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DEFENSA Y CONSERVACIÓN IN SITU DE LOS PAPELES ANTIGUOS PÚBLICOS EN EL PERÚ EN EL SIGLO XXI

IN SITU CONSERVATION AND DEFENSE OF PERU’S ANCIENT PUBLIC

DOCUMENTS IN THE 21st CENTURY

Mariana Mould de Pease

En los años iniciales del siglo XX al publicar las páginas que escribiera acerca del peregrinar de la documentación nacional, Alberto Ulloa y Cisneros recordaba el peregrinaje de los papeles que conservan la memoria de los peruanos. Muchos fueron los avatares desde que el Mariscal Castilla dispusiera la organización del Archivo Nacional. (Franklin Pease G.Y. 1998:15.)

RESUMEN El hurto de papeles antiguos de los archivos públicos tanto por investigadores como por los mismos archiveros es una práctica subrepticia de larga data en el mundo que la normatividad internacional suscrita por el Perú quiere detener e incluso revertir desde las Convenciones de UNESCO de 1970 y 72. Sin embargo, en el 2006 los medios de comunicación de nuestro país comenzar a informar periódicamente sobre las circunstancias en que se llevan a cabo dichos robos de documentos públicos y su venta a través de Internet. En este texto se presenta esta situación y se esboza una propuesta para recuperar el acerbo documental peruano que es impunemente comercializado. Palabras clave Archivos, catalogación, defensa y conservación in situ, memoria histórica, papeles públicos, robo de documentos, reversión. ABSTRACT The theft of ancient documents from the public files both by investigators and the same archivists is a long-standing surreptitious practice in the world, which the international standardization subscribed by Peru wants to stop and even to revert from UNESCO Conventions in 1970 and 1972. Nevertheless, in 2006 mass media of our country started to report periodically about circumstances in which these thefts of public documents and their sale through Internet take place. This text makes evident this situation and outlines a proposal to recover the Peruvian documentary wealth which is traded with impunity. Key Words Files, classification, in situ conservation and defense, historical memory, public documents, theft of documents, reversion UNA INTRODUCCIÓN COMPARATIVA Los papeles antiguos -ya se trate de una o varias hojas sueltas, ya sean manuscritas o impresas y encuadernadas como libros- tienen un aura de importancia y de prestigio en las más diversas partes del mundo, entre otras razones por los avatares que implica su conservación tanto pública como privada en la larga duración de la historia. El devenir humano ha dado siempre en tiempos de prosperidad especial atención a la producción, conservación y uso de los documentos y libros como expresión de la memoria histórica tanto colectiva como individual. En estos tiempos de calentamiento global los diarios de los conventos católicos europeos que describen al detalle el clima son valiosas fuentes de información para los estudios del cambio climáticos, ya que la humanidad solo cuenta con termómetros estandarizados -y su registro- desde el siglo XIX. Esta vigencia de los archivos eclesiásticos se debe a que la Iglesia Católica ha cuidado de sus papeles antiguos. Desde 1983 la Santa Sede es estado parte de las Convenciones de UNESCO de 1970 y 1972; y ha elaborado su normatividad para cuidar el patrimonio cultural de la humanidad que custodia y que las iglesias particulares no siempre pueden cumplir. (Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia: 1997).

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El gobierno del Perú también -desde 1983- es estado parte de estas mismas Convenciones de UNESCO, cuyas recomendaciones han sido sesgadamente incorporadas a la Ley General de Patrimonio Cultural N° 28296 promulgada en el 2004 y su reglamento, en el 2006. A continuación se presenta esta situación, específicamente para los archivos. En el 2000 UNESCO dio a conocer el Código de deontología para los marchantes de arte -anticuarios- en que se especifica que deben presentar la debida documentación de origen y procedencia de los bienes culturales muebles que comercializan entre los que están incluidos los papeles, mapas, manuscritos e impresos antiguos. Además, en el 2003 elaboró un recurso internacional para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales: la “Base de datos de la UNESCO sobre legislaciones nacionales relativas al patrimonio cultural.”

“Al recopilar en Internet las legislaciones nacionales de sus Estados Miembros la UNESCO ofrece a todas las partes interesadas (gobiernos, aduanas, marchantes de arte, organizaciones, juristas, compradores, etc.) una fuente de información completa y de fácil acceso. Cuando la precedencia de un objeto plantee incertidumbres de índole jurídica (objetos procedentes de robos, saqueos o la exportación, importación o adquisición ilícitas) es de gran utilidad consultar con prontitud la legislación nacional correspondiente.” ( http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php. Consultado el 28 de junio del 2008).

