¿ahora es cuando? bolivia: cambios y contradicciones

¿Ahora es cuando?

Bolivia: cambios y contradicciones

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N° de registro de derechos de autor: Diseño de portada: Adriana Elias MaxilArmado interiores: Pez en el árbol

Ed. Pez en el árbolMéxico, 2011

Índice

Agradecimientos

Presentación

Las asimetrías del mandar obedeciendo en BoliviaPaola Martínez y Lucia Linsalata

Dominación y rebelión en oriente boliviano.La construcción de Oriente y el Cerco a Santa CruzMarxa N. Chávez y Börries E. Nehe

El papel del Estado en la transformación de lo legítimo en legalManlio Flavio Barbosa y Gabriela Delgadillo

Katarismo-indianismo desde el Qollasuyu.Historia, tesis y luchas sociales de hoyPablo Mamani Ramírez y Gustavo Roberto Cruz

Epilogo

Siglas

Sobre los autores

Agradecimientos

Queremos agradecer encarecidamente a todas y todos aquellos que nos apoyaron para que este libro, después de casi 2 años de trabajo colectivo, pueda estar en nuestras manos para compartirlo con ustedes. Especialmente queremos agradecer a Adriana Elías Maxil por su trabajo en el diseño de portada del libro y en el diseño del logo del Colectivo Katär Uta. A Lorena Cervantes por su dedicada corrección de estilo y por sus acertadas sugerencias sobre el formato del libro. Gracias también a Raquel Gutiérrez, Coque y Severo de Salles, por su apoyo y comentarios en la lectura de los capítulos. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a Margarita Favela y Silvia Soriano por su solidaria donación para la impresión del libro.Finalmente, gracias a los que, de por sí, están amorosamente caminando junto a nosotros: Familia, amigos, compañeros y camaradas tod@s.

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Presentación

La primera década del siglo xxi para Bolivia, ha sido un tiempo de continuos levantamientos y aprendizajes colectivos en las movilizaciones sociales más grandes dadas desde la Revolución de 1952. Desde el 2000, un entramado de fuerzas comunitarias y populares emergieron de manera potente y desafiante al orden colonial y republicano. Desde entonces, hasta el 2005, se vivieron los tiempos de las multitudes que desplegaron, sobre la base de una fuerte autonomía política, una capacidad y creatividad social enorme que imaginaron y crearon una Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, un Ejército Indígena y cientos de comités vecinales de bloqueo en distintos lugares de Bolivia (aunque con mayor fuerza en Los Andes). El año 2000 condensó y, a la vez, inauguró un ciclo de luchas que abrieron un proceso político, hoy todavía en disputa. Lo condensó en el sentido en que estas luchas se sustentan en y son continuación de rebeliones y levantamientos con siglos de historia, que fueron conformando parte de la base ideológica de los movimientos indígenas-populares contemporáneos. Lo inauguró porque el año 2000 marca el inicio de un ciclo de luchas en donde la defensa de los recursos naturales se conjuga con la lucha por transformar la constitución racista y clasista del Estado boliviano. Tras el conocido triunfo del presidente Evo Morales en las elecciones nacionales de 2005, se halla toda esta historia de energía común y los tiempos de poder indio y popular. El gobierno de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (mas) ingresaron como una fuerza política partidaria que habría de llevar adelante un proceso que cumpliría con las demandas de lo que se llamó “la Agenda de Octubre” de 2003, formulada en plena “Guerra del Gas”: Nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente y el juicio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (el máximo representante del neoliberalismo en Bolivia). En este sentido, un objetivo importante del presente texto es desentrañar la historia profunda del proceso de transformación político-social que actualmente se vive en Bolivia, para despersonalizarlo y devolverlo o centrarlo en sus gestores originales: los movimientos indígenas-populares. Esto no significa, desconocer o restar importancia al papel político y simbólico que desempeña un líder indígena como Evo Morales. Lo que tratamos hacer es mostrar las

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presentacion

complejas y anudadas relaciones políticas, de poder, de enfrentamiento entre distintas fuerzas políticas y de mando-obediencia, que subyacen a la historia reciente y a los conflictos actuales en Bolivia. Pues consideramos que estas tensiones no se circunscriben únicamente al gobierno de Evo Morales vs. élites criollo-mestizas, sino que también marcan la relación del gobierno con otras fuerzas políticas organizadas en torno a movimientos y organizaciones indígenas- populares. Para dar cuenta de esta complejidad y acorde con el objetivo antes mencionado, el texto propone cuatro ejes de análisis que señalan algunos de los aspectos más conflictivos y a veces contradictorios de la disputa por la construcción de un nuevo Estado. Hoy por hoy, éste se presenta como un campo de encuentro, choque y lucha entre el proyecto impulsado desde el gobierno, los intereses de las élites tradicionales, políticamente debilitadas pero económicamente fuertes, y las organizaciones indígenas-populares, quienes sin contar con un proyecto político acabado o consensuado se han convertido en la conciencia crítica del “proceso de cambio”.Por ende, cada uno de los ejes que estructuran este libro hace referencia a un complejo específico de enfrentamientos, problemas, contradicciones o acuerdos entre las distintas fuerzas políticas existentes en Bolivia. El primer eje aborda la relación entre el gobierno de Evo Morales y las organizaciones indígenas-populares; el segundo, la articulación y desarticulación de la oligarquía; el tercero, el problema de la tierra y el territorio; y el cuarto, el indianismo-katarismo como uno de los importantes referentes históricos de las luchas contemporáneas.Se trata de cuatro ejes que, a la vez, hacen referencia a aspectos concretos de un momento revolucionario que tiene mucho que compartir, en primera instancia, con el resto de pueblos, organizaciones y movimientos latinoamericanos. Particularmente para el caso mexicano, pensamos que mirar hacia Bolivia y desde Bolivia puede implicar un momento de aprendizaje importante y necesario. Pues miramos y observamos no para ver aquello que deseamos ver, ni para mitificar una realidad que vista desde cerca y desde abajo está atravesada por un sinfín de contradicciones. Ni mucho menos para ver qué podemos “adaptar” a la realidad social mexicana. Por el contrario, proponemos dialogar con una experiencia que en sus antecedentes tiene varios paralelos con muchas de nuestras historias y con lo que actualmente ocurre en México, pero que desde hace años ha ido por rumbos muy distintos.

También Bolivia enfrentó desde la década de los 80 una crisis del estado en su conjunto -como la que enfrenta México desde 1982- , y una neo-oligarquización de la economía y la política como parte de la reestructuración neoliberal. También este país ha vivido la precarización del trabajo y la consecuente fragmentación y desmovilización política, particularmente en los años 80, cuando a través de la llamada “capitalización” (privatización) se cerraron las fuentes de trabajo de miles de trabajadores mineros. Durante décadas, Bolivia, como nosotros hoy día, enfrentó la dependencia e injerencia del imperialismo norteamericano, con la venia cómplice de la burguesía dueña de los sectores más dinámicos de la producción. Sin embargo, tal como en México desde los 90, en Bolivia se gestó un movimiento integrado por los sectores más decididos a luchar por un cambio radical, sobre todo indígenas y campesinos, sin nada que perder pero con mucho por recuperar: la historia, la tierra, el territorio, los recursos naturales.Para quienes pretendemos acercarnos a la experiencia boliviana, nos interesa entender el proceso de politización y organización de sectores populares, indígenas y campesinos, la manera en que éstos tejieron relaciones de solidaridad, y cómo se logró llegar a un momento de enfrentamiento y definición entre clases y sectores sociales diversos. Esas interrogantes, presentes a lo largo de todo el texto, están relacionadas con un segundo objetivo del presente libro: entender y exponer este proceso como un tiempo aún abierto y en disputa; un proceso revolucionario que sigue demandando la lucha política de todas las organizaciones indígenas-populares que lo hicieron posible y que son imprescindibles en la construcción de un(os) horizonte(s) emancipatorio(s) propio(s). Así, el momento que actualmente vive Bolivia nos muestra, por un lado, las reacciones violentas de los grupos de poder económico ante el avance de los desposeídos, sea mediante los mecanismos institucionales o “democráticos” o mediante grupos de choque. Por otro lado, nos muestra dificultades y contradicciones que surgen entre los movimientos sociales forjadores de dicho proceso revolucionario y el bloque reinante, que integra al personal del Estado, el presidente, “secretarios del Estado, el personal de los cargos superiores de las secretarías, autoridades parlamentarias, ministros de la corte, altos mando militares” (Osorio, 2005: 37).

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presentacion

El grupo cercano al presidente Evo Morales, su gabinete o “entorno blancoide” como se ha dado en llamar a los ministros y demás personal del Estado designado, se ha convertido en uno de los aspectos más criticados por las organizaciones indígenas-populares, quienes consideran que se las ha marginado para dar cabida a personajes provenientes de las élites tradicionales. Además de que ese grupo muestra poca capacidad y disposición para resolver las demandas históricas de las organizaciones y comunidades indígenas. Luego de cinco años de gobierno, los cuestionamientos en torno a un programa de gobierno criticado por su visión “neodesarrollista” han ido aumentando y subiendo de tono. Lo mismo ocurrió con las críticas agudas de los sectores protagonistas de los anteriores levantamientos, con relación a los resultados reales de la muy propagandizada “descolonización” de las estructuras estatales. Estos desarrollos nos han conducido a repensar de manera abierta y comprometida los alcances y límites de la transformación real del estado colonial. De este modo, el presente libro problematiza los procesos políticos y sociales después de la elección del primer presidente indígena en Bolivia y en Sudamérica. Nuestros escritos versan sobre interrogantes conductores claramente definidos: ¿Qué sucede ahora con el llamado “proceso de cambio”? ¿Hasta qué punto podemos hablar de avances emancipatorios, y dónde encontramos estancamientos o retrocesos? ¿Cuáles son las tensiones que subyacen a los procesos socio-políticos, y cuáles son los conflictos que éstos generan? Hacemos el intento de buscar posibles respuestas a través de análisis críticos con vigor académico, sensibilidad y compromiso político, y esperamos contribuir al debate en curso siguiendo cuatro temas que nos parecen fundamentales: El primer tema que aquí abordamos es el de las relaciones de “mando – obediencia”. Nuestro análisis constituye una mirada crítica a las maneras en que el estado boliviano y el gobierno del mas están (re-) construyendo las relaciones políticas con las organizaciones sociales, las cuales, según los discursos gubernamentales, “son gobierno”. Enfocamos la temática desde una perspectiva de la construcción de hegemonía, entendida como relaciones de dominación y subordinación.El segundo debate, está planteado alrededor de otros actores que ingresaron de manera subrepticia, colectiva y violenta, al escenario nacional: el bloque de poder oligárquico y, en contrapartida, un

movimiento multiforme campesino y popular en los departamentos de las zonas bajas del país. Discutimos la visión identitaria de este bloque y sus estrategias de construcción de espacios, y dirigimos la mirada a una movilización sin precedentes de miles de campesinos y vecinos en Santa Cruz en septiembre de 2008. Entendemos el “Cerco a Santa Cruz” no solamente como movimiento de oposición al separatismo señorial y a la violencia que desplegó, sino como cuestionamiento profundo del orden racista y capitalista en el país. El hecho de que el estado negociaba con dichos sectores de derecha, mientras que los sindicatos campesinos de base imaginaron y construyeron otros escenarios de enfrentamiento que no coincidían con el halo concertador del gobierno, nos dirige nuevamente hacia las tensiones entre el gobierno y aquellos que pretende representar. El tercer debate se centra en la problemática agraria y la distribución de tierras, pivote fundamental de una lucha campesina en oriente, y que es retomada y traducida nuevamente en lenguaje estatal. Resulta central establecer puntos de discusión en torno a este tema, ya que en él radicaban las posibilidades de transformación política y social, pues como bien se anota, la tierra y el territorio constituyen el núcleo de una disputa de centurias, entre lógicas comunitarias y la lógica liberal-burguesa. El cambio prometido por el mas, respecto a una “Revolución Agraria” tiene matices que resultan sugestivos para discutirlos: ¿En qué radica esta nueva codificación estatal de la demanda campesina y comunitaria sobre tierras?El cuarto debate gira alrededor del replanteamiento y relanzamiento necesario de las posturas más radicales y subterráneas del movimiento comunitario: el katarismo y el indianismo, como discurso, como ideología que nace de lo profundo de la historia comunal. Ahora que lo indígena se ha transformado en elemento central del discurso estatal, ¿Cuál es la importancia de rediscutir los proyectos comunitarios y de autogobierno por los cuales propugnaban los kataristas e indianistas? La pregunta punzante que plantea el artículo es: ¿Por qué el katarismo e indianismo no tienen un lugar en el actual gobierno de Evo Morales?Nuestros análisis de esas temáticas se centran, fundamentalmente, en el despliegue actual de los conflictos políticos y sociales. Pues consideramos que es desde el desarrollo concreto de la lucha social desde donde han de partir nuestros esfuerzos por comprender Bolivia

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y, sin caer en generalizaciones estériles, extraer algunas claves que nos permiten entender y transformar la realidad mexicana. Cabe mencionar que, desde Bolivia, se ve en México una dominación estatal y partidaria casi capilar que inició después de la Revolución mexicana de 1910, lo cual impulsa a reflexionar sobre las contradicciones del proceso boliviano actual. Se mira también, con mucho interés, los despliegues de luchas incesantes de actores diversos, enfrentados a la aplastante presencia y respuesta del estado mexicano a través de todos sus mecanismos de negociación y represión. Viceversa, los cambios políticos en el país andino han despertado un considerable interés entre individuos, grupos y organizaciones mexicanas. Ante ese panorama de un diálogo de los de abajo ya en curso, sugerimos una lectura centrada en dos miradas: una mexicana y la otra boliviana, cada cual partiendo desde un lugar particular y con experiencias concretas de lucha. Nos propusimos, principalmente, que fuera un texto militante, polifónico, discutido y construido colectivamente. Asimismo, hemos puesto especial cuidado en no caer en un “academicismo” que alejara nuestras reflexiones de sus principales destinatarios: los movimientos populares, campesinos e indígenas mexicanos y latinoamericanos que hoy día buscan, por variados caminos, construir referentes y horizontes que aglutinen a las distintas fuerzas anticapitalistas y que permitan luchar por un proyecto emancipatorio común.Fuera del habitual modus operandi del quehacer académico, nuestro libro, que ahora es suyo, lo construimos colectivamente: a través de discusiones y deliberaciones, con otras formas y otros tiempos. Con base en nuestras contradicciones y desacuerdos pero, principalmente, con base en nuestros consensos y coincidencias. Con este trabajo nos presentamos como “Colectivo Katär Uta”1: un grupo comprometido con la producción de conocimiento como un ejercicio político, crítico y de divulgación social.

* Frase en lengua aymara que significa “La casa de las serpientes”. El katari, o serpiente, posee una simbología política profunda para los pueblos andinos del sur de Abya Yala. Los líderes de las más grandes rebeliones anticoloniales panandinas –Túpac Amaru, Tomás Katari, Túpac Katari- llevaron su nombre. El movimiento del katari es subterráneo, así como el del Cóatl y el Chikchan, en Mesoamérica.

Las asimetrías del mandar obedeciendo en Bolivia

Paola MartínezLucía Linsalata

El 22 de enero de 2006, en un ambiente de expectativas y conmoción cultural sin precedentes en la historia de Bolivia, diferentes autoridades originarias del pueblo aymara entregaron el bastón de mando al nuevo presidente electo Evo Morales. Al terminar su discurso oficial, en el templo de Kalasasaya de la antigua ciudad de Tiwanaku, el primer presidente indígena del país aceptó el mandato del pueblo, pronunciando las siguientes palabras: “Cumpliré con mi compromiso, como dice el sub-comandante Marcos, mandar obedeciendo al pueblo, mandaré Bolivia obedeciendo al pueblo boliviano”.1 ¿Qué significaba en ese momento histórico en Bolivia “mandar obedeciendo al pueblo”? ¿En qué medida el gobierno de Evo Morales ha cumplido con este compromiso? ¿Hasta qué punto el primer presidente aymara de la historia de Bolivia ha asumido el principio del “mandar obedeciendo” (principio fundamental de la cultura política indígena-comunitaria)? ¿En qué medida se han logrado cuestionar y transformar, desde las instituciones estatales, las formas liberales de ejercicio del mando y de la representación? Finalmente, ¿quién manda hoy en Bolivia? y¿cómo se ejerce este mando?En este breve capítulo, intentaremos esbozar algunas reflexiones iniciales acerca de estas problemáticas. A partir de un análisis del convulsionado proceso de cambio inaugurado en Bolivia con la llegada del mas al poder, intentaremos pensar cómo se ha ido transformando, a lo largo de los últimos cuatro años, la relación de mando y obediencia al interior de la comunidad estatal boliviana. En particular, nos preguntaremos hasta qué punto se han logrado transformar, al interior de la sociedad boliviana, las viejas formas de ejercicio del mando heredadas por el Estado republicano y en qué medida, a raíz de estas transformaciones, los sectores indígenas-populares, que protagonizaron el ciclo rebelde de 2000-2005, pueden incidir hoy, a cuatros años del inicio del denominado “proceso de cambio”, en los asuntos públicos del país. 1 Discurso de Evo Morales en la toma de posesión como presidente de Bolivia el 22 de Enero de 2006. Disponible en varios sitios Web.

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Nuestra reflexión se centrará en el análisis del proceso constituyente. Consideramos, en efecto, que el proceso de elaboración de la nueva constitución ha sido un momento emblemático en la historia reciente de Bolivia a lo largo del cual se ha ido tejiendo una nueva relación de mando y obediencia entre los gobernantes y los gobernados del país.

Las consignas de un pueblo insurrecto

Toda comunidad política estatal se organiza alrededor de una relación asimétrica de mando y obediencia, de dominación y subordinación, con base en la cual una élite (aceptada, legitimada y reproducida como tal en el seno de la comunidad estatal) detenta con exclusividad el uso legítimo de la violencia (Gilly, 2006: 20). Los vínculos de dominación y subordinación alrededor de los cuales se articula la forma política estatal son procesos relacionales complejos que se van configurando en los tiempos largos y siempre cambiantes de la historia. La relación de mando-obediencia no es una relación fija e inmutable en el tiempo. Al contrario, es el resultado de una interacción conflictiva y dinámica, en la que los términos del dominio y la subordinación están sujetos a continuas transformaciones y negociaciones, tanto por parte de los dominados como por parte de los dominantes. Gramsci definía con el término de “hegemonía” esta relación en flujo constante entre gobernantes y gobernados dentro de cuyos marcos se establece una relación de dominación/subordinación reconocida por todos como legítima. El intelectual italiano concebía la comunidad estatal como un campo de fuerzas complejo y en constante movimiento, al interior del cual la lucha y las negociaciones entre gobernantes y gobernados ocurren sin cesar, modificando constantemente los equilibrios de poder al interior de una sociedad. La hegemonía, la relación legítima de dominación y subordinación, no es pensada por Gramsci como una relación acabada y monolítica, sino como un proceso político problemático y disputado, al interior del cual se va definiendo “un marco material y cultural común para vivir en, hablar de y actuar sobre los ordenes sociales caracterizados por la dominación” (Roseberry, 2007: 127). Construir un poder hegemónico significa construir este marco común significativo al interior del cual los distintos sectores de la sociedad se pelean y/o negocian por definir las reglas del mando y las condiciones de la obediencia.

Ahora bien, no siempre los sujetos gobernantes tienen la capacidad de articular las distintas fuerzas sociales existentes en la sociedad bajo una relación de dominación legítima, es decir, bajo un poder hegemónico. En esos casos, la dominación estatal es ejercida más por medio de la coerción y la violencia, que por medio del consenso; por lo mismo, es más fácil que la negociación del mando y la obediencia entre en crisis y estalle en actos de rebelión social.Las crisis estatales son momentos de descomposición de las relaciones de fuerzas a favor de los grupos dominantes y de articulación de nuevas fuerzas políticas con capacidad de cuestionar las relaciones de dominación existentes en la sociedad y pelear por la negociación de un nuevo mando estatal. Toda crisis estatal implica un cambio profundo en los equilibrios de poder al interior de una sociedad y una ruptura – más o menos violenta y radical - de la relación de mando y obediencia alrededor de la cual se estructura la comunidad estatal; una ruptura de la relación de dominación/subordinación existente y la configuración de una nueva relación de dominación, que solo en parte será igual a la precedente. Los términos materiales y simbólicos de esta nueva relación se definen histórica y dialécticamente en el desarrollo complejo y controvertido de la lucha social. Bolivia refleja, hoy, con mucha claridad lo que acabamos de señalar. Desde hace más de una década, el país ha entrado en un periodo de profunda crisis política y estatal. La relativa hegemonía política e ideológica que el orden neoliberal había logrado consolidar durante los años 80 y 90 se resquebrajó totalmente al principio de este siglo, debido a la emergencia de nuevas fuerzas políticas que tuvieron la capacidad de disputar el ejercicio del mando estatal a las viejas élites gobernantes. Esta situación de crisis política general creó las condiciones para la negociación de un nuevo mando estatal en el país; un nuevo mando que, sin embargo, no acaba todavía de definirse con claridad. Veamos brevemente cómo se fue dando este proceso.A partir del año 2000, empezó a evidenciarse en diferentes territorios de Bolivia la constitución, emergencia y despliegue de diferentes fuerzas sociales con capacidad de cuestionar núcleos centrales de las estructuras de explotación y dominación económica, política y cultural sobre las cuales se erigía el orden neoliberal en el país. Esta capacidad social desembocó en una incontenible ola de rebeliones y levantamientos

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indígenas y populares que se prolongaron a lo largo de 5 años, 2 logrando imponer un proceso de profunda democratización de la vida política del país, que hasta ese momento se sostenía en una arquitectura social e institucional profundamente excluyente y con fuertes rasgos coloniales.3

Uno de los aspectos más interesantes de esta incontenible ola de movilizaciones sociales fue el hecho que las rebeliones se produjeron en el marco de una dinámica social nueva que modificó radicalmente las formas y los lugares del hacer político boliviano. El núcleo fundamental de la fuerza de acción colectiva no fueron los clásicos movimientos sociales construidos en torno a ejes de articulación clasistas, sino otros actores políticos, principalmente de matriz indígena y campesina, que se movilizaron a partir de estructuras locales y comunitarias de organización del territorio y de la vida local, con el objetivo de resistir a las políticas neoliberales de privatización y desmantelamiento de derechos que los gobiernos bolivianos implementaban con esmero y sistematicidad. El despliegue de estas fuerzas sociales comunitarias de origen indígena y campesina hizo aflorar a la superficie de la sociedad la raíz profundamente colonial de la dominación boliviana, así como la profunda desarticulación existente entre los sistemas mono-culturales de gestión estatal y el mundo indígena-popular del país que, a pesar de haber sido históricamente excluido de la gestión de los asuntos públicos,

2 Los momentos más intensos de conflicto se produjeron: en abril de 2000 cuando en la ciudad de Cochabamba y en las regiones rurales del Altiplano norte estalló la Guerra del Agua; en septiembre-octubre de 2000 y en junio-julio de 2001 cuando las comunidades del Altiplano norte se rebelaron en contra de la aplicación de la Ley inra, para pedir el respeto de sus formas tradicionales de gestión del territorio; en enero-febrero de 2002 cuando en el Chapare se desató la Guerra de la Coca; en septiembre-octubre de 2003, con la Guerra del Gas, cuando todas las luchas locales del país se unificaron para pedir la nacionalización de los hidrocarburos y la renun-cia de Sánchez de Lozada; en enero-marzo de 2005 cuando se desató la segunda Guerra del Agua del país en la ciudad de El Alto; y en mayo-junio de 2005 cuando los distintos movimientos sociales del país volvieron a unirse en torno al tema del gas, dando lugar a una gran rebelión nacional que llevó al fin del ciclo neoliberal.3 Para comprender con mayor profundidad las raíces coloniales del Estado Boliviano véase el capítulo “Katarismo- indianismo desde el Qollasuyu. Historia, Tesis y Luchas sociales de hoy”, incluido en este libro.

poseía aún sus prácticas locales de gestión del territorio y ejercicio de la política; prácticas profundamente distintas a las dominantes. En este sentido, las luchas bolivianas se movieron en una dimensión política doble, con profundidades históricas diferentes: por un lado, se trató de luchas políticas claramente anti-neoliberales y anti-privatización; por el otro lado, se trató de rebeliones con rasgos profundamente anticoloniales, encabezadas por bloques sociales históricamente excluidos de los espacios de poder, los cuales tenían como base a las comunidades indígenas-rurales y a estructuras tradicionales y/o locales de autoridad. Se trató, en otras palabras, de la acción de sociedades históricamente oprimidas y subalternizadas, que se rebelaron para reformar las estructuras de la sociedad dominante y exigir nuevas reglas de inclusión que tomaran en cuenta la complejidad pluricultural y multisocietal del país.4

Los contenidos anti-neoliberales y anti-coloniales de las rebeliones bolivianas convergieron en articular un horizonte político de reconstitución general de las instituciones políticas y de las formas de propiedad en el país. El amplio y plural movimiento insurgente que se gestó en Bolivia durante estos años supo, en efecto, articular sus reivindicaciones particulares alrededor de tres puntos centrales que dotaron las luchas bolivianas de un sentido y un proyecto político común. Los hombres y las mujeres bolivianas se levantaron esencialmente por la defensa de la tierra y el territorio;5 para exigir la defensa y/o 4 Según Luis Tapia, Bolivia se caracteriza por ser un país multisocietal, es decir, un país al interior del cual existen distintos tipos de sociedades. La sociedad occidental y las instituciones estatales modernas coexisten de forma desarticulada y compleja con otras formas de organización política y social de matriz indígena y comunitaria, fundadas en construcciones identitarias, éticas, económicas y políticas diferentes a las producidas por la modernidad occidental y capitalista. Estos distintos tipos de sociedades se sobreponen una con la otra de forma inorgánica al interior del territorio nacional, a veces se entrecruzan, otras veces se compenetran. Sin embargo, todo tipo de interacción entre ellas acontece siempre bajo una relación de dominación colonial, por la que la cultura occidental termina imponiéndose sobre todas las otras formas de organización de la sociedad, invisibilizandolas, deslegitimándolas o relegándolas a espacios marginales de la vida social y política nacional. (Tapia, 2002).5 Sobre el significado de la demanda por tierra y territorio ver el capítulo “El papel del Estado en la transformación de lo legítimo en legal”, incluido en este libro.

