es oct5-40 · dad de involucrarse con estas comunidades de forma adec-uada, una búsqueda de...

I��

Las actividades mineras en tierras ancestrales de las Américas o en sus

proximidades

5 de octubre de 2005 O� awa (Canadá)

© THE NORTH-SOUTH INSTITUTE Y ASSEMBLY OF FIRST NATIONS, 2006.TODAS LAS FOTOGRAFÍAS FUERON PROVISTAS POR THE NORTH-SOUTH INSTITUTE Y SUS CONTRAPARTES

DISEÑO GRÁFICO Y PUESTA EN PÁGINA: MARCELO SAAVEDRA-VARGAS.

The North-South InstituteL’Institut Nord-Sud

Assembly of First Nationsl’Assemblée des Premières Nations

Lutsel K’e Dene First Nation

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

Table of ContentsAntecedentes ............................................................................................................................................. iiTaller del 5 de octubre ..............................................................................................................................1

1. Plegaria inicial y palabras de apertura .........................................................................................12. Panel: Generalidades de la Fase I:

Proyecto sobre las Perspectivas Originarios .................................................................................23. Panel: Surinam y la Primera Nación dene Lutsel K’e (Canadá) ............................................124. Panel: Presentación de la Fase II:

Hacia el fortalecimiento comunitario, el diálogo y el cambio político ...................................155. Debate abierto ................................................................................................................................. 216. Clausura .......................................................................................................................................... 23

Apéndice 1: Lista de participantes ........................................................................................................24Apéndice 2: Nota de prensa ...................................................................................................................27

i

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

AntecedentesEl taller sobre Las actividades mineras en tierras ancestrales de las

Américas o en sus proximidades fue patrocinado conjuntamente por el Instituto Norte-Sur (INS-Canadá) y la Asamblea de las Primeras Naciones (APN-Canadá), y en colaboración con nuestros socios de investigación: la Aso-ciación de Pueblos Amerindios (APA-Guyana), la Asociación de Líderes de las Naciones Originarias (VIDS-Surinam), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC-Colombia), el Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN-Colombia) y el Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP-Reino Unido).

Los objetivos de la reunión fueron:

· compartir los resultados de la investigación conjunta realizada en Guyana, Colombia, Surinam y Canadá sobre las perspectivas origi-narios acerca de los procesos de consulta y toma de decisiones, y

· conocer distintos puntos de vista sobre la mejor forma de dar partici-pación a las otras partes, sobre todo compañías canadienses y funcio-narios gubernamentales, con vistas a realizar cambios concretos en las políticas y prácticas para que respondan mejor a los procesos, aspira-ciones y derechos de las Naciones Originarias y Tribales.

Asistieron a la reunión unos 51 participantes, entre los que se incluían funcionarios gubernamentales y donantes, representantes de asociaciones canadienses de la industria minera, miembros de Pueblos Originarios y Trib-ales y de sus organizaciones, representantes de organizaciones canadienses no gubernamentales y otros expertos interesados en estos temas (el Anexo 1 contiene la lista de los participantes).

El encuentro se inició con una cena y varias actividades culturales que tu-vieron lugar la noche del 4 de octubre. La jornada del 5 de octubre se dedicó en su totalidad a sesiones plenarias y debates. Este informe resume las presen-taciones y deliberaciones del 5 de octubre e incluye también un comunicado de prensa (Anexo 2).

Con este taller se puso en marcha la Fase II de un proyecto de investig-ación en el que participan varios países. Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID) por financiar este evento.

Nota: Todos los documentos de investigación relacionados con este proyecto están disponibles en www.nsi-ins.ca

ii

1

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

Taller del 5 de octubre

1. Plegaria inicial y palabras de apertura1. Plegaria inicial y palabras de aperturaEl Anciano Peter Decontie inició la reunión con una plegaria en lengua algonquina y celebró

una ceremonia de purificación. Asimismo, presentó el contexto para las discusiones de la jornada narrando la historia de cómo la comunidad de Maniwaki rechazó una fundición que hubiera con-taminado y destruido el hábitat de la fauna silvestre. A continuación, los co-presidentes pronun-ciaron una breve introducción al evento.

Rick Simon, Jefe Regional de Nueva Escocia y Terranova de la Asamblea de las Primeras Naciones, señaló que las Primeras Naciones en Canadá tenían una larga experiencia en materia

de proyectos mineros. “Desgraciadamente, parte de esa experiencia contiene el ciclo de expansión/contracción que existe en muchos otros sectores basados en los recursos natu-rales”, afirmó. “Son raras las ocasiones en que las Naciones Originarias se beneficien de las ventajas económicas de un proyecto minero, mientras que, por el contrario, son los que a menudo pagan el precio más alto. El impacto de estos proyec-tos en nuestro modo tradicional de vida y nuestras economías puede ser devastador”.

El Jefe Simon subrayó la necesidad de que los gobi-ernos y la industria minera garanticen el respeto de los derechos originarios, e hizo hincapié en el hecho de que

las Primeras Naciones no se oponen al desarrollo como tal: “[El desarrollo] debe hacerse de forma re-sponsable y sostenible; nuestra gente tiene que participar desde un comienzo y ser partícipes de éste durante todo el proceso. Es sólo razonable que participemos de los beneficios de cualquier proyecto de desarrollo. Asimismo, esperamos que nuestras reivindicaciones territoriales sean resueltas de forma justa y eficiente, y deseamos tener la autoridad y la capacidad de explotar nuestras tierras como mejor nos parezca”. Una her-ramienta importante para seguir avanzando son las directrices Akwe:kon, que proporcionan consejos sobre la elaboración e implementación de sistemas de evaluación de los impactos. Estas directrices incorporan los puntos de vista de las Naciones Originarias en los procedimientos de evaluación de los impactos nuevos o existentes.

El Jefe Simon terminó su intervención poniendo de relieve que esta reunión ofrecería la oportunidad de aprender los unos de los otros y poder iniciar un diálogo honesto acerca de las diferencias, objetivos mutuos y valores comunes. “Es una oportunidad para comprendernos mejor mutuamente y, de ese modo, empezar a delinear el camino delante nuestro”, concluyó.

Roy Culpeper, Presidente y Director General del Instituto Norte-Sur, dio la bienvenida a los participantes. Hace 30 años que el INS cumple con su mandato de “investigar por un mundo más justo”. Un énfasis especial se realiza en el empoderamiento y la participación adecuada de poblaciones pobres. El desarrollo sostenible y equitativo es un derecho hu-mano fundamental. Si bien la responsabilidad social de las empresas supone un paso hacia adelante en la buena dirección, los estudios del INS han demostrado que los enfoques voluntaristas no son suficientes. La investigación destacada en este taller hace hincapié

“Es sólo razonable que participemos Es sólo razonable que participemos de los beneficios de cualquier

proyecto de desarrollo. Asimismo, esperamos que nuestras reivindicaciones territoriales sean resueltas de forma justa y eficiente, y y eficiente, y deseamos tener la autoridad y la capacidad

de explotar nuestras tierras como mejor nos parezca”

— Jefe Rick Simon

“El desarrollo sostenible y equitativo es un derecho

humano fundamental.”

— Roy Culpeper

2

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

en formas aceptables de rendición de cuentas y refleja las inquietudes manifestadas también en la Reseña de las Industrias Extractivas, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extrac-tivas y la Cumbre de las Naciones Originarias de las Américas. Concluyó su intervención dando las gracias a los principales financiadores del proyecto: el CIID y empresas del sector privado que contribuyeron al Programa de Responsabilidad Social de las Empresas del INS, a saber, Syn-crude, Falconbridge y Rio Algom Mines. Expresó su agradecimiento especial a su colega Viviane Weitzner y a los socios del proyecto participantes en el evento por su arduo trabajo.

Gisele Morin-Labatut, Responsable de Programas del Centro Internacional de Investigacio-nes para el Desarrollo de Canadá (CIID), indicó que el CIID lleva más de 20 años financiando trabajos de investigación relacionados con las Naciones Originarias, sobre todo en el área del acceso equitativo a los recursos naturales y la incor-poración de las perspectivas originarios en estrategias de gestión ambiental. Pasó revista a algunos de los enormes desafíos a los que se enfrentan las Nacio-nes Originarias en este respecto, destacando que “la intrusión en sus tierras tradicionales y recursos, así como su confiscación, siguen amenazando muchas comunidades originarios, a pesar de la creciente conci-entización pública e internacional sobre sus derechos”. Según el CIID, cuyo mandato es financiar trabajos de investigación para garantizar el desarrollo sostenible y equitativo, hay importantes preguntas que la investig-ación debe responder en relación al papel de la inves-tigación aplicada para ayudar a las Naciones Originari-as a hacer valer sus derechos jurídicos, negociar con las empresas privadas de forma más efectiva, influir en las políticas públicas de sus gobiernos locales y nacionales, y participar más plenamente en los beneficios económicos del uso de los recursos. Morin-Labatut concluyó su intervención ofreciendo a los participantes una cálida acogida y una reunión fructífera.

Tras estas breves intervenciones iniciales, se procedió a presentar a todos los participantes.

2. Panel: Generalidades de la Fase I: Proyecto sobre las Perspectivas OriginariosProyecto sobre las Perspectivas Originarios

Descripción de los métodos y los fundamentos de la Fase IViviane Weitzner, Investigadora Principal del INS, describió en términos generales los mé-

todos y los fundamentos utilizados en la implementación de la Fase I del proyecto “Perspectivas originarios sobre los procesos de consulta y toma de decisiones en el sector minero de América Latina, el Caribe y Canadá”.

Este proyecto surgió a raíz del reconocimiento por parte del INS de que a finales de la década de 1990 hubo un incremento de las inversiones de compa-ñías canadienses en proyectos de extracción de minerales en América Latina y el Caribe. Muchos de esos proyectos tenían lugar en tierras originarios o en sus proximidades, sin consultar para nada o apenas a las comunidades, y sin buscar su consentimiento. Si bien las empresas y el público en general estaban cada vez más conscientes de la necesi-dad de involucrarse con estas comunidades de forma adec-uada, una búsqueda de trabajos en el tema puso de relieve la escasez de obras que incorporasen las perspectivas de

“El principal objetivo del proyecto era realizar un

examen, partiendo de temas de base, de la problemática en de base, de la problemática en de base, de la problemática en juego, como juego, como etapa decisiva

para lograr políticas y prácticas más adecuadas”

—Viviane Weitzner

3

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

los propios Pueblos Originarios. En consecuencia, el Instituto Norte-Sur elaboró un proyecto que permitiera comprender mejor esas cuestiones.

