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Ciudad y programas de hábitat Campus de la Universidad de General Sarmiento J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Malvinas Argentinas, prov. de Buenos Aires. instituto del conurbano Presentación Información y comunicación: [email protected] INFO-HÁBITAT - Instituto del Conurbano - Universidad Nacional de General Sarmiento. Calle Juan M. Gutiérrez 1150 - CP B1663GSX - Los Polvorines - Provincia de Buenos Aires - Argentina. / (+54 - 11) 4469 - 7752. SEMINARIO 4 y 5 de diciembre de 2008 Convoca y organiza: Equipo organizador: Colaboradores: Tomás Calello, María Cristina Cravino, Juan Pablo del Río, Juan Ignacio Duarte, Raúl Fernández Wagner, María Graham, Valeria Mutuberría, María Rosa Silva, Omar David Varela y Marcela Vío Clarisa Bettatis, Ana María Cravino, Inés Fernández, Mariano García Colinas y Morena Corvaglia. Se prevé un transporte desde el centro de la ciudad al lugar del evento. La política habitacional argentina a partir de 2004 se caracteriza por la construcción masiva de viviendas, buscando como objetivos la reactivación económica y la consecuente generación de empleo formal. El Programa Federal de Construcción de Viviendas es el instrumento de esa política y aglutina un conjunto de programas con diferente carácter, planteándose metas por etapas. La primera se proponía realizar unas 120 mil viviendas en todo el país, de las cuales se proyectaba construir unas 38 mil en el AMBA. La segunda etapa espera construir 300 mil viviendas en todo el país, de las cuales un tercio se ubican en la región. Del cambio en cuanto a la escala en la construcción de viviendas, un buen ejemplo es lo que ocurre en los 24 partidos del Gran Buenos Aires. En estos distritos habitan unos 9 millones de habitantes en 2,5 millones de hogares, de los cuales más de 500 mil habitan viviendas en condiciones deficitarias. En los 10 años comprendidos entre 1994 y 2003, por medio del FONAVI se construyeron 4.731 viviendas, es decir un promedio anual de 473 viviendas. Con lo cual a partir de 2005 la dinámica se modifica sustancialmente y por lo tanto el impacto cobra alta relevancia. La idea de “impacto” no puede ser pensada sólo en términos cuantitativos, sino en las transformaciones que implica en las dimensiones sociales, económicas, urbanas, políticas y simbólicas. A su vez, se encuentran en implementación programas anteriores al 2004 como el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba) o el Programa de Emergencia Habitacional (conocido como “Techo y Trabajo”), más otros como el “Agua más trabajo”, construcción de Centros de Integración Comunitaria (CIC) y los que continúan al Programa Arraigo que tienen intervención en el hábitat. Es decir, no solamente se construyen viviendas, sino que se provee de infraestructura, equipamiento comunitario, etc. Por lo tanto, se intentará analizar las políticas publicas, las condiciones urbano- ambientales de las distintas ciudades argentinas, las formas de hábitat popular, las experiencias organizativas, las articulaciones Estado- Sociedad en función de las experiencias, las instancias de participación, las prácticas de las empresas constructoras, las modalidades de implementación de los programas, las formas de provisión de infraestructura y mejoramientos, las representaciones sociales en relación al hábitat, las lógicas de actuación de los actores involucrados, los supuestos teóricos de las políticas, etc. Creemos que es necesario un debate acerca de qué ciudad se deriva de las múltiples acciones del Estado y qué procesos se generan desde las organizaciones sociales, los cambios en la gestión municipal y las acciones de las empresas constructoras. El tema del hábitat se encuentra, por lo tanto, en un lugar prioritario de la agenda del Estado, mientras se reavivan y resignifican demandas históricas de los sectores populares por mejores condiciones de vida urbana. Esto motivó a que, por un lado, numerosos investigadores formados o jóvenes adoptaran como objeto de estudio la cuestión urbana y por otro, se generaron una acumulación de experiencias de organizaciones y municipios, que ameritan un espacio de intercambio de opiniones, conocimiento mutuo y crítica colectiva. Fotos gentileza Eduardo Reese

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Hacia mediados de 2000 se sanciona en legislatura porteña la Ley 341 de "autogestión del hábitat"; algún tiempo más tarde, esta ley era normada por la Ley 964, creando el Programa de Autogestión de la Vivienda (PAV) del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. A diferencia de la mayoría de los programas habitacionales, el PAV admitía la posibilidad de que organizaciones sociales no gubernamentales de carácter popular dispongan de financiamiento estatal, por ejemplo a través de créditos colectivos a una cooperativa en lugar de individuales a cada familia. A partir de ese momento, una importante cantidad de organizaciones populares (cooperativas, mutuales, etc.) se presenta al PAV tratando de obtener un crédito para desarrollar un emprendimiento de vivienda social autogestionado. No obstante, de los cientos de organizaciones postulantes, sólo unas pocas lograron cumplimentar los exigentes requisitos del programa y, en especial, las diferentes etapas burocráticas y las trabas estructurales del mercado de solares y viviendas. De estas experiencias exitosas, sin duda destacó, por volumen de construcción y trascendencia mediática, la del Complejo de Viviendas Parque Patricios, más conocido como "Barrio Monteagudo". Se trató de un emprendimiento desarrollado por una cooperativa especialmente creada para aprovechar el espacio generado por el PAV: la cooperativa EMETELE Ltda., organizada desde un movimiento piquetero, el Movimiento Territorial de Liberación, de fuerte anclaje socioterritorial en los diferentes hábitats precarios de la Ciudad de Buenos Aires (villas, casas tomadas, etc.). En otras palabras, un movimiento piquetero, organizado dentro de la figura de una cooperativa, administraría recursos estatales para vivienda social. Lo interesante del proceso no se limitó únicamente a ello, sino que incluyó la participación de uno de los estudios de arquitectura más renombrados del país, así como una serie de tensiones con los vecinos de la zona de emplazamiento. Por otro lado, el proceso organizativo también implicó una serie de aspectos sumamente interesantes, que van desde las particulares formas laborales y salariales adoptadas, hasta las complejas articulaciones con el Estado y algunas empresas privadas. El resultado del proceso -que dio trabajo a unos 400 desocupados del movimiento- fue un complejo habitacional de 326 viviendas y varios espacios comunes (comercios, plaza, guardería, etc.), que alberga actualmente cerca de 1300 habitantes provenientes de situaciones habitacionales sumamente precarias. ¿Por qué la experiencia autogestiva de la cooperativa EMETELE pudo desarrollarse de manera exitosa a pesar de su enorme volumen, mientras que otras organizaciones populares fallaron en el intento? ¿Por qué a pesar de todas las dificultades que atravesó el proceso, la cooperativa pudo alcanzar costos de hasta un 30% menores que los corrientes en los emprendimientos licitados de vivienda social? Estos son algunos de los interrogantes planteados y que intentaremos analizar a lo largo de este trabajo.

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    FotosgentilezaEduardoReese

  • SEMINARIO "CIUDAD Y PROGRAMAS DE HBITAT" - UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO

    Ricardo APAOLAZA - La experiencia popular autogestiva del Barrio Monteagudo de la Ciudad de Buenos Aires

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    La experiencia popular autogestiva del Barrio Monteagudo Ciudad de Buenos Aires

    Autor: Apaolaza, Ricardo Acencio. Institucin: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofa y Letras, Departamento de Geografa, Ctedra de Geografa Urbana. E-mail: [email protected] Telfono: (011) 4297-2302 / (011) 15-6228-1878

    Resumen

    Hacia mediados de 2000 se sanciona en legislatura portea la Ley 341 de "autogestin del hbitat"; algn tiempo ms tarde, esta ley era normada por la Ley 964, creando el Programa de Autogestin de la Vivienda (PAV) del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. A diferencia de la mayora de los programas habitacionales, el PAV admita la posibilidad de que organizaciones sociales no gubernamentales de carcter popular dispongan de financiamiento estatal, por ejemplo a travs de crditos colectivos a una cooperativa en lugar de individuales a cada familia.

    A partir de ese momento, una importante cantidad de organizaciones populares (cooperativas, mutuales, etc.) se presenta al PAV tratando de obtener un crdito para desarrollar un emprendimiento de vivienda social autogestionado. No obstante, de los cientos de organizaciones postulantes, slo unas pocas lograron cumplimentar los exigentes requisitos del programa y, en especial, las diferentes etapas burocrticas y las trabas estructurales del mercado de solares y viviendas.

    De estas experiencias exitosas, sin duda destac, por volumen de construccin y trascendencia meditica, la del Complejo de Viviendas Parque Patricios, ms conocido como "Barrio Monteagudo". Se trat de un emprendimiento desarrollado por una cooperativa especialmente creada para aprovechar el espacio generado por el PAV: la cooperativa EMETELE Ltda., organizada desde un movimiento piquetero, el Movimiento Territorial de Liberacin, de fuerte anclaje socioterritorial en los diferentes hbitats precarios de la Ciudad de Buenos Aires (villas, casas tomadas, etc.). En otras palabras, un movimiento piquetero, organizado dentro de la figura de una cooperativa, administrara recursos estatales para vivienda social.

    Lo interesante del proceso no se limit nicamente a ello, sino que incluy la participacin de uno de los estudios de arquitectura ms renombrados del pas, as como una serie de tensiones con los vecinos de la zona de emplazamiento. Por otro lado, el proceso organizativo tambin implic una serie de aspectos sumamente interesantes, que van desde las particulares formas laborales y salariales adoptadas, hasta las complejas articulaciones con el Estado y algunas empresas privadas. El resultado del proceso -que dio trabajo a unos 400 desocupados del movimiento- fue un complejo habitacional de 326 viviendas y varios espacios comunes (comercios, plaza, guardera, etc.), que alberga actualmente cerca de 1300 habitantes provenientes de situaciones habitacionales sumamente precarias.

    Por qu la experiencia autogestiva de la cooperativa EMETELE pudo desarrollarse de manera exitosa a pesar de su enorme volumen, mientras que otras organizaciones populares fallaron en el intento? Por qu a pesar de todas las dificultades que atraves el proceso, la cooperativa pudo alcanzar costos de hasta un 30% menores que los corrientes en los emprendimientos licitados de vivienda social? Estos son algunos de los interrogantes planteados y que intentaremos analizar a lo largo de este trabajo.

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    Presentacin y objetivos

    El presente trabajo nace como un conjunto de reflexiones de una investigacin para una tesis de licenciatura. Naturalmente, no intenta sino compartir algunos de los mltiples aspectos abordados por sta. Lo ms interesante del caso abordado es que refiere a un hecho novedoso y a un producto urbano diferente.

    Este trabajo tiene por objetivo general analizar el caso del barrio Monteagudo, en tanto expresin territorial concreta de una respuesta al problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra iniciativa desistir de abordar el fenmeno desde sus mltiples facetas, limitndose nicamente a un objetivo especfico: Reconstruir el proceso gentico y constitutivo del barrio, atendiendo a sus diferentes momentos y analizando con especial inters sus implicancias arquitectnicas, sociales y econmicas.

    Finalmente, y ms all de los objetivos formales, el presente trabajo fue realizado con el deseo de constituir un modesto aporte al anlisis de la vivienda y la dinmica urbana en la Ciudad de Buenos Aires.

    Metodologa de investigacin adoptada

    Para la reconstruccin del proceso gentico y constitutivo, nuestra investigacin trabajo con varias herramientas: en primer lugar, anlisis de fuentes bibliogrficas y periodsticas relacionadas al tema; en segundo lugar observacin directa participante durante el proceso y por ltimo, entrevistas a informantes calificados del movimiento y de otros actores relevantes. Para la reflexin analtica del proceso y los resultados se trabaj desde la observacin directa y entrevistas a informantes calificados, as como algunos mecanismos de muestreo.

    Marco terico conceptual

    La vivienda como eje de discusin Un primer paso antes de discutir sobre las polticas de vivienda es

    alcanzar una definicin inicial sobre la vivienda misma. Queda claro que no se trata de de un trmino sencillo y que encierra muchas ambigedades. Nosotros hemos optado por trabajar con una definicin de vivienda heurstica que nos permita avanzar en el anlisis del fenmeno y no como un simple artefacto tecnolgico o un locus territorial. Entenderemos, pues, por vivienda, una forma y proceso urbano, derivado de la conjuncin de condicionantes biolgicos, culturales, econmicos y polticos, que incluye no slo la construccin singularmente localizada de un determinado artefacto tecnolgico, sino tambin la organizacin de toda una serie de valores a l asociados. En esta concepcin lo subjetivo, lo edilicio y lo territorial aparecen operando como momentos interrelacionados. Por ejemplo, si considersemos muchas formas de vivienda popular basadas en la autoconstruccin1, no podramos obviar la relevancia que este proceso de construccin fsica de la vivienda tiene sobre la estructuracin de la vida cotidiana de estos sectores; la vivienda es un objeto fsico, un artefacto tecnolgico, localizado en determinado lugar y no en otro,

    1 Se trata de una de una forma constructiva de la vivienda, subsumida a las formas capitalistas de

    produccin, que se caracteriza bsicamente por organizarse en torno el autotrabajo domstico no remunerado.

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    pero aparece, al mismo tiempo, como un proceso que organiza gran parte de la vida, como un "proyecto de vida". Bellardi y De Paula afirman que "la vivienda ciertamente representa para el hombre una necesidad de orden primario, brinda proteccin al medio externo, pero al mismo tiempo constituye el escenario permanente donde se desarrolla y reproduce la cotidianeidad de la vida familiar; pero adems constituye la expresin material de una cultura particular y tanto sus caractersticas fsicas como el uso que se haga de ella responder en gran medida a ciertas pautas, valores y vivencias de los individuos (BELLARDI y DE PAULA, 1986: 85).

    Sin embargo no podemos olvidar que en una sociedad organizada sobre formas capitalistas, la vivienda aparece como una mercanca que forma parte de un circuito econmico. Si se analiza como mercanca, importar entonces ciertas caractersticas como su gran durabilidad, el anclaje territorial, la relativa inelasticidad de su oferta, fuerte segmentacin social de la demanda, etc. Queda claro que partiendo de esta base, la vivienda conforma un campo de inters y de preocupacin predominantemente urbano y resalta inmediatamente, la incapacidad de la sociedad urbana para proveer una cantidad y calidad de viviendas acorde a sus necesidades y aspiraciones. En casi todas las ciudades el nmero de viviendas o las caractersticas de stas resultan insuficientes o insatisfactorias.

    Desde los anlisis del estructural marxismo, en la sociedad capitalista la vivienda sigue conservando su funcin original, su sentido en la satisfaccin de una necesidad biolgica-cultural, pero relacionada ahora a una funcin econmica. Desde esta perspectiva, el problema y el debate de la vivienda surge principalmente por la no correspondencia entre el salario y el precio de la vivienda, y queda restringido nicamente a la vivienda obrera, ya que la vivienda de los sectores no trabajadores es entendida como "gasto conspicuo" o "consumo final de plusvala" cuando refiere a sectores de altos ingresos (JARAMILLO; 1994: 117, 161, 163, etc.), o directamente es ignorada cuando refiere a sectores populares marginados.

    Coraggio, al tratar el mismo tema, y partiendo de las caractersticas de exclusin masiva propias de la actual fase del capitalismo, propone abandonar la tesis expuesta por el estructural-marxismo y avanzar hacia la idea de no-necesidad de reproduccin del total de la fuerza de trabajo como condicin general de la reproduccin del sistema, razn por la cual propone entender la necesidad de la vivienda -entre otras necesidades- como una necesidad asociada a la "reproduccin de la vida" (CORAGGIO, 1998: 64-5) y la "acumulacin ampliada de la vida" (CORAGGIO, 1999)2. Este planteo de Coraggio se fundamenta en el surgimiento de amplios sectores marginados, diferenciados del tradicional ejrcito industrial de reserva, puesto que apareceran como un excedente de la fuerza de trabajo que de ninguna manera lograra insertarse en el sistema productivo (ZICCARDI; 2001: 103)3 y cuya "accin est guiada por la necesidad de satisfaccin de sus necesidades

    2 Este concepto, analogizando con la teora marxista clsica, alude "a que no hay un nivel bsico dado de

    necesidades que, una vez alcanzado, agote el impulso de la actividad econmica, sino que, para todos los efectos prcticos, hay una bsqueda de mejora en la calidad de vida sin lmites intrnsecos" (RODRGUEZ et al., 2007: 22). 3 Amndola directamente afirma que "de la pareja explotados y explotadores se ha pasado a la de

    incluidos y excluidos: hemos pasado de una sociedad integrada construida sobre la oposicin entre dominantes y dominados a una sociedad marcada por la distancia entre los que estn dentro y los que estn fuera, una sociedad definida por sus fronteras". (AMNDOLA, 2000 Cap. XV: 1)

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    reproductivas -biolgicas y sociales- ms que por la acumulacin de capital" (Icaza y otros, citado en RODRGUEZ et al., 2007: 22)4.

    En el mercado formal, las consecuencias que esta relacin entre salario y costo de la vivienda tiene sobre las posibilidades de acceso por parte de los sectores populares son bien conocidas: de manera inmediata, el mercado slo provee viviendas para aquellos sectores econmicamente solventes, dejando afuera a la amplia mayora. El crdito privado aparece aqu como un capital que posibilita la distribucin de los pagos a lo largo de un cierto perodo de tiempo (bajo la forma de alquiler o crdito hipotecario), pero an as slo algunos sectores privilegiados pueden acceder a l (CLICHEVSKY, 2000: 22). Bajo esas circunstancias es que suele aparecer la figura del Estado, intentando corregir este desajuste con diferentes intervenciones.

    Pero, Cul es el origen de este desajuste? Como ya se haba anticipado, para el marxismo se tratara de una no correspondencia entre el pago fraccionado por la fuerza de trabajo y el precio de la vivienda, asociada a sus caractersticas de alta durabilidad5. Llevando al extremo la contradiccin entre salario y vivienda, con fines ilustrativos, Topalov afirma que el capital, por un lado, slo pagara al trabajador por la habitacin del da trabajado, pero no por la del da siguiente y, por otro, slo podra pagar por una habitacin socialmente uniforme, que no contemplara las caractersticas particulares del trabajador6. En otras palabras, dado que la fuerza de trabajo debe reconstituirse an durante el lapso no trabajado, la misma lgica del capitalismo determinara que el salario no alcance a cubrir la reproduccin ampliada del trabajador al no contemplar el cien por ciento de sus necesidades extendidas. La vivienda, la educacin y la salud por lo general no quedaran contempladas en las ecuaciones inmediatas del capital, mucho menos la manutencin del trabajador en tiempos de paro, vejez, etc.

    Respuestas estatales ante el problema de la vivienda Ante los problemas estructurales de de la vivienda, aparecen toda una

    serie de respuestas y/o propuestas. Por ejemplo, desde las posturas liberales clsicas, se tiende a tratar de superar la escasez de unidades fsicas mediante correcciones o estmulos al mercado. En ocasiones, las polticas estatales en materia de vivienda (construccin de vivienda popular, control de alquileres, etc.) llegan incluso a verse como taras al correcto funcionamiento del mercado, ya que operaran como un desestmulo a la inversin privada en la construccin mercantil de viviendas baratas7. En palabras de Havel, "para que haya construccin en el rgimen liberal es necesario, pues, no slo que el Estado no intervenga [...], sino tambin que no se tema ni se espere su intervencin (HAVEL; 1961: 55). Este tipo de solucin coincide ms o menos con lo que Lefebvre ha dado en llamar "urbanismo de los promotores", propuestas de una ciudad concebida y realizada para el mercado (LEFEBVRE; 1971: 42), que ha

    4 Trinchero prefiere interpretar el fenmeno como una "reproduccin ampliada de las relaciones

    interdomsticas, comunitarias, etc." (TRINCHERO, 1995: 72. Consltese tambin las pg. 76-7 sobre "poblacin excedente"). 5 Sobre el tema de la vivienda como bien duradero, vase, por ejemplo, TOPALOV, 1979: 59; TOPALOV,

    1984: 173; HAVEL, 1961: 28-9, 42; o YUJNOVSKY, 1984: 26-7. 6 Topalov acude a la idea de que el capital slo pagar por una fraccin-tiempo de vivienda, pero adems

    no de cualquier vivienda, sino una vivienda media, que se desentiende de las necesidades individuales del trabajador, tales como nmero de no productores a cargo (nios, ancianos, invlidos, etc), edad del trabajador, etc. Ver Topalov; 1979: 59-60. 7 Vase, por ejemplo, VITALIANO; 1983.

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    demostrado con creces ser incapaz de asegurar siquiera la ganancia capitalista. Pero tal cual afirma Yujnovsky:

    "El mercado no puede suplir las insuficiencias de consumo de la poblacin por el reducido poder adquisitivo de esta. De all que se requiera una intervencin extra econmica para aumentar la demanda e incrementar el desempeo de la empresa privada. Por otra parte, en el caso de muchos bienes y servicios de consumo colectivo, la baja rentabilidad que obtendra la actividad privada exige que directamente sea el Estado el encargado de su provisin" (YUJNOVSKY; 1984: 22).

    Efectivamente, el Estado aparece directa (construccin de complejos habitacionales por licitacin) o indirectamente (crditos, subsidios, etc.) operando sobre la provisin de vivienda, para abrir mercados al capital entre sectores incapaces de acceder por s mismos a la vivienda, sectores que se ubican fuera de la demanda efectiva. No obstante, como ya se mencion, el Estado no slo interviene para iluminar el camino al capital en zonas econmicamente insolventes, sino tambin para asegurar las condiciones generales de funcionamiento del sistema, en este caso, la reproduccin ampliada de la fuerza de trabajo y su calificacin, al tiempo que el mantenimiento de la paz y el orden social.

    Obviamente estos fenmenos que se materializan de manera estructural, se hallan atravesados por las lgicas propias del Estado, la poltica, etc.; es decir, que los casos concretos no pueden deducirse directamente de los determinantes macro estructurales. Adems, no deberamos caer en el error de entender el Estado en trminos de un Estado-Sujeto8, dotado de voluntad y respondiendo a los intereses de tal o cual fraccin del capital, tan corriente dentro de algunas tradiciones del marxismo, sino como un Estado contradictorio, atravesado por luchas y tensiones, que responde a diferentes lgicas de acumulacin poltica como as tambin a diferentes "ideales" de sociedad.

    Histricamente, el Estado argentino ha organizado diversas maneras de intervenir en la disposicin de la vivienda popular: "Se trata de un conjunto de acciones y omisiones, que manifiestan en forma concreta la intervencin del Estado en relacin a la distribucin/localizacin de los diferentes sectores y grupos sociales en la ciudad y, concomitantemente, en relacin a la satisfaccin de las necesidades habitacionales bsicas (OSZLAK, 1991). El anlisis de los mismos fenmenos podra realizarse desde ngulos muy diferentes9. Por cuestiones prcticas, lo abordaremos desde las categoras de intervencin directa e intervencin indirecta.

    a) Las intervenciones directas Las intervenciones directas comprenden aquellas acciones en la cuales el

    Estado se ocupa de la construccin de nuevas viviendas populares (o remodelacin, mejoramiento de las ya existentes), sea a travs de empresas estatales o, ms corrientemente, a travs de empresas constructoras privadas. Estas nuevas viviendas suelen ubicarse sobre terrenos fiscales, aunque bien pueden emplazarse sobre terrenos privados adquiridos de manera exclusiva para un proyecto puntual; tienden, adems, a localizarse predominantemente en zonas ms o menos alejadas del centro, con deficiente accesibilidad y baja

    8 Sobre las crticas al Estado-Sujeto, consultar, por ejemplo las realizadas por Lojkine a Castells

    (LOJKINE, 1981: 171), o las de Topalov hacia la tradicin foucaultiana (TOPALOV, 1979: 81-2). 9 Para un resumen de estas formas se puede consultar YUJNOVSKY; 1984 o PELLI; 1994.

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    densidad poblacional. Como se acaba de mencionar, el proceso constructivo suele estar a cargo de grandes empresas constructoras y ha tendido a relegar la vivienda unifamiliar en pos de complejos habitacionales, es decir barrios de alta densidad vertical y baja densidad horizontal pensados como unidades funcionales autosuficientes.

    Sin embargo, no se podra entender el predominio de estas polticas sin considerar su relacin con las grandes empresas de la rama de la construccin. Desde este punto de vista, y an dejando de lado las sobreganancias de monopolio, estas polticas de vivienda representaron una posibilidad para expandir la produccin de estas empresas hacia sectores econmicamente insolventes, es decir que represent "un sustento a la actuacin de la produccin capitalista del hbitat, ampliando la franja de sectores sociales que pueden integrar la denominada demanda solvente, privilegiando y sustentando de este modo la funcin mercantil de la vivienda"10. (RODRGUEZ et al, 2007: 13).

    Adems, esta relacin tambin determin la predominancia de la construccin de grandes complejos habitacionales, ya que este tipo de intervencin garantizaba que slo las ms grandes empresas cumplieran los requerimientos necesarios, estimulando ms an la concentracin (YUJNOVSKY, 1984: 50, 53). La designacin de recursos estatales a otro tipo de poltica de vivienda (por ejemplo, estmulo a la autoconstruccin) pone en peligro esta exclusividad.

    Otra de las caractersticas de esta modalidad de intervencin del Estado era la escasa participacin de los futuros beneficiarios en las obras, as como la falta de contemplacin de las particularidades culturales de cada grupo. Esta modalidad de provisin de vivienda completa ha tendido a llamarse en la bibliografa especfica vivienda llave en mano11. Este tipo de modalidades fueron en parte entendidas como las causantes de algunas deficiencias importantes: falta de participacin de los sectores afectados, adopcin de patrones de construccin no acordes con las necesidades y la idiosincrasia cultural de los afectados, desviacin clientelstica de los recursos hacia sectores no prioritarios en materia en vivienda, costos desmesurados, anomia social dentro del barrio, etc. Incluso algunos autores hasta las acusaron de conducir a la segregacin (BORJA, 1998: 6; CLICHEVSKY, 2000: 20; RODRGUEZ y ARRIAGADA, 2004: 20, etc.). La falta de contemplacin de las particularidades culturales y la tendencia a la homogenizacin y el control generaron numerosas crticas. Por ejemplo, las familias poseen diferentes necesidades segn cul sea el nmero, edad, sexo y relaciones de parentesco de sus miembros, adems de toda una serie de particularidades de cada caso12, que los grandes complejos no observaron.

    Livingston lega a afirmar que en muchos aspectos, la casa pobre del barrio y an de la villa miseria superan en habitabilidad a los enormes y costosos conjuntos urbanos (LIVINGSTON, 1991: 189-90)13.

    b) Las intervenciones indirectas Por su parte, las intervenciones indirectas comprenden toda una serie de

    acciones del Estado para modificar o corregir algunas o varias de las

    10 Comillas de los autores.

    11 Por ejemplo, PELLI; 1994: 9, CUENYA; 1992: 37, CUENYA; 1997: 27, CTA; S/F: 15, etc.

    12 Vase a este respecto YUJNOVSKY; 1984: 33-4.

    13 Un interesante listado de estos problemas es desarrollado en ACMT, 1995.

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    deficiencias del sistema mercantil de provisin de vivienda. Estas intervenciones son sumamente heterogneas, abarcando desde la organizacin de bancos de materiales hasta el crdito, pasando por la simple regulacin del transporte, pudiendo orientarse tanto hacia la intervencin en la demanda como en la oferta.

    Dentro de las acciones que intervienen sobre la demanda se cuentan las diferentes formas de financiamiento de la vivienda a travs de crditos (sistema bancario oficial), es decir subsidios para incrementar la solvencia de los sectores populares, as como aquellas medidas tendientes a incorporar dentro del salario formal el costo de la vivienda.

    Dentro de las dirigidas sobre la oferta se distinguen las acciones respecto al acceso a la tierra (determinacin de servicios mnimos, expropiaciones, cdigos de subdivisin, etc.), el estmulo de la construccin privada mercantil de vivienda barata (crditos, beneficios impositivos, etc.), la poltica de precios (control de alquileres, control de precios de insumos), o los subsidios monetarios, de insumos o de asesoramiento- para el estmulo de la autoconstruccin individual o asociada.

    Dentro de estas ltimas quedan contenidas las polticas que Lpez denomina polticas sociales de vivienda, que combinaran un objetivo habitacional con uno social: "son parte de la estrategia de lucha contra la pobreza y estn destinadas a resolver el dficit habitacional de la poblacin pobre en combinacin con el fortalecimiento de las condiciones econmicas, laborales e institucionales de dichos sectores" (LPEZ; S/F "a": 5). Lpez contrapone este tipo de poltica con lo que denomina poltica de vivienda social, trmino que reserva casi exclusivamente al FONAVI y que refiere a la combinacin de objetivos habitacionales con objetivos econmicos de estmulo a la rama de la construccin, en tanto que pilar de la economa (LPEZ; S/F "a": 1, 5). Desde esta perspectiva, se vera la intervencin directa del Estado con la funcin principal de viabilizar la produccin capitalista de viviendas en algunos sectores insolventes del mercado, mientras que se interpretara las intervenciones indirectas como polticas de mantenimiento de las condiciones generales del sistema. En realidad ambos elementos parecen estar siempre presentes en mayor o menor medida, a la vez que, como se mencion, aparecen combinados con otras lgicas.

    Respuestas populares ante el problema de la vivienda El trmino respuestas populares refiere a los procedimientos mediante los

    cuales los sectores marginados del mercado habitacional formal, prescindiendo del Estado, intentan satisfacer su necesidad de vivienda. Los sectores populares14, adems de reclamar y presionar con diferentes grados de

    14 Rara vez los autores que trabajan la problemtica de la vivienda o la problemtica urbana en general

    especifican qu designan al hacer uso del trmino "popular". El trmino se extiende a varios otros: "sectores populares", "vivienda popular", "hbitat popular", "respuestas populares", etc. Asimismo, resulta sorprendente la cantidad de autores que recurren a estos trminos para tratar de dar cuenta de la realidad urbana. Es claro que se trata de un vocablo bastante impreciso, que suele hacer las veces de comodn ante la relativa dificultad para abordar la realidad desde las clsicas categoras de grupo, clase, agente, etc. Pero tambin resulta claro que esta capacidad heurstica del trmino suele derivar en cierta ambigedad en los debates; an sabiendo -de manera casi instintiva- en trminos generales, a qu se refiere cuando se habla de "sectores populares", nunca queda del todo claro cules son sus lmites .Acaso no sea necesario establecerlos. Desde nuestro punto de vista, los lmites de este trmino responden a dos factores: insercin en la estructura productiva y lgica econmica (o cultural econmica) predominante. Entenderemos entonces como popular a aquel sector no empresarial ni profesional, en los que prima el asalariamiento de baja remuneracin o las formas de cuentapropismo

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    organizacin sobre el Estado, han tendido histricamente a buscar sus propias soluciones habitacionales. La autoconstruccin, la cooperacin, el co-alquiler, la toma ilegal de tierras e inmuebles o la sobreocupacin de la vivienda son algunas de las estrategias tpicas. No obstante, estas formas de satisfacer la necesidad de vivienda suelen ir acompaadas de una serie de caractersticas negativas: ilegalidad, hacinamiento, precariedad e ineficacia constructiva, etc.

    Como ya se mencion antes, debemos insistir sobre la centralidad de la resolucin de los problemas de vivienda para los sectores populares. Por ejemplo, Lpez afirma:

    "El proceso de construccin-adjudicacin de una vivienda por parte de una familia puede ser considerado un hecho social total15 dado que este fenmeno es tan impactante que se producen alteraciones de importancia y simultneas en los planos econmico, legal, poltico y moral del mismo. La consolidacin del proceso de arraigo y provisin de los servicios habitacionales modifica al mismo tiempo los aspectos financieros, productivos, biolgicos, legales, econmicos, sociales y fsicos ambientales, de salud de todo el grupo social conviviente. Es un hecho social total porque este proceso define, al mismo tiempo, los principales aspectos de la vida social del sujeto" (LPEZ; S/F "b": 2).16

    Partiendo de esta centralidad desde lo subjetivo, estas respuestas populares estarn en funcin de las diferentes estrategias que desarrollen a tales fines, significndose en un plano que decididamente nada tiene que ver con cualquier lgica general del sistema, y que difcilmente podra entenderse desde el anlisis estructural. De este modo, estas respuestas no sern homogneas, ni tampoco tendern a incorporar una visin global de los diferentes problemas. Asimismo, podrn insertarse de manera indirecta en la lgica capitalista global o estar abiertamente en contradiccin con ella, dependiendo del contexto histrico y geogrfico particular. Una gran porcin de estas respuestas naturalmente tender a tratar de satisfacer la necesidad de vivienda a travs de la ya mencionada accin compensadora del Estado (por ejemplo a travs de los planes de vivienda).

    Hasta aqu hemos tratado el problema de la vivienda como un problema estructural, derivado bsicamente del desajuste entre el salario, las caractersticas de la produccin capitalista de viviendas y el funcionamiento del mercado de solares e inmuebles. Esta perspectiva interpreta entonces la necesidad de vivienda como un elemento estructural, condicionante a largo plazo del funcionamiento general del sistema, por lo que trata de alejarse de

    mercantil de nula capacidad acumulativa, as como el sector estructuralmente desocupado. Esto definicin intenta, por un lado, no caer en la equiparacin de asalariado con popular, ya que no se puede obviar las grandes diferencias remunerativas y culturales que existen entre las diferentes capas de los asalariados. Tampoco se puede olvidar a aquellos extensos sectores que quedan contenidos en la categora de cuentapropista, que en la prctica suele ocultar algunas formas de trabajo sumamente precarias; finalmente, es necesario recuperar los sectores desocupados, que por su carcter crnico, ya no pueden considerarse friccionales. Por otro lado, es sumamente importante incorporar el segundo aspecto de esta definicin: se trata de sectores cuyas lgicas de desenvolvimiento cotidiano de ninguna manera coinciden con la capitalista. Los mviles econmicos de los sectores populares no coinciden con los del empresariado, ya que se centran en la reproduccin de la vida y el mejoramiento de las condiciones materiales inmediatas de vida. Es interesante mencionar que por este factor, inclusive en muchos casos de pequeos comerciantes insertos dentro una circulacin mercantil, la lgica no puede considerarse capitalista. En cierta medida, estos sectores coinciden con lo que Coraggio define como la "lgica econmica social", es decir aquella diferente a la de la economa pblica o estatal y la empresarial o capitalista (En: TRINCHERO, 1995: 80). 15

    Para el trmino en su contexto original, vase MAUSS; 1979: 157. Tambin consltese LPEZ, 2000: 4, 10 y 17. 16

    Otros autores reafirman aproximadamente la misma idea (vase por ejemplo PELLI; 1994: 5-6).

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    aquellas lneas que la definen slo desde un desajuste coyuntural. Esto es importante dado que son muchos los autores que interpretan el problema nicamente como un desajuste entre el parque habitacional existente y el socialmente necesario17. Adems, este tipo de interpretaciones tiende a incurrir en otro error importante: olvidar que la vivienda no es nicamente una unidad edilicia, sino que presupone tambin una serie de servicios y caractersticas extras que no dependen nicamente de sus particularidades fsicas.

    Yujnovsky prefiere entonces, al analizar el fenmeno de la vivienda, hablar de servicios habitacionales, es decir toda una serie de servicios socialmente necesarios, y aglutinados en torno a la vivienda, pero no exclusivos de sus caractersticas constructivas, ya que contemplan la comodidad, el acceso a diversos bienes y servicios (agua, luz, establecimientos educacionales, etc.) la ubicacin geogrfica, la accesibilidad, la seguridad, etc. (YUJNOVSKY; 1984: 19). Es una interpretacin de la vivienda como hbitat, atravesado por relaciones sociales, y no como simple unidad fsica.

    A partir de esta ampliacin conceptual podemos establecer otra de las caras de la necesidad de vivienda, tenemos adems de la necesidad estructural de vivienda, una necesidad social de vivienda, asociada a una necesidad humana elemental. Aunque resulta sumamente complejo realizar una enumeracin unvoca de sus funciones sociales, ya que stas estn en permanente evolucin (TOPALOV, 1984: 162), en nuestra sociedad la vivienda viene a satisfacer la necesidad (histrica, geogrfica y culturalmente determinada) de proteccin ambiental, albergue, privacidad, identidad, etc. (YUJNOVSKY; 1984: 17). Esta necesidad social de vivienda, premisa para la reproduccin de la vida, suele quedar en mayor o menor medida desconsiderada en la lgica capitalista.

    Importa aqu destacar un ltimo factor: los hbitats populares suelen poseer fuertes deficiencias para satisfacer esta necesidad social de vivienda. Martha Schteingart incluye dentro de la categora de hbitat popular a las diferentes vecindades centrales deterioradas, los conjuntos habitacionales promovidos o financiados por el Estado y los diferentes tipos de asentamientos irregulares (SCHTEINGART; 2004: 164-5)18. Se trata, en definitiva, de toda una serie de tipos de hbitat popular caractersticos de las grandes ciudades: barrios perifricos autoconstruidos, villas, asentamientos, "casas tomadas", hoteles y pensiones baratos, casas de inquilinatos y hasta, si se quiere, las marquesinas ocupadas nocturnamente para dormir. Lo ms importante de resaltar en todos los hbitats hasta aqu mencionados es su relativa incapacidad para satisfacer plenamente la necesidad social de vivienda, a pesar del gran esfuerzo y tensin que suele implicar la concrecin de estas formas. Todos estos tipos de hbitats fallan en uno u otro aspecto fundamental: hacinamiento, precariedad constructiva, inestabilidad tenencial, segregacin territorial, ilegalidad, etc., adems de toda una serie de problemas derivados de

    17 Por ejemplo Havel define la necesidad de vivienda como "la diferencia entre la vivienda de la realidad

    actual y la vivienda de la realidad ideal" (HAVEL; 1961: 32), Lpez como "la cantidad de viviendas que son necesarias para sustituir a las viviendas inadecuadas o deficitarias" (LOPEZ; S/F "a": 5). 18

    Otros autores siguen casi con exactitud esta aproximacin (BELLARDI y DE PAULA, 1986: 9; SZAJNBERG, 2005: 1; CLICHEVSKY, 2000: 15-6; etc.). Una definicin de ms ambiciosa de hbitat urbano puede encontrarse en el programa DTP ARRAIGO, donde lo define como "el mbito donde confluyen los determinantes de las condiciones de vida. Donde se visualiza la interrelacin de las distintas necesidades sociales que hacen a la concepcin de los social como totalidad" (SUVPBA, 1991: 20).

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    la ausencia o precariedad de servicios de consumo colectivos, que Kowarick engloba bajo el trmino expoliacin urbana (KOWARICK; 1996: 737).

    El caso del Barrio Monteagudo

    Nuestro estudio de caso est enfocado en el Barrio Monteagudo. Se trata sin duda de un hecho urbano novedoso dentro de la CBA: un complejo de viviendas organizado y llevado a cabo por un movimiento popular, pero financiado con fondos del IVC; en otras palabras, un caso de administracin de recursos estatales para vivienda por un movimiento social. Adems de este carcter novedoso, el caso posee otra particularidad fundamental: es un fenmeno que interpela de manera permanente las bases de los argumentos desarrollados dentro del debate de la vivienda, ya que se relaciona de manera directa con algunas de las cuestiones centrales, tales como el cooperativismo, la autogestin y su relacin con el Estado, las formas del trabajo y el salario, etc.

    En este trabajo slo analizaremos el caso como formulacin de un proyecto (urbano, arquitectnico, pero tambin poltico y social) como el proceso de produccin del barrio. No intentaremos aqu el fragmento urbano, producto del mencionado proceso, en el que interesara evaluar el grado de efectividad para resolver los problemas de la vivienda, especialmente en lo que respecta a la precariedad habitacional e integracin.

    Orgenes del emprendimiento Antes de analizar el proceso de produccin del barrio consideramos

    pertinente realizar una breve caracterizacin del contexto inmediato que posibilita la formulacin y efectivizacin de un proyecto como el de Monteagudo.

    a) Ley 341 La Ley 34119 de la Legislatura de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires

    representa un elemento jurdico sumamente relevante para todo nuestro anlisis, ya que establece la base del proyecto y, en definitiva, instaura el mecanismo legal que permiti materializar la construccin del barrio, transformando a una cooperativa organizada por el MTL (Cooperativa EMETELE Lda.) en una figura legalmente vlida para acceder a crditos para viviendas de inters social.

    Esta ley da forma al PAV avalando que una organizacin social no gubernamental de carcter popular administre recursos estatales: "La figura del subsidio dejara su lugar al derecho de administrar colectivamente recursos estatales" (DI PECO, 2007). Se trata de una ley que permite avances en el control y gestin de recursos para los grupos cooperativos, posibilitando, por ejemplo, crditos colectivos a la cooperativa en lugar de individuales a cada familia, lo cual es, en cierta medida, un reconocimiento hacia el desarrollo de procesos de organizacin reales en el campo de la vivienda y el hbitat popular

    En resumen, los destinatarios del PAV estn conformados por aquellas familias que de manera individual o agrupndose bajo la forma de cooperativas, mutuales u asociaciones civiles (siempre sin fines de lucro),

    19 Se trata de la Ley 341 de la legislatura portea (sancionada el 24/02/2000, promulgada el 16/03/2000 y

    publicada en el Boletn Oficial N 928 del 24/04/2000), as como de su modificatoria, la Ley 964 (sancionada y promulgada en diciembre de 2002 y publicada en el Boletn Oficial N 1606 del 10/01/2003. Vase LCABA, 2000 y LCABA, 2003.

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    pueden acceder a subsidios o crditos con garanta hipotecaria de hasta $42.000 (alcanzando los $48.300 a mediados de 2007) por grupo familiar para la compra, remodelacin y/o construccin (total o parcial) de unidades habitacionales unifamiliares o multifamiliares.

    Los recursos para este programa incluyen fondos del gobierno nacional a travs del FONAVI, ms fondos especficos de programas habitacionales del presupuesto del gobierno porteo. Queda en manos del IVC la obligacin de fomentar y guiar dicho proceso con recursos econmicos y tcnicos, otorgando los crditos hipotecarios para la adquisicin de inmuebles y la construccin, y monitoreando el uso de los fondos, mientras que los beneficiarios asumen la responsabilidad de administrar los recursos y reintegrar los crditos. Asimismo, como es comn en estos casos, el crdito se traspasa al beneficiario de forma escalonada, es decir que cada partida "baja" al beneficiario nicamente si el organismo de monitoreo y control certifica y aprueba el avance de las obras (LCABA, 2000).

    Para poder acceder al crdito desde el punto de vista individual, adems de presentar documentacin y acreditar residencia en la CBA durante los ltimos dos aos, era condicin excluyente que los candidatos no fueran propietarios, ni hubieran recibido ningn otro crdito del GCBA u otro beneficio. Desde el punto de vista de las cooperativas y dems formas asociativas, por un lado se deban establecer los fines sociales del emprendimiento (sin fines de lucro). Por otro lado, se deba contratar un equipo tcnico interdisciplinario (ETI) conformado por profesionales de cuatro especialidades que formaran parte de la operatoria. Asimismo se exiga que todos los trabajadores de la obra estn en blanco y reciban todos los seguros que establece el rgimen de la construccin; estos trabajadores tampoco podan percibir un plan Jefes y Jefas de Hogar durante el lapso de tiempo que durara la obra. Se establecen adems los parmetros financieros bsicos (cuotas cancelatorias que no deben superar el 20% del ingreso total del hogar, intereses entre 0% y 4%, etc.).

    Por lo general en el mbito popular es ms o menos aceptado que la ley significa un avance para los sectores populares. Szajnberg directamente afirma que "la propuesta autogestiva que representa la [ley] 341 apunta a revertir la relacin asistencial y jerrquica con el Estado, para impulsar la organizacin colectiva en torno a un objetivo que trasciende la vivienda: ampliar el derecho a la ciudad a los sectores marginados desde espacios comunes de construccin" (SZAJNBERG et al, 2005: 30). Esto no hace sino ms que demostrar que en materia de vivienda el rol del Estado no es lineal (YUJNOVSKY, 1984: 374) y depende en gran medida de la correlacin de fuerza de los diferentes grupos sociales (FARA, 1985: 124; TOPALOV, 1984: 53; etc.). Hacia los aos 2002 y 2003 el propio MTL trabaj con una poltica de presin al gobierno a travs de marchas y petitorios para que esta ley fuera aplicada, convergiendo en estas tareas, por lo general, con otros movimientos.

    Sin embargo, la Ley 341, al reconocer la autogestin como modo de resolucin del problema habitacional supone, en cierta medida, un desentendimiento por parte del Estado de sus funciones habitacionales. Szajnberg reconoce en este desentendimiento otra grave consecuencia: las organizaciones populares, al ser responsables de resolver por s mismas el problema de encontrar y acordar la compra de un terreno apto para recin poder recibir la partida para el emprendimiento, quedan "expuestas a la

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    voracidad de los especuladores inmobiliarios", y an en el caso de tener la suerte de llegar a adquirir el lote, pasarn a convertirse en propietarios, "debiendo pagar impuestos sobre el terreno baldo, mientras que su situacin de vivienda precaria no se ha revertido, y encima se presentan, a los ojos del fisco, como futuros deudores" (SZAJNBERG et al, 2005: 22). Asimismo, las intenciones de autogestin suelen chocar con las trabas propias de las tramitaciones y los bloqueos burocrticos.

    Por otro lado, Rodrguez y otros advierten que el presupuesto asignado al PAV era poco significativo; por ejemplo en el ao 2005 representaba poco ms del 12% del total del presupuesto del IVC para programas de vivienda: $37.000 millones de un total de ms de $305.000 millones (RODRGUEZ et al., 2007: 63), lo que no hace ms que confirmar el claro predominio de la modalidad empresarial en la ejecucin de las obras del IVC; modalidad que captaba por ejemplo en 2005 el 94,7% del presupuesto ejecutado (RODRGUEZ et al., 2007: 60).

    b) La Cooperativa EMETELE Uno de los efectos ms curiosos que tuvo esta Ley fue el de estimular la

    institucin formal de cooperativas. Es decir, si bien haba grupos que en la prctica estaban organizados bajo las ideas generales del cooperativismo, muchos de ellos no cumplan con los requerimientos legales para ser reconocidos dentro la figura jurdica de la asociacin cooperativa. El caso del Movimiento Territorial Liberacin (MTL) es an ms llamativo, ya que, por lo menos en los que a vivienda respecta, no estaba organizado ni siquiera informalmente como una cooperativa; su organizacin se basaba en una estrategia de esfuerzo propio, apoyado desde el movimiento y acompaado por diferentes estmulos, sumado a la presin poltica a travs de movilizaciones, petitorios, etc.

    La oportunidad representada por la Ley 341, impulsa la participacin del movimiento en el PAV, al tiempo que le plantea la precondicin de organizarse legalmente como cooperativa; he aqu el origen concreto de la cooperativa EMETELE Ltda., que es formalmente reconocida el 1 de abril de 2004. A partir de entonces, la cooperativa funda en su interior una empresa constructora ("Empresa Constructora EMETELE Ltda.") y se decide ir incorporando 4 o 5 miembros por zonal, por lo que el nmero total de trabajadores fue inicialmente de 40-50 trabajadores. A medida que se fueron desarrollando las obras y se iban logrando las certificaciones, fue posible incorporar ms trabajadores. En un primer momento la cooperativa prioriza a los militantes del MTL que se encontraban en una situacin econmica crtica, no permitiendo el ingreso de ms de un miembro por ncleo familiar. Posteriormente, ante la posibilidad de tomar an ms trabajadores, se decide incorporar familiares de los trabajadores ya en la obra y trabajadores desocupados de las zonas de trabajo barrial del MTL.

    Esta eleccin organizativa bajo la forma de una empresa perteneciente a la cooperativa tuvo su origen en tres factores: primero, la imposibilidad de emprender las obras directamente como cooperativa dado que no todos los trabajadores que participaran recibiran una vivienda. Segundo, la intencin de poder asegurar a los trabajadores un salario por lo menos acorde a los medios del mercado; esto es, de haber asumido la forma cooperativa, los trabajadores no perteneceran a la categora de asalariados, sino a la de monotributistas. Finalmente, la esperanza de poder lograr ganar alguna licitacin del IVC o al

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    menos conseguir algn otro trabajo "para terceros" adems del de Monteagudo, de manera de asegurar las fuentes de empleo de los socios por ms tiempo, facilitando as el reintegro de las cuotas de las viviendas.

    Formalmente, la organizacin de la cooperativa estuvo dada por un nmero pequeo de socios. Pero lo cierto es que ms all de las formalidades, en la prctica tanto la cooperativa como la empresa constructora eran dirigidas por el movimiento. Las decisiones sobre qu medidas tomar en la cooperativa y en la empresa constructora eran tomadas por la instancia Federativa del movimiento, ya que el emprendimiento siempre fue pensado por el MTL como una actividad del movimiento en su conjunto.

    Adems de la restriccin generada por las formas asociativas que admite la ley 341 (cooperativa, mutual, etc), el requisito de establecer la personera jurdica supona legalizar y blanquear el movimiento, accin que de ninguna manera era admisible para las tradiciones y cdigos del movimiento.

    El movimiento debi pasar por todas las instancias requeridas formalmente para establecer la cooperativa: libros de actas, contadores, auditora del IVC, registro de la cooperativa, etc. Asimismo para que la cooperativa pudiese demostrar su real fin social, debi presentar al IVC un aval de 3.000 familias que certificaban la real necesidad de vivienda existente. Tambin debi presentar un listado con los posibles adjudicatarios de las 326 viviendas, que const de unas 3.000 o 4.000 personas, es decir, prcticamente todos los militantes del MTL de la CBA20.

    A pesar de que las condiciones del crdito establecan que la cooperativa poda tercerizar aquellas tareas que considerara conveniente, EMETELE decide hacerse cargo de la provisin de la fuerza de trabajo para las obras a travs de su empresa constructora. Esto responde por un lado a que dentro del crdito se contemplaba el costo de la fuerza de trabajo en base a los costos corrientes de mercado, por lo que la contratacin de sus propios militantes permita al MTL aprovechar el crdito no slo para satisfacer la necesidad de vivienda, sino tambin para alcanzar un ingreso ms amplio para sus miembros, asegurando adems, al menos por un tiempo, un mecanismo que les permitira el pago de las cuotas del reintegro; desde este punto de vista, el emprendimiento termina teniendo una doble funcin: por un lado generar un ingreso para sostener la familia; y por otro, producir una vivienda para salir de la situacin de precariedad habitacional extrema, organizando simultneamente un dispositivo financiero para permitir cancelar la deuda contrada; respecto a este punto, apoyndonos en Lpez (LPEZ, S/F a: 5), se podra afirmar que se trata de una suerte de poltica de vivienda social llevada a cabo no por el Estado, sino por un movimiento social. Pero por otro lado, atendiendo a lo expresado por los mismos militantes, la incorporacin en la obra como fuerza de trabajo tambin responde a la idea de reivindicacin de la condicin obrera de los miembros; esto es, les permite superar la condicin de desocupado, al tiempo que participar "creativamente" en una obra simblicamente significativa.

    Como es sabido, el MTL en tanto que movimiento se nutre fundamentalmente de sectores populares, por lo que tiene asiento territorial principalmente en aquellas zonas de la ciudad caracterizadas por sus problemas habitacionales, laborales, ambientales, etc. La cooperativa EMETELE, acorde a las bases populares del movimiento que le dio origen,

    20 Naturalmente el IVC descartaba algunos de estas personas por no cumplir con los requisitos del PAV.

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    cosech sus miembros principalmente de hogares que atravesaban una situacin econmica crtica. Esto es, los integrantes de la cooperativa pertenecan a hogares cuyos niveles de ingreso no slo no les permitan acceder a una vivienda a travs de los mecanismos formales del mercado, sino que en la mayora de los casos ni siquiera podan asegurar las necesidades bsicas alimentarias y de vestimenta; es por esto que el planteo de la cooperativa termina teniendo el doble propsito de vivienda y trabajo. Adems, desde el punto de vista laboral, la cooperativa se integr mayoritariamente de personas que haban pasado largo tiempo inactivas, no conocan el oficio, tenan ms de 50 aos, etc. Por otro lado, resalta la gran cantidad de inmigrantes entre los miembros de la cooperativa; de hecho, de los 300 miembros promedio que trabajaron en Monteagudo, slo el 20% eran argentinos, habiendo una clara predominancia de trabajadores peruanos que representaban alrededor del 65% del total. Dentro del 15% restante se contaban paraguayos y, en menor, medida chilenos, bolivianos, etc.

    Cabe mencionar rpidamente que los adjudicatarios de las viviendas se caracterizaban por una historia habitacional sumamente penosa, ya que la gran mayora de ellos, adems de provenir inmediatamente de viviendas precarias, haban pasado previamente por varias viviendas de iguales caractersticas. Asimismo, los integrantes de la cooperativa compartan un pasado habitacional, en muchos casos habiendo compartido casas tomadas, organizaciones comunitarias en la villa, etc., adems de un pasado "de lucha" en comn, conocindose y estando previamente vinculados por las actividades y tareas del MTL en las diferentes zonales.

    El proyecto Monteagudo Formalmente el Proyecto Monteagudo surge bajo el nombre oficial de

    Conjunto de Viviendas Parque Patricios; pero en la prctica nos encontraremos con decenas de denominaciones para este fenmeno urbano: "Proyecto Monteagudo", "Complejo Monteagudo", "Barrio Piquetero", "Barrio Monteagudo", "Megaproyecto Monteagudo" o simplemente "el Mega", como suelen denominarlo sus moradores.

    Luego de una serie de idas y vueltas, EMETELE decide confiar el diseo formal del barrio al estudio arquitectnico Pfeifer & Zurdo Arqs.21, quien adems estuvo a cargo del estudio del suelo y de la documentacin tcnica de la obra. De este modo EMETELE, una cooperativa popular con planteos contestatarios, aparece como comitente de un estudio arquitectnico "de elite", planteando as un gran interrogante y una situacin de aparente contradiccin con las intenciones declaradas del MTL. Por qu el movimiento se decide por contratar a Pfeifer & Zurdo, originando mayores gastos y exponindose a las crticas de otros sectores del campo popular?

    En primer lugar la cooperativa deba contratar uno de los estudios arquitectnicos acreditados en el IVC dentro del registro del PAV; es decir, no era posible contratar cualquier estudio arquitectnico. Esto determinaba tambin que los precios presentados por los diferentes estudios arquitectnicos fuesen establecidos por el IVC, de modo que no presentaban grandes

    21 Se trata de unos de los estudios arquitectnicos ms importantes y prestigiosos de Argentina, que

    cuenta entre su curriculum el diseo del Tren de la Costa, del Parque de la Costa, del Supermercado Coto de Barrio Norte y la remodelacin del Patio Bullrich, del Alto Palermo, del Paseo Alcorta, del Hipdromo de Palermo, as como de toda una serie de grandes supermercados.

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    diferencias22. En segundo lugar y partiendo de la base de esta limitacin y homologacin de precios, varios de los informantes entrevistados argumentaban que prefirieron a Pfeifer & Zurdo por sus atributos tcnicos; es decir, no slo porque los suponan a la altura de un emprendimiento como el de Monteagudo, sino porque "hacan cosas lindas [...] y no construiran un barrio para pobres"23. Finalmente, este atributo fue pensado como elemento de cooptacin para con los vecinos de Parque Patricios.

    El resto de los profesionales y asesores participantes del ETI se reunieron a travs del Instituto de Estudios del Hbitat Social (IDEHAS) de la Fundacin Cenit en un grupo interdisciplinario, registrado por el IVC, que luego fue contactado por el MTL al iniciar el proceso.

    Luego de varios meses de bsqueda y de analizar la factibilidad de por lo menos otros cinco lotes a travs de empresas inmobiliarias, el MTL encuentra el terreno donde finalmente se levantara el barrio. Se trataba de un lote con las caractersticas deseadas: ubicacin ms o menos central, acceso a servicios urbanos y amplia superficie. El terreno se ubicaba en Monteagudo 597, contaba con una superficie total de 14.400m2, y perteneca a Prez Companc (Molinos Ro de la Plata). El proyecto planific la edificacin de 326 departamentos de diferentes dimensiones.

    El proceso de construccin Inicialmente la cooperativa organiza su fuerza de trabajo con personas

    provenientes predominantemente de la villa 21, as como de otras situaciones habitacionales precarias. El grueso de estos trabajadores tena poca o nula experiencia previa en trabajo de construccin, o hacia mucho tiempo que no trabajaba en la rama. Por este motivo, a pesar que se haba establecido la idea de tratar de tomar trabajadores del MTL de la CBA, la cooperativa se vio obligada a incorporar algunos trabajadores de los partidos del rea Metropolitana de Buenos Aires: Lans, Lomas, La Matanza, etc.

    En definitiva los trabajadores terminaron aprendiendo en la prctica laboral misma. El trabajo efectivo se organiz de manera tal que los trabajadores menos experimentados desarrollaban sus tareas al lado de otros ms experimentados: Grupos no muy grandes en los que aquellos que conocan el oficio les enseaban al resto en la misma prctica.

    En lo que respecta a los otros aspectos formales de la obra, la organizacin era muy parecida a la de una empresa de la rama. Por un lado, la obra contaba con un sistema de vigilancia las 24 hs, se cumpla un horario de 8 horas, ms una para almuerzo, ingresndose de lunes a viernes a las 8.00 y saliendo a las 12.00 hs y reingresando a las 13.00 y saliendo a las 17.00 hs, quedando por ende el sbado y el domingo como das libres; tanto en el ingreso como en la salida se marcaba tarjeta. Los salarios se escalonaban de acuerdo con la tarea desarrollada y la jerarqua, considerndose tambin ausentismos, premios, etc. Los montos netos que de aqu se establecan se ubicaban en unos $900 para un albail a unos $1.300 un oficial, alcanzado en los momentos finales de las obras $1.100 y $1.500 para albail y oficial respectivamente, acorde a los diferentes ajustes conseguidos por la UOCRA

    22 No se debe olvidar que el mismo PAV ya establece los topes que pueden percibir los ETIs, as como la

    distribucin interna para cada rea de estos. 23

    Ricardo M., entrevista del 07-11-2007.

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    frente al proceso inflacionario. Las implicancias que representan estos niveles y formas de remuneracin sern analizadas hacia el final del trabajo.

    Segn nuestras estimaciones, una vez desarrollada la obra en toda su magnitud, el nmero de trabajadores involucrados rond en un promedio de los 300, llegando a alcanzar los 400 hacia el final; no obstante este nmero vari de acuerdo a la demanda de fuerza de trabajo de cada etapa, siempre de manera incremental.

    Desde el sistema constructivo, salvo en lo que respecta a los cimientos, la obra respondi al esquema clsico que se haba previsto en el proyecto: estructura de hormign, mampostera de ladrillos huecos cermicos de 18 cm. de espesor en las paredes exteriores, ladrillos cermicos huecos de 12 y 8 cm. para las mamposteras interiores, cubierta de chapa ondulada con cielorraso de placas de yeso o durlock en el tercer nivel, pisos y revestimientos cermicos para algunos ambientes y carpeta para recibir alfombra en dormitorios. Tal cual se haba previsto, este sistema no requiri de mano de obra extremadamente calificada, a excepcin de las inevitables obras de fundaciones y estructura de hormign y otras tareas especiales. Por otro lado, se opt por comprar primeras marcas como Ferrum, Lonvie, etc. para los accesorios de gas, grifera y aberturas.

    Desde la preservacin arquitectnica, la mayora de las construcciones fueron demolidas por no poseer caractersticas rescatables para uso residencial. Como ya se mencion, las excepciones fueron, por un lado, un edificio de tres plantas, preservado en parte por la memoria urbana ; por otro lado, la torre-tanque, cilndrica, de hormign armado, que, an sin valor histrico-patrimonial, fue preservada para su reutilizacin.

    Toda la obra estuvo tcitamente organizada mediante un sistema asambleario, que permita mantener un dilogo permanente entre los miembros de la cooperativa, acorde avanzaban las obras. Aunque no haba una frecuencia designada para las asambleas, estas se desarrollaban aproximadamente cada 15 das. Si bien se trataba de una instancia que surga de manera ms o menos espontnea "para decidir cosas concretas"24, la asamblea permita estar al tanto y discutir las opiniones de los miembros respecto a temas diversos, que abarcaban desde aspectos tcnicos de la obra y tiempos para realizar el trabajo voluntario hasta interrupciones de las obras ante diferentes actividades del movimiento. Es que, efectivamente, la asamblea funcionaba "montada" sobre la organizacin del movimiento.

    a) El subsidio a la calificacin Desde lo tecnolgico y organizativo, la gran diferencia entre la cooperativa

    y una empresa corriente no era tanto la forma de organizar el proceso de trabajo o el nivel tecnolgico presente en la obra, sino lo que podramos denominar "subsidio a la calificacin", es decir un mecanismo por el cual la cooperativa absorba el costo del tiempo de adaptacin y calificacin de los trabajadores a las nuevas tareas.

    Asimismo, tal vez uno de los mritos ms notables fue el de presentar un proyecto sensiblemente ms econmico que los corrientes en el mercado. En efecto, los costos iniciales de las obras de Monteagudo ($13,2 millones aproximadamente) se ubicaron muy por debajo a los presentados por las diferentes empresas licitadoras de los proyectos del IVC.

    24 Entrevista a Cesar N. del 30.10-2007.

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    Cuadro 2.8: Total de obras licitadas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, excepto las correspondientes al Programa de Autogestin de la Vivienda (aos 2004-2005).

    Empresa Programa Viviendas Direccin Barrio Monto inicial

    asignado Monto inicial por vivienda

    Terreno, proyecto y construccin

    42 Salvadores 757 La Boca 321,824 7662.48 Ajimez SA

    Terreno, proyecto y construccin

    47 Espinoza 351 La Boca s/d s/d

    Terreno, proyecto y construccin

    73 Pagola 3932 Pompeya s/d s/d

    Terreno, proyecto y construccin

    69 Av La Plata Pompeya s/d s/d Criba

    Terreno, proyecto y construccin

    74 Quilmes 335 Pompeya s/d s/d

    Terreno, proyecto y construccin

    70 Albario 41/65 Liniers 3,496,892 49955.60

    Terreno, proyecto y construccin

    47 Albario 91 Liniers 2,425,608 51608.68

    Terreno, proyecto y construccin

    52 Rivadavia 10162 Va Luro 296,400 5700.00

    Lanusse

    Terreno, proyecto y construccin

    48 Falcn 5673 Va Luro 278,863 5809.65

    Tetra SA Terreno, proyecto y

    construccin 57 Directorio 3325/55 Pque. Avell. 2,640,000 46315.79

    Terreno, proyecto y construccin

    58 Culpina 264-72 Flores 3,970,213 68451.95

    Terreno, proyecto y construccin

    66 Estrada 48/74 Pque. Chac. 4,668,347 70732.53

    Terreno, proyecto y construccin

    70 Dean Funes 1121 San

    Cristobal 4,675,331 66790.44

    Terreno, proyecto y construccin

    62 Bragado 4741 Pque. Avell. 6,867,277 110762.53

    Terreno, proyecto y construccin

    42 Lafuente 64-68 Flores s/d s/d

    Vidogar SA

    Terreno, proyecto y construccin

    68 Oliden 343 Liniers 418,805 6158.90

    Vivian Hnos Terreno, proyecto y

    construccin 69 Castros Barros 925 Boedo 7,669,714 111155.28

    Terreno, proyecto y construccin

    70 Dean Funes 1155 San

    Cristobal 4,804,621 68637.44

    Vivian SA Terreno, proyecto y

    construccin 65 Humberto 1 2823-41

    San Cristobal

    4,692,708 72195.51

    Teximco Recuperacin de la traza

    EX AU3 22 Estomba 1148/1154 Va Ortuzar 1,410,349 64106.77

    Teximco Recuperacin de la traza

    EX AU4 7 Giribone 840 Chacarita s/d s/d

    Teximco Recuperacin de la traza

    EX AU5 22 Giribone 1330 Va Ortuzar 1,283,726 58351.18

    Vidogar SA IRT de Vilas 116 NHT Zabaleta Pompeya 10,748,890 92662.84

    SAICFI IRT de Vilas 160 NHT Zabaleta Pompeya 11,792,222 73701.39

    SAICFI IRT de Vilas 160 Flores Villa 1-11-14 14,424,352 90152.20

    Bonfanti-Di Biaso

    IRT de Vilas Centro Salud

    Flores Villa 1-11-14 598,430 s/d

    Marinelli SA IRT de Vilas Ctro Asist Va Lugano Villa 20 598,430 s/d

    SAICFI IRT de Vilas 28 Va Lugano Villa 20 3,220,599 115021.39

    Edintar IRT de Vilas 10 Pompeya Villa 21-24 10,748,890 1074889.00

    Vidogar SA IRT de Vilas 18 Va Soldati Villa 3 788,000 43777.78

    Indaltec IRT de Vilas Ctro

    Cultural Pque Avell Villa 6 1,533,886 s/d

    SES SA IRT de Vilas 24 Flores Villa 1-11-14 1,736,725 72363.54

    SES SA IRT de Vilas 48 Flores Villa 1-11-14 s/d s/d

    SES SA IRT de Vilas 24 Flores Villa 1-11-14 1,817,491 75728.79

    Vidogar SA IRT de Vilas 87 Flores Villa 1-11-14 7,738,100 88943.68

    Raffo y Maziers

    IRT de Vilas 94 Flores Villa 1-11-14 s/d s/d

    SES SA IRT de Vilas 112 Flores Villa 1-11-14 s/d s/d

    Ajimez IRT de Vilas 24 Mataderos Villa 15 1,327,827 55326.13

    Ajimez IRT de Vilas 24 Mataderos Villa 15 1,318,432 54934.67

    SAICFI IRT de Vilas 160 Va Lugano Villa 17 10,960,900 68505.63

    SAICFI IRT de Vilas 86 Va Lugano Villa 17 9,119,526 106041.00

    Cornovial IRT de Vilas 100 Va Soldati Villa 21-24 s/d s/d

    Vidogar SA IRT de Vilas 120 Va Soldati Villa 3 8,053,000 67108.33

    s/d IRT de Vilas 55 Va Soldati Villa 3 4,393,189 79876.16

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    Teximco IRT de Vilas 55 Va Soldati Villa 3 4,245,844 77197.16

    Vezzato IRT de Vilas 55 Va Soldati Villa 3 4,211,079 76565.07

    Raffo y Maziers

    IRT de Vilas 55 Va Soldati Villa 3 4,216,117 76656.67

    Indaltec IRT de Vilas 32 Pque Avell Villa 6 2,362,922 73841.31

    Gadea IRT de Vilas 128 s/d Villa La Dulce

    9,907,507 77402.40

    Performar Viv tu casa 93 s/d B Gral Salvio

    s/d s/d

    Gadea Viv tu casa 93 s/d B Gral Salvio

    s/d s/d

    Performar Viv tu casa 244 Saraza 4274/4312 Lugano U7 s/d s/d

    Regam-Eisa Viv tu casa 244 Saraza 4214/4244 Lugano U7 19,474,140 79812.05

    Green SA Viv tu casa 244 Castaares 4273/4313 Lugano U7 18,985,261 77808.45

    Green SA Viv tu casa 244 Castaares 4213/4243 Lugano U7 18,985,261 77808.45

    Ajimez Reahab La Boca 11 Palacios 744-60 La Boca 803,000 73000.00

    Ajimez Reahab La Boca 8 Alvar Nuez 245 La Boca 519,864 64983.00

    Vezzato Reahab La Boca 9 M Rodrguez 839 La Boca 657,000 73000.00

    Buarg SA Reahab La Boca 18 Salvadores 829 La Boca 1,602,049 89002.72

    Ajimez Reahab La Boca 15 Surez 479 La Boca 1,095,000 73000.00

    Fuente: Elaboracin propia en base a informacin provista por el IVC de la CBA.

    Las obras de Monteagudo supusieron un costo promedio inicial por unidad de vivienda de aproximadamente $40.000, incluyendo la reapertura de una calle y otras construcciones no destinadas a vivienda (plazoleta, locales, guardera, saln de usos mltiples, etc.); al comparar esta cifra con aquellas presentadas por las empresas licitadoras la diferencia se pone en evidencia: el promedio del costo por unidad de estas obras estuvo por encima de los $70.000.

    Lo mismo se observa al comparar programa por programa: por ejemplo, los costos por unidad de vivienda del Programa Terreno, Proyecto y Construccin se ubicaron casi en $56.00025, los del Programa de recuperacin de la traza de la Ex AU3 se ubicaron en ms de $61.000, los del programa de Integracin, Radicacin y Transformacin de Villas se ubicaron en promedio por encima de los $79.00026, los del Programa de Demanda General "Viv tu Casa" lo hicieron en torno a los $78.000 y los del programa de Rehabilitacin de La Boca por encima de los $76.000.

    Cuadro 2.9: Costo promedio por unidad de vivienda construida segn programa.

    Programa Costo promedio por unidad en

    pesos

    Terreno, proyecto y construccin 55.955,69

    Recuperacin de la traza EX AU3 61.228,98

    Integracin, radicacin y transformacin de villas 79.647,57

    Viv tu casa 78.476,31

    Rehabilitacin de La Boca 76.670,70

    Monteagudo - EMETELE 40.484,92

    Fuente: Elaboracin propia en base a informacin provista por el Instituto de la Vivienda de la CBA.

    nicamente las obras del resto los emprendimientos cooperativistas organizados en el marco del PAV se equiparan (o incluso se ubican por debajo) a los valores globales de Monteagudo, lo que evidentemente nos remite a las economas generadas por las cooperativas.