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la recuperación de los recursos naturales enajenados por la ola de privatizaciones neoliberales (el agua, el gas, etc.); y para reclamar la democratización de las estructuras de dominación excluyentes y racistas heredadas por la colonia, estructuras en las que los pueblos indígenas y sus formas ancestrales de gestión del territorio y organización de la vida colectiva no tenían cabida.Los tres horizontes de lucha quedaron plasmados en lo que se dio a llamar la “agenda de octubre”, es decir, en la demanda popular por la nacionalización de los recursos naturales y en el pedido unánime de convocatoria a la Asamblea Constituyente (ac),6 que expresaba la voluntad colectiva de emprender un proceso de radical refundación de las estructuras económicas, sociales y políticas (la exigencia de una nueva reforma agraria era parte de este pedido). Ahora bien, ¿qué significaba realmente para el pueblo insurrecto boliviano “refundar el país”? Consideramos que significaba cuestionar y transformar por lo menos tres ejes estructurales de la relación de dominación existente hasta aquel momento: el eje colonial; el eje capitalista y el de la democracia representativa de cuño liberal, como único espacio de configuración de la política. El cuestionamiento al eje colonial de dominación tenía que ver con la necesidad de transformar todo el conjunto de instituciones que organizaban y reproducían la condición de dominación de una sola cultura y de un solo tipo de sociedad sobre todas las otras existentes en el país.El carácter mono-cultural del Estado boliviano y el cuestionamiento de la democracia representativa como único espacio de configuración de

6 Los indígenas, también llamados de tierras bajas, protagonizaron 4 marchas en las que se gestó la demanda de la ac, a las cuales nombraron: “Por el territorio y la dignidad” (1990); “Por el Territorio, el desarrollo y la participación política de los pueblos indígenas” (1996); “Por la tierra, el territorio y los recursos naturales” (2000); “Por la soberanía popular, el territorio y los recursos naturales” (2002). Si bien, los indígenas del oriente boliviano son los primeros en demandar la realización de una ac, a medida que se va agudizando la crisis económica y política en el país, se van sumando a ésta demanda otros sectores de la sociedad, principalmente a partir del año 2000. En este sentido, serán otros sectores y otras organizaciones indígenas, principalmente del altiplano aymara y quechua, los que encaminen la ac hacia la refundación de Bolivia.

la política era parte sustancial de este macro-problema. Su superación pasaba no sólo por el reconocimiento del derecho de los pueblos a auto-gobernarse según sus usos y costumbres, sino también por un proceso más amplio de reconfiguración general de los procedimientos y de las instituciones políticas del país, que tomara en cuenta la complejidad sociocultural del mismo. De allí, el pedido de una ac sin intermediación partidaria y por representación autónoma, que muchas organizaciones sociales sostuvieron antes y después de los levantamientos, como una forma para emprender este complejo proceso de redefinición de las formas tradicionales y dominantes de ejercicio de la política.El cuestionamiento al segundo eje de dominación, el eje capitalista, tenía en cambio que ver con la necesidad de replantear las relaciones de propiedad con base en las cuales se sustentaba el orden neoliberal; replanteamiento que estaba en gran medida vinculado con la Revolución del 52 y con los dos grandes “mitos sociales” que ésta sancionó: tierra y nacionalización. El proyecto de nacionalización consistía en el deseo de reapropiarse del control colectivo sobre el excedente generado por la explotación de los recursos naturales, como condición para reestructurar el Estado y acceder a una redistribución más equitativa de la riqueza social. De la misma forma, la necesidad de un nuevo reparto agrario, respetuoso de las distintas formas de propiedad existentes en el territorio nacional, respondía a la necesidad de crear condiciones de mayor equidad económica en el país y, a la vez, de reconocer a los pueblos indígenas el derecho a reapropiarse de sus territorios originarios y administrarlos según sus usos y costumbres.En resumen: nacionalización, tierra y territorio, descolonización del Estado y de la sociedad. Éstas fueron las consignas del pueblo insurrecto boliviano con base en las cuales los sectores indígenas y populares del país plantearon la posibilidad de negociar un nuevo mando estatal: una nueva relación de mando-obediencia en la que los que mandaran tuvieran también que obedecer al pueblo.

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La llegada de Evo Morales al palacio de gobierno y el arranque del proceso constituyente: entre el chantaje de la derecha y las ambivalencias del poder

El proceso descrito anteriormente de conformación y despliegue de fuerzas sociales provenientes de espacios no estatales de la vida pública (como son las estructuras de organización política locales, comunitarias y/o corporativas), entre 2002 y 2005, se desplazó también hacia el ámbito del sistema de partidos políticos, produciendo como resultado la crisis de los partidos políticos tradicionales y el progresivo crecimiento electoral del mas-isps (Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos ) que obtuvo su primer éxito en el 2002 - ganando el 20.9% de los votos en las elecciones generales- y su victoria definitiva el 18 de diciembre de 2005, cuando Evo Morales, líder histórico de esta formación política, ganó las elecciones presidenciales con el 53.7% de los votos.El mas-isps surgió en 1996 como una agrupación política local de un sector rural muy definido: los cultivadores de coca del Chapare, los cuales decidieron dotarse de un “instrumento político” que le permitiera tener acceso al control de las alcaldías locales de su región de influencia. En pocos años, sin embargo, el partido de los cocaleros se transformó en una fuerza política de carácter nacional: la combinación de crisis estatal y luchas sociales provocaron la implosión del sistema de partidos tradicionales, dejando un vacío político enorme que el discurso nacional-popular del mas, con fuertes connotaciones étnicas, logró ocupar exitosamente, capitalizando en términos electorales el profundo disenso social que estaba emergiendo en aquellos años en las protestas callejeras. Cabe resaltar que este cambio en la relaciones de fuerzas dentro del sistema de partidos se produjo esencialmente por la acumulación y el despliegue de fuerzas políticas no partidarias (como la Coordinadora del Agua y de la Vida, los sindicatos agrarios, las juntas vecinales, las organizaciones indígenas del oriente boliviano, etc.) que se constituyeron y operaron afuera de las reglas de la democracia liberal y de los espacios políticos estatales, generando desde allí las condiciones para reformar y democratizar parte de las instituciones políticas del Estado.

No se podría explicar el éxito electoral de Evo Morales sin tomar debidamente en cuenta este fenómeno. La victoria de Evo no fue, en efecto, el resultado del mero crecimiento del mas, como fuerza política, y de su liderazgo en el país. Fue, más bien, consecuencia de un complejo proceso de articulación electoral de varias fuerzas sociales contestatarias que, en un cierto momento histórico, vieron en el mas la posibilidad de una salida institucional a la fuerte crisis política y estatal que el país estaba viviendo.En este sentido, el mas es un partido político que tiene la fuerza de otras organizaciones políticas: formalmente, es una fuerza parlamentaria representada por un solo partido; sin embargo, afuera del parlamento, su potencia política no se sustenta en una estructura de partido, sino en una multiplicidad de otras fuerzas políticas producidas en otros ámbitos de la vida pública, que exceden el ámbito partidario. (Tapia, 2009a: 208-210).Resumiendo, después de una poderosa ola de levantamientos indígenas y populares que duró más de 5 años, en Bolivia se produjo una situación de este tipo: fuerzas políticas producidas en ámbitos de la vida pública no estatales y no liberales (como son las asambleas comunitarias y barriales, los ampliados sindicales, los grandes cabildos, los bloqueos callejeros y, en general, los espacios de deliberación de los movimientos sociales) que lograron ganar las elecciones en el seno de instituciones formuladas con base en una cultura política predominantemente liberal. Este resultado fue posible gracias a la articulación de varias fuerzas políticas alrededor de un partido de origen campesino como el mas, cuya presencia en la arena electoral posibilitó un proceso de sustitución de las clases gobernantes dentro de las reglas institucionales ya existentes. (Tapia, 2009a: 209)La victoria de Evo Morales en las elecciones del 18 de diciembre de 2005 sancionó este proceso. A partir de esta fecha, el parlamento boliviano, al igual que los ministerios y el palacio de gobierno, se llenaron de rostros morenos, ponchos y polleras. Miembros de los sectores indígenas y campesinos del país, históricamente discriminados y excluidos de los lugares de poder, empezaron a ocupar cargos fundamentales en el aparato estatal (junto a intelectuales de izquierda y representantes de los sectores populares), inaugurando un cambio histórico sin precedentes en la historia del país.

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A raíz de este cambio epocal, el nuevo gobierno electo de Evo Morales se autodefinió como un “gobierno de los movimientos sociales” y planteó, desde el discurso, una radical transformación en las formas de ejercicio del poder y administración del país. En la realidad, sin embargo, la incorporación de actores sociales provenientes del mundo indígena-popular en el gobierno y en las instituciones estatales no implicó automáticamente un cambio en los modos de concebir la política y el ejercicio del mando estatal. Una muestra muy evidente de ello apareció en la forma en que el gobierno abordó el proceso de convocatoria y realización de la ac.El 6 de marzo de 2006, un mes y medio después del inicio de su mandato, el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley de Convocatoria de la ac, planteando que, de esta forma, se estaba cumpliendo con una de las principales demandas de la agenda de octubre. Sin embargo, la ley emitida por el gobierno fue una ley sumamente contradictoria, que desatendió gran parte de las aspiraciones que las organizaciones sociales y los sectores más democráticos del país habían puesto en ella. Dos aspectos, en particular, sancionaron este retroceso: la participación forzada de las organizaciones indígenas y populares a las elecciones de los constituyentes a través del mas y la inclusión del referéndum vinculante sobre autonomías departamentales en un texto anexo a la ley.Con respecto al primer punto, la Ley de Convocatoria de la ac estableció que los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas fueran las únicas instancias capaces de presentar diputados constituyentes. O sea, la Ley de Convocatoria condicionó la representación adentro de la ac a la afiliación partidaria o a la participación en organizaciones formales, obligando de esta forma a todas las organizaciones políticas y sociales, que habían protagonizado las luchas sociales a partir de otros formatos organizativos, a acatar nuevamente las reglas de la democracia representativa liberal. Lo anterior resultó sumamente contradictorio en un proceso político que se había caracterizado no sólo por un profundo cuestionamiento del carácter monocultural, colonial y elitista de las instituciones liberales en el país, sino también por el despliegue de la capacidad de auto-organización de los sectores indígenas y populares y por la participación masiva de la población insurrecta en los múltiples espacios de democracia directa, que se fueron abriendo durante los levantamientos.

El mas, el partido que había podido capitalizar - a través del voto en las elecciones generales - la fuerza de las distintas organizaciones que desde abajo habían luchado por una real refundación del país, en vez de proponer una ley que incluyera esta diversidad socio-cultural y política en el proceso constituyente, propuso una ley que iba a marcar una clara subordinación de las organizaciones sociales a la línea del partido, ya que las obligó a renunciar a una representación autónoma - es decir, sin intermediación partidaria - adentro de la ac y a afiliarse al mas (el único partido progresista realmente existente) para tener voz en ese espacio (Cfr. Tapia, 2009b: 143). Desde este punto de vista, la Ley de Convocatoria de la ac tuvo consecuencias muy significativas en la forma en que se fueron definiendo las relaciones de mando-obediencia a lo largo del proceso constituyente. A partir de este momento, en efecto, la relación entre el mas y las otras organizaciones indígenas, campesinas y populares del país sufrió un cambio sustancial: una parte importante de éstas quedaron subordinadas al primero, mientras que otras fueron formalmente expulsadas del proceso constituyente. De esta forma, el mas monopolizó la representación política de las fuerzas progresistas del país en la ac y, al monopolizar la representación, impuso también una lógica casi “bi-partidaria” en la confrontación política con la derecha; lógica que resultó ser nefasta en un contexto de gran diversidad política, ideológica y cultural como el boliviano, en tanto inhibió el despliegue de tal diversidad en un momento histórico crucial: cuando se estaban definiendo nuevas reglas de convivencia para la sociedad. Con respecto a este último punto, cabe destacar otro aspecto importante acerca de la Ley de Convocatoria de la ac que resultó decisivo en el desarrollo del proceso político boliviano: esta ley permitió de facto que la oposición de derecha quedara sobrerrepresentada en la ac y pudiera lanzar, desde esa posición de poder, una ofensiva sumamente exitosa en contra del poder ejecutivo y las organizaciones sociales bolivianas. La sobrerrepresentación de la derecha en la ac se debió principalmente a dos razones. En primer lugar, en el art. 25 de la ley, se estableció que la aprobación de los nuevos artículos de la constitución deberían contar con 2/3 de los votos, lo cual en la práctica, significó conceder a la derecha el derecho de veto sobre los debates más neurálgicos para el futuro del país. En segundo lugar, en una ley conexa a la Convocatoria

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a la ac, se vinculó la elaboración del texto constitucional a la realización de un referéndum sobre autonomías departamentales. De esta forma, se permitió a la derecha imponer el tema de la autonomía como un eje central del debate constituyente. Detengámonos con más calma en la explicación de este punto. Ante el resquebrajamiento del poder estatal y la desarticulación del viejo bloque dominante - que se hizo evidente con la caída de Sánchez de Lozada en 2003 -, las élites terratenientes y agro-industriales del país, habiendo perdido el control directo sobre el poder ejecutivo, se retiraron hacia los departamentos del Oriente (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), para resguardar sus poderes locales y defender sus intereses particulares desde allí. El surgimiento de la demanda por la autonomía departamental respondió a esta estrategia de atrincheramiento político de las élites dominantes.7 A través de ésta, los grupos oligárquicos empezaron, en efecto, a plantear la necesidad de descentralizar el poder del Estado a nivel departamental para otorgar mayores competencias a los prefectos locales en materia de gestión del territorio y explotación de los recursos naturales. De esta forma, aspiraban a consolidar su control sobre una parte significativa del territorio nacional, con el objetivo de defender sus intereses de clase y frenar las demandas de redistribución económica y autodeterminación política que los pueblos indígenas y de los sectores populares del país estaban planteando.8

7 Es importante señalar que dicho referéndum fue originalmente planteado durante el gobierno de Carlos Mesa mediante una petición directa a la Corte Nacional Electoral en el 2004, la cual estaba suscrita aproximadamente por 500,000 firmas y en la que se exponía la necesidad de convocar a un Referéndum nacional para definir las autonomías departamentales con transferencia efectiva de competencias y atribuciones para disponer libremente de sus recursos económicos, elegir a sus autoridades y darse su propia administración. Al ver que esta petición no era tomada en cuenta por el presidente, el Comité Cívico de Santa Cruz amenazó con realizarlo de manera unilateral para el 16 de octubre del mismo año. Posteriormente, vino la renuncia de Mesa. Es así, como el referéndum nacional vinculante sobre autonomías departamentales, fue aprobado por el nuevo presidente Eduardo Rodríguez el 8 de julio mediante decreto supremo. Sin embargo, fue en la negociación con el gobierno de Evo Morales, entre enero y marzo de 2006, ante la presión de un nuevo cabildo y la conformación de una Junta Autonómica encargada de solicitar al Congreso la realización del referéndum, que los partidos representados en el Congreso (mas, un, podemos, mnr) aprobaron y ligaron la convocatoria al referéndum con la convocatoria a la A.C..8 Para mayores informaciones sobre el proyecto autonómico de las élites del

Dice Luis Tapia al respecto:

La estrategia de las autonomías departamentales plantea la preservación del orden social y político, que es la base material de las viejas oligarquías, es decir, el orden patrimonial mantenido y reproducido a través del latifundio. La propuesta de autonomía departamental presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz plantea otorgar el poder al prefecto o gobernador para que decida sobre las concesiones de explotación de recursos naturales, es decir, cancelar el proceso de nacionalización y mantener las condiciones para el control trasnacional de los mismos. (Tapia, 2009b: 145-146)

La vinculación del referéndum sobre autonomías departamentales al texto constituyente representó un límite enorme para la ac, al ser éste un proyecto profundamente conservador y abiertamente contrainsurgente de las élites oligárquicas del país. La realización del referéndum terminó por otorgar mayor legitimidad a los grupos del Oriente. Si bien el no a las autonomías departamentales ganó a nivel nacional con el 57.6% de los votos; en Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando ganó el sí con el 60.80%, 71.11%, 73.83% y 57.69% respectivamente, y esto permitió a los grupos autonómicos del oriente reivindicar con mayor fuerza sus demandas, tanto por la vía institucional como por la vía del enfrentamiento violento.Las consecuencias de los hechos descritos arriba en el desenlace del proceso constituyente son bastante conocidas. A partir de 2006, la autonomía departamental se transformó en un pretexto mediante el cual se boicoteó al poder ejecutivo y se promovieron enfrentamientos raciales que pusieron a Bolivia al borde de una guerra civil. La oposición de derecha logró trasladar con éxito los temas centrales del debate constituyente al conflicto sobre la autonomía o a temas menos relevantes aún, como él de la capitalía9, que sirvió simplemente como

oriente boliviano ver el apartado “Dominación y rebelión en oriente boliviano. La construcción de Oriente y el Cerco a Santa Cruz” contenido en el segundo capítulo de este libro.9 Capitalía plena es un término que significa devolver a la ciudad de Sucre los poderes Ejecutivo y Legislativo, los cuales fueron trasladados al Departamento de

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excusa para bloquear el trabajo de los constituyentes a lo largo de meses y generar un clima de violencia generalizada en el país. Durante todo el tiempo de la ac, no hubo prácticamente debates sustantivos acerca de los temas fundamentales planteados por las organizaciones sociales bolivianas, como la reforma del régimen de propiedad de la tierra o la transformación del sistema de representación. El espacio de la ac, que había sido generado con un gran esfuerzo de los movimientos sociales como un lugar para poder negociar las reglas de una convivencia más igualitaria tanto en términos económicos como culturales y políticos, se transformó en un terreno desde el cual la derecha empezó a bloquear al poder ejecutivo y a las organizaciones sociales, imponiendo una agenda política diferente a la propuesta desde abajo durante el ciclo de los levantamientos.Durante año y medio, la ac se convirtió en el escenario que sintetizó el enfrentamiento histórico entre los sectores indígenas y populares del país y las élites de poder. Desde su convocatoria hasta su culminación, estuvo marcada por el enfrentamiento violento de parte de los grupos reaccionarios del oriente del país y por la presión de las organizaciones sociales, que se aliaron compactamente alrededor del gobierno para impedir el fracaso del proceso de elaboración de la nueva constitución.Frente a este escenario de ausencia de diálogo y conflictos interminables, los constituyentes del mas terminaron imponiendo un texto constitucional muy poco discutido, que sólo en parte, cumplió con las expectativas que las organizaciones sociales habían puesto en él. Estas últimas, quedaron totalmente entrampadas en el juego de polarizaciones políticas tejido tanto por la derecha como por el poder ejecutivo. La capacidad de deliberación autónoma e incidencia en los asuntos públicos del país que habían tenido durante el ciclo de las luchas se fue diluyendo progresivamente, para limitarse a un apoyo, casi incondicional, al mas y al liderazgo de Evo Morales. De esta forma, el ámbito de lo político, que durante el ciclo de las luchas había sido abierto a la participación masiva de la gente en los procesos de deliberación pública, volvió a restringirse de manera considerable y la decisión sobre los asuntos públicos quedó nuevamente en manos de unos cuantos. La Paz luego de la Guerra Federal de 1898-1899. En la actualidad Sucre es la sede del Poder Judicial

La forma en que se llevaron a cabo, primero la aprobación del texto constitucional, y, después, la promulgación de la Ley de Convocatoria al referéndum constitucional, son la prueba más evidente de lo que acabamos de decir.

La Nueva Constitución

El 24 de noviembre de 2007, la ac aprobó, en lo general, el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado (ncpe), en medio de un clima de violencia generado por grupos que seguían exigiendo la capitalidad plena para Sucre. Dos semanas después, el 9 de diciembre de 2007, se aprobó artículo por artículo y por dos tercios de los constituyentes, tal como exigía el procedimiento. Tal aprobación, se llevó a cabo, nuevamente, en un clima de tensión. Por un lado, con el intento de los constituyentes de podemos de tomar el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica de Oruro, para declarar ilegal la plenaria de la ac, en la que previamente habían decido no participar y, por otro, con el apoyo de miles de indígenas, campesinos, mineros y diversos sectores sociales que se habían reunido en Sucre para defenderla.Lo que vale la pena resaltar aquí es que pese a la forma en que fue convocada la ac y pese a los mecanismos de decisión acordados, entre otros cuestionamientos y conflictos, el proyecto de la ncpe que elaboró la ac representó un avance en cuanto al reconocimiento de los pueblos indígenas, a sus demandas y su práctica política. Sin embargo, dos negociaciones posteriores entre el gobierno, los prefectos opositores y el Congreso, modificaron dicho proyecto, quitándole los aspectos más avanzados relacionados con derechos colectivos, justicia comunitaria y recursos naturales; matizándolos de manera que siguieran circunscritos al derecho positivo, a la justicia ordinaria y a los contratos de riesgo compartido con respecto a la explotación de recursos naturales, respectivamente.El acuerdo de modificar el proyecto de constitución elaborado por la ac, ya había sido concretado en los diálogos entre el vicepresidente y el presidente con los prefectos opositores realizados en Cochabamba en septiembre de 2008, luego de dos de los hechos más violentos

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auspiciados por los prefectos opositores, la explosión de un gaseoducto10 y la masacre de campesinos en Pando.11

Como producto de esa reunión, los prefectos se comprometieron a garantizar la convocatoria al referéndum de aprobación del nuevo texto constitucional y el gobierno se comprometió a tratar de suspender el cerco que realizaban organizaciones indígenas-populares a la ciudad de Santa Cruz y a redistribuir los ingresos generados por el idh que habían sigo designados para el pago del bono de ayuda a los ancianos (Renta Dignidad). De acuerdo a tales premisas se establecieron dos mesas de diálogo: una en relación a las autonomías y la otra relacionada con la devolución de una parte del idh a las prefecturas. Así, los acuerdos que salieron de este diálogo, en la posterior negociación con el Congreso, simplemente se ratificaron o formalizaron. En dicha reunión, específicamente, se resolvió lo que a los prefectos y élites empresariales interesaba en primera instancia. El gobierno se comprometió a devolver un porcentaje de los ingresos retenidos destinados a la Renta Dignidad y, en cuanto a las autonomías, el gobierno aceptó que cada departamento tuviera recursos propios, eligiera a sus autoridades, tuviera potestad legislativa y que la autonomía departamental cohabitara, con igualdad jerárquica, con otros tipos de autonomía sin que ello implicara la modificación territorial de los departamentos.En la negociación de Cochabamba no sólo se sentaron las bases de la posterior modificación al proyecto de texto constitucional presentado por la ac sino que, incluso, dicha modificación al texto constitucional en su conjunto fue propuesta por el gobierno inicialmente a los prefectos, después se decidió que fuera el Congreso el encargado de dicha modificación, como una cuestión táctica para garantizar la convocatoria al referéndum (Romero, 2009:176-185). 10 En general los hechos violentos como la explosión del gaseoducto en Tarija y la irrupción violenta en edificios gubernamentales en Santa Cruz en el mes de septiembre de 2008, fueron liderados por las autoridades de los Comités Cívicos, Prefectos (gobernantes estatales) y grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista, organización que en el 2009 se incorporó a las filas del mas, algo fuertemente criticado por las organizaciones indígenas-populares.11 En septiembre de 2008 fueron masacrados niños, mujeres, ancianos y hombres que se dirigían a una asamblea departamental; donde murieron más de veinte personas y hubo más de 70 heridos.