El principal objetivo del proyecto era realizar un examen, partiendo de temas de base, de la problemática en juego, como etapa decisiva para lograr políticas y prácticas más adecuadas. El proyecto debía responder a varias preguntas de orden investigativo, entre otras: ¿qué significa “re-alizar una consulta” desde el punto de vista de las Naciones Originarias? ¿de qué forma pueden fortalecerse esos procesos teniendo en cuenta las perspectivas originarios? ¿son suficientes los procesos de consulta y participación? ¿qué puede considerarse como expresión adecuada del dere-cho a la autodeterminación con respecto a las Naciones Originarias y la minería? y ¿cuáles son las implicaciones para el diseño de políticas y prácticas?

El proyecto se concibió en dos fases. La Fase I (2000-2002) consistiría en examinar la situación y el alcance, mientras que la Fase II permitiría mejorar los conocimientos e influir en las políticas y prácticas mediante mesas de diálogo y otros mecanismos.

El proyecto, financiado principalmente por el CIID, investigaba la situación en Guyana y Colombia, además de realizarse un estudio documental sobre la situación a escala internacional y nacional (en Canadá). La idea era comenzar con un proyecto piloto, con la posibilidad de ampliar-lo posteriormente a otros países. El trabajo en Guyana fue realizado por la Asociación de Pueblos Amerindios con el apoyo técnico del Programa para los Pueblos de los Bosques; en Colombia, fue el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquía que se encargó del trabajo. Para la investigación se utilizó una amplia gama de métodos participativos, y en cada país se esta-bleció un Comité Directivo Indígena para orientar la investigación.

GuyanaJean La Rose, Coordinador de Proyecto de la Asociación de Pueblos Amerindios (APA), hizo

un examen de la Fase I del trabajo en Guyana. La minería está presente en Guyana desde la déca-da de 1840 y es una actividad que forma parte del plan nacional de desarrollo. El gobierno está permitiendo la actividad minera en los territorios originarios y entre las actividades se incluyen las minas de oro y diamantes a pequeña, mediana y gran escala. El trabajo de investigación de la Fase I se centró en realizar una encuesta participativa de cómo evalúan los originarios los impac-tos de la minería y sus experiencias en materia de consultas. Se celebraron talleres comunitarios y entrevistas en las regiones 1, 7, 8 y 9. Además, se hizo un análisis de las obras sobre la materia y se mantuvo reuniones con funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado, ONG y organismos de ayuda, incluida la ACDI. Se preparó un informe detallado para presentar los resultados de la investigación.

Los amerindios constituyen aproximadamente el siete por ciento de la población en Guyana. La mayoría de ellos viven en el interior (unos 70 000 pertenecientes a nueve Pueblos Originarios principales). Sólo 70 de las 120 comunidades existentes están reconocidas oficialmente. Los dere-chos originarios están garantizados por la Constitución guyanesa y los derechos territoriales por el Acuerdo de Independencia.

En torno a 12 000 personas, muchas de ellas amerindias, participan directamente en activi-dades mineras (incluyendo la pequeña, mediana y gran minería). Se han emitido unos 14 000 permisos para proyectos de pequeña minería y en la actualidad operan 1 800 licencias de draga-dos. Los permisos de exploración y prospección abarcan una cuarta parte del territorio nacional y, evidentemente, muchos de ellos incluyen tierras amerindias. El trabajo puso de relieve también las actividades de los garimpeiros ilegales procedentes de Brasil.

Varias compañías canadienses tienen intereses en Guyana (entre otras Cambior, Vanessa Ventures, Golden Star Resources y Canarc). Por otra parte, la ACDI ha financiado el Proyecto de Desarrollo de la Capacidad Ambiental (GENCAPD) con el objetivo de desarrollar la capacidad de

4

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC), examinar los impactos ambientales de la pequeña minería y las tecnologías para mitigar esos impactos.

El trabajo de investigación en Guyana puso de relieve:

• el deficiente marco de gobernabilidad existente en Guyana;

• el inadecuado reconocimiento de los derechos territoriales de los amerindios;

• la escasa protección de que se dispone frente a la minería;

• las cuestiones relativas al autogobierno amerindio, entre otras, el debilitamiento de los roles tradicionales de estos.

Más concretamente, el estudio identificó los principales impactos de la minería desde una perspectiva originaria, esto es: la contaminación del agua, la disminución de la pesca y la caza, la contaminación por mercurio, la erosión cultural, la división entre los miembros de las comuni-dades, la alta incidencia de la malaria, alcoholismo y drogadicción, así como de enfermedades de transmisión sexual y casos de VIH/SIDA. Subrayó los graves impactos que tiene la minería entre las mujeres amerindias, entre otros, el aumento de la carga de responsabilidad de las mujeres con respecto a la subsistencia y el cuidado de los hijos, la prostitución y denuncias de violaciones y corrupción policial.

Entre las recomendaciones formuladas por el estudio se incluía la necesidad de:

• empoderar a las mujeres y promover una mayor concientización de sus derechos;• estudiar alternativas para obtener ingresos en lugar de emprendimientos de pequeña

minería y actividades afi nes, como generadoras de ingresos;• elaborar nuevas políticas y prácticas mediante un proceso de diálogo nacional;• regularizar la tenencia de la tierra;

5

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

• aceptar el principio del consentimiento libre, previo e informado;• fortalecer las instituciones amerindias;• elaborar un protocolo de buenas prácticas con el sector privado; • garantizar acuerdos negociados con

las comunidades.

DebateP. FC: En Canadá, una de las prim-

eras etapas de exploración es de “entrada libre”. ¿Existe en Guyana el mismo pro-ceso?

R. JLR.: Hay entrada libre para los mineros ilegales. Lo que suele ocurrir es que los mineros entran en un área, piden una concesión minera y, después, concluyen un acuerdo con la Comisión de Minas. El problema es la superposición entre las concesiones mineras y las zonas con títulos originarios. La CGMG (GGMC — acrónimo de Guyana Geology and Mines Commission) no comprueba el emplazamiento de las concesiones mineras y a veces otorga más de una concesión para la misma área. Existe también una superposición con los territorios originarios a los que todavía no se ha otorgado un título reconocido oficialmente.

P. FC: ¿Cómo es posible que no se haya reconocido ofi cialmente a todas las comuni-dades originarios? ¿Por qué sólo están reconocidas algunas de ellas?

R. JLR.: A las comunidades se les entrega un pedazo de papel diciéndoles que lo que tienen es un título legal. En eso consiste el reconocimiento. Sin embargo, el gobi-erno no reconoce toda el área de territorios utilizados y ocupados por las Naciones Originarias. En 2002, hubo un caso que llegó a los tribunales. Se obtuvo una conc-esión minera en una comunidad y se dictó un mandato judicial para desplazar a la comunidad de su territorio. El juez falló en favor de la comunidad, lo cual fue una gran victoria.

P. RG: Tengo un comentario sobre la relación entre la consulta y el consentimiento. ¿Tiene signifi cado una consulta que no incluye la posibilidad de decir “sí” o “no”?

R. JLR: Hasta la fecha, en Guyana ha habido muy pocos procesos de consulta en los ám-bitos de las actividades mineras, silvícolas y de conservación. Cuando se celebran consultas, un equipo de funcionarios visita una comunidad con muy poco preavi-so y con muy poca o ninguna docu-mentación. A menudo, ni siquiera hay tiempo de buscar expertos téc-nicos independientes. Comunidades nuestras que no se han enfrentado anteriormente a este proceso, guar-dan silencio. Y a menudo este silencio es interpretado como consentimiento.

P. LB: Con relación a las normas, la CGMG no tiene sufi cientes recursos huma-

“[El estudio] subrayó los graves impactos que tiene la minería entre las mujeres amerindias,

entre otros, el aumento de la carga de responsabilidad de las mujeres

con respecto a la subsistencia y el cuidado de los hijos, la prostitución y denuncias de

violaciones y corrupción policial.”— Jean La Rose

6

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

nos y sus reglas no son aplicadas. Con respecto a las minas a cielo abierto, en teoría los mineros deben recuperar las áreas, pero no es así. Existen reglamen-tos, pero simplemente no se hacen cumplir.

R. MC: En particular, los reglamentos sobre el uso de mercurio no son aplicados.

P. PG: Hay que hacer una distinción entre la exploración y la minería. ¿Cuál es la parte que corresponde a las compañías canadienses? ¿Cómo ha sido la experiencia con la industria canadiense?

R. JLR: La minería a pequeña es-cala no implica actividades de exploración; simple-mente se realiza. Además, están las incursiones de los garimpeiros, que utilizan dragas con cabezal cortador. Esta tecnología tiene un impacto importante en el me-dio ambiente. Tenemos muchas experiencias con las compañías canadienses, por ejemplo:

• Golden Star en el Alto Mazaruni (realizó actividades) de explotación de oro y diamantes. Entraron en las tierras sin avisar a las comunidades, que sólo se enteraron de ello cuando empezaron a ver volar aviones de reconocimiento. Las comunidades se opusieron y, al fi nal, Golden Star discontinuó sus activi-dades en esa área. Golden Star era también socio de Cambior.

• Vanessa Ventures en las montañas Marudi en el Sur de Guyana. La CGMG promueve la minería activamente, y la cuestión principal son los procesos de consulta/consentimiento. La mina se encuentra en medio de dos proyectos de conservación. Ahí es donde uno ve la existencia de un doble rasero.

P. Alto Comisario de Guyana: A modo de aclaración, como representante del Gobierno de Guyana en Canadá, sería negligente por mi parte no aclarar algunas de las cuestiones planteadas aquí esta mañana. No estoy aquí para disentir del in-forme sobre la situación de Guyana, pero es mi deber aclarar algunas de los temas que han sido planteados. Mis colegas de Guyana señalaron una serie de aspectos de la industria de la minería en Guyana. Algunos de esos puntos son muy válidos. La industria en Guyana no es perfecta. Lo mismo ocurre en otros lugares del mundo. Aquí mismo, en Canadá, encontrarán algunos de esos mismos temas. El informe incluye un gran número de acusaciones: acusaciones de corrupción, acusaciones de drogadicción, acusaciones de prostitución, etc. Habría pensado que los autores del informe examinarían esas acusaciones y llegarían a una posición defi nitiva, es decir, si esas acusaciones son ciertas o no,

antes de participar en un foro importante de este tipo simplemente para hacer acusaciones. Además, hay otras orga-nizaciones en Guyana que no comparten el mismo punto de vista expresado por la APA, y que están satisfechas con los esfuerzos y la contribución que la indu-stria minera está haciendo a la economía de Guyana, y más concretamente, al bienestar de los amerindios en el interior del país. Por ejemplo, en el caso de las minas Omai, la compañía ha ofrecido un gran número de servicios comunitarios.

