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APORTACIONES

DESDE EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL

VALENTÍN DE FORONDA (UPV/EHU)

A LA PROPUESTA DE

PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA 2013-2016

DE 11 DE JUNIO DE 2013 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PAZ Y CONVIVENCIA

DEL GOBIERNO VASCO

Septiembre 2013

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PRESENTACIÓN

El Instituto de Historia Social "Valentín de Foronda" es una entidad universitaria

creada para promover los estudios de historia social en los distintos niveles de

investigación, publicación de fuentes y estudios, debate conceptual y

metodológico en los que se desarrolla esta disciplina, además de ocuparse de

su divulgación. Para ello promueve la creación de equipos de investigadores y

los encuentros entre especialistas, organiza congresos, simposios, seminarios

y conferencias. En este orden, mantiene contactos estables con los organismos

que se ocupan del mismo campo de actividades en el ámbito de la

historiografía.

El IHSVF reúne a más de una veintena de profesores e investigadores del

Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. Durante los últimos

años una de nuestras líneas de investigación se ha centrado en el estudio de la

violencia política en el País Vasco y especialmente en el de las víctimas

generadas por esta violencia. Para ello este Instituto ha promovido diversos

proyectos, reuniones científicas y numerosas publicaciones que han servido

para dotarnos de una reflexión y una metodología de trabajo que nos permita

analizar el fenómeno de la violencia política dentro de un determinado contexto

histórico.

Es precisamente nuestra experiencia como historiadores la que nos permite

tener una visión crítica del pasado más reciente que se sostiene sobre una

perspectiva científica. Esta visión, en todo caso, es compatible con un profundo

compromiso con la defensa de los valores democráticos y los derechos

humanos. Y es precisamente desde esta doble condición, como

historiadores/as y ciudadanos/as comprometidos/as desde la que realizamos

una serie de aportaciones al texto del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016.

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VALORACIÓN DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA 2013-2016

En nuestra opinión uno de los problemas del Plan de Paz y Convivencia 2013-

2016 reside precisamente en su ambigüedad en aspectos fundamentales. Los

propios objetivos resultan imprecisos. De la lectura del texto parece

desprenderse una clara intención por evitar la identificación de aquellos que

han sido los mayores responsables de los crímenes cometidos durante las

últimas décadas en Euskadi: el terrorismo de ETA y su entorno político y social.

Ciertamente existieron otros fenómenos de violencia política, como el

terrorismo que ejercieron los grupos de extrema derecha y los “incontrolados”–

en muchos casos amparados por el Estado durante los últimos años de la

dictadura franquista y los primeros años de la transición-, bandas como el GAL,

e incluso una violencia policial que vulneró los derechos humanos más

elementales durante ese mismo periodo. Pero creemos sinceramente que las

legítimas y bienintencionadas aspiraciones por conseguir una convivencia

pacífica y por integrar a la mayor parte de sectores políticos en esta nueva

situación no pueden obviar la necesidad de conocer la verdad de lo ocurrido y,

más aún, de identificar la responsabilidad de quienes con sus actitudes y

comportamientos contribuyeron a extender el terror y lo utilizaron como arma o

herramienta para conseguir logros políticos y de otro género.

Durante la presentación del texto y en las numerosas entrevistas que se

realizaron a lo largo del mes de junio de 2013, el Secretario General para la

Paz y Convivencia, Jonan Fernández, se remitió en varias ocasiones a una

idea central: el plan está condicionado por la necesidad de “conciliar a las

cuatro grandes familias políticas de Euskadi (PNV, PSE, PP y EH-Bildu) para

evitar los errores de la Transición”. Según su interpretación, durante este

periodo histórico una de esas grandes familias quedó al margen del proceso.

Cuarenta años después, en una nueva situación marcada por el previsible final

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del terrorismo, no podemos permitirnos que vuelva a repetirse aquella

situación, volviendo a quedar una de esas familias al margen de los acuerdos

necesarios para conformar una sociedad democrática y tolerante. No obstante,

hubiera sido mucho más ajustado a la realidad recordar que la opción política a

que se refería -la que se identifica con el nacionalismo extremista vasco,

nucleado en torno a la formación Herri Batasuna desde finales de los años

setenta del siglo XX-, quedó al margen del proceso democrático tras el final de

la dictadura franquista por su propia voluntad. Y no solo eso. Desde entonces

hasta hace apenas dos años, a través de diferentes denominaciones y marcas

electorales, compartió los objetivos políticos de una organización terrorista

como ETA, justificando una estrategia que acabó con la vida de más de

ochocientas personas y que constituyó el elemento más desestabilizador

contra el propio sistema y valores democráticos. Sin este diagnóstico inicial

resulta complicado, por no decir imposible, llegar a establecer un plan de

actuación que contribuya al “encuentro social” en el País Vasco, tras el final de

la violencia política.

Según aparece en el texto del Plan dos grandes puntos definen su misión

específica: “primero, contribuir a consolidar de modo definitivo e irreversible la

paz; y segundo, promover la mejora de una convivencia social y política,

dañada por una vivencia traumática y sostenida de terrorismo, violencia y

vulneraciones de derechos humanos”. En este sentido, los principios son

irreprochables. Es en el planteamiento y en el proyecto diseñado para articular

esos objetivos donde se observan algunos problemas.

En primer lugar se habla de la voluntad de “impulsar una transición que quiere

ir del profundo malestar social de la violencia y la crispación al bienestar cívico

de la paz y la convivencia”. La utilización de un tipo de lenguaje retórico y

cargado de eufemismos no contribuye en ningún caso a clarificar el diagnóstico

de la situación. El propio uso del término “transición” contribuye a crear una

cierta confusión que puede reforzar las tesis de aquellos que entienden que

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nunca existió una verdadera “Transición política” desde un régimen dictatorial

al democrático. El texto está sobrecargado de un tipo de expresiones más o

menos obvias y tautológicas acuñadas probablemente a partir de otro tipo de

contextos y situaciones que poco o nada tienen que ver con el proceso que se

ha vivido durante las últimas décadas en Euskadi, donde la falta de libertad (y

no solo la existencia de violencia política) ha constituido el problema

fundamental para la convivencia. El propio diagnóstico de la situación está

marcado por este planteamiento. Por ejemplo, en los principios de realidad se

dice lo siguiente: “podemos afirmar con solvencia que este cambio es

irreversible porque no tiene vuelta atrás viable ni sostenible”. Ciertamente la

realidad ha cambiado de forma radical con la desaparición del terrorismo, pero

plantear esta situación como irreversible no deja de ser un ejercicio de

voluntarismo, sobre todo cuando ETA ni se ha disuelto aún ni ha entregado las

armas. Se afirma incluso que “el uso de la violencia, el terrorismo o el recurso a

cualquier vulneración de derechos humanos están social y políticamente

desautorizados de modo inapelable”. Se trata más de un deseo que de una

realidad, porque quien ha violado de forma sistemática el más elemental de los

derechos, el de la vida, no ha rechazado aún el uso que se hizo de esa

violencia como estrategia para conseguir unos fines políticos. Hasta el

momento lo único que se ha rechazado, -nos referimos a Sortu, y a sus

estatutos-, ha sido el posible y futuro recurso a la violencia, pero no el pasado,

sobre el que la denominada izquierda abertzale tiene una enorme

responsabilidad. Es decir, no existe una condena, ni siquiera realmente una

revisión crítica de su pasado, como ha podido observarse en las numerosas

manifestaciones realizadas por sus líderes y portavoces.

En cuanto a los principios expuestos en el diagnóstico de la situación estamos

de acuerdo con la necesidad de establecer un deber de clarificación sobre el

pasado. Pero clarificar significa “hacer que algo sea más fácil de entender”,

(según una de las interpretaciones de la RAE: “Aclarar algo, quitarle los

impedimentos que lo ofuscan”); en suma: explicar. Y esa explicación precisa de

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un estudio de cada contexto histórico. La apelación a “los contextos

victimológico y criminológico, sin mezclar, comparar, compensar o atenuar de

gravedad intrínseca de cada vulneración…” elude, creemos que de forma

intencionada, la búsqueda de las raíces de la violencia y de las

responsabilidades en que incurrieron los victimarios. No se trata únicamente de

clarificar los hechos, los crímenes cometidos, sino de explicar por qué

sucedieron, qué contextos los ampararon, quiénes los jalearon y compartieron

con ello la responsabilidad moral de esas vulneraciones de los derechos

humanos. Cada acto criminal tuvo lugar en un determinado contexto y tuvo una

determinada respuesta social o política (por activa o por pasiva, porque el

silencio también fue una forma de respuesta) y todo ello debe ser explicado.

Sin este necesario proceso los principios de “Justicia, Verdad y Reparación”

serán papel mojado. Contemplar cada crimen y cada víctima únicamente desde

el plano ético o moral es insuficiente, y no solo para los profesionales y

estudiosos de la historia, sino para las propias víctimas, porque estos crímenes

respondieron a una estrategia política con unos objetivos claros: la imposición

de un determinado proyecto y la persecución hasta la eliminación física de

quienes se opusieron a él o lo obstaculizaban por activa o por pasiva.

Algunas de las afirmaciones expresadas en el texto resultan tremendamente

inapropiadas y no creemos que se deba a una redacción apresurada, sino todo

lo contrario, a una redacción calculada para evitar pronunciarse abiertamente

sobre aspectos fundamentales. Un ejemplo de ello: “Muchas personas han

padecido mucho y todavía siguen haciéndolo. Lo que hagamos o dejemos de

hacer puede contribuir a paliar, reducir o superar los sufrimientos de personas.

Nuestra acción política concertada puede contribuir a una vida mejor y a un

sufrimiento menor de personas concretas. Esta es una referencia de valor

superior en este momento”. Ni siquiera se habla directamente de víctimas. Se

diluye ese concepto que remite a una realidad histórica, por el más genérico de

“muchas personas han padecido mucho”, abstrayéndose de las circunstancias

en las que esas personas han sufrido y por qué lo han hecho. Y en el párrafo

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siguiente dice “Se trata del factor humano”. No se trata del factor humano, o no

únicamente del factor humano, fundamental, por supuesto. Se trata de una

circunstancia política y de la elección consciente o no llevada a cabo por

muchos individuos en estos pasados años. Un planteamiento de este tipo nos

lleva a una suerte de psicologización del sufrimiento que despoja al crimen de

su componente político; o peor, a una inevitabilidad de la acción que exime de

responsabilidad a los victimarios y que conduce la razón de las víctimas al

absurdo, a “la mala suerte”.

En cuanto al deber de conciliación coincidimos en lo expuesto en el Plan

cuando se afirma que se deben dar los pasos para promover la desaparición

total de la violencia y consolidar definitivamente la convivencia. Pero esos

pasos sobre todo -ante todo- deben darlos quienes han ejercido y/o apoyado la

violencia. El resto de la sociedad que no participó de esa estrategia violenta y

las instituciones democráticas que aguantaron su ataque pueden facilitar que

se den esos pasos necesarios, pero éstos corresponden a quienes tuvieron la

responsabilidad directa en el ejercicio y justificación de esa violencia. En este

sentido ciertamente deben crearse las condiciones necesarias para consolidar

un espacio que facilite que todas las tradiciones políticas de este país –o

incluso otras fuerzas que puedan surgir- tengan la oportunidad de expresarse

libremente y desarrollar su proyecto, pero los límites deben estar muy claros y

éstos no se definen únicamente por un rechazo a una violencia futura sino por

el rechazo absoluto a la violencia que se ejerció o amparó en el pasado.

Sobre las bases del proyecto, entendemos que se ha hecho un importante

esfuerzo por buscar un lenguaje y unos conceptos que resulten útiles a la vez

que respetuosos con las diferentes sensibilidades políticas y con las víctimas.

Se ha desechado el término reconciliación -algo que nos parece acertado

porque una víctima no tiene por qué reconciliarse con su victimario- y se ha

elegido otro concepto, el del encuentro o el reencuentro. No nos parece el más

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adecuado, aunque se califique de democrático, porque no creemos que refleje

exactamente el objetivo que debe tener un plan de estas características.

En cuanto a los objetivos del Plan echamos en falta dos aspectos

fundamentales:

1) El rechazo y deslegitimación de la violencia ejecutada o justificada del

pasado.

2) El rechazo de cualquier tipo de estrategia para reescribir la historia

desde postulados revisionistas, negacionistas o justificativos, un aspecto

sobre el que volveremos más adelante.

Dentro de la estrategia diseñada coincidimos con los criterios generales

expuestos en el Plan y especialmente con aquellos que se sustentan sobre

principios éticos y democráticos homologables a los estándares

internacionales. Más problemas nos plantea el tema de los “microacuerdos”. El

ejemplo elegido nos parece significativo, porque siendo cierto que el

parlamento vasco acordó el 22 de febrero de 2013 la realización de una

ofrenda floral conjunta en memoria de Fernando Buena y Jorge Díez,

asesinados por ETA, EH-Bildu sigue sin condenar ni rechazar explícitamente el

uso de la violencia que justificó la izquierda abertzale durante décadas. Las

exigencias de las fuerzas democráticas -y en este caso de las instituciones-

deben ser mucho más estrictas.

Por lo que concierne a los ejes e iniciativas del Plan, nos parecen adecuadas;

será su desarrollo el que marque la idoneidad de las mismas. Pero si nos

centramos en el eje 1., el referido al Pasado, presenta una serie de iniciativas

que merecen algún comentario. La primera se centra en “la realización de un

informe de constatación de vulneraciones de Derechos Humanos y actuaciones

derivadas de las mismas”. Entendemos que el citado informe se refiere al

presentado en junio de 2013, que cubre el periodo comprendido entre 1960 y

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2013. Tras una lectura del mismo, en primer lugar nos sorprende la ausencia

de algún/a historiador/a entre el equipo que ha elaborado el informe.

Entendemos que se trataba de realizar una investigación sobre diversas formas

de violencia política que tuvieron lugar en Euskadi en aquel periodo y sobre las

víctimas que generaron. Por ello, nos parece que se debería haber contado

con profesionales de la historia y sobre todo con especialistas en el tema. Su

participación hubiera proporcionado al estudio una perspectiva y una

metodología de trabajo más rigurosa (contraste de fuentes primarias y

secundarias, contextualización y análisis de las diversas tipologías de la

violencia política, etc.) Al carecer el informe de un imprescindible estudio sobre

el contexto y sobre las circunstancias que rodearon a cada fenómeno el

resultado es claramente insatisfactorio. Todo queda reducido a una mera

enumeración de datos y casos de vulneraciones de derechos humanos. A

pesar de sus buenas intenciones y de afirmar de forma tajante su voluntad de

no equiparar violencias y víctimas (“esta clasificación no debe inducir a

equiparaciones, comparaciones o compensaciones de vulneraciones de signo

o naturaleza diferentes”), el resultado puede dar la impresión de todo lo

contrario. El citado informe toma como base el elaborado por la Dirección de

Derechos Humanos en el año 2008, que ha sido rebatido por su escasa

fiabilidad por especialistas e historiadores universitarios y que tiene una

marcada tendenciosidad. La presentación de unos datos fríos, sin

interpretaciones ni análisis de los contextos, sin una aproximación rigurosa a

los fenómenos que se reflejan en el informe, puede llevar a la falsa idea de una

violencia ejercida por dos bandos enfrentados entre ellos en igualdad de

condiciones y responsabilidades. El fenómeno de la violencia desde el punto

de vista histórico es mucho más complejo y necesita de otro tipo de tratamiento

mucho más riguroso en nuestra opinión. Ciertamente se afirma que el informe

es una primera aproximación y que puede ser el origen de investigaciones.

Esperamos sinceramente que sea así y que se corrijan las carencias

señaladas.

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En cuanto al desarrollo de los proyectos del Instituto de la Memoria y la

Convivencia y del Memorial de las Víctimas del Terrorismo creemos que es

necesaria una reflexión. Hace algunos meses entregamos a esta Secretaría

General de Paz y Convivencia a través de la Dirección de Derechos Humanos

un informe sobre las actividades desarrolladas por nuestro Instituto donde

expresábamos una serie de reflexiones que podrían aplicarse a ambos

proyectos. Entonces decíamos lo siguiente:

En el País Vasco, el empleo de la fuerza durante el siglo XX para tratar de

imponer unos determinados proyectos políticos ha traído profundas

repercusiones sociales, morales, culturales, económicas y políticas. Las

víctimas de la violencia política (desde las de la guerra civil y la represión

franquista hasta las del terrorismo y las derivadas de los abusos policiales

cometidos durante la Transición) encarnan el testimonio más explícito de esas

consecuencias. Mantener su memoria resulta crucial para profundizar en la

construcción cívica de la ciudadanía vasca. Esto, lejos de ser una inquietud

meramente local, está vinculado con la atención que se viene prodigando hacia

los costos humanos de los totalitarismos en el siglo XX. Prueba de esta

tendencia internacional son los memoriales dedicados al Holocausto en países

como Alemania, Hungría, Polonia o Israel, la apertura al público de los archivos

de los regímenes comunistas o la erección de monumentos en recuerdo de los

asesinados durante la última dictadura argentina. El ejemplo más próximo es el

Memorial Democràtic, impulsado por la Generalitat de Catalunya, y el más

reciente ha sido la inauguración de un memorial dedicado a las víctimas de los

atentados del 11-S en Nueva York.

Somos consientes de que esta corriente mnemónica agita temas

controvertidos, sobre los que es complicado llegar a consensos y que pueden

ser utilizados de forma partidista. Ello no es tanto un obstáculo cuanto un

acicate para avanzar en la investigación. Autores como Tony Judt, Ian Buruma

o Enzo Traverso han desvelado las diversas maneras como se ha recordado la

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Segunda Guerra Mundial desde su final hasta hoy en día. Así, se han

confrontado las primeras y consoladoras historias nacionales de resistencia

frente a un “otro” externo con la más reciente colocación del genocidio judío en

el centro de la atención. Esto último implica el reconocimiento de un hecho

incómodo: la contemporización de una parte de la población europea con la

Shoah. Nuestra contribución científica al punto que aquí nos ocupa se inserta

en la línea historiográfica que han divulgado, entre otros, los mencionados

autores.

Atender a las víctimas de la represión franquista, del terrorismo y de los abusos

policiales en Euskadi -lo que incluye el olvido de que han sido objeto por parte

de diferentes agentes políticos y sociales- nos acerca a algunas de las grandes

preguntas de la profesión de historiador. Entre ellas podemos destacar la

incorporación de las subjetividades a los relatos que elaboramos, el juego entre

historia y recuerdo (que encaja con la llamada memoria histórica, tan en boga

en España en los últimos tiempos) o la temporalidad de procesos todavía

abiertos, que continúan teniendo una honda influencia sobre las esferas política

y cultural.

Concretamente, la memoria de las víctimas de la violencia política ha adquirido

en Euskadi una creciente atención mediática desde la fecha del “cese definitivo

de la actividad armada” declarado por ETA, la organización terrorista que

mantuvo su actividad sangrienta hasta octubre de 2011. Estamos, por tanto,

ante un debate candente en el que, como historiadores preocupados por

nuestra utilidad social, venimos participando desde hace ya varios años y al

que, desde los métodos que nos son propios, podemos aportar diversas

claves, como una adecuada contextualización y conceptualización. Para ello

hemos ido abordando una batería de cuestiones, entre las que subrayamos las

siguientes: ¿Hay relación entre la Guerra civil, el franquismo y el terrorismo en

el País Vasco? ¿Qué es la violencia política y, más específicamente, el

terrorismo? ¿Quiénes son sus víctimas? ¿Por qué prendió en la Euskadi de las

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últimas décadas? ¿Qué papel ha jugado un determinado sector de la sociedad

vasca en la comprensión y/o apoyo del terrorismo? ¿De qué manera

integramos en el relato histórico a los damnificados por abusos

policiales/parapoliciales? ¿Qué significados atribuyeron los diferentes agentes

políticos y sociales a todo ello?

El previsible final de ETA ha abierto un nuevo periodo histórico para la

sociedad vasca y ello ha obligado a aquellos sectores que ampararon, e

incluso jalearon el terrorismo durante años, a proceder a una reelaboración del

relato de lo sucedido durante las últimas cuatro décadas en este país para

“explicar” -es decir, justificar- la existencia del terrorismo como una

consecuencia inevitable de la Guerra civil y de la represión franquista. En este

discurso la equiparación de las víctimas constituye un argumento fundamental

para evadir las responsabilidades políticas y morales de un significativo sector

de la sociedad vasca. Y para ello se ha abierto un verdadero “combate por la

memoria” donde ésta, además, es empleada para evitar la historia, para huir de

los análisis rigurosos del pasado. En este sentido, una de nuestras principales

preocupaciones consiste en deconstruir las narrativas que equiparan a las

víctimas del terrorismo con sus victimarios, insertándolos indistintamente bajo

el paraguas de un “conflicto” entre dos bandos. Un “conflicto” ambiguo en el

que todos habrían cometido excesos y padecido sufrimientos, y en el que, por

tanto, todos serían víctimas y agresores a la vez. Esta versión de los

acontecimientos resulta insostenible desde el punto de vista de la investigación

histórica académica, pero ha ganado un cierto peso entre un determinado

sector de la sociedad y de la política vascas. En unos casos, esta percepción

viene alentada por un claro objetivo de difuminar la importante responsabilidad

que tuvieron en la persistencia de la violencia política y especialmente del

terrorismo. En otros, sin embargo, se trata de una percepción bienintencionada

a favor de superar un pasado que ha resultado devastador para una parte

importante de esa misma sociedad; una percepción que invoca pasar página y

mirar hacia delante en aras de una “reconciliación y una convivencia pacíficas”.

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Sin embargo, aunque compartimos esos últimos objetivos, solo podremos

conseguirlos plenamente conociendo la verdad de lo ocurrido,

comprendiéndola y recuperando y reconociendo la memoria de aquellas

personas que sufrieron injustamente.

Todas estas preocupaciones han sido otro factor que ha llevado a nuestro

Instituto a profundizar en un estudio riguroso sobre las víctimas y su memoria

en el que éstas queden insertas en su contexto histórico, y se atienda, por

tanto, a la situación histórica bajo la que padecieron el terror. Y es por ello que

partimos de nuestra experiencia acumulada durante más de diez años en

diversas investigaciones centradas en la guerra civil, el franquismo y la

represión que se desencadenó durante aquellos años para establecer las

diferencias que existen entre estos fenómenos anteriormente citados y el

terrorismo. Solo desde el estudio riguroso será posible un conocimiento de

nuestro pasado más reciente que termine con visiones sesgadas de la realidad

y con interpretaciones interesadas de nuestra historia.

Frente a posibles simplificaciones, y frente a la tendencia a establecer simetrías

entre presuntas violencias opuestas, desde nuestro Instituto de investigación

hemos venido recalcando, entre otras cosas, la especificidad del terrorismo

etarra, la cual es perceptible en tres aspectos relacionados: su intensidad, su

prolongación en el tiempo y la naturaleza política de su desafío armado. Los

debates que surgen de todo esto, lejos de hacer referencia únicamente a la

experiencia más reciente del terrorismo en Euskadi, se insertan en discusiones

de amplio calado. Primero, sobre la “excepcionalidad” de la historia

contemporánea vasca y española (poniendo en cuestión la misma a la luz de la

comparación con otros casos internacionales). Y segundo, sobre lo que el

historiador Juan José Carreras denominó la “gran nivelación” de las violencias

en contextos de enfrentamiento armado en el siglo XX, como la guerra civil.

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Teniendo en consideración todo lo anterior entendemos que tanto el proyecto

del Instituto de la Memoria y como el del Memorial de las Víctimas del

Terrorismo, deberían contar con la participación de profesionales de la historia

capaces de analizar, explicar y difundir correctamente los diferentes fenómenos

que allí se representan. Ello no es incompatible, por supuesto, con la presencia

de otro tipo de relatos, como los de los diferentes colectivos y asociaciones de

víctimas, que creemos imprescindible para lograr los consensos necesarios y,

sobre todo, para responder a su demanda de Verdad, Justicia y Reparación.

Más problemática resulta la incorporación de movimientos de carácter

memorialista, que en muchas ocasiones y sobre todo en estos momentos en

Euskadi, aparecen claramente escorados hacia las tesis del nacionalismo

radical vasco, en un intento por reescribir la historia de lo ocurrido durante los

últimos cincuenta años. La presencia de su “relato” en cualquiera de los dos

organismos constituiría, primero, una humillación para las víctimas y segundo,

una clara tergiversación del pasado que estaría encaminada a la elaboración y

difusión de una narrativa justificadora de sus actitudes y comportamientos, y de

su anterior condición de victimarios (o de cómplices necesarios de éstos).

En cuanto al “apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo”

entendemos que aunque existen numerosas iniciativas parlamentarias y una

legislación que está contribuyendo positivamente sobre este tema, todo lo que

se pueda seguir haciendo en este sentido será bienvenido. En nuestra opinión

y por lo que llevamos trabajado, una especial atención merecen los casos de

las primeras víctimas del terrorismo de los años setenta y ochenta que en

muchas ocasiones quedaron claramente desatendidas. Al mismo tiempo existe

un importante colectivo de alrededor de 300 víctimas mortales provocadas por

la banda terrorista ETA de los que siguen aún sin esclarecerse los hechos de

violencia sufridos. También es necesario recordar diversos casos de

desaparecidos que siguen sin resolverse. Evidentemente se trata de una

responsabilidad que no compete al Gobierno Vasco ni a la Secretaría de Paz y

Convivencia, sino a la policía, los jueces y sobre todo a quienes fueron sus

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responsables, es decir, sus asesinos, pero sería conveniente recordar esta

cuestión, tenerla en consideración y hacer todo lo posible para el

esclarecimiento de estos crímenes.

Sobre el reconocimiento y reparación a otras víctimas sin amparo en la actual

legislación estamos de acuerdo. Por nuestra experiencia en diversas

investigaciones sabemos de la existencia de numerosas personas que

sufrieron los terribles abusos policiales durante los últimos años de la dictadura

franquista y los primeros de la transición. Compartimos en este sentido los

objetivos y las acciones que se están poniendo en marcha, y más en concreto

el trabajo de la Comisión de Evaluación para los casos de víctimas de violencia

policial. Entendemos que se trata de un acto de justicia.

En cuanto a la investigación y acción sobre los posibles casos de tortura, dada

la peculiar naturaleza de los actos, entendemos que deben ser documentados

debidamente, atendiéndose con rigor todos los criterios y protocolos de los

organismos internacionales. Ciertamente organismos internacionales

competentes como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el

Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y organizaciones no

gubernamentales de acreditada solvencia e independencia como Amnistía

Internacional o Human Right Watch han expresado de forma reiterada su

preocupación por la existencia de casos de tortura en España durante las

últimas décadas, como recuerda el Plan de Convivencia. Habrá que investigar

cada caso de forma individualizada, atendiendo al rigor que merece el estudio

de esta práctica y siendo conscientes de que su denuncia formó parte también,

en no pocas ocasiones, de una determinada estrategia por parte de los

victimarios.

En todo caso habrá que ser especialmente cuidadosos, tanto en este como en

otros ámbitos de la cooperación con la Unión Europea o con la Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –como se

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propone en el Plan-, con el fin de evitar posibles manipulaciones sobre la

experiencia vivida en el País Vasco durante los últimos cincuenta años.

Debemos ser conscientes de que buena parte de quienes fueron responsables

de las mayores violaciones cometidas contra los derechos humanos pretenden

“internacionalizar” el final de la violencia para seguir apuntalando su particular

versión del pasado –y su justificación de los crímenes que se cometieron- como

consecuencia inevitable de un “conflicto político entre Euskal Herria y el

Estado”.

Sobre la contribución compartida con las universidades vascas, el Instituto

Universitario de Historia Social Valentín de Foronda está abierto a colaborar

activamente dentro del plan de iniciativas que el Gobierno Vasco suscriba con

la UPV/EHU. La amplia experiencia en el estudio de la historia contemporánea,

incluidos los distintos fenómenos de violencia política que se han vivido el País

Vasco a lo largo de los últimos cien años, constituyen, a nuestro juicio, un

importante aval en este campo.