    25 Si excluyramos de este clculo las urbanizaciones especiales de tres obras que posean montos

    radicalmente ms bajos por particularidades constructivas, el promedio se ubicara por encima de los $65.000. 26

    Esto sin considerar, naturalmente, los proyectos de Centros de Salud, Centros Culturales, etc., as como urbanizaciones especiales como la de Edintar en la Villa 21-24 de Pompeya.

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    Como sea, inicialmente las obras de Monteagudo incurrieron en unos costos iniciales por unidad entre $15.000 y $39.000 ms bajos que los corrientes de las obras del IVC, representando ahorros de hasta cerca del 50%. Para expresarlo de manera grfica, si el barrio Monteagudo se hubiera desarrollado con los valores corrientes del IVC, sus 326 unidades residenciales habran representado un gasto extra inicial de entre unos $490.000 y $1.270.000 aproximadamente27.

    Con el transcurrir de las obras, el monto por vivienda y global asignado por el IVC fue creciendo al ritmo del proceso inflacionario, lo que sumado a las diferentes enmiendas y ajustes, hizo que los costos finales de las obras se ubicara en torno a los $25 millones. No obstante, los mismos sistemas de ajuste y enmiendas se aplicaron a los restantes proyectos del IVC, por lo que la diferencia de costos debera mantenerse28.

    Esta minimizacin de costos por parte del proyecto resulta an ms sorprendente si se considera que la cooperativa tom alrededor de un 100% ms de trabajadores que una obra corriente, pagando la totalidad de salarios en blanco (con montos establecidos y ajustados en el tiempo por el convenio de la UOCRA), al tiempo que adquira prcticamente el 100% de las herramientas, indumentaria, etc., y a pesar de haber realizado las obras en un tiempo mayor a los corrientes de la rama. Adems, no se debe olvidar que la cooperativa utiliz primeras marcas para las terminaciones y contrat a uno de los estudios arquitectnicos ms prestigioso del pas, as como un ETI compuesto por profesionales muy prestigiosos (que en casi todos los casos cobraron sus honorarios habituales). A pesar de todos estos aspectos, que sin duda debieron tender al encarecimiento, el emprendimiento igualmente pudo absorber el tiempo de adaptacin y formacin del proceso de calificacin de los trabajadores.

    Como se afirm, la explicacin de esta particular efectividad econmica del proyecto pareciera depender de su finalidad no capitalista. Segn Carlos Chile, presidente de la cooperativa:

    "Cul es la diferencia con una constructora privada? Haran las viviendas con 100 personas en lugar de 250, y se llevaran 3 o 4 millones de ganancia [...]. No financiaran el tiempo de adaptacin. Nosotros s y, a pesar de eso, somos competitivos, porque no hay plusvala (Citado en VALES, 2005).

    Se trata de un caso de capital desvalorizado, pero con la particularidad de ser administrado por un movimiento social, externo al Estado, sin que esto afecte la viabilidad econmica del proyecto puntual. Si bien el emprendimiento evitara la plusvala econmica, dentro de la cooperativa no se abstuvieron slo a este aspecto y afirmaron que se evitaba tambin una "plusvala poltica", que derivara de los costos generados por la burocratizacin del Estado y de los altos niveles de corrupcin.

    Por otro lado, al haber estado en manos de un movimiento polticamente resistido desde el Estado, los mecanismos estatales formales presionaron especialmente al movimiento sobre la transparencia en la administracin de los recursos, so pena de rescindir el crdito: pocos emprendimientos de vivienda

    27 La Urdimbre, por ejemplo, calculaba este ahorro en casi un 36%, por lo que estimaba el sobreprecio del

    grueso de las obras licitadas por encima del 55% (ROBERTI, 2005). 28

    Sin embargo en este punto no estamos en condiciones de realizar afirmaciones contundentes, ya que el IVC por diferentes motivos se neg a entregar las actualizaciones. nicamente pudimos obtener el monto de la actualizacin de la cooperativa EMETELE, facilitado por la misma cooperativa.

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    popular se encuentran bajo un seguimiento tan estricto como el que reciben las cooperativas y mutuales que operan bajo el PAV. Es decir, el enfrentamiento entre el movimiento y el Estado en cierta medida estimula la eficiencia en el manejo social de los recursos.

    Sin embargo, tambin es a partir de este objetivo social que se plantea uno de los principales interrogantes a la viabilidad de la cooperativa: el consumo total del crdito provisto para el emprendimiento no permite a la cooperativa proveerse de los medios de produccin corrientes a la rama, en especial de aquellos ms sofisticados. Es decir, si bien EMETELE destin una parte del crdito a herramientas, vestimenta, etc., que bien pueden ser reutilizadas en otros emprendimientos, el grueso del crdito se consumi en la compra del lote y los materiales, en el pago de honorarios profesionales y la remuneracin de los trabajadores, no dejando margen para adquirir, por ejemplo, maquinaria especializada. La cooperativa premeditadamente desisti de reservar una parte significativa del monto crediticio para adquirir maquinaria sofisticada o formar cuadros tcnicos superiores; en otras palabras, su ecuacin no consider aquella porcin normalmente destinada a la capitalizacin, a la renovacin tecnolgica, etc.

    Se trata, en definitiva, de un cuello de botella comn a todos los grandes emprendimientos cooperativos: llegado un punto de su desarrollo, el macro funcionamiento del mismo sistema econmico pareciera llevarlos a optar entre tratar de capitalizarse, perdiendo en parte su fin inmediatamente social, o tratar de mantenerse completamente dentro de una lnea de ayuda mutua sin capitalizacin, lo que sin duda limita el alcance de su posible actuacin, pudiendo incluso llevarla a la bancarrota29. Alcanzada cierta dimensin econmica financiera y cierto grado de autonoma, la cuestin del retorno financiero de la inversin, de la capitalizacin y de la burocratizacin se vuelve crucial en las cooperativas.

    Sin embargo, al reflexionar sobre la rama de la construccin nos encontramos con un elemento sumamente interesante. sta se caracteriza por poseer en promedio una baja composicin orgnica de capital, es decir por poseer una mayor participacin de capital variable frente al capital constante que otras ramas. Obviamente de aqu se desprende una mayor aptitud de EMETELE para operar en la rama, ya que, como se mencion en la descripcin de la cooperativa -as como en todas las formas de autoconstruccin asociada o individual- una de sus caractersticas ms notorias es la permanente disponibilidad de una enorme masa de fuerza de trabajo. Con esto en parte suponemos que si la cooperativa hubiera pretendido trabajar en otra rama seguramente habra chocado contra el requerimiento de un enorme volumen de capital inicial necesario para poder operar satisfactoriamente.

    b) Los vecinos de Parque Patricios La llegada de la noticia de la construccin del barrio a los vecinos de

    Parque Patricios gener un cierto malestar, llegando en algunos casos a estimular la organizacin de grupos de oposicin a las obras. En principio, el mvil de este rechazo podra buscarse en dos causas diferentes: primero, una cuestin derivada de la incertidumbre, miedo y/o rechazo que gener la penetracin de un otro, considerado inapropiado y hasta peligroso para el barrio Parque Patricios. Segundo, una cuestin ms vinculada con lo

    29 Topalov afirma que "o bien son aplastadas por la competencia de las empresas capitalistas, o bien se

    transforman en ellas" (TOPALOV, 1979: 77).

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    econmico, derivada del temor ante una posible depreciacin de las propiedades causada por la llegada de estas personas. Analicemos por separado.

    Desde un punto de vista cultural, la composicin social del emprendimiento en ocasiones fue interpretada por los vecinos de Parque Patricios a partir de una asociacin inmediata o mediata a una serie de prcticas reprobables, tales como la suciedad, la falta de modales apropiados, la holgazanera y hasta la delincuencia y la violencia. Asimismo, no conocer al que se tiene al lado genera una sensacin de inseguridad (PETRACCA y GONZLEZ, 2007). De este modo, la llegada estos individuos, ms all de cul fuese su intencin real o declarada, soli ser interpretada como un "peligro" y una "degradacin" social del barrio, es decir como un revs para el barrio mismo. Esto estuvo acompaado por un malestar que se expres en diferentes formas de reclamos, muchas veces bajo formas subterrneas y annimas30. Parque Patricios, un barrio con una identidad "nacido y criado" muy fuerte, se vea en algn punto avasallado por la aparicin de estos grupos.

    Por otro lado, hubo un polo de resistencia al emprendimiento que bas su accionar no tanto en cuestiones culturales, sino ms bien en aspectos econmicos. Concretamente la oposicin al proyecto estuvo motorizada por la ex ministra de Trabajo Patricia Bullrich y por el diario Infobae (CEDET, 2006; POLI, 2007: 93-4). Ambos partieron de cuestionamientos polticos, denunciando periodsticamente a la obra porque "el 40% de los trabajadores empleados haban sido extranjeros". El diario tambin denunci en reiteradas ocasiones que el gobierno de la ciudad privilegi a activistas. Empero, el ataque ms fuerte afirmaba que "desde que el [...] MTL escritur la posesin de un predio en el barrio porteo de Parque Patricios, los valores de los inmuebles de esa zona comenzaron a devaluarse" (INFOBAE, 2005). Esta denuncia fue acompaada por la de algunos vecinos, que argumentaban que sus propiedades se haban devaluado en un 15%. Si bien esta devaluacin nunca existi (por lo menos en tal magnitud), los cuestionamientos de Bullrich e Infobae encontraron eco cuanto menos en algunos sectores de vecinos.

    En definitiva, el temor -justificado o no- de los vecinos de Parque Patricios gir en torno a dos cuestiones: cierto temor ante un posible aumento de la inseguridad derivado del traslado de moradores de la Villa 21 y de inmuebles tomados y una supuesta devaluacin del precio de los inmuebles el barrio debido a la presencia de la "obra piquetera"31. En ambos casos, los planteos de los vecinos tcitamente di