“ ¿Tiene significado una consultaque no incluye la posibilidad de

decir “sí” o “no?”— Robert Goodland

“ [E]n el caso de las minas Omai, la compañía ha ofrecido un gran

número de servicios comunitarios. La industria de las minas de oro ha

asumido una gran parte de las responsabilidades gubernamentales,

tales como proporcionar servicios de salud, mejorar el transporte, las

carreteras y el transporte fluvial... Por ello, no es acertado presentar un

panorama desfavorable.”— Alto Comisario de Guyana

7

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

La industria de las minas de oro ha asumido una gran parte de las responsabili-dades gubernamentales, tales como proporcionar servicios de salud, mejorar el transporte, las carreteras y el transporte fl uvial. Como resultado de ello, la con-tribución de los mineros en Guyana ha sido reconocida por las propias comuni-dades originarios. Por ello, no es acertado presentar un panorama desfavorable. Por eso, pensé que debía llamar la atención de las partes presentes hoy aquí al respecto. Muchas gracias.

R. JLR: Nuestro estudio centró su atención en la minería de pequeña escala. Cambior es una compañía minera que opera a gran escala. Las ventajas que las comunidades obtuvieron sólo se produjeron después del derrame de 1995, y no se celebró nin-guna consulta con la comunidad ni se solicitó su punto de vista. Con respecto a la cuestión de las acusaciones de corrupción, si se visitan las áreas mineras se puede ver cómo los policías lucen más prendas de oro. No hay más que ver las pruebas físicas. Respecto a nuestras organizaciones originarios, la única organización que ha realizado un trabajo amplio entre las comunidades originarios en Guyana ha sido la APA. Tenemos una amplia difusión entre las comunidades originarios y, de hecho, colaboramos con otras organizaciones y compartimos nuestras preocupacio-nes sobre la contaminación ambiental y otras inquietudes acerca de temas devela-das por el proyecto de investigación.

R. MC: Como uno de los autores del informe, utilizamos la palabra “acusación” no porque no hubiéramos comprobado los problemas planteados, sino para obrar con gran prudencia ya que los testimonios personales en lo que se basan estos cargos no han sido presentados ante un tribunal.

ColombiaGladys Jimeno, Investigadora Principal para el componente colombiano de la Fase I y Om-

aira Mindiola, Coordinadora de Proyecto para la Fase I, intervinieron a continuación haciendo un resumen del proyecto dirigido por la Universidad de Antioquía y sus resultados en Colombia.

Las presentadoras describieron la composición del Grupo Directivo Indígena e indicaron que la investigación se llevó a cabo en dos regiones principales. En la Sierra Nevada de Santa Marta, el estudio reveló problemas en torno a la propuesta de construcción de un puerto de carbón en un sitio sagrado, así como problemas complejos acerca del plan de desarrollo propuesto para la Sierra. En la Guajira, la investigación se realizó con el pueblo wayúu y estudió la ampliación de la mina de carbón El Cerrejón, la explotación de gas en alta mar (Chuchupa B), las minas de sal (Manaure) y el establecimiento de puertos (Portete).

Colombia cuenta con una legislación progresista en materia de “consulta previa”, y este mecanismo ha sido utilizado históricamente por las comunidades originarios y negras como instrumento de resis-tencia, durante las épocas de la “conquista”, la colonia y la república. Los derechos étnicos están protegidos en la Constitución, en el Con-venio 169 de la OIT, que fue ratificado por la Ley 21 de 1991, y en la Ley 99 de 1993, por la que se organiza el Sistema Nacional Ambien-tal y se crea el Ministerio del Medio Ambiente.

Entre las principales conclusiones del estudio colombiano figura la necesidad de establecer distintos espacios de diálogo entre los diferentes actores (grupos étnicos, el Estado y las compañías) y de reflexión interétnica (comunidades originarios y afrocolombianas) a nivel nacional e internacional.

8

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

En Colombia, la consulta previa con el consentimiento libre, previo e informado empezó a ser implementada de buena fe por el Estado, las compañías y representantes legítimos de las Nacio-nes Originarias. Aunque se adquirió experiencia, se han dado pasos atrás tanto de facto como de jure con respecto a los derechos étnicos.

Las compañías nacionales e internacionales han presionado para simplificar el proceso de “consulta” dentro de parámetros técnicos y administrativos que no permiten un entendimiento ni la negociación equitativa, con información suficiente sobre los impactos y ventajas que un proyec-to puede aportar a una comunidad indígena o afrocolombiana.

El gobierno ha realizado modificaciones legales que limitan derechos étnicos ya reconocidos. Algunos ejemplos son el nuevo código de minas, una reforma respaldada por asistencia técnica fi-nanciada por la ACDI, y el Decreto 1320 de 1998, por el que se reglamenta la consulta previa. No se celebraron consultas adec-uadas para elaborar el propio decreto, que a su vez llevó a la aprobación de una ley forestal, entre otros resultados. El gobierno ha relegado a segundo plano la responsabi-lidad de proteger a los grupos étnicos y ha abandonado su posición de garante de los derechos humanos de las Naciones Originarias, lo cual afecta también a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado.

Entre las recomendaciones del estudio de la Fase I se incluyen:

• establecer programas de desarrollo de capacidades en:› legislación ambiental;› derechos humanos y derechos originarios;› leyes de minería;› fortalecimiento de las autoridades de administración interna y representación

de las comunidades originarios y afrocolombianas;• realizar trabajos de investigación sobre la minería a pequeña escala;• emprender una Fase II del proyecto, centrada en convertir la consulta con el consen-

timiento libre, previo e informado como un instrumento fundamental de protección y defensa de los derechos de los grupos étnicos.

Debate:P. LC: La consulta previa está legislada en Colombia. ¿Hubo consultas sobre ello?

R. GJ: Sí, se celebraron consultas al respecto, pero no hubo ninguna consulta en torno al Decreto 1320. Las reglas incluidas en ese Decreto contradicen las otras reglas contenidas en la Constitución, en leyes internacionales y leyes ambientales en Colombia. Este Decreto fue establecido sin consultar a las Naciones Originarias ni Afrocolombianos.

P. GM: En Colombia, se puede recurrir a la justicia constitucional. Cu-alquier ciudadano puede acudir a los tribunales o al sistema judicial si considera que se ve perjudicado por un decreto. En caso de que el

“En Colombia … aunque se adquirió experiencia, se han dado pasos atrástanto de facto como de jure con respecto a los

derechos étnicos.”

— Gladys Jimeno

9

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

decreto sea declarado inconstitucional, se vuelve a la ley reconocida previa-mente.

P. EB: Quisiera felicitar a Omaira y Gladys por su síntesis de la experiencia colombi-ana. Con respecto al caso de las minas de sal de Manaure, quisiera agregar que éste es uno de los casos más trascendentales en Colombia con relación a la participación de las Naciones Originarias en una compañía. Unas 24 000 perso-nas originarios se benefi cian de la mina. En este caso, el gobierno entregó una parte importante de su propiedad a los wayúu, igual que hizo en el caso de una mina de sal situada a unos 40 Km. de Bogotá. El actual gobi-erno ha celebrado 18 pro-cesos de consulta previa, el último de ellos hace unos ocho días, utilizando pro-cesos que eran anteriores al Decreto 1320, precisamente porque las comunidades lo rechazaron por no habérseles dado participación en su formulación. Hace unos 10 días, hubo una reunión en la que participó el Presidente de Colombia y un representante de la población indígena, y en la que se acordaron dos puntos: el primero es una revisión del Decreto 1320 con relación al diálogo y participación de las comunidades y sus representantes; y el segundo se refi ere a la Ley Forestal, con relación a la cual el Presidente ha se-ñalado directamente la necesidad de que, durante el debate en el Congreso, no sólo participen representantes de la población indígena (hay dos) sino también de las comunidades afrocolombianas. Quisiera aprovechar esta oportunidad para informarles de que Carlos Rosero se presentará como candidato al Senado. De este modo, las comunidades participarán de forma clara en el debate sobre la Ley Forestal en Colombia.

P. KK: Esta información sobre cómo poner en práctica el CLPI es muy interesante. Ha dicho que se escogieron ciertos casos en su trabajo porque eran buenos. ¿Tuvi-eron lugar antes del Decreto 1320?

R. GJ: No todos los casos. Ciento tres consultas previas ya se habían realizado antes del Decreto 1320. En algunos casos hay negociaciones sobre si debe aplicarse el De-creto 1320 o la consulta previa (que no está incluida en el Decreto). Esto deja a las comunidades indefensas.

P. JG: ¿Comparten las Naciones Originarias y Afrocolombianos la misma posición acerca del Tratado de Libre Comercio?

R. LEA: En general compartimos la misma posición. El TLC afectará la territoriali-dad originaria. Quiero insistir en que en este proceso no se nos ha consultado. Hemos visto al gobierno decir que nos han consultado. Hay otros casos en los que no se han celebrado consultas, por ejemplo, con la Ley Forestal.

“La consulta previa debe hacerse antes de que se apruebe una ley. No se trata simplemente de invitar a las

comunidades originarios y afrocolombianas a participar. Es un proceso que exige proporcionar muy buena información y

permitir que cada comunidad tenga su propio espacio, con sus propios

medios, para hacer sus consultas.”

— Carlos Rosero

10

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

P. CR: Las comunidades negras están preocupadas por el TLC. Afecta a nuestros ter-ritorios, nuestros recursos naturales y nuestra propiedad intelectual. A fin de poder tener una posición sobre cómo afecta el TLC a nuestras comunidades, estamos pidiendo al gobierno que haga un estudio sobre los impactos. No se trata simplemente de decir “sí” o “no”; tenemos que saber los impactos que tendrá. Hay un malentendido; la consulta previa debe hacerse antes de que se apruebe una ley. No se trata simplemente de invitar a las comunidades originarios y afrocolombianas a participar. Es un proceso que exige proporcionar muy buena información y permitir que cada comunidad tenga su propio espacio, con sus propios medios, para hacer sus consultas. Aco-gemos con agrado la invitación del asesor presidencial.

P. GM: En relación a la presentación de Gladys, podemos concluir que la situación en Colombia en lo que a las consultas se refi ere es muy avanzada, aunque no perfecta, lo cual hace posible el objetivo que todos persiguen: el desarrollo sostenible. No obstante, hacer referencia a otras actividades fuera de la minería sería como abrir la caja de Pandora, por lo que pediría a todos que se atengan al tema principal de la reunión.

R. GJ: Tenemos muchas experiencias en Colombia, y muy positi-vas, es verdad; pero también hay muchas otras que han tenido impactos negativos y violentos. Hemos documen-tado todas las experiencias y está claro que actualmente el derecho básico a ser con-sultado está siendo violado. Si bien es posible que este gobierno haya realizado 18 procesos de consulta, en el pasado, el número promedio de consultas que deberían haberse celebrado por año se aproximaba más a 60. Está además la cuestión de ver realmente si estos procesos de consulta son adecuados. Este proyecto no invita a negar la realidad, sino a confrontarla y crear espacios de diálogo con el objeto de asegurar que los derechos a la consulta no existan sólo en papel, sino que sean aplicados de verdad. Tenemos leyes extraordinarias pero que no se aplican en absoluto; y éste es el paso que ten-emos que tomar.