Finalmente, en la negociación con el Congreso se modificaron 140 artículos, el 50% de ellos relacionados con la cuestión de las autonomías.12 Que el Congreso se tomara atribuciones que competían a la ac, que el texto constitucional no estuviera escrito también en idiomas nativos y la acotación al tema de la delimitación en cuanto a la posesión de tierras, principalmente, fueron aspectos que provocaron un fuerte rechazo por parte de las organizaciones indígenas-populares.En el proyecto presentado por la ac, no hubo acuerdo sobre la extensión máxima de tierras que se podía poseer (5,000 o 10,000 hectáreas). En el referéndum de aprobación de la ncpe en otra votación incluida, se definió que fueran 5,000 hectáreas. Sin embargo, en franco retroceso, en la modificación hecha por el Congreso se añadió un apartado que especifica que los límites aplicarán a predios adquiridos con posterioridad a la entrada en vigor de la ncpe. De manera que, al no ser una medida retroactiva lo que se hizo fue legalizar los latifundios existentes. Mientras el proyecto inicial planteaba que la soberanía residía en el pueblo boliviano y se ejercía de manera directa, el texto modificado establece que dicha soberanía se ejerce de manera directa y delegada. En cuanto a las formas en que se ejerce la democracia, se les agrego “conforme a la ley”. A los pueblos indígenas se les reconoció el derecho a participar de los beneficios de la explotación de recursos naturales en sus territorios pero se acotó “sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”. En el texto modificado ya no se elegiría a los miembros de la Cámara de Diputados mediante criterios territoriales y poblacionales.Estas modificaciones han sido consideradas como un retroceso y han causado fuertes desacuerdos entre las organizaciones indígenas-populares y el gobierno de Evo Morales, mismos que se han visto reflejados en la conformación de la Asamblea Plurinacional; en la cual los indígenas dicen no estar suficientemente representados pues se les otorgaron 7 legisladores a partir de su consideración como

12 Estos datos fueron proporcionados por el ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio ambiente, Carlos Romero (Delegado del gobierno en la comisión de concertación) al ser entrevistado en la radio Patria Nueva un día después de la aprobación de la convocatoria.

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circunscripciones especiales indígenas. Otros señalamientos advierten que en la ncpe se sigue sobreponiendo lo liberal sobre lo originario-comunitario y lo individual sobre lo colectivo o comunitario. Se señala, además, que puede ser esto un horizonte de posibilidad aunque la ncpe tiene muchos aspectos a los que hace falta dotar de contenido y definir mejor, como es el caso de las autonomías (indígena, municipal, regional y departamental)13 y del Estado Plurinacional.Después de las mencionadas negociaciones, el 21 de Octubre de 2008 se aprobó la convocatoria al Referéndum Constitucional y el 25 de enero de 2009 se promulgó la ncpe. Sin embargo al margen de estas negociaciones, la movilización, apoyo y presión por parte de las organizaciones indígenas-populares se mantuvo durante todo este tiempo con el objetivo de llevar a buen término el proceso constituyente, sin importar que no se tuviera la suficiente información sobre dichas negociaciones; de ahí que se hable de un acto de traición por parte del gobierno.Con base en lo anterior planteamos que el proceso constituyente y la Nueva Constitución Política del Estado trastocaron principalmente el Estado visible; es decir, el aparato de Estado (leyes, reglas, personal administrativo) que es vital para el poder político (Osorio, 2004:34). Sin embargo, el desarrollo del proceso constituyente permitió ver que en Bolivia se tiene un presidente indígena que gobierna dentro de los estrechos márgenes de la democracia liberal y que pretende gobernar para todos los sectores sociales, no obstante que el proceso constituyente evidenció que no se puede beneficiar a los pobres sin afectar a los ricos. Así pues, haría falta el análisis con respecto al Estado invisible, esto es, de las relaciones sociales de dominación y explotación que mantienen y reproducen el poder de las clases dominantes. Con ello, se estarían exponiendo las bases objetivas del cambio promovido por el gobierno, sus alcances reales y sus limitaciones veladas.

13 Una mirada crítica con respecto a la ncpe es la que han sostenido analistas y militantes importantes, como Raquel Gutiérrez y Pablo Mamani. De ellos, principalmente, se retoma lo que se plantea en este apartado, lo cual expusieron en una conferencia realizada en la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales de la unam el 28 de Enero de 2009.

Conclusiones

El 6 de diciembre de 2009, Evo Morales ha sido reconfirmado presidente de Bolivia con el 63% de los votos. Los sectores sociales bolivianos siguen apoyando con fuerza el proceso de transformación social encabezado por el mas. Sin embargo, su capacidad de incidir autónomamente en los asuntos públicos del país se ha reducido profundamente. Por un lado, la incorporación de sectores indígenas y populares a la gestión gubernamental del mas desde una lógica de negociación de cuotas de poder, alianzas y pactos corporativistas (susceptibles de reproducir dinámicas clientelares), ha debilitado enormemente a las organizaciones sociales. Por el otro, la violenta oposición de la derecha y la polarización del espacio político han reducido enormemente el margen de acción de las organizaciones sociales, las cuales se han visto obligadas a ofrecer su apoyo incondicional al gobierno y a acatar sistemáticamente las decisiones que llegaban desde arriba.Después de un largo periodo de enfrentamiento entre la oposición cívica y el gobierno central, se ha entrado en un complejo proceso de negociación que ha llevado a acuerdos que han vuelto a reconducir la vida política boliviana a las viejas lógicas liberales y elitistas de ejercicio de la misma, lógicas que habían sido fuertemente criticadas por los movimientos sociales. Plantear quién manda hoy en Bolivia es algo todavía en disputa, es algo que se ha forcejeado arriba ante la mirada cada vez menos expectante e incondicional desde abajo. Es decir, el gobierno de Evo Morales ha impulsado demandas importantes como la Asamblea Constituyente y las nacionalizaciones; ha puesto límites y ha confrontado abiertamente la injerencia de Estados Unidos en la política del país. Todo esto ha debilitado y, hasta cierto punto, neutralizado la fuerza política de las élites del oriente boliviano; no así su poder económico, el cual siguen manteniendo, en cierta medida, como resultado de las negociaciones que lograron imponer durante el proceso constituyente. Cuando decimos abajo nos referimos a las organizaciones indígenas-populares, a las fuerzas políticas que en la última década han cuestionado las relaciones de dominación existentes y que, no obstante, en los últimos años se han visto obligadas a mantenerse firmes ante una vorágine de

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acontecimientos, enfrentamientos y negociaciones que han eclipsado sus propios proyectos en aras del proceso de cambio. En este sentido, la verticalidad que aún prevalece en la relación mando-obediencia en Bolivia, en gran medida necesita, para seguirse modificando, de la participación real y autónoma de dichas fuerzas políticas.A pesar de los grandes discursos y de las apariencias, las formas tradicionales de ejercicio del mando en Bolivia no han sido aún puestas en discusión. Ha cambiado el gobierno pero no sus prácticas de ejercicio del poder. El camino hacia una radical trasformación de las relaciones de mando en el país sigue abierto. Esperamos que los hombres y las mujeres bolivianas no detengan su marcha.

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Sitios de Internet

www.ine.gov.bo

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Dominación y rebelión en oriente boliviano. La construcción de Oriente y el Cerco a Santa Cruz.

Marxa N. Chávez Börries E. Nehe

Durante los revoltosos días de septiembre de 2008, mientras que más de veinte mil campesinos e indígenas avanzaban hacía la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el periódico El Deber exteriorizó la pesadilla que vivían los sectores cruceños acomodados: “Hordas masistas –señaló una voz desde la ciudad sitiada– pretenden ingresar a degüello para acallar las voces autonomistas [...] para hollar la tierra que nos vio nacer, para violar, linchar, amedrentar y apoderarse de lo ajeno." (Rivero, 2008). Unos meses después, cuando las aguas se habían calmado, el editorial de este diario de mayor circulación en el departamento de Santa Cruz reflexionó sobre los “Campesinos, ayer y hoy” (El Deber, 2009). “En la inmensidad de nuestras feraces tierras orientales, los campesinos eran personajes de extraordinaria calidad humana [...] Pese a lo pesado y monótono de la existencia, los campesinos irradiaban complacencia, paz y amor [...].” Esos “campesinos de no hace muchos años y de estos nuestros cálidos territorios” contrastan de manera inquietante con los del “presente tormentoso: [...] nos resistimos a aceptar –determinó El Deber– que nuestros campesinos han experimentado tan absolutos cambios de personalidad [...] Marchan los actuales. Marchan para arriba, marchan para abajo, o tan demoledor como eso, bloquean ciudades, caminos y se manifiestan decididos a llevarse por delante a quienquiera se les ponga al frente. ¡No, campesinos no pueden ser!”Las páginas de El Deber ponen de manifiesto el profundo malestar de los grupos dominantes de Santa Cruz, departamento del Oriente boliviano, ante el levantamiento de "sus" campesinos e indígenas. Al verse por primera vez en su historia seriamente cuestionada por una movilización popular, las elites de Oriente vacilan entre la paranoia frente al futuro inmediato, la mitificación de un pasado perdido, y el rechazo a reconocer el presente tormentoso. Notablemente, todas estas reacciones se nutren de y se proyectan sobre un espacio específico: “nuestras feraces tierras orientales”, donde a pesar de la pesada existencia de los campesinos reinaban la paz, el amor y los buenos modales y las jerarquías entre la ciudad y “nuestros campesinos” eran claras.

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dominación y rebelión en oriente boliviano

La entelequia se rompió desde el año 2000. Bolivia había vivido profundos y fuertes momentos de movilización de sectores sociales comunitarios, indígenas, obreros y populares, que se articularon entre sí. Desde La Guerra del Agua, la Guerra del Gas, las Jornadas por la Nacionalización de los Hidrocarburos, las capacidades de auto-organización popular dieron paso a un periodo de insurrecciones y levantamientos, uno de cuyos resultados fue el triunfo electoral de Evo Morales en las elecciones presidenciales de 2005.A la par que crecía la movilización popular, del otro lado se estaba gestando un contra- proyecto digitado desde instancias del gobierno departamental y entes cívicos, como respuesta a la emergencia campesina e indígena. Es así que desde el 2003, el otro proceso que se vivió en el país fue el de la recomposición de grupos de choque armados, quienes salieron a confrontar al movimiento indígena campesino del Oriente boliviano.Santa Cruz, se transformó en el escenario de agresiones cada vez más violentas, contra migrantes indígenas de las zonas andinas e indígenas del mismo Santa Cruz. La golpiza propinada en octubre del 2003, a un grupo de campesinos que se dirigían al centro de dicha ciudad, para festejar la caída del ex-presidente Sánchez de Lozada propiciada en el departamento de La Paz, inició una escalada de violencia, que logró estructurarse alrededor de la Unión Juvenil Cruceñista (ujc), grupo que es parte del Comité Cívico Pro-Santa Cruz (cpsc). Los momentos más agresivos contra indígenas y campesinos migrantes fueron poco antes y durante el llamado “golpe cívico prefectural” en septiembre de 2008 y se plasmaron en la “Masacre del Porvenir”, donde fueron asesinados 12 campesinos en el norteño departamento de Pando, cuya Prefectura y representación cívica se había coordinado con instancias similares en Santa Cruz.Septiembre de 2008 en Bolivia nos enseñó que los grupos de poder estaban y están decididos a emplear cualquier medio para defender sus intereses. Pero nos enseñó también que por el momento, no les quedaba más remedio que recurrir a la cruda violencia para frenar el avance de campesinos e indígenas que no sólo habían desbordado y sacudido la geografía imaginaria del Oriente, sino también disputado las relaciones sociales (étnicas y de explotación capitalista) y espaciales (entre ciudad y campo, “blancos” e indígenas, dominantes y dominados). Habían

cuestionado profundamente la legitimidad de aquellos que hasta ahora se habían asignado la soberanía sobre la producción de aquel espacio llamado Oriente boliviano.De esta manera, se evidenció que existe una gran población indígena tanto de oriente como del área andina, en lugares como el Plan 3000, área urbana alejada del centro de la ciudad. O, las comunidades de migrantes en las afueras de la ciudad. Todos ellos se organizaron para resistir los ataques de la ujc. La presencia de estos sectores fue colectiva y disruptiva, y también comenzó a reivindicar una idea de igualdad, ante el discurso y las prácticas racistas y violentas de los grupos de choque prefecturales y cívicos.El presente artículo aborda las luchas sociales que desembocaron en el fallido “golpe cívico”, la masacre de Porvenir y finalmente el cerco a Santa Cruz a través de dos ejes fundamentales de reflexión: en la primera parte argumentaremos que la re-invención y re- construcción de Oriente constituye una de las principales estrategias de los grupos dominantes regionales para enfrentarse a los avances de los sectores populares y las políticas redistributivas del gobierno de Evo Morales. Es, pues, aproximadamente a partir del año 2002 que “las elites criollas tradicionales iniciaron su retirada del Estado centralizado del cual habían dependido por tanto tiempo” y “empezaron a atrincherarse discursiva e institucionalmente en los departamentos” (Gustafson, 2008:147). Desde esas trincheras simbólicas y geográficas, han contribuido de manera determinante al surgimiento de importantes movimientos que reivindican y realizan de facto “autonomía” para los departamentos de las tierras bajas de Bolivia, llegando en ciertos momentos a poner en jaque la dominación del aparato administrativo central sobre estos territorios.Al mismo tiempo, sostenemos que los grupos dominantes de Santa Cruz y de otros departamentos del Oriente han sabido establecer una semántica espacial hegemónica que ha inscrito la fundamental otredad –social, cultural, racial- con respecto al Occidente andino en los espacios geográficos, políticos y sociales de Bolivia. Como cualquier otro discurso regionalista o “espacializante”, este discurso hegemónico establece mecanismos de inclusión/exclusión a través de (imaginadas o reales) fronteras, la procedencia o atributos espaciales.1 Además, 1 La diferenciación entre cambas –los “nacidos en Oriente”– y collas, de Occidente,

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al proyectar un orden social real o anhelado sobre la “materialidad geográfica”, las semánticas espaciales sirven, según el geógrafo Gerhard Hard, “para invisibilizar y homogeneizar la heterogeneidad, funcionan como potenciadores de la inclusión y de la exclusión, y no por último como sugestión de claridad, integración, unidad y armonía, reales o posibles en un futuro” (en: Döring y Thielmann, 2008:298).En la segunda parte nos proponemos reflexionar sobre los otros rostros en Santa Cruz: el indígena, campesino y popular-urbano de las zonas rurales y periféricas al centro citadino. Si “Oriente” es una construcción ideológica y espacial que ha marcado territorios sociales, lo ha hecho diferenciándose de la población indígena migrante llegada por diversos motivos y caminos, hacia el centro de una modernidad urbana, atravesada por relaciones de poder y explotación tanto étnica como capitalista. No constituye una novedad decir que el racismo es una dimensión implícita en las relaciones interculturales y una dinámica de clases, en especial en lugares como Santa Cruz, donde existe una alta concentración de migrantes de diversos lugares del territorio nacional, y también internacional. Sin embargo, también es parte de una manera gamonal-señorial, de pensar y hacer la política. De aquí que lo implícito se hizo explícito en estallidos de violencia creciente, a través de palizas, persecusiones y torturas dirigidas contra simpatizantes del mas, y con saña particular a personas con color de piel oscuro, que eran identificadas como "collas" y por tanto “los enemigos”. Lo “colla”, proveniente de las áreas andinas del país, siempre fue un estigma sobre la población migrante y así se lo vive cotidianamente.Ante los hechos de violencia que comienzan a darse desde el año 2003, se agudizan las polarizaciones de clase y étnicas, en parte por la llegada a la presidencia de Evo Morales, y de otro lado, por la organización que comenzaron a establecer los grupos políticos de derecha. Ante el estupor de los grupos de poder, y como respuesta, grupos de vecinos comenzaron a organizarse y defender sus barrios del ataque de la ujc. Indígenas de oriente y organizaciones campesinas articularon una defensa y luego la marcha hacia Santa Cruz, para ingresar al centro de la ciudad, tomar la Plaza Central 24 de Septiembre y establecer la presencia popular, campesina e indígena que tanto horrorizaba a las no es el único, pero el más visible de esos mecanismos (Peña Hasbún et al., 2003:131).

elites. ¿Cómo se articuló este movimiento? Señalamos las maneras en que de forma autónoma, vecinos y campesinos, defendieron su espacio, sobrepasando a las dirigencias sindicales que habían aplazado el inicio del llamado “Cerco a Santa Cruz”. Aquí, se reivindicó una idea de la “igualdad” frente al discurso excluyente de “Oriente” proclamado desde la Prefectura y los grupos de choque. Formas de una política popular y campesina que se gesta frente a la subordinación y al racismo, desde lugares que recrean diversas formas de experiencia organizativa y de lucha.

1. El lado oscuro de la luna: espacios de la dominación

Porque tú no te apartas de tu floresta/ y te ríes de huelgas y de anarquistas […] Tus hermosas mujeres de aire andaluz,/ tus flores y tu cielo, tu hermoso sol,

hacen - ¡oh hermosa tierra de Santa Cruz!-/ que parezcas la nieta de un español Emilio Finot: A Santa Cruz de la Sierra (la Nueva)

...ciudad que dio más hijos a la selva que otras dieron a los mares y que fue madre de pueblos distribuidos en el espacio como las estrellas...

Raúl Otero Reiche: Adiós amable ciudad vieja

I. Los Dorados

La fundación de la ciudad de Santa Cruz fue producto de una ilusión, o bien, de una utopía.2 En 1560 la Audiencia de Charcas con sede en Lima creó la gobernación de Moxos. Un año después, el aventurero español Ñuflo de Chávez erigió un poblado en medio de la densa selva tropical cuya única función era servir de base para las expediciones que partían en búsqueda de un lugar mítico, lleno de oro y otras riquezas: El Dorado, Mojos, el Gran Paitití. Nunca lo encontraron, pero no por eso Santa Cruz se convirtió en lugar sin sentido: a los cruceños, “les ordenaron, con exclusión de toda actividad, a enfrentar a los chiriguanos que impedían la comunicación entre la sede audiencial y Potosí, poniendo en riesgo la pacífica explotación argentífera del cerro rico. Esa era la única tarea que complacía los deseos imperiales” (Roca, 2001:78, cit. en Soruco, et. al.:107).2 Por cierto, una utopía aterrizada, un no-lugar imaginado como lugar real y presente.

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Desde sus inicios, Santa Cruz era imaginada y construida como una isla en un oscuro mar de salvajes, lejos de la tierra firme de los centros políticos y mercantiles coloniales ubicados en los Andes y circundada por una geografía hostil, desconocida e impenetrable. En el imaginario de aquellos años, la “selva” comprendía tanto los pantanos, ríos y animales salvajes como las poblaciones nativas, y el hecho que -como subraya el poeta Reiche- la ciudad dio más hijos a la selva que otras dieron a los mares se debe en buena medida a la resistencia de esas últimas a la presencia española. En este sentido, Santa Cruz era también un muelle: la última avanzada de la civilización y “frontera de más de doscientas naciones indios bárbaros que la rodean” (Solís de Holguín [1603], en: Peña Hasbún et al., 2003:26), razón por la cual “todo cruceño debía tener un arma, aunque fuera de madera, convirtiéndose así el conjunto en un grupo humano dedicado a la actividad militar” (ibidem: 28) –emprendida contra los “bárbaros”, se entiende. Al parecer, la construcción de la isla Santa Cruz fue relativamente exitosa: según Gabriel Rene Moreno, escritor cruceño del siglo xix, Santa Cruz constituía un “centro urbano de blancos puros” y “la plebe guardaba eterna ojeriza al colla (altoperuano), al camba (castas guaraníes de las provincias departamentales y del Beni) y al portugués (brasileños fronterizos y casi todos los mulatos y zambos)” (Moreno 1960, en: Peña Hasbún et al., 2003:8). Como muelle, que rompería el control territorial ejercido por los pueblos indígenas, Santa Cruz fue menos exitosa. Necesitaría “tres siglos y medio para completar la ocupación de Oriente. Empezaron por Chiquitos, llegaron a Moxos, y en busca de la goma elástica sentaron sus reales en el río Madera [...] hasta las primeras décadas del siglo veinte cuando se adueñaron definitivamente de las planicies chaqueñas” (Roca, 2001:17).

II. Los olvidados

Fracasada la búsqueda de El Dorado y bajo la permanente amenaza de las invasiones bárbaras, Santa Cruz y otros poblados de la zona tropical subsistían en la periferia extrema de la economía colonial, que se concentraba en los centros mineros en los Andes. Por lo menos durante las primeras décadas del siglo xix, la construcción del Estado independiente no alteraría de manera sustancial esa posición rezagada

de las tierras bajas, ahora bolivianas. Cuando en 1825 se fundó la República de Bolivia, 93% de los 1,100,000 habitantes vivían en los departamentos andinos de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, y sólo 7% en las regiones del este y sureste, aglutinadas en un solo departamento: Santa Cruz. Por consiguiente, tanto el ejercicio del poder estatal como el conocimiento que los nuevos gobernantes tenían sobre los territorios nacionales de la joven república se limitaba al espacio andino.No fue sino hasta mediados del siglo xix que el gobierno boliviano comenzó a hacer ademán de incorporar las regiones entonces llamadas amazónicas y selváticas al espacio e imaginario estatal. Con la elevación de la población indígena a rango de ciudadanos y la creación de los departamentos Tarija y Beni en la década de 1840, no sólo terminó la unidad administrativa cruceña sobre esos territorios: nació también el Oriente boliviano, como campo de conocimiento de los poderes centrales y como geografía que comienza a ser moldeada por la intervención estatal. Desde entonces, su conquista se convirtió en una preocupación central, tanto para encontrar una salida al Atlántico para la exportación de mercancías como para “sentar soberanía” estatal en las regiones periféricas. La “colonización” de Oriente, señala Pilar García:

[…] fue conformándose como parte significativa del imaginario colectivo boliviano, y referente ideológico de la mayoría, si no la totalidad, de los gobiernos republicanos en los siglos xix y xx. Variables fundamentales y estrictamente interrelacionados de dicho discurso fueron la construcción de una vialidad que debía permitir la ocupación de todo el territorio por parte de una población, interna o foránea, que explotaría los recursos naturales y posibilitaría el progreso económico y social del país, al mismo tiempo que salvaguardaría la bolivianidad de todas las fronteras (García Jordán, 2001:269).3

3 No deja de ser un dato interesante el hecho de que el primer mapa de la Repúbli-ca de Bolivia fue elaborado precisamente en estos tiempos de furor expansivo de las llamadas “fronteras internas”, pues como señala Jörg Dünne, es precisamente el mapa que – como medio de articulación – construye territorios como explora-bles y permite su invención a través de designaciones espaciales simbólicas (Dün-ne, 2008:66). En el mapa de 1859, la aparente “despoblación” de Oriente salta inmediatamente a la vista: sólo una pequeña nota al sureste del escudo de Bolivia, ahí donde vislumbramos la región amazónica, nos indica que pudiera haber vida más allá de los pocos poblados registrados: “regiones no esploradas (sic) pobladas

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En este sentido, el Oriente era, paradójicamente, una invención del Occidente boliviano: fue desde aquí que se lo imaginaba y se lo representaba como “vacío” e “impenetrable”, y que se producían los mapas, planes y programas para convertirlo en una parte íntegra de un Estado cuya estructura espacial –pensada como configuración de jerarquías de lugares, grupos y actividades, construcciones ambientales y simbólicas y configuraciones institucionales (Brenner, 1997:547)– se limitaba efectivamente a los departamentos andinos.III. Época de oro, fiebre de goma

Esa relación cambió de manera fundamental con el auge de la goma en el nordeste boliviano entre 1880 y 1915. Según la interpretación de Ximena Soruco, para la elite oriental el boom del caucho constituye “el primer momento de acumulación económica y de constitución de su imaginario” (Soruco Sologuren 2008a:129, 130). Durante el breve período de 35 años, la Amazonia boliviana se convirtió en un importante enclave capitalista articulado a capitales y mercados de Europa, Brasil y Argentina. A la vez, la autonomía de la actividad cauchera con respecto a otros segmentos productivos del país agravó aún más el abigarramiento de la matriz económica y política-estatal. La prácticamente total ausencia de estructuras estatales en estas tierras permitió que la incipiente elite oriental, compuesta por hacenderos y empresarios de la goma, articulara una ideología y un proyecto civilizatorio colonial propios: la conquista de la selva y de la población indígena, basada en la iniciativa privada y un estado mínimo (ibidem: 131). Durante los años y décadas siguientes, la ausencia de la articulación vial, social y económica de Oriente con el resto del país impidió al Estado boliviano imponerse en esas tierras, al mismo tiempo que terratenientes y caucheros se oponían activamente a la construcción estatal para no verse limitados en sus actividades. Augustín Cueva señala que “en tales condiciones la misma lucha de clases adquiría necesariamente una fisonomía ‘regional’ o ‘provincial’, de acuerdo con la ‘moldura física’ en que se asentaba cada forma productiva”, por lo cual la aparente lucha entre poder central y las provincias es, de hecho, una lucha dentro de la clase dominante motivada por sus intereses antagónicos (Cueva, 1999:35).por salvajes”, se lee. El mapa puede ser consultado en http://www.mirabolivia.com/mapa1859.htm

El desarrollo capitalista y la consiguiente reestructuración de los espacios tuvo nefastas consecuencias para la población indígena, pues, como señala Carlos Porto Gonçalves, “el libre movimiento del capital presupone la libre movilidad del trabajador y, de este modo, la destrucción de toda forma de organización social fundada en el apego a la tierra, en vínculos estables del hombre con la naturaleza” (Gonçalves, 2001:22). Mientras que los empresarios buscaban –sin mayores éxitos– establecer colonias de migrantes extranjeros, la población nativa del nordeste del país era despojada de sus territorios y sobre-explotada en la producción de la goma, llevando a la disolución de los lazos étnico-culturales y un rápido despoblamiento de las sociedades indígenas. Esta situación pronto desembocó en una falta crónica de mano de obra en las barracas gomeras y haciendas de Oriente, la cual obligó a los ambiciosos capitalistas orientales a establecer mecanismos extra-económicos de coacción y reclutamiento y relaciones de explotación semi-esclavistas, que de una manera u otra siguen vigentes hoy en día.Tan lejos de Sucre y La Paz y tan cerca de Londres y Buenos Aires, es durante el auge de la goma que los grupos dominantes desarrollaron los fundamentos de la narrativa sobre sí mismos y su espacio. En ella, el progreso no depende de un Estado benefactor, sino de la iniciativa privada y de las relaciones con los mercados mundiales: “el hombre ha desplazado a Dios y al Estado como constructor y dominador del mundo que le rodea” (Soruco Sologuren, 2008a:135). Sobra decir que a pesar de su crucial importancia para la explotación de los recursos de Oriente, la población indígena no figura en esta narrativa sino como un estorbo o una amenaza latente. En este último sentido, es factor de cohesión entre los grupos dominantes, pero también detonador para lo que Michael Taussig denomina cultura del terror, “una realidad con visos de pesadilla en la cual el juego de verdad e ilusión se convierte en una fuerza social de dimensiones horrendas y fantasmales” (Taussig, 1987). Los sectores poderosos de Oriente remplazaron la ilusión de que El Dorado quedaría a mano con la pesadilla de estar rodeado por indígenas insumisos. La cultura del terror se evidencia tanto en las masacres de indígenas a finales del siglo xix investigados por Taussig, como en las exaltadas acciones y reacciones racistas de principios del siglo xxi; y no por último en la manía del arriba citado Emilio Finot, cuyas cursis poesías reafirman a las elites en su valía al blanquear el paisaje cruceño

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e inundarlo con el aire andaluz de las mujeres urbanas y la apariencia española de la ¡oh hermosa tierra de Santa Cruz!Ni el auge de la actividad gomera ni su posterior declive en 1915 trajeron consigo una transformación del otro sector económico importante de la región, la hacienda. Debido a la ya mencionada desarticulación de la matriz económica de Oriente, las ganancias de la extracción gomera no habían sido invertidas en la modernización de las unidades agrícolas. A principios del siglo xx, las bases de la hacienda tradicional cruceña seguían siendo “la tierra conquistada; mano de obra indígena gratuita; cultivos oriundos de la región; tecnología adoptada a las prácticas nativas; producción de subsistencia” (Arrieta, 1990, cit. en Romero Bonifaz, 2003:88). No obstante, era precisamente la hacienda que “como unidad productiva agrícola, pecuaria e industrial definía las relaciones económicas sociales y políticas de la región” (Sandoval Arenas 2003:9).La sucesiva construcción del aparato burocrático estatal y la territorialización del gobierno en Oriente durante la primera mitad del siglo xx, tampoco cambiaría significativamente esa relación de fuerzas. Por el contrario, el bloque de poder liderado por los hacendados supo reproducirse y conservar su “hegemonía regional [...] dadas sus posibilidades de reproducir las condiciones superestructurales, jurídicas, administrativas y de dominación de su propio grupo social sobre el resto de la sociedad” (Castillo y Ballestaerdt, 1983, cit. en Sandoval Arenas, 2003:9).