Con respecto al denominado Compromiso Social de la Ertzaintza por la

Convivencia y los Derechos Humanos, creemos sinceramente innecesaria esta

iniciativa, que además, puede ser percibida como una concesión al mundo

radical que ha justificado durante años el acoso a la Policía Autónoma Vasca.

Marcar como objetivos “la renovación y el refuerzo del compromiso con la

Ertzaintza con los principios, valores, libertades y derechos democráticos”, o

“profundizar en el compromiso de servicio y en la identificación de este cuerpo

con la sociedad vasca” nos parece un exceso injustificable porque viene a

manifestar que ese compromiso no ha existido hasta este momento, cosa que

no tenemos por tal. Como cuerpo policial la Ertzaintza no debe estar exenta de

la crítica y de los pertinentes controles y sanciones cuando se observen

actuaciones desproporcionadas o abusos que atenten contra los más

elementales derechos humanos, pero salvo en casos muy excepcionales,

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entendemos que la Policía Autónoma Vasca se ha atenido escrupulosamente a

la ley.

Como profesores e investigadores especialistas en la historia contemporánea

del País Vasco manifestamos una importante preocupación por cuantas

acciones se articulen en este Plan relacionadas con la educación. Entendemos

que esta última debe constituir una de las piedras angulares en la construcción

de una sociedad democrática, sobre todo tras una experiencia como la que

hemos vivido, donde la justificación de la violencia como instrumento político o

la banalización del dolor de las víctimas han marcado el devenir de varias

generaciones.

En principio los planteamientos que se expresan en el texto nos parecen

adecuados. Lo expuesto no deja de ser un borrador de objetivos e iniciativas

que tendrán sentido cuando se llenen de contenidos y actuaciones tangibles

más allá de ser aún una declaración de intenciones. Sería muy recomendable

continuar el trabajo que comenzó a desarrollarse con el anterior Departamento

de Educación. El traslado del testimonio de las víctimas a los centros

educativos constituye en nuestra opinión un elemento fundamental de

sensibilización de los más jóvenes, como ha demostrado la experiencia

positiva. El testimonio de las víctimas puede ayudar a los/as alumnos/as a

comprender y compartir la situación que aquellas tuvieron que soportar.

En definitiva, a pesar del importante esfuerzo que se ha realizado en la

elaboración de este Plan de Paz y Convivencia a nuestro juicio hay aspectos

muy importantes que deben revisarse. Los más notables se basan

precisamente en el propio objetivo de esta iniciativa. El texto resulta demasiado

ambiguo. Pese a lo manifestado como capítulo de intenciones, el pasado, la

difusión veraz de lo ocurrido, no parece tener un peso específico en el Plan. Se

ha optado por la búsqueda de un tipo de lenguaje que induce a pensar más en

otros aspectos como el encuentro social (o el reencuentro) sin aclarar

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verdaderamente entre quién o entre quiénes debe producirse ese encuentro

(¿entre toda la sociedad?, ¿entre víctimas y victimarios?, ¿entre las diversas

familias políticas del país?). Como historiadores percibimos que puede

buscarse de forma bienintencionada una cierta verdad acomodaticia, una

verdad neutra, es decir, una no verdad, que pretende contentar a todos los

sectores sociales y políticos del país. Pretensión por lo demás vana e

imposible, pues la contundencia de lo acaecido en Euskadi impide esa versión

blanda, esa suerte de desmemoria.

En el plan se declara en varias ocasiones la intención de no equiparar

violencias, sufrimientos ni víctimas, pero por esa misma razón en el texto no

queda claramente de manifiesto la primacía y responsabilidad a la hora de

señalar el causante del horror vivido en Euskadi. Son un conjunto de elementos

(terrorismo, violencia, etc.), situados en el mismo plano, sin gradaciones, donde

las responsabilidades parecen equipararse a pesar de lo apuntado. Es el juicio

moral lo que vale y, por lo tanto, no parece importar el contexto, ni los hechos

políticos, ni, en definitiva,… la historia, que tanto nos ayudaría a comprender lo

sucedido.

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