RC: Los temas puestos ante nosotros son complejos y existen intereses diversos alrede-dor de la mesa. La minería aporta beneficios, pero también tiene costos y éstos no han sido reconocidos adecuadamente. Todos los aquí presentes hemos reconocido tanto los beneficios como los desafíos.

“Este proyecto no invita a negar la realidad, sino a confrontarla y crear

espacios de diálogo con el objeto de asegurar que los derechos a la

consulta no existan sólo en papel, sino que sino que sean aplicados de verdad.”

— Gladys Jimeno

“Por otra parte, “Por otra parte, los procesos de consulta han sido destructivos por

y de sí mismos y han socavado la integridad y la autoridad originarias,

avivando los conflictos sociales. El tema esencial para todos los participantes del estudio es que las Naciones Originarias quieren que se les reconozca su derecho al

consentimiento libre, previo e informado, que incluye el derecho a decir ‘no’ a la realización de proyectos

en sus tierras ancestrales.”

— Gladys Jimeno

11

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

Síntesis de la Fase IViviane Weitzner, Investigadora Principal del INS, resumió los principales resultados de la

Fase I. Hizo notar que existe gran diversidad entre las Naciones Originarias dentro de los países donde se desarrolla el estudio e incluso entre ellos mismos. Asimismo, diversos son también los tipos de recursos y escalas en las que opera la minería, así como los contextos sociales y geopolíti-cos. Sin embargo, existían confluencias sorprendentes en las experiencias con los proyectos de desarrollo y conservación. Estas incluían:

• Temas y conflictos fundamentales; por ejemplo, diferencias entre las perspectivas occiden-tales y de las Naciones Originarias en relación al concepto de “desarrollo”, soberanía y propiedad de los recursos del subsuelo.

• Temas conceptuales y filosóficos; tales como de qué forma expresar los conceptos de las na-ciones originarias acerca de la ‘consulta’ y/o el consentimiento adecuados y la necesidad de descolonizar el lenguaje para realizarlo.

• Confluencias en las autoevaluaciones de experiencias originarias en materia de consulta, que se asemejan más bien a un manual de ‘cómo no hacer con-sultas’, incluyendo benefi cios al corto plazo y más bien simbólicos. Por otra parte, los procesos de consulta han sido destructivos por y de sí mismos y han socavado la integridad y la au-toridad originarias, avivando los con-fl ictos sociales. El tema esencial para todos los participantes del estudio es que las Naciones Originarias quieren que se les reconozca su derecho al consentimiento libre, previo e informado, que incluye el derecho a decir “no” a la realización de proyectos en sus tierras ancestrales.

El estudio reveló la necesidad de una serie de condiciones previas para emprender procesos de diálogo equitativos, entre otras: la necesidad de que la gente de fuera reconozca que las Naciones Originarias son los propietarios de sus territorios, aunque esto no se haya reconocido oficialmente; consulta previa que lleve al consentimiento libre, previo e informado; y, en caso de que las comu-nidades originarias den su consentimiento: negociación de acuerdos y establecimiento de asocia-ciones, incluida el continuo monitoreo de la implementación de los acuerdos, así como su revisión. Se señalaron otras condiciones previas necesarias para celebrar procesos de diálogo más equitati-vos, orientados a las Naciones Originarias, los gobiernos, las compañías y las ONG, y los donantes e instituciones financieras internacionales.

Se puede fortalecer el papel de la ACDI en el extranjero en muchas áreas; por ejemplo, ga-rantizando que las reformas que financia (como el nuevo código de minas de Colombia) incluyan procesos de consulta adecuados con las Naciones Originarias y Tribales, y no violen los compro-misos constitucionales e internacionales de un país. Las reformas ambientales apoyadas por la ACDI, como el proyecto GENCAPD (Proyecto de Desarrollo de la Capacidad Medioambiental para Guyana — Guyana: Environmental Capacity Development Project) financiado por la ACDI en Guyana, deberían hacer un hincapié equitativo en los impactos sociales e incluir una partici-pación adecuada de las Naciones Originarias en el proceso de planificación.

Por último, el estudio reveló varias implica-ciones en temas de políticas y cuestiones críticas. Por ejemplo, cómo cambiar el rol del Estado para que en lugar de ‘alinearse’ con las compañías

“Apreciamos el trabajo del INS. Es útil, revelador y ha sido rEs útil, revelador y ha sido realizado

de forma responsable.”

— Anthony Andrews

12

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

cumpla sus obligaciones fiduciarias y proteja los derechos de las naciones originarios, y tratar las tensiones inherentes a los Estados (por extensión, las compañías) ante el hecho de aceptar el dere-cho al consentimiento libre, previo e informado.

Debate P. MC a la industria: ¿Cómo puede la industria crear condiciones más justas para equilibrar

el campo de juego?

R. AA: En la industria de la exploración, hay pequeñas y grandes empresas de explor-ación. Apreciamos el trabajo del INS. Es útil, revelador y ha sido realizado de forma responsable. He escuchado perspectivas claras de procesos de consulta incompletos, experiencias de exclusión, desequilibrios de poder y manipulaciones de los procesos. La industria minera toma todo esto muy en serio. Trabajamos donde ustedes viven y estamos intentando mejorar las cosas. No obstante, es necesario reconocer el progreso y sus beneficios, así como sus aspectos negativos y, al hacerlo, será más probable que logremos dialogar. Tenemos 4 000 proyectos en un gran número de países. Asimismo, trabajamos en el desarrollo de capacid-ades. Existe una escasez de expertos en consultas sociales. “Nos enfrentamos a las realidades y nuestra llegada puede causar revuelo”. Los proyectos intensifican los problemas preexistentes. En situaciones de débil gobernabilidad, las compañías solicitan la autorización a las autoridades competentes, lo que puede ser un pro-ceso confuso, imprevisible y con lagunas. Los miembros de la Asociación Cana-diense de Prospectores y Empresarios (PDAC) quieren reglas más claras y mejoras en este sentido. Tenemos que también ser capaces de ofrecer garantías a nuestros inversionistas. Tenemos intereses comunes aunque nos motiven razones diferentes: “Nos dirigimos en la misma dirección aunque sea por razones distintas”. No nos importa con quién debamos tratar. No tenemos ningún problema en tratar con propietarios originarios. Hay que notar que organizaciones como la mía no tienen autoridad sobre sus miembros. No existe ningún atajo para desar-rollar las capacidades. Consultar también el sitio www.E3mining.com, que es un producto de PDAC y un compendio de conse-jos y mejores prácticas elaborado para los miembros, aunque tam-bién para los gobiernos, las ONG y otros. Estamos intentando promover el desarrollo de capacidades.

R. VW: (respecto al diagrama sobre el equilibrio de poder en una de las diapositivas de su presentación): Es necesario hacer hincapié en la “responsabilidad social del gobi-erno” tanto como en la “responsabilidad social de las empresas”.

Receso para el almuerzo

3. Panel: Surinam y la Primera Nación dene Lutsel K’e (Canadá) 3. Panel: Surinam y la Primera Nación dene Lutsel K’e (Canadá)

SurinamLoreen Jubitana, Directora Ejecutiva de la Asociación de Líderes de las Naciones Origi-

narias de Surinam (VIDS), hizo una presentación general de la VIDS, los derechos originarios en Surinam y el proyecto financiado por el CIID en Surinam Occidental. La VIDS representa a todos los líderes originarios de Surinam. Aunque la población de Surinam supera apenas los 500

“En materia de derechos originarios, Surinam es el único país del hemisferio occidental que no

reconoce ningún derecho a las Naciones Originarias.”

— Loreen Jubitana

13

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

000 habitantes, el número de personas originarias asciende aproximadamente a 80 000. Hay unos 40 pueblos y la VIDS está integrada por los 40 Jefes que representan a esos pueblos. La VIDS es también el “socio interlocutor” con el gobierno para los asuntos relacionados con las Naciones Originarias. La asociación fue establecida en 1992, inmediatamente después del conflicto armado interno en Surinam, como un mecanismo para restaurar la autoridad tradicional. La Oficina fue establecida en 2002 como una Secretaría y el brazo de trabajo legal de la VIDS. En la actualidad trabajan en esa Oficina cinco mujeres. El mandato de la VIDS es promover y defender los dere-chos originarios en Surinam.

En materia de derechos originarios, Surinam es el único país del hemisferio occidental que no reconoce ningún derecho a las Naciones Originarias. Hay varios ejemplos que ponen de mani-

fiesto esta realidad, siendo el más reciente el anteproyecto de la Ley de minería. Este anteproyecto de ley hace discrimina-ciones con relación a los derechos colectivos y favorece los derechos individuales, sobre todo en cuanto a la aplicación de la justicia, ya que una persona particular puede dirigirse a una corte, no así una comunidad entera. Por otra parte, el gobierno emite concesiones mineras sin consultar a las Nacio-nes Originarias en cuyas tierras se sitúan dichas concesiones. Además, en Surinam no hay leyes ambientales vigentes, de tal modo que las compañías no están obligadas a realizar evaluaciones de impactos ambientales o sociales.

Loreen Jubithana seguidamente pasó revista a los planes actuales del proyecto hidroeléctrico Kabalebo y el proyecto de minería de bauxita Bakhuys de BHP Billiton y Suralco (Alcoa) en Surinam occidental, y mostró mapas de su emplazamiento. Esta serie de proyectos de desarrollo relacionados con la bauxita se remonta a las décadas de 1960 y 1970, cuando el área fue explorada por primera vez y se debatió la posibilidad

de proyectos mineros e hidroeléctricos. Sin embargo, el precio de la bauxita en el mercado mun-dial cayó y Surinam vivió una guerra interna que afectó a los proyectos. Está previsto que las ac-tuales actividades de exploración de la mina de bauxita terminen en octubre/noviembre de 2005.

El actual proyecto financiado por el CIID con el INS tomó forma a raíz de una solicitud de los líderes de pueblos de Surinam Occidental que deseaban obtener ayuda para responder a una serie de proyectos de desarrollo en sus territorios tradicionales. El gobierno y las compañías habían firmado un Memorando de Entendimiento relativo a esos proyectos, pero no informaron a las comunidades hasta aproximadamente ocho meses después. Mientras tanto, la VIDS había oído hablar de esos proyectos e informó de ello a las comunidades (que fueron las que entregaron una solicitud de ayuda a VIDS). Las comunidades afectadas comprenden los pueblos arawak de Apoera en Surinam Occidental, Section y Washabo (arawak), las comunidades trio de Wanapan, Amotopo y un pueblo en el río Lucie, así como los pueblos del Wayambo y las Naciones Origi-narias guyaneses del Corentyn.