En el 2007 el Consejo Internacional de Museos/ICOM -por sus siglas en inglés- presentó la “Lista Roja de antigüedades peruanas en peligro” que incluye a los papeles antiguos al describir tipos y categorías de bienes culturales protegidos por la legislación nacional y acuerdos internacionales por que suelen ser objeto de tráficos ilícitos mundiales. La Lista Roja que se puede consultarse por Internet “es un llamado a los museos, casas de subastas, comerciantes de arte y coleccionistas para que dejen comprar estos objetos. También esta hecha para ayudar a los agentes de aduanas, a la policía y a los negociantes de arte a identificar dichos objetos” (http://icom.museum./redlist/Peru/es/index.html Consultado el 28 de junio del 2008). Recordemos que los archivos llegan al antiguo Perú con la invasión española a los Andes de 1532 y tengamos presente que de inmediato se comienza emitir una extraordinaria cantidad de documentos públicos, cuyos originales se remiten a la Metrópolis y las copias se quedan aquí. La Corona Española remite inicialmente esta documentación a diversos archivos especialmente a Simancas. Esta documentación actualmente se considera documentación pública y tanto en España como en el Perú su defensa y conservación es responsabilidad del Estado a nombre de la Nación. Paralelamente, se hicieron documentos privados que reciben un tratamiento particular ajeno a este texto. En 1785 el rey Carlos III dispone la creación del Archivo General de Indias/AGI para reunir en un solo lugar la documentación sobre sus posesiones de ultramar que está dispersa por distintos repositorios. Ya desde 1781 se había elegido instalar el AGI en el edificio de la Lonja de Mercaderes cuya construcción la iniciara el arquitecto Juan de Herrera en 1546 y que se concluyó un siglo después. Esta hermosa obra arquitectónica venía a menos conforme decaía el comercio exterior español. La instalación allí del AGI significó otorgarle una segunda vida que se prolonga hasta nuestros días y en concordancia con los avances de tiempos, es así que en 1966 no tenía luz eléctrica por temor a un incendio. Sin embargo, a comienzos de siglo XXI el AGI está entre los archivos públicos mejor clasificados del mundo y puede ser libremente consultado por vía electrónica. Desde el siglo XVII existía en el Palacio Virreinal de Lima un archivo llamado “documentos del virreinato” que el marqués de Montesclaros encargó organizar a Sancho de Salinas. A mediados del siglo XVIII y como resultado de las reformas borbónicas se le comenzó a conocer esta documentación como del Superior Gobierno. En 1822, un incendio en esta sección del ya entonces Palacio Presidencial obligó a trasladar estos papeles coloniales, primero a la Prefectura de Lima, luego al Convento de San Agustín y en 1864 se nombra a Santiago Távara Andrade (1797 -1874) como primer director del Archivo Nacional y se le instala en algunas salas de la Biblioteca Nacional del Perú/BNP. Un año después esta singular e

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indispensable dependencia pública para el buen gobierno es suprimida por no cumplir adecuadamente sus funciones dado que carece de recursos para su sostenimiento porque no genera rentas al Erario Público. Távara era un destacado miembro de una familia piurana de comerciantes que había desempeñado distintos cargos públicos y diplomáticos en la naciente República Peruana y para entonces ya era internacionalmente conocido por su lucha para erradicar la esclavitud; sin embargo, era también un venerable y cansado anciano carente ya de fuerzas para convencer a la opinión pública peruana de la importancia y necesidad de recuperar para el país la noción de archivo público y los criterios decimonónicos de documentar la gestión gubernamental (Mould de Pease: 1985). La Biblioteca y el Archivo Nacional fueron saqueados durante la ocupación chilena de Lima (1881 -1883), como se verá más adelante. Luego del incendio de la BNP en mayo de 1943 el Archivo Nacional como se llamaba al Archivo General de la Nación/AGN se instaló en el Palacio de Justicia y allí ha permanecido hasta el 2006 que sus fondos documentales fueron parcialmente trasladados al antiguo local del Correo en el centro histórico de Lima. Es así que en el país el Archivo General de la Nación carece todavía de un lugar acorde con la ingente documentación histórica administrativa que custodia siguiendo ya una situación esbozada por el prominente historiador don Jorge Basadre, como bibliotecario1. La falta de presupuesto, local propio y demás afines han sido siempre obstáculos casi insalvables para que sus sucesivos directores pudieran conservar bien e in situ el patrimonio archivístico público peruano. Hay honrosas excepciones a lo largo del siglo XX en que una alta motivación por defender los fueros de los archivos públicos peruanos han logrado revertir -temporalmente- esta tendencia. Los medios de comunicación electrónicos le dieron desde mediados del 2006 una dimensión sin precedentes a esta histórica depredación documental cuando comenzaron a informar sobre la venta permanente por Internet de documentos coloniales peruanos y -paralelamente- los robos sistemáticos de los archivos públicos, entre los que estaba el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores/RREE. La Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de la República inició una investigación, pero, hasta el momento de entregar este texto a la imprenta no ha emitido el indispensable informe. Paralelamente, el Perú ha visto en su más reciente reforma del estado del gobierno actual (2006 - 2011) limitar las competencias del archivo central (AGN) así como de los archivos regionales y locales. Los y las especialistas peruanos y peruanistas desde diversas partes del mundo, escribieron a la Ministra de Justicia en marzo del 2007 para que revertiera esta situación ya que el AGN pertenece a dicho sector público, pero nada pasó hasta un año después. En este lapso se constituyó un “Círculo de defensa y conservación in situ del patrimonio archivístico peruano” cuya principal finalidad es llamar la

1 El Dr. Jorge Basadre encabezó la reconstrucción de la BNP en el mismo espacio en que estuvo antes del incendio de 1943. Este tema ya lo he tratado en el 2004; por ello, ahora solo reproduzco el testimonio de don Jorge sobre las causas del incendio de la BNP aún por estudiarse y explicarse. Aquí solo debo recordar que don Jorge nos ha dejado sus ideas sobre la función de los empleados públicos así como de los empresarios privados sobre archivos y bibliotecas para sustentar el trabajo de conservación de los papeles antiguos (1968). Veamos: Dentro de las reservas que una serie de meras conjeturas sugiere, y sin olvidar que la lógica racional no siempre funciona en la sucesión de los hechos, el incendio para "tapar" desapariciones de libros o de documentos parece no verosímil. ¿A que hipótesis adherirse entonces? Tengo para mí que si en el incendio hubo mano y mentes humanas (lo cual no fue definitivamente probado), habría que considerarlo como acto de pasión, de odio, en el afán de liquidar una situación intolerable. Sospecho, sin base alguna y sólo resultado de las serias tachas que las otras posibilidades suscitan, que puede haber habido un vínculo entre el incendio y la feroz tensión que existió en la Biblioteca Nacional precisamente en los días y en los meses anteriores a él, entre un sector del personal antiguo, con el Director a la cabeza, y el grupo llamado "catalogadores" auspiciado por la Dirección de Educación Artística. Muy serio es el asunto para avanzar más en un terreno de consideraciones antojadizas. Insisto, sin embargo, en la hipótesis del incendio con la acción humana como causal es más probable que la versión contraria (1975:366-7).