IV. Hacia Oriente, al paso de la oca

Cambios profundos en la política del estado central hacía Oriente sólo vinieron una guerra y una revolución después. La “Guerra del Chaco” (1932-35) contra Paraguay duró tres años, y sus resultados inmediatos fueron la pérdida de 250,000 m2 del territorio de Bolivia, y de 65,000 de sus ciudadanos. Con la guerra, la total desarticulación de las poblaciones y del territorio de Bolivia quedó al desnudo, y la ideología liberal desacreditada.4 En 1952 se consumó la llamada Revolución Nacional, y en agosto de 1953 el entonces presidente de 4 Sandoval et al. afirman que “la guerra del Chaco fue el encuentro de los bolivianos con su espacio geográfico. Las acciones del conflicto se llevaron a cabo en una tierra que Bolivia reivindicaba como suya, pero sobre la cual no tenía conocimiento ni posesión” (op. cit.: 12).

Bolivia Víctor Paz Estenssoro firmó el decreto que dio inicio a la primera reforma agraria del país. Entre sus principales objetivos destacan la redistribución de tierras afectando el latifundio, la eliminación del régimen de servidumbre para incorporar la fuerza de trabajo al mercado laboral y el incremento de los niveles de productividad. La denominada “Marcha hacia el Oriente” constituiría una suerte de punto de fuga de ese programa.Según Carlos Romero, “el diseño de la reforma agraria había previsto afectar los latifundios de occidente y transformar las haciendas tradicionales del oriente en empresas modernas” (Romero Bonifaz, 2003:96), programa con el cual se esperaba resolver tanto el problema de la alta presión poblacional sobre las tierras en Occidente como el de la bajísima productividad de las propiedades agrícolas en Oriente. El censo agropecuario de 1950 consta que 4.5% de los propietarios rurales acaparaban el 70% de la propiedad agraria del país; y en las “tierras bajas”, que comprenden más de dos tercios del territorio de Bolivia, la superficie cultivada llegaba apenas a 91,000 hectáreas –ni el 14% de la superficie cultivada de todo el país (ibidem:93).Siguiendo las recomendaciones del “Plan Bohan” elaborado en 1942 por una comisión del gobierno estadounidense, los gobernantes bolivianos identificaron a Oriente como el nuevo centro de desarrollo agropecuario e industrial del país. En este contexto, la “Marcha hacia el Oriente” hacia referencia a ambiciosos proyectos gubernamentales de vertebración caminera y reordenamiento de las relaciones espaciales y de producción. El nuevo capítulo de la conquista de los territorios vacíos sería escrito tanto por la activa intervención estatal a través de la construcción de complejos industriales, financiamientos y programas de colonización, como por la iniciativa privada de empresarios agrarios, banqueros y empresas petroleras.De esta manera, la reforma agraria escribió la diferencia entre Occidente y Oriente de una vez por todas en el orden espacial de Bolivia: con el objetivo de convertir las viejas haciendas de Oriente en empresas agrícolas productivas y competitivas, salvo pocas excepciones, se dejó intacta la propiedad. Al mismo tiempo, el proyecto nacionalista-desarrollista de la distribución de las tierras fiscales en Oriente daba clara preferencia a la dotación de tierras a viejos y nuevos empresarios, mientras que campesinos e indígenas tenían poca o ninguna cabida.

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La mano de obra necesaria para impulsar la modernización de la agricultura en Oriente vino fundamentalmente de Occidente, pues fue aquí donde el Estado acabó con el régimen latifundista y redistribuyó las tierras de las haciendas a campesinos, con lo cual no sólo cumplió con la demanda de los sindicatos rurales, sino además, liberó a la fuerza de trabajo del yugo hacendero para convertirla en mercancía.5 Pero como era de suponer, la migración de trabajadores rurales collas a Santa Cruz y otros departamentos no fue acompañada de un reconocimiento de su papel fundamental en la transformación de la economía, la sociedad y la naturaleza oriental. Por el contrario, aquellos grupos que durante décadas habían lamentado la “falta de brazos” para realizar su proyecto empresarial reactivaron sus mareos racistas y metáforas marítimas al ver “Santa Cruz [...] literalmente inundada por inmigración de otros pueblos del país” y su identidad “seriamente afectada por culturas ajenas” (H. Fernández, 1994:41, cit. en Peña Hasbún et al., 2003:12ss; énfasis nuestro). Otros flujos de Occidente hacia la isla de Santa Cruz recibieron una acogida más cálida: la fundación del Banco Agrícola de Bolivia y la apertura de líneas de créditos en bancos privados aseguraban que el capital necesario para la modernización de las unidades agrícolas fluyera cuesta abajo hacia los llanos orientales. Entre 1955 y 1975, la propiedad de Santa Cruz en los créditos agrícolas aumentó del 43% a un 70%. Cabe decir que estos créditos, otorgados a las incipientes elites orientales, nunca fueron pagados: el ahora tan odiado “estado central” los absorbió en 1976 y 1985.En el marco de la reforma agraria, del total de aproximadamente 26,000,000 de hectáreas que fueron distribuidas en las “tierras bajas” entre 1953 y 1993, el 87.6% fueron dotadas a 78,000 medianos y grandes propietarios, en tanto que los 12.4% restantes fueron adjudicadas a 77,000 pequeños productores. El 51% del total de la superficie dotada y el 48% de los expedientes de grandes propiedades fueron repartidos 5 Los programas estatales de fomento a la migración colla a Oriente estaban orientados a un doble fin: por un lado, los gobernantes creían, tal como sus predecesores, que era “tarea urgente e imperiosa para la nación boliviana obtener una soberanía efectiva sobre todo su territorio”; por el otro lado, entendían que “la expansión de [las tierras bajas tropicales] quedaría limitada mientras no se obtenga en [el altiplano y los valles] condiciones indispensables para que la migración alcance la magnitud que efectivamente se requiere” ( Junta Nacional de Planteamiento, 1961:130, cit. en Sandoval Arenas, 2003:30).

durante el gobierno de facto del general cruceño Hugo Banzer (1971-78).6 La dictadura se sostenía sobre todo en el apoyo de los grupos de poder cruceños y constituyó su primera experiencia del manejo de la política nacional. “A partir de entonces -señala Alberto Zalles-, el protagonismo de la elite camba fue indiscutible a todo nivel” (Zalles Cueto 2006:26). En este sentido, fue guardando el compás de la Marcha hacia el Oriente tal y como la interpretó el régimen de Banzer, y gracias a la generosa repartición de tierras y créditos bajo la batuta de la dictadura militar, que se consolidó lo que hoy es la elite cruceña.En los años recientes, el sector agrario y agroindustrial de Santa Cruz y Beni ha podido fortalecer aún más su posición gracias al boom de la soya. En 1987, cinco años después de que Bolivia había vuelto a ser un país formalmente democrático, se inició el Proyecto de Tierras Bajas para incrementar -con financiamiento del Banco Mundial- la producción de trigo y soya. A partir de 1990, la superficie destinada al cultivo de la soya iba en aumento, llegando a su pico en 1999 y 2005. Ximena Soruco destaca que hoy por hoy, “la producción de la soya ha llegado a ser el segundo rubro de exportación en Bolivia, participando con el 43% de exportaciones no tradicionales y 14% de las exportaciones globales” (Soruco Sologuren, 2008b:75). En conjunto, la especulación de la tierra y el modelo productivo asumido por el sector agroindustrial del Oriente boliviano han llevado el conflicto por la tierra en Bolivia a niveles hasta ahora desconocidos. Según Soruco, el “modelo soyero” está basado en la indiscriminada ampliación de la frontera agrícola, con “graves consecuencias ambientales [...] y de violencia por el conflicto de la tierra” (ibídem). Al mismo tiempo, Miguel Urioste señala:

[…] en los últimos años, la superficie efectivamente cultivada por año [...] fue de 1,400,000 de hectáreas, de los cuales cerca de 800,000 se destinan al cultivo de soya. Existen, por lo tanto, cerca de 6,000,000 de hectáreas de tierras con potencial de uso agropecuario y ganadero que no se explotan [...] Esas tierras, ubicadas principalmente en el Oriente y la Amazonía, están en poder de personas que reclaman derechos sobre sus propiedades (Urioste, 2009).

6 Sólo en el departamento de Santa Cruz el régimen militar entregó siete millones de hectáreas de tierra a individuos y empresas, cuya única función era y es la obtención de créditos baratos y no la producción agrícola.

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A pesar de las inmensas extensiones de tierra que ha podido acaparar para sí la nueva burguesía agraria de Oriente, varios factores hacen sospechar que el fundamento de su poder económico es menos firme de lo que puede parecer. Willem Assies señala que “el auge de la producción de la soja en la región ha sido basada en la expansión de la frontera agraria y el acceso privilegiado a los mercados regionales latinoamericanos en vez de a mejorar la productividad y por eso no es muy competitiva” (Assies 2006:101).Frente a competidores como Argentina, Brasil y Estados Unidos, la industria boliviana de la soya ha podido sostenerse gracias a subvenciones indirectas por parte del estado boliviano y debido a las preferencias arancelarias de la Comunidad Andina de Naciones, hacia donde es exportado el 97% de las oleaginosas. Pero tanto las unas como las otras terminaron. Y si a esto se suma los posibles efectos de la “revolución agraria” del gobierno Morales,7 “todo indica que, a pesar del incremento del precio, el ritmo de ampliación de la frontera agrícola de la soya y otras oleaginosas (...) tenderá a estancarse, con todos los efectos de desaceleración de la economía agropecuaria en el oriente que esto podría generar” (Urioste, 2009).

V. Hidrocarburos, civismo y barbarie

Uno de los efectos más destacados de las políticas modernizadoras de la reforma agraria y del posterior crecimiento del sector agrario fue la diversificación e integración de la economía en oriente, empezando por el sector agropecuario que se dividió en un sector agricultor y otro industrial estrechamente vinculados entre sí. Según Jean Pierre Lavaud,

[…] debido a la alta integración de las actividades locales, cada uno de los miembros de esta neo-oligarquía depende, en cierta forma, de los demás. La industria se apoya en la agricultura y la agro-industria ha vigorizado un sector de comercialización y del financiamiento de las producciones locales. Los miembros más visibles de esta neo oligarquía se dedican, a menudo en familia, al conjunto de estas actividades (Lavaud, 1998, en Sandoval Arenas et al., 2003:102).

7 Véase el artículo de este mismo libro: “El papel del estado en la transformación de lo legítimo en legal”, de Flavio Barbosa y Gabriela Delgadillo.

En este contexto, el cpsc ha jugado un papel clave en la articulación de los intereses de los grupos dominantes cruceños, y conforme iba aumentando la importancia de la economía de Santa Cruz a nivel nacional, crecía también el peso de los cívicos en la política boliviana. Fundado en 1950, hoy por hoy el cpsc incorpora a unas 200 organizaciones de la sociedad civil, aunque “sus portavoces más visibles son claramente los representantes de los sectores dominantes del comercio tales como la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (fegasacruz), la Cámara Agropecuaria del Oriente (cao) y la Cámara de Industria y Comercio (cainco)” (Assies, 2006:101).A pesar de que los objetivos iniciales del cpsc eran aparentemente regionales y locales (infraestructura y apertura de mercados para productos de la región, la dotación de servicios básicos a la ciudad de Santa Cruz, entre otros), su influencia a nivel nacional no tardaría en evidenciarse. En un ambiente de fuerte hostilidad de la elite local hacia el régimen nacionalista revolucionario, cuyas tímidas medidas de redistribución de la riqueza y de la tierra causaban temor entre las clases dominantes cruceñas, a finales de los años 50 el cpsc protagonizó un prolongado enfrentamiento con el gobierno boliviano por la asignación de las rentas de la industria petrolera. Desde 1938 las leyes bolivianas destinaban el 11% del valor de la producción a los departamentos donde se hubiera originado. A partir de la Revolución Nacional, tanto la producción en el Oriente boliviano como la demanda del petróleo en los mercados internacionales crecieron rápidamente. Cuando en el marco de la estabilización monetaria el gobierno cercenó las llamadas “regalías departamentales” a favor del Estado, el cpsc encabezó un amplio movimiento en defensa de este ingreso, fundamental para la administración departamental. En el calor de aquellos días de 1957 nació también la ujc, que reclutaba sus miembros fundamentalmente de la población estudiantil de la clase media y alta y mantenía fuertes vínculos con la ultraderechista Falange Socialista Boliviana. Desde sus inicios, la ujc constituía el “brazo armado” de los cívicos frente a los militantes del partido gobernante y la represión estatal de las protestas (Peña Hasbún et al. 2003:108), y con el pasar de los años se convertiría en su principal instrumento de disciplinamiento de cambas y migrantes collas insumisos.

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A partir de las luchas por las regalías petroleras

[…] el Comité Cívico asumió la representación regional por encima de los partidos políticos. El Comité Cívico integró el conjunto de la sociedad bajo los intereses de la clase dominante, como un bloque de poder político, económico y social propio de la formación social regional. Las luchas cívicas dieron como resultado la reposición y pago de las regalías [y] el inicio de las obras públicas urbanas (Sandoval Arenas 2003:91).

A largo plazo, el efecto de la política petrolera de los gobiernos bolivianos sería una enorme concentración de la riqueza procedente de este rubro en los departamentos orientales, pues los ingresos por regalías de Santa Cruz ascendieron a tres millones de dólares entre 1959 y 1964 y cuatrocientos millones entre 1960 y 1986. Rossana Barragán hace notar que esto significa que “la política del Estado respecto a los hidrocarburos resultó muy distinta a la de los minerales”, pues mientras “estos últimos fueron siempre considerados ingresos ‘nacionales’ y dieron vida al Estado boliviano”, las ganancias de los hidrocarburos fueron en buena medida canalizadas hacia Oriente (Barragán, 2009a:48).Con el pasar de los años, los ascendientes ingresos petroleros, la obtención de créditos y diversas iniciativas estatales de fomento a las industrias regionales permitieron que la economía cruceña se diversificara sucesivamente. Cuando en 1985 el entonces presidente Paz Estenssoro decretó el inicio de dos décadas de políticas neoliberales -caracterizadas por el cierre de las minas estatales, la privatización de las empresas estatales y la cancelación de las políticas proteccionistas-, fue precisamente gracias al carácter heterogéneo de su economía y el importante papel de la empresa privada que Santa Cruz fue la región menos perjudicada por la reforma estructural. A la consiguiente ascendencia de Santa Cruz al lugar de la “primera economía” del país contribuyó también su posición geográfica privilegiada: comparte fronteras con Brasil y Argentina, países a los cuales se destina el 83% de las exportaciones bolivianas (Zalles Cueto, 2006:25).Mientras Santa Cruz crecía en términos económicos, políticos y de población, los demás departamentos del oriente boliviano vivían más bien en su sombra, subsistiendo con base en economías regionales escasamente modernizadas. Esto cambió sólo a finales de los años 90, cuando se descubrieron enormes reservas de gas en el departamento

Tarija, en el sureste del país. Unos años antes, en 1995, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada había privatizado la compañía petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb), lo cual dejó vía libre a consorcios transnacionales, que adquirieron la infraestructura y las concesiones de exploración y extracción de la otrora empresa estatal. Paralelamente, los 1,6 billones de pies cúbicos de gas encontrados en suelo tarijeño en 1998 aumentaron a unos 45,7 billones de pies cúbicos en 2002, con lo cual la participación de Tarija en las reservas de gas bolivianas es de más de 80% (Assies, 2006:96).8 El posterior boom de los hidrocarburos benefició nuevamente a Santa Cruz, sobre todo porque “Santa Cruz es hoy la principal ruta de tránsito del capital transnacional de los hidrocarburos, donde se concentran la infraestructura y las oficinas de servicio y operación” (Gustafson, n.d.:24, traducción nuestra).Tanto a nivel regional como nacional, las políticas económicas del gas tuvieron un fuerte impacto social y político. Bret Gustafson argumenta que las industrias hidrocarburíferas debilitan “marcos nacionalistas seculares” al conceder derechos territoriales a corporaciones transnacionales, cediéndoles la soberanía sobre esos espacios de enclave. Al mismo tiempo, los “hidrocarburos producen efectos económicos regionales desiguales, concentrando la riqueza en enclaves o centros urbanos, usualmente desconectados de los territorios circundantes” (Gustafson, n.d.:6,7). En Bolivia, las cosas tomaron por lo menos parcialmente otro rumbo: la decisión del presidente Sánchez de Lozada de exportar el gas boliviano vía Chile a México y Estados Unidos, dejando ganancias mínimas para el Estado, causó el furor de la población. Durante la “Guerra del Gas” de 2003, que marcó el fin de las políticas neoliberales en el país y acabó con la huida del presidente, movimientos indígenas y populares lucharon por la soberanía de la población boliviana sobre “sus” recursos, y el gas se convirtió simbólicamente en la última esperanza para mantener la integridad política y territorial del país (ibidem: 13). Con las políticas de “nacionalización” emprendidas por el gobierno de Evo Morales, esa esperanza pareció cumplirse.No obstante, el gas y la “guerra” por su nacionalización fueron también unos de los principales catalizadores que reanimaron las luchas regionalistas, pues embargaban el potencial de dotar los proyectos autonómicos de un sustento material real. Ya desde principios del siglo 8 En reservas probadas, probables y posibles

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xxi, la situación política inestable causada por las conquistas de los movimientos indígenas y populares de Occidente había motivado a los grupos de poder de Oriente a buscar nuevas formas para defender sus intereses más allá de su influencia en el manejo del Estado. Ya que según Fabiola Escárzaga, “la nueva derecha [de Oriente] carece de una tradición de mando político, de experiencia en el ejercicio del poder y de un proyecto económico, político y social que abarque al conjunto del país y que le permita aspirar a la hegemonía” (Escárzaga, 2008:12).

VI. Autonomía, sí o sí

Ante los avances populares se fracturará la clase política boliviana entre las elites de Occidente y las de Oriente, dejando a éstas últimas en una posición marginada. Desde aquí, y bajo el claro liderazgo de las elites cruceñas, se comenzó a reivindicar la “autonomía departamental”, con amplios derechos sobre la legislación de la tierra y los hidrocarburos para las administraciones regionales. Notablemente, a principios del año 2003 -mientras La Paz era escenario de grandes protestas en contra de la exportación del gas y de violentos choques entre policías y militares- a iniciativa del recién enriquecido departamento Tarija, se reunieron por primera vez los Comités Cívicos de los departamentos del oriente, norte y sur del país -Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca- para plantear un proyecto común de “autonomía”. En esa ocasión, la nueva alianza cívica amenazó con declarar su autonomía de no consumarse la exportación del gas natural. En octubre del mismo año, el día que Sánchez de Lozada huyó apresuradamente hacía Miami, el cpsc reivindicó “la refundación de Bolivia a través de una nueva estructura política, económica y administrativa”, y declaró: “De no darse este cambio, dudamos de la permanencia de Santa Cruz en la actual estructura de país” (cpsc, 2003).Durante los años siguientes, el fervor autonomista de los Comités Cívicos y de las prefecturas departamentales de Oriente se recrudecía conforme se iba cerrando el cerco, simbólico y material, que los movimientos indígenas y populares y el mas tendieron a los grupos tradicionales de poder en La Paz. A partir del año 2003, la “Comisión de Autonomías” del cpsc comenzó a elaborar un documento de propuestas para institucionalizar, a nivel nacional, las “autonomías departamentales”.

Durante el turbulento gobierno de Carlos Mesa (2003-5), ex-vicepresidente de Sánchez de Lozada que asumió la presidencia después de la Guerra del Gas, se conformó el “Consejo Preautonómico” en el seno del cual miembros del cpsc, personalidades de la región y asesores técnicos reelaboraron el documento inicial, dándole forma de una propuesta para una reforma constitucional. Finalmente, la denominada “Asamblea Provisional Autonómica”, que fue “elegida” durante un cabildo a principios de 2005, encaminó un proceso de consulta de la sociedad civil de Santa Cruz y otros departamentos sobre el “Proyecto de Constitución Política del Estado con gobiernos departamentales autónomos”. “Sin embargo –señalan Zegada et al.- este proceso no resultó en importantes modificaciones al documento inicial […] lo cual demuestra que no se trató de una construcción colectiva con los sectores sociales de la región” (Zegada Claure, 2007:106). Los mismos autores señalan que a pesar de la presencia de dos dirigentes indígenas en el Consejo Preautonómico, el documento que finalmente fue aprobado por la Asamblea omitió cualquier referencia a los pueblos indígenas en la región (idem). Los delegados de la ultraderecha de Oriente presentaron la propuesta a la Asamblea Constituyente que se instaló en el 2006, y tuvo un fuerte impacto sobre el modelo de autonomías departamentales adoptado con la nueva constitución boliviana dos años más tarde, en 2008.9

El proceso de construcción de la autonomía departamental a nivel legal fue, desde sus inicios, acompañado por movilizaciones y luchas callejeras que aceleraron la instauración de una especie de autonomía de facto capitalizada por las elites locales. Un momento clave en esta relación fue la “crisis del diesel” en enero de 2005. Después de que el gobierno Mesa decidió rebajar los subsidios al combustible, que durante años había beneficiado sobre todo a la agroindustria de Oriente, la dirigencia cívica convocó un paro departamental, acompañado de huelgas de hambre, manifestaciones y violentos asaltos a instituciones públicas. El paro culminó con un masivo cabildo de 200,000 personas que “ondeando banderas verdes y blancas de Santa Cruz [...] celebraba(n) la ‘autonomía’ como una manera nueva de imaginarse a sí mismos en relación con el Estado-Nación boliviano” (Gustafson, 2008b:150). 9 Sobre el papel que jugó la derecha en la Asamblea Constituyente, véase “Las asimetrías del mandar obedeciendo”, en este mismo libro

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Al mismo tiempo, la ujc se ocupó de brindar a los inconformes un gusto anticipado del nuevo orden al que los autonomistas aspiraban, y que estaban comenzando a instalar. Pues la ujc se perfiló, en palabras de Bret Gustafson, como una fusión de

[…] violentos sustratos culturales vinculados al gamberrismo deportivo, artes marciales, levantamiento de pesas y peleas juveniles en un instrumento dirigido para hacer cumplir las huelgas cívicas, atacar campesinos y marchas pro-mas y asaltar las instituciones públicas disputadas como son las agencias fiscales, administración de educación, sindicatos y entidades de gestión del agua (Gustafson, 2008a; traducción de José Capriles).