El proyecto del CIID empezó con los pueblos de Surinam Occidental (Apoera, Section, Washa-bo y Wanapan) e identificó otros pueblos que se verían afectados tanto por la explotación de la bauxita como por la presa hidroeléctrica. Entre los objetivos del proyecto figuraban: realizar un estudio sobre la minería en Surinam Occidental para apoyar a las comunidades afectadas e influir en las políticas nacionales; ofrecer apoyo técnico y desarrollar capacidades para tratar con las com-pañías mineras y el gobierno; establecer contactos con organizaciones aborígenes en Canadá con experiencia en la negociación con compañías mineras a fin de que dichas organizaciones ayudaran a las comunidades situadas en Surinam Occidental a desarrollar sus capacidades y les proporcio-naran apoyo de larga duración sobre cómo encarar proyectos de desarrollo. Además, el proyecto

14

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

se propone establecer un diálogo con los distintos actores involucrados y elaborar un plan adec-uado para el diálogo y la consulta y/o el consentimiento.

Entre las actividades realizadas hasta la fecha se incluyen:

• el establecimiento de un Comité Directivo Indígena;• la celebración de un taller en mayo de 2005 en el que participaron líderes comunitarios

y mujeres, representantes gubernamentales y de las compañías, así como dos represent-antes originarios de la Primera Nación dene Lutsel K’e en los Territorios del Noroeste (Canadá);

• la organización de varios talleres en Surinam Occidental para compartir información acerca de los planes de desarrollo y documentos recibidos por la VIDS, y capacitación de un grupo de miembros de las comunidades para que visitaran los hogares a fi n de com-partir la información;

• elaboración participativa de mapas de los pueblos para comprender mejor los impactos que las actividades de exploración en Bakhuis ya estaban teniendo en los hogares;

• entrevistas en la radio local;• visitas sobre el terreno a Coermotibo, una mina de bauxita en el Este de Surinam, y a

Afobaka, la única instalación hidroeléctrica de Surinam;• una evaluación social y ambiental preliminar, realizada por Robert Goodland.Algunos de los resultados que el proyecto ha logrado hasta la fecha incluyen:

• mayor concientización de las comunidades surinamesas occidentales, y mayor partici-pación de las mujeres en las actividades del proyecto;

• mayor espíritu de iniciativa, sobre todo con relación a una propuesta de reserva natu-ral en los territorios tradicionales de las comunidades que es problemática ya que no se ha realizado un proceso de consulta adecuado y las comunidades han adoptado una posición conjunta fi rme para frenar ese proyecto;

• disposición por parte de BHP Billiton para trabajar en la elaboración de un protocolo de consulta/consentimiento; las comunidades están elaborando uno en la actualidad;

• mayor reconocimiento del trabajo de la VIDS.Entre las conclusiones preliminares del proyecto figuran la necesidad de otorgar un recono-

cimiento legal a los derechos territoriales, la importancia decisiva de elaborar un protocolo de consulta, el hecho de que la fase de exploración ya ha tenido ciertos impactos visibles y que se necesitan más esfuerzos de desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional.

Josee Artist, Responsable de Desarrollo Comunitario de la VIDS, concluyó la presentación poniendo de relieve algunos de los impactos clave de las actividades de exploración minera iden-tificadas hasta la fecha en el marco del proyecto. Entre ellos se incluyen: mayor carga de trabajo para las mujeres cuyos cónyuges trabajan en la mina; falta de tiempo de descanso para los mine-ros que vuelven a sus hogares ya que tienen que trabajar también en la parcela agrícola familiar y pescar y cazar para sustentar a sus familias; incremento del alcoholismo; conflictos y división entre los pueblos; presión de la comunidad de Paramaribo sobre el gobierno para que les doten de tierras en la ciudad de Apoera, probablemente debido a las posibles oportunidades comerciales y de la mina de bauxita.

Primera Nación dene Lutsel K’e Florence Catholique, Negociadora de la Primera Nación dene Lutsel K’e (Canadá), presentó

la experiencia de Lutsel K’e en negociaciones con compañías mineras. Señaló que el Tratado de 1899 de la Primera Nación dene Lutsel K’e estableció un proceso para la toma de decisiones por consenso en el que las comunidades tienen derecho a decir “no” a proyectos de desarrollo.

15

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

En respuesta a los comentarios de Tony Andrews sobre la necesidad de subrayar también los beneficios que la minería puede aportar, Florence identificó, como ejemplo importante, la insta-lación de una estación de radio comunitaria en Surinam Occidental, gracias a contribuciones, entre otras, de BHP Billiton/Alcoa.

La Primera Nación dene Lutsel K’e ha elaborado un Protocolo de Desarrollo de los Recursos para ayudarlos a enfrentarse a estas cuestiones. Al principio de la fiebre de los diamantes en los Territorios del Noroeste, la comunidad carecía de los recursos humanos y financieros necesarios para responder a la situación. “Nuestra relación con el gobierno en aquel entonces era muy buena”. En consecuencia, “estableci-mos ciertas disposiciones que la industria debe respetar”.

La presentación de Florence Catholique presentó el protocolo (véase la presentación PowerPoint para consultar el texto comple-to). Se basa en la premisa de que “tenemos nuestros derechos en la tierra en la que vivimos. Nuestros derechos están cimentados en nuestros tratados, y están protegidos en nuestra Constitución”.

Lutsel K’e está determinada a utilizar tanto los conocimientos occidentales como tradicionales, y asegurarse de que no se es-tablezcan ciudades mineras para apoyar la industria. Toda el área tiene que ser “recuperada” después de que las actividades hayan terminado, afirmó. Algunos problemas deben ser estudiados muy seriamente, como por ejemplo la contaminación ambiental, sobre todo después de que se cierren las minas.

Pasó revista a la experiencia con las minas Ekati de BHP Billiton y Diavik de Rio Tinto, e in-dicó que entre los problemas vividos se incluían las graves limitaciones de recursos disponibles a nivel comunitario, plazos sumamente ajustados y el alcance enormemente limitado de las evalu-aciones. Habló también de algunos de los acuerdos negociados por Lutsel K’e y las lecciones aprendidas en esos procesos, señalando que el acuerdo socioeconómico concluido con BHP “es

sólo papel — no vale nada”. Lutsel K’e ha ex-traído una amplia gama de enseñanzas de estos procesos, entre otras, que es en interés público garantizar que las organizaciones aborígenes reciban los recursos adecuados para que puedan participar activamente en las negociaciones. Concluyó destacando algunas de las formas en que las comunidades pueden prepararse para estos procesos.

4. Panel: Presentación de la Fase II: Hacia el fortalecimiento comunitario, el diálogo y el cambio políticocomunitario, el diálogo y el cambio político

Actividades internacionalesViviane Weitzner presentó brevemente el marco de la Fase II del proyecto. El objetivo general,

que será adaptado debidamente a cada uno de los componentes nacionales, es “facilitar, documen-tar y analizar los esfuerzos a fin de fortalecer las capacidades de las Naciones Originarias para colaborar con el gobierno, la industria y otros actores pertinentes mediante diálogos multiparti-tos y otras interacciones con vistas a lograr resultados, políticas y prácticas más equitativas que respeten los procesos, aspiraciones y derechos de las Naciones Originarias en las decisiones sobre recursos naturales que afecten a sus tierras”.

“Es [de] interés públicogarantizar que las organizaciones aborígenes reciban los recursos

adecuados para que puedan participar activamente en las

negociaciones. ”

— Florence Catholique

16

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

El marco conceptual incluye documentar en qué medida el for-talecimiento de las capacidades de las Naciones Originarias y Tribales, la provisión de recursos y espacios de diálogo dentro y entre las co-munidades, y el desarrollo de una estrategia para consejos prácticos que incline la balanza de poder para posibilitar diálogos multipartitos y resultados más equitativos, además de proporcionar puntos de vista sobre la implementación de los pro-cesos de consentimiento libre, previo e informado. Una limitación cono-cida del marco de investigación es que los esfuerzos de desarrollo de capacidades están dirigidos únicamente a las Naciones Originarias y Tribales, y el equipo de investigación no está trabajando en el desarrollo de capacidades para los gobiernos o la industria, aparte de las actividades de intercambio de información, concientización y diálogo que son parte integral del proyecto.

Los socios de la Fase II incluyen también la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN), la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá (AFN — Assembly of First Nations) y la Asociación de Líderes de las Nacio-nes Originarias de Surinam (VIDS — van In-heemse Dorpshoofden in Suriname). Aunque todavía no se han obtenido los fondos de fi-nanciamiento para el componente colombiano, existe la posibilidad de incluir un componente andino para el proyecto que podría incluir Colombia y otro país, posiblemente Perú, Ecuador o Bolivia.

Las actividades internacionales empren-didas por el INS incluirán un estudio de caso sobre la experiencia de Lutsel K’e en las negociaciones con las compañías mineras; este taller de lanzamiento de la Fase II; la orga-nización de reuniones de equipo; una evaluación de la participación aborigen en la Iniciativa de Minería de Whitehorse y sus réplicas; apoyo en la producción de materiales de capacitación, y un informe de síntesis y un resumen de políticas para presentar los principales resultados del trabajo.

GuyanaMarcus Colchester, Director del Programa para los Pueblos de los Bosques, presentó a

continuación los planes guyaneses para la Fase II. Entre los objetivos específicos del trabajo se incluyen:

• compartir con las comunidades los resultados de la Fase I;• fortalecer capacidades comunitarias;• elaborar una plataforma originaria con una visión común y recomendaciones;• promover el diálogo con el gobierno y la industria;• reunir conocimientos sobre cómo enfrentarse a la contaminación por mercurio, y

cida del marco de investigación es que los esfuerzos de desarrollo de capacidades están dirigidos

“El marco conceptual incluye documentar en qué medida el fortalecimiento de las capacidades de las Naciones Originarias y Tribales, la provisión

de recursos y espacios de diálogo dentro y entre las comunidades, y el desarrollo de una

estrategia para consejos prácticos que incline la balanza de poder para posibilitar

diálogos multipartitos y resultados más equitativos, además de proporcionar puntos de vista sobre la implementación de los procesos de

consentimiento libre, previo e informado.”

— Viviane Weitzner

17

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

• examinar posibles alternativas económicas a la minería de pequeña escala.Desde el final de la Fase I en 2002, se han producido varios cambios importantes en el panora-

ma político y de inversiones mineras. El gobierno ha respondido a la petición de los amerindios de reformar la obsoleta Ley amerindia, si bien los nuevos anteproyectos revelan una falta de espíritu progresista y son objeto actualmente de un debate parlamentario. Las principales preo-cupaciones de las tres organizaciones de Pueblos Originarios en Guyana son: la falta de mención de los derechos territoriales en la nueva Ley; el hecho de que la Ley no consagre el derecho de las comunidades a decir “no” a la minería de gran escala; una erosión en el poder de los Consejos de Pueblos Amerindios, y la existencia de una excesiva discreción ministerial, incluido el veto.

Siguen existiendo problemas con respecto a la tierra. Aunque el nuevo Ministro esté tratando de resolver las cuestiones territoriales, el proceso gubernamental de demarcación y el “otorga-miento” de nuevos títulos depende de la voluntad ministerial en lugar de emanar de derechos existentes. Existe además una política de doble rasero con relación a la tierra: las actividades de conservación y extracción son tratadas como si no estuvieran relacionadas. Por último, el gobierno no entiende los derechos territoriales originarios ni las obligaciones jurídicas internacionales.

Existen además otros problemas con la minería. Se ha producido un aumento de nuevas con-cesiones (por ejemplo, Goldstone y Vanessa Ventures). Las políticas relativas al consentimiento no se están aplicando. No se celebran procesos de consulta o, de hacerse, son deficientes. Se realiza una promoción parcial de la minería que presenta solamente sus beneficios sin tener en cuenta sus costos. La contaminación y otros impactos siguen su curso.

La Fase II responderá a este nuevo contexto. Entre las actividades se incluirán:

• Difusión de información y concientización: • establecimiento de un Comité Asesor Indígena Nacional (CAIN) y celebración de tres

reuniones;• resumen técnico de la Fase I;• resumen de la Fase I para el gran público;• talleres comunitarios en cinco regiones, con la participación de mujeres y jóvenes;• apoyo técnico del FPP, INS y APN.• Celebración de mesas redondas entre el CAIN y los líderes amerindios para planifi car y

coordinar intervenciones políticas; y entre los amerindios y otros actores (principalmente las compañías y el gobierno) con objeto de elaborar un protocolo mutuamente acordado para colaborar con el sector privado.

• Estudio sobre el mercurio, que incluya un examen de la literatura acerca del tema, pre-sentando los resultados a las comunidades y, si se dispone de fondos, elaborar un programa comunitario de verifi cación y vigilancia.

• Revisión de alternativas económicas a la minería de pequeña escala.

Entre los resultados esperados figuran: la población amerindia estará mejor informada sobre las ventajas e inconvenientes de la minería, sus derechos y “mejores prácticas”; mayor concientización y fortalecimiento de las capacidades; una visión amerindia común compar-tida por la gran mayoría sobre el camino a seguir en

“There are also double standardsregarding land: regarding land: conservation and

extraction activities are treated as if they are unrelated.”

— Marcus Colchester

18

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

el futuro; políticas gubernamentales revisadas; protocolo consensuado para acuerdos negociados entre las comunidades y compañías; documentación para todas las actividades.

ColombiaCarlos Rosero, Presidente del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) y Luis

Evelis Andrade, Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), presen-taron brevemente el contexto y los objetivos del componente colombiano. Carlos Rosero empezó señalando que el título de su presentación, “La Consulta: Ahora como nunca”, no es el título oficial del proyecto sino más bien una idea que esperan que ayude a “contagiar” su perspectiva, ponien-do de relieve su importancia y urgencia en este momento.

Colombia tiene 44 millones de habitantes. Existen 84 grupos indígenas, que representan el dos por ciento de la población, mientras que los afrocolombianos suponen el 26 por ciento de la población. Están distribuidos por todo el país. Entre sus derechos reconocidos se incluyen:

• derechos de propiedad colectiva sobre sus territorios, conocidos como “resguardos” en el caso de los Pueblos Indígenas y “Tierras de Comunidades Negras” en el caso de los afroco-lombianos;

• recursos naturales no renovables, con algunos derechos a explotar recursos renovables y no renovables, salvo el petróleo y el gas;

• identidad cultural;• desarrollo de sus propias culturas;• participación y autonomía (para las comunidades originarios y negras), y autogobierno

(sólo para las Pueblos Indígenas); • su propio sistema de justicia (Pueblos Originarios). El derecho de consulta previa está consagrado en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y

las leyes ambientales. La consulta se considera un derecho fundamental que protege otros dere-chos básicos: la participación, la integridad cultural, la protección del medio ambiente, etc. Una serie de decisiones de la Corte Constitucional han señalado también que la consulta es un proceso, no simplemente una reunión, y que las comunidades tienen sus propios espacios para debatir, tomar decisiones y concluir acuerdos con las compañías y el gobierno a fin de establecer los mecanismos que deben seguirse una vez que las comunidades formulen los conceptos y perspectivas.

Algunas de las dificultades con que tropieza la consulta previa son:

• el propio decreto por el que se estableció el proceso nunca fue sometido a un proceso de consulta;

• se ha limitado únicamente a cuestiones y proyec-tos ambientales, cuando debería incluir también las políticas y otras medidas administrativas que afectan a las comunidades;

• se ha confundido el proceso con el simple hecho de celebrar una reunión;

• se ha limitado a territorios colectivos y no abarca la integridad étnica (“¿Por qué no en otros lugares, por

“La consulta es un proceso, no simplemente una reunión.”

— Carlos Rosero

19

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

ejemplo en centros urbanos?; uno no pierde su identidad indígena o negra por encon-trarse fuera de su territorio”);

• las comunidades son presionadas para que se declaren a favor de los proyectos a cambio de pequeños proyectos, como campos de fútbol y uniformes;

• se desoye y no se reconoce a las comunidades que dicen “no”;• las compañías temen los procesos de consulta y quieren encontrar una forma para no

implementarlos o hacerlo de forma parcial o a su conveniencia; • el Estado ha delegado todo el proceso al sector privado (el Estado sólo está presente al

principio y la fi nal del proceso);• el confl icto armado ha presionado a las comunidades. Durante años, ha habido discusio-

nes sobre la posibilidad de establecer procedimientos especiales en áreas que viven un intenso confl icto armado para asegurar y garantizar que las comunidades puedan hablar sin temor;

• se encasilla a los líderes y las comunidades como contrarios al desarrollo. Las comuni-dades adoptan una postura defensiva y son consideradas como terroristas. “Si preguntan a Carlos Castaño ¿qué piensa de Kimy Pernia?, diría, ‘No tengo nada en contra de Kimy Pernia, pero se opone a Urra’”.

En ese contexto, Luis Evelis Andrade presentó a continuación los objetivos del proyecto. El objetivo general de la Fase II en Colombia es “contribuir a redefinir la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado con las Pueblos Indígenas y las comunidades negras: elaborando e implementando actividades de desarrollo de capacidades en materia de consulta; fomentando el diálogo entre los distintos actores de la comunidad, las empresas y el gobierno a fin de establecer mecanismos, políticas y buenas prácticas para implementar la consulta previa en Colombia”. Entre los objetivos específicos figuran: desarrollar las capacidades de los líderes; habilitar espacios de diálogo, intercambio y concertación de acuerdos entre las comunidades, el gobierno y el sector privado; actualizar el documento de referencia recopilando información adi-cional y documentando más a fondo los procesos de consulta, así como la minería a pequeña es-cala; seguir, apoyar y documentar hasta tres procesos actuales de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado; definir e implementar mecanismos y procesos adecuados de difusión que sean culturalmente adecuados.

DebateP: ¿Supone este proyecto una batalla difícil teniendo en cuenta el Decreto 1320?

R. CR: El gobierno reconoce que el Decreto 1320 no funciona, y también lo reconocen así las compañías. Puede ser reformado. En un proceso de consulta, Ecopetrol acordó no utilizar el Decreto 1320, así que hay una mayor disposición a hacer las cosas de forma diferente.

P: ¿Cuáles son los principales riesgos de este proyecto?

R. CR: El principal riesgo es que no existen las condiciones políticas para el diálogo y para entablar un debate político sobre la cuestión. Tenemos que preparar el ter-reno para que el gobierno y las compañías no estén en control. Está también el riesgo de Macartismo político, esto es, que se nos tache de terroristas si deseamos dialogar. No obstante, defender nuestros derechos es nuestra decisión. Es lamen-table, pero en Colombia siempre corremos un riesgo cuando defendemos nuestros derechos y dignidad; ésta es la realidad. Asumimos ese riesgo de forma perman-ente. Sabemos que no estamos haciendo nada ilegal, que nuestros derechos están legalizados, así que ¿por qué es así? Si pensáramos en todo eso, estaríamos paral-izados. Tenemos que correr esos riesgos.

20

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

SurinamJosee Artist, de la VIDS, señaló que el seguimiento del

proyecto financiado por el CIID en Surinam todavía se encuen-tra en la etapa de planificación, pero podría incluiR. elaborar mapas de las tierras y demarcar las áreas tradicionales de los pueblos afectados por los proyectos mineros para complemen-tar el trabajo ya realizado al respecto en Surinam Occidental; continuar desarrollando capacidades en el campo de las com-petencias de negociación y otros temas, y promover una mayor concientización sobre los planes de las compañías; fortalecer las estructuras de toma de decisiones en los pueblos (posible establecimiento de una oficina en Surinam Occidental); continuar trabajando en la elaboración del protocolo de consulta/consentimiento; hacer un seguimiento y apoyar continuamente a las comunidades durante los procesos oficiales de Evaluación de los Im-pactos Ambientales/Sociales de los proyectos de desarrollo. Mientras tanto, la VIDS proseguirá su trabajo para lograr el reconocimiento jurídico de los derechos territoriales e influir en el contenido de los anteproyectos de ley, como por ejemplo, el anteproyecto de Ley de Minería y otras leyes relativas a las Naciones Originarias.

Capacitación entre pueblos originariosPeigi Wilson, Directora de Gestión Ambiental de la Asamblea de las Primeras Naciones,

presentó el componente de capacitación entre pueblos originarios que la ACDI financiará.

Este componente responde a las necesidades identificadas en la Etapa I de la investigación y su objetivo principal es “permitir un aprendizaje recíproco entre las Naciones Originarias de Canadá y sus homólogos del Sur con relación a las interacciones con las compañías mineras y el gobierno a fin de dotarse mutuamente de los medios para elaborar estrategias y mecanismos adec-uados que apoyen y promuevan los derechos, procesos y aspiraciones de las Naciones Originarias y Tribales”. Los capacitadores originarios canadienses serán identificados por un Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Capacidades Aborígenes integrado por cuatro personas que será establecido para tal fin. Entre los criterios de selección se tendrán en cuenta las diferencias a nivel de género

21

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

y de las generaciones. Los capacitadores canadienses participarán en varias activi-dades sobre el terreno en equipos de dos personas y proporcionarán conocimien-tos sobre cuestiones variadas, desde la negociación hasta la comunicación de los riesgos de contaminación asociada con la minería y sus impactos en la salud humana. Además, se celebrará un taller sobre los Acuerdos sobre Impactos y Beneficios en Canadá en el que partici-parán tanto socios canadienses como del Sur. A lo largo del proyecto se realizarán evaluaciones participativas para adaptar y mejorar la capacitación. Entre los resultados del proyecto se incluirá la preparación de materiales de capacitación y la documentación de las enseñanzas adquiridas en el establecimiento y fortaleci-miento de iniciativas de colaboración entre pueblos originarios.

5. Debate abiertoLEA: En el fondo de este debate está la cuestión del “desarrollo”. Necesitamos un

desarrollo que garantice la protección del medio ambiente. Tenemos que hacer progresos en cuanto a cómo negociar, pero serán inútiles si no hay una voluntad política. Tenemos que acabar con los pasos atrás con respecto a los avances en los derechos que hemos obtenido. Tenemos que pensar en el progreso, el desarrollo, los impactos, el cambio climático, todas las cuestiones relacionadas. Y también, en las condiciones desiguales para el diálogo y los Objetivos de Desarrollo del Milen-io. “Con la mina de carbón de El Cerrejón, hay carbón para todo el mundo y para los ricos en Colombia. Pero para los wayúu hay miseria y pobreza”.

MC: ¿Pueden aplicar las compañías canadienses mejores prácticas en el extranjero?

GP: Ésta ha sido una jornada muy interesante y edificante. Lo que se aprecia repeti-damente es la complejidad de las cuestiones. Quizás hay lecciones aprendidas aquí en Canadá, pero son sólo recientes. Ha sido sólo hace poco cuando la Corte Suprema ha fallado decisiones que han dado fundamento a la interpretación de los derechos. Se trata de derechos consagrados en el derecho consuetudinario desde los siglos XVII y XVIII. Pero aquí hablamos también de jurisdicciones que no tienen esos derechos o que, si los tienen, no son implementados. Se nos plantean desafíos difíciles de superar, la capacidad de aplicar y hacer respetar las leyes y de hacer respetar los derechos en condiciones equitativas para todos. Incluso nos enfrentamos a ese desafío con relación a las mejores prácticas. Nuestro de-safío aquí consiste en asegurar que las mejores prácticas sean aplicadas en todo Canadá. Lle-vamos tiempo trabajando con la sociedad civil y elaborando un conjunto de instrumentos. Lo que hay que hacer es establecer una plataforma directamente entre las comunidades que han

“[El objetivo principal es] permitir un aprendizaje recíproco entre las

Naciones Originarias de Canadá y sus homólogos del Sur con relación a

las interacciones con las compañías mineras y el gobierno a fin de el gobierno a fin de dotarse mutuamente

de los medios para elaborar estrategias y mecanismos adecuados que apoyen y promuevan los derechos, procesos y aspiraciones de las Naciones

Originarias y Tribales.”

— Peigi Wilson

22

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

acumulado una gran experiencia. En Canadá hacemos acuerdos sobre impactos y beneficios. Tenemos que ofrecer a las comunidades y gobiernos condiciones que permitan repartir los ingresos, e información para comprender cómo mitigar los impactos, y entender las cuestiones financieras para asegurar que los mineros no contaminen los lagos y ríos. Se trata de desafíos de talla.

De forma colectiva llevamos 30 años incorporando las consideraciones de costos en la toma de decisiones. Sólo tenemos unos 35 años de experiencia y no hemos llegado al punto final. El principal medio para integrar los costos es mediante la reglamentación. El Gobierno de Canadá podría dedicar más tiempo ayudando en este proceso. En Ontario hemos hecho avances importantes. La ONU considera las leyes sobre minería de Ontario como un “modelo”. La capacitación entre Pueblos Originarios tiene buenas cosas, si podemos ampliar su alcance.

Es necesario que el gobierno desempeñe un papel más importante y que se hagan respetar las leyes debidamente. En caso contrario, la gente tratará de incrementar su margen de ganancias.

La Asociación Minera de Canadá (MAC) tiene una Iniciativa hacia el desarrollo Minero Sostenible que reconoce elementos de derechos humanos y de derechos originarios. La MAC todavía está debatiendo cómo utilizar esto en el extranjero. Nos encontramos más en una situación de aprender de los otros y llevar esa ense-ñanza a niveles internacionales. Muchas pequeñas compañías no son miembros de la MAC, y es posible que sean o no sean miembros de PDAC. Conseguir que sean miembros es un desafío.

El compendio de directrices E-3 (Excelencia Ambiental en la Exploración) contiene 2 000 páginas de datos. No obstante, para que funcione se necesitan talleres y módulos de desarrollo de capacidades. Cómo hacer que esa herramienta de capac-itación sea una oportunidad es una cuestión clave; se podría solicitar al gobierno de Canadá que ayude a financiar esta iniciativa.

CC a MC: Me interesa la cuestión de la amenaza de las medidas de conservación del gobi-erno. Mencionó que el gobierno está presionando para fomentar la conservación por un lado y la extracción por otro. ¿Hay un vínculo?

MC: En Guyana no existe una planificación integrada del uso de la tierra, aunque a nivel estratégico sí. El problema de establecer un equilibrio entre la conservación y la minería es que no existen procesos de consulta en ninguna de ellas. Ambas son impuestas sin respetar los derechos originarios. Teniendo en cuenta los avances logrados a nivel internacional y en las leyes ambientales que ha suscrito Guyana, esta situación ya no debería ocurrir. Hace dos años, el Plan de Acción de Durban reconoció los derechos originarios en áreas protegidas y el Convenio sobre la Di-versidad Biológica (CDB) le siguió. Así que existen normas y quienes suscriban el CDB deberían promoverlas. Es necesario difundir y divulgar esas nuevas normas.

JA: Con el sistema de libre acceso que tenemos en Canadá, cualquiera puede en-tregar 41$ para obtener una concesión sin consultar, y ni siquiera Canadá se benefi cia de ello. Ésta es la raíz del problema.

LB: Es muy importante llevar a un primer plano las perspectivas originarios. En cada país hay una situación diferente: minería de pequeña escala, minería de gran escala y pequeñas empresas mineras. Con respecto al desarrollo de capacidades, nuestro énfasis tiene mucho que ver con las comunidades. En América Latina, si no desarrollamos capacidades para el gobierno y las compañías, seguiremos teniendo un problema. Tenemos que establecer un equilibrio entre los tres actores

23

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

al mismo nivel. Uno de los grandes problemas con relación a los conflictos hoy en día no es qué hacer, sino más bien cómo hacerlo. Para los gobiernos es un desafío: construyeron sistemas que no incluían a las comunidades. Ahora esa cultura tiene que cambiar, y desarrollar capacidades forma parte del proceso. ¿Cómo podemos cambiar ese escenario? Una gran parte de los conflictos tiene que ver con el hecho de que tenemos expectativas con relación a los derechos, pero los reglamentos y las políticas no las satisfacen. Tenemos que elaborar políticas y reglamentos que las apoyen.

CR: Una de las presentaciones me ha dado que pensar. En Colom-bia, hemos pasado muchos años hablando con la gente. Establec-emos acuerdos sobre el proceso de negociación, por ejemplo, para los proyectos de hidroelec-tricidad. Sin embargo, en el caso de Canadá está la cuestión de la confidencialidad y no pueden compartir esa información. Así que mi pregunta es: ¿cómo se pu-ede aprender? La única forma de transmitir esto es oralmente. Pero ése es un legado que pertenece a mi comunidad y lo compartimos entre los Pueblos Negros e Origi-narios. ¿Cómo se puede aprender si existen cláusulas de confiden-cialidad? Si yo puedo compartir cómo funcionó el proceso con otras comunidades, éstas pueden aprender. Esto es lo importante para mí.

6. ClausuraPeigi Wilson y Viviane Weitzner agradecieron a los participantes el interesante debate man-

tenido. Dieron las gracias también a los intérpretes por su excelente trabajo durante las presen-taciones. Expresaron su agradecimiento de forma especial a Marcelo Saavedra y Bente Molenaar, del Instituto Norte-Sur, por su importante papel en la exitosa organización del evento. Dieron las gracias también al Anciano por su importante papel en la apertura y mantenimiento de un espacio de diálogo fructífero.

El Anciano Decontie concluyó la reunión con una plegaria.

“En Colombia, hemos pasado muchos años hablando con la gente.

Establecemos acuerdos sobre el proceso de negociación, por ejemplo, para los

proyectos de hidroelectricidad. Sin embargo, en el caso de Canadá está la cuestión de la confidencialidad

y no pueden compartir esa información. Así que mi pregunta es: ¿cómo se puede aprender?

La única forma de transmitir esto es oralmente. Pero ése es un legado que pertenece a mi comunidad y lo

compartimos entre los Pueblos Negros e Originarios. ¿Cómo se puede

aprender si existen cláusulas de confidencialidad?”

— Carlos Rosero

24

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

Apéndice 1: Lista de participantesNombre Cargo Institución Correo electrónico

Luis Evelis Andrade Casama

Presidente de ONIC Organizacion Nacional Indígena de Colombia (ONIC) — National Indigenous Organization of Colombia

[email protected]

Anthony Andrews Executive Director Prospectors and Developers Association of Canada

[email protected]

Captain Lawrence Anselmo

Former Chief Amerindian Peoples Association

[email protected]

Jonas Antoine Representative of Chief Herb Norwegian

Deh Cho First Nation [email protected]

Marie-Josee Artiste Community Development Officer

Association of Indigenous Village Leaders in Suriname — VIDS

[email protected]

Yolanda Banks Corporate Social Responsibility Advisor

Export Development Canada [email protected]

Véronique Barnes Indigenous Peoples Partanership Pogram (IPPP)(IPPP)

Canadian International Development Agency

[email protected]

Maria Laura Barreto Independent researcherresearcher

Independent consultants [email protected]

David Bruer Program Coordinator Interpares [email protected] Buell Policy Analyst National Aboriginal Health

[email protected]

Everth Bustamente Garcia

Consejero en Asuntos Territoriales y Delegado PresidencialDelegado PresidencialDelegado Presidencial

Presidencia de la República de Colombia, Alta Consejería

[email protected]

Laura Calmwind Manager for Sustainable Development

Nishnawbe Aski Nations (NAN)

[email protected]

Simon Carter Program Leader for the Rural, Poverty and Environment Program Initiative

International Development Research Centre

[email protected]

Florence Catholique Consultant/NegotiatorNegotiatorNegotiator

Lutsel K’e Dene First Nation [email protected]

Marcus Colchester Director The Forest Peoples ProgrammeProgrammeProgramme

[email protected]

Catherine Coumans Research Co-ordinator Mining Watch CanadaProgrammeMining Watch CanadaProgramme

[email protected]

Richard Couture Manager, International Projects, MMS/MTB/MMSL/EG

Natural Resources Canada [email protected]

Roy Culpeper President and CEO The North-South Institute [email protected]

Peter Decontie Algonquin Elder and FireKeeper

A Circle of All Nations [email protected]

Yvette Decontie Guest of Father Peter Decontie

A Circle of All Nations

Pam Foster Coordinator Halifax Initiative [email protected] Galindez Independent

ConsultantIndependent consultant

Robert Goodland Independent researcher

Independent consultant [email protected]

25

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

Nombre Cargo Institución Correo electrónicoPierre Gratton Vice president,

Sustainable Development and Public Affairs

Mining Association of Canada

[email protected]

Gladys Jimeno Consultant/Principal Researcher Colombia, Phase I

Gladys Jimeno [email protected]

Loreen Jubitana Director Association of Indigenous Village Leaders in Suriname — VIDS

[email protected]

Karyn Keenan Program Officer Halifax Initiative [email protected]

Jamie Kneen Communications and Outreach Coordinator

Mining Watch Canada [email protected]

Jean La Rose Executive Director and Project Coordinator

Amerindian Peoples Association

[email protected]

William Leonardo Guest of Father Peter Decontie

A Circle of All Nations

Captain Carlo Lewis Chief of Apoera Association of Indigenous Village Leaders in Suriname — VIDS

[email protected]

Ken Luckhardt National Representative, International DepartmentDepartment

Canadian Autoworkers Union Social Justice Fund

[email protected]

Guillermo Mejía-Castillo

Chargé d’Affaires a. i. EMBASSY OF COLOMBIA — CANADA

[email protected]

William Meyer Communications Officer

The North-South Institute [email protected]

Omaira Mindiola Visiting Researcher Fundación Canadiense para las Américas (FOCAL)

[email protected]

Bente Molenaar Research Assistant The North-South Institute [email protected]èle Morin-Labatut

Senior Program Specialist , Canadian PartnershipsPartnershipsPartnerships

International Development Research Centre

[email protected]

Adriana Ospina Coordinadora de Comunidades y Medio Ambiente

Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia

[email protected]

Captain Ricardo Pane

Chairperson VIDS and Chief of Galibi

Association of Indigenous Village Leaders in Suriname — VIDS

[email protected]

Gordon R. Peeling President and CEO Mining Association of CanadaCanada

[email protected]

Carlos Rosero President Proceso de Comunidades Negras (PCN), Process of Afro-Colombian Communities

[email protected]

Nathalie Ross Science Policy Advisor, Aboriginal Affairs & Sustainable Communities Division

Natural Resources Canada [email protected]

Marcelo Saavedra-Vargas

Research Assistant The North-South Institute [email protected]

Rick Simon AFN Regional Chief Assembly of First Nations [email protected]

26

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

Nombre Cargo Institución Correo electrónicoMr. Rajnarine Singh High Commissioner GUYANA HIGH

COMMISSION - OTTAWA, CANADA

[email protected]

Keith Smith Senior Policy Advisor, Aboriginal and Circumpolar Affairs Division

Foreign Affairs Canada [email protected]

Marie St-Louis Programme Officer — Indigenous Peoples’ Rights

Rights and Democracy [email protected]

Jean Symes Program Coordinator Interpares [email protected]

David Szablowski Professor in Law and Society

York University [email protected]

Julieta Uribe Project Consultant Fundación Canadiense para las Américas (FOCAL)

[email protected]

Viviane Weitzner Senior Researcher The North-South Institute [email protected]

Peigi Wilson Director, Environmental Stewardship

Assembly of First Nations [email protected]

27

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

Apéndice 2: Nota de prensa

Para difusión inmediata6 de octubre, 2005DIRIGENTES ORIGINARIOS Y TRIBALES DE LAS AMÉRICAS SE REÚNEN CON EL GOBIERNO Y LA INDUSTRIA MINERA EN OTTAWA

Ottawa - Dirigentes originarios y tribales de las Américas se reúnen en Ottawa para desarrol-lar estrategias y discutir con el gobierno canadiense y la industria minera acerca de cómo asegu-rarse de la mejor forma posible que los derechos de los pueblos autóctonos y tribales san recono-cidos cuando se tomen decisiones en relación a actividades mineras y que afecten sus territorios ancestrales.

El taller principal, que se llevó a cabo el 4 y 5 de octubre, se intitulaba “Las actividades min-eras en tierras ancestrales de las Américas o en sus proximidades” y estaba co-organizado por la Asamblea de Primeras Naciones (Assembly of First Nations — AFN) y el Instituto Norte-Sur (The North-South Institute — NSI), además que fue financiado por el Centro de Investigación Interna-cional de Desarrollo (Internacional Development Research Centre — IDRC).

“Hemos tenido muchas batallas contra los intereses de las empresas mineras y continuaremos nuestra lucha contra los desarrollos que se dan en nuestros territorios y que no van con nuestros intereses y que se llevan a cabo sin nuestro involucramiento” manifestó el Jefe Regional de Québec de la Asamblea de Primeras Naciones Ghislain Picard en un pronunciamiento que realizó este pasado 4 de octubre ante dirigentes autóctonos y tribales de las Américas, ejecutivos de empresas mineras canadienses, funcionarios gubernamentales y organizaciones no-gubernamentales.

Esta experiencia tiene eco a través de las Américas. En Guyana, comunidades que viven en la rivera del sistema fluvial Esequibo aún sienten los efectos del derrame de cianuro en la localidad de Omai de hace 10 años atrás, responsabilidad de la empresa Canadian Gold Mining Company Cambior. “Parece que mi país no aprendió esta lección pues no sólo que estimulan más la llegada de gigantescas trasnacionales, sino que también estimulan la invasión de mineros de pequeña escala,” afirmó Jean La Rose, Administrador de Programas de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (Amerindian Peoples Association — APA).

En Colombia, pese a que cuenta con una de las legislaciones más progresistas en lo que se refiere a derechos autóctonos y tribales en el mundo entero, el derecho al consentimiento libre,

28

L�� A�� T�� N��-S�� I�� 5 �� , 2005 - O��, C�� T�� A�� F�� N��

previo e informado no ha sido aplicado a todos los casos o aplicado de forma apropiada, de acu-erdo a leyes nacionales (de Colombia) e internacionales.

“Debe existir una consulta y un acuerdo previo a cualquier intervención que se haga en territorio autóc-tono y afro-colombiano, que sea respetuoso de neutros derechos humanos individuales y colectivos, para que se pueda garantizar nuestra integridad cultural como pueblos,” enfatizó Luís Evelís Andrade, presiden-te de la Organización de Naciones Indígenas de Colombia (ONIC).

En Surinam, los pueblos autóctonos y tribales han confrontado la batalla más difícil en las Américas, pues aún les toca recibir el reconocimiento oficial del Estado para los títulos coletitos que tiene de sus territorios ancestrales y el reconocimiento de cualquier otro derecho como pueb-los autóctonos y tribales.

“Los pueblos autóctonos muy rara vez se benefician de las ventajas económicas de emprendimientos mineros y, sin embargo, pagan los costos más altos,” afirmó el Jefe Regional de Nova Scotia y New-foundland (del Canadá), Rick Simon. “El impacto en nuestras formas tradicionales de vida pueden ser devastadoras. Queremos encontrar una forma que nos permita trabajar con el gobierno y la industria minera para asegurarnos que nuestros derechos e intereses son respectados en este proceso.”

Durante las reuniones de esta semana, los dirigentes autóctonos y tribales de Guyana, Colom-bia, Surinam, y Canadá y sus representantes orgánicos compartirán sus experiencias negociando con el sector privado y con el gobierno. Hacen un llamado a la industria y al gobierno canadiense para hacer cambios en sus políticas y prácticas nacional e internacionalmente para asegurarse que los derechos, procesos y aspiraciones autóctonos y tribales sean respetados cuando se estén tomando decisiones.

“Las naciones originarias nos hemos ganado victorias que nos costaron mucho en los últimos 20 años,” afirmó el Jefe Regional Rick Simon. “Hemos ganando el reconocimiento de nuestros derechos autóctonos y provenientes de los Tratados y los tenemos confirmados en la Constitución. El gobierno debe consultar con nosotros en cuestiones que impactan el goce de nuestros derechos y deben acomodarse a nuestros intereses.” En Canadá, mecanismos tales como los Acuerdos de Beneficios e Impactos existen para ayudarnos a mitigar los impactos negativos y maximizar los beneficios positivos provenientes del desarrollo.

29

T�� N��-S�� I�� L�� A�� T�� A�� F�� N�� 5 �� , 2005 - O��, C��

La industria ha comenzado a integrar los intereses autóctonos como guías voluntarias, y las discusiones acerca de la efectividad de estas y otros mecanismos tales como diálogos multipartitos serán debatidos.

“Ya es hora de que estos principios sean puestos en práctica en el exterior. Nuestro derecho a decidir qué ocurre en nuestra tierra debe ser respetada,” afirmo Lawrence Anselmo, anterior Toshao y coordinador del Consejo del distrito Upper Mazaruni en Guyana.

Dirigentes autóctonos y tribales se reúnen cuando al mismo tiempo que el Parlamento cana-diense comenzará sus deliberaciones acerca de un informe evacuado por el Comité Permanente de la Casa de los Comunes del Departamento de Relaciones Internacionales y Comercio recomen-dando que Canadá debería establecer normas legales claras para asegurar que las compañías cana-dienses sean tenidas como responsables cuando existan evidencias de violaciones a los derechos medioambientales o humanos y que estén asociados a sus actividades.

“La investigación que realiza el Instituto Norte-Sur y nuestros socios ha enfatizado que aunque las guías voluntarias son pasos importantes en la dirección correcta, estos no son suficientes para asegurar la responsabilidad y la defensa de los derechos autóctonos y tribales,” afirmó Roy Culpeper, Presidente del Instituto Norte-Sur. Agregó que “mecanismos como la consulta apropiada y procesos de consentimiento son críticos para asegurar resultados equitativos, y esperamos que el programa de trabajo y de discusiones de esta semana ayuden a informar el debate en el Parlamento.”

Dirigentes autóctonos y tribales están disponibles para entrevistas durante toda la semana.

The North-South Institute55 Murray Street, Suite 200

Ottawa, ONCanada

K1N 5M3

Telephone: (613) 241-3535Fax: (613) 241-7435

Website: www.nsi-ins.caEmail: [email protected]

Assembly of First NationsTrebla Building473 Albert Street

Ottawa, ON, CanadaK1R 5B4

Telephone: (613) 241-6789Fax: (613) 241-5808

Toll-Free: 1-866-869-6789Website: www.afn.ca

es oct5-40 · dad de involucrarse con estas comunidades de forma adec-uada, una búsqueda de...

Documents