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atención de las autoridades sobre esta impune depredación cultural mediante comunicaciones a la Ministra de Justicia, al Presidente del Consejo de Ministros y por supuesto al propio Presidente de la República del Perú. Esta tarea filantrópica se lleva a cabo siguiendo criterios y pautas elaborados en los países prósperos que también son signatarios de las referidas Convenciones de UNESCO. La documentación pertinente ya es parte de la “Colección Franklin Pease G.Y. para la historia andina del Perú” que está siendo puesta en valor en la BNP. (Véase -además- la nota 3)

DEL PRESENTE DE LOS ARCHIVOS PERUANOS Los medios de comunicación limeños desde julio del 2006 dieron a conocer el sistemático robo de documentos del Archivo General de la Nación/AGN así como del Archivo Central de la Cancillería y la inmediata comercialización de estos bienes culturales muebles. Se trató de un recurrente seguimiento informativo -como veremos a continuación- dado el interés de la ciudadanía en asuntos de la defensa y conservación in situ del patrimonio cultural en general y específicamente de documentos coloniales. Estas coberturas periodísticas ya constituyen fuentes para la eventual recuperación de estos papeles antiguos públicos tanto por lo que informan como cuando dejan de informar sobre cómo son ofrecidos en venta al mundo por Internet por la dolosa acción de de determinadas personas involucradas en este sistemático saqueo de nuestro memoria colectiva. Además, están así sintetizadas las circunstancias en que se han perpetrado estos delitos y las modalidades utilizadas en contra de la conservación in situ del patrimonio archivístico público peruano. Esta situación hizo que un círculo interdisciplinario de especialistas nos dirigiéramos en marzo del 2007 a la Ministra de Justicia para que la Jefatura Institucional del AGN esclareciera estos delitos y -por supuesto- los revertiera en cumplimiento de la legislación peruana así como de las Convenciones de UNESCO de 1970 y 72, suscritas por nuestro país. Estas comunicaciones también abogaban por dotar al AGN de un pliego presupuestal que le permita desempeñar sus funciones públicas en concordancia con los requerimientos del mundo moderno. No obtuvimos respuesta en un lapso prudencial, por lo que nos dirigimos a la Presidencia de la República y -además- a la Presidencia del Consejo de Ministros/PCM. Es así que en enero del 2008 fuimos convocados como “círculo de defensa y conservación in situ de nuestro patrimonio archivístico” en esta última dependencia pública conjuntamente con la Alta Dirección del AGN. La conversación fue acalorada y por momentos confrontó a estos funcionarios públicos con las ya descritas acciones filantrópicas de la sociedad civil conservacionista. Paralelamente, el AGN ha presentado un “Reglamento de Sanciones por infracciones contra el Patrimonio Documental Archivístico y Cultural”. Esta norma a mi parecer también debió incluir criterios de prevención como es la minuciosa revisión de los investigadores tanto a la entrada como a la salida de los archivos y bibliotecas, como ocurre en el mundo próspero para evitar hurtos. La cuidadosa y alerta vigilancia de personal especializado en las salas de lectura de los archivos y bibliotecas es otra de las medias perentorias. Pero, ¿como ejecutar estas inspecciones y supervisiones cuando el gobierno decide no destinar recursos económicos para contratar suficiente personal especializado? La jefa institucional del AGN -licenciada Teresa Carrasco Cavero- había presentado en julio del 2007 su memoria correspondiente al período 2003 – 2007 cuyo texto hace referencia a los robos de documentos sin mayores precisiones, aún cuando ascendían a 525 escritos hurtados, de los cuales 167 eran de ese repositorio y 53 de RREE, según el diario El Comercio de Lima del 27 de septiembre del 2006. La República del 18 de noviembre del 2007 en doble página informaba que “Nuestro patrimonio se oferta en la Web”; asimismo, daba a conocer que se acusaba a César Roberto Mexicano Ramos de sustraer documentos del Archivo Regional de Arequipa/ARA. Asimismo, se consignaba esta posición de Helard Fuentes como director de este repositorio documental: “Innumerables veces solicitamos medidas de seguridad, más personal, cámaras de circuito cerrado, este no es un inmueble adecuado para el Archivo. Pedimos resguardo policial, tuvo que ocurrir el segundo robo para que designen a un policía.”

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En este mismo diario del 18 de noviembre del 2007 se consignaba que este exalumno sanmarquino se negaba a dar declaraciones en los siguientes términos expresados telefónicamente: “No quiero que se vuelvan a aparecer por mi casa, no voy a dar declaraciones, las cosas tomarán su propio rumbo.” (2004: 155). El diario La República no ha vuelto a informar al respecto. Mexicano Ramos ha publicado sobre el cajón-librería de don José Enríquez Carmen del Villar en Lima siglo XVIII y escribe al respecto que: “Durante el siglo XVIII, a la par que se extendió el negocio del libro, se llegó a la profesionalización del librero Americano a semejanza del de la península. Ser libero especializado requería una cierta experiencia, sobre todo en lo referente a la preparación intelectual del negociantes. Se exigía para ello un aprendizaje de cuatro años, guardar buenas costumbres y tener una honradez acrisolada. En Lima no se exigían esos requisitos…” Este trabajo quiere demostrar que los requisitos en España y el Perú para comercializar con papeles antiguos debieran ser igualmente observantes de la legislación nacional y de la normatividad internacional en material de patrimonio cultural. Sin embargo, no es así porque entre nosotros hay personas que insisten en que el Perú debe quedarse en el siglo XVIII en este asunto, tal como lo entiende el cuestionado historiador Mexicano Ramos. DE UN HECHO SIN PRECEDENTES Y SUS IMPLICANCIAS Entre marzo y abril del 2008 los medios de comunicación difundieron la “I exposición – venta del papel antiguo en el Perú. Libros antiguos, manuscritos, fotografías, mapas y grabados” que llevaba a cabo La Casa del Libro Viejo, Librería Anticuaria en el Museo Pedro de Osma, en Barranco y promovida por Juan Ortiz Benites, un ex oficial de nuestra Marina de Guerra2. En un significativo precedente para la defensa pública del patrimonio cultural peruano los funcionarios del AGN encabezados por su actual jefe institucional, el abogado Lizardo Pasquel Cobos, y conjuntamente con los directivos del Archivo de RREE procedieron el miércoles 23 de abril del 2008 a la incautación de los documentos públicos que habían sido robados -como ya es de dominio público- de estos repositorios estatales puesto que estaban acompañados de autoridades de la Fiscalía de la Nación. El diario El Comercio de Lima informó el jueves 24 de abril del 2008 -en un pequeño recuadro de su primera página- que funcionarios de la Cancillería y del AGN habían intervenido sorpresivamente en el Museo Pedro de Osma para incautar los documentos públicos peruanos que se ofrecían en esta “I exposición venta”. El mismo diario al día siguiente informaba en media página de su sección Cultura que Juan Ortiz Benites, organizador de dicho evento, también demandaba al AGN ante la Fiscalía por abuso de autoridad. Estas denuncias no han sido activadas como se puede comprobar en el anexo a este texto. Este mismo diario en su edición del domingo 27 de ese mismo mes y año comunicaba a toda página en su sección Contracorriente que: 2 En una ya manida manera de dar legitimidad al coleccionismo de documentos públicos de procedencia dudosa La Casa del Libro Viejo difunde la donación a la Marina de Guerra del Perú un documento -fechado el 15 de febrero de l894- que detalla la relación de los tripulantes del Monitor Huáscar (Ortiz Benites, editor :2007). Se trata de tres hojas con el sello oficial de la República Peruana carentes de documentación de origen por lo que probablemente su procedencia es dolosa. Por ello, se debe precisar que Juan Ortiz Benites ha procedido a hacer una devolución a la Marina de Guerra Aquí es pertinente recordar la devolución que hiciera Chile al Perú de los libros que se llevara de la Biblioteca Nacional durante la Guerra del Pacífico y que es tema tratado con el Dr. Hugo Neira Samanez, su jefe institucional en el siguiente número de esta revista dedicada a promover el coleccionismo evadiendo el ya referido código de deontología de los marchantes de arte que difunde UNESCO desde el 2000 y demás normas legales y recomendaciones conservacionistas para cuidar del patrimonio cultural de la humanidad (2008a: 8 - 9). En esta entrevista como en los artículos periodísticos sobre esta devolución que no -incluyó pago alguno entre las partes- los funcionarios públicos peruanos no informaron que se trata de un largo proceso que se inició cuando Ricardo Palma era director de la BNP y que como el historiador Joseph Dager ha informado a los lectores del diario La República de Lima del 23 de noviembre del 2007 no tiene porque ser la última recuperación bibliográfica -y documental- de parte de Chile al Perú. El reconocimiento chileno de que el Perú tenía razón en su posición histórica de reclamo -recordemos- se concretó durante la gestión del Dr. Sinesio López Jiménez, antecesor de Neira en el cargo 2002 -2006).

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“El más reciente caso del culto público al libro ha sido la Primera Exposición-Venta del Papel antiguo del Perú en el Museo de Osma en Barranco. Durante cuatro días -hasta hoy- los feligreses del libro han podido compartir allí el recogimiento que amerita su vocación. Entre los visitantes se ha visto a veteranos cazadores de rarezas y también a estudiantes universitarios y escolares propensos al asombro. Todos rendidos a la imponencia de las piezas lo que augura futuras adhesiones. Un efecto que no escapa al ni al propio organizador”. Este texto es del periodista David Hidalgo Vega.

El diario Expreso de Lima del lunes 13 de mayo del 2008 entrevistaba al jefe institucional del AGN sobre lo sucedido el 23 de abril pasado con la “I exposición-venta del papel antiguo” para sustentar que las autoridades habían frustraron la comercialización de documentos públicos al aplicar la ley peruana. Sin embargo, este mismo diario al día siguiente publicaba que según el abogado Luís Lamas Puccio “Libro Viejo S.A. procedió de acuerdo a ley”. Los documentos decomisados por el AGN, RR EE y la Fiscalía- son propiedad pública como consta en la respectiva denuncia policial. Juan Ortiz, como director de Libro Viejo S.A., afirmó que estos documentos son su propiedad privada porque los compró en el extranjero. Esta respuesta no es válida ya que el Perú como uno de los 193 que han suscrito las Convenciones de UNESCO de 1970 y 72 tiene derechos -y también responsabilidades- ante el patrimonio cultural depredado. Ortiz Benites -como yo- es conciente de la importancia de los medios de comunicación como formadores de opinión para dar respetabilidad a la venta de documentos públicos de origen doloso, como se puede comprobar en el cuarto número de su revista (2008c: 22). Esta secuencia informativa tanto de El Comercio como del diario Expreso abre toda una gama de interrogantes sobre los medios de comunicación y la política cultural peruana en este caso representada por los amantes de la bibliofilia, que a continuación intento responder para seguir contribuyendo a que nuestro patrimonio cultural se conserve en concordancia con valores y principios inherentes a la transparencia y veracidad de la información. Hago este trabajo también teniendo en cuenta el silencio informativo del diario La República antes los hechos ocurrido en el Museo de Osma en abril del 2008 luego de haber dado a conocer los robos de documentos durante el 2006 y el 2007. Además, tengo en cuenta que en una entrevista radial el Dr. Hugo Neira, jefe institucional de la BNP sugirió que los documentos, incunables así como las obras impresas de esta “I exposición venta del papel antiguo” podrían ser copias y réplicas de los originales que se encuentran aquí en cuestión. (Véase también las notas 2 y 3.) En junio del 2008 la Casa del Libro Viejo a través de su revista bimensual, difundía que los documentos incautados eran de propiedad privada (Ortiz Benites, editor: 2008 a: 19). Por ello, aquí reitero que se adjunta -como anexo- la indispensable denuncia policial relativa a los documentos públicos robados del Archivo del Ministerio de RREE. En esta publicación se confunde al lector no especializado con las adquisiciones hechas por el gobierno español de colecciones de documentos privados como son las partituras musicales con la compra de documentos peruanos de evidente procedencia pública. Este texto justifica la compra y venta de documentos públicos sin la debida documentación de origen y procedencia por la incapacidad de nuestras autoridades para diseñar alguna estrategia de prevención y cuidado del patrimonio archivístico público peruano. Aquí quiero demostrar hay normas legales así como una estrategia peruana para la defensa y conservación in situ de nuestros documentos públicos en concordancia con acuerdos internacionales. Asimismo, quiero demostrar que también debemos enfrentar obstáculos aparentemente infranqueables como es la ya sintetizada cobertura sesgada hecha por el prestigioso e influyente diario capitalino El Comercio sobre este significativo decomiso de documentos efectuados por las autoridades en cumplimiento de las leyes peruanas. Juan Ortiz Benites ha retado al Perú al poner por escrito las razones y circunstancias que lo han llevado a exponer y vender los documentos públicos peruanos sin documentación de origen y

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procedencia, tan solo con el respaldo de prominentes personajes e instituciones culturales así como de algunos medios de comunicación. Consecuentemente, la finalidad de este texto es tratar que el próspero y promisorio Perú de comienzos del siglo XXI logre comprender que la lucha contra la corrupción incluye la defensa y la buena conservación in situ de los archivos ya sean públicos o privados, como desde siempre han hecho los países capaces de generar riqueza y bienestar para su población. Así sucedió en el país de los incas con los quipus y luego en el Virreinato del Perú, por ello, aquí recurro a pertinentes precedentes españoles3. Al aproximarme a este tema tengo presente que cuando se habla de los archivos públicos de inmediato se recuerda que investigadoras e investigadores han tomado a lo largo del siglo XX los documentos prestados para trabajarlos en casa y después -salvo honrosas excepciones- nunca dichos papeles fueron devueltos a su lugar de origen. También en esas conversaciones informales sobre el devenir histórico de los archivos se tiene presente que ningún archivero o archivera se atrevió jamás a desenmascarar a estos distinguidos personajes. Esta obviamente corrupta actitud, tendencia o costumbre imperante en el país llevó consecuente y paralelamente a que algunos archiveros e historiadores comenzaran de forma gradual a vender documentos nacionales a los coleccionistas extranjeros. Esta práctica ha sido tolerada sin mayores cuestionamientos escritos y publicados, es así que actualmente hay ingentes cantidades de documentos del Perú colonial -o virreinal, según se prefiera denominarlo- en los archivos de numerosas universidades estadounidenses clasificados y usados sin ningún pudor respecto a la forma en que fueron adquiridos. El historiador Dr. Teodoro Hampe Martínez al presentar la historia de libro en América Latina en la revista de la Casa del Libro Viejo no ha considerado la manera dolosa en que con excesiva frecuencia la herencia bibliográfica y documental de nuestro continente cambia de propietario, cómo las colecciones de libros son mutiladas, saqueadas o reubicadas sin tener en cuenta principios básicos de bibliotecología y archivística (2008.2. 15; véase la nota 3). Paralelamente, Hampe Martínez es consciente que en América Latina aún sigue institucionalizada la difusión dolosa de la procedencia de los documentos públicos robados de sus repositorios originales. Es así que en el siguiente número de la misma revista recuerda que todavía esta pendiente la devolución a nuestro país por parte de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos de Chile/BAM de los documentos coloniales que fueron saqueados del Archivo Nacional que como -hemos visto- compartía local con la BNP durante la Guerra del Pacífico (1879 – 1883). En este texto Hampe Martínez explica con

3 El AGN era un Organismo Público del Sector Justicia, Órgano Rector y Central del Sistema Nacional de Archivos desde 1992, desactivado en la última reforma del Estado Peruano del 2008, que con muy escasos recursos administrativos e instrumentales ha debido enfrentar -a comienzos del siglo XXI- el robo y la comercialización de la rica documentación histórica que custodia en nombre de la Nación Peruana. Es así que en febrero del 2008 me hizo llegar el Reglamento de Aplicación de sanciones por infracciones en contra del Patrimonio documental Archivístico Cultural de la Nación. Se trata de un documento que -como su nombre indica- ha puesto el énfasis en el castigo y no en la prevención. Sin descartar la urgencia y necesidad de aplicar sanciones a los malos funcionarios y usuarios de los archivos públicos peruanos, considero pertinente referirme aquí a algunos aspectos de prevención que aporta el Decreto del 22 de noviembre de 1901 por el que se aprueba el Reglamento de los archivos del Estado Español: “Art. 65. Cuando por causas inevitables sea forzoso cambiar la colocación o variar las signaturas de los libros, documentos o legajos, se formará una concordancia rigurosamente exacta de las signaturas antiguas y las nuevas .Estas listas de concordancia se conservarán con el mayor cuidado en un registro especial”. “ Art. 66. A fin de facilitar las investigaciones, comprobaciones y citas, de prevenir en lo posible el peligro de mutilación a que en manos de los lectores los manuscritos puedan hallarse expuestos, todos los volúmenes de esta clase que ya no lo estén y los documentos de los legajos cuya importancia lo requiera, deberán ser foliados con el mayor esmero. En la primera guarda del libro o en el interior de la carpeta del legajo se consignará el número de folios o de documentos que aquéllos contienen, y las particularidades que ofrezca la foliación cuando ésta no sea perfectamente regular”. (Ministerio de Cultura 1996: 139 – 158; especialmente la página 141). He marcado con negrita los conceptos y principios éticos que urge incorporar a la defensa y conservación in situ del patrimonio archivístico público peruano.

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detalle como las autoridades chilenas a comienzos del siglo XXI manipulan los testimonios del erudito santiaguino José Toribio Medina de 1890, para sustentar que los documentos del Tribunal del Santo Oficio de Lima no fueron saqueados por las tropas chilenas sino vendidos por los propios peruanos y luego comercializados en Chile (2008: 02, 03; 29 – 30). Lamentablemente, Libro Viejo -y Juan Ortiz Benites- se niega a que se erradique del país esta corrupta actitud, tenencia o costumbre que ahora se ha instalado en la Internet o su “I exposición venta” para incrementar el coleccionismo privada cuyo único requisito es que no sean llevadas al exterior en observancia a la ley general del patrimonio cultural no 28296. Se justifica afirmando que nuestra legislación conservacionista es ambigua y poco difundida y que -además- no se puede velar por el patrimonio archivístico porque somos incultos. Evidentemente Ortiz Benites no asume que ser inculto a principios del siglo XXI implica -universalmente- no dar cumplimiento a la legislación conservacionista nacional e internacional. Es decir, pretende ignorar lo que ya es evidente desde todas partes del mundo a través de Internet. Por ello ahora, ahora analizamos la cobertura periodística internacional -accesible por Internet- sobre el robo en el 2006 y la recuperación en el 2008 de los mapamundis que ilustraban el libro sobre la Cosmografía de Ptolomeo, en edición de 1482 custodiada en la Biblioteca Nacional de Madrid. Presento aquí este caso porque constituye una fuente informativa sobre las estrategias internacionales de recuperación cultural, en este caso española y -además- un valioso precedente a seguir entre nosotros respecto a nuestra herencia documental pública y –por qué no- también privada. El acceder a la información de Internet y traer sus criterios y principios a nuestra realidad era un trabajo intercultural inimaginable en el siglo XVIII, pero, posible en el siglo XXI. Es lamentable que Ortiz Benites -así como Mexicano Ramos- crean que pueden seguir procediendo como en la Lima de los tiempos de José Enríquez Carmen del Villar en la venta de libros y documentos de dudosa procedencia y que la sociedad civil conservacionista no va reaccionar ante este delito contra su herencia documental. (http://www.servicios.clarin.com/notas; http://www.diariodeleon.es/inicio/noticias , consultados el 28 de junio del 2008.) Es también lamentable que el asesor legal del Libro Viejo S.A., el conocido abogado penalista Luís Lamas Puccio, no haya verificado el origen y procedencia de los libros y documentos -cómo se puede comprobar en el anexo que incluye las denuncias del archivo de RREE- puestos en venta por su cliente antes de afirmar que éste procedió con observancia de las normas legales peruanas. Más lamentable aún es el respaldo dado a Libro Viejo S.A. -al colaborar con sus publicaciones- por el abogado, profesor universitario, político y coleccionista de papeles antiguos Fernando de Trazegnies. El no tener en cuenta la referida legislación nacional e internacional al tratar del coleccionismo de libros y documentos raros habiendo sido el Ministro de Relaciones Exteriores que participó en el Conversatorio sobre Patrimonio Cultural que organizara la lingüista y profesora universitaria doctora Martha Hildebrandt como presidenta de Congreso de la República, evidencia desde -mi punto de vista- un grave desdén por el orden legal del país (2000: 21 – 60). Más aún en la entrevista que le publica El Comercio del 27 de abril del 2008 afirma: “Hay personas que hemos sido más viciosas que otras por los libros.” La naturaleza de cual sea el vicio que aqueja a una persona -como también es de dominio público en todas partes del mundo- lleva a la desintegración moral, es decir, al delito. El vicio del coleccionismo del papel antiguo es una fechoría en contra el patrimonio documental peruano. Este influyente personaje formador de opinión pública y muy especialmente catedrático de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en temas de patrimonio cultural es consciente de la importancia de conservar la unidad -por ejemplo- de una biblioteca privada como la suya. Por ello, llama la atención que soslaye la precisa normatividad internacional ya existente respecto a la preservación histórica, ética y legal in situ de libros y documentos públicos. El efecto multiplicador del promover argumentos pro una bibliofilia al margen de la ley peruana y la

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normatividad internacional es pernicioso, ya que retrasa el ingreso de nuestro país al prestigioso círculo de las naciones respetuosas de la legalidad conservacionista internacional (2008: 8). DEL ENTENDIMIENTO MUNDIAL A LA PERCEPCIÓN INTERNA DE LA DEVOLUCIÓN DOCUMENTAL La revista de La Casa del Libro Viejo S.A. presenta el caso de la colección que debió formar don Emilio Gutiérrez de Quintanilla (1858 – 1935), educador y funcionario público siguiendo la referida costumbre de llevarse los documentos a su casa para trabajar determinado tema que tenían algunos historiadores. Ortiz Benites -en su versión de este episodio de la vida intelectual de Gutiérrez de Quintanilla- afirma que a su muerte los documentos así reunidos para escribir sobre la participación peruana en la gesta emancipadora, pasaron a ser propiedad de sus hijos. Además, este peculiar anticuario intentó convencer -en el 2006, según propio testimonio- a la directora del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú [Carmen Arellano Hoffmann] que el Estado debía comprar dicha colección y que se le contestó que no se disponía de fondos para ello (editor: 2008a, 12 – 13). Ciertamente, que la aludida funcionaria del sector público de cultura debió iniciar de inmediato el proceso de recuperación internacional de esta “inédita colección de manuscritos” ya establecido por las Convenciones de UNESCO de 1970 y 72. Es decir, debió dirigirse a los directivos del AGN para que ellos -como lo hizo España para recuperar los mapamundis robados de la Biblioteca Nacional de Madrid- ya que los delitos contra el patrimonio cultural no prescriben en tanto y en cuanto se trata de devolverlos a su lugar de origen, al margen de una eventual sanción. Los descendientes de don Emilio Gutiérrez de Quintanilla sostienen que el manuscrito sobre la independencia escrito por su antepasado no llegó a ser publicado por el gobierno peruano y por ello fue entregado al embajador de la Argentina en nuestro país para que gestionara su publicación y que estos deben ahora constituir la “Colección Quintanilla” que está en venta en el cuestionado mercado de antigüedades de Buenos Aires. Estos hechos me llevan a informar aquí que años atrás el médico Dr. Juan Losno Gutiérrez le entregó a Franklin Pease G.Y., mi esposo, un legajo de documentos que habían estado en posesión de su abuelo Emilio Gutiérrez de Quintanilla con la finalidad de que fueran entregados al repositorio documental público pertinente, ya que era plenamente consciente que esos papeles no eran de su propiedad por herencia como afirma Ortiz Benites. Consecuentemente y de mutuo acuerdo los hemos entregado al archivo de RR EE, por gentil mediación del ministro Iván Pinto Román, su director. UNA REFLEXIÓN FINAL “La conservación es un deber de justicia que debemos rendir, hoy en día, a aquellos de quienes somos herederos. Una falta de interés constituiría una ofensa a la memoria de aquellos que nos precedieron”. (Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia: 1997 [2001:268]) La conservación de nuestra herencia común a comienzos del siglo XXI es un proceso que incluye la recuperación y/o devolución y/o restitución del patrimonio cultural -en este caso archivístico- a su lugar de origen cuando haya sido dolosamente extraído y siempre que haya allí personas comprometidas con los valores y principios inherentes a su preservación Este un conflictivo proceso aún no interiorizado en nuestro país -como en muchas otras partes del mundo- por sus implicancias para hacer del mundo un lugar más justo y solidario con las diferencias culturales. REFERENCIAS Basadre, J. (1968) En la Biblioteca Nacional. Ante el problema de las élites. Lima: Talleres gráficos P.L. Villanueva. Basadre, J. (1975) La vida y la historia. Ensayos sobre personas, lugares y problemas. Lima: Fondo del Libro del Banco Industrial del Perú.

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Carrasco Cavero, T. (2007) Memoria, jefa institucional del Archivo General de la Nación. Lima. Hampe Martínez, T. (2008) “Invitado de honor. La John Carter Brown Library y la historia del libro en América Latina.” COLLECTANEVS, Revista Bibliográfica Anticuaria Internacional. Año 02; p. 14. Enero – Febrero, Lima: La Casa del Libro Viejo. Librería Anticuaria. Hampe Martínez, T. (2008a) “Importante aporte. ¿Cómo recuperar los documentos Peruanos en Chile?”. COLLECTANEVS, Revista Bibliográfica Anticuaria Internacional. Año 02; número 03, p. 15. Marzo –Abril. Lima: La Casa del Libro Viejo. Librería Anticuaria. Mexicano Ramos, C. (2004) “El cajón-librería de don José Enriquez Carmen del Villar (Calle de Palacio, 1781)”. Uku Pacha. Revista de Investigaciones Históricas. Año 4. no. 7 & 8, pp. 155 – 160, Lima. Ministerio de Cultura de España, (1996) Normativa sobre el patrimonio histórico cultural. Número 12 de la Colección Análisis y Documentos. Madrid: Secretaría General Técnica. Mould de Pease, M. (1985) “Una faceta de don Santiago Távara y Andrade”. Revista del Archivo General de la Nación. no. 8; pp. 111 – 122. Lima, Segunda Época. Mould de Pease, M (2004) “Del olvido del mañana de don Jorge Basadre a la defensa del patrimonio cultural”, en: Uku Pacha. Revista de Investigaciones Históricas; año 4, no. 7 y 8, pp. 191 – 217. Lima. Mould de Pease, M (2008) “Del hurto de papeles públicos y su exposición – venta”, en: Lundero, publicación cultural.. Año 30, no.354, páginas 8 - 9. Trujillo-Chiclayo. La Industria Ortiz Benites, J. (Org.) (2008) I Exposición - Venta del Papel Antiguo en el Perú.24 – 27 Abril 2008. Lima: La Casa del Libro Viejo. Librería Anticuaria. Editor. (2007( COLLECTANEVS, Revista Bibliográfica Anticuaria Internacional. Año 01; no.001. Noviembre - Diciembre. Lima. La Casa del Libro Viejo. Librería Anticuaria. (2008a) COLLECTANEVS, Revista Bibliográfica Anticuaria Internacional. Año 02; no.002. Enero – Febrero. Lima: La Casa del Libro Viejo. Librería Anticuaria. (2008b) COLLECTANEVS, Revista Bibliográfica Anticuaria Internacional. Año 02; no.003. Marzo – Abril. Lima. La Casa del Libro Viejo. Librería Anticuaria. (2008c) COLLECTANEVS, Revista Bibliográfica Anticuaria Internacional. Año 02; no.004. Junio – Julio. Lima: La Casa del Libro Viejo. Librería Anticuaria. Pease G.Y., F. (1998) “Prólogo”a: Alberto Martorell, autor, Patrimonio Cultural. Políticas Contra el Tráfico Ilícito. Lima.: Fondo de Cultura Económica. Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, (1997) “Los Archivos Eclesiásticos Austeros Sagrarios de la Memoria”. Revista Peruana de Historia Eclesiástica. No. 7; pp. 255 – 274. Cusco: Academia Peruana de Historia Eclesiástica (2001). Trazegnies Granda, F. de (2000) “La conservación moderna del Patrimonio Cultural”. Patrimonio Cultural del Perú. Volúmenes I y II. Congreso de la República. Lima. Trazegnies Granda, F. de (2008) “Apuntes de bibliófilo”. COLLECTANEVS, Revista Bibliográfica Anticuaria Internacional. Año 02; no.003 ; pp. 6 – 8. Marzo – Abril. Lima: La Casa del Libro Viejo. Librería Anticuaria. DIRECCIÓN Curaca@terra.com.pe

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ANEXOS

Denuncia presentada en abril de 2008 a la 40ª Fiscalía (transferida a la 45ª, no activada hasta la

fecha, junio de 2008) por la Comisión de delito contra el patrimonio, receptación y otros en agravio del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores:

Se transcribe el texto con que los documentos hurtados de Relaciones Exteriores aparecieron en las

fichas del catálogo de la llamada “Casa del Libro Viejo”:

1. Reclamo del navío El Milagro a Lord Cochrane 85. CARTA MANUSCRITA de Don Bernardo Monteagudo a los Ministros Plenipotenciarios del Perú, Don Juan García del Río y Don Diego Paroissien, felicitándolos por el éxito de la reclamación hecha al gobierno Chile para que se exonere de la obligación de pagar 2500 pesos a Don Vicente La Riva y para que se le restituya el navío El Milagro. Lima, 18 de Abril de 1822. Firmado: Monteagudo. 1 f. y 1 en blanco (36 x 23cm.) En buen estado de conservación. Registrada en el Archivo Central de RREE como Oficio del Canciller del Perú, Bernardo Monteagudo, a los plenipotenciarios en viaje a Europa, García del Río y Paroissien. 2. 94. CARTA MANUSCRITA de Don Joaquín Campino, Ministro Plenipotenciario de Chile, al Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú indagando sobre los motivos que han dado mérito a la prisión del español Don Domingo Antonio López Conde. Solicita se considere su situación si es que no resultase ningún cargo o infracción en su contra. Lima, 29 de abril de 1823. 1 f. y 1 f. blanco. (36.5 x 23.5 cm.) Con autógrafa de Joaquín Campino. En buen estado de conservación. Registrada en el Archivo Central de RREE como: Nota diplomática formal dirigida al Canciller del Perú Francisco Valdivieso, por el representante diplomático de Chile en Lima 3. 95. CARTA MANUSCRITA de Don Hipólito Unanue, al Ministro de Estado y Relaciones Exteriores informándole que se han librado contra el empréstito de Londres a favor de Juan Beggs, dos letras de 10,000 pesos cada una (Nº 148 y 150). Lima 18 de diciembre de 1824. 1 f. y 1 en blanco ( 31 x 21cm. ) Autógrafa de Hipólito Unanue. En buen estado de conservación. Registrada en el Archivo Central de RREE como: Oficio del Ministro de Hacienda, Hipólito Unanue, al Canciller José F. Sánchez Carrión. 4. 100. CARTA MANUSCRITA de D. Andrés de Santa Cruz, Ministro Plenipotenciario dirigido al Honorable Señor Ministro en el Despacho de Relaciones Exteriores del Perú, informándole que por el mal tiempo reinante no podrá cruzar la cordillera de los Andes ni pasar al Perú durante todo el invierno, es decir hasta el mes de noviembre. Santiago de Chile, 1º de Mayo de 1828. 2 ff., (32.5x20cm.) Autógrafa de Santa Cruz. En buen estado de conservación. Registrada en el Archivo Central de RREE como: Oficio Nº 6-1828 del Ministro Plenipotenciario del Perú en Santiago de Chile, Andrés de Santa Cruz. 5. 83. Carta manuscrita de Henry Cobbett, capitán del Valdivia, a Lord Thomas Cochrane, informándole sobre tres marinos extranjeros que en desacato a sus órdenes se ausentaron de la fragata O’Higgins. Bahía de Huacho, 11 de Marzo de 1821. 1 f., (30 x 21cm.) firmado por Monteagudo. En buen estado de conservación. Texto en inglés. Registrada en el Archivo Central de RREE como: Copia textual, efectuada por Bernardo Monteagudo, de la correspondencia de Lord Cochrane a don José de San Martín, 6. 111. (AGRICULTURA Y COMERCIO) Decreto del gobierno del Perú sobre el comercio de cascarilla. Firmado por el Presidente José Rufino Echenique, refrendado por José Manuel Tirado, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Lima, 31 de mayo de 1853. 2 ff. (34x22cm.). En buen estado de conservación. Registrada en el Archivo Central de RREE como: Decreto Supremo del Sector RREE refrendado por el Canciller del Perú José Manuel Tirado.

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