos digan claramente si nuestra situación la podríamos arreglar con dinero o cómo le podríamos hacer” (PJF, 19). Hay que subrayar este punto: no se refieren solamente a la injusticia de un sistema penal corrupto, sino también al hecho de no poder encajar dentro de él y obtener una ventaja de su discrecionalidad y su arbitrariedad: “yo quisiera tener un amigo abogado porque aquí con dinero uno sale… es lo bueno de que México sea corrupto, que uno sabe que con dinero sale de aquí” (PJF, 27).

Ⅴ. El castigo: sufriendo el estigma y aceptando la vivencia.

Ha sido descrito que en este rito de paso que constituye el encarcelamiento (Van Gennep, 1986) existe un etapa liminal durante la cual los prisioneros recién llegados cruzan la frontera social y simbólica del exterior al mundo interior carcelario (Harvey, 2007). En este estado de liminalidad, los reos experimentan una vivencia de separación, una preocupación por su seguridad, y un sentimiento de incertidumbre y de pérdida de control. Esta fase es la primera de las tres etapas que, junto con la aceptación y el equilibrio, formarían parte de la adaptación al nuevo entorno.


En el caso de los ex policías acabados de ingresar, esta fase liminar de la llegada a prisión fue marcada por la inmersión en un mundo donde son el principal objetivo de los abusos: “se encajan contigo, las lacras se encajan con quien no ha estado en prisión, yo siempre digo que ya he estado antes, así no se meten contigo” (PJF, 32). Si bien es conocido que los reos veteranos suelen recibir a los recién llegados con métodos violentos para imponer su dominación, es evidente que los ex policías inician una carrera moral de doble adscripción estigmatizada (secuestradores y policías), la “doble cárcel”, por la que deben aprender su nueva condición social y modificar su concepción del yo (Goffman, 1993:45). Un sentenciado a 22 años cuenta: “uno lo trata de ocultar porque le ponen más sentencia a los policías, y si uno lo dice, lo pueden matar a uno; aquí no hay un dormitorio para policías, allá en el reclusorio sí” (SSPDF, 28).

Las relaciones que se establecen con otros policías presos proveen de escasas oportunidades de encontrar protección, ya que es precisamente esa identificación con sus pares la que se convierte en factor de riesgo. Frente al acoso a su categoría de pertenencia, los ex policías deben ser desleales y huir del peligro de tal identificación: “Hay otros que hablan de los secuestros que cometieron, de las bandas a las que pertenecían, y cuentan todo lo que hacían (…) por ejemplo, de los que mataban policías” (SSPDF-E, 12).

Son estos esfuerzos por ocultar la identidad estigmatizada los que se convierten en parte de la identidad personal de los ex policías (Ibídem, 83). Los intentos por evitar el reconocimiento pueden llegar a ser exitosos: “aquí no se dan cuenta que somos servidores públicos (…) aquí intento no hacernos doble cárcel, no meterme en problemas y no decir que era policía” (PJF, 26). No obstante, al mismo tiempo que los presos experimentan la condición de su estigma social, también se enfrentan a la dolorosa evidencia de la dificultad del ocultamiento de su etiqueta de policías, algo que también les ocurría en su vida en libertad. Recordando su época de servicio, un preventivo condenado a 52 años dice: “todo eso se detiene en el punto en que llegas a tu casa y todos ya saben que eres policía y te ven ahora con coraje y puede ser peligroso, uno puede perder la vida en un problema de esos” (SSPDF, 10).

Al ser personas desacreditadas, no tienen mucho control sobre la información que los demás poseen acerca de su deficiencia, y aunque el estigma no sea en principio visible, circulan conocimientos y rumores, y


existen inevitables marcadores conductuales de adscripción: “cuando llegamos al reclusorio fuimos extorsionados, golpeados, y te dicen que ya saben quién eres, que te van a violar, a matar y que tienes que dar 50 mil, y allí o das el dinero o te matan” (SSPDF, 18).

Hemos podido constatar que esta etapa liminal de los recién llegados, en el caso de los policías presos se prolonga durante años debido a la intensidad del doble estigma. Para ellos resulta difícil estabilizar un entorno seguro, y a duras penas logran aceptar una nueva condición que se prolongará buena parte del resto de sus vidas. En realidad viven una fase liminal con adaptación detenida o ralentizada. A veces la no asunción de culpa incide en esta incapacidad de pertenecer al mundo carcelario: “aquí uno trata de esquivar problemas para que no haya ningún castigo, como uno no fue responsable no está uno preparado para caer aquí” (SSPDF-E, 5). Otro ex judicial afirma: “yo sopesé el riesgo de llegar a perder la vida, pero nunca de llegar a un lugar como éste” (PJF, 1).

Pero lo que resulta más significativo es que en los relatos de inocencia aparece un bloqueo emocional estacionado en esta fase liminal y en las fases anteriores de la aprehensión y la sentencia. Así, en etapas posteriores del encarcelamiento se rememora dicha época como algo muy vívido, aunque hayan transcurrido muchos años. Se vuelve una y otra vez sobre el problema original: “me he hecho una y mil preguntas, pero es muy sencillo todo lo que pasó” (PJF, 4). Se reviven las experiencias del juicio y de la entrada en prisión en tiempo presente, y se lamentan de lo que salió mal. Un condenado a 50 años nos habla así de su caso, ocurrido en 1989:

“Después de que a nosotros nos detienen, se pierden evidencias (…) no hay huellas del delito y hay dos grupos que estamos sentenciados por el mismo delito (…) vuelven a confirmarme 50 años por secuestro. Lo más grave es que me inician juicio de amparo directo y nunca promoví ese amparo, hay una ilegalidad total” (PJF, 1)

Son varios los afectos que emergen en el discurso que permiten identificar esta regresión: un sentimiento de opresión, de persecución injusta, de separación y aislamiento, la incertidumbre, la certeza de vivir un infortunio, la debilidad, la indefensión y la impotencia, la tristeza, el rencor y el ansia de venganza. Pero a pesar de todo, este conglomerado emocional a


muchos los conduce a la esperanza. En realidad, este bloqueo se enraíza al no haber aceptado el castigo y mantener la esperanza de una futura liberación cuando la revisión de sus casos permita comprobar la inocencia. El relato de inocencia y la nostalgia de enmendar el error original suelen aparecer conjuntamente en la mayoría de los entrevistados.

Por ejemplo, después de transcurrido el tiempo, los presos se siguen considerando víctimas de una injusticia que debería ser redimida retrocediendo y arreglando el problema: “por lo menos no lograron desaparecerme, y algún día se puede probar que no fui yo el responsable” (SSPDF-E, 5). Pero en la mayor parte de los casos no existe tal posibilidad, este discurso se da en un horizonte de autoengaño, un recurso exiguo para poder sobrellevar la realidad del castigo con algún tipo de expectativa. Los propios relatos expresan la futilidad de la empresa: “A lo mejor el licenciado no manejó bien las cosas… sólo espero un milagro; que alguien se dé cuenta de todas las irregularidades (…) no me queda otra más que esperar” (PJEM, 2).

Ⅵ. La tregua: estableciendo acuerdos y adoptando papeles

Una vez que se percatan de que la identidad desacreditada es difícil ocultarla, los ex policías presos se ocupan en negociar su posición social. Bien escojan exhibir o disimular su estigma, ello siempre conlleva un proceso de adopción de papeles. Sin embargo, aquí negociar no implica necesariamente un acuerdo entre iguales, sino un esfuerzo por acceder a los recursos de significado que los roles le otorgan a la identidad social. Lo que en realidad está en juego son los símbolos de dicha identidad. Como ya vimos, en los relatos de inocencia se intenta revertir lo sucedido, volver atrás y enmendar el error; pero este recurso también marca los límites de la aceptación de que la condena existe y que tienen que lidiar con todo lo que implica el encarcelamiento. Entonces, si no es posible retroceder hay que establecer una tregua en las condiciones del encierro mientras éste dure. Pero se trata de una tregua, no de una verdadera fase de “equilibrio”, la cual implicaría menos riesgos de experimentar una adversidad (Harvey, 2007). Los acuerdos de rol tienen a la inestabilidad: logran cristalizarse mediante negociaciones continuas bajo amenazas de disolución, especialmente con el


recurso de la violencia, que es predominante. En entonces cuando de manera precaria se marcan los límites del propio sujeto respecto a sus compañeros y se buscan alianzas para mejorar el entorno hostil.

Existen diversas estrategias de relacionarse con el entorno carcelario mediante la apropiación de roles sociales, algunas de los cuales se dan conjuntamente. Una de las formas más eficaces de adaptación es aprender a estar a disposición del otro. Se trata de la asunción de un rol subordinado. Cuando ingresan en prisión los recién llegados aprenden a estar a disposición de los jefes de bandas carcelarias o de custodios. A veces es tan simple como encontrar un líder y someterse a la jerarquía: “Yo aquí trabajo para uno que (…) ahora se convirtió a la religión (…) Este señor con el que trabajo me ha aceptado en su religión y me dice lo que hay que hacer. Ellos me dan un consejo” (PJF, 4). También se respetan los roles jerárquicos en espacios propios originados en la veteranía: “los más antiguos en la celda son como la mamá de todos, son los que mandan y dicen cómo hay que hacer las cosas” (PJF, 27).

Pero los policías ya provienen de un entorno donde tuvieron que hacer un esfuerzo de adaptación a los códigos propios de la sumisión jerárquica. Con ello, ya conocen qué lenguaje es el más apropiado para relacionarse con los que abusan de la autoridad. Así, por ejemplo, el equivalente de la extorsión que policías sufrieron o los que infligieron a los ciudadanos, es la extorsión de custodios sobre presos: “la familia tiene que traer siempre dinero hasta para que le dejen pasar la comida. Los custodios son los que venden la droga, y todos lo saben, y hasta botellas de vino, de cervezas. No se puede hacer nada contra ellos” (SSPDF, 18).

Una segunda práctica de negociación de estatus consiste en enfrentarse abiertamente para contrarrestar la reputación de ser vulnerable. Nos encontramos con el rol temerario. Ha sido dicho que la violencia es inherente a la cultura institucional porque proporciona recursos y prestigio, inmunidad y protección, y además lo permiten las normas informales (Toch, 1985). En este sentido, existen razones para que los presos se resistan a las demandas de los otros y aumenten el riesgo de ser atacados. Se trata de disputas por los recursos simbólicos para esquivar la indefensión y el aislamiento (Edgar y O’Donnell, 1998: 648). Este ex preventivo intenta aplacar mediante el desafío:


“Cuando uno llega aquí, te tratan de extorsionar porque uno es policía y dicen: vele pensando, ¿quieres que te maten o quieres protección?, y yo les dije: pues yo no tengo dinero, si me vas a matar, pues mátame, estoy en tus manos, no tengo dinero, y si lo tuviera, no se los daría” (SSPDF, 10)

No hay que considerarla como una estrategia suicida, ya que se ejecuta para ganar estatus. Aunque en el contexto del módulo para secuestradores, su peligro consiste en la falta de límites que puede imperar entre sentenciados de por vida: “como hay gente que trae 100, 200 años de sentencia ya ni trabajan, sólo ven a quién le sacan provecho (…) todo lo quieren arreglar matándose” (PJDF, 23).

La tercera modalidad de negociación del papel social consiste en la búsqueda de aliados estratégicos. Es éste el rol diplomático. Frente a la identidad deteriorada hay que reconstruir lazos y alianzas: “Siendo uno servidor público aquí te dan menos comida porque eres “tira”, y entonces hay que pelearse para conseguir las cosas; te haces de amistades” (SSPDF, 18). Los recién llegados ofrecen más oportunidades de encontrar aliados: “aquí mejor veo cómo llevarme mejor con la nueva juventud que ingresa aquí” (PJDF, 15). Mientras que los líderes son más amenazantes: “aquí lo más difícil es que nos mezclen con los más canijos, los que andan robando en el reclusorio, extorsionando, picando, y que nos mezclen con ellos a los que somos tranquilos” (SSPDF, 33). En ocasiones conseguir el apoyo de aliados se revela crucial frente a la extorsión: “uno tiene que ser amable con la gente y hasta bromear (…) O le da uno la vuelta a esa gente. Hubo un muchacho que me quería extorsionar, todo el tiempo me pedía dinero (…) hasta que otro compañero lo golpeó y le dijo que no se pasara de listo conmigo” (PJDF, 23).

Se ha revelado que la posesión de un espacio de control en la prisión contribuye a la percepción de seguridad y apoyo y define el logro de la adaptación (Harvey, 2007). La creación de este espacio simbólicamente habitable está en función de la búsqueda de aliados, como el que se logra con una reputación de neutralidad: “yo me he ganado el respeto con la gente, no me drogo, no soy chismoso” (PJF, 16); aunque los entrevistados lo experimentan con mucha precariedad, ya que nuevas alianzas cuestionan a cada momento este equilibrio: “tienes que dormir siempre con tus fierros,


con el miedo de que te van a matar todo el tiempo, y aquí no sabes si tendrás consecuencias. La cárcel es así: alguien más le puede dar cuerda a otro para que maten al que uno quiera” (PJDF, 15).

Finalmente, una cuarta forma de establecer un papel social frente a los otros es con la pretensión de acceder a la posición dominante, lograda mediante alianzas con los hombres fuertes, aunque también a través de luchas abiertas. Se trata del rol dominante. Los internos aprenden rápidamente las ventajas de ostentar este papel al observar como son avasallados por los veteranos: “apenas llegas y ya te piden 2 mil pesos (…) el que ya lleva 2 o 3 caídas ya se siente que la cárcel es de él y nos ve como pinche chamaco que vienes llegando y lo quieren a uno hacer a su modo” (SSPDF-E, 12). Debido a la condición estigmatizada que padece cuando ingresa en prisión, el aspirante a la jerarquía puede negociar su rol renegando de su grupo de ex policías: “me salí del ambiente de mis compañeros de causa y me empecé a llevar con las banditas de aquí adentro, a traficar con alcohol, a extorsionar a los nuevos que llegaban, a cobrar por protección” (PJDF, 15). Aunque con la reagrupación, aquellos que como este ex judicial pierden su estatus en su espacio de control, deben empezar desde cero a labrarse su reputación: “Luego me trasladaron aquí a Santa Marta y mientras yo era allá como el padrino, aquí pues no era nadie” (PJDF, 15).

A veces convertirse en delator también es un método de ascenso que logra debilitar a la competencia: “aquí se da mucho lo de las extorsiones telefónicas. El director me ayudó mucho porque yo le avisaba de los que extorsionaban” (SSPDF, 18). Esto nos indica que la estructura social de los reos depende fuertemente de los cargos, prebendas y privilegios que la jerarquía institucional formal otorga, como parte de los mecanismos de reciprocidad esperados para beneficiar a ambas partes: “aquí yo soy repartidor de alimentos, me he ganado respeto (…) al repartir el rancho voy sacando también un poco de dinero” (PJF, 16). El hecho de ascender en la jerarquía informal carcelaria trabajando en grupos de extorsión a las órdenes de jefes, y bajo la cobertura de la legalidad, es un mecanismo similar al que existe en los clanes policiales orientados al delito, donde hay jefes que controlan negocios y otros que obedecen: “yo aquí trabajo para un señor que está bien parado con el director general de reclusorios y por eso nos permiten vender, aunque hay que sobornar a los custodios para que nos quiten las cosas” (AFI, 17).


Conclusiones.

A lo largo de este texto se han mostrado indicios de que cuando los policías son apresados y encarcelados no dejan de experimentar cierta continuidad y familiaridad entre el modo de vida anterior y su nueva situación de encerrados. Parece ser que, con la caída en desgracia, la condición de sujeción que los policías ya viven con su adscripción institucional, es radicalizada en términos de encierro corporal, una condición previa que Suárez (2006) también ha identificado como su situación de “enrejados”. Se trata de una exacerbación de la condición subyugada, discriminada y desigual que hallan en la institución, pero sin las ventajas de aprovechar la coartada de la ley, y sin el apoyo de su grupo de pertenencia. En la cultura policial existen unas relaciones de dominación que obligan a la lealtad y el sometimiento dentro de los clanes (Azaola y Ruiz, 2009). Es esta misma falta de control que tienen de sus decisiones en la estructura informal policial la que se extiende al contexto carcelario. Pero al mismo tiempo, su problemático trato con el mundo exterior donde extorsionan y abusan de los ciudadanos, los orillan a vivir un estigma social y un aislamiento fuera del ámbito de sus compañeros, algo que después de la carrera interrumpida se traducirá en el doble estigma de ser ex policías y secuestradores.

Además, la lealtad que reciben de sus iguales es condicional y sujeta a erosión si colisionan con los mandos y sus ambiciones. A pesar de las apariencias, el corporativismo policial no es tan fuerte y se limita a intereses comunes locales y coyunturales. Por ejemplo, el hecho de que durante los procesos de detención, los antes compañeros los sometan y torturen para lograr cuadrarles los delitos, no es sino un síntoma de la debilidad de la identidad policial y sus códigos morales, prestos a volatilizarse frente a las presiones de la jerarquía y que mantienen un horizonte muy apegado a grupos locales particulares. También se ha dicho que con la aprehensión, el repertorio de saberes no escritos que les orientan en la práctica policial es redireccionado en su contra (Suárez, 2005). Pero en realidad esto ocurre en forma paradójica. Si bien esos mismos conocimientos que exhiben tics y formas de hacer policiales pasan a ser elementos desacreditables dentro de la prisión, también constituyen un corpus de habilidades ya aprendidas para arreglárselas en un entorno hostil, sobre todo para hacerse con recursos de negociación de los roles sociales que les permitan afianzar un espacio


habitable. No obstante, el aprendizaje de estrategias policiales no es fielmente

trasplantable a la prisión, por lo menos no en el sentido de estrategias grupales. Los policías viven situaciones de abuso de poder que aprendieron a enfrentar y negociar cuando aceptaban la autoridad arbitraria de mandos y ejercían la dominación contra los ciudadanos. Pero en la prisión son mayormente victimizados porque no poseen los instrumentos simbólicos de poder asociados a la acción colectiva. Entonces sí, el abuso de poder se vuelve contra ellos. Los clanes policiales están desarmados y su capacidad de proporcionar recursos de poder es casi nula, por lo que los individuos tienen que tener la suficiente autonomía para negociar desde cero unos roles sociales diversificados que les proporcionen estatus y les mejoren la identidad estigmatizada. Esta puede ser la razón de esa tendencia que hemos encontrado en los ex policías a tener una menor actividad delictiva en la prisión.

Pero hay un aspecto que ambas culturas policial y carcelaria comparten: el sentido de los relatos de inocencia. No es casual que los ex policías se sientan víctimas de las mismas prácticas de abuso y extorsión de las que han sido acusados y sentenciados. Este sentimiento de agravio enraíza en una constatación: los policías encarcelados son víctimas semejantes a las que llenan las cárceles, porque como la mayoría de ellos, han sido seleccionados arbitrariamente por el sistema punitivo como individuos criminalizables bajo los criterios de ser accesibles y no contar con medios de defensa, lo cual no implica que no hayan cometido delito alguno (Azaola y Ruiz, 2009, 2010). Es obvio que las élites criminales casi nunca ocupan el espacio carcelario. La inocencia, por tanto, es relativa a la percepción de indefensión e impotencia debido a la exclusión de una lógica institucional que beneficia a los más poderosos y que ya no les permite aprovecharse de los acuerdos de impunidad que la arbitrariedad del sistema otorga.

A este respecto, también es muy significativo que los relatos de inocencia y la esperanza en una revisión liberadora de sus causas convivan con relatos de desesperanza bajo un agobiante desengaño. Parecen tener la convicción de que por mucho que se esfuercen la mejora en su situación no está en sus manos, que portarse bien no sirve de nada y que su rehabilitación no depende de cumplir con las reglas; incluso que ésta no es posible. La única capacidad que reconocen viable para poder controlar cómo salir de allí


es el recurso económico para negociar con el sistema. Incluso llegan a afirmar que salir tampoco es del todo una solución, ya que podrían continuar marginados por el estigma y sometidos a relaciones de dominación. Lo que parece desprenderse de los relatos de inocencia es la fuerte comprensión intuitiva de la relación subordinada que tienen los individuos con respecto a las estructuras de dominación que los sujetan, como si fueran una expresión de la frustración frente a estas fuerzas. En este sentido, las técnicas de neutralización, las negociaciones de rol y los discursos sobre inocencia y desesperanza serían intentos de adecuación a un entorno restrictivo que es similar en la policía y la cárcel.

No obstante, hay otra dimensión por la que los policías se sienten victimizados, y que le da a los relatos de inocencia y las emociones de indefensión un encaje en la teoría de la importación (Irving y Cressey, 1962; Silberman, 1995; Thomas, 1977). La penitenciaría de Santa Martha es una institución total permeable cuyos acontecimientos cobran sentido en función de los requerimientos externos para cumplir con expectativas políticas. El aumento de condenas para secuestradores y la no aplicación de reducción de la pena, son escenificaciones de legalidad, legimitidad y punición que necesitan eventualmente la presencia de personajes catalizadores. Una vez recabados, son aprovechados en una representación simbólica de castigo interpretada por policías caídos en desgracia, demasiado ambiciosos, incautos o desafortunados. Los criterios para este castigo se basan en aprovechar los reajustes locales en los grupos de poder policiales para poner a circular otro tipo de reajustes: los que llevan a cabo políticos y funcionarios para reinventar la legitimidad del Estado en situación de cuestionamiento frente a la pujanza del crimen organizado. Pero aun habría una segunda manera de aplicar la teoría de la importación. Usualmente se dice que los daños del encierro no se comparten con nadie ajeno al medio, y que sólo los que compurgan la pena pueden comprender esta situación vital. Pero los relatos de inocencia también pueden extenderse al exterior, en el sentido que la denuncia que expresan comparte un mismo lenguaje que entiende toda la ciudadanía, y es el mensaje de que la arbitrariedad y el abuso de poder es una amenaza potencial para todos.

Los problemas sobre la sujeción carcelaria han sido señalados como un campo de interés en la investigación de la antropología de las prisiones (Rhodes, 2001). Una tarea que la disciplina podría acometer al respecto en el


caso de México, es ayudar a deconstruir y desarticular las imágenes que a través de los discursos sobre el crimen se lanzan sobre aquellos que son criminalizados (Schneider y Schneider, 2008), y que en realidad son víctimas que han sido seleccionadas entre los criminalizables (Azaola y Ruiz, 2009). En México, la cultura informal orientada al abuso que se forma en las tesituras del entramado institucional jurídico punitivo del Estado, no debería verse como un epifenómeno o efecto secundario, sino como constituyente y estructural al mismo y analizarse como tal. La pregunta que cabría hacerse es qué pasa con los efectos de poder del dispositivo del Estado cuando las disciplinas y las legalidades que pretenden normalizar (Foucault, 1995) logran crear y sustentar un mundo de paralegalidad y de abuso.

Bibliografía.

Alpert, G. P. y J. J. Noble (2009): “Lies, true lies, and conscious deception: Police officers and the Truth”, Police Quaterly, 12(2): 237-254.

Arellano, E. (2009): Secuestro. Actualización del Marco Jurídico, México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 64.

Arteaga Botello, N. (2004): En busca de la legitimidad. Seguridad pública y populismo punitivo en México, 1990-2000, Alicante: CEMAB.

Arteaga Botello, N. y López Rivera, A. (2000): “Everything in this Job is Money’: Inside the Mexican Police”, EWorld Policy Journal, Otoño, 61-70.

Azaola, E. y Bergman (2009): Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México, México: CIDE.

Azaola, E. y M. À. Ruiz Torres (2009): Investigadores de papel: poder y derechos humanos entre la Policía Judicial del Distrito Federal, México: Fontamara.

Azaola, E. y M. À. Ruiz Torres, (2010): “Papeles policiales: abuso de poder y eufemismo punitivo entre la Policía Judicial de la ciudad de México”, Desacatos, 33: 95-110.

Benítez Manaut, R. (2004): “México: seguridad ciudadana, conflictos y


orden público”. Nueva Sociedad, 191: 103-116.Bennet, R. R., y E. L. Shmitt, E. L. (2002): “The effect of work environment

on levels of police cynicism: A comparative study”, Police Quarterly, 5(4): 493-522.

Benoit, J. P., & Dubra, J. (2004): “Why do good cops defend bad cops?”, International Economic Review, 45(3): 787-809.

Bergman, M. y E. Azaola (2007): “Cárceles en México: cuadros de una crisis”, en: Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, núm. 1, mayo: 74-87, FLACSO-Ecuador, Quito.

Bonner, R. L. (2006): “Stressful segregation housing and psychological vulnerability in prison suicide ideators”, Suicide and Life-Threatening Behavior, 36: 250-254.

Cancino, J. M., & Enríquez, R. (2004): “Qualitative analysis of officer peer retaliation: Preserving the police culture”, Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 27(3): 320-340.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP (2010): Secuestro: impacto social y características del delito, Carpeta de Indicadores y tendencias Sociales, núm. 1, Cámara de Diputados, México D.F.

Cheeseman, K. A. (2003): “Importing aggression: An examination and application of subculture theories to prison violence”, The Southwest Journal of Criminal Justice, 1(1): 24-38.

Cochran, J. K. y M. L. Bromley (2003): “The Myth (?) of the police sub-culture”, Policing, 26(1): 88-117.

Crank, J. P. (1998): Understanding Police Culture, Cincinnati: Anderson.Davis, D. E. (2006): “Undermining the Rule of Law: Democratization and

the Dark Side of Police Reform in Mexico”, Latin American Politics and Society 48(1): 56-86.

DeLisi, M. , M. T. Berg y A. Hochstetler (2004): “Gang members, career criminals and prison violence: Further specification of the importation model of inmate behavior”, Criminal Justice Studies, 17: 369-383.

Edgar, K. y I. O’Donnell (1998): “Assault in prison: the victim contribution”, British Journal of Criminology, 38(4): 635-649.

Ford, R. E. (2003): “Saying One Thing, Meaning Another: The Role of


Parables in Police Training”, Police Quarterly, 6(1): 84-110.Foucault, M. (1992): Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta.Foucault, M. (1995): Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México:

Siglo XXI.Frewin, K., C. Stephens y K. Tuffin (2006): “Re-arranging Fear: Police

officers’ discursive constructions of emotion”, Policing & Society, 16(3): 243-260.

Garland, D. (2005): La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.

Garcia, V. (2005): “Constructing the ‘other’ within police culture: An analysis of a deviant unit within the police organization”, Police Practice and Research: An International Journal, 6(1): 65-80.

Goffman, E. (1993): Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires: Amorrortu.

Goffman, E. (1995): Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos Aires: Amorrortu.

Goldschmidt, J. y Anonymous (2008): “The necessity of dishonesty: police deviance, ‘making the case’, and the public good”, Policing & Society, 18(2): 113-135.

Harvey, J. (2007): Young men in prison: surviving and adapting to life inside, Cullompton: Willan Publishing.

Innes, M. (2002): “Organizational communication and the symbolic construction of police murder investigations”, British Journal of Sociology, 53(1): 67-87.

Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, ICESI (2006): Cuarta Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana, en: www.icesi.org.mx

Irwin, J. y R. Cressey (1962): “Thieves, convicts, and the inmate culture”, Social Problems, 10: 142-155.

Ivkovic, S. K. (2005): Fallen Blue Knights: Controlling police corruption, New York: Oxford University Press.

Ikv Pax Christi (2006): Kidnapping is Booming Business, Utrecht.Kiely y Peek (2002): “The culture of the British Police: Views of Police

Officers”, The Service Industries Journal, 22(1): 167-183.King, W. R. (2005): “Toward a better understanding of the hierarchical

nature of police organizations: Conception and Measurement”, Journal of Criminal Justice, 33(1): 97-109.


Larose, A. P. y S. A. Maddan, (2009): “Reforming La Policía: looking to the future of policing in Mexico”, Police Practice and Research, 1-16.

Leigey, M. (2010): “For the longest time: the adjustment of inmates to a sentence of life without parole”, The Prison Journal, 90(3): 247-268.

Liebling, A. (2004): Prisons and their moral performance, Oxford: Oxford University Press.

Loftus, B. (2010): “Police occupational culture: classic themes, altered times”, Policing & Society, 20(1): 1-20.

López Alvarado, M. (2007): “Corrupción y control en la organización policial preventiva”, Acta Republicana, 6:47-56.

López-Portillo Vargas, E. (2000): “La policía en México: Función política y reforma”, en Inseguridad pública y gobernabilidad democrática: retos para México y Estados Unidos, México: Smith Richardson Foundation.

Lumb, R. C. y Breazeale, R. (2002): “Police officer attitudes and community policing implementation: Developing strategies for durable organization change”, Policing & Society, 13(1): 91-106.

McNulty, E. (1994): “Generating common sense knowledge among police officers”, Symbolic Interactioin, 17(3): 281-294.

Naval, C. (2006): Irregularidades, abuso de poder y maltratos en el Distrito Federal. La relación de los agentes policiales y del Ministerio Público con la población. México: Fundar.

Palmer, E. J., y R. Connelly (2005): “Depression, hopelessness and suicide ideation among vulnerable prisoners”, Criminal Behavior and Mental Health, 15: 164-170.

Paoline III, E. A. (2003): “Taking stock: Toward a richer understanding of police culture”, Journal of Criminal Justice, 31: 199-214.

Paoline III, E. A., S. Myers y R. E. Worden (2000): “Police culture, individualism, and community policing: evidence from two police departments”, Justice Quarterly, 17(3): 575-605.

Pastor, D. R. (2005): “La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos”. Nueva Doctrina Penal, 1: 73-114.

Payá, Víctor A., 2006. Vida y muerte en la cárcel. Estudio sobre la situación institucional de los prisioneros, Plaza y Valdés, México D.F.


Poder Ejecutivo Federal (2006): Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, en: www.gobernacion.gob.mx

Punch, M. (2009): Police corruption: Deviance, accountability and reform in policing, Portland, OR: Willan Publishing.

Rhodes, L. A. (2001): “Toward an Anthropology of Prisons”, Annual Review of Anthropology, 30: 65-83.

Rowe, M. (2006): “Following the leader: front-line narratives on police leadership”, Policing, 29(4): 757-767.

Sain, M. (2008). El Leviatán azul: policía y política en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Schneider, J. y P. Schneider (2008): “The Anthropology of Crime and Criminalization”, Annual Review of Anthropology, 37: 351-373.

Silva, C. (2003): “Abuso policial en la ciudad de México”, Conferencia Reforming the Administration of Justice in Mexico, Center for US-Mexican Studies.

Silberman, M. (1995): A world of violence: corrections in America, Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

Skolnick, J. H. (2002): “Corruption and the Blue Code of Silence”, Police Practice and Research, 3(1): 7-19.

Sorensen y Davis (2011): “Violent criminals locked up: Examining the effect of incarceration on behavioral continuity”, Journal of Criminal Justice, 39: 151-158.

Suárez de Garay, M. E. (2005): “Armados, enrejados, desconfiados… Tres breves lecturas sobre la cultura policial mexicana”, Política y sociedad, 42: 87-102.

Sykes, G. (1958): The society of captives, Princenton, NJ: Princenton University Press.

Sykes, G. y D. Matza (1988): “Techniques of neutralization”, en J. M. Henslin (ed.). Down to earth sociology. Introductory Readings, New York: Free Press.

Thomas, C. W. (1977): “Theoretical perspectives on prisonization: A comparison of the importation and deprivation models”, Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, 68: 135-145.

Terrill, W., E. A. Paoline III y P. K Manning (2003): “Police culture and coercion”, Criminology, 41(4): 1003-1034.

Toch, H. (1985): “Social climate and prison violence”, en M. Braswell, R.


Montgomery y L. Lombardo (eds.), Prison violence in America, Cincinnati, OH: Andersen Publishing.

Tripodi, S. J., y K. Bender (2007): Inmate suicide: prevalence, assessment, and protocols, Brief Treatment and Crisis Intervention, 7(1): 40-54.

Van Gennep, A. (1986): Los ritos de paso, Madrid: Taurus.Trostle, L. (2005): “Police solidarity and tolerance for police misbehaviour,

revisited”, Psychological Reports, 96(1): 26-28.Violanti, J. M., Roth, S. D. & Dowling, F. G. (2004). Suicide among police

officers. The American Journal of Psichiatry, 161 (4), 766-768.Wacquant, L. (2000): Las cárceles de la miseria, Madrid: Alianza Ensayo.Warburton, D. (2004). Drawing the thin blue line: The reality of who

controls the police. Police Journal, 77 (2), 135-144.Westmarland, L. (2005): “Police ethics and integrity: Breaking the blue code

of silence”, Policing & Society, 15(2): 145-165.Wheeler, S. (1961): “Socialization in correctional communities”, American

Sociological Review, 26: 697-712.Wood, J. (2004): “Cultural change in the governance of security”, Policing

& Society, 14(1): 31-48.


Miquel A. Ruiz Torres. Profesor investigador en la Universidad de Valencia España. E-mail: [email protected] Azaola. Profesora Investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en la ciudad de México. E-mail: [email protected]



ALCANCES Y RETOS DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA PÚBLICA EN SALUD PARA LA DISCAPACIDAD AUDITIVA

SCOPE AND CHALLENGES OF THE PROGRAMMES OF PUBLIC POLICY IN HEALTH FOR HEARING DISABILITY

Nancy Fabiola Moreno Zavala*José Manuel Rangel Esquivel*

* Universidad Autónoma de Nuevo León [México]

Creo que la "curación" más eficaz de la sordera no es la medicina ni los aparatos mecánicos o electrónicos... sino la comprensión. Pero antes de

poder desarrollar la comprensión, hay que crear la conciencia.Jack Cannon.

Resumen. En este trabajo se presenta la evolución que ha tenido la política pública en materia de atención a la salud de las personas con discapacidad auditiva en México. Se hace una reconstrucción socio-histórica de dichas políticas, en las cuales se pone de manifiesto el rezago generado con respecto a su integración a la sociedad dentro del marco de las leyes, artículos, planes y programas de desarrollo social. Asimismo, se hace mención de los hallazgos detectados a partir de la implementación de un proyecto de intervención social enfocado a este grupo poblacional, lo cual sienta las bases para el planteamiento de propuestas y líneas de investigación a futuro. Finalmente, se presenta a manera de conclusión, algunas directrices que articulan las propuestas de política pública con los retos para la intervención social con grupos de población con discapacidad auditiva.


Abstract. This paper presents the evolution the public policy on the health attention of hearing impaired people in Mexico has had. A socio-historical reconstruction has been made from those policies in which the backlog generated from its society integration within the field of the laws, plans and programs of social development is stated. Likewise, there is a mention of the findings detected from the execution of a social action project focused on that group; those findings set the basis for further proposals or lines of investigation. As a conclusion, there are given guidelines to link the public policy proposals with the challenges for the social action with that specific population.

Palabras clave: Política pública, discapacidad auditiva, salud, intervención, bienestar social.Key words: Public policy, auditory disability, health, intervention, social welfare.

Ⅰ. Introducción.

A través de la historia, la discapacidad ha sido abordada desde diferentes modelos de atención con la intención de darle una explicación: tradicionalmente se ha visto desde la óptica del "Modelo médico", en el cual la discapacidad es vista como un problema ocasionado por una enfermedad, trauma o condición de salud que requiere tratamiento médico; posteriormente se retomó el “Modelo social”, mismo que considera la discapacidad como un problema social, involucrando la integración de la persona con discapacidad a la sociedad (Vázquez, 2008).

Los modelos antes mencionados pueden ser interpretados desde un punto de vista en el cual se complementen, y es precisamente esta visión integrada la que sostiene el "Modelo biopsicosocial", el cual permite explicar satisfactoriamente este hecho multidimensional y establecer un lazo entre los distintos niveles que lo sustentan: biológico, personal, y social (Olivera, 2008). De esta manera, la clasificación y definición de la discapacidad se ha modificado de acuerdo a la época social en que se desarrolla, debido a que las percepciones y actitudes hacia ésta han estado sujetas a interpretaciones culturales que dependen de valores, contexto cultural, lugar y tiempo, así

Nancy Fabiola Moreno Zavala ∙ José Manuel Rangel Esquivel 173

como de la perspectiva social del observador. Es preciso mencionar, que esta connotación del modelo bio-psicosocial, ha sido retomada por la OMS para plantear el Modelo de Atención Primaria a la Salud (APS), el cual considera aspectos de carácter normativo-legal, la certificación de la discapacidad y la rehabilitación como parte de la estrategia APS (Olivera, 2008).

Actualmente la definición de discapacidad aceptada está establecida en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), publicada en 2001 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual retoma una postura más humanitaria a través de un modelo interactivo, mismo que venía concertándose desde hacía dos décadas al pronunciarse por el enfoque bio-psicosocial mencionado anteriormente, tratando de ver al individuo como persona y no como portador de una determinada situación limitante, por lo que resulta relevante hacer uso de una concepción de integralidad individual al hablar de una persona con discapacidad y no como discapacitado o minusválido (Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, 2007). Con base en esta definición de discapacidad, es importante mencionar que, de acuerdo con López y Blanco (2001) las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y más desfavorecida del mundo, ya que datos proporcionados por la OMS muestran que de la población mundial, las personas que presentan algún tipo de discapacidad están representadas por el 10%, esto es aproximadamente 650 millones (Secretaría de Salud, 2009c).

Recientemente, la OMS (2011) menciona que existen dos encuestas que permiten analizar la magnitud de la discapacidad a nivel mundial; por un lado, en la Encuesta Mundial de Salud se señala que alrededor de 785 millones de personas de 15 años y más son portadoras de discapacidad, por otro lado, en el reporte del proyecto Carga Mundial de Morbilidad, se estiman 975 millones, dentro de esta cifra se considera la población infantil de cero a catorce años de edad, la cual representa el 5.1 por ciento de dicha cantidad. Otro dato importante emitido por el Organismo, alude al aumento de los años vividos con la discapacidad (66.5%) en países de ingresos bajos y medios como el nuestro, asociado a enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y mentales (OMS, 2011). Esto, representa un reto en materia de política pública en salud, pues no sólo se requiere tomar en cuenta a la discapacidad como tal, sino también los distintos tipos de enfermedades crónicas prevalentes en los discapacitados,


pues más allá de tratamientos y prescripciones médicas alópatas, es necesario recurrir a esquemas integrales de pro de la salud, como más adelante se presenta.

En el caso mexicano, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS, 2011), estima que alrededor de 10 millones de personas tienen algún problema auditivo, de las cuales entre 200 y 400 mil presentan sordera total; aunado a esto, se estima que en México tres de cada 1,000 recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia1 si no se detecta y atiende con oportunidad. Como ha podido observarse, la discapacidad auditiva es más frecuente de lo que pudiera parecer, sin embargo, en muchas ocasiones pasa desapercibida; esto contribuye a que gran parte de las personas oyentes tengan una noción parcial de lo que representa realmente la condición de las personas con problemas en el área auditiva, ya que la situación que viven diariamente es difícil de imaginar para quienes no han tenido contacto con ellas.

En general, la sociedad está inmersa en un contexto que no está pensado para las personas la mencionada discapacidad, donde los sonidos tienen una gran importancia para el desarrollo personal y social (INP, 2009). El problema radica en la situación de que, debido a la falta de conocimiento del mundo de las personas con discapacidad auditiva, es difícil llegar a comprender cuáles son las necesidades de atención de este grupo poblacional, ocasionando que la atención se centre en mayor medida en esfuerzos por normalizarlos al conseguir que escuchen a través de costosas operaciones y aparatos auditivos, dejando de lado la posibilidad real de una atención que abarque todos los aspectos del ser bio-psicosocial que constituye a cada individuo y que se encamine a la consecución de su bienestar. Se trata de un problema que ocasiona graves efectos psicológicos y sociales; produce problemas de comunicación de la persona con discapacidad auditiva para con su entorno, lo que conlleva a una desconexión del medio y poca o nula participación social (auto-exclusión). En algunas ocasiones hasta puede presentarse depresión, lo cual impacta de manera negativa en su salud mental, entendida en este contexto como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias

1 La hipoacusia se define como la disminución de la percepción auditiva (Recuperado el 25 de noviembre de 2011 en http://www.sitiodesordos.com.ar/hipoacus.htm)


capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2011b).

Si bien la discapacidad es un término conocido internacionalmente, la atención que ha recibido referente a acciones o proyectos que mitiguen o den solución a dicha problemática tal vez no ha sido suficiente, lo cual conduce al surgimiento de varias interrogantes, la primera de ellas se refiere a ¿cuál es el papel de las políticas públicas en la atención de las personas con discapacidad? La segunda pregunta que surge, parte de la afirmación que realiza la OMS (2011b) al definir la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, ¿existen políticas sociales enfocadas específicamente a la obtención de condiciones de bienestar para la población con discapacidad auditiva? Al concretizar políticas en acciones específicas, ¿realmente se están generando intervenciones desde el enfoque bio-psicosocial para la atención a la salud de las personas con discapacidad auditiva, desde una visión integral (APS)?, si no es así, ¿cuáles son algunas alternativas para lograr dicha integración en la atención de este grupo poblacional?

A partir de estas interrogantes, el objetivo principal de este documento es hacer una reconstrucción socio-histórica de la evolución que ha tenido la política pública en materia de atención a la salud, específicamente a la discapacidad auditiva, así como poner de manifiesto el rezago que se ha generado en la atención a su integridad como un ser social. En este sentido, se presenta un recuento de la trayectoria registrada con relación a la política pública de salud a través de la historia, tanto en el ámbito internacional como en el caso de México, para después hacer un análisis de las leyes y programas de atención a las personas con discapacidad auditiva que se están implementando actualmente. En un posterior apartado, se incluyen algunos hallazgos como parte de la implementación de un proyecto social enfocado a un grupo poblacional con este tipo de discapacidad, ubicado en Monterrey, N.L., México. Finalmente, en las conclusiones se presenta algunas propuestas, las cuales se articulan con la política pública en salud, a partir de la experiencia que se obtuvo con el trabajo directo con el grupo de jóvenes y adultos con discapacidad auditiva, Dichas propuestas, constituyen posibles líneas de intervención en la temática abordada.


Ⅱ. Metodología.

Este escrito se sustenta en una revisión de literatura respecto a las políticas públicas en materia de salud y las implicaciones que éstas han registrado, tanto a nivel nacional como internacional en lo referente al alcance del bienestar físico, mental y social de las personas con discapacidad. Asimismo, este trabajo tiene como base el análisis de otros documentos oficiales de carácter federal, leyes específicas, así como de los programas de carácter nacional existentes relacionadas con la temática de estudio. Este trabajo parte de la investigación de las problemáticas sociales asociadas a la discapacidad auditiva, así como en la realización de un diagnóstico que muestra las implicaciones y consecuencias, ausencias y retos que presentan los esquemas de atención integral para la discapacidad auditiva. Si bien, la intervención social con el grupo de población se realizó en la fase de intervención del trabajo de campo durante 2011, año en que se culminaron los estudios de Maestría, dicho proyecto no se presenta en este escrito, ya que su enfoque se basó en el área de desarrollo humano. Dicho estudio tuvo como base el análisis del contexto social de un grupo de jóvenes y adultos con discapacidad auditiva, quienes estudiaban la secundaria abierta2 en el Centro de Atención Múltiple Abel Sauza Aranda.3 No obstante, al identificar a la discapacidad auditiva como parte integrante de los componentes de salud y al cursar dentro de la Maestría la materia de Políticas de salud en México, se pudo articular el tema de intervención con la política y programas sociales implantados en nuestro país4.

2 El Gobierno del Estado de Nuevo León ofrece servicios de educación secundaria a personas mayores de quince años para certificar sus estudios inconclusos de educación básica. Los estudios de secundaria se dividen en los tres grados básicos, con cuatro asignaturas cada uno, a excepción del tercer grado que contiene cinco, dichas asignaturas son español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Se ofrece en horarios acordes a la dinámica social de los jóvenes y adultos. Al terminar la educación secundaria se obtiene un certificado de validez oficial de estudios emitido por la Secretaría de Educación (Recuperado en abril de 2012 de http://www.nl.gob.mx/?P=se_adultos_abierta).3 El Centro de Atención Múltiple Abel Sauza Aranda es una dependencia del gobierno de Nuevo León encargada de escolarizar a alumnos que presentan necesidades educativas especiales asociadas con la discapacidad auditiva o que por lo mismo requieren apoyo para continuar con su proceso de aprendizaje y/o adecuaciones curriculares altamente significativas (Recuperado en mayo de 2010 de http://www.nl.gob.mx)


Por lo anterior, a partir de la revisión de literatura y documentos, se pudo construir el presente documento, para articular cómo ha sido el proceso de la política pública en salud y la discapacidad, el cual se ve reflejado en el esquema propuesto como “Deconstrucción en la operatividad de las políticas y programas sociales para a la atención de la discapacidad auditiva”, el cual plantea una visión integral de intervención social para con la población con discapacidad auditiva.

Ⅲ. Análisis de la evolución de la política pública enfocada a la atención de la discapacidad auditiva.

En este apartado se presenta un análisis de las instituciones, organismos internacionales y particularmente del caso mexicano, acerca del contexto socio-histórico de la política de salud en vinculación con los programas sociales que han sido formulados para brindar atención a las personas con discapacidad auditiva. Primeramente, en los antecedentes se aborda el desarrollo histórico de políticas específicas referentes a la educación, salud, bienestar social, entre otros; posteriormente se hace referencia al momento actual, en el que se ve reflejada la vinculación de la política pública con relación a la discapacidad auditiva; finalmente los retos a futuro, mencionando los posibles campos de acción y ventanas de oportunidades que se abren para la intervención social con el mencionado grupo poblacional.

Antecedentes.

La trayectoria histórica de la salud en el marco internacional se remonta a las tradiciones de las primeras culturas en la historia de la humanidad, sin embargo, no viene a formalizarse e institucionalizarse sino hasta que se convocó a la Primera Conferencia Sanitaria Internacional, misma que tuvo

4 Los autores agradecen los comentarios y sugerencias realizadas a este escrito, por parte del Dr. David De Jesús Reyes, titular del curso Políticas de salud en México, materia cursada en el semestre agosto-diciembre 2011, como parte del plan curricular de la Maestría en Trabajo Social con orientación en Proyectos Sociales.


lugar en el año de 1815 acudiendo representantes de doce países europeos. Después de once conferencias similares y casi 100 años después, se decidió crear la Oficina Internacional de Higiene Pública (OIHP), la cual se responsabilizaba de los casos de enfermedades epidémicas y de los acuerdos tomados en las conferencias sanitarias internacionales (Gómez y Khoshnood, 1991). Es a partir de 1978 cuando inicia el diseño de programas de salud integral a partir de algunas aportaciones de la declaración Alma Ata, la cual según Soberón (1992) “constituye un hito primordial en la historia de la salud mundial”. Dicha declaración destaca que los problemas de salud que imperaban en ese entonces no podrían resolverse solamente mediante una reforma al sistema de atención, sino que propone que “los servicios de salud debían formar parte del desarrollo económico y social de una nación” (Gómez, 1991, p. 325).

De igual manera, en dicha declaración se aborda el tema del alcance de los servicios de salud, ya que afirma que la salud es un derecho fundamental de todas las personas y que “la obtención del más alto nivel de salud es el más importante propósito a escala mundial cuya realización requiere de la acción coordinada de muchos otros sectores sociales y económicos, además del Sector Salud” (OMS, citada por Gómez, 1991, p. 135).

Este avance, en materia de salud, contribuye en gran medida al bienestar humano, no sólo en este rubro, sino también desde la perspectiva económica, ya que “una mejor salud contribuye por sí misma al crecimiento económico” (Jamison, 2006, p. 9), cuestión que puede considerarse como otro motivo para que la salud sea una prioridad en la atención de las necesidades básicas de la humanidad. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, la atención a la salud de las personas con discapacidad auditiva aún se veía rezagada, puesto que en la antigüedad las diversas actitudes sociales hacia las personas con deficiencias y/o discapacidades observadas a lo largo de la historia, forman parte de la cultura de atención y trato hacia este grupo de población (INEGI, 2004).

Cabe destacar que es en las culturas antiguas donde se inicia el reconocimiento de la necesidad de ofrecer un trato más humano hacia las personas con discapacidad (Aguado, 1993). En nuestro país, el ejemplo más notable de esto se dio en la época independiente, cuando el presidente Juárez emitió en noviembre de 1867 el decreto definitivo para la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos y en 1868 se fundó la Escuela Normal para


Maestros Especializados, en donde se llevaba a cabo la enseñanza a niños sordos (Secretaría de Salud, 2009c).

Por otra parte, desde el marco nacional de la política pública en materia de salud, en México se han registrado acontecimientos importantes que han marcado la pauta para la atención básica de la salud y la extensión de este servicio a todo el territorio nacional, con la idea de abarcar a la totalidad de la población siguiendo el planteamiento de salud para todos establecido por la declaración Alma Ata, propuesta que sigue siendo una utopía en la actualidad. Al respecto, Soberón (1992, p. 71) señala que “el más importante de dichos acontecimientos tuvo lugar en el año de 1943, cuando se estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cual siguieron las creaciones de diversos institutos que llegaron a constituir los institutos nacionales de salud pertenecientes al Sistema Nacional de Salud de México”.

A su vez, en lo que respecta a la salud de las personas con discapacidad auditiva, en 1945 Carhart y Canfield acuñaron la palabra “audiología”, marcando el nacimiento de la ciencia moderna de la audición, y pasados ocho años, en 1953 se dio paso a la fundación del Instituto Nacional de Audiología (Secretaría de Salud, 2009b). Años más tarde, durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se plantea una Reforma del Estado, donde uno de los puntos de partida es la modificación realizada al artículo 4o. donde se le concedió categoría constitucional al derecho a la protección a la salud y se aprobó la Ley General de Salud, misma que entró en vigor en julio de 1984 (López y Blanco, 2001). Dicha reforma al campo sanitario iniciada en 1982 es impulsada por Salinas de Gortari y en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo es continuada y profundizada a través de dos vertientes: por una parte, se realizaron cambios a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y por otra, contemplando a la población no derechohabiente, se realizó una propuesta de reforma del sector salud 1995-2000 (López y Blanco, 2001).

En este mismo periodo presidencial (1994-2000) se constituyó un paquete de servicios básicos en cuestión de atención sanitaria, el cual estaba compuesto por doce acciones fundamentales, las cuales acorde con López y Blanco (2001) incluían:

Saneamiento básico a nivel familiar; manejo de casos de diarrea en


el hogar; tratamientos antiparasitarios a las familias; identificación de signos de alarma de infecciones respiratorias agudas y referencia a unidades de atención médica; prevención y control de tuberculosis pulmonar; prevención y control de hipertensión arterial y diabetes mellitus; inmunizaciones; vigilancia de la nutrición y crecimiento del niño; servicios de planificación familiar; atención prenatal, del parto y puerperio; prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones, así como participación social. (p.50)

A la par de estos acontecimientos, se comenzó a incursionar más en la ciencia de la audiología, las experiencias iniciales surgieron en el año de 1987, cuando se colocó un implante coclear5 en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Asimismo, se tiene conocimiento de la realización de implantes monocanal y posteriormente multicanal, en Guadalajara y Monterrey iniciados entre los años de 1996 y 1998 (Secretaría de Salud, 2009b).

Como se mencionó con anterioridad, “las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y más desfavorecida del mundo” (López y Blanco, 2001, p. 52); un ejemplo de ello es que en México, alrededor de 400 mil personas presentan sordera total. Sin embargo, un dato preocupante para las autoridades mexicanas es la estimación de que tres de cada 1,000 recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia si no se realiza una detección oportuna. Balcázar y Antúnez (2005), con base en datos del INEGI, reportan para el año 2000, una población de discapacitados para nuestro país de alrededor de 1,795, 300 personas, distribuidas en 943,717 hombres y 851,538 mujeres; del total 15.7 por ciento representan la discapacidad auditiva. Además, es necesario destacar que 35.5 por ciento se encontraba sin instrucción escolar y 27.8 por ciento con primaria incompleta, asimismo, la población ocupada en alguna actividad remunerada, se ubicaba en 397,183 personas, de los cuales 23.4 por ciento se dedicaban a actividades

5 Un implante coclear es un transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Estas señales son procesadas a través de las diferentes partes del implante y pasan a través del nervio auditivo al cerebro, que los reconoce como sonidos, teniendo como consecuencia la sensación de “oír” (Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, 2011).


agropecuarias y 17.1 por ciento eran artesanos u obreros (Balcázar y Antúnez, 2005), los datos anteriores reflejan las condiciones precarias en que se encuentra este grupo poblacional.

Por otro lado, un intento de detectar este tipo de discapacidad es a través del Tamiz Auditivo Neonatal, según la Secretaría de Salud (2009b) se realiza en algunos hospitales del país, entre los que se incluye el Hospital Infantil Dr. Federico Gómez, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Hospital General de México. Sin embargo, una limitante es la carencia de información relacionada con la cobertura de este servicio sanitario, lo que ocasiona que la gran mayoría de los casos de hipoacusia y sordera que ocurren en el país se detecten tardíamente. Además de estas acciones, se han realizado dotaciones de prótesis auditivas e implantes cocleares, no obstante, el problema sigue persistiendo ya que solamente un porcentaje mínimo de las personas que los necesitan se benefician de ellos (Secretaría de Salud, 2009b).

Las personas con discapacidad auditiva han quedado al margen de las propuestas de los regímenes de bienestar social, debido a su situación de desventaja social, educativa, laboral, económica, entre otras, por lo que es común su exclusión de la sociedad oyente que los rodea, entendiéndose aquí por exclusión el “proceso social de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las que otros sí tienen acceso y disfrutan” (Giner, Espinosa y Torres, 1998, p. 21).

De esta manera, de acuerdo con Gil (2002), los grupos poblacionales pueden ser agrupados dentro de una clasificación que consta de tres grados o niveles de exclusión:

- Exclusión de primer grado: pobreza extrema, sin techo, infancia desprotegida.

- Exclusión de segundo grado: desempleados, personas mayores, habitantes de pueblos rurales, emigrantes, enfermos del Sida, discapacitados, hemafroditismo, deformes corporales, personas maltratadas, minorías étnicas.

- Exclusión de tercer grado: homosexualidad, prostitución, drogodependientes, alcohólicos, reclusos.


Esta situación de exclusión se ha visto reflejada en diversas áreas de la vida de las personas con discapacidad auditiva. Por ejemplo, en el área educativa existen pocos programas de educación inclusiva que permitan el desarrollo académico de estas personas, lo cual solamente les permite realizar estudios de primaria y en algunos casos cursar la secundaria, dejando de lado las posibilidades de cursar la preparatoria o estudios universitarios, ya que el Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 2000 (INEGI, 2000) muestra que 35.5% de las personas con discapacidad manifestó no tener escolaridad alguna y 27.8% tenía primaria incompleta. Según la Secretaría de Salud (2009c), estos datos revelan la inequidad y el rezago que prevalece en nuestro país en el acceso a servicios educativos para personas con discapacidad.

Por otra parte, en el ámbito de la salud, como ya se describió anteriormente, los esfuerzos se concentran en la detección temprana de la discapacidad auditiva en los niños recién nacidos mediante el Tamiz Auditivo Neonatal, así como en los implantes cocleares para lograr que el discapacitado auditivo escuche, ya que se considera que el mayor problema de este grupo poblacional es el hecho de estar incomunicados a través del canal del habla-escucha (Secretaría de Salud, 2009b).

Lo anterior propicia que exista poco interés por parte de la mayoría de los oyentes en disminuir esta brecha de comunicación, por lo que comúnmente se pierde el ánimo de convivir con este grupo poblacional y se desiste del intento de comprenderlos o de aprender sus medios de comunicación (exclusión), como afirma Infante (2005:123) “sin ánimo de comprender sus problemas y frustraciones internas, se les sigue obligando a convivir y a utilizar recursos como el método oral o los audífonos para que lleguen a ser semejantes a los oyentes y para que se comuniquen sobre la base que ellos fijan”. No se respeta su individualidad ni sus características especiales, sino que se les quiere amoldar al resto de la población. Por las razones antes mencionadas y aún otros problemas derivados de las mismas, se sienten excluidos de esta sociedad construida con base en un mundo con sonido, la cual parece no tener conciencia de la importancia de alentar la superación personal del no oyente (Infante, 2005).

Dada la problemática anteriormente descrita, la cual está presente en el andar diario de las personas que poseen discapacidad auditiva, es necesario revisar los avances registrados en el ámbito de la política social enfocados en


la consecución de los propósitos del Estado de Bienestar para todos los individuos de este grupo poblacional, pues de acuerdo con Mishra (citado por Montoro, 1998), dicho Estado de Bienestar institucionalizó el papel del gobierno en la prevención y alivio de la pobreza y en el mantenimiento de un adecuado nivel de vida mínimo para todos los ciudadanos.

Este Estado de Bienestar o Welfare State “se refiere capitalmente a una dimensión de la política estatal, es decir, de las finalidades del bienestar social” (García Pelayo citado por Montoro, 1998), tomando en cuenta que uno de sus objetivos principales es disponer de servicios sociales de carácter universal (incluyendo la atención sanitaria) a disposición de toda la población, y es precisamente en este escenario donde interviene la política social6, la cual “incluye todos los planes gubernamentales, así como programas de educación, salud, prevención de crimen y corrección, seguridad económica y bienestar social” (Baker, 1988). Otra definición es la que proporciona Guendel (2007) quien afirma que la política social:

Se visualizó como una actividad complementaria y compensatoria del mercado, dirigida a contribuir con el proceso de integración social. Este enfoque produjo una perspectiva asistencial orientada a generar una integración desde el Estado y centrada principalmente en propiciar el acceso a ciertos bienes y servicios de consumo colectivo entendido como derechos sociales y colectivos de observancia universal. (p. 2)

Con el paso de los años, las políticas sociales se han visto reflejadas en México a través de algunas acciones e iniciativas realizadas para la atención a personas con discapacidad, marcando en nuestro país el inicio de las políticas públicas de tipo asistencialista dirigidas a esta población, mismas que se describen en el siguiente segmento de este documento.

6 Una política social es una estrategia del gobierno encaminada a lograr un cambio positivo en la consecución del bienestar social de los ciudadanos y orientada por los derechos sociales y las necesidades humanas básicas (Baker,1988 y Guendel, 2007).


Alcances de las políticas públicas actuales para la discapacidad.

La transición epidemiológica y demográfica del país en las últimas décadas, ha determinado una tendencia ascendente en materia de discapacidad. Hoy en día la prevención y atención de la discapacidad representan retos en salud pública que deben atenderse de manera prioritaria (Secretaría de Salud, 2009a). El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 correspondiente al gobierno del Presidente de la República Felipe Calderón, está estructurado en cinco ejes rectores: 1. Estado de derecho y seguridad; 2. Economía competitiva y generadora de empleos; 3. Igualdad de oportunidades; 4. Sustentabilidad ambiental; y 5. Democracia efectiva y política exterior responsable. En cada uno de los apartados, primeramente se muestra un panorama general de la situación del país en la temática abordada, para posteriormente y con base en dicha información, establecer los objetivos y estrategias a implementar para lograr las metas propuestas en cada eje rector (PND, 2007). En este plan se integra a las personas con todo tipo de discapacidad dentro de la categoría de grupos vulnerables en lo concerniente al tercer eje rector referente a la Igualdad de Oportunidades, como se plantea en el PND (2007):

Es obligación del Estado propiciar igualdad de oportunidades para todas las personas, y especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, así como a las personas con discapacidad. La igualdad de oportunidades debe permitir tanto la superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos más vulnerables. (p. 214)

Se hace mención de este grupo poblacional en el objetivo número 17 del mismo eje rector, dentro de la estrategia 17.6, la cual se propone apoyar integralmente a las personas con discapacidad para que logren incorporarse a las actividades productivas y culturales, en pleno gozo de sus derechos y en un ambiente de independencia. Asimismo, la estrategia 17.7 de este mismo Plan busca garantizar la disponibilidad de los instrumentos y el personal necesarios para realizar un diagnóstico temprano y canalizar oportunamente a las personas con discapacidad a los servicios de estimulación temprana y


rehabilitación. En el caso de los niños, define la pertinencia de establecer protocolos en las instituciones de salud con el objetivo de que el personal pueda detectar oportunamente las discapacidades para su atención y rehabilitación temprana (PND, 2007).

Por otra parte, el Gobierno Federal publicó el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, el cual enfatiza en su línea de acción 5.4 la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad. El programa incluye también una serie de estrategias y líneas de acción para contribuir a que las personas con discapacidad disfruten del derecho al más alto nivel posible de salud, sin discriminación, con particular atención en neonatos y adultos mayores. En este sentido, la prevención de la discapacidad y la atención integral a la salud de las personas con discapacidad, desde la perspectiva oficial de la Secretaría de Salud (2009a), tienen carácter prioritario e inmediato, ya que contribuyen a que la población mexicana no sólo tenga una esperanza de vida más alta, sino que sea de calidad disfrutando una vida saludable y activa. Lo anterior favorecería su inclusión a la sociedad mediante la igualdad de oportunidades.

Además del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Salud del sexenio 2007-2012, existen algunos documentos fundamentales que resguardan la integridad y bienestar de los discapacitados auditivos como parte de la población con discapacidad. Dichos documentos se resumen en los siguientes: 1) la Ley General de las Personas con Discapacidad; 2) La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 3) la Ley General de Salud, 4) la Ley General de Educación, 5) la Ley General de Desarrollo Social, 6) la Ley de Asistencia Social, así como algunos acuerdos realizados en la Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión. Sus propuestas, estrategias y aportaciones más importantes se detallan a continuación.

Ley General de las Personas con Discapacidad publicada el 10 de junio de 2005, atribuye al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) el establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley. Asimismo, establece que los principios que deberán observar las políticas públicas respecto a la discapacidad son: la equidad, la justicia social, la igualdad (incluida la igualdad de


oportunidades), el respeto a la dignidad y a la autonomía individual, la integración a través de la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el reconocimiento y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas, la accesibilidad y la no discriminación (Secretaría de Salud, 2009c).

El objeto de esta ley es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y ordena el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. En el Artículo 29 se menciona que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley (Secretaría de Salud, 2009c).

Dentro de los Derechos y Garantías para las Personas con Discapacidad que se manejan en el Título Segundo de esta misma ley, se mencionan el derecho a la salud, al trabajo y la capacitación, a la educación, a las facilidades arquitectónicas de desarrollo urbano y de vivienda; el derecho al transporte público y las telecomunicaciones, al desarrollo y a la asistencia social, al deporte y la cultura, a la seguridad jurídica y el derecho a la concurrencia. Sin embargo, a pesar de los aspectos considerados anteriormente, que en su conjunto pudieran lograr el desarrollo humano de las personas con discapacidad visto desde una perspectiva integral, la realidad es que a seis años de haber sido publicada esta ley, aun se observa un gran rezago entre lo propuesto dentro de sus objetivos primordiales y el avance que se ha logrado y/o reflejado en las condiciones de vida de su población objetivo, especialmente en aquellos que aunado a su condición de discapacidad, se encuentran en situaciones de pobreza, marginalidad y discriminación, puesto que las personas discapacitadas se ven excluidas de la vida social y económica, por lo que suelen quedar al margen de las medidas destinadas a combatir la pobreza (Banco Mundial, 2005).

Respecto a este último punto, también se han registrado acciones para atender la discriminación; la más importante de éstas, tuvo lugar el 11 de junio de 2003, ya que en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del


Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (DOF, 2007). En concordancia con el Artículo 1 de la Constitución el cual prohíbe toda discriminación que se ejerza contra cualquier persona, esta ley tiene por objetivo prevenirla y eliminarla sin importar el motivo que la origine, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato, teniendo como característica que sus disposiciones son de carácter público y de interés social.

En los artículos 11 y 13 de esta misma ley, se mencionan algunas acciones descritas como “medidas positivas y compensatorias” a favor de la igualdad de oportunidades de niños y niñas con discapacidad y de las personas con discapacidad en general (PRONADDIS 2009:37). Dichas disposiciones se centran en: diseñar programas de atención médica y sanitaria para combatir la mortalidad y la desnutrición infantiles; impartir educación para la preservación de la salud y el respeto a los derechos humanos; promover el otorgamiento –en los niveles de educación obligatoria– de las ayudas técnicas necesarias para cada discapacidad; promover que en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida; entre otras acciones.

De igual manera, al ser la salud uno de los objetivos primordiales para lograr la calidad de vida antes mencionada, México cuenta con la Ley General de Salud (DOF, 1984) la cual reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo cuarto de nuestra Carta Magna; asimismo establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Esta ley es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. En su artículo tercero se señala que la atención médica es materia de salubridad general, preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables (en su última reforma publicada en agosto de 2011). Como se mencionó en apartados anteriores, las personas con discapacidad se ubican dentro de esta categoría, sin embargo, la atención a la salud se centra en otros tipos de discapacidades como la motriz, la visual, la mental, dejando rezagada a la discapacidad auditiva.

Por otra parte, en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de


las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU el 13 de diciembre de 2006 (misma que entró en vigor el 3 de mayo de 2008), los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, y se comprometen a adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación. Al respecto, en México los hallazgos detectados en la investigación sobre la atención en materia de salud dirigida a la población con discapacidad auditiva, se resumen en acciones que se concentran en proporcionar los auxiliares auditivos, implantes cocleares y en el momento del nacimiento de los niños al implementar el Programa de Acción Específico 2007-2012 Tamiz auditivo neonatal e intervención temprana, el cual, según la Secretaría de Salud (2009), propone garantizar una atención integral a los niños recién nacidos a través del diagnóstico temprano y oportuno de la hipoacusia y la sordera. Dichas acciones tienen como objetivo disminuir la presencia de la discapacidad auditiva, ya que, como se mencionó anteriormente, la misma Secretaría de Salud (2009) estima que en México tres de cada 1,000 neonatos presentará discapacidad por hipoacusia si no se detecta a tiempo.

Sin embargo, las personas jóvenes y adultas sordas también requieren de una atención especializada en materia de salud, no enfocada específicamente a la prevención, sino a la obtención de un nivel de vida favorable para su desarrollo humano y social integral. Esta cara de la realidad no es atendida desde esta visión, debido a que no se le da la importancia adecuada, ya que la ausencia o pérdida de la audición no sólo representa un problema sanitario, sino que en la mayoría de las ocasiones “implica la reclusión en el mundo del aislamiento” (Secretaría de Salud, 2009b, p. 15).

Lo anterior se debe a que generalmente en la vida de las personas con discapacidad auditiva, se presenta un desequilibrio psico-emocional ocasionado por la falta de contacto con el resto de la población oyente, en gran medida porque el comprender las ideas de los demás y transmitir y hacer comprender las propias representa todo un reto para las personas sordas. Aunado a esto, se hace presente la problemática relacionada con la dificultad de aprender y/o desarrollar su propio lenguaje, por ejemplo, la Lengua de Señas Mexicana (LSM), la cual puede estar acompañada de mímica y gestos propios de cada persona. Esto representa asimismo un


rezago en su nivel educativo y desarrollo profesional, ya que en los planteles de educación regular no se tiene a los maestros capacitados en la LSM ni intérpretes de la misma, provocando que los niños sordos se vean obligados a incorporarse a escuelas especiales, o bien, a abandonar sus estudios (Cruz, 2009).

Al respecto, la Ley General de Educación (DOF, 1993) es la encargada de regular la educación que imparte el Estado (federación, entidades federativas y municipios), sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. En su artículo 39, esta ley señala que en el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación para adultos y la educación especial, ésta última destinada (según el artículo 41) a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género (Secretaría de Salud, 2009c).

Esta educación especial, en teoría, propicia la integración de las personas con discapacidad auditiva al contexto educativo y social a través de su inclusión a los planteles regulares de educación, en los cuales se deben utilizar (de acuerdo a dicha ley) métodos, técnicas y materiales especializados. Sin embargo, al observar la dinámica de interacción en la escuela de nivel secundaria a donde acuden a estudiar las personas con discapacidad auditiva en la ciudad de Monterrey, realizada durante el 2011, se hace palpable una realidad diferente, ya que existe una necesidad imperante de disponer de profesores de enseñanza básica capacitados en la lengua de señas mexicana, para que de esta manera, no sólo se garantice la comprensión del material y contenido educativo de los programas, sino que se contribuya al desarrollo personal y social de este grupo de la población.

Es en este contexto donde tiene su campo de acción la Ley General de Desarrollo Social (DOF, 2004b), cuyo objetivo, entre otros, es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso a toda la población al desarrollo social, que de acuerdo con Midgley (citado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006), es entendido como “un proceso de bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. En otras palabras, el desarrollo social es un proceso que finalmente conduce a una mejoría en las


condiciones de vida de la población, incluyendo los aspectos de salud y educación mencionados en párrafos anteriores, así como la seguridad social, la equidad, entre otros.

Esta misma ley señala en su artículo octavo que toda persona o grupo social en situación de desventaja tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir dicha desventaja. Esto, refleja una utopía si se analizan las condiciones de vida de las personas discapacitadas auditivas, ya que a pesar de las acciones realizadas a favor de las mismas, actualmente se observa una marcada diferencia en las oportunidades de que disponen, en comparación con el resto de los oyentes (Secretaría de Salud, 2009c).

Al respecto, la Ley de Asistencia Social (DOF, 2004a), la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1986, plantea que “el Sistema Nacional de Salud en materia de asistencia social debería establecer y llevar a cabo programas interinstitucionales para asegurar la atención integral de grupos sociales en situación de vulnerabilidad” (Secretaría de Salud, 2009c, p.26), categoría en la cual se encuentran las personas con discapacidad auditiva, además, en su artículo cuarto, establece que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y plena integración al bienestar. Asimismo, refiere en su artículo doceavo que los servicios básicos de salud en materia de asistencia social serán entre otros, la prevención de invalidez y la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad.

Con respecto a lo anterior, es importante señalar que en la aproximación a los jóvenes y adultos con discapacidad auditiva del estudio de intervención mencionado, se detectaron casos en los que se les negó algún servicio de salud o de educación debido a su condición de discapacidad. Este aspecto, contrasta con las propuestas realizadas por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados (2003), la cual ha desarrollado algunos acuerdos y trabajos con relación a la protección y atención de las personas con discapacidad auditiva, entre los cuales destacan:

• La aprobación del Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública la reapertura de la Escuela Nacional de Sordos.


• Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo para cumplir con los compromisos derivados del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho convenio regula los derechos laborales para las personas con discapacidad estipulando que los gobiernos que los adopten deberán generar empleos para este sector de la población, garantizando su desarrollo en el mismo y la seguridad social.

Dichas cuestiones resultan de suma importancia, ya que los jóvenes y adultos con discapacidad auditiva refieren a un escaso conocimiento de sus derechos humanos, asimismo, expresan diferentes situaciones de abuso por parte de las personas oyentes, tales como la negación de servicio médico y de oportunidades educativas o laborales por su condición de discapacidad, maltrato físico ó psicológico, abuso en situaciones legales (herencias, patria potestad, posesión de bienes) por no saber leer ni escribir, entre otras. Además, impera la escasa información sobre las oportunidades laborales, pues la mayoría de ellos se encuentran subempleados o desempeñan actividades precarias con salarios mínimos.

Esta situación ha sido documentada, ya que a pesar de las acciones que se han venido desarrollando a través de la historia a favor de las personas con discapacidad auditiva, manifiestas tanto en el PND, como en los programas nacionales de carácter social, llevados a cabo por los diversos organismos nacionales especializados en la atención de la discapacidad (figura 1.1), los mismos beneficiarios aún tienen la necesidad de una atención más integral. De esta manera, el trabajo con las personas con discapacidad constituye una tarea mancomunada de todos los actores y sectores de la sociedad para hacer de esta integración una realidad (Pérez, 2008).

Al analizar la situación en que se encuentra este grupo poblacional en comparación directa con el estado ideal que plantean las políticas sociales, se puede denotar la importancia del papel que realiza la profesión del Trabajo Social, puesto que “la política social, en cuanto a un conjunto de medidas que pretenden responder al bienestar social, precisa de disciplinas y profesiones que faciliten la concreción de las respuestas a las poliédricas dimensiones de las necesidades. El trabajo social responde a esta exigencia” (Alemán y Garcés, 1997, p.534).

Como señala Matus (2008), una de las tareas fundamentales del trabajo social es la prestación de servicios sociales concretos, siendo el desempeño


adecuado de la labor asignada a esta profesión un elemento indispensable y de suma importancia en la organización de los grupos desposeídos (entre ellos las personas con discapacidad auditiva), lo anterior enfocándose en la búsqueda de nuevas y mejores formas de atención de los problemas sociales.

Por lo anterior, para una mejor comprensión y en consonancia con el modelo de Atención Prioritaria a la Salud (APS), propuesto por la OMS (2008), el siguiente esquema tiene como objetivo principal retomar y explicar lo mencionado anteriormente, referente a la relevancia que adquiere la intervención social desde un proyecto con enfoque integral, en articulación con la política pública encaminada a la atención del grupo poblacional de estudio (figura 1.1). Su construcción está basada en la información documental referente a la noción del Estado de Bienestar Social, en el que se incluyen el Plan Nacional de Desarrollo así como las Leyes que garantizan los derechos sociales de las personas con discapacidad auditiva, documentos descritos en los párrafos anteriores y que se ven reflejados en la sección derecha del esquema.

En la misma sección se pueden apreciar tres organismos nacionales relacionados con la atención a las personas con discapacidad: el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), el consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todos ellos encargados de velar y actuar con el objetivo de “coadyuvar a mejores condiciones de bienestar social” para las personas con discapacidad, a través de la ejecución de los programas nacionales de carácter social, destacando entre ellos el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad y el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades.

Por otro lado, en la sección superior izquierda se hace referencia a las cuestiones de exclusión social asociadas a la problemática que representa la discapacidad auditiva, incluyendo como aspectos sobresalientes los conflictos relativos a la comunicación con la sociedad oyente y los conflictos emocionales (depresión, baja autoestima, etcétera) que surgen en la persona sorda como respuesta a su situación de discapacidad y al entorno, al compararse con el resto de la población oyente, esto indiscutiblemente, merma sus condiciones de bienestar afectando como consecuencia su salud mental. Cabe mencionar que existen algunas excepciones al respecto, puesto


que el desarrollo personal de cada individuo depende del contexto social en que se desenvuelve y de otros factores sociales, principalmente de la familia, considerada como un pilar fundamental en la atención primaria de la salud, la educación e integración de los hijos, ya que todas aquellas acciones a realizar bajo este encuadre apoyarán el logro de la autonomía de las personas con discapacidad (Cajal y Castillo, 2008). En la sección central del esquema se incluye la intervención desde el trabajo social, partiendo de la concepción de integralidad mencionada al inicio de este documento, el proyecto social implementado titulado como Mano con mano…Rompiendo silencios se propone como alternativa de atención a los casos específicos de discapacidad auditiva, para lo cual es necesario contextualizar con base en la visión holística expuesta en el esquema.

Con relación al proyecto, el objetivo general consistió en contribuir al incremento del nivel de desarrollo humano de la población joven y adulta con discapacidad auditiva, que acudían al Centro de Atención Múltiple (CAM), así como su integración como miembro activo de la sociedad a través de tres ejes: 1) un “Taller Vivencial de Desarrollo Humano para Sordos”, con el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre su importancia como individuos, así como contribuir a su integración a la sociedad que los rodea; 2) un “Taller de integración y empoderamiento”, el cual proporcionaría al participante estrategias de acción para el manejo de conflictos a fin de que puedan aplicarlas en las diferentes situaciones familiares, grupales y sociales a las que se enfrentan diariamente; y por último, 3) un Foro informativo, con la finalidad de capacitar al participante en materia de derechos humanos y derechos específicos del sordo, así como de las opciones laborales y educativas disponibles, con el propósito de facilitar su integración a la sociedad.

El proyecto se dirigió a la atención del desarrollo individual y social de las personas con discapacidad auditiva, por medio del desarrollo humano, entendido este último por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010) como aquel que facilita la promoción del desarrollo potencial de las personas, aumentando sus posibilidades de tal manera que puedan disfrutar de la libertad para vivir la vida que valoran. Esto surgió de la necesidad de atender a las personas con este tipo de discapacidad desde una perspectiva integral, apoyada en la concepción de salud mental y emocional (enfoque bio-psicosocial). Asimismo se


contribuyó al rompimiento del silencio en el que se ha visto sumergida a la población sorda, no sólo por su incapacidad de escuchar, sino porque en la sociedad ellos no tienen voz ni voto, incapacitándolos socialmente a expresar sus ideas y a ser escuchados. A partir de la revisión realizada en este apartado y de la propuesta de deconstrucción presentada en el esquema, es que en el siguiente apartado se enuncian algunos retos de la política pública para con la discapacidad, particularmente con la auditiva.

Figura 1.1 Deconstrucción en la operatividad de las políticas y programas sociales para la atención de la discapacidad auditiva.

Fuente: Elaboración propia

Retos de las políticas públicas para la atención de la discapacidad.

Hasta ahora, la atención en materia de salud para las personas con discapacidad auditiva se había enfocado prioritariamente a la prevención de la misma, así como a su atención paliativa y, en cierto sentido, a remediarla. En México existen algunos programas o proyectos encaminados a la atención de este grupo poblacional, dentro de los cuales destacan el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el


Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades y el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Especial y la Investigación Educativa (figura 1.1). Sin embargo, aun queda un largo camino por recorrer para alcanzar las metas propuestas en los programas antes mencionados.

Respecto a lo anterior, se han encontrado antecedentes de acciones nacionales y locales cuyo objetivo ha sido el apoyo en las revisiones médicas y algunas becas económicas para realizarles implantes cocleares a aquellas personas que resultasen candidatas para tal operación, es decir, aquellas que bajo cierto tratamiento médico (incluyendo el implante) puedan recuperar la audición en mayor o menor medida, dependiendo de las condiciones físicas de la persona y del grado de pérdida auditiva. No obstante, el resto de la población con este tipo de discapacidad (quienes no son candidatos o presentan pérdida total de la audición o sordera) queda fuera de estos programas y no recibe algún otro tipo de atención a su persona, a excepción de aquellos que perciben algún apoyo económico para su manutención, dejando de lado las otras áreas del ser humano como la emocional, la psicológica y el desarrollo personal, así como los demás derechos del ser humano, esto es, el derecho a la educación, al empleo, a la accesibilidad y movilidad, a la información, entre otros.

En consecuencia, el logro de la independencia y autonomía de las personas con discapacidad auditiva, visto desde el contexto físico, psicológico, emocional y social, se consigue a través de una búsqueda de la inclusión de dichas personas en todo el quehacer de la comunidad; de igual manera, es imperante trabajar en la eliminación de las barreras físicas, ambientales, culturales y sociales, buscando la solidaridad de la comunidad con las personas con discapacidad e incluyéndolas en todo el accionar del sector salud (Pérez, 2008).

Por las razones anteriormente mencionadas, se considera pertinente que las intervenciones futuras en esta problemática se desarrollen desde lo social a través de propuestas integrales que incluyan las áreas que están siendo segregadas, las cuales posean un enfoque primordial en la atención del desarrollo humano de las personas con discapacidad auditiva. Este manejo integral de las discapacidades implica tener criterio preventivo de la misma y actuar tomando en cuenta todos los problemas causantes, predisponentes y


agravantes de la situación, los cuales limitan las funciones y actividades, y al mismo tiempo restringen la participación de la persona que padece la discapacidad (Pérez, 2008), siguiendo el enfoque de integralidad, en el cual influyen los aspectos biológico, psicológico y social del individuo.

De esta manera, el manejo del problema requiere la actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias, para propiciar una participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social (Vázquez, 2008). Por lo tanto, se ha estimado conveniente integrar activamente a la población objetivo en el estudio e intervención de su problemática, ya que se considera que tienen un papel fundamental en la interpretación y priorización de los problemas que los aquejan, pues son ellos mismos quienes los padecen y pueden proponer alternativas de solución de acuerdo a sus necesidades.

Con respecto a la política social, uno de los ámbitos en el que las propuestas de política pública han estado presentes, es en el sector educativo. Pese a las leyes, planes y acciones implantadas en el PND (2007-2012), aún dista muchos de su aplicación certera, para la creación de los servicios e infraestructura adecuada a las necesidades de los discapacitados. Al respecto, la OMS (2011) señala que sólo 18 países de los 28 que han proporcionado información de las estrategias realizadas. Un punto que representa un gran reto es la protección social de los portadores de discapacidad y los integrantes de sus familias.

No sólo en el ámbito educativo se aprecia la insuficiencia en la cobertura de servicios. En el sector salud, la atención médica, la rehabilitación y la asistencia son los servicios que acentúan la vulnerabilidad de los discapacitados (OMS, 2011). Aunado a esto, los cuidadores principales no disponen de la capacitación necesaria para afrontar las necesidades de atención. Este es un aspecto en que el Estado no ha centrado la atención desde las políticas públicas, pues finalmente, los cuidadores de los discapacitados y/o enfermos crónicos son uno o dos integrantes de sus hogares (Rangel, 2011). En este sentido, la desfamiliarización (Esping-Andersen, 2000) ha sido el soporte de las estrategias de Estado para que la estructura en materia de salud haya adquirido sentido dentro de los procesos salud/enfermedad/atención.

Lo anterior, va de la mano con la inaccesibilidad latente para los


discapacitados. La OMS (2011) menciona como ejemplo la falta de infraestructura en edificios públicos y en el sistema de transporte, pese a que países desarrollados han propuestos líneas de acción y leyes, no se aprecian los resultados. Con relación a la discapacidad auditiva, el lenguaje de señas es una prioridad para el desarrollo individual de las personas portadoras. El organismo reporta que en una encuesta aplicada a noventa y tres países, reflejó que treinta y uno no tenían ningún servicio de intérprete, en tanto, treinta países disponían de menos de veinte intérpretes cualificados (OMS, 2011). Lo anterior da cuenta de otro de los retos, no sólo para el Estado, sino también para el sector privado organizaciones de la sociedad civil, pues es menester la participación de estos dos componentes en pro del bienestar social.

Como se observa, la OMS (2011) alude a la cualificación, lo cual vislumbra nuevos abordajes que identifiquen aspectos de desarrollo comunitario y desarrollo humano, lo cual permitiría identificar en forma precisa a los sujetos portadores de discapacidad, para este caso la auditiva, de acuerdo con la propuesta presentada en este estudio en el esquema de deconstrucción. La OMS (2011) establece la prioridad en la rehabilitación en y desde la comunidad. Esto, permitiría articular las acciones preventivas y de cuidado desde el entorno en el cual se desenvuelve el discapacitado auditivo, pero atendiendo a necesidades específicas que re signifiquen su papel en la sociedad con quienes conviven o realizan sus actividades cotidianas.

La inversión en salud para la discapacidad, no sólo la auditiva, sino en general, representa dar un giro a los estudios sobre desigualdad social, y por tanto, centrar la mirada en la igualdad y en la inclusión de los actores sociales, no sólo los portadores de algún tipo de discapacidad, sino de todos los que forman parte de los servicios de rehabilitación, cuidado, prevención y asistencia. Sólo así el mundo del discapacitado podrá ser parte del mundo de los “capacitados”.

Conclusiones.

A lo largo de este documento, se han estado tratando los temas de la salud pública, la prevención de discapacidades, así como la complejidad del problema antes mencionado, de manera que se puede concluir que al hablar


de la discapacidad auditiva, no solamente se habla de una situación de salud, sino que se trata de una compleja problemática social, la cual tiene múltiples facetas. Por otro lado, se puede afirmar que los enfoques de la política pública en materia de salud hacia la discapacidad auditiva, como se mencionó en anteriores apartados de este documento, se concentran primordialmente en cuestiones de atención temprana e implantes cocleares, dejando de lado la atención integral enfocada al desarrollo humano de las personas con este tipo de discapacidad.

Una observación realizada al respecto es que hasta el momento no se han encontrado registros o antecedentes de proyectos similares a Mano con mano… rompiendo silencios donde, a partir de la propuesta de “Deconstrucción en la operatividad de las políticas y programas sociales para la atención de la discapacidad auditiva”, se proponga el desarrollo integral de los discapacitados auditivos, lo cual representa una gran área de oportunidad para el campo del trabajo social. Es mediante intervenciones como la realizada con el proyecto antes mencionado, que se pretende abrir campo para que sean desarrolladas nuevas iniciativas y se tome en cuenta a los discapacitados auditivos como parte activa de la sociedad mexicana, quienes están dispuestos a vivir y compartir en el mundo de los oyentes, mostrando una apertura cuando un oyente tiene intensiones de incursionar en el mundo de la lengua de señas, ya que este acto es considerado como una actitud empática, donde el oyente se sitúa en la misma posición que ellos, suprimiendo, de cierta manera, su canal auditivo.

Cabe mencionar como información complementaria a lo anterior, que algunas observaciones realizadas durante la implementación del proyecto, dejan entrever un panorama en el que la persona sorda, tiene un ávido deseo de relacionarse con el mundo oyente y no solamente con la comunidad sorda; además, tienen los mismos deseos de superación personal, metas y retos que el resto de la sociedad. Por lo tanto, se puede concluir que representa un gran trabajo el construir una conciencia social, cambiar la percepción que aún prevalece y contribuir a la integración social de los discapacitados auditivos, no solamente con las personas en sí, sino en el acceso a los servicios en instituciones, comercios, organizaciones, gobierno y sociedad en general. Es imperante enfocarse con más esmero en la consecución de ese término tan ambicioso y necesario a la vez, pero al mismo tiempo casi inalcanzable: la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos.


Bibliografía.

Antúnez, M.E. y A. Balcázar (2005). Diagnóstico sobre la discapacidad en México. México: Secretaría de Educación Pública.

Alemán, C. y J. Garcés (1997). Política social. Madrid, España: McGraw Hill.

Aguado D. y A. León (1993). Historia de las Deficiencias. Colección Tesis y Praxis. Madrid, España: Escuela Libre Editorial, Fundación ONCE.

Baker, R. (1988). The social work dictionary. Silver Spring, Maryland: National Association of Social Workers.

Banco Mundial (2005). El Banco Mundial y la discapacidad. Recuperado en diciembre de 2011 en http://www.bancomundial.org/temas/resenas/ discapacidad.htm

Cájal, V. y L. Castillo (2008). Familia y discapacidad. En A. Vázquez y N. Cáceres (Edits.), El abordaje de la discapacidad desde la atención primaria en salud (pp.80-95). Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud.

Cámara de Diputados (2003). Trabajos realizados. México, D.F.: Comisión de grupos vulnerables. Recuperado en noviembre de 2009 en http://www.diputados.gob.mx/comisiones/grupvul/discap/tbjs_ralzds.htm

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2006). Desarrollo Social. Última actualización del 16 de junio de 2006. Recuperado en noviembre de 2011 en www.diputados.gob.mx/cesop/

Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (2007). Políticas de seguridad social y salud. Seminario. Montevideo, Uruguay.

Consejo Nacional de Discapacidad (2011). Recuperado en septiembre de 2011 en http://www.conadis.gob.mx

Cruz. M. (2009). Reflexiones sobre la Educación Bilingüe Intercultural para el sordo en México. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. Vol. 3 No. 1. Recuperado en noviembre de 2011 en http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art9.html

Diario Oficial de la Federación (2004a). Ley de Asistencia Social. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F. Última Reforma DOF 01-06-2011.


________ (2004b). Ley General de Desarrollo Social. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F. Última Reforma DOF 20-01-2004.

________ (2005). Ley General de las Personas con Discapacidad. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F. Última Reforma DOF 10-06-2005.

________ (1984). Ley General de Salud. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F. Última Reforma DOF 05-08-2011.

________ (1993). Ley Federal de Educación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F. Última Reforma DOF 16-11-2011.

________ (2007). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F. Última Reforma DOF 27-11-2007.

Esping-Andersen, G. (2000). Fundamentos sociales de las economías post industriales. Barcelona: Ariel.

Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (2011). ¿Qué es un Implante Coclear? Recuperado el 25 de noviembre de 2011 en http://www.implantecoclear.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=76&Itemid=82

Gil, F. (2002). La exclusión social. Barcelona, España: Editorial Ariel.Giner, S., Espinosa, E. y Torres, C. (eds.) (1998). Diccionario de sociología.

Barcelona, España: Editorial Ariel.Gómez, O. y B. Khoshnood (1991). La evolución de la salud internacional

en el siglo XX. Salud Pública de México. Vol.33, No. 4, pp. 314-329.

Guendel, L. (2007). Por una gerencia social con enfoque de derechos. IIGOV

INEGI (2004). Las personas con discapacidad en México: una visión censal. Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Instituto de Normalización Previsional (2009). Revista de Discapacidad. Discapacidad auditiva (pp. 54-63). Chile: INP. Recuperado en noviembre de 2009 en www.mesadiscapacidad.cl/pdf/ManualCap %203.pdf


Jamison, D., et al. (2006). Las prioridades de la salud. Washington: Banco Mundial. Capítulo 1. pp. 1-25

López, O. y J. Blanco (2001). La polarización de la Política de Salud en México. Salúde Pública du Brasil. Vol.17, No. 1, pp.43-54.

Matus, P. (2008). Gerencia Social, herramienta indispensable para los servicios sociales. Revista de Trabajo Social de Costa Rica.

Montoro, R. (1998). Fundamentos teóricos de la política social en Alemán, C. y J. Garcés (Coords.) Política Social. Madrid: McGraw-Hill.

Olivera G. (2008). Una aproximación integral a la discapacidad. En A. Vázquez y N. Cáceres (Edits.), El abordaje de la discapacidad desde la atención primaria en salud (pp. 80-95). Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud.

Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Versión en lengua española, J. Vázquez (coord.). Ginebra: OMS.

________ (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. Ginebra: OMS.Organización de las Naciones Unidas (2006). Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad. Recuperado en septiembre de 2011 en http://www.un.org/esa/socdev/enable/ documents /tccconvs.pdf

________ (2011a). Acerca de la OMS. Recuperado en septiembre de 2011 en http://www.who.int/about/es/index.html

________ (2011b). Salud mental: un estado de bienestar. Recuperado en diciembre de 2011 en http://www.who.int/features/factfiles/mental_ health/es/index.html

Pérez, A. (2008). Atención primaria y rehabilitación. En A. Vázquez y N. Cáceres (Edits.) El abordaje de la discapacidad desde la atención primaria en salud (pp. 26-75). Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud.

PNUD (2000). Informe sobre el Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: Mundi-Prensa: Madrid

________ (2010). Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Presidencia de la República (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (a cargo del presidente Felipe Calderón Hinojosa). Recuperado en agosto de 2010 en http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-


de-oportunidades/grupos-vulnerables.htmlRangel, J.M. (2011). El proceso salud/enfermedad/atención de las mujeres,

en el marco de los programas sociales de política pública en México. En: M. I. Patiño, D. Martínez y E. Valencia (coords.), La necesaria reconfiguración de la política social de México (pp. 205-220). México: Universidad de Guadalajara-Cátedra Konrad Adenauer- Universidad Iberoamericana León.

Secretaría de Salud (2009a). Programa de Acción Específico 2007-2012 Atención integral a la salud de las personas con discapacidad. México, D.F.

________ (2009b). Programa de Acción Específico 2007-2012 Tamiz auditivo neonatal e intervención temprana. México, D.F.

________ (2009c). Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012. México, D.F.

Soberón, G. (1992). Evolución y revolución en salud. Salud Pública de México. Vol. 34, No. 1, pp. 69-73

Vázquez, A. (2008). De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. En A. Vázquez y N. Cáceres (eds.) El abordaje de la discapacidad desde la atención primaria en salud (pp. 10-19). Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud.

Recibido el 1 de Abril del 2012.Aceptado el 10 de Junio del 2012.

Nancy Fabiola Moreno Zavala. Profesora en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Línea de investigación: intervención social con grupos vulnerables. Correo electrónico: [email protected]

José Manuel Rangel Esquivel. Profesor-investigador en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Doctor en Estudios Científico-Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Líneas de investigación: salud y familia, política pública en salud e investigación cualitativa en salud. Correo electrónico: [email protected]

INTERNATIONAL JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES

Journal of the Institute of Iberoamerican Studies

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES

El Instituto de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Pusan de Estudios Extranjeros, en conformidad con su agenda de publicaciones, pone a disposición de la comunidad académica internacional y científicos interesados en el área de las ciencias sociales, especialmente investigadores de asuntos sobre América Latina, la Revista International Journal of Latin American Studies. El propósito de la revista es crear un espacio de análisis, discusión y reflexión en el área de las ciencias sociales; además de difundir la producción que realizan especialistas en esta área geográfica y los aportes que se produzcan desde otras disciplinas afines. Por ello convoca a la presentación de investigaciones originales e inéditas, no publicadas previamente, de calidad, en forma individual o en colaboración, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Contenido:

• Los trabajos de investigación, ensayos y reseñas deben referirse a temas de las ciencias sociales destinados al análisis de la realidad latinoamericana (desde la antropología, la sociología, la ciencia política y la historia), a la divulgación científica de los resultados de investigaciones tanto empíricas como teóricas. Los números pueden ser temáticos.

• La estructura de los artículos [trabajos de investigación] debe corresponder a la de un trabajo académico: Incluir una introducción (sección en la que se plantea el problema y se presenta el propósito), metodología, resultados y discusión en la cual se interpretan los resultados y se discuten las implicaciones. Los artículos teóricos y metodológicos obedecen a la siguiente estructura: introducción, antecedentes, desarrollo y conclusión. Las afirmaciones deben respaldarse en datos objetivos o en


revisión de autores. Se recomienda utilizar notas a pie para el caso de aclaraciones necesarias.

b) Requisitos:

• Todos los artículos, ensayos y reseñas deben ser originales e inéditos, no haber sido publicados con anterioridad o enviados simultáneamente a otra publicación para ser sometidos a dictamen.

• Se aceptan trabajos en castellano, inglés o portugués.• Junto con los artículos y ensayos, es imprescindible la presentación de un

resumen en castellano o en el idioma de la investigación y un abstract en inglés de menos de 200 palabras. Además se requieren anexar cinco palabras claves.

• Con la publicación, los autores conceden a International Journal of Latin American Studies el permiso para que su material sea editado de forma impresa.

c) Proceso de selección de artículos:

• Todos los trabajos serán sometidos a un proceso de revisión transparente y objetivo. Cada artículo es evaluado previamente por la coordinación editorial y luego enviado a la dictaminación externa a cargo de pares ciegos (los árbitros no se conocen entre sí, ni conocen al autor). La selección de dictaminadores será efectuada dentro de la cartera de árbitros de la revista, elegidos de acuerdo al área de especialización que corresponda.

• Los trabajos pueden ser publicados sin cambios, publicados sujetos a la incorporación de cambios o no publicables. En caso de que surjan opiniones encontradas por los dictaminadores asignados, el artículo se enviará a un tercer dictaminador. Los resultados son inapelables.

• En caso de ser aceptada la colaboración para su publicación, el autor deberá firmar la licencia de uso no exclusiva sobre la obra, a fin de llevar a cabo en idioma original del documento, la difusión, divulgación, publicación, comunicación pública, distribución, edición, coedición,

INTERNATIONAL JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES 205

comercialización, reproducción y transmisión, en forma individual y/o conjunta, parcial y/o total, presentes y futuras, a través de cualquier medio impreso, digital, electrónico, audiovisual, sonoro, mixto o de cualquier modo de comunicación. Asimismo que los derechos que cede a International Journal of Latin American Studies, es de material original, inédito y que no fue publicado con anterioridad.

• La coordinación de la revista informara a los autores del avance en el proceso de dictaminación y de sus resultados.

d) Edición:

• La edición es semestral y se conformará con los artículos aprobados de acuerdo al orden temporal de recepción; no obstante para la constitución del número, International Journal of Latin American Studies se reserva el derecho de adelantar o posponer artículos aceptados.

• La coordinación editorial puede efectuar las correcciones de estilo que considere necesarias respetando, en todo momento, los contenidos vertidos por los autores.

e) Requisitos de formato:

Los artículos susceptibles de ser sometidos a dictamen deberán reunir las siguientes características:

1. Tratarse de trabajos originales, inéditos, escritos de manera individual o en colaboración.

2. Los artículos deberán ser enviados en versión electrónica a las direcciones de contacto de la revista en formato “Word para Windows”, en Times Roman a 12, espaciado a renglón y medio. Los márgenes del encabezado y pie serán de 2.5 cm, y los bordes izquierdo y derecho de 3 cm.

3. El título no deberá contener más de 15 palabras, se indicará en mayúscula, centrado y en negritas. El nombre de autor o autores debe indicarse completo, en negritas y alineado a la derecha. Se indicará el título en inglés debajo del que corresponda al idioma original del artículo.


4. Debajo del artículo se incorporará el resumen y el abstract de menos de 200 caracteres, así como también cinco palabras claves.

5. Después del resumen, el abstract y las palabras claves, se incluirá una breve reseña curricular del o de los autores indicando máximo grado académico obtenido, adscripción institucional, referencias exactas y correctas de 2 publicaciones recientes, temas de investigación y mail de contacto.

6. Los títulos secundarios o los subtítulos se resaltarán en negrita y en cursiva, alineados a la izquierda.

7. La extensión máxima de los artículos dependerá de la sección a la que vayan destinados: Trabajos de Investigación (30 cuartillas), Ensayos (25 cuartillas), Reseñas (4 cuartillas), Memorias de Seminarios (3 cuartillas).

8. Los artículos destinados para las secciones: Trabajos de Investigación y Ensayos deberán ajustarse a las características necesarias de un trabajo académico de calidad; tales como contar con un aparato crítico bien desarrollado, con afirmaciones sustentadas suficientemente por estudios de otros autores o por datos propios obtenidos según criterios científicos de objetividad.

9. Las notas al pie de página serán enumeradas correlativamente y deben ser aclaratorias o explicativas del texto principal. La bibliografía se indicará al finalizar el texto incluyendo información completa sobre los autores citados a lo largo del texto.

10. Todas las formas de citar e integrar referencias deben obedecer al formato de la American Psychological Association [Se recomienda revisar la 5ta edición del Manual de Publicación de la APA].

11. Cuando se cita textualmente un fragmento de más de 40 palabras, el bloque se debe presentar en cuerpo pequeño, a doble espacio, sin entrecomillado, comenzando en otra línea y dejando cinco espacios del margen izquierdo (1,3 cm.). Siempre se debe indicar autor, año y la página; además se debe incluir la referencia completa en la lista de referencias. Ejemplo:

Al referirse al cultivo de la lengua, Lledó (1994) sostiene lo siguiente:

La creación de un lenguaje interior del que emerge la literatura, la consolidación de una estructura mental, el cultivo del pensamiento


abstracto que es esencialmente lenguaje, la lucha por recrear continuamente en torno a los principios de verdad, justicia, libertad, belleza, generosidad, todo eso marca el camino del progreso y de convivencia. Y esto es, a su vez, cultivo y cultura de las palabras, revisión del inmenso legado escrito, que no es otra cosa que pensar con lo pensado, desear con lo deseado, amar con lo amado; en definitiva, soñar los sueños de las palabras, que duermen en el legado de la tradición escrita, de la tradición real, y que al soñarlas las despertamos y, al tiempo que las despertamos, nos despertamos nosotros con ellas. (p. 11)

12. En los casos en los que la cita textual no excede las 40 palabras, se incluye en la misma línea, señalándola entre comillas e indicando la página junto con el autor y el año, o al final de la cita. Ejemplos:

Colomer (2002, p. 5) sostiene que “De la capacidad de la literatura para llevar a descubrir el sentido de la realidad en la formulación del lenguaje se derivan unas cualidades formativas para el individuo–estéticas, cognitivas, afectivas, lingüísticas…”

“Con el concepto de cultura escrita, uno se refiere a todo el conjunto de investigaciones interdisciplinarias que toman la escritura, sus efectos, sus causas en el individuo, en la sociedad, en el aprendizaje, en todas las dimensiones” (Cassany, 2000, p. 1); por lo tanto, su estudio debe involucrar dichas dimensiones.

Solé (2002) define las estrategias de aprendizaje “como secuencia de procedimientos o actividades que se realizan con el fin de de facilitar la adquisición de información” (p. 42).

13. Los cuadros, tablas y gráficos deben estar integrados en el cuerpo del texto.

14. Las siglas citadas por primera vez deben indicar la referencia completa y las siglas entre paréntesis. Por ejemplo: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La sigla puede utilizarse sin aclaración desde su segunda invocación.


f) Referencias Bibliográficas:

La bibliografía se organizará en forma ordenada y alfabética; de acuerdo al modelo APA.

a. Libros:Autor, A. A. (2003). Título de la obra o publicación (# ed.). Lugar de

Publicación: Editorial.

b. Capítulos en libro:Autor, A. A. (2003). Título del capítulo. En A. Aaaa y B. Bbbbb (Edits.),

Título de la obra o publicación (pp. 111‐222). Lugar de Publicación: Editorial.

c. Revistas o artículos:Autor, A. A. (2003). Título del artículo. Título de la revista, volumen o año

(número de la revista), páginas.

d. Internet:Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D. y Autor, E. E. (2003).

Título del artículo. Título de la publicación en línea. Recuperado el día, mes y año en http://www.aaaa.bbb./ccc

La lista de referencias debe realizarse en orden alfabético tomando como referencia el apellido del primer autor. El orden debe ser de letra por letra. Algunos prefijos como Mac, M’, Mc, O’, presentes en algunos apellidos se deben tomar en cuenta al momento de ordenarlos. Apellidos con artículos y preposiciones (de, la, du, van, von, entre otras) se tomarán en cuenta de acuerdo con la lengua de origen. En caso de publicaciones realizadas por un mismo autor, se elaborará de la siguiente manera:

• Cuando hay referencias con un mismo autor, con diferente fecha de publicación, se colocará primero la más antigua. Ejemplo:Uzcátegui, L. I. (1990)Uzcátegui, L. I. (1993)


• La referencia de un autor precede a una con varios autores, aunque esta última haya sido publicada primero. Ejemplo:González, J. L. (2001)González, J. L. y Fernández, O. F. (1999)

• Las referencias con el mismo autor principal y diferente segundo o tercer autor, se siguen ordenando alfabéticamente, siguiendo por el apellido del segundo o el tercero y así sucesivamente. Ejemplo:Tagliaferro, R. L. y Beltrán, S. F. (1969)Tagliaferro, R. L., Pérez, O. L. y Beltrán, S. F. (1999)

• En aquellos casos en los cuales las referencias sean de un mismo año de publicación, de un mismo autor, se ordenarán según el título de la obra. Se exceptúan las publicaciones por partes (o por entregas) o en serie de una misma revista, las cuales se ordenarán cronológicamente.

• Las referencias de autores principales con apellidos similares, se ordenan según las iniciales del nombre de los mismos. Ejemplo:Tejada, A. J. y Morales, J. C. (1998)Tejada, J. L. y Álvarez P. L. (1993)

• Las referencias de publicaciones de grupos de autores se presentan también en orden alfabético, utilizando siempre el nombre completo de la institución (Ej. Universidad de Los Andes y no ULA; American Psychological Association, y no APA; Departamento de Investigación, y no Dpto. de Investigación).

Las colaboraciones deben ser enviadas a: [email protected] & [email protected] & [email protected]

Para mayor información comunicarse A la Universidad Busan de Estudios Extranjeros:

Edición del International Journal of Latin American Studies.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES

Journal of the Institute of Iberoamerican Studies

Information for authors submitting papers to the International Journal of Latin American Studies

The Institute of Iberoamerican Studies at Pusan University of Foreign Studies, in accordance with its agenda of publications, invites the international academic community and scientists interested in the field of social sciences, especially research on Latin American affairs, to submit papers. The purpose of the journal is to create a forum for analysis, discussion and reflection in the area of social sciences in addition to broadcasting the production performed by specialists in this geographical area and the contributions that arise from other disciplines. The Institute therefore calls for the submission of original and unpublished research, not previously published, high quality, individually or together, according to the following criteria:

a) Contents:

• The research, testing and review should address issues of social sciences devoted to the analysis of Latin American reality (from anthropology, sociology, political science and history), to scientific research results, both empirical and theoretical. The numbers may be thematic.

• The structure of the articles [research] should correspond to that of an academic work: Include an introduction (section that outlines the problem and presents the purpose), methodology, results and discussion in which the results are interpreted and implications are addressed. Theoretical and methodological articles should adhere to the following structure: introduction, background, development and conclusion. Claims must be supported by objective data or review authors. We recommend using footnotes for clarification if necessary.


b) Requirements:

• All articles, essays and reviews must be original and unpublished, must not have been previously published or submitted simultaneously to another publication to be evaluated.

• Papers may be submitted in Spanish, English or Portuguese. • Along with articles and essays, it is necessary to produce a summary in

Spanish or in the language of research and an abstract in English of less than 200 words. It is necessary to attach five keywords.

• With submission, the authors grant permission to the International Journal of Latin American Studies for their material to be published in printed form.

c) Paper Evaluation:

• All papers will undergo a review process, transparent and objective. Each item is first evaluated by the Editorial Coordination Committee and then submitted to external evaluation by blind peer review (the referees do not know each other nor know the author). The selection of reviewers will be effected according to the portfolio of the journal referees, chosen based upon their appropriate area of specialization.

• The papers can be published unchanged, published subject to incorporation of changes or not publishable. In the case in which any opinions arrived at by the adjudicators confront each other, the article will be sent to a third party for a ruling. The results will be final.

• In the case in which the article is accepted for publication, the author(s) must sign a non‐exclusive license to use the work, in order to utilize the original language of the document for: dissemination, disclosure, publication, public communication, distribution, editing, co‐publishing, marketing, reproduction and transmission, individually and / or in combination, partial or total, present and future, through any print, digital, electronic, audiovisual, sound, mixed or any mode of communication. Also the license gives rights to the International Journal of Latin American Studies; the material is original, unpublished and not previously published.


• The coordination of the review authors will report progress in the process of refereeing and regarding the results.

d) Edition:

• The issue is semi‐annual and will address the approved articles according to the chronological order of receipt. However for the establishment of the numerical order, the International Journal of Latin American Studies reserves the right to advance or postpone items accepted.

• Editorial coordination can make corrections in style that it considers necessary respecting at all times, the contents stated by the authors therein.

e) Format Requirements:

Articles shall be subject to the following characteristics:

1. Being original, unpublished work, written individually or collaboratively.2. Articles should be submitted in electronic format to the contact addresses

of the journal in "Word for Windows" file format using Times Roman 12, spaced to 1.5 lines. The header and footer margins will be 2.5 cm, and left and right margins should be 3 cm.

3. The title must not contain more than 15 words, entered in capital letters, centered and in bold. The author's name should be provided in full, in bold and right aligned. Indicate below the English title the original language of the article.

4. The article must be incorporated below a summary and abstract of less than 200 characters, as well as five key words.

5. After the abstract and abstract key words, the article will include a brief CV of the author mentioning highest academic degree earned, institutional affiliation, accurate and correct references from 2 recent publications, research topics of interest and contact email.

6. Secondary headings or captions should be highlighted in bold and italicized, left aligned.


7. The maximum length of articles depends on the section they are intended for: Research Papers (30 pages), Essays (25 pages), Reviews (4 pages), Proceedings of Seminars (3 pages).

8. Items intended for sections: Research Papers and Essays must conform to the characteristics required of a quality academic work, such as having a critical discussion well developed, with claims sufficiently supported by studies of other authors or by data obtained in accordance with the scientific criteria of objectivity.

9. Footnotes should be numbered consecutively and should be clarifying or explanatory text. The bibliography will appear at the end of the text, including full details of the authors cited throughout the text.

10. All forms and integrate citing references must follow the format of the American Psychological Association [It is recommended that they follow the format of the 5th edition of the Publication Manual of the APA].

11. Charts, tables and figures should be integrated into the main text.12. Acronyms occurring first full reference must identify and thereafter

should appear in parentheses. For example: National Aeronautics and Space Administration (NASA). The letters can be used without clarification from the second invocation.

Contributions should be sent to:[email protected] & [email protected] & [email protected]

For further information,Busan University of Foreign Studies:

Edition of the International Journal of Latin American Studies.

Valoración de la estructura

El título se corresponde con el contenido Incluye un resumen coherente y comprensible que refleja el tema tratado El estilo de escritura es académico La argumentación es lógica, entendible y articulada Cumple con las convenciones de un trabajo académico

Valoración del contenido

La forma de introducir el tema refleja un panorama claro y preciso del problema de estudio.

Ofrece una discusión teórica y/o conceptual suficiente, clara y pertinente. Investigaciones. La metodología usada es pertinente al fenómeno u objeto de estudio (cualitativo o cuantitativo). Ensayos (deductivo, hermenéutico, otro)

Se expone de manera clara y lógica cómo se llevó a cabo el proceso de investigación y cómo se llegó a los resultados.

La forma de analizar e interpretar los resultados es pertinente con la argumentación inicial referente al objetivo y pertinente con las conclusiones.

Incluye un ejercicio analítico o conclusiones que reflejen la importancia de los resultados y el valor de ellos en torno al fenómeno u objeto de estudio.

La bibliografía es suficiente, relevante y pertinente con el tema. En general, el aporte al campo de las ciencias sociales es relevante.

Hoja de evaluación.

Título del trabajo

Nombre del archivo

Tomando como base los criterios editoriales establecidos por el

Journal, indique si el trabajo cumple: totalmente (3), parcialmente (2), o deficientemente (1), con cada una de las siguientes afirmaciones:

Señale su recomendación con una ✓ Publicar sin cambios (o con simple revisión de estilo) Publicar sujeto a la incorporación de cambios sobre las observaciones señaladas

No publicar

Observaciones

¿Cuáles serían las aportaciones más importantes a los estudios en ciencias sociales? ¿Cuáles serían las limitaciones más fuertes? Comentarios generales y sugerencias para mejorar el manuscrito.

Se le suplica resolver dictaminación antes del (fecha).Nombre del dictaminador.Institución. Lugar y Fecha.

Firma.

Title of Paper

File Name

Rating Structure

The title corresponds to the content Includes coherent and understandable abstract that reflects the topic Was written according to proper academic style The argument is logical, understandable and articulate Complies with the conventions of academic work

Rating Content

The way to introduce the subject reflects a clear and detailed picture of the problem being studied

It offers a theoretical discussion and / or is conceptually sufficient, clear and relevant

Research. The methodology is relevant to the phenomenon or object of study (qualitative or quantitative). Essays (deductive, hermeneutic, other)

It shows clearly and logically how they conducted the research process and how they arrived at the results

The way of analyzing and interpreting the results is relevant to the initial argument concerning the objective and relevant to the conclusions

Includes an analytical exercise or conclusions that reflect the importance of the results and the value of them on the phenomenon or object of study

The bibliography is adequate, relevant and pertinent to the topic. In general, the contribution to the field of social science is relevant

Evaluation Sheet.

Considering the criteria for authors to submit papers, mark the following

sentences according to the quality of the paper. Totally (3), partially(2) or inefficiently(1):

Point your recommendation with ✓Publish unchanged (or simple style review) Publish conditioned to the incorporation of changes on observations made

Not to be published

Observation

What would be the most important contributions of this paper to studies in social sciences? What would be the most important limitations? General comments and suggestions to improve the manuscript.

Referee Sign.

Please make your evaluation before (date).Referee name.Institution. Place and Date.

International Journal of Latin American Studies Vol.2, No.2 ISSN 2234-0718

Publication date 30-6-2012

Publisher Chung, Hae-LinChief Director Kim, Uh‐SungChief Coordinator Oswaldo Méndez‐RamírezAssociate Counsel Park, Chong-WookEditorial Assistant Lee, In-suk

Office Address Busan University of Foreign StudiesW107, 15 Seokporo, Nam-Gu, Busan, 608-738, Korea

E-mail Address [email protected]

Printiners Seojoung PressTel. + 82. 51.463.5898Fax. + 82. 51.248.4880

List of Authors

Armando Duarte M., Martha C. Jaramillo C. (Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana México)

Gustavo H. Fontanals (Universidad de Buenos Aires, Argentina)Mario Rufer (Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México)María Cristina Osorio Villegas (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina)María Fernanda Arias (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)Miquel Ángel Ruiz Torres, Elena Azaola (Universidad de Valencia: España,

CIESAS- Ciudad de México: México)Nancy Fabiola Moreno Zavala, José Manuel Rangel Esquivel (Universidad

Autónoma de Nuevo León, México)

International Journal of Latin American Studies is supported by the National Research Foundation of Korea

Grant funded by the Korean Government (NRF-2008-362-A00003).

international journal. vol. 2 n.2. july-december 2012

Documents

comportamiento social

junta y la constitucin

urban studies universidad

social policy mexico

y que tiene en max weber

en este caso en

political behavior studies

incidir en