Imprecisión legal y doble rasero evaluativo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España

Madrid, 2 de febrero de 2015

Desde ACOM manifestamos nuestra sorpresa por el Comunicado emitido el pasado 31 de enero por el Gobierno de la Nación a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Dicho texto reza que “España rechaza y lamenta profundamente la decisión de las autoridades israelíes anunciada de convocar un concurso para la construcción de cuatrocientas cincuenta viviendas en asentamientos de colonos en territorios ocupados de Cisjordania”. Además, añaden desde el Ejecutivo que son “los asentamientos de colonos en territorios ocupados contrarios a la legalidad internacional”, amén de instar “a las autoridades israelíes a revocar esta decisión, ilegal a la luz del derecho internacional”.

Nos produce desconcierto la premura y el hecho de que dicho comunicado se una, con el característico lenguaje agresivo y conminatorio, a otras interpelaciones cada vez que Israel anuncia una construcción. Frente a la inexacta aproximación que realizan los responsables de la Cartera de Exteriores, deseamos formular unas aclaraciones:

1º) Denunciamos el uso de una jerga netamente partidista y alejada del estándar lingüístico legal. Denominar como “ocupados” territorios que de modo preciso sólo se pueden denominar como “disputados”, no sólo es un deliberado posicionamiento que vulnera la ecuanimidad básica, sino un dislate jurídico, especialmente grave viniendo de una instancia administrativa tan notable en su repercusión como el Ministerio de Asuntos Exteriores. El estatus final de esos territorios así como sus fronteras definitivas, según diversas resoluciones de la ONU y la Hoja de ruta, deberá ser decidido en un acuerdo entre ambas partes en conflicto, reconociendo a Israel “el derecho a vivir en paz con fronteras reconocidas y seguras, libres de amenazas y actos de fuerza”.

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2º) El Gobierno español contribuye a la perpetuación de la atención sobre un tema, la construcción de viviendas necesarias para acomodar el crecimiento demográfico de poblaciones mayoritariamente judías adyacentes a la línea de armisticio de 1967 y bajo administración israelí según los acuerdos de Oslo, que la parte árabe palestina usa como excusa para evitar las negociaciones directas para un acuerdo.

El Gobierno español se somete así a esta manipulación de la parte árabe palestina: en ninguna negociación anterior entre israelíes y árabes el cese de la construcción en poblaciones judías había sido alegada como un pre-requisito para esas negociaciones. Sólo cuando Israel ha presionado para que la Autoridad Palestina volviera a la mesa de negociaciones, esa nueva demanda sine qua non ha sido planteada a modo de chantaje. Recordamos que, a pesar de ello, el gobierno Israelí impuso una congelación unilateral de la construcción de viviendas durante diez meses en 2011. Periodo que usó la Autoridad Palestina para encontrar otras excusas y continuar rechazando las negociaciones directas con Israel.

En ningún caso el Gobierno de España ha emitido una nota conminando gravemente a la parte que elude las negociaciones para que acceda al diálogo directo. Esta sí sería una postura razonable del gobierno de nuestro país, en particular cuando la Autoridad Palestina sí ha alcanzando acuerdos de estrategia común con grupos que, como Hamás, son considerados terroristas por potencias democráticas de primer orden.

Tampoco parece recordar el Ministerio de Exteriores la generosísima ayuda que nuestro país otorga a la muy poco democrática Autoridad Palestina. No atisbamos un replanteamiento en la concepción ética de dicha subvención ni el condicionamiento de ésta al cese de la incitación a la violencia y la glorificación del terrorismo que la Autoridad Palestina continúa realizando para escándalo de los contribuyentes españoles que la financian.

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3º) España cuenta con territorios disputados, a su favor y en su contra. Participar en la internacionalización de los detalles de la resolución de una disputa territorial, sin invitación explícita de las partes a hacerlo, constituye un peligroso precedente para España.

4º) Esa pertinaz ignorancia diplomática denunciada previamente pasa a convertirse en algo más preocupante si cabe; el uso de un doble rasero en la gestión de las agendas en conflictos internacionales. La celeridad con la que el Gobierno ha respondido a la intención de construcción de asentamientos en Cisjordania choca frontalmente con la execrable lentitud, cuando no la callada por respuesta, con la que han actuado en otros escenarios globales. Ejemplos de ello (que producen especial rubor por la responsabilidad directa de España o cercanía administrativa), son los casos de importación masiva de decenas de miles de marroquíes al Sahara, vulnerando todas las resoluciones de Naciones Unidas, o en la misma Unión Europea, la construcción de numerosas infraestructuras civiles por parte de Turquía en el norte de Chipre, pretendiendo convertir esa área septentrional en Protectorado, no reconocido por ningún país de la comunidad internacional, con la excepción de la propia Turquía.

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