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Ruta de Aprendizaje

Industrias Extractivas en la Región Andina: temas, actores, retos.

Documento preparado por Anthony Bebbington

Corporación Regional PROCASUR

Julio, 2011


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Industrias extractivas en la región andina: cuestiones, actores, retos

Anthony Beddington1

La presente nota sobre los antecedentes de las industrias extractivas en la Región Andina (que considero incluye las costas de Pacífico, la cordillera, las laderas tropicales húmedas orientales y las tierras bajas de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y las tierras bajas del Chaco de Bolivia) cuenta con cinco secciones principales. La primera sección presenta parte del amplio contexto económico y político del sector. La segunda sección discute las formas en las que este contexto (que es uno de rápida expansión) se intersecta con las economías locales. La tercera sección elabora sobre la segunda, abordando las relaciones entre extracción y procesos de desarrollo local. La cuarta sección discute formas en las que la extracción ha sido negociada con las comunidades. La sección final pone de relieve temas que están más allá de este análisis y se encuentran en el dominio de políticas, construcción de institucionalidad e investigación.

A. Contexto Económico y Político

La Nueva Extracción

Desde inicios de la década de 1990, América Latina y, en particular, la región andina amazónica ha sido terreno de una nueva fase de expansión de inversiones en sectores de minería, petróleo y gas. Esta expansión viene siendo guiada por tres grandes factores: aumento en la demanda mundial de minerales, petróleo y gas natural (en particular por parte de China e India, pero también de Brasil y otras grandes economías emergentes) unido al aumento de precios, lo cual inclusive hace atractivo financieramente a leyes bajas y minerales complejos; cambios tecnológicos que permiten la extracción de dichos minerales dispersos, así como a hidrocarburos de difícil acceso; y cambios en políticas e instituciones que han provisto regalías y ambientes regulatorios y fiscales favorables para los inversionistas (Bridge, 2004). La misma industria reconoce esto. El Consejo Internacional de Minería y Metales menciona como la legislación peruana “ha creado un régimen de inversiones extremadamente atractivo para compañías multinacionales grandes” (ICMM, 2006).

Esta no es la primera vez que tal mezcla de factores propicia la expansión de la extracción en los Andes: como Gil Montero (2011) y otros mencionan, la expansión minera del siglo XVII en el sur de los Andes también ha sido el reflejo de políticas laborales favorables (la mita), aumento de la demanda (en Europa) y cambios tecnológicos (uso de amalgamas de mercurio). Sin embargo, la variante de estos cambios de fines del siglo XX e inicios del XIX es distinta. Más importante aún, ha llevado a la expansión de inversiones en nuevas fronteras que no tienen historia moderna de extracciones a gran escala, así como a regiones extractivas tradicionalmente. Esto es así tanto dentro como entre países. Es así que las inversiones se han trasladado a economías extractivas “tradicionales” (por ejemplo: Chile y Perú para minería, Perú y Ecuador para hidrocarburos) y también a países sin dicha historia (por ejemplo: minería en Ecuador, Argentina o El Salvador, e hidrocarburos en América Central). Mientras tanto, entre los países andinos, las inversiones no se han dirigido solamente a regiones mineras tradicionales (por ejemplo: Potosí, Oruro, Pasco) y a fronteras de hidrocarburos (por ejemplo: Loreto, Tarija, Pastaza) sino que también a nuevas regiones. De esta manera, los últimos quince años han visto importantes intereses mineros en Piura y Ayacucho en Perú, en Santa Cruz en Bolivia, y en la

1 Anthony Beddington, Ph.D es Director de la Escuela de Graduados de Geografía y Profesor de Medio Ambiente y Sociedad en Higgins, Universidad de Clark, EEUU. También es Miembro Investigador Académico en la Universidad de Manchester e Investigador Asociado del Centro Peruano de Estudios Sociales, Perú. Su trabajo aborda la ecología política del cambio rural con un enfoque particular en movimientos sociales, organizaciones indígenas, medios de vida, industrias extractivas y conflictos socio-medioambientales (www.sed.manchester.ac.uk/research/andes ). Ha trabajado en América del Sur y Central, principalmente en Perú, Ecuador y Bolivia.

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Cordillera del Cóndor de Perú y Ecuador, así como la apertura de nuevas fronteras para hidrocarburos en el altiplano en Perú, las tierras bajas del norte de Bolivia y el sureste de Ecuador. Como resultado de este proceso, la siempre supuesta asociación de minería con región montañosa y la asociación de hidrocarburos con tierras bajas tropicales húmedas se está rompiendo con ambos tipos de extracción encontrados en la totalidad de la sección transversal Costa-Andes-Amazonas.

Las figuras de la 1 a la 8 (ver anexo) revelan algunas de las manifestaciones históricas, geográficas y macroeconómicas de este proceso. Hacia fines del 2000, los expertos estimaron que un 55% de las comunidades de campesinos de la zona montañosa de Perú estaban afectados por concesiones mineras, y que entre el 2002 y el 2007, el área de estas concesiones había aumentado a 77.4% (de 7, 045,000 ha a 13, 224,000 hectáreas). En tanto que, entre el 2004 y el 2008 la porción de la cuenca amazónica peruana cubierta por concesiones para hidrocarburos había aumentado de 14% a 70%, con concesiones que se sobreponían a áreas protegidas, territorios indígenas y tierras reservadas para poblaciones indígenas (Chase-Smith, 2009). Mientras que en Ecuador el área afectada por concesiones mineras es mucho menor, alrededor de 10%, esto sigue siendo sorprendente dado que el país no tiene ninguna historia minera significativa; entre tanto, el 65% de su cuenca amazónica está concesionada, o disponible, para actividad de hidrocarburos (Finer et al., 2008). Cincuenta y cinco por ciento de la superficie de Bolivia está considerada como disponible para exploración de hidrocarburos (Humphreys Bebbington and Bebbington, 2010).

Esto también representa un auge de velocidad y escala sin precedente, que moviliza un nuevo conjunto de tecnologías que tiene efectos nuevos y dispares. En el sector de minerales, la minería a cielo abierto genera formas sin precedentes de transformación del paisaje (montañas “recortadas”, aparecen agujeros), mientras que, por el contrario, en el sector de hidrocarburos las nuevas tecnologías de extracción reducen el alcance de cambio en el paisaje físico en comparación con periodos anteriores. Tal vez más significativo aún, sean las nuevas formas en las cuales la extracción articula con la economía política de desarrollo. Así, mientras que las luchas más significativas sobre acceso a recursos en el siglo veinte en América Latina involucraban al campesinado tratando de romper la concentración de propiedad y riqueza en el campo, en la ronda actual de disputas contra la economía extractiva se aplica lo contrario: en muchos casos estas luchas son ocasionadas por la progresiva reconcentración de la pobreza y riqueza rural. Más aún, mientras que las luchas por la tierra a mediados del siglo XX abordaban temas críticos de acceso a recursos y justicia social, no cuestionaban modelos de desarrollo económico nacional. Ciertamente, uno de los motivos por los que la reforma agraria se llevó a cabo en muchos países fue porque la economía latifundista ya no era central (ni siquiera funcional) a los pilares principales de la estrategia económica nacional. En contraposición, muchas luchas contemporáneas sobre extracción desafían lo más esencial de los modelos nacionales de creación y acumulación de riqueza. En realidad, algunas de estas luchas cuestionan los principales compromisos de la política económica de todos los países en la región Andina mayor. Dado que cada uno de estos países ha hecho de la extracción natural uno de los pilares más importantes –y en muchos casos el pilar más importante- de las estrategias de crecimiento y financiamiento de política social, al punto que este pilar está siendo desafiado, también está siendo desafiado el programa macroeconómico más amplio del cual forma parte (Bebbington y Humphreys Bebbington, 2011). En este sentido, la resonancia política y el significado analítico de estas luchas son diferentes a las de antaño.

Estos patrones sirven de fundamento al clamor de que esta nueva ronda de extracción no ha hecho nada más que re-escribir la ecología política de los Andes (Bebbington, 2009). Esta re-escritura – o más precisamente re-mapeo – ha sido producida por centros de poder donde visiones particulares de crecimiento guiado por el recurso (desde el gobierno) y estrategias empresariales en base a recursos (desde las empresas) han guiado un esfuerzo por ordenar paisajes nacionales de tal forma que con mayor facilidad


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puedan hacerse funcionales a dichas visiones y estrategias. Estos mapeos intersectan con dinámicas territoriales y de medios de vida en formas que sugieren aún más una reelaboración de la ecología política de la región. Pero antes de que el presente documento comente sobre estas intersecciones, es importante abordar los contextos particulares de Ecuador y Bolivia.

Neoliberalismo, post-neoliberalismo y la economía extractiva

Uno de los factores que ha facilitado el aumento de inversión en la industria extractiva en la región Andina ha sido la aprobación de la legislación, caracterizada típicamente por los críticos como “neoliberal”, que favorece la inversión (e inversionistas) en el sector (Bridge, 2004; Bury, 2005 [2007 en español]). Tomando formas ligeramente distintas en los diversos países, esta legislación ha buscado típicamente promover la inversión facilitando el acceso a derechos de concesión y superficie, por medio de la creación de regímenes fiscales y de regalías favorables y/u ofreciendo vacaciones fiscales y de regalías, a través de la emisión de decretos que permiten a las compañías extranjeras operar cerca a límites nacionales, y a través de la promoción de la auto regulación por la industria. Sin embargo, no tiene sentido referirse a Perú, Colombia, Ecuador o Bolivia como “perfectamente” neoliberales, ya que junto a políticas amigables para la industria extractiva, en cada país hay también cuerpos legislativos compensatorios y resistencias significativas. Más aún, desde 2005/6, tanto Bolivia como Ecuador, han sido gobernados por administraciones frecuentemente referidas como post-neoliberales. Esta sección explora algunas de las formas en las que esta amplia orientación ideológica en los cuatro países, conjuntamente con variaciones en las formas en las cuales enfrentan los derechos indígenas y ciudadanos, han moldeado el gobierno de sus sectores extractivos.

Perú

En junio del 2008, se vio un intento, por parte del entonces gobernante Alan García, de aprobar como ley una serie de decretos que, entre otros, facilitaría a terceros el acceso a tenencia de tierras indígenas y campesinas de manera colectiva (Burneo, 2008). Aunque parece que la intención principal era desbloquear proyectos mineros estancados en la cordillera de los Andes, esta andanada de leyes sirvió de catalizador de una “huelga Amazónica” dirigida por organizaciones indígenas e involucró bloqueo de ríos y ocupación de instalaciones del sector hidrocarburos. La huelga terminó cuando el gobierno acordó revisar alguna de las leyes, pero cuando en el 2009 se seguía aún en esta situación, las organizaciones indígenas se movilizaron nuevamente. Esta movilización culminó en punto muerto entre manifestantes y la policía en la Curva del Diablo, un tramo de carretera en las afueras de la ciudad de Bagua. Hacia el final del día, 33 personas habían sido asesinadas, veintitrés de ellos policías, de los cuales once habían sido inicialmente retenidos como rehenes en una estación de bombeo de petróleo y luego fueron asesinados deliberadamente por sus captores Awajun-Wampis como represalia por disparos realizados contra población indígena. Inclusive en un país tan acostumbrado a la violencia, y donde unas 70,000 personas fueron asesinadas durante el conflicto armado de las décadas de 1980 y 1990 (CVR, 2003), los eventos de Bagua han sacudido el debate político y la conversación diaria, y han absorbido páginas de la prensan nacional e internacional (por ejemplo: Vidal, 2009).

La respuesta del gobierno peruano a Bagua ha sido, en el mejor de los casos, indiferente, sino cínica. Se creó una Comisión para investigar los eventos, se convocó a mesas redondas para que el gobierno y los líderes indígenas pudiesen negociar alguna salida. Sin embargo, al mismo tiempo que los líderes indígenas participaban en mesas redondas eran perseguidos por los fiscales como autores intelectuales de las muertes en Bagua. Cuando la Comisión finalmente entregó su informe, fue firmado solamente por cuatro de sus siete miembros y dos miembros (una monja y el Presidente indígena de la Comisión) presentaron una carta disidente citando cuarenta y tres motivos por los que no firmaban (Manacés Valverde y Gómez Calleja, 2009).


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Más allá de la terrible tragedia humana de Bagua, estos eventos pueden ser entendidos en términos de procesos más amplios que se desarrollan en la región Andino-Amazónica. La violencia de Bagua tiene raíces evidentes en procesos más profundos de cambio estructural – la larga historia de usurpación de tierras indígenas, las cuatro décadas de la organización de indígenas en las zonas bajas, la falla sostenida del gobierno en dar respuesta a las demandas territoriales en las tierras bajas. Sin embargo, su precursor inmediato fue lo que el comentador político y económico peruano, Humberto Campodónico (2008), denominó un “torrente” de decretos emitidos por el Ejecutivo según competencias dadas por la Ley 29157 en diciembre del 2007. Esta ley delega al Ejecutivo el poder de evitar al Congreso y aprobar directamente la legislación necesaria para implementar los términos del Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos en el 2006. Estas facultades fueron delegadas por 180 días desde el 1 de enero, 2008, y en base a éstas el Ejecutivo emitió como unos cien decretos, gran parte de los cuales fueron emitidos hacia el final del periodo de 180 días (de aquí la noción de “torrente”). Un cierto número de las leyes tenían el efecto de debilitar las formas de propiedad comunal, facilitar la inversión privada en áreas históricamente ocupadas y propiedad de comunidades indígenas y campesinas, y fortalecer la mano del estado para lograr los resultados deseados en estas propiedades. Un prominente abogado constitucionalista, Francisco Eguiguren, consideró que un número de estas leyes no tenían nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, y que como tal el Ejecutivo había dado mal uso a los poderes que se le habían otorgado (CNR, 2008). Otros actores –incluyendo organizaciones indígenas, grupos de defensa legal y la Defensoría del Pueblo- también consideraron que según las disposiciones de ILO 169 y la Constitución del Perú, muchas de estas leyes deberían haber sido (pero no fueron) consultadas con las comunidades indígenas antes de su promulgación, y que como tales no eran ni legítimas ni constitucionales (Chase Smith, 2009; Rénique, 2009).

Muchos de estos decretos reflejaban la traducción a propuestas legislativas de un manifiesto para el desarrollo peruano que el Presidente del Perú, Alan García, había publicado (solamente dos meses antes de que se aprobara la Ley 29157) bajo el título “El Perro del Hortelano”. Utilizó las columnas del principal diario nacional, El Comercio, para presentar sus puntos de vista en relación a los principales factores que impedían al Perú entrar a un “despegue” completo según las líneas propuestas por W. W. Rostow en su teoría sobre las etapas de crecimiento (Rostow, 1960). En esencia García veía dos problemas principales: un sistema de tenencia de tierras y recursos que ofrecía a comunidades indígenas y formalmente registradas un grado de protección de derechos de propiedad colectiva y consulta previa a inversiones de capital a gran escala en sus tierras; y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y activistas que buscaban defender estos derechos. Para García estas organizaciones eran como el perro del hortelano, que querían evitar que los grandes capitales derivaran valor de los recursos que comunidades indígenas y campesinas no podían transformar por sí mismo. García (2007) se quejaba “hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar.” “Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano”. La expansión en hidrocarburos se movía lentamente porque “contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático 'no conectado'” mientras que para el desarrollo minero el problema era que “apenas la décima parte de esos recursos está en proceso de explotación, porque aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente”, lo que no es un problema para él. Estos argumentos implican la visión de desarrollo para Perú, en la cual el rol de la tecnología moderna, propiedad privada, capital a gran escala, y una combinación de tanto inversiones extranjeras como domésticas es de capital importancia – un proceso de desarrollo liderado por capitalistas y en el cual el resto de la población participa como beneficiarios. Ciertamente, Richard Chase Smith ha argumentado que éste era un manifiesto para un “proyecto claro de reforma de estado que lleva a un modelo ultra-neoliberal orientado hacia la


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concentración de tierra y recursos naturales en manos privadas” (Chase Smith, 2009:51): un proyecto que es, además, extraordinariamente bien organizado. Un “torrente” de cien o más nuevas leyes no aparece fácilmente – se requiere de una red orquestada de abogados para preparar estas leyes, guiados y con recursos comprometidos para este proyecto.

Colombia2

Mientras que Colombia siempre es vista como dentro del mismo campo neoliberal de América Latina como Perú, hay elementos del contexto colombiano que le dan una dimensión particular a la gobernanza de la industria extractiva que la distinguen del contexto peruano. Uno de estos es el reto general de la seguridad y la violencia al interior de Colombia, sin embargo le prestamos menos atención a esto en este documento. La otra es que, a pesar de que Colombia ha buscado ampliamente políticas económicas neoliberales, también ha realizado cambios constitucionales y legislativos que han servido como recursos importantes en esfuerzos para fortalecer las habilidades de la población indígena para participar y ejercer alguna influencia sobre la industria extractiva.

A pesar de que Colombia ha tenido larga experiencia con la extracción a gran escala de hidrocarburos y carbón, en el sector de la minería de metales la experiencia ha sido diferente. No obstante la historia minera pre-colonial y colonial del país, la minería a gran escala es un fenómeno reciente que, a pesar de que empezó a crecer en la década de 1990, sólo recientemente se ha visto como una parte potencialmente significativa de la economía nacional. Sin embargo, el gobierno actual ha identificado a la minería como una de los pilares de su estrategia macroeconómica y más generalmente, la última década y media, ha visto políticas que buscan promover inversión en el sector. Estas políticas (que buscan regular consulta, modificar códigos mineros y fomentar privatización) a su vez han conducido a problemas relacionados con territorio, medioambiente e impactos sobre comunidades agrícolas, comunidades indígenas y afro-colombianas (NSI, 2002). Ciertamente, depósitos de minerales significativos se sobreponen a muchos territorios indígenas, en particular en los departamentos de Antioquia, Choco, Cauca, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda y Guajira.

Cualquier extracción en estas áreas está gobernada no solamente por los códigos mineros, sino también por principios introducidos según la Constitución política adoptada en 1991 y que llamó especial atención hacia la naturaleza ética y culturalmente diversa de Colombia y, a su vez, garantizaba ciertos derechos a los portadores de esta diversidad. Citando al Instituto Norte-Sur 2002: “La Corte Constitucional afirma y explica estos derechos con la siguiente interpretación en la decisión T-380-93, que dice: la comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser "sujeto" de derechos fundamentales. En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de derechos fundamentales, no se reducen a los predicables de sus miembros individualmente considerados, sino que también logran radicarse en la comunidad misma que como tal aparece dotada de singularidad propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la Constitución hace a "la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana…reconociendo que Colombia es una nación multi-étnica y multicultural.

La Constitución establece las bases para reconocer que la población indígena de Colombia tiene derecho a territorio, identidad cultural, auto-determinación, auto-gobierno y a ejercer sus propias formas de gobierno y Justica3. Ciertamente, el Instituto

2 Esta sección depende mucho de material producido por una de las organizaciones involucradas en la Ruta, el Instituto Norte-Sur trabajando en conjunto con organizaciones indígenas en Colombia. Ver especialmente North-Southe Institute, 2002 y 2011. 3 Otro aspecto significativo del contexto constitucional y legislativo colombiano es que permite derechos mineros a poblaciones indígenas en sus propios territorios. Ciertamente, en algunas instancias puede ser que las discusiones en


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Norte-Sur (2011) ha sugerido que “Colombia cuenta con uno de los marcos para protección de derechos étnicos más progresivos en el mundo” aunque luego anota que estos “derechos no se mantienen en la práctica”. Estos principios han sido movilizados en disputas legales sobre población indígena y extracción, como por ejemplo en el conflicto entre Occidental Petroleum y U’wa. Los U’wa argumentaron que la consulta sobre la extracción de petróleo en sus territorios tiene que referirse no solamente a temas ambientales, sino también a la preservación de la integridad étnica y cultural de Poblaciones Indígenas. Tanto el Defensor del Pueblo y la Corte Constitucional apoyan esta posición.

La legislación minera subsecuente ha buscado debilitar estos derechos a consulta (un patrón que es visible en todos los cuatro países). Sin embargo, el precedente de la constitución ha convertido a Colombia en una arena particularmente interesante para discusiones sobre consulta y temas de consentimiento libre, previo e informado (CLPI). El Instituto Norte-Sur, el Proceso de Comunidades Negras, y varias organizaciones indígenas han sido esenciales en estos debates (ver también Escobar, 2008). Parte de este trabajo puede estar dando frutos tal como la Corte Constitucional ha defendido el derecho de CLPI en recientes decisiones. Sin embargo, todo esto se da un contexto en el cual la violencia está extendida e inclusive los derechos básicos ciudadanos son frecuente y fácilmente infringidos.

Ecuador

Luego de asumir el poder en enero del 2007, el presidente de Ecuador Rafael Correa dijo que su nuevo gobierno sacaría al país de su “larga noche neo-liberal”, caracterizada entre otras cosas por haber otorgado indiscriminadamente licencias minerales con condiciones inmensamente favorables para los propietarios de las licencias. Inicialmente, parecía que el gobierno de Correa iba a probar sus credenciales post-neoliberales con las industrias extractivas e iba a trabajar nuevas formas de gobernar la economía y los recursos naturales. Ciertamente, el primer Ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, declaró un compromiso hacia diferentes formas de manejar el petróleo. Esta propuesta giraba en torno al sensible campo de Yasuní-ITT (Ishpingo Tambococha Tiputini), ubicado bajo un área protegida de gran biodiversidad y ocupado por los Huaraoni y dos grupos indígenas de Ecuador que viven en aislamiento voluntario (Sevilla 2010). El gobierno se comprometió a buscar una propuesta alternativa para la gobernanza de ITT, en la cual el petróleo podría permanecer en el subsuelo si la comunidad internacional garantizaba la mitad de los ingresos que Ecuador hubiese recibido por dicho petróleo. Estos fondos serían abonados en un fideicomiso que el gobierno ecuatoriano podría utilizar para fines amplios de desarrollo.

Posteriormente, Correa y Acosta se separaron y desde fines del 2008, Ecuador ha visto una legislación que es mucho más favorable al sector de minería a gran escala. El proceso que llevó a esa nueva legislación y sus bases constitucionales no es transparente, informes afirman que Correa intervenía directamente por teléfono en las sesiones de los grupos de trabajo de la Asamblea Constituyente de Ecuador que estaban afinando artículos relacionados con industrias extractivas y los temas de consentimiento libre, previo e informado. Otro cambio que se ha dado desde el 2007, ha sido el progresivo endurecimiento de la posición de Correa sobre el derecho de los ciudadanos a protestar contra la industria extractiva.

Los ecologistas son extorsionistas. Las comunidades no son las que están protestando, son solamente pequeños grupos de terroristas. La gente del Amazonas nos apoya. Los ambientalistas románticos y los izquierdistas infantiles son los que desean desestabilizar al gobierno. (Correa 2007)

Colombia no sean de por sí “anti-mineras”, pero más bien sobre cómo la minería podría ser gobernada y por quién debería ser conducida. Esto parecen presagiar las tendencias más recientes en las políticas mineras en Perú.


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Lo voy a decir nuevamente, con la ley en mis manos, no vamos a permitir dicho abuso, no vamos a permitir levantamientos que bloquen las carreteras, que atacan la propiedad privada. (Correa 2008)

Conforme se endureció el comité ejecutivo para la extracción, la iniciativa Yasuní-ITT también encontró problemas. En enero del 2010, Correa rechazó un trato que había sido negociado largamente por su propio gobierno con el PNUD, Alemania, España y otros, que hubiese asegurado la mitad del dinero requerido para el fondo fiduciario. Correa alegó que los donantes estaban imponiendo demasiadas condiciones para el uso de este dinero.

Si va a ser de esta forma, quédense con su dinero y en junio empezaremos a explotar ITT. Aquí nosotros vamos a comerciar en nuestra soberanía. (Correa citado en EFE 2010)

Las versiones sobre qué tanto de esta ruptura fue debido a la intransigencia por parte de Correa o por parte del ministro alemán varían. Cualquiera que sea el caso, el rechazo de Correa llevó a que su Ministro de Relaciones Exteriores resignara. El significado del experimento fallido Yasuní-ITT puede extenderse más allá del Ecuador (donde las declaraciones de Correa han dejado un profundo sentido de decepción entre algunos intelectuales públicos). Más recientemente, Correa parece estar tratando de re-iniciar el proceso Yasuní en Alemania. Sin embargo, el gobierno también tiene claro que con o sin Yasuní, el desarrollo petrolero continuará y el sector minero será promovido.

Bolivia

En el caso de Bolivia, los nexos entre las realidades fiscales, la política extractiva y los proyectos políticos son más claros debido a que al centro de la estrategia extractiva del MAS se encuentra el aseguramiento de la redistribución de superávits: en las palabras del Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (2009)

El estado-social necesita generar superávits económicos que son responsabilidad del gobierno, ustedes necesitan producir a gran escala, para implementar procesos de industrialización expansiva que les den un superávit social que pueda ser redistribuido y apoye a otros procesos campesinos, comunales y de modernización a pequeña escala.

La estrategia para realizar esto ha sido doble. Primero, una forma de nacionalización de hidrocarburos que, sin involucrar la propiedad total del estado, ha aumentado masivamente los ingresos del estado provenientes de hidrocarburos (en el orden de siete, según algunas demandas de Morales). Segundo, el esfuerzo concertado para extender la frontera extractiva (principalmente para hidrocarburos) hacia áreas de extracción tanto tradicional como no tradicional.

Adicionalmente a asegurar la estabilidad general macroeconómica, este surplus es necesario, según el gobierno, por dos motivos principales. El primero es para aumentar la transferencia hacia aquellos departamentos (unidades administrativas sub nacionales) que en la actualidad no reciben o reciben muy poca transferencia fiscal de la extracción. A corto plazo, estos ingresos serán generados a través del Impuesto Directo a Hidrocarburos, IDH, sobre operaciones existentes. Parte de este impuesto IDH será re-direccionado por el gobierno central a departamentos no productores. A largo plazo, la meta es abrir nuevas fronteras extractivas en estos departamentos, de tal forma que puedan producir su propio petróleo, gas y minerales, y así recibir las regalías directamente. El segundo motivo es financiar una gama de programas sociales iniciados o ampliados por el gobierno MAS y que constituye un importante programa de gasto redistributivo con objetivo social. El alcance y visibilidad de estos programas los ha convertido en pilares de la visibilidad del proyecto político del MAS.


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Entonces, ¿de qué va a vivir Bolivia si algunas ONGs dicen “Amazonía sin petróleo”?... En otras palabras están diciendo que los bolivianos no deberían tener dinero, que no deberían haber ni IDH ni regalías, y también que no deberían existir ni Juancito Pinto, ni Renta Dignidad ni Juana Azurdy (todos programas de transferencias de efectivo y programas sociales) (Morales 2009)

La política sobre extracción ha generado resistencia entre las organizaciones indígenas de las tierras bajas y CONAMAQ en las tierras altas (a pesar de que es apoyado por organizaciones sindicalistas de las tierras altas y sus confederaciones). El Consejo de Capitanes Guaraní-Tapiete de Tarija, el ente coordinador para organizaciones indígenas en Tarija (de lejos el principal departamento productor de gas en Bolivia), emitió una resolución quejándose de que:

No estamos preparados para continuar viendo nuestras demandas subordinadas a los intereses y caprichos de otros sectores y que nos pasen continuamente por encima… Deseamos expresar nuestra preocupación y molestia ya que nuestros territorios están siendo permanentemente afectados por actividades de extracción de recursos naturales y construcción de infraestructura sin consulta con nuestras organizaciones como lo establecen los principios de la constitución y las leyes vigentes… Ningún argumento puede justificar a las autoridades del gobierno o representantes del estado o compañías privadas ignorando simplemente todos los derechos que han sido ganados por los pueblos indígenas y que constituyen la esencia del proceso de cambio en marcha en nuestro país (CCGTT 2010).

CPILAP, Central de Pueblos Indígenas de La Paz, expresó una preocupación similar:

Nosotros, pueblos indígenas, hemos sido líderes de este proceso de cambio, pero en cuanto pedimos respeto por las cuestiones indígenas y procesos de consulta, hemos sido acusados de pertenecer a la derecha, y de ser parte de movimientos separatistas (CPILAP citado en Servindi 2010).

En forma que hace eco a los sentimientos de Alan García en Perú, la cabeza de la empresa estatal de hidrocarburos de Bolivia Yacimientos Petrolíferas Fiscales de Bolivia (YPFB), Carlos Villegas, manifestó los siguiente en el 2010: “La cuestión de los permisos medioambientales y la consulta y participación se han convertido en un obstáculo (para inversión)”, y que: “Este año deseamos deshacer estos obstáculos.” Se está preparando un nuevo proyecto de ley para hidrocarburos, re-trabajando las salvaguardas sociales y medioambientales, para que “las cuestiones sociales no sean un obstáculo para la inversión” (cita de La Razón 2010).

El patrón general en los países andinos parece ser que el gobierno central –y particularmente el Ejecutivo- está promoviendo consistentemente la expansión de industrias extractivas, priorizando las agendas nacionales sobre las demandas territoriales o preocupaciones por medios de vidas, y utilizando fuerza discursiva y/o material para impulsar esta agenda política. Se están utilizando distintos tropos para justificar la hostilidad de aquellos que cuestionan este enfoque, y van desde la invocación de la soberanía, la urgencia de la necesidad y la denigración de las críticas como estúpidas, egoístas, infantiles, izquierdistas y terroristas. El deseo de utilizar fuerza física muestra más variación, con más contención aparente en Bolivia; sin embargo, la determinación de empujar la frontera extractiva es clara en los tres países.

La pregunta indígena debe ser ¿por qué? Una interpretación es que conforme García, Correa, Morales y García Linera estudian sus propios prospectos macroeconómicos, cada uno llega a la conclusión de que sus mejores opciones residen en la extracción de los recursos del subsuelo y que, conforme miren a mediano plazo, concluyen que la extracción de recursos es donde se encuentra la principal ventaja comparativa de sus macro-economías. También pueden sentir que los beneficios de las industrias extractivas son más fáciles de ser apropiados y controlados que los ingresos más dispersos y más


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difíciles de fiscalizar provenientes de la economía informal a pequeña escala. Más aún, dichos ingresos centralizados pueden parecer una forma atractiva de financiar los servicios ofrecidos centralmente por el estado que son más efectivos para generar capital político y votos de lo que sería en el caso de formas de desarrollo más descentralizadas de abajo hacia arriba. Finalmente, puede ser que estas presidencias reconozcan los riesgos asociados con la industria extractiva, pero sienten que está vez pueden hacer las cosas diferentes, y de esa manera apaciguar las preocupaciones de los movimientos sobre la habilidad del gobierno para asegurar una regulación adecuada para la extracción, para proteger los derechos de los ciudadanos y compartir más ampliamente los beneficios de la extracción. Habiendo dicho esto, mientras las preocupaciones fiscales pueden constituir un conjunto de factores que lleven hacia la expansión de la extracción, otro es sin lugar a dudas el grupo de interés y coalición política. Los cabildeos – tanto domésticos como internacionales- para expandir la industria extractiva son más poderosos. Adicionalmente, a los sospechados normalmente (empresas de hidrocarburos, consultorías, empresas de ingeniería civil, petroleras privadas) se encuentran otros grupos menos mencionados (sindicatos de trabajadores de la industria extractiva y el ejército).

Genera más perplejidad por qué dicho razonamiento se traduce tan fácilmente en autoritarismo y uso de la fuerza. Una respuesta puede ser que estas tres presidencias y sus respectivos partidos simplemente tienen tendencias autoritarias. Otra respuesta puede ser que estos regímenes vean la extracción como su única opción. Esto es preocupante porque hablaría de lo limitado que ven sus opciones de políticas y también implicaría que están apostando a que su futuro será diferente a su pasado. Puesto de otra forma, si sus opciones están ciertamente tan limitadas, entonces esto implicaría que su previa dependencia de la extracción los ha llevado a este punto y no ha promovido dinamismo económico y diversificación; su futuro estaría sujeto a una dependencia similar a la extractiva. Preocupaciones sobre este tipo de escenarios subyacen al interés creciente entre pensadores de la sociedad civil para imaginar cómo serían estas economías “post-extractivas” (RedGe/CLAES 2011;; http://www.otrodesarrollo.com/postextractivo/index.html)

B. Expansión de la industria extractiva y dinámicas económico político locales

La expansión de la industria extractiva interactúa con las economías locales de formas distintas. Esta sección resume cuatro consecuencias percibidas o reales de esta interacción: incertidumbre; pérdida; disparidad de oportunidades; y creación de condiciones conducentes a diferentes formas de conflicto.

Incertidumbre

Los mapas de las concesiones mineras y de hidrocarburos son bastante distintos (y más extensos que) los mapas de las operaciones mismas. Por este motivo, en los sectores extractivos se ha criticado mucho a activistas e investigadores que utilizan los mapas de las concesiones en sus informaciones públicas y en su trabajo de abogacía, debido a que estos mapas no se parecen a las áreas afectadas en última instancia por las minas, pozos y oleoductos. Entonces, ¿qué representan los mapas de las concesiones? Un argumento es que representan geografías de incertidumbres y riesgos percibidos y reales. Como no hay consulta cuando se otorgan las concesiones, los residentes se enteran por primera vez que sus tierras han sido dadas en concesión cuando los geólogos empiezan a explorar o cuando las empresas llegan a iniciar negociaciones sobre acceso a los derechos de superficie en áreas a ser exploradas, o cuando los mercados de tierras empiezan a comportarse de manera extraña. La incertidumbre es aún mayor cuando la gente se entera que la exploración ha encontrado minerales bajo sus comunidades. En este punto, el sentido de futuro de los pueblos cambia para siempre, para empeorar o para mejorar dependiendo de

http://www.otrodesarrollo.com/postextractivo/index.html


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sus visiones sobre la minería. Parte del conflicto más importante sobre extracción se da en estas fases de exploración, y una interpretación es que es una respuesta a la incertidumbre (otra es que los movimientos reconocen que ésta es la única fase en la que la extracción puede ser detenida, ya que una vez que empiecen las operaciones no hay retorno).

Pérdida

La pérdida de activos puede empezar durante la exploración (por ejemplo, a través de adquisiciones de tierras), pero se hace más aparente una vez que el proyecto extractivo avanza. Se dan varios tipos de pérdidas (o en el lenguaje de algunos, “desposesión”). Primero es la pérdida de medios de subsistencia, en particular tierra, agua y bosques. La cantidad de tierra que se pierde varía, dependiendo de la ubicación y del tipo de proyecto. En algunas regiones, como en Cajamarca, Perú, comunidades enteras han perdido acceso a pasto y muchas familias también han perdido terrenos agrícolas, conduciendo a respuestas tales como intensificación en terrenos restantes o migración (ver capítulos de Bury y Bebbington et al. en Bebbington, 2007). La evidencia sugiere que la compensación financiera es menos resiliente que los activos físicos, dejando descapitalizados a los hogares rurales (Bury, en Beddington, 2007). Sin embargo, la sensación es que los residentes se preocupan más por la pérdida y contaminación de los recursos hídricos. Cuando se mapean las concesiones en las cuencas las razones para dichas preocupaciones quedan claras. Para el 2008, quince de los ríos más grandes del Perú tenían 25% o más de sus cuencas bajo concesiones (Bebbington y Bury, 2009). En Tarija, las organizaciones guaraníes han estado principalmente preocupadas sobre las pérdidas potenciales del suministro de agua en áreas protegidas programadas para exploración de hidrocarburos (Humphreys Beddington, 2001).

Una segunda pérdida es formas de vida. “Queremos vivir en un ambiente saludable y en paz”, se lee en una pancarta de los manifestantes en la consulta de la Asamblea Constituyente en Loja, Ecuador. Ciertamente, tanto los investigadores como los medios sugieren que la extracción no solo transforma los paisajes familiares, sino también las formas diarias de interacción social. La investigación en el SE de Ecuador informa sobre cómo los cálculos diarios sobre qué taxi tomar o a qué salón de belleza ir, están afectados por el punto de vista pro/anti minería de la gente (Warnaars, 2011).

La pérdida de medios de vida está cercanamente relacionada con la pérdida de la habilidad de controlar el espacio, conforme el principal actor del gobierno territorial cambia de la comunidad, o inclusive de la municipalidad, hacia la empresa extractiva. Los indicadores visibles de esta pérdida de control son las vallas, los guardias armados e inclusive las señales en las carreteras con los logos de las empresas, así como la visibilidad diaria de otros (trabajadores, profesionales, choferes) viviendo y trabajando en espacios anteriormente comunitarios.

Disparidad de oportunidades

La extracción también genera una gama de oportunidades y muchas protestas (ver más adelante) sobre si el sector extractivo está orientado a asegurar o mejorar dichas oportunidades. Sin embargo, estas oportunidades se distribuyen de manera desigual. Hay cuatro tipos de oportunidades que son significativas.

El discurso de los nuevos proyectos enfatiza los beneficios de empleo. Sin embargo, los efectos directos del empleo a mediano y largo plazo en la industria extractiva moderna son limitados ya que el capital cada vez más sustituye la mano de obra. Más aún, las oportunidades de empleo fijo están concentradas en sectores especializados y generalmente no se emplea a trabajadores locales. En algunos casos, la mano de obra vive en campamentos separados de los centros locales,


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generando insatisfacción ya que se falla en dinamizar las economías locales. En otros casos (por ejemplo: los campos de gas en Tarija), los trabajadores profesionales conmutan entre el sitio de las operaciones y sus hogares en otros departamentos. Por el contrario, si la mano de obra especializada vive en la localidad, como en el caso de Cajamarca, su poder de adquisición lleva a una inflación de precios, particularmente en el mercado de propiedades, así como a un aumento en la segmentación entre consumidores locales y los trabajadores de la mina que consumen ciertos servicios (restaurantes caros, prostitución) y la clase media local que no puede hacerlo, generando descontento una vez más (Gorritti, 2005).

A nivel de la comunidad, las oportunidades de empleo se concentran en la etapa de construcción, con opciones más limitadas durante la fase de operación. Estas oportunidades privilegian más a los hombres que a las mujeres, y típicamente más a los hombres jóvenes que a los mayores. Otro reto es que las empresas pueden garantizar un cierto número de puestos de trabajo por comunidad y, luego, las comunidades tienen que encontrar formas de asignar estos empleos, generalmente rotativos. Esto complica las negociaciones al interior de la comunidad, así como la frustración de que son muy pocos los empleos a tiempo completo.

Un segundo conjunto de oportunidades deriva de los programas y fondos de responsabilidad social y desarrollo de la comunidad que tenga la empresa. Esta es un área en la que las curvas de aprendizaje de las empresas han sido escarpadas y muchas empresas reconocen los errores realizados en el pasado. En Cajamarca, por ejemplo, las primeras relaciones con la comunidad trabajadas por Yanacocha incluían – a la admisión de sus propios equipos de desarrollo de comunidad- realizar acuerdos bilaterales con aquellos individuos y comunidades que era necesario apaciguar (si amenazaban con protestas) o cuya aquiescencia tenía que ser asegurada para continuar con la actividad minera y la expansión. Esta estrategia simplemente alentó a otros actores locales a demandar beneficios de algún tipo. En algunos casos, los fondos asociados con las iniciativas de desarrollo de la comunidad se hicieron muy significativos y generaron retos masivos para las organizaciones locales. Por ejemplo, en Michiquillay, un proyecto Anglo-Americano en Cajamarca, la compañía comprometió fondos por US$ 200 millones sólo para la fase de exploración. Esto a su vez indujo manejo político entre las dos comunidades, reflejando previos conflictos en la política y estructura de la tenencia de tierras, y arriesgó un mayor debilitamiento de las estructuras de toma de poder de la comunidad (Burneo y Chaparro, 2010).

Un tercer conjunto de oportunidades son aquellas ofrecidas por los proveedores de servicios locales. La industria extractiva requiere equipo, mantenimiento, cuadrillas de trabajo, publicidad, etc. creando oportunidades para el capital local y sus asociados con el surgimiento de nuevos negocios tanto centros regionales urbanos como en comunidades, donde las empresas consolidan el reclutamiento de la mano de obra. Esto a su vez, favorece nuevas formas de diferenciación y relaciones de poder en la economía local y regional, así como la constante maniobra para ganar sub-contratos con la compañía de la industria extractiva.

La cuarta, y financieramente la oportunidad más significativa creada por la economía extractiva deriva de los impuestos y regalías pagadas por las compañías. El monto de dichos pagos y cómo se distribuyen (geográfica y socialmente) gira tanto entorno a las tasas de impuesto y regalías nacionales como a los acuerdos específicos con la empresa. En algunos casos, como en Chile, el gobierno central controla estos flujos de ingresos, mientras que en otros (como Perú y Bolivia) porciones significativas son distribuidas a las regiones en las que se realiza la extracción. Los recursos generados de esta forma pueden ser grandes, conduciendo a desigualdades significativas entre las regiones en relación al control de las ganancias. Es así como en el 2007 en Perú, cerca al 67% de las transferencias de todo el canon minero y 52% de las transferencias combinadas de canon y regalías se concentraron en solo 6 de las 25


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regiones y entre el 16% de la población (Arellano-Yanguas, 2011). Mientras que en el 2008 en Bolivia, el departamento de Tarija produjo 70% del gas natural de Bolivia y recibió 35% del presupuesto total descentralizado del país (Humphreys Bebbington, 2010). Cifras recientes muestran que mientras que Tarija tiene un presupuesto de US$ 350 millones (reflejando el hecho de que los precios del gas natural fueron altos el año pasado), el departamento del altiplano Oruro, con un tamaño de población similar, pero mucho más pobre, tenía un presupuesto de US$ 36 millones.

Lo que surge de estas incertidumbres complejas, pérdida y oportunidad son los efectos inevitables de naturaleza desigual y generadora de desigualdades. Vemos desigualdades entre territorios en las cuales las nuevas desigualdades de poder que acompañan la llegada de la industria extractiva conducen a nuevas desigualdades en exposición a la incertidumbre y vulnerabilidad, acceso a recursos y mercados de mano de obra, participación en el mercado de servicios, acceso a intervenciones de desarrollo de la comunidad y más.

Condiciones que conducen a conflicto

Estos efectos ayudan a explicar los niveles altos y crecientes de conflicto social que han sido parte de la expansión de la industria extractiva en gran parte de los Andes, y generan precaución hacia las singulares explicaciones que se dan de este conflicto. La movilización y el conflicto han sido probablemente generados por una gama de motivaciones, ansiedades, quejas e incentivos. Esta combinación sugiere que la yuxtaposición de “ambición o quejas” como explicación de los conflictos relacionados con la extracción es una simplificación no útil (Collier y Hoeffler, 2004, 2005; ver Caballero, 2011 para Perú).

Algunas protestas y conflictos se entienden mejor como respuestas a incertidumbres y riesgo percibido. Estos conflictos se manifiestan posteriormente a la otorgación de concesiones para realizar exploración, pero antes de la explotación. En muchos casos, estos ocurren antes de que se haya realizado la explotación (por ejemplo: gran parte en Ecuador, Piura, Islay, Tambo Grande, Puno en Perú, Norte La Paz en Bolivia). En otros casos, dichas protestas pueden ocurrir cuando una mina existente busca expandir sus operaciones en formas que son percibidas como generadoras de amenazas a las poblaciones y medioambientes cercanos, y especialmente al suministro de agua. Un ejemplo particularmente significativo de esto, que se ha notado mucho en Perú, ha sido la lucha sobre el Cerro Quilish en Cajamarca. El agua es el recurso omnipresente en todos estos conflictos debido a que muchas veces las concesiones mineras están ubicadas en cuencas, debido a que la extracción de hidrocarburos tiene una historia de contaminación de agua a través del Amazonía Occidental, y también debido a que la cordillera y las costas de la región ya son ambientes con limitaciones de agua. Ciertamente, argumentos entre diferentes intereses en estos conflictos sobre si la minería afectará o no la cantidad y calidad de agua, y si afectará en mayor o menor grado a la agricultura y el urbanismo, no están resueltos y, tal vez, constituyan el principal dominio del conflicto sobre la definición de ideas hegemónicas en debates sobre extracción en la región.

Un segundo grupo de protestas parece más motivado por enojo contra la desposesión en sí. En estos conflictos, las quejas incluyen el pago de precios muy bajos por tierras que posteriormente prueban ser inmensamente valiosas, cursos de agua que se secan o son contaminados, pérdida de autonomía territorial, o pérdida de autoridad de las elites locales.

Un tercer conjunto de conflictos refleja demanda de oportunidades. Algunas movilizaciones han sido lideradas por trabajadores mineros o por población que esperaba empleo. Otros conflictos parecen estar orquestados por empresarios locales y regionales que demandan contratos (o protestan por la pérdida de contratos) o, inclusive, por comunidades que demandan compensaciones de algún tipo. Aquí, el


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conflicto es utilizado como una forma de forzar a la industria extractiva a reclutar sus servicios o proveer beneficios de algún tipo. Otra variante del mismo tema son aquellos conflictos en los cuales las comunidades dejadas fuera de los programas de responsabilidad social empresarial de la empresa y de los programas de desarrollo de comunidades buscan hacerse visibles y, así, demandan atención en dichos programas.

En cuarto lugar se encuentran las movilizaciones facilitadas por las autoridades políticas. En algunos casos esto puede ser visto como un medio para mejorar sus perspectivas electorales y, en otros, para aumentar los ingresos que estas autoridades derivan de la extracción. Un ejemplo sorprendente de este fenómeno fue el conflicto del 2009 entre las regiones sureñas peruanas de Tacna y Moquegua, ambas importantes productores de cobre. En este caso el cobre es producido por la compañía Southern Peru Copper, utilizando mineral extraído de los dos departamentos. Los recursos fiscales que vuelven a los departamentos se han basado en el volumen de mineral extraído, de tal forma que Moquegua recibía 22% y Tacna 78% de las transferencias basadas en los pagos fiscales realizados por Southern Peru. Sin embargo, el mineral proveniente de Moquegua es más rico que el de Tacna, lo que significa que, de hecho, más de tres cuartos del mineral final de cobre producido proviene de Moquegua. Por lo tanto, la región organizó protestas callejeras masivas demandando aumentar las transferencias, las cuales culminaron en una paralización entre manifestantes de las dos regiones. Cuando finalmente el gobierno central accedió en aumentar las transferencias a Moquegua, las autoridades de Tacna se quejaron amargamente y retomaron la protesta. Estas movilizaciones de las regiones llegaron a tal punto, que en muchas municipalidades la mayor parte de la población era empleada por los gobiernos municipales utilizando los fondos generados por las transferencias de impuestos. Tanto autoridades como población, temían por su influencia política y trabajos respectivamente, en caso de que las transferencias se redujesen (Arellano-Yanguas, 2011).

Un segundo ejemplo de Tarija refleja cómo tanto las autoridades políticas regionales y nacionales pueden facilitar conflictos de formas que converjan con sus objetivos políticos más amplios. La mayor parte del gas de Tarija proviene de la provincia del Gran Chaco. Por ley 45% de las transferencias de los ingresos por el gas de Tarija han sido destinados al Gran Chaco, quince por ciento a cada una de sus tres municipalidades. Sin embargo, estos fondos pasaban a través del gobierno departamental, el cual solo los liberaba si el Gran Chaco proponía usos de este dinero que convergieran con las prioridades y criterios de inversión departamentales de Tarija. A pesar de que esta tensión sobre la influencia del gobierno departamental ha existido por varios años, se intensificó en el 2008, en un contexto de conflicto político más amplio entre el gobierno central y los departamentos de las tierras bajas de Bolivia. En medio del conflicto, el gobierno central buscó una alianza con las autoridades del Gran Chaco (que distaban de ser aliados naturales del partido de gobierno), ofreciéndoles un referéndum sobre si ellos deberían recibir los recursos directamente del gobierno central y manejarlo independientemente de Tarija (sin sorpresas votaron “sí”). Para el gobierno central esta respuesta al conflicto fue funcional con relación a la meta de debilitar a las autoridades en Tarija, y le permitió al Gran Chaco lograr la autonomía que buscaban.

C. Vínculo entre extracción y desarrollo territorial

Existen distintas rutas a lo largo de las cuales la industria extractiva puede contribuir a las dinámicas de desarrollo territorial. La primera de estas rutas opera a través de los efectos multiplicadores de la presencia de la industria extractiva en un territorio (tal como demanda de mano de obra, servicios y productos), la segunda a través de las iniciativas de desarrollo comunal y socio económico que las empresas extractivas con frecuencia implementan como parte de sus programas de responsabilidad social


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empresarial, y la tercera a través de la transferencia de ingresos generados por impuestos y regalías que vuelven a las regiones en las cuales se dio la extracción. Una cuarta ruta opera a través de la influencia de la extracción en arreglos institucionales, incentivos, expectativas y percepciones de riesgo y oportunidad. Adicionalmente a influenciar el funcionamiento de los primeros tres canales, estos efectos tienen consecuencias propias, las cuales pueden ser significativas inclusive cuando estos otros canales aún no estén implementados.

Mientras que la evidencia y los reclamos en la región divergen, parece razonable concluir que, en general, las primeras rutas rara vez han promovido dinamismo económico sostenido en los territorios en los cuales operan las industrias extractivas por los motivos mencionados anteriormente. Mientras que los programas auspiciados por la empresa para el desarrollo de la comunidad y de desarrollo socio económico tienden a estar orientados más a la estrategia de negocio que a promover desarrollo económico local sostenido (a pesar de que éste es un clamor que muchas empresas extractivas contestarían de manera candente).

Si estos dos canales son relativamente débiles, entonces, es hacia impuestos y regalías donde se deben buscar efectos significativos de la economía extractiva sobre el crecimiento territorial y desarrollo de medios de vida. En este sentido, la reciente investigación en Perú realizada por Javier Arellano-Yanguas (2010, 2011) es significativa, ya que él concluye que a pesar de que estas transferencias son masivas, sus efectos sobre la fuerza y salud de las economías locales son, en el mejor de los casos, ambiguos. Él llama la atención hacia trabajos creados a través de dichas transferencias, estos trabajos son raramente sostenibles, dependen grandemente del gasto público directo y hacen pocas contribuciones a la economía local. Más importante aún es la conclusión de Arellano-Yanguas, según la cual estas transferencias fiscales también han inducido niveles significativos de conflicto social en los territorios que las han recibido, conforme distintos grupos sociales y autoridades locales luchan para aumentar su participación y control sobre dichos recursos. La implicación preocupante es que los efectos económicos de las transferencias fiscales pueden, en última instancia, ser negativos: por un lado generan trabajos no sostenibles y, por otro lado, crean niveles de conflicto que es posible que eviten otras formas de inversión en la economía local. Combinando estas conclusiones con aquellas de la sección anterior, la imagen es que el conflicto es más o menos sostenido durante el ciclo de extracción – siendo detonado inicialmente por las incertidumbres y expectativas generadas por la exploración y, posteriormente, profundizados por las luchas para controlar las transferencias fiscales.

El grado en el que las transferencias fiscales puedan facilitar, o no facilitar, el desarrollo local y regional dependerá de las reglas que gobiernen la forma en la que estos recursos puedan ser utilizados y el nivel en el que el gobierno los reciba. Las municipalidades van a desear gastar a nivel municipal, en vez de contribuir a inversiones estratégicas más allá de los límites municipales. Adicionalmente, reglas rigurosas del gobierno central pueden restringir la inversión actual de recursos (como en el caso de Perú). Ciertamente, en Tarija, Bolivia, donde transferencias significativas iban al gobierno departamental, un número de estas transferencias fue invertido en iniciativas departamentales estratégicas: infraestructura a gran escala (mayormente carreteras), pequeños créditos agrícolas enfocados en cadenas de productos particulares, seguros de salud para las familias más pobres, entre otros. En este sentido, la evidencia sugiere que dichas inversiones han promovido crecimiento y reducción de la pobreza en el departamento (Hinojosa et al. 2011).

Una observación general que se deriva de estos puntos hace eco a argumentos de Bonnie Campbell (2003, 2006, 2008) sobre reformas mineras y política en África. Una de sus críticas es que las reformas mineras auspiciadas por instituciones financieras internacionales se han enfocado sólo en el sector minero, buscando políticas que apunten a aumentar la inversión. Ella sugiere que el enfoque de la


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política debería estar, más bien, hacia las relaciones entre minería y desarrollo económico, nexos minería agricultura, o minería y medioambiente. En los Andes, este no ha sido el caso – la política de la industria extractiva se enfoca al sector mismo, mientras que los nexos con el desarrollo son sólo considerados posteriormente y a través de otros instrumentos que pueden no coordinar con las políticas para actividades extractivas, y son con frecuencia subsidiarios de estas políticas.

D. Negociación de la Extracción

En la región se han utilizado muchas estrategias para negociar las relaciones con la industria extractiva. Esto va desde la acción directa, violencia, mesas de diálogo, intervención directa de las autoridades del gobierno central, defensa legal, abogacía de políticas, cultivo de lazos con parlamentarios y abogacía en el dominio público, entre otras. Es imposible determinar cuál de éstas es más o menos exitosa, pero tal vez se puedan hacer tres observaciones:

La intervención directa de equipos de alto nivel del gobierno central parece particularmente destinada a fallar y, más aún, alienta a los manifestantes en otros conflictos a negarse a negociar con cualquiera que no sea el Ministro o Primer Ministro.

La acción directa ocasionalmente conduce al retiro de la industria extractiva a corto/mediano plazo, pero (a) no conduce a cambios regulatorios en sí misma y (b) corre el riesgo de acentuar la represión y la violencia.

La defensa legal es claramente una fuente de preocupación para el sector extractivo – como ha sido atestiguado por la presión directa ejercida por el gobierno canadiense sobre la organización canadiense Lutheran World Relief para que retirase todo apoyo a la defensa legal de ONGs.

En vez de aislar cada una de las estrategias, tal vez lo que sea especialmente importante sea comprender en detalle cómo diferentes componentes de estas estrategias han sido combinados en redes de “incidencia” de formas que hayan conducido a cambios en la regulación del sector extractivo que pongan gran atención a los derechos, el medioambiente y al proceso democrático. Un ejemplo posible de dichas redes que puede haber logrado esto (por lo menos hasta ahora) es la red que se movilizó alrededor del proyecto Río Blanco en Piura. Los jugadores claves en esta experiencia incluyen a Fedepaz (para abogacía legal), Cooperación (para apoyo técnico y en información), las rondas campesinas en la región, la pastoral social de la iglesia y miembros del Congreso peruano. La experiencia dista mucho de ser perfecta, pero puede dejar lecciones. Otro ejemplo, con sus propios altibajos y en un contexto distinto de una mina ya en existencia, podría ser la negociación sobre Tintaya en Cusco. Aquí los actores claves incluyen una vez más a la Cooperación, CONACAMI (los actores principales se encuentran ahora en COAI) y Oxfam América. Otra de estas experiencias puede ser la de Itika Guasu en el campo de gas Margarita en Tarija, Bolivia. En Colombia, el trabajo del Instituto Norte-Sur conjuntamente con organizaciones nacionales tales como PCN parecería ser otra experiencia relevante.

Finalmente, como nota de pie a estas estrategias de negociación, es importante notar los roles jugados por algunos grupos consultores y organizaciones de investigación/consultoría que trataron de utilizar las relación de consultoría para influenciar la forma en la que la extracción entra en un territorio. De particular interés aquí será la experiencia del centro de investigación GRADE que, mientras contratado por compañías mineras, ha buscado crear espacios de participación. No es claro qué tan exitoso sea este mecanismo, pero una discusión fuera de registro con el equipo de GRADE sería muy provechosa.


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E. Cuestiones de políticas, construcción de institucionalidad e investigación

Conforme han progresado los debates sobre la interacción entre la industria extractiva, desarrollo, democracia y medioambiente, tanto escépticos como proponentes de la industria extractiva parecen que han convergido en la centralidad de los acuerdos institucionales en la determinación de la calidad de estas relaciones. Por lo tanto, en esta sección final identificamos las cuestiones de particular importancia para el sector en los Andes, con cierto énfasis en los temas de gobernanza y acuerdos institucionales.

1. Información y asimetrías: observatorios y capacidad de investigación

Si bien el suministro y el acceso a información no resuelven las asimetrías (en el sector extractivo o en cualquier otro) es, sin embargo, críticamente importante. Ciertamente una de las lecciones de la experiencia andina ha sido que la sociedad civil fue tomada por sorpresa por el rápido crecimiento de la inversión en el sector y le faltaba información e instrumentos analíticos para responder rápidamente. En realidad, gran parte de los quince años han sido un período de ponerse al día para la sociedad civil, y la ausencia de información ha significado tanto que las empresas extractivas hayan sido reguladas pobremente por la sociedad, y que la sociedad se haya vuelto hacia la denuncia y conflicto como un modo de regulación en ausencia de la información adecuada. Otra lección es que el suministro de información ha sido crítico en la promoción del debate público sobre los temas en juego.

Por supuesto que el suministro de información tiene que estar organizado, y esto se puede hacer a través de la investigación, cuyos resultados puedan ser puesto al dominio público (a diferencia de la investigación auspiciada por empresas, de la cual existe mucho), a través de la creación de “observatorios” y a través de mecanismos de transparencia inducidos externamente. Mientras que diversos tipos de información parecen críticos, este documento menciona cuatro.

Información anticipada. Para que la regulación sea algo más que una reacción, la información sobre probables tendencias y patrones futuros en el sector es crítica. Las empresas a través de sus unidades de planificación estratégicas generan mucha de esta información, pero la sociedad y el gobierno han sido débiles en este sentido. Una excepción importante en Perú ha sido el trabajo de la Cooperación que desde mediados de la década de 1990 empezó a hace seguimiento al sector minero y tuvo la visión de monitorear concesiones (como indicadores guías de inversión) y suministrar información sobre concesiones en formato cartográfico. Más recientemente el Instituto del Bien Común ha empezado a hacer lo mismo para hidrocarburos. Esta información y estos mapas han sido críticos para el debate público y, el trabajo del IBC (conjuntamente con la Defensa Medioambiental) fue también importante en forzar la reflexión al interior del BID sobre sus inversiones en el sector hidrocarburos (pero es discutible si este debate generó alguna diferencia real). En Bolivia CEADESC ha hecho algo similar para hidrocarburos.

Información sobre conflictos. Es igualmente importante monitorear las tendencias de los conflictos sociales para, entre otras cosas, se anticipen las interacciones entre extracción, derechos humanos y democracia. También es importante ya que los conflictos ofrecen reflexiones sobre la naturaleza actual de las interacciones extracción-desarrollo-medioambiente y, también, pueden servir como una de las fuentes más fructíferas para el cambio institucional. Una vez más, la sociedad y el gobierno han tratado de ponerse al día sobre este punto, sin embargo han innovado en forma importante. En el Perú, la innovación más fructífera fue conducida por la Defensoría del Pueblo, la cual, a inicios del 2000, estableció un sistema de monitoreo y catálogo de los conflictos y puso a disposición pública el material. Este sistema se nutre de la presencia del personal de la Defensoría en las provincias, el cual ofrece información regular. Luego, esta información es sistematizada a nivel central. La información es utilizada


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ampliamente en todos los sectores. Mecanismos de monitoreo de ONGs, como OCMAL, OBIE y la Plataforma Energética en Bolivia, así como el Observatorio Socio Ambiental de FLASCO en Bolivia han jugado también roles importantes en el suministro y análisis de información y en ayudar a las comunidades a conectarse entre ellas.

Monitoreo fiscal. Dado que las luchas sobre las rentas generadas por los recursos y su uso son tan significativas, los esfuerzos sobre el aumento de transparencia y análisis de estas rentas, cómo se dividen las ganancias y pagos por impuestos/regalías y cómo se distribuyen y, luego, cómo se gastan estos pagos son críticos como medios para reducir tensión, inducir comportamiento fiscal más responsable y rastrear nexos entre extracción y desarrollo. Este monitoreo puede ser realizado a nivel nacional y sub-nacional. En la región andina, Perú es el más avanzado en este sentido. A nivel nacional, el proceso EITI es un mecanismo, y Perú es un país candidato (a pesar de que este proceso ha sido combatido con resistencia en particular por parte de empresas nacionales); otro mecanismo es el trabajo de Revenue Watch International. A nivel sub- nacional, el proyecto de la ONG, Propuesta Ciudadana, ha tratado de rastrear la transferencias fiscal y su uso. Una vez más, esta información es utilizada con frecuencia en el debate público. Dichos instrumentos están lejos de estar bien desarrollados en otros países andinos, sin embargo hay esfuerzos en marcha para aumentar dicho monitoreo (por ejemplo, en Tierra en Bolivia).

Monitoreo del agua. Dada la importancia y sensibilidad del agua en los conflictos sobre extracción y en la consideración de qué tan lejos y dónde deben expandirse las industrias extractivas, los sistemas para el suministro de información sobre el agua juegan roles críticos en la planificación del sector extractivo a nivel nacional y local, así como en dinámicas de conflictos. Dado que el estado del conocimiento sobre reclamos en esta área es muy disputado, es crítico, también, que cualquier sistema aparezca lo más independiente que sea posible de los intereses, fundamentado sobre base científica y, en lo posible, comprometido con la legitimidad de conocimiento local. El progreso en este campo sigue siendo limitado y se ha concentrado mayormente a nivel local con la creación (importante) de iniciativas de monitoreo de agua participativas. Aquí, el Grupo de Diálogo Minero en Perú es una fuente importante.

2. Planificación del Uso de la Tierra, con nexos a poderes en distintos niveles del gobierno

Uno de los problemas más significativos asociados con la economía extractiva es que es manejada centralmente y consistentemente considerada (tanto por ley como por actitud ejecutiva) como precedente sobre dinámicas y objetivos de desarrollo local. Es así que las concesiones se otorgan sin el conocimiento de las autoridades locales y departamentales y, por lo tanto, por definición, sin tener opinión sobre dichas decisiones. Con frecuencia las concesiones están en desacuerdo con las dinámicas de desarrollo local conduciendo a conflictos con otras formas de uso de tierras y medios de vida: por ejemplo, producción de banana orgánica en El Oro, con ganadería láctea en Azuay, con producción orientada al mercado en Tambo Grande etc.

En respuesta, ha habido un argumento creciente de que cualquier expansión minera y actividad de hidrocarburos debería darse solo después de un proceso previo de zonificación ecológica y económica que buscaría caracterizar los usos de tierra más apropiados en las diferentes áreas. Este proceso de zonificación sería precedido después por un proceso de ordenamiento territorial (OT), que tomaría los resultados del ejercicio de zonificación y los convertiría en planes de uso de tierras que serían vinculantes y, por lo tanto, estructurarían cualquier geografía subsecuente de inversión – ya sea en minería, hidrocarburos, construcción de viviendas, agricultura comercio y otros dominios. En Perú, se encuentran en marcha modestos experimentos con OT/ZEE en el gobierno regional de Cajamarca y en gobiernos locales en Piura, por ejemplo. Aún hay muchas preguntas pendientes con relación a estas ideas. Una se relaciona con la factibilidad


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política del OT en contextos en donde los intereses en juego son substancialmente diferentes y donde las asimetrías de poder son inmensas – una cosa es tener un conjunto de caracterizaciones de paisaje (ZEE), y otra distinta convertirlas en reglas (OT) que permitan favorecer usos de tierras para algunos actores y prohibir aquellos favorecidos por otros actores más poderosos. Aquí también radica la relativa autoridad de los distintos OT producidos a diferentes niveles administrativos (regional, municipal, etc.). Más aún, mientras grupos de la sociedad civil en Perú se sienten muy inclinados a OT/ZEE, algunos investigadores críticos en Colombia son más escépticos y ven a OT como un instrumento que le permite al estado organizar el espacio de tal forma que permite la extracción y fomenta procesos de formación de estado que no son de interés de poblaciones locales (Asher y Ojeda, 2010 para el cado de OT en Regiones Afrocolombianas en Colombia).

Sin embargo, OT/ZEE será un área de actividad en años venideros – y posiblemente de actividad legislativa. También apuntará a un área (conjuntamente con las discusiones sobre transferencias fiscales) en donde la gobernanza de la extracción se vea entranpada con discusiones de descentralización de políticas. Sobre este tema, las organizaciones claves son SER, el gobierno regional de Cajamarca y un foro de discusión de expertos facilitado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE).

3. Consentimiento libre, previo e informado

El debate sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) está también relacionado con estos temas de niveles de la sociedad y el estado en los cuales se toman decisiones vinculantes. Recurrentemente se ha notado de que a pesar de que los países andinos son signatarios de la Convención 169 de la OIT y del principio de CLPI, no han aprobado legislación que pueda permitir que se implemente CLPI y se han resistido a hacerlo. En Perú, tanto la Defensoría del Pueblo como grupos de legisladores han buscado aprobar una Ley a Consulta, pero no se le ha dado espacio en las sesiones legislativas.

Aquí hay muchos temas relacionados, pero vamos a mencionar solo tres. Primero, la aparente confusión sobre CLPI ya que es despreciada (o celebrada) como dando poder de veto a las poblaciones indígenas. Si bien al margen podría ser así, es más apropiado entender CLPI como un mecanismo que puede fortalecer el aprovechamiento de las poblaciones indígenas en el proceso de negociación de diseño de proyectos extractivos en sus territorios. Ciertamente, algunas compañías han aceptado el principio CLPI (incluyendo empresas que operan en la región andina: Xstrata, Anglo American, Talisman Energy…) Segundo, el debate sobre CLPI muestra como los debates sobre la industria extractiva están unidos a las discusiones sobre la naturaleza del estado pluri-nacional, de la pluri-nacional democracia y de los poderes, derechos y autoridades que las poblaciones indígenas puedan tener en sus territorios reconocidos legalmente. Así, puede ser que la resistencia a CLPI sea no sólo porque la industria o ministerios de finanzas y de energía y minas tengan reservas, pero también debido a los temas constitucionales y políticos que levanta. Tercero, para que CLPI tenga sentido se requiere mayor suministro de información que sea producida de forma razonablemente independiente – de lo contrario el “consentimiento” no puede ser “informado”. Esto, una vez más, apunta a la importancia del primer tema tocado en esta sección.

Se han dado debates importantes sobre CLPI tanto en Perú como en Colombia, donde entre los actores se encuentran las Defensorías del Pueblo de cada país, la Corte Constitucional de Colombia y varias ONGs. Tal vez haya sido particularmente interesante el trabajo del Instituto Norte Sur con el Proceso de Comunidades Negras y Embera Chamí del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (la reserva Indígena Cañamomo Lomaprieta).


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4. Territorio y extracción

Cercano al tema de CLPI se encuentra la relación entre territorios indígenas y la industria extractiva. Para muchas poblaciones indígenas, la cuestión aquí es cómo proteger y expandir las demandas territoriales, derechos y control en contextos donde los territorios (actuales o demandados) se sobreponen con recursos y/o concesiones extractivas. Dos observaciones encuadran el tema. La primera es que las demandas territoriales encuentran mucho más obstáculos y resistencia cuando incluyen áreas donde se sabe o se sospecha que existen depósitos de hidrocarburos o minerales. La segunda es que no queda claro si las poblaciones indígenas que viven en dichos contextos están necesariamente en contra de la extracción de los recursos bajo su subsuelo. Si bien este puede ser a veces el caso, en otros conflictos parece que lo que se busca es más bien mayor influencia sobre cómo se da la extracción, cómo sus beneficios son distribuidos y cómo será gobernado el ciclo de vida del proyecto. Más aún, el trabajo etnográfico sugiere que las poblaciones locales con frecuencia no tienen un solo punto de vista al respecto.

Por lo tanto, un tema crítico, sobre el que parece que hay más declaraciones generales que estrategias específicas, es si pueden, y cómo, co-existir proyectos territoriales indígenas y proyectos extractivos, y que significaría dicha co-existencia para los procesos de consulta, gobierno y repartición de ganancias. Una cuestión relacionada es, asumiendo que se pueda definir un punto final “de tipo ideal”, qué significaría para las estrategias de negociación por parte de los pueblos indígenas y sus aliados, y qué significaría para re-trabajar diferentes entidades de legislación que gobiernen el subsuelo, la superficie, y los derechos indígenas en formas que estas leyes puedan ser complementarias y consistentes entre ellas. No es claro que existan ejemplos de mejores prácticas sobre este punto, pero organizaciones que ha dedicado cuidadoso razonamiento sobre este tema podrían ser la Defensoría del Pueblo, IBC, Oxfam America y potencialmente Aidesep en Perú, y PCN en Colombia.

5. Derechos humanos, criminalización de la protesta, seguridad

La discusión CLPI es también la manifestación de una problemática mayor de la relación entre economía extractiva y los derechos humanos. Ciertamente, un número significativo de actores de la sociedad civil que se han involucrado en temas de industrias extractivas tienen antecedentes en derechos humanos (por ejemplo, SER, FEDEPAZ, la Coordinadora de Derechos Humanos en Perú; INREDH, CEDHU y CDES en Ecuador, CEJIS y CEADESC en Bolivia). Los temas de derechos que surgen son muchos – derechos a consulta, a ambientes limpios, a participación, a seguridad corporal, a la vida, a asociación a protesta. Como se sugirió en la sección de contexto, hay muchos que sienten que la expansión de la extracción ha llevado a la reducción de un número de estos derechos y a que autoridades centrales y ejecutivos hayan aprobado dicha reducción – aunque con frecuencia basándose en que si la protesta fuese a bloquear la extracción (y así el ingreso que generaría) a su vez infringiría los derechos sociales y económicos de otros ciudadanos que de otra forma serían beneficiarios de gasto gubernamental creciente (ver Morales citado anteriormente).

Un tema particularmente significativo es la seguridad. Los activistas frecuentemente enmarcan esto como la privatización de la seguridad junto con la criminalización de la protesta. Algunas legislaciones nacionales, y el trabajo de fiscales en Perú y Ecuador apuntan a dicha criminalización de la protesta. Queda poco claro si la privatización de la seguridad es la mejor forma de abordar lo que está sucediendo, pero los conflictos de la industria extractiva –dado su propensión a hacerse violentos- han levantado el tema sobre qué fuerzas de seguridad nacional deberían defender principalmente y dónde radica el límite entre actividad criminal directa e indirecta. Estos temas se encuentran al centro de la naturaleza del estado contemporáneo en la región. Sin embargo, uno siente que no han sido trabajados sistemáticamente – este es un debate que opera más en el


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campo de la denuncia que del análisis. Esto puede ser debido a que es un debate especialmente sensible y peligroso verse involucrado en él. Sin embargo es crítico.

6. Acuerdos de libre comercio y regulación de la extracción

Un tema de creciente importancia en la región es la agrupación de la regulación sobre el sector extractivo con los tratados de libre comercio que se han firmado con los Estados Unidos, Canadá y otros países. Las compañías cuyos proyectos se han visto estancado debido a protestas sociales sostenidas que han llevado a gobiernos a cancelar concesiones o a introducir moratoria sobre la extracción han amenazado con usar las disposiciones de los TLC para demandar a los gobiernos de América Latina. Esta es una amenaza vigente de una empresa canadiense que ha perdido un proyecto en Puno, Perú, mientras que en El Salvador (obviamente fuera de nuestra región) hay actualmente dos casos que han sido llevado por compañías de EEUU y Canadá ante ICSID. Este mecanismo sigue siendo pobremente entendido en la región, como lo son las condiciones en las cuales las empresas tienen más o menos probabilidades de ganar estos casos. Es muy posible que haya un cambio hacia regulaciones más estrictas, algunos de los cuales serán aplicados ex post (por ejemplo, luego de que los proyectos hayan progresado), generarán más dicho litigio. Esta es un área donde se requiere mucho conocimiento previo (para referirnos a un punto anterior en esta sección).

7. Minería en pequeña escala, informal y artesanal

La gran parte de la actividad de la sociedad civil y de la sociedad organizada, y ciertamente del debate público y de la investigación académica, ha estado orientada hacia la minería en gran escala y los retos que ésta presenta para la democracia, medioambiente y desarrollo. Ciertamente, este documento refleja este sesgo. Sin embargo, también hay un sector de pequeña minería muy significativo y poco entendido en cada país. Estas son las cooperativas en la sierra boliviana, la pequeña minería en la sierra peruana y en la ceja de selva, y la pequeña minería en Loja, Zamora-Chinchipe, El Oro y Morona Santiago en Ecuador. Estas actividades son poco entendidas – en términos de políticas, sus interrelaciones con economías ilícitas, el volumen de impuestos que no pagan y su organización interna. Es generalmente aceptado que tienen implicaciones nefastas para el medioambiente, seguridad laboral y derechos humanos. El sector informal es también importante desde el punto de vista del discurso, ya que con frecuencia es utilizado para tratar y desacreditar críticas a la gran minería, como cuando los simpatizantes de la gran minería preguntan por qué las ONGs o los investigadores no enfocan su atención a la minería informal, dado que es una fuente más grande de contaminación que la minería a gran escala. Las organizaciones que realizan algún trabajo sobre minería informal y ea pequeña escala son Cooperación en Perú y Cedla en Bolivia.

8. Modelos post extractivistas y macro desarrollo

Finalmente, hay una discusión aun insipiente pero creciente en la región sobre “post extractivismo”. Esta discusión busca entender cómo sería una transición hacia una economía post-extractiva en los Andes. La discusión ha sido más efectiva en polemizar la extracción e imaginar alternativas que en explorar las condiciones políticas de la posibilidad para post-extractivismo. Sin embargo, esta discusión ganará atención con el tiempo – entre otras cosas debido a que permite conectar la discusión sobre la extracción con discusiones sobre mitigación de cambio climático, pero también porque involucra algo de los pensadores críticos líderes en extracción en la región (Alberto Acosta, José de Echave, Eduardo Gudynas, Carlos Monge, Jurgen Schultz, etc.) Aquí, las organizaciones claves son CLAES en Uruguay y la Red Peruana por una Globalización con Equidad.


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En esta escala macro, otros dos temas merecen atención. Uno es la movida por parte de Ecuador y Bolivia para aumentar el rol del estado en la regulación económica del sector – sea esto a través de “nacionalización”, cambios en los acuerdos fiscales o la creación de empresas estatales. Mientas que son importantes en términos de discursos de política popular, estas opciones dejan muchos detalles sin desarrollar y, según algunos, pueden hacer poco más que dar cobertura a programas que seguirán viéndose muy parecidos a aquellos del pasado. El otro tema que merece mayor atención es comprender la relación entre inversiones EI y el programa en marcha de inversiones en infraestructura a gran escala en la región, particularmente bajo los auspicios de IIRSA. Una vez más, se dicen cosas con relación a las sinergias entre estos dos procesos pero se necesita más trabajo para hacer explícito y, luego, entender los nexos actuales involucrados.


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ANEXO

Figure 1. The growth of mining claims in Peru, 1990-2007

Peru Mining Claims 1990-2007

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Th

ou

sa

nd

s

Total Claims-29,417 (79% of all Mining Claims); Total Hectares-13,723,347 (89% of All Mining Claims)

He

cta

res

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8000

Fre

qu

en

cy

Size of Claims # of Annual Claims

Figure 2Geographies of mining (left) and hydrocarbon (right)

concessions in Peru, 2008/9

Figure 3:Hydrocarbon concessions and contracts, western AmazonSource: courtesy of Matt Finer, Save America’s Forests,

Figure 4: Hydrocarbon lots, Colombia, 2010(Source: courtesy of Jeff Bury, University of California)

Figure 5Indigenous Territories and Mining in ColombiaSource: North South Institute, 2002

Figure 6: Expansion of mining concessions, pre-1990-2008, Norther Peru and Cajamarca

Source: Bebbington and Bury, 2011

Figure 7: Extractive industries share in GDP, 1990-2007 (Hinojosa, 2010 – TCD-Andes)

Figure 8: Extractive industries share of exports (Hinojosa, 2010 – TCD-Andes)

bebbington procasur paper

Documents

expansin minera

expansin de inversiones

regin andina amaznica

regiones extractivas

nueva extraccin

rpida expansin

primera seccin

nueva fase de expansin