El gobierno de Carlos Mesa decidió ceder ante la presión cívica y, además de restablecer los subsidios al diesel, estableció una fecha para la elección de los prefectos departamentales, que hasta entonces habían sido elegidos “a dedo” por el gobierno nacional. Su triunfo sobre el gobierno y la ausencia de una respuesta estatal ante la toma de las instituciones permitió a los cívicos presentarse como los defensores de la economía del “hombre común” -que también sufría de los elevados precios del diesel y del transporte público- frente al rapaz Estado central, con lo cual dotó a su proyecto autonómico de mayor credibilidad y legitimidad. Cuando en enero del 2006 el mas asumió la tarea de gobernar a Bolivia, los autonomistas contaban con un proyecto político regionalista elaborado y, debido a las primeras elecciones directas de los prefectos,10 la administración pública de los departamentos orientales estaba en manos de aguerridos defensores de una solución autonómica; en Santa Cruz, el prefecto Rubén Costas, ex-presidente del cpsc, representaba la derecha autonomista más intransigente. Pero, sobre todo, el proyecto de la “autonomía departamental” gozaba de un apoyo considerable entre la población de Oriente y de una base sólida conformada por poderosos Comités Cívicos, organizaciones empresariales, grandes medios de comunicación, prefecturas y Uniones Juveniles.

10 Éstas se realizaron de manera paralela a las elecciones presidenciales en diciem-bre de 2005; el mas, que ganó las elecciones con casi 60% de los votos, alcanzó ni-veles de aprobación mucho menores en las elecciones departamentales en Oriente

VII. Cruceñidad y Nación Camba: espacios homogeneizantes

Cualquier proceso autonómico requiere, según Gilberto López y Rivas, de un “elemento constitutivo”:

[…] la conformación de un sujeto autonómico, o sujeto colectivo de transformación social, con base territorial y con identidad socioétnica, no sólo con la capacidad de representar por consenso los intereses de la colectividad, sino también para constituirse en un interlocutor legítimo implicado en el proceso de negociación y diálogo (López y Rivas, 2004:169).

En el caso del Oriente boliviano, la conformación de los “sujetos autonómicos” se ha dado en procesos altamente conflictivos, donde actores económicos y sociopolíticos opuestos han desarrollado proyecciones políticas y territoriales antagónicas en una especie de “diálogo violento” (Steinberg 1999). Las prácticas de disciplinamiento violento de los sectores indígenas y populares por parte de grupos ligados al proyecto autonomista departamental invisibilizan e impiden la diferencia y el disenso y son, sin duda, un mecanismo de subordinación y subjetivación importante. No obstante, creemos que lo que vino a ser una hegemonía regional hasta hace poco prácticamente incuestionada del bloque oligárquico de Oriente, alrededor de la cual se pudo formular el proyecto autonómico, sería inexplicable sin tomar en cuenta los procesos de re-significación del espacio y de las identidades.Para el caso de Santa Cruz, cuyas elites fueron protagónicas en este proceso, la activa construcción de lo que los cívicos llaman la cruceñidad constituye un elemento fundamental en esa andanza. Bajo ese término, aquellos territorios que hasta hacia poco habían sido imaginados como vacíos fueron dotados de atributos sociales, culturales, raciales, espaciales y políticos propios y sobre todo distintos de los de otras regiones del país. Según Paola Peña et al., la “preocupación del cpsc por la identidad cultural se debió, en gran medida, al flujo migratorio de bolivianos que arribaron del altiplano y los valles”, fenómeno que se acentuó después de la crisis a comienzos de los años ochenta (Peña Hasbún et al., 2003:117). Como en todo el país, también en Oriente la reestructuración neoliberal trajo profundos cambios de la estructura social, pues:

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[…] transformó radicalmente el escenario productivo y demográfico del país. Una migración sin precedentes alteró los modos de vida y de pensar en los distintos espacios, y también creó nuevos sujetos populares con una redoblada capacidad de movilización. Los cambios ocurridos propiciaron nuevos usos del territorio y nuevas articulaciones espaciales (Escárzaga, 2008:8).

En ese contexto, la forma de hablar, los bailes, el paisaje y el color de la piel se convirtieron en importantes elementos de distinción. Por cierto, para que eso ocurriese, el cpsc emprendió un amplio programa de invención de las tradiciones y de objetivación y folclorización de la supuesta “forma de ser cruceña”. En 1980 se “rescató” la ya olvidada bandera del departamento y se proclamó un “Día de la Bandera Cruceña”. Sus colores -verde y blanco- simbolizan, según la interpretación actual, abundancia natural y “pureza de linaje”, lo cual en opinión de Bret Gustafson constituye “una evocación bastante clara de distinción racial heredada del colonialismo español” (Gustafson, 2008b:153-4) y un magnífico ejemplo de la interrelación entre geografía e ideales étnicos. Unos años más tarde, el cpsc creó el “Día de la Tradición” donde, según sus organizadores, “los cruceños tenemos la oportunidad de reafirmar nuestra identidad cultural, recordando las costumbres y tradiciones” (“Horizonte cruceño”, cit. en Peña Hasbún et al., 2003:119).Los elementos concretos a partir de los cuales el espacio de Santa Cruz se convierte en el espacio de la cruceñidad son, por lo menos para nuestros fines, mucho menos importantes que las implicaciones políticas de esta última. Pues a pesar de que, como hemos visto, las elites se beneficiaron ampliamente de las políticas de los gobiernos posrevolucionarios, el imaginario de la cruceñidad se nutre precisamente del supuesto abandono y aislamiento sufrido por Oriente, así como de la “tradición” de lucha regionalista contra el estado central. De esta posición geográfica y política habría derivado que, en Santa Cruz, “se creara una sociedad de frontera, aislada, buscando sus propias soluciones y generando movimientos revolucionarios” (C. Dabdoub, cit. en Zegada Claure, 2007:97). En contraste con el Occidente boliviano, la Santa Cruz de la cual hablan los cívicos es, en primer lugar, un espacio mestizo donde los “blancos” sí triunfaron sobre los indígenas, pues según Ruber Carvalho los “nativos” se habrían sujetado “al modo de vida del conquistador, a su

forma de trabajo, a sus relaciones de producción, a su religión, moral y costumbres, a su estructura familiar, etc.” (Carvalho, 1990, cit. en Peña Hasbún et al., 2003:11); en segundo lugar, Santa Cruz aparece como un espacio socialmente homogéneo, donde “no hay clases, sólo cruceños” (idem).En sus apariencias públicas, los latifundistas, empresarios y banqueros que llevan la batuta en el cpsc y las estructuras estatales departamentales, escenifican ese colectivo homogéneo cruceño del cual se creen portavoces, y lo apuestan contra el Estado central y la población colla. Vestidos de pantalones de mezclilla y camisas cuadriculadas, hablan el “lenguaje común” y distintivo de la población cruceña, para defenderla contra los “encorbatados del centralismo” (R. Costas, entonces presidente del cpsc, cit. en Zegada Claure 2007:98). La ideología de la cruceñidad sostiene que es precisamente la ausencia de divisiones étnicas o clasistas la que sustenta la manera propia de hacer las cosas. En el ámbito económico, esto se manifiesta en una organización e ideología con fuertes tintes de corporativismo. En lo político, la cruceñidad eclipsa y deslegitima cualquier proceso político independiente y asigna el poder de la representación de una supuesta voluntad colectiva del “pueblo cruceño” al cpsc, pues se defiende categóricamente que “la forma cruceña de hacer política es el civismo” (Peña Hasbún et al., 2003:11). Por consiguiente, cualquier intervención por parte del Estado o de sujetos otros –migrantes collas, por ejemplo– en esa “forma propia” de hacer las cosas, en esa sociedad homogénea o ese espacio hecho propio, aparece como una interferencia ilegítima.La versión más amplia -en términos territoriales- de esa ideología, y que mayor énfasis pone en las supuestas diferencias étnicas o culturales, es sin duda la idea de un “pueblo” o una “nación” camba. Su defensores más feroces, los integrantes del Movimiento Nación Camba de Liberación, sostienen que:

[la “nación camba”] representa más del 30% de la población (de Bolivia) y se asienta sobre un territorio predominantemente constituido por selvas y llanuras […] que constituye más del 70% del territorio nacional [...] cuya cultura mestiza proviene del cruzamiento de hispanos y guaraníes. Su Índice de Desarrollo Humano (idh) es el más alto de Bolivia (...).11

11 http://www.nacioncamba.net/quienesomos.htm.

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Esta “nación” asentada en Pando, Beni y Santa Cruz contrasta con la Bolivia andina, constituida “mayoritariamente por las etnias aymará-queschua, atrasada y miserable, donde prevalece la cultura del conflicto, comunalista, pre-republicana, iliberal, sindicalista, conservadora” (ibídem). En este razonamiento, la “autonomía” -o, como reivindican algunos integrantes, la formación de un Estado propio- para los departamentos de Oriente deriva directamente del “derecho a la autodeterminación nacional” e implica el control soberano de los representantes de esa “nación” sobre la tierra y otros “recursos naturales”.12

Aunque puede argumentarse que el alcance e impacto real del Movimiento Nación Camba es limitado, creemos que su papel en el proceso de la construcción de una “identidad” diferenciada no es de subestimar. Willem Assies se opone a lecturas que entienden la Nación Camba como un fenómeno marginal y aislado, y sostiene:

[…] la identidad camba con sus matices étnicos está cobrando más importancia con relación a la identidad cruceña con su referencia regionalista. Por lo tanto, puede que las «diferencias profundas» entre el discurso del cpsc y el de la Nación Camba, junto con su acción política [...] no sean tan profundas. El discurso del cpsc a menudo resuena con los estribillos de la Nación Camba y los símbolos de la Nación Camba no están ausentes de su propaganda, del mismo modo que los simpatizantes o los adherentes de la Nación Camba no están ausentes de sus filas. Más bien, constituyen el ala radical del cpsc (Assies, 2006:103).

Al establecer el espacio camba/cruceño y dotarlo de significados propios y particulares, el cpsc “ha logrado acaparar para sí no sólo la representatividad de lo cruceño, sino también el derecho a definir qué es lo cruceño” (Peña Claros y Jordán, 2006, cit. en Zegada Claure, 2007:99). Por eso, afirma Luis Antezana, la cruceñidad conformada por la labor del cpsc “es (...) un límite social –esta vez regional– a todo Estado y gobierno. Más que un actor social o político, se diría, una especie de “micro-Estado” de derecho regional (Antezana, 1997). Y como tal, impone su “límite” al Estado central, ya que al representar y a la vez construir/definir aquel “sujeto autonómico” llamado “pueblo”

12 “Memorándum”, Movimiento Nación Camba: http://www.nacioncamba.net/documentos/memorandum.htm

o “sociedad cruceña”, las elites conquistan el monopolio de la palabra. La cruceñidad pierde su supuesta inocencia, y aparece como un hecho inherentemente político: como la ideología que sustenta la hegemonía de la elite sobre el resto de la sociedad cruceña.13 La cruceñidad excluye a todos aquellos que no cumplen con los requisitos necesarios para formar parte del colectivo y, al hacer eso, obliga -so pena de ser estigmatizado como tránsfuga o ser apaleado por los cruceñistas- a los que sí forman parte a acatar las “reglas del juego” establecidas por la clase dominante y transportados a través de la “identidad cultural” y la ujc. Como sostiene el grupo cultura y estrategia. arte y guerra, en su “teorema de la lealtad forzada”: “La noción de la identidad cultural no tiene correspondencia real, es un contra-factum, una construcción para coaccionar a aquellos que pertenecen al grupo, y para la exclusión y explotación de todos los que no le pertenecen” (cit. en Theweleit, 2002, traducción nuestra).Así, el movimiento inverso y paralelo a la exclusión no es la inclusión, sino el chantaje, el constreñimiento, la sincronización y homogeneización, del espacio tanto como de los individuos.

VIII. De la luna creciente al cuarto menguante

En los años recientes, el movimiento autonomista departamental -y con él, el proyecto político e identitario formulado originalmente por las elites cruceñas- se ha ampliado considerablemente, instalándose sucesivamente en las prefecturas y comités cívicos de Pando, Beni, Tarija y, con altibajos, Chuquisaca. Desde el 2006, los movimientos autonomistas de estos departamentos se han encontrado en abierta y violenta confrontación no sólo con el gobierno de Evo Morales, sino también con los representantes locales del mas, con sindicalistas, campesinos, indígenas y migrantes collas. En esta relación, la conformación de la auto-denominada “Media Luna” a partir del año

13 Siguiendo a Marc Steinberg, entendemos la hegemonía como “un ‘proceso ac-tivo’ con el cual grupos dominantes buscan incorporar a los subordinados, hacién-dolos articular sus intereses a través del discurso dominante. Hegemonía, en este sentido, es la capacidad de los detentadores del poder tanto de constreñir a los subordinados a disputar los significados como de suprimir la capacidad de las ma-sas de producir significados conflictivos y subversivos sobre el mundo” (Steinberg, 1994:512, traducción nuestra).

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2003 fue un hecho fundamental. Se trata de un espacio constituido en principio por aquellos departamentos arriba mencionados que disponen de movimientos autonomistas relativamente fuertes, y en los cuales la mayoría de la población votó por el “sí” a la autonomía departamental en el referéndum del año 2006.14 En este sentido, la metáfora astronómica hace referencia a un espacio cuya unidad derivaría de una supuesta voluntad política común de sus habitantes, representada por los Comités Cívicos y las prefecturas. No obstante, la Media Luna constituye también una representación particular de aquellos espacios cuyos grupos dominantes se jactan con que son -ellos y los espacios- mayoritariamente “blancos” o “mestizos”,15 con una “mentalidad” e “identidad cultural” más o menos compartida y sobre todo distinta a la de aquellos que en esta narrativa representan el atraso, el centralismo y lo indio: Occidente. Y es precisamente en este sentido que es también, y quizás sobre todo, una semántica espacial altamente politizada y “etnificada” o “racializada”, en la medida en que aparece como una articulación política-territorial de los espacios blancos y de la condición común de “otredad” de sus habitantes, que no quieren o no deben ser gobernados por los "collas" y/o “indios”.La Media Luna brillaba sobre los llanos que hace no mucho tiempo eran un vacío, mientras su sombra caía sobre el mundo andino (el lado oscuro de la luna). Al hacer eso, reinventó Oriente y Occidente, y marcó distinciones claras en las tierras tarijeñas y chuquisaqueñas, donde los centros urbanos -Sucre y Tarija- eran caracterizados como núcleos blancos y progresistas rodeados por el atraso moreno. A esos territorios los convirtió en otra cosa: en espacios geográfica, política, étnica y culturalmente diferentes cuya articulación en un solo espacio nacional-estatal aparece a menudo como una aberración e injusticia 14 El gobierno del mas decidió vincular la convocatoria a las elecciones para la Asamblea Constituyente del 6 de marzo de 2006 al referéndum sobre las autono-mías departamentales. El paso ha sido fuertemente criticado, porque relaciona dos proyectos radicalmente distintos (uno indígena-popular, el otro diseñado por gru-pos dominantes), y dota de legitimidad a un programa de autonomía duramente cuestionado por movimientos sociales populares e indígenas15 En este sentido, es interesante la descripción en la enciclopedia libre Wikipedia que define la Media Luna como “zona ubicada en el oriente del país, que tiene como característica común que su población no es mayoritariamente indígena”; http://es.wikipedia.org/wiki/Media_Luna_(Bolivia), acceso 13-11-10

histórica. Hasta el “cerco a Santa Cruz”, la Media Luna constituía no sólo la articulación más sólida de la derecha autonomista de Bolivia, sino también la proyección más amplia de su proyecto político: sin poder aspirar a construir una hegemonía a nivel nacional por su evidente carácter excluyente y regionalista, los medialunáticos promovieron el reordenamiento del espacio estatal según su modelo autonómico, y construyeron su hegemonía y su autonomía de facto en los espacios que pensaban controlar.La elaboración y aprobación mediante referendos de los “estatutos autonómicos” de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz en mayo y junio del 2008 constituyó la culminación de ese proceso. En ellos, los gobernantes de la Media Luna se asignan a sí mismos la soberanía sobre los recursos naturales, se elimina la figura de la reversión del latifundio y se confiere al “gobierno departamental” la potestad de definir sobre la propiedad, distribución y redistribución de las tierras.16 De haberse realizado el sueño autonomista, hubiera sido la orientalización de Bolivia: la extensión del modelo cruceño a vastos territorios del país. Pero la “selva”, que tanto les había costado conquistar, se rebeló contra aquellos que pretendían ser sus amos. El cerco a Santa Cruz, cuyo despliegue desarrollaremos en la segunda parte de este artículo, evidenció la fragilidad de la hegemonía gamonal. Muy al contrario de la semántica espacial de los grupos dominantes, Oriente no era un espacio homogéneo –y Santa Cruz ya no era, o jamás había sido, la madre de pueblos distribuidos en el espacio como las estrellas.

2. La rebelión: el Cerco a Santa Cruz

Ellos dicen “¡collas, collas!”, por los collas Santa Cruz está viviendo, si no hay colla de donde van a conocer comer verdura, ¿quiénes siembran verdura?. “Ahora no hay” dicen

esas señoras, (se refiere a las pobladoras de la ciudad de Santa Cruz), esta mañana se están quejando en la tele: “no hay verdura está caro”. Porque no piden pues del Rubén Costas, que le traiga su aceite, porque no hacen toman eso. Ahora dicen “porqué no se

van a Potosí, vayan a hacer plata” (los citadinos a l@s campesin@s). ¡Por qué vamos a ir a otros lados nosotros, nosotros estamos aquí de Potosí, de La Paz, de donde sea, pero

somos bolivianos!(Declaraciones de mujeres campesinas que participaron en el Cerco a Santa Cruz, en el

programa de Zambacanuta de Canal 7, tvb)16 Véase, por ejemplo, “Estatuto autonómico de Santa Cruz”: http://www.laconstituyente.org/?q=node/1981

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I. Lo múltiple en Oriente

La “selva” y la misma ciudad mostraron de manera explícita, una geografía de las “violencias encubiertas”, en un mapa, ahora visible, de heridas y luchas intestinas, potentes como profundas. Un rayo alumbró los oscuros lados de la Media Luna, iluminó la faz de una confrontación directa entre el poder gamonal-capitalista y lo popular-campesino, en el entramado de dominaciones y resistencias.El otro lado del espejo donde se miran las elites cruceñas, son espacios tanto en zonas urbanas y del campo, que resultan mosaicos populares – campesinos, complejos y multiformes, atravesados de relaciones de poder “étnicas” y capitalistas. La complejidad de lo popular en Santa Cruz proviene en gran parte de que son territorios de alta concentración de migración interna, de que han existido rápidos procesos de desarrollo capitalista y de parcelización de la tierra. Sin embargo, este capitalismo no podría entenderse sin el sustrato comunitario que conforma otros “archipiélagos” civilizatorios: pueblos indígenas enteros que viven distribuidos a lo largo de una vasta geografía de valles y selvas y también en la ciudad. Éstos últimos han quedado articulados de manera desigual con la explotación capitalista gomera, castañera e hidrocarburífera. Esto retrata el entramado complejo de condiciones materiales y subjetivas de existencia superpuestas de sectores asalariados en la explotación de la castaña y la goma; “pueblos indígenas” o “nacionalidades” de carácter semi nomádico; familias campesinas emigrantes venidas de las tierras altas (los llamados colonizadores); colonias de familias japonesas o alemanas que instalaron negocios sustanciosos gracias a las fabulosas riquezas naturales de una aún no totalmente explorada selva amazónica o de los llanos orientales. Son horizontes y formas de politización distintas.El sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, había propuesto denominar a esta complejidad desigual, como composición social abigarrada de la sociedad boliviana, parte de un enfoque metodológico y una lectura propia de las formas del desarrollo capitalista en los países de América Latina. Se propuso pensar la “formación social abigarrada”17 como una aproximación a la dinámica del desarrollo 17 “Se dice que Bolivia es una formación abigarrada porque en ella no sólo se han superpuesto las épocas económicas (las del uso taxonómico común) sin combinarse

histórico del capitalismo con fuerte presencia de múltiples maneras de subordinación formal y real de procesos laborales no-capitalistas al capitalismo. Así, en el país existen formas económicas y civilizatorias que se superponen entre sí, “densidades temporales” con articulaciones desiguales y débiles.Zavaleta había pensado fundamentalmente en torno a las comunidades aymaras y quechuas que se encuentran en las regiones del altiplano y los valles: procesos de subsunción formal y la existencia de amplias zonas territoriales que pertenecen a otra lógica y organización civilizatoria, al tiempo agrario y comunitario, del cual surgieron los levantamientos anticoloniales más poderosos en el área andina. ¿Qué es lo que sucede cuando ampliamos la reflexión a las zonas de Oriente? A esta dimensión propuesta por Zavaleta, articulamos una reflexión sobre la lucha más subterránea que se libra en oriente: una lucha compleja (de larga data) de los pueblos indígenas y campesinos “colonos” con una elite empresarial, financiera y agroindustrial en oriente.Las poblaciones que participaron de manera decisiva en las movilizaciones de 2008, son precisamente las que son fruto de una migración intensa tanto interna como externa y son parte de un desarrollo capitalista en términos más “clásicos”.Estas migraciones, que presuponen la creación de zonas de asentamiento, han sido parte, cada una con su propia extensión y medida, de la desestructuración de los antiguos territorios indígenas, que es la otra esfera que forma parte de esta compleja realidad: los pueblos indígenas que han reivindicado tierra y territorio y que han quedado subordinados a las dinámicas capitalistas-coloniales. La migración interprovincial, interdepartamental y también internacional, resulta fundamental para poner en evidencia y reflexionar sobre la trayectoria territorial, geopolítica, política, cultural y social de esta región. En especial, porque demasiado como si el feudalismo perteneciera a una cultura y el capitalismo a otra y ocurrieran, sin embargo, en el mismo escenario o como si hubiera un país en el feudalismo y otro en el capitalismo, superpuestos y no combinados sino en poco. Tenemos, por ejemplo, un estrato, el neurálgico, que es el que proviene de la cons-trucción de la agricultura andina o sea de la formación del espacio; tenemos de otra parte (aun si dejamos de lado la forma mitimae) el que resulta del epicentro poto-sino, que es el caso de mayor descampesinización colonial, verdaderas densidades temporales mezcladas no obstante no sólo entre sí del modo más variado, sino que también con el particularismo de cada región” (Zavaleta, 1983:16-17).

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la violencia que se desató en Santa Cruz y otros departamentos, desde el año 2003, fue ejercida directamente y especialmente contra los migrantes "collas".18

II. Las zonas de migración: lo campesino y lo urbano popular en Santa Cruz

Los denominados procesos de “colonización” de Oriente se dieron a través de oleadas migratorias propiciadas por diferentes gobiernos (colonización dirigida y semidirigida), así como por situaciones de crisis económica y política (colonización espontánea), que llevaron a que grandes poblaciones se trasladen para asentarse en tierras cruceñas. La población que llegó a Santa Cruz procede de los departamentos de la zona andina, sobre todo, a ellos se los denomina "collas".Desde los inicios de la República se establecieron colonias planificadas desde el Estado central, facilitando el ingreso de emigrantes, poniendo en venta o en distribución zonas pertenecientes a pueblos indígenas como el Yuracaré (Terceros, 2006). La migración se reinició con mucha fuerza con la “marcha al Oriente”, y llevada a cabo después de la revolución del 52. Luego de esta última, el impulso a la economía agroindustrial cruceña se acrecentó y se creó una Ley de Colonización hacia el área rural (1965), creándose un órgano especial para tal efecto, el Instituto Nacional de Colonización que, por un lado, se proponía crear fuentes de trabajo en el campo, pero además estimular migración de empresarios e inversores (Urioste, 2001). Así, según el Censo del 2001, el 21.8% de los habitantes en Santa Cruz no son originarios del lugar (Terceros, 2006). La migración de otros departamentos, ha tenido momentos intensivos como en las décadas de los 60, 70 y 80, y que en parte estaba relacionada con el boom de la producción algodonera y cañera; fue cuando llegaron cientos de personas para trabajar en la zafra y que luego, en un gran porcentaje, pudieron asentarse y quedarse.

18 “Colla” es la denominación -que ha adquirido, especialmente en los últimos años, un carácter peyorativo- que se da a los y las migrantes de las áreas andinas que llegan a vivir a regiones de oriente. Ver el subtítulo 4.

Las migraciones, hayan sido planificadas o no, son parte de los entramados diversos de los tiempos y memorias populares; es así que hay zonas como San Julián y Yapacaní, al noreste y noroeste cruceño respectivamente, que son dos de los centros poblacionales rurales de migración campesina en Bolivia, mas importantes del país. El caso de San Julián, en la provincia Ñuflo de Chávez, es particularmente evidente: 11,000 familias de procedencia quechua principalmente, llegaron en el año 1975 (García Taboada, 2008), como parte de proyectos gubernamentales de colonización, y se asentaron creando una de las zonas más grandes de recepción de migrantes. La población actual de San Julián es de 66,000 habitantes. En Yapacaní, las primeras olas migratorias estuvieron constituidas por familias de origen quechua, principalmente, desde 1953. Habiendo sido un puesto militar, con las políticas de migración estatales como las de 1963, creció y se convirtió en un municipio de 37,000 habitantes, según el censo de 2001. Tanto San Julián como Yapacaní se encuentran entre los municipios más densamente poblados del departamento de Santa Cruz (ine, 2001). Yapacaní es un centro poblacional que comenzó a crearse desde fines de los 50 y principios de los 60, bajo proyectos dirigidos por el Instituto Nacional de Colonización. Llegaron muchas familias mineras y ex trabajadores mineros, los cuales al asentarse también comenzaron a tratar de organizarse a través de sindicatos. Actualmente la población del municipio de Yapacaní es de 31,538 habitantes, que viven ocupando casi un 27% de su superficie, siendo que el restante 73% esta declarado como reserva forestal (Maida, 2004).

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Las dos regiones tienen una producción diversificada, entre el maíz, el arroz, frutas y últimamente ha crecido la producción de girasol y de soya con la utilización de transgénicos. Es un mosaico de propiedades campesinas y de propiedad de colonias extranjeras19 como la japonesa. En el caso de San Julián, tenemos un mapa de distribución de tierra privada y de propiedad campesina variado, aunque la mayor parte de la tierra se halla en manos de medianos y pequeños productores campesinos. Un producto como la soya es cultivado con otras formas de producción mecanizada lo cual supone otro tipo de manejo de la tierra. La frontera agrícola para el cultivo de la soya, en su etapa expansiva, convirtió a Yapacaní en una de las regiones productoras más importantes (García Taboada, 2008).Sin embargo la migración no ha llegado solamente al área rural, sino también a la urbana. En estos últimos años, uno de los centros que recibe mayor migración de otros departamentos, es el Plan 3000, cuyos ya 300,000 habitantes, provienen tanto de los centros mineros cerrados por las políticas neoliberales hace 25 años, como de comunidades de Potosí o del otro centro urbano de migración aymara: la ciudad de El Alto. El Plan 3000 es una de las zonas más empobrecidas del área urbana de Santa Cruz, muchas zonas aún no tienen servicios básicos y el reclamo constante que hacen es sobre el empedrado y asfaltado de las calles que en épocas de lluvia se llenan de barro, causa excelente para los mosquitos que propagan el dengue y otras enfermedades peligrosas y mortales.Hace 26 años, en 1983, el entonces alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Sergio Antelo, fundador de la “Nación Camba”, ordenó el traslado de tres mil familias afectadas por una terrible inundación, hacia una zona baldía y lejana respecto a los anillos centrales de la ciudad. Así nació el “Plan 3000”.20 Está ubicado muy al sur de los primeros anillos de la ciudad de Santa Cruz, dentro de la llamada “Ciudadela Andrés Ibáñez”, junto a otros barrios compuestos por comunidades indígenas y una multiplicidad de emigraciones provenientes de varios lugares del país (Aparicio, 2007 y Roca, 2008). Lo diverso y abigarrado aquí adquiere otro de sus sentidos, porque se trata de zonas urbanas que, sin embargo, 19 Las colonias japonesas y menonitas que son las más extendidas, se establecieron también a partir de los años 50 y 60. (Soruco, 2008)20 Entrevista a Eduardo Loayza, director de la Radio Integración del Plan 3000.

son fruto de una migración de comunidades campesinas indígenas. Así, el Barrio Minero o el barrio donde viven indígenas ayoreos, confieren al lugar una diversidad multicultural, pero también de diferenciación clasista con el centro urbano de la ciudad de Santa Cruz. El Plan 3000 está catalogado como zona de alto crecimiento poblacional, su mayor fuente de trabajo es el comercio, seguido de otro tipo de trabajos, ya que una parte de la población labora durante el día en el centro de la ciudad.Por otro lado, a través de decretos, llegaron migrantes menonitas, japoneses y rusos. Las olas migratorias extranjeras de fines del siglo xviii y principios del xix, se presentan de manera distinta: una “ola” de migración alemana era y es decididamente mejor vista, que la ola migratoria de campesinos, comunarios e indígenas de Occidente. Se trata, sin duda, de una curiosa inversión producto de la lectura histórica de los círculos intelectuales de las elites que se ha extendido: apellidos que revelan una raíz europea o incluso asiática, como los “Nagatani”, los “Marincovick” o los “Bánzer” (Dunkerley, 2006), son ya cruceños aportantes a la modernización del departamento. Los “Mamani” o los “Quispe” venidos de otras regiones del mismo país, se constituirán en la ajenidad total: indios que llegaron para obstaculizar el progreso de una ciudad que se reivindica blanca y mestiza (Waldmann, 2008). En las comunidades indígenas, la moderna experiencia de “colonización”, sobre todo la realizada por familias pudientes criollas o de otros países (sin dejar de lado algunas actitudes de los sectores migrantes campesinos) se ha asemejado a lo que sucedía en la colonia en toda la crudeza del término: vivida como violencia intercultural y también política que fue nodal para la desagregación de “nacionalidades” enteras, en la época pre-republicana y durante la República.21 El ser migrante 21 Hablamos aquí, segunda mitad del siglo xix, fundamentalmente de la coloniza-ción de áreas enteras en la forma pioneer que, debemos señalar, reproducía mucho la lógica de la colonización hispana: una persona de medianos recursos y que qui-siese instalar barracas de explotación gomera, decidida a convertirse en auténtico ejemplo del self–made man, podía obtener un permiso legal que le permitía incur-sionar en territorio indígena en un “trabajo de conquista”, con derecho a establecer una reducción donde debería transformarse en un “tutor” autorizado para proteger ciertos derechos de los indígenas reducidos y acceder a la fuerza de trabajo de éstos de manera mucho más fácil. Está visto que la “protección” a esos derechos no era cumplida (Pacheco, 1992; y Peña, comp., 2009).

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“colla” en Santa Cruz, se vive cotidianamente, con sus conflictos, junto a otros migrantes que provienen de muchas otras regiones del país, pero también en relación con el centro de la ciudad, que está atravesada de relaciones de explotación y racismo.

III. Politizaciones y genealogías de la rebelión

Santa Cruz tiene un rostro indígena, campesino y popular, que vive en comunidades y barrios urbanos. En el área rural, una parte importante de esta faz se concentra en municipios de alta concentración migrante, que fueron llamados “colonizadores”.El tejido social trae consigo experiencias diversas de organización y convivencia cotidiana, inmersas en un desarrollo capitalista acelerado. La organización popular urbana y rural, tiene una de sus expresiones en el sindicato, pero también puede llegar a desbordarlo. Así, más que el sector obrero cruceño (el cual no participaba de manera masiva, en los acontecimientos y avatares del movimiento obrero-minero sindicalizado boliviano), fueron los sectores indígenas y campesinos, los que iniciaron movimientos y movilizaciones desde que se crearon en la región, planteándose como una voz pública.22 Desde el 2000, comenzaron a elaborar propuestas respecto a la realización de una Asamblea Constituyente, realizando movilizaciones sectoriales, aunque hasta allí no habían logrado transformarse aún en una exigencia nacional.Las primeras organizaciones campesinas y de colonizadores establecieron inicialmente actividades políticas, de manera corporativa. Aquellas se afiliaron luego a la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (cncb), la cual se encuentra a su vez afiliada a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, (csutcb). Los reclamos por tierras de asentamiento, mejores rutas camineras, temas productivos, fueron las primeras experiencias de movilización (García, 2005), pero que no habían logrado plantear temas de interés nacional no corporativos.

22 Debe recordarse, por ejemplo el gran bloqueo caminero de 1984, protagonizado por los “colonizadores” de San Julián, en reclamo de mejores condiciones de vida, el cual culminó con una masacre y represión ejercida por el ejército nacional.

Sin embargo, no sólo se trata de organizaciones, sino de una capacidad de re-crear relaciones de comunidad y de los antiguos centros de trabajo minero, de donde proviene una gran parte de las familias ahora campesinas.Tanto en San Julián como en Yapacaní, lo cotidiano, la vida social, pasa por la pertenencia a un sindicato de base y una idea de la necesidad de organizarse incluso si debe hacerse sobrepasando las estructuras sindicales. Es una manera de despliegue de las formas de organización sindical comunitarias del altiplano, pero esta vez en relación directa con los sectores agroindustriales del país. El sindicato es una compleja articulación territorial y de trabajo: el acceso a la tierra sólo puede existir si una familia o una persona se adhiere al sindicato; aun cuando no existe un manejo y distribución de tierras de cultivo como en la zonas del altiplano, los pequeños propietarios de tierra están adscritos a sus sindicatos de base y, a su vez, por éste intermedio, a las organizaciones mayores. De esta manera, las comunidades de base que agrupan a un determinado número de familias organizadas en distritos, están aglutinadas en torno a las subcentrales, las cuales a su vez conforman las centrales campesinas. Éstas últimas, juegan un rol muy importante porque se constituyen en la instancia en la cual se pueden planificar trabajos comunitarios para la construcción de caminos o su mantenimiento. Dicha “jurisdicción sindical”, por llamarla de alguna manera, también está presente cuando pueden resolverse conflictos no muy graves de linderos y terrenos.Los migrantes unidos en sindicatos campesinos de colonizadores se movilizaron a lo largo de toda la década de los 90, mientras otro movimiento muy importante había surgido en la región: el de los pueblos indígenas de tierras bajas. En consecuencia, marchas nacionales son convocadas por las organizaciones indígenas de Oriente y Occidente en demanda de Tierra y Territorio y, después, a la conmemoración de los 500 años de “resistencia indígena, negra y popular”. Los problemas, tanto de las organizaciones indígenas como de los migrantes del área andina, con los grupos de choque de la ujc se registraban ya durante esta década, no tenían ese nivel de violencia, o por lo menos, violencia explícita. Finalmente, estuvieron presentes en la marcha por la Asamblea Constituyente en el 2002, que luego se convertiría en parte de la agenda política nacional, de las luchas del 2005 y de las reformas del primer gobierno del mas.

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Para la organización sindical de los “colonizadores”, ahora denominada Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (cscib), fue fundamental el acercamiento entre dirigencias y el mas desde fines de los 90, pero sobre todo en la campaña para las elecciones presidenciales del 2002, donde las alianzas entre partido y sindicato eran planteadas de manera flexible. Esto marcó una línea mucho más cercana de estas organizaciones a un horizonte de participación electoral y de reforma estatal, por lo menos en el nivel de estructuras sindicales. Esta dinámica con partidos políticos estuvo signada por adhesiones, y también divisiones, entre los sectores que apoyaban al mas, liderado por Morales, y los que eran simpatizantes del Movimiento Indígena Pachakuti (mip) dirigido por el otro líder histórico de las movilizaciones, Felipe Quispe. Desde el triunfo del mas en el 2005, en las elecciones presidenciales, esta dinámica adquirió otras dimensiones complejas en las relaciones con el Estado, con el partido de gobierno y el presidente Morales.En este contexto, en la primera década de este nuevo siglo, una lucha subterránea se hizo explícita y brutal: mientras en La Paz y regiones aledañas se producían los sangrientos sucesos de la Guerra del Gas, en octubre del 2003, algunos sectores de colonizadores y en especial en la región de San Julián y Yapacaní, salieron a un bloqueo de caminos, en apoyo de los movilizados en la sede de gobierno. Allí caerá otro de los fallecidos en dichas jornadas, producto de la represión militar que se desataba. El 17 de octubre de ese año, la marcha de campesinos y otros sectores, que festejaba la caída del hasta entonces presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue dispersada ferozmente por jóvenes reclutados con anterioridad por la ujc. Con bates de béisbol, piedras, cinturones, palos e insultos racistas, los marchistas fueron dispersados, resultando muchos de ellos con heridas de gravedad.Los hechos de violencia continuaron. El 28 de enero de 2005, colonizadores y campesinos bloquearon las entradas y salidas de la ciudad de Santa Cruz, mientras en la ciudad el cpsc y la Prefectura, realizaban el denominado “Cabildo del Millón”. Ante los movimientos realizados por las prefecturas y comités cívicos desde el 2004, fueron los colonizadores y campesinos los que se opusieron a la realización de los referéndums autonómicos y a los Cabildos preparados y financiados por la dirigencia de la prefectura.

El siguiente momento importante de movilización fue el de mayo y junio del 2005, durante la lucha por la Nacionalización de los Hidrocarburos, donde las organizaciones indígenas y campesinas, decidieron acatar el llamamiento que había realizado Evo Morales, como parte de la csutcb. Se cumplió entonces el bloqueo de caminos que logró paralizar los departamentos en los cuales la dirigencia aymara paceña de la csutcb no tenía acceso ni “poder de convocatoria”. En cierto sentido, se ve aquí, la manera en que se estaban planteando los términos de la relación con el mas y las organizaciones sociales en tanto estructuras sindicales.La creación del llamado “Pacto de Unidad” y el “Bloque Oriente” (García et al., 2005) que aglutinó a las federaciones y confederaciones campesinas e indígenas que hemos señalado, permitió que estas alianzas fueran parte importante de las movilizaciones contra las acciones que llevaron a cabo prefecturas y comités cívicos en el 2006.Una vez que Morales ganó la presidencia a fines del 2005, dentro de las estructuras nacionales sindicales campesinas, pasaron a tener preeminencia las organizaciones afines al mas y, sobre todo, a la figura del presidente Evo Morales. En específico, éstas habían sido parte de la vertiente de lo que genéricamente podemos llamar movimiento campesino indígena más cercano a la visión y proyecto de reformas al y desde el Estado que propugnaba el mas.23 Evo Morales, en 2008 desatada la violencia racista y clasista de los grupos de choque de derecha, anunció la creación de un ente que estaba compuesto por los dirigentes sociales más connotados del entorno masista: la Coordinadora Nacional por el Cambio (conalcam), la cual se transformó en una “dirección colegiada” muy ligada al mas y a las instancias de decisión gubernamentales. Sin embargo, las “bases” sindicales de conalcam tenían muchas otras formas de entender el apoyo al presidente, y finalmente impulsaron luchas que, como veremos, sobrepasaron hasta determinado momento, a la cúpula dirigente de la conalcam.En el área urbana, la experiencia del Plan 3000 era más reciente, pero había tenido por lo menos dos años de discusión, en referencia a lo que acontecía con la lucha autonómica puesta en el tapete por el bloque dominante. Una raíz añeja de conflicto atraviesa su constitución como barrio: la discriminación entre la que surgió el mismo barrio. Enviados a hacer un enclave urbano lejos del centro citadino de Santa Cruz, y 23 Ibidem.

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donde se viven, como en otras urbes, las condiciones de pobreza más grandes del país. De esta vivencia cotidiana de existencia vinculada al trabajo para empresas capitalistas y en sectores de servicio, surgió la resistencia al racismo y violencia de la ujc. Ya en mayo de 2008 habían protagonizado un enfrentamiento grande contra los grupos de choque que llevaban a toda costa el Referéndum Autonómico de aprobación de los “Estatutos autonómicos”. Fue la primera vez que salieron a las calles vecinos, aún sin coordinación específica, pero que estaban cansados de los ataques de la ujc.24 En agosto, ante los “paros cívicos” convocados por el prefecto Costas, se dio otra parte de este aprendizaje social de resistencia; la gente ya tenía una idea más clara de la forma en que podría enfrentar a los grupos que llegaban para hacer cumplir de forma obligatoria el paro. Allí se juega la profundidad de las relaciones de explotación y dominio descarnadamente capitalistas y colonialistas.

IV. "¡No podemos vivir con esta raza maldita en nuestras tierras!”: La política gamonal y la andanada anti-india

“¡Los odio, raza maldita!”, fue el grito que se escuchó durante la toma de instituciones del Estado el 9 de septiembre de 2008. Eran los unionistas (de la ujc) que agredían a soldados rasos mientras los desalojaban de las instituciones que estaban asaltando. En general, un migrante indígena, quechua o aymara (“colla”), que va como soldado de baja graduación y que hace su servicio militar en estas zonas, es visto no como autoridad sino como “colla” con uniforme que representa a las fuerzas armadas del Estado “centralista”.Desde agosto de 2008, se desencadenó una de las ofensivas más grandes de los comités cívicos y las prefecturas. Una vez que el discurso sobre autonomías departamentales, mostró su rostro verdadero, las golpizas a migrantes e indígenas de Santa Cruz se multiplicaron. Un día la ujc golpeaba y agredía a maestros rurales; al otro, quemaban casas de indígenas en alguna provincia; otro, apaleaban a mujeres indígenas y al otro estaban proclamando la “independencia” del departamento mientras incendiaban oficinas pertenecientes al Estado.Una violencia particular estalló contra el/la/lo“colla”: una representación 24 Entrevista a Junior Perez, participante en las movilizaciones del 4 de mayo de 2008 y septiembre del mismo año.

que construyeron las elites respecto a las personas que provienen de los departamentos de Oruro, Cochabamba, La Paz, Potosí y parte de Chuquisaca, quienes son vistos como invasores problemáticos. Se trata de una biologización y reducción del otro. La investigadora Pamela Calla sostiene que “el racismo, que es producto del proceso colonial y parte de la modernidad en que vivimos, se ha exacerbado en Bolivia y ahora está asociado a la intensificación de la violencia” (Calla, 2008).Como la otra cara del racismo, existen canciones, chistes y cuentos populares que narran la manera en que los "collas" pretenden obtener la identidad “cruceña” o “camba”,25 pero renunciando a la identidad indígena. Por tanto, la cotidianidad también se mueve en dos espacios que se retroalimentan entre sí: el poder y la discriminación ejercida por los grupos blancos y mestizos de elite, pero también por la búsqueda de un migrante para obtener alguno de los símbolos de lo “señorial”. Así, el racismo aunque biologizado en los discursos de la derecha de elite, se halla en el entramado popular, lo cual es la otra faceta del colonialismo; por eso, jóvenes de padres collas, resultaron convertidos en defensores acérrimos de la ujc. De esta manera se conformó la política gamonal en Oriente, explotando hasta lo último la vena no sólo regionalista sino racista de las diferenciaciones entre migrantes y no migrantes. Se marcó la otredad en lo indígena “colla”.Las agresiones siempre estuvieron presentes, tanto contra migrantes indígenas del mismo Santa Cruz, pero especialmente contra migrantes que tenían en el rostro y el cuerpo una inconfundible “etiqueta étnica”, a decir de la antropóloga Alisson Spedding. Llegar a Santa Cruz a vivir, es enfrentarse a esa disyuntiva: dejar los rastros de una anterior identidad (también política), y asumir los códigos y “escalafones” étnicos y la explotación de clase. El otro camino mucho más difícil es el de asumir la identidad “colla” y enfrentar las continuas violencias subprepticias, que luego se transformaron en agresiones demasiado evidentes:

Habemos personas en el Plan 3000 que vivimos bajo los árboles, con el techo de plástico con un techo de hojas de palmera, sin agua, sin luz, por la dignidad

25 Lo “camba” fue una identificación que la oligarquía construyó de manera des-pectiva contra los trabajadores e indígenas de Santa Cruz. Sin embargo, luego fue asumida como una identidad reivindicatoria frente a lo colla, apropiada por grupos como el de la Nación Camba, que plantea la separación de Santa Cruz de Bolivia.

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de estas personas humanas, vamos a luchar, vamos a hacer frente [...] No es que nosotros somos como algunos de Media Luna que han afirmado: todos los del Plan 3000, de Villa Primero de Mayo, La Colorada, y que son, incluso al señor presidente de Bolivia lo han dicho, que es la mitad animal y la mitad mierda, no somos eso, nosotros tenemos también razón, libertad y dignidad, veo que basta tener esas tres facultades para ser persona, para tener derechos y para ser respetados, por eso es la lucha. (Testimonio de estudiante del Plan 3000).

El grito de una “dama cívica” ese 29 de agosto de 2008, refiriéndose al presidente fue televisado a todo el país: “¡Que podemos esperar de un indio maldito!”.26 Se estableció la figura de Evo Morales como la representación de lo indio en el mando estatal. Uno de los motivos para sostener su afrenta con el Estado central. Pero de otro lado también expresaba una raíz mucho más profunda que la confrontación comités cívicos y Estado–gobierno nacional: la confrontación soterrada contra miles de personas, trabajadores, de origen colla, que rebasaba los límites institucionales. Más tarde, una mujer con indumentaria indígena era golpeada de manera muy violenta en plena calle por una joven, ante los vecinos, al igual que sería golpeado el ex ministro de Obras Públicas, Salvador Rick, a la salida de un restaurante. Otro viandante, en medio de la agresión a las mujeres indígenas, exclamó: “Busquemos la independencia, que no podemos vivir con esta raza maldita en nuestras tierras”. En el fondo, el proyecto autonómico que comenzó a plasmarse de manera mucho más organizada, era el correlato de esta idea de territorio y raza, o la racialización del territorio.La llamada “Agenda Autonómica”, blandida como amenaza y desafío contra el gobierno de Evo Morales por el cpsc, comenzó a re-configurarse en las jornadas de movilización popular de 2003 y, luego, de manera más evidente en el corto periodo gubernamental de Carlos Mesa, de fines de octubre de 2003 y principios de junio de 2005 (Peña y Jordán, 2006 y manifiesto al país, 2003). Se trata de la articulación de un bloque organizado en las regiones, ante su desplazamiento del aparato estatal, como habíamos mencionado en la primera parte del artículo. Ante las rearticulaciones de la “Media Luna”, las fuerzas campesinas, indígenas y populares surgieron como una manera de configurar lo popular y lo campesino en Oriente, en términos de una confrontación de clase entre el bloque oligárquico y el popular.26 http://www.youtube.com/watch?v=LqsF6cIwCPs&feature=related

En este sentido, existe una nueva etapa de la movilización y el enfrentamiento “étnico” y de clase, que se generalizó en todo el país, teniendo su epicentro en Santa Cruz. Se presentaron bajo varias formas y en cuatro momentos: el primero, con la confrontación entre grupos de choque de gente blanca o no, que se alineó con los grupos de choque armados impulsados desde la Prefectura del departamento, contra los campesinos cocaleros y habitantes pobres de la ciudad de Cochabamba, en enero de 2007. El segundo, profundamente racista y sexista: enfrentamientos sobre todo a fines del 2007 en la ciudad de Sucre, capital de la República, durante la realización de la Asamblea Constituyente: Una vigilia indígena y campesina que resguardaba las sesiones del cónclave, fue desalojada ferozmente por grupos de ciudadanos sucrenses que exclamaban algo que luego se generalizó en varios sectores de la sociedad: “¡indios de mierda!” (Defensoría del Pueblo, 2008). Esta reedición pública de los temores y repulsiones de la casta, (“estirpe”), era una parte del principio de lo que aconteció posteriormente. La tercera confrontación se dio durante la realización de los ilegales Referéndumes Autonómicos en la “Media Luna” convocados por los poderes departamentales en manos de partidos y agrupaciones ciudadanas de derecha. En Santa Cruz se produjeron enfrentamientos entre vecinos del Plan 3000, habitantes de Yapacaní, San Julián y otras regiones contrarias a los cívicos y prefecturas, con los grupos de choque que resguardaron las urnas de votación. La cuarta, fue donde se desplegaron las máximas fuerzas que habían logrado unificar las prefecturas y comités cívicos opuestos al gobierno. Con la creación del Consejo Nacional Democrático (conalde), desde agosto del 2008 se produjeron graves agresiones a autoridades del Estado e integrantes de organizaciones sociales populares. Los hechos culminaron en septiembre con la toma de instituciones públicas en cinco departamentos. El 11 de septiembre de 2008 se conocieron los acontecimientos en Pando, llamados “La Masacre del Cacique”. Los núcleos territoriales fuertes del proyecto oligárquico presentaron resistencias dentro suyo, a esto nos referiremos en el siguiente apartado.Las páginas de los periódicos se llenaron de noticias referentes a violentos ataques de los grupos de choque de la prefectura y del cpsc hacia emigrantes "collas" del altiplano boliviano, militantes del partido de gobierno, ministros, personajes públicos opuestos a los estatutos

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autonómicos y hacia mujeres que vestían su indumentaria indígena. Si había algo de lo cual los grupos de choque se jactaban, era de las persecuciones a dirigentes indígenas, del Movimiento Sin Tierra – campesino, y a vecinos del Plan 3000. El hecho de que la ujc patrullara calles y avenidas en Santa Cruz con la esvástica nazi pintada en sus carros, era tan sólo una expresión de un proyecto general racista del bloque, plasmado en sus Estatutos. Es parte, en lo corpuscular, de la “articulación señorial” que se renueva.27

V. El Cerco: Emergencia campesina y popular y lo que se pone en disputa

El Cerco es una geo-estrategia indígena para rodear y asfixiar los centros urbanos. Del otro lado, es la pesadilla señorial: los “indios” se acercan por todos los caminos.Hasta el 2005, en los momentos de máxima movilización, la fuerza social articuladora había sido la campesina-indígena comunitaria del altiplano, organizada a partir de los sindicatos comunales. En cuanto a su capacidad de tomar y ocupar territorios, establecer turnos de bloqueo con los cuales podían sostener de manera larga una movilización masiva que permitía que otros sectores se unieran de manera paulatina, de haberse dotado de un cuerpo “supra-comunal” que estaba dispuesto al enfrentamiento con las fuerzas armadas, y que era capaz de realizar un cerco directo a la sede de gobierno. Aquello había sido en el 2000, 2001, 2003 y 2005, cuando los términos estaban planteados en lo que habíamos llamado anteriormente la disolución del Estado neoliberal. Esto otorgó al tiempo y las pulsaciones de las movilizaciones autonomía política (Tapia, 2007), que permitió un cuestionamiento y anulación (temporal) profundos a los intentos de mediación que los partidos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario intentaron realizar cuando existían ya 60 muertos en las jornadas por la “defensa del gas” en el 2003. La movilización adquirió un sentido nacional sostenido e impulsado, básicamente, por movimientos comunitarios y populares, los cuales presentaron un proyecto histórico expresado en la defensa de los recursos naturales y que en pocas ocasiones pudo pergeñar nuevas formas de gestión. Entre y después de cada periodo de movilización existieron 27 Ver la nota 13.

acercamientos e inclusiones menos o más exitosas en partidos políticos -que surgieron como iniciativa de organizaciones campesinas- ,28 ya desde el 2000, pero cualitativamente con tiempos diferentes al de los levantamientos.El 2008 es fundamental también por lo que representó dentro la dinámica de los movimientos en Bolivia: por primera vez, desde el ciclo abierto en el año 2000 con la Guerra del Agua, en Oriente se constituye una fuerza movilizada como bloque, que llega a plantear fácticamente y de manera colectiva, un “cerco a la ciudad de Santa Cruz” protagonizado por campesinos y colonizadores, que se une a la resistencia que realizaban los vecinos del Plan 3000, ante la presencia masiva, racista y violenta de la ujc, sobrepasando incluso a las direcciones cercanas al mas.La situación era complicada ese septiembre: el despliegue movilizado de las fuerzas prefecturales y cívicas en 5 departamentos del país en reclamo de la devolución de los recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (idh) que el gobierno había destinado para pago de rentas y bonos a los ancianos, y la asunción de facto de las autonomías departamentales y sus estatutos. Toma de instituciones del Estado y sedes de organizaciones indígenas y algunas ong que trabajan con ellas; ataques de grupos de choque a inmigrantes en las ciudades capitales y en áreas rurales; toma de pozos petroleros; toma de algunos puntos de las rutas interdepartamentales por gente afín al creado conalde; y el hecho más grave: la “emboscada” de sicarios y trabajadores de la prefectura a la marcha campesina en Pando, que culminó con la muerte de 12 personas.La imposibilidad, que el gobierno anunciaba, para enviar fuerzas policiales o militares que efectivizan un relativo control de la situación, señaló que las personas del Plan 3000 apelasen a sus propias fuerzas para auto-organizar una defensa de la zona. La movilización y la aparición de una autodeterminación colectiva estuvieron signadas por la tensión entre la constitución de una fuerza campesina y popular y la estrategia gubernamental y de la dirigencia del mas.Dentro de conalcam, en coordinación con el gobierno central, existió una discusión ante las exigencias indígenas y campesinas por organizar la auto-defensa de sus territorios, sedes sindicales y barrios, incluso 28 Así sucedió con los dos principales partidos de raigambre indígena: el mas, que había ya tenido una experiencia electoral desde 1997, y el mip.

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antes del estallido de los acontecimientos,29 donde se había planteado ya el inicio de un “Cerco” a Santa Cruz. De inicio, ante la avalancha de los acontecimientos, la federación de campesinos y colonizadores convocaron a un bloqueo caminero y Cerco a Santa Cruz para el 10 de septiembre. Luego de los hechos en Pando la mañana del 11 de septiembre, el ampliado que se realizó, mostró que una parte de la dirigencia media de la csutcb, cuestionó a la cabeza de conalcam y de la csutcb (los ahora senadores por el mas, Fidel Surco e Isaac Ávalos, respectivamente)30 y la gente salió masivamente a la movilización. El Cerco campesino e indígena logró aglutinar más de 20 mil personas, quienes comenzaron no sólo a obstruir las vías que unen la ciudad de Santa Cruz con otros departamentos y países, sino a coordinar un “avance sobre la ciudad”. La marcha hacia Santa Cruz se inició en medio de una multiplicidad de organizaciones que tenían posiciones diversas frente a la movilización.Por un lado, la dirigencia cocalera de las 6 Federaciones del Trópico Cochabambino acató la convocatoria de Bloqueo y Cerco, pero estaba mucho más cercana a las decisiones de la cúpula de conalcam y el círculo inmediato del presidente Evo Morales. Luego, se hallaban las organizaciones indígenas, que habían mantenido una cierta distancia con el partido de gobierno, que participaron en la medida de sus posibilidades en el Cerco. Por su parte, la dirigencia de la csutcb y de colonizadores en la esfera departamental vivieron la presión de otras instancias más “de base” que querían hacer real el avance hacia la ciudad. El “rebasamiento” temporal de las dirigencias por los campesinos colonizadores de base, fue la forma en que el dirigente J. Chungara describe el momento:

Se había determinado ya dos veces el cerco a Santa Cruz pero frenado por instancias gubernamentales, hasta por las instancias nacionales de la anterior dirigencia, después se viene ya el bloqueo muy pequeño, muy a medias, muy ficticio, pero mediáticamente muy crecido de los autonomistas, [...] después de entre medio eso del bloqueo, ellos paralelamente a eso empezaron con la toma de instituciones que eso fue ya el colmo de los

29 Conversación con dirigente de la Federación Departamental Única de Trabaja-dores Campesinos de Santa Cruz, Apiaguaiki Tumpa (noviembre de 2008).30 Entrevista a José Chungara, dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz-Apiaguaiki Tumpa

colmos, sí o sí nosotros, el movimiento campesino, colonizador, el bloque oriente teníamos que reaccionar y nos lanzamos ya esta vez haciendo caso omiso a las determinaciones de arriba, logramos imponer en una reunión del ejecutivo en La Paz, (se refiere a una reunión del comité ejecutivo de la csutcb) el Cerco a Santa Cruz, fue aprobado a nivel nacional, y bueno llegamos al cerco a movilizar y entre eso de organizar el cerco se viene la masacre de Pando, que fue lo que colmó el vaso ya prácticamente nuestras bases ya enfureció y estuvimos podríamos decir así, entre los dirigentes ya rebasados en su momento.31

Así se llegó a sugerir la salida o expulsión del Prefecto cruceño Rubén Costas de su cargo. Del otro lado, estuvieron las dirigencias de sectores que comenzaron a anunciar la llegada desde otros departamentos, a la marcha que avanzaba y se acercaba al centro de la ciudad de Santa Cruz y que habían sido la parte articuladora en las movilizaciones del 2000 al 2005.La idea de quiénes son los que trabajan frente a los que no lo hacen fue señalado por las marchistas, haciendo referencia a este doble cruce entre las condiciones coloniales y capitalistas que se transforman en las condiciones de vida todos los días. Por eso, se ponía en evidencia que si el campesino colla no trabajaba, en la ciudad no se comía.Las y los migrantes llevaron su propia experiencia de lucha, pero éstas se ampliaron y modificaron en medio de las circunstancias de vivir en barrios pobres de Santa Cruz o en el área rural.En la ciudad, se trató de una movilización que logró unir a vecinos que eran ex trabajadores mineros, hasta jóvenes nacidos en Santa Cruz pero de padres "collas" y que realizaron vigilias durante cuatro días.

31 “Entonces ya era el movimiento incontrolable, todavía en Buena Vista se podía controlar pero ya en la parte de Palometilla era un movimiento ya muy muy, muy grande, sin desmerecer al movimiento desde el Sujal era muy grande ya, pero ya en Palometilla se hizo ya muy grande el movimiento, no he podido calcular pero antes de llegar al punto de Palometilla, cuando venía sola el movimiento de la provincia Ichilo, había una cosa de 6 o 7 km de compañeros que marchaban de la avenida de la parte Caranda al Sector Arboleda, prácticamente era incalculable, varios com-pañeros marchaban de 6, 7, filas de 5, 4, entonces era un gran movimiento porque ya todo el movimiento de Ichilo estaban se han encontrado sus bases, igual Santa Rosa ya prácticamente fue la decisiva ya marchamos rumbo a Piraí (testimonio de José Chungara, dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz- Apiaguaiki Tumpa).

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La participación fue masiva, a través de una organización que fue coordinada por los grupos de personas que tenían que “patrullar” las calles. Los 17 grupos juveniles, decidieron formar el “Escuadrón Rojo” que realizó Asambleas y emitió pronunciamientos32 lo cual muestra el grado de la molestia vecinal. Así también se dieron los ampliados que realizó el conjunto de gremios como el de los comerciantes, que son numerosos ya que aglutinan a 18 organizaciones. El enfrentamiento no era contra policías o el ejército, era contra otros grupos de jóvenes o vecinos de otros barrios que querían tomar por la fuerza el mercado y los símbolos de la resistencia en la zona.33 También estuvo presente el comité político del mas del Plan 3000, pero que en todo caso, en tanto estructura, fueron una parte de las otras decenas que se plegaron a la movilización.34 Hasta allí llegaron dirigentes indígenas perseguidos, pero se requería la fuerza masiva de las organizaciones campesinas para pensar desde el mismo Plan 3000 una acción más contundente. La pequeña plaza de La Rotonda, sin pavimento ni ornato público, se transformó en el símbolo de la resistencia vecinal: se defendió este sitio de los cientos de integrantes de la ujc que llegaban en camiones, para tomar la plaza, arrasar el mercado y tomar un medio que se mantenía crítico a la violencia desatada, desde el 10 de septiembre, por la Prefectura y grupos de choque: Radio Integración.En las áreas rurales tuvo sus ejes más fuertes en zonas de fuerte migración de Occidente: San Julián y Yapacaní, Cuatro Cañadas, y que llevan consigo la experiencia sindical de sus lugares de origen, pero que ha tenido su propio movimiento y trayectoria en las condiciones en las que los grupos de emigrantes tienen que enfrentar al momento 32 Conferencia de Prensa del 22 del autodenominado “Escuadrón Rojo”, Santa Cruz, Bolivia, 15 de septiembre de 2008.33 “[...] el 10, 11, 13 y 14 de septiembre se realiza un enfrentamiento donde los cívicos han destruido más de treinta instituciones a nivel nacional y en Santa Cruz. Las han saqueado, las han destruido; han asaltado, han tirado bombas a los dirigen-tes. Y nosotros en el Plan 3000 hemos hecho resistencia. Todas las organizaciones sociales, mujeres, gremiales, Unión de Juntas Vecinales, juventudes, y el Comité Político del Instrumento del presidente, que estamos allí en el Plan 3000, hemos hecho resistencia durante cuatro noches” (entrevista a Portugal Quispe dirigente del Plan 3000, realizada por Börries Nehe, octubre de 2008).34 Entrevista a Junior Pérez, participante en las movilizaciones del 4 de mayo de 2008 y septiembre del mismo año (10 de diciembre de 2009)

del establecimiento en una zona de asentamiento. En este sentido, hablamos de una fuerza, sobre todo campesina, que no está presente de manera orgánica en las 15 provincias del departamento de Santa Cruz (Terceros, 2008), pero que apeló a una figura histórica más bien de las comunidades del altiplano: el Cerco. Sin embargo, la misma geografía es diferente y el Cerco a Santa Cruz vinculó a una diversidad de historias e identidades. En torno a la presencia masiva de campesinos y colonizadores, cuya columna más fuerte la constituía el Norte de Santa Cruz, en otras regiones (como Camiri), donde existen sobre todo organizaciones indígenas guaraníes, éstas salieron al bloqueo y a la marcha, anunciando de forma muy simbólica la preparación para su defensa de armas antiguas como flechas y lanzas.La geografía de la movilización se extendía y después de pocos días de iniciado el Cerco, a poco tiempo de la Masacre del Cacique en Pando, los campesinos y colonizadores salieron a las carreteras, ocupando puntos de bloqueo que en un principio habían sido tomados por los cívicos. Branco Marinkovic, presidente del cpsc, anunció el repliegue de sus fuerzas de choque de las instituciones estatales tomadas por asalto desde el 10 de septiembre, lo que era una exigencia inicial del movimiento campesino e indígena, pero esta vez, dicha medida no detuvo el Cerco.La lucha directa entre los dos polos se hizo cada día más evidente: el día sábado 13, se dio uno de los enfrentamientos más graves entre los campesinos y la ujc. Un periodista que estuvo en el lugar, narró cómo la ujc había decidido ir a la población de Tiquipaya, en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, e intentar desalojar el bloqueo llevado por los campesinos. Éstos decidieron organizarse para resistir el ataque, el cual venía bien pertrechado en camiones y camionetas que trasladaban al lugar a los unionistas. Los honderos tiquipayeños (que manejan q´urawas, en aymara, o warak´as, en quechua) y otro grupo de personas lograron hacer retroceder a los atacantes; fue tal el desconcierto entre estos últimos, que huyeron y los que no, fueron tomados como rehenes. Edson Ruiz, sobrino del alcalde de La Guardia, municipio cruceño, y trabajador en dicha alcaldía, murió a consecuencia de un traumatismo craneal el día de las refriegas en Tiquipaya. Ruiz, a decir de algunos campesinos, era un conocido miembro de los grupos de choque, es por eso que la gente que estaba en Tiquipaya lo reconoció cuando llegaron

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los unionistas para intentar desbloquear el lugar. La lucha se había agudizado mucho, así que en declaraciones a la prensa las personas en la marcha anunciaron: “Unionistas queremos ver aquí, estamos preparados, los vamos a esperar, hay dinamita y hay armamento, los vamos a esperar” (declaraciones de marchistas, septiembre de 2008).El “armamento” al cual se referían los compañeros eran fusiles de caza, algunas dinamitas, palos y hondas, incluso otro compañero mostró su brazo derecho al cual llamó un “arma natural”. Todos ellos fueron exhibidos ante la prensa como una forma de demostrar públicamente y a todo el país (en especial a la ciudad de Santa Cruz) su predisposición a defenderse ante cualquier provocación de los grupos de choque.Mientras miles de personas se acercaban por todos los caminos a la ciudad, la paranoia se había desatado en varios sectores pudientes o clase media de Santa Cruz, y no es una cuestión anecdótica sino parte de la respuesta ante lo que se estaba disputando: la constitución de dos núcleos de la desigualdad en Bolivia, el capitalista y el colonial, y por lo tanto, eran los indios que llegaban en “hordas violentas” y que debían ser combatidas. Se estaba pensando en una virtual batalla contra los campesinos e indígenas. Los medios de “comunicación” empresariales lanzaron una especie de campaña de terror en la ciudad de Santa Cruz. Un periodista de medios de comunicación comunitarios dijo públicamente que las grandes cadenas televisivas decían en sus titulares: “los milicianos del mas”.35 En una interesante nota, la agencia de noticias asc puntualizaba la forma en que la derecha asumía la llegada de la marcha hacia el centro de la plaza 24 de septiembre:

El diputado “guerrero” que renunció a Podemos, Walter Arrázola, convocó a los empresarios que sean dueños de retro excavadoras, volquetas, etc., para abrir zanjas a la altura de Viru Viru para resistir la llegada de los campesinos, y proporcionar bolsas de arena para hacer barricadas en la laza central 23 Septiembre.36

Dichas declaraciones fueron emitidas a nivel nacional. Las opiniones de la línea editorial de un diario con tendencias bien conocidas como 35 Transmisiones desde Santa Cruz, de Radio Pachamama, septiembre de 2008.36 asc Noticias, “Presionados por la prensa, fiscales quisieron ‘desarmar’ a campe-sinos”

El Deber y sus columnistas, eran una expresión de lo que los unionistas y los partidarios de las prefecturas y vecinos del centro citadino pensaban:

Nutridas y vociferantes hordas que sin otra cosa que hacer y como si vivieran del aire, se multiplican en cercos y marchas sobre Santa Cruz.37

Si cae Costas más fácilmente caerán (los prefectos) de Beni, Tarija y Chuquisaca, para que todas las autoridades regionales sean corderitos mansos, y adiós autonomías, en marcha el centralismo más secante y la dictadura comunista, brutal y totalitaria.38

Sin embargo, por parte de los y las marchistas, tampoco existía una intencionalidad de ir de inicio al ataque; se trataba de ocupar la ciudad, aunque no ignoraban que los unionistas contaban con armas de fuego con las cuales habían herido ya a vecinos del Plan 3000. Por tanto, era una situación también de incertidumbre por lo que, a iniciativa de los marchistas, se constituyeron los grupos de “policía sindical” que también eran de autodefensa y que, en realidad, en las movilizaciones campesinas no son ninguna novedad. Esto fue tomado por los medios con titulares como: “El mas tiene una estructura tipo militar que hasta puede detener”.39

La serpiente humana avanzaba desde diferentes zonas hacia la ciudad. Se trataba nuevamente de un movimiento que territorializó la movilización:40 la fuerza masiva de los campesinos en las zonas circundantes a la ciudad suponía una ventaja sobre los grupos desperdigados de la ujc. Entre tanto, los vecinos del Plan 3000 realizaron asambleas donde trataron de acordar el recibimiento de los marchistas. Además, el conflicto amenazaba con volverse nacional, ya que desde otros puntos del país (Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba) comenzaron a salir contingentes de campesinos y otras organizaciones como la de las cooperativas mineras para reforzar el Cerco. Inclusive, las organizaciones de campesinos no migrantes comenzaron a salir a la carretera para engrosar las filas de la marcha.

37 El Deber, editorial del jueves 18 septiembre, 2008.38 El Deber, 24 de septiembre.39 La Razón, 19 de septiembre.40 Pablo Mamani tiene un análisis interesante sobre la noción de la “territoriali-zación” de los movimientos comunitarios. (Mamani, 2006).

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La práctica asamblearia, el Cerco ejecutado a su modo por las organizaciones de colonizadores y campesinos, son parte de esta extensión de un núcleo campesino e indígena-popular en el Oriente, el cual, sin embargo, estuvo signado por su propia historia de relaciones con el partido de gobierno y el tiempo histórico del “proceso de cambio”.Por otro lado, ante la forma racializada de construir los espacios públicos y la feroz arremetida contra gente identificada como “colla”, comenzó a dibujarse una idea antepuesta que recorrió gran parte de las entrevistas que hicimos: la dignidad, y la igualdad y defensa de Bolivia.

El cambio personal para cada persona, que vivan dignamente, que tengan el pan dignamente que tengan una educación digna, libertad, soberanía, sobre todo nosotros buscamos la libertad a que se respete nuestra dignidad. Con referente al día 9 es un día muy oscuro muy difícil para toda la juventud igualitaria, es así que nosotros los jóvenes que buscamos la igualdad hemos visto como se empezó la agresión personal a las personas más humildes y después la agresión al personal de gobierno y sus instituciones en sus diferentes áreas, así que todas estas agresiones lo han logrado para tomar las instituciones del gobierno y de los bolivianos, pero lo lamentable es que cuando veían a personas inocentes que pasaban por ese lugar donde estaban tomando fueron agredidos, fueron maltratados, y algunos incluso allá por llevar el mensaje para que se cierre la puerta de las instituciones del gobierno, se hicieron agarrar por la turba y perdieron incluso sus dientes, algunos se han hecho quebrar su brazo, rajaduras de cabeza, algunos tuvieron dos tres días unas hemorragias terribles, me causa lástima, me causa lástima, a pesar que ellos dicen son hombres cultos y propietarios de Santa Cruz, pero Santa Cruz es de los bolivianos (entrevista a Saul, Plan 3000, 2008).

“A un día de la guerra civil”, anunciaban los diarios locales; paralelamente, instancias de gobierno habían establecido un inicio de negociaciones en Cochabamba, que el antiguo bloque dominante se había visto obligado a aceptar. Aquí existieron varios hechos: se había ya comenzado la redacción de un documento base de negociación con las prefecturas. Por tanto, la dirigencia de conalcam anunció una posible firma del acuerdo. Ésta, además del mismo presidente, hablaron con las personas de la columna que estaba por llegar a la localidad de Montero, muy cercana a la ciudad de Santa Cruz, para que detuviesen la marcha.

Esto generó varias desavenencias menores y mayores, entre los sectores que conformaban conalcam, los sindicatos cocaleros que aceptaron de inmediato el pedido de Morales y varios sectores de base que se negaron a detener la marcha. Para otros, haber llegado a un lugar tan cercano a la ciudad de Santa Cruz, era suficiente para presionar a las prefecturas a una negociación.La discusión se tornó más aguda, cuando en un ampliado realizado en Santa Cruz, dirigentes de las comunidades de base cuestionaron duramente a la “plana mayor” tanto de la csutcb, la Federación de Mujeres, como a la de conalcam, por haber aceptado un alto en la marcha y en el Cerco.41 Existieron además dos dimensiones que se pusieron a reflexionar: la cuestión de un posible enfrentamiento armado en la ciudad y hasta dónde llegar cuando Evo Morales, en especial, había solicitado hacer un alto en la marcha.Las decisiones de la Federación de campesinos y conalcam, fueron muy difíciles, porque tenían que ir a explicar a la gente por qué se detenía la marcha.42 Las organizaciones cocaleras acataron de inmediato el levantamiento de los puntos de bloqueo. Otras, como San Julián, declararon que continuarían la marcha; finalmente, en un acuerdo común se llegó hasta la localidad de Montero.La dirigencia mayor y media de la Federación y la Confederación anunciaron que estaba oficialmente detenida la marcha. Era un conflicto de horizontes: pensar en el horizonte mediado por el lenguaje y momento estatal: negociar y permitir una salida de corte legal, que pasaría por una discusión en el Congreso Nacional y que trasladaría el foco del conflicto al departamento de La Paz, lo cual disminuiría la tensión. El otro planteaba un horizonte anclado en las fuerzas políticas de los campesinos e indígenas, apelaba a sus capacidades de resistencia, avance y masividad, traía ecos de una guerra civil, que implicaba el ingreso de la Marcha y la cuestión de una lucha urbana, eso también se sopesó. Entre tanto el gobierno llegó a un acuerdo con las prefecturas y comités cívicos, que no logró ningún resultado.

41 Entrevista realizada por Börries Nehe, al entonces dirigente de la Federación de Campesinos, Salustio Flores. (6 de octubre de 2008)42 Ibíd.

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Balance: nunca más un Oriente sin nosotras y nosotros

El informe de gobierno ha afirmado que existieron cuatro elementos que derrotaron el “golpe cívico prefectural”: la capacidad de “aguante” del gobierno para soportar los insultos y humillaciones que perpetraban los cívicos, prefecturas y sus grupos armados, pero que por otro lado, por primera vez, se decidió la expulsión del embajador estadounidense Philliph Goldberg del país. El segundo factor fue la declaración del “Estado de sitio” en Pando el 12 de septiembre que permitió “frenar la masacre de campesinos”. El tercer factor, la movilización social en el Plan 3000 y, sobre todo, de las organizaciones campesinas e indígenas (García, 2008). El cuarto factor: el gran apoyo internacional recibido por instancias como unasur.Desde una lectura estatal, el primer y el cuarto factor fueron fundamentales para sostener al gobierno. Después de una relación de subordinación ante las decisiones de la representación norteamericana de otras presidencias, la postura del mas en Bolivia, evidentemente fue muy importante para cortar el apoyo de Goldberg a los cívicos y prefecturas unidas en conalde. El segundo factor obedece a una política interna que se vio necesaria: enfrentar por fin, después de varios reclamos de la gente que se hallaba perseguida, a los sicarios en Pando con el envío de tropas militares, detentadoras del monopolio legítimo (y constitucional) del uso de la fuerza, lo cual obligó a las demás prefecturas opuestas a Morales, a repensar la estrategia que habían venido llevando a cabo. De otro lado, el apoyo de unasur no podía ser poco en el ámbito internacional, ya que significó cortar las aspiraciones separatistas del bloque empresarial-oligárquico.Respecto al tercer punto, sin duda, la visión es limitada, en la medida en que es tomado como un factor más. Se reconoce la importancia del eje campesino indígena, en lo que se denomina la “defensa de la democracia y la patria”. Pero aquí hemos querido desplegar un proceso reflexivo que sin negar los efectos de la expulsión del embajador estadounidense y el apoyo internacional, vuelque la mirada a la parte del proceso interno boliviano, no al sostenimiento de equilibrio, sino a las formas en que se planteó la lucha más descarnada y que estaba derivando en otras formas de movilización mucho más grandes y radicales. Que la defensa de Bolivia, si bien incluía defender instituciones del Estado, estaba

proponiendo la desarticulación hasta cierto punto, del poder simbólico, espacial, cultural, político y económico del bloque oligárquico, lo cual es sustancialmente diferente de una lectura nacional-estatal.Sin negar otros componentes, El Cerco a Santa Cruz fue un acto decisivo protagonizado por más de 30 mil campesinos e indígenas. Cercando el bastión más fuerte de la Media Luna y repeliendo los ataques de la ujc, el mundo campesino, indígena y popular logró, por momentos, remitir a las elites a su condición de minoría, quebrando de esta forma la autonomía señorial de facto. Al haber revivido la pesadilla citadina del levantamiento de “la selva”, las mujeres y hombres de la movilización pusieron en jaque el proyecto político oligárquico y la geografía imaginaria de Oriente, de ser el espacio donde la civilización blanca habría vencido cultural, biológica y políticamente al mundo indígena, y la ciudad ejercería un dominio absoluto sobre “sus” campesinos. Es decir, este avance colectivo fue una respuesta colectiva ante las más profundas formas de vivir el racismo y niveles de explotación, así como pensar y elaborar una respuesta ante la andanada violenta de la prefectura y los sectores cívicos.Aquí, lo popular tiene un nuevo elemento constitutivo: lo campesino y lo indígena en Oriente, que expresaron de manera contundente el carácter doble de la lucha en Bolivia: el anticolonial muy evidente, y el anticapitalista, menos visible, pero que era explosivo: cuestionar el poder económico y étnico de las elites es cuestionar los basamentos de su poder político y social. “Que ahora coman su plata y sus dólares”, dijo una marchista. Fue, por eso, un recambio en las relaciones de subordinación que hasta ese momento se habían dado, poniendo en discusión la idea de la igualdad y de la dignidad ante el racismo y la exclusión. Sin embargo, el cuestionamiento interno que se requiere para llegar a esta situación tiene sus alcances y sus límites.En segunda instancia, podemos decir que existieron momentos de lucha auto-determinativa, por cuanto la movilización campesina y la urbana del Plan 3000 no se dio bajo el formato partido. La aparición de Oriente, para sí mismo y para el resto del país, se hizo con una movilización contundente y masiva, con miles de vecinos en las calles del Plan y otros miles en El Cerco a Santa Cruz, aun con sus contradicciones internas. Es decir, bajo las fuerzas y formas autogestivas de base, pero en una relación bastante compleja con las decisiones que provenían de

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instancias gubernamentales y con la dirigencia mayor de conalcam.En los alcances y límites de esta autodeterminación y autonomía política, lo que se discute es la visibilización de las relaciones políticas con un gobierno que lleva a cabo reformas estatales de gran importancia. Pero, con la unasur y sin embajador Goldberg, aún la principal fuerza interna definitoria es la campesina, popular e indígena, tanto en la movilización como en épocas electorales. Es decir, los enfrentamientos entre oligarquías y movimiento campesino, popular e indígena expresaban algo profundo y radical, o que iba radicalizándose.Como hemos señalado, la re-invención de Oriente y la realización de la “autonomía departamental” pretenden instituir nuevas relaciones de poder tanto “hacia adentro” (en Oriente) como “hacía afuera” (Occidente, Estado central, empresas transnacionales, etc.), al suprimir algunas diferencias y resaltar otras, tolerar ciertos comportamientos y reprimir otros, y al asignar posiciones sociales y lugares geográficos a sujetos, grupos y actividades. Desde esa perspectiva, la autonomía señorial constituye un intento por mantener viejos e instaurar nuevos modos de subjetivación y subordinación. En profunda oposición a estas pretensiones, las luchas sociales emprendidas por los sectores campesinos, indígenas y populares en septiembre del 2008 fueron también, o quizá sobre todo, una suerte de escenificación de los sujetos otros, de otra forma de “hacer las cosas” y otras formas de relacionarse con y en el espacio y con los demás. De esta manera, se hizo evidente que aquel sujeto autonómico homogéneo del cual fantaseaban los autonomistas –llámese “pueblo cruceño” o “nación camba”– no encontraba correspondencia real, y que el reordenamiento del espacio y de las relaciones sociales en Oriente, según los intereses y la ideología de las elites, cuenta y contará con la oposición férrea de aquellos a los que se pretende subordinar. El Cerco a Santa Cruz, por tanto, fue la conquista de la palabra por parte de los sectores subordinados.Ante este escenario, el repliegue del bloque dominante, por lo menos en sus aristas más violentas, es evidente. Pero el hecho que sus proyectos más radicales hayan sido temporalmente suspendidos se debe también a la inclusión de la autonomía departamental, pivote de la rearticulación de dicho bloque, en la Nueva Constitución Política del Estado. Tampoco se ha visto muy afectado su núcleo duro, la propiedad de las tierras, y su participación en el sector financiero y agroindustrial. De la misma forma,

integrantes de la ujc fueron admitidos en las filas del mas, de manera pública y bastante publicitada, en medio de un panorama de reflujo de la movilización. Dentro de este panorama, el aparente eclipse de la Media Luna y el restablecimiento de los mecanismos institucionales de resolución de los conflictos, parece más bien un cambio de estrategia del bloque dominante que la anulación de su proyecto político y social.En cierto sentido, la conformación de la Media Luna y la consiguiente lucha –legal y callejera– por el modelo autonómico constituye, por ahora, la propuesta política fundamental alrededor de la cual se ha agrupado la neo-oligarquía. De esta manera, podemos afirmar que, a pesar de carecer de una capacidad hegemónica a nivel nacional, sí ha podido establecer una semántica espacial sobre el espacio nacional-estatal: a la agenda nacionalista, neo-desarrollista y pluriculturalista del gobierno del mas, a la cual movimientos populares e indígenas se han adherido bajo sus propias condiciones e interpretaciones, se opone el modelo autonomista basado en una narrativa de homogeneidad cultural, subordinación de los sectores indígenas y populares, progreso capitalista y el ordenamiento neoliberal del espacio y de las relaciones sociales.Cabe aquí establecer, por tanto, una nueva discusión, por un lado, de lo que queda del proyecto autonomista de las elites y de las nuevas estrategias por impulsarlo; y, por el otro lado, de lo que se puso en cuestión en las movilizaciones de septiembre el 2008, desde los barrios y comunidades campesinas y de las capacidades de agrupamiento y defensa colectiva, sustrato real del movimiento.

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Entrevista a Portugal Quispe dirigente del Plan 3000, realizada por Börries Nehe, octubre de 2008 Entrevista a Eduardo Loayza, director de la Radio Integración del Plan 3000 (Noviembre de 2008)Conversación con dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Apiaguaiki Tumpa. (Noviembre de 2008)Entrevista a José Chungara, dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz – Apiaguaiki Tumpa”, (Noviembre de 2008)Entrevista a Junior Perez, participante en las movilizaciones del 4 de mayo de 2008 y septiembre del mismo año. (10 de diciembre de 2009)

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El papel del Estado en la transformación de lo legítimo en legal

Manlio Flavio BarbosaGabriela Delgadillo

Del suelo sabemos que se levantan las cosechas y los árboles, se levantan los animales que corren por el campo o vuelan sobre ellos,

y también se levantan los hombres y sus esperanzas. José Saramago

El triunfo, es lo primero que captura el Estado…es la inercia del viejo sistema de dominación,

por ello, al llegar a donde deseábamos, debemos inmediatamente,pensar en el siguiente punto de destino.

Raquel Gutiérrez

Si la tierra es el espacio, el territorio se define por la forma en que lo ocupamos y es apropiado por nosotros. La ocupación implica una manera de habitar y estar en él, pero sobre todo, la generación de una dinámica de control sobre dicho espacio. Esto es, la forma en que se articula la estructura socioeconómica humana con el ambiente que le rodea. Esta hechura del hombre, está ligada evidentemente, a nuestra concepción de la vida y lo humano.En el mismo sentido y en tanto que no existe nada realmente homogéneo en el mundo, se dan momentos en que un mismo espacio, es ocupado por diversas concepciones de la vida y de construcción del territorio. El problema es entonces, la forma en que las diversas comunidades humanas se organizan para estar en él y tener acceso a los recursos que proporciona. El conflicto surge, pues dicha dinámica ha sido compuesta en muchas ocasiones a partir de juegos de poder cuyo momento fundacional es la violencia. La esperanza es luego, superar este estadio de las cosas, apelar al potencial creativo de lo humano y dejar abierto el horizonte de posibilidades para habitar y coexistir en el territorio. En este sentido, el territorio que hoy llamamos Bolivia ha sido, desde los tiempos de la conquista, un espacio en disputa, el lugar del

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el papel del estado en la transformación de lo legítimo en legal

enfrentamiento, no pocas veces brutal, de dos concepciones de la vida y del mundo, heterogéneas al interior, pero siempre discernibles: aquella que la entiende como un objeto mercantil y que hasta nuestros días intenta hacer imperar la lógica del capital y el avasallamiento de los recursos en pos de la ganancia, y la otra que no puede sino concebirla inmersa en un orden comunitario, o en todo caso, como un espacio de producción de vida. En este artículo haremos una revisión histórica de cómo esta coexistencia forzada ha hecho de la disputa por la tierra un problema latente, en el que la Bolivia originaria, indígena y campesina, ha resistido y alzado la voz en tiempos de los Amaru, las Bartolinas, los Katari, los Wilkas y ahora en tiempos de Evo Morales, para poner alto al despojo y hacer valer el derecho a vivir y disfrutar de la tierra-territorio. En 2006 pareció que la vigilia había terminado, el tiempo esperado de la Bolivia plebeya había llegado y era el momento de saldar las cuentas pendientes. Se anuncia la apertura del proceso de cambio que contendría en sí la ruptura con la trayectoria de la deuda histórica postergada. ¿Qué ha pasado con esta gran expectativa a 5 años de que Evo Morales Ayma anunciara en Ucureña el inicio de la Revolución Agraria?, ¿cómo se ha andado el camino y cuál es el rumbo del proceso de cambio, estrechamente imbricado con la transformación de la estructura de propiedad de la tierra?En el trabajo que a continuación presentamos haremos un modesto intento por contestar a estas preguntas desde una veta histórica, esto es, partiendo del entendimiento de que las luchas y las revoluciones, las crisis (Zavaleta, 2008), se generan, se fundan y se comprenden “hurgando” en los tiempos largos de la historia, así mismo sus logros y sus retrocesos sólo pueden ser leídos a la luz de estas raíces profundas. En la primera parte realizamos el recuento histórico de la forma en que se ha construido el espacio, esto es, la historia del territorio llamado Bolivia; en una segunda parte revisaremos la transformación de la demanda legítima por la tierra —que resurge de manera contundente en el ciclo rebelde 2000-2005—, a la legalidad del Estado, es decir, la manera en que esta demanda legítima del pueblo insurrecto, es disputada, negociada y “estatalizada” desde un nuevo marco jurídico que “viabilizaría” la reforma agraria. Finalmente haremos una revisión de los avances concretos de la segunda reforma agraria en tiempos del mas.

I. El territorio, también es la tierra cargada de historia

Lo que hoy conocemos como Bolivia, es un territorio que se compone por tres pisos ecológicos: el altiplano, los valles y los llanos amazónicos.1 Cada uno de ellos, fue y sigue siendo en muchos sentidos una wiphala civilizatoria, esto es, un territorio en el que coexisten diversas formas de organización social, con sus propias rivalidades y armonías. Y si bien la amazonía2 ofrecía una variada gama de animales y peces que contribuían al desarrollo de la vida humana, el altiplano, a 4, 000 msnm, representaba un territorio, en el que no sólo el esfuerzo colectivo se volvía indispensable, sino que a la vez, era necesario acceder a otro piso ecológico, para asegurar y complementar los elementos nutritivos que nos permiten estar de pie y seguir caminando. Por ello, las comunidades altiplánicas desarrollaron una construcción del espacio que articulaba la ocupación del altiplano junto con la de los valles. A esta dinámica de ocupación territorial se le ha caracterizado como “un control vertical del máximo de pisos ecológicos” (Murra, 1972). Por lo mismo, la whipala civilizatoria a la que nos referimos, constituyó un territorio multiétnico y multiecológico en el que “no necesariamente existía una coincidencia entre etnia y territorio: el espacio real de una etnia podía ser mucho más amplio que el territorio que ocupaba físicamente” (Archondo, 2003: 23). 1 En Bolivia se pueden distinguir principalmente tres regiones: los Llanos (Tierras Bajas), Altiplano y Valles (Tierras Altas). Los Llanos corresponden a los depar-tamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, están situados a una altitud por debajo de los 500 m.s.n.m., representan el 62.3% del territorio y comprenden solamente el 20% de la población. El Altiplano, se ubica a una altitud promedio de 3,800 m.s.n.m.; representa un 22.4% del conjunto del territorio, y comprende el 38% de la población. Al altiplano corresponden los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. A los Valles corresponden los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, se encuentran a una altitud comprendida entre los 1,800 y 3,000 m.s.n.m., representando el 15.3 por ciento del territorio, y albergan al 42% de la población (Urioste, 1999).2 En la amazonía se localiza una gran variedad de pueblos y naciones, tales como los Baure, Kanichana, Kayubaba, Movika, Itonama, Auki, Yuracaré y los Moje-ños, principalmente. Muchos de estos pueblos y en especial, los Mojeños, habían alcanzado un dominio tecnológico sobre el medio ambiente, a través de terrazas de cultivo. En la actualidad y debido al proceso colonial, han perdido una parte de estos saberes y de su territorio.

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A partir del siglo xv se va a desarrollar el proceso de articulación, bajo dominio, de estos territorios. Primero con el Tawuantinsuyu, que con el aparato administrativo del Inca, absorbía mediante tributo una parte de los excedentes generados por las comunidades y señoríos, para su redistribución, en función de las necesidades del Estado y de los propios grupos tributarios. Y aun cuando este proceso de dominación implicó una conquista militar, existió un ejercicio del poder indirecto que otorgó una relativa autonomía política en los niveles locales de gobierno. Poco después y en pleno desarrollo del incanato, la empresa económica emprendida por los reyes de Castilla y Aragón, vuelta conquista y sometimiento de la mayor parte de nuestro continente, devino en la sobreposición de la sociedad ibérica en la precolombina. Como consecuencia, las dinámicas de control y ocupación del territorio quedaban establecidas con base en juegos de poder que respondían a los intereses coloniales, los cuales tenían como principal objetivo la extracción de minerales. Las ciudades coloniales como La Plata, Potosí y La Paz, se constituyeron en centros de dominación política y de explotación económica. Estas ciudades no sólo se sobrepusieron a centros poblacionales preexistentes y a las minas que ya estaban siendo explotadas por los incas, sino que alterando su función y contenido, mantuvieron la vigencia de instituciones como la mit´a,3 para obtener y asegurar la fuerza de trabajo, pero ahora, bajo nuevos patrones de acumulación. En este caso, se fracturaban los términos de reciprocidad y redistribución, pues los excedentes quedaban en manos de la administración colonial, la cual canalizaba una parte importante de los recursos a la metrópoli ibérica.Sin embargo, para detener la propia inercia de la conquista y evitar que la población siguiera siendo diezmada, la corona desarrolló un orden administrativo que se sintetiza en la política de las dos repúblicas, esto es, el establecimiento de órdenes sociales diferenciados pero eslabonados a un mismo sistema, el colonial. La institucionalización del despojo, se sostiene por una estructura social jerarquizada con base en una división del trabajo que se establecía en torno a la raza y al sistema de creencias. Así, el grupúsculo de iberos, vueltos encomenderos y administradores de

3 La mit´a (voz aymara que significa turno) era el trabajo que todas las comunida-des integradas al sistema inka daban como parte del tributo, quienes eran dirigidas a los campos de oro de la Paz y las minas de plata de Porko.

la Corona, absorbía mediante impuestos y tributos la fuerza de trabajo y los excedentes producidos por la inmensa mayoría. Desde el mundo comunitario, los tres siglos del periodo colonial, fueron sobrellevados por lo que se ha nombrado “adaptación en resistencia” (Stern, 1990). Así mismo, el ciclo colonial también trajo consigo una nueva institución: la hacienda. Y puesto que nada es homogéneo en este mundo, las haciendas no sólo tuvieron un desarrollo ligado con diferentes contextos, sino que establecieron una relación diferenciada con las comunidades, según el grado de organización de estas y las regiones que ocupaban.Si las primeras haciendas se desarrollaron en las inmediaciones de las ciudades coloniales, la segunda expansión estuvo relacionada con el auge de la plata en la segunda mitad del siglo xvi y se desarrollaría en tierras cercanas al eje minero, principalmente en Cochabamba y Chuquisaca. La penetración de la hacienda en el altiplano se produjo ya hasta los siglos xvii y xviii.Los dos primeros ciclos responden al proceso de conquista y la ocupación de espacios con poca o dispersa población. El tercero en cambio, que tuvo lugar en una zona densamente poblada, nos habla de que la mediación entre españoles e indios, a través de kurakas y caciques, había descompuesto las relaciones de reciprocidad que sostienen los sistemas de cargos comunitarios, y por ende, el debilitamiento del carácter defensivo de la comunidad. Por paradójico que parezca, la reacción comunitaria a tal estado de cosas, fue posible por el reordenamiento administrativo-colonial emprendido por las reformas borbónicas.4 Los efectos que en el orden local implicaban estas medidas, desataron la emergencia de nuevos

4 Sinclair Thompson nos ha explicado la manera en que las reformas borbónicas, al implementar un nuevo modelo de administración (entiéndase por ello, un nuevo patrón de apropiación del excedente generado por las comunidades) originaron dos procesos simultáneos. Por un lado, una polarización social en tanto que las medidas implicaban una recaudación de tributos más rigurosa. Y por el otro, una crisis del sistema de mediación entre las comunidades y la Corona. Quienes cumplían esta función, los caciques, eslabonaron su cargo a los intereses de la Corona. Los pro-cesos legales que emprendieron las comunidades del Alto Perú y que culminaron en las insurrecciones de finales del siglo xix, significaban el despliegue de una serie de estrategias para la defensa de los intereses comunitarios. Sobre este aspecto los trabajos de Sergio Serulnikov sobre Chayanta y de Sinclair Thompson sobre el cerco a La Paz, son sumamente ilustrativos de este proceso.

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liderazgos y movilizaciones con los Katari y las Bartolinas, que en muchos sentidos, fueron vulnerando el orden colonial. Mismo que encontraría su fin tiempo después, a manos de una elite criolla independentista, que no sólo excluyó los proyectos y anhelos del primer ciclo insurreccional, sino que instauró un nuevo orden, que reforzó la estructura colonial, pero jerarquizada ahora en torno a la raza y al individuo. La vieja casta administrativa, transformada ahora en una especie de señoríos criollos como resultado de la desarticulación del eje minero y el fortalecimiento de las élites locales —las cuales mantenían relaciones feudales con las comunidades—, hizo que la primera parte del siglo xix estuviera signada por una disputa por el control territorial, iniciando así la llamada “época de las republiquetas”. En este sentido, el proyecto de reestructuración territorial emprendido por el mariscal Santa Cruz, significaba el rearmado del viejo circuito oligárquico, es decir, la articulación de Perú y Argentina, a partir de la vieja centralidad Potosina (Zavaleta, 1998: 25). La incapacidad de su conclusión, implicó que el sostenimiento del Estado recayera de nuevo sobre las contribuciones indígenas, las cuales “aportaban” cerca del 40% del presupuesto estatal durante las primeras tres cuartas partes del siglo xix. El orden republicano, al desplazar el sistema de creencias como epicentro de las estructuras sociales, se construyó en torno a la figura del Estado, y en el caso americano, liberal. Ello devino en que no sólo el orden político se estructurara con base en este horizonte, sino también las relaciones y los espacios de producción. En el caso que nos ocupa, la propiedad de la tierra, la legitimidad de su posesión, uso y usufructo, pasó a formar parte de los derechos de los individuos. Así, por tratarse de un bien cuyo control recaía en una persona inmersa en el mundo mercantil, la tierra entró al mercado como un bien intercambiable. En sociedades como la boliviana, sustentadas en el principio de la propiedad comunal, el horizonte liberal significó la reproducción del régimen colonial, al negar, ahora desde el Estado, el control comunitario de la propiedad. De ese modo el Estado se convirtió en el espacio privilegiado para la puesta en práctica y construcción de los lazos de sujeción económica y política, principalmente. La formación del Estado puede ser pensada como un gran arco temporal (Corrigan y Sayer, 2007) que no sólo estructura una sujeción políticamente organizada y reforzada mediante la violencia,

sino también, una revolución cultural; esto es, la imposición de determinados principios que ordenan la vida. Una forma de entender dicha constitución, en tanto que pertenece al ámbito del tiempo largo de la historia, es a través de momentos significativos.En el caso boliviano, y para los fines prácticos de este trabajo, nos interesan tres: la presidencia de Mariano Melgarejo en 1866, la revolución de 1952, y la reciente Asamblea Constituyente. Pensados de forma muy simple, estos momentos sintetizan la constitución del Estado boliviano: el ordenamiento, reordenamiento y renegociación del entramado social boliviano. Momentos en los que de alguna manera, participan todos los miembros de la sociedad, aunque en distintos tiempos cronológicos, escenarios y formas. Como se dijo, el inicio republicano no sólo quería rearmar los ejes productivos de la Colonia, sino imponer determinados esquemas jurídicos. Los decretos bolivarianos de 1824 y 1826 consagraban la propiedad indígena, pero con el carácter de propiedad privada. Y en 1831 se declaró mediante ley, que sólo serían propietarios los campesinos contribuyentes y con diez años de posesión pacífica de sus tierras.5 Más tarde, en 1842, se estableció la doctrina de enfiteusis,6 la cual establecía que las tierras pertenecían al Estado, pero que quedaban en manos de los campesinos en posesión. En la misma línea de acontecimientos, el decreto de Melgarejo mediante el cual se volvió obligatoria la titulación de la propiedad de la tierra, previo pago de derechos, así como las leyes de ex vinculación,7 representaron la continuidad de una serie

5 La revolución cultural a la que se hace referencia como elemento constitutivo de la formación del Estado, es también una forma de disciplinamiento social. En este sentido, el esquema de tenencia de la tierra sustentado en la ley de 1931, trataba de incitar al indio a desvincularse por propia voluntad de las resistencias comunitarias. Tres años más tarde, y con esta misma perspectiva, se emitió una orden en la que se establecía que las “peticiones” de tierra debían hacerse de forma particular y no a nombre de las comunidades.6 “La enfiteusis es una relación jurídica mediante la cual una persona llamada enfi-teuticario autoriza a otra llamada enfiteuta para usar, disfrutar, vindicar y disponer con ciertos límites de una cosa raíz mediante el pago de un canon anual. Es decir, que existe enfiteusis cuando una persona cede a otra el dominio útil de un fundo rústico, reservándose el derecho a percibir una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio.” (Antezana, 1992: 59)7 Dentro de estas mismas leyes, y en particular las que se decretaron en 1874,

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de procesos que ya se venían dando y que tendían a la apropiación, institucionalizada por la ley, del territorio comunitario, reforzando con ello los lazos de sujeción de los excedentes materiales y humanos producidos por quienes habitan el espacio. De este momento, nos parece interesante destacar dos elementos. Por un lado, el número de decretos, órdenes, resoluciones, etc., emitidos durante el periodo de 1824 a 1843, nos muestran que en el seno del Estado el problema de la tierra era un problema central, y que el entramado legal que se estaba diseñando, era precisamente el preámbulo de la violencia con la que se impondría la penetración del mercado en la naciente república. Y, por otro lado, que las medidas legales fueron modificando la constitución misma de las comunidades, no sólo en cuanto al diseño de nuevos patrones de posesión y propiedad de la tierra,8 sino inclusive, en la emergencia de nuevas figuras encargadas de su defensa, como es el caso de los jilacatas9 apoderados.10 Comunidad y Estado, eran dos entidades que como en un juego de espejos, intentaban legitimar sus derechos sobre lo que consideraban propio y necesario para su sobrevivencia. Uno y otro fueron modificando sus estrategias en mutua oposición. Y si bien durante la primera mitad del siglo xix todo derivó en una disputa legal, fue porque el mantenimiento del Estado se sostenía sobre las mismas comunidades. Así, cuando la economía minera y el comercio internacional se regularizaron, la permanencia de las comunidades dejó de tener importancia para las elites criollas (Klein, 1985: 131), y por lo mismo, los decretos de Melgarejo imponían establecían que una vez iniciado el proceso de titulación de la propiedad, la ley no reconocería ya a las comunidades y ayllus, como entidades con derecho.8 “El sistema de territorios salpicados era un problema para establecer los linderos y los límites de cada propiedad individual, por lo que en la búsqueda de la propie-dad perfecta, se veían a veces en la necesidad de modificar esta útil y antigua lógica territorial andina”. Ello con el fin de “crear unidades territoriales más lógicas desde el punto de vista occidental” (Soux, 1997: 503).9 Kurakas, jilakatas y caciques, forman parte del conjunto de figuras que constitu-yen los sistemas de cargos de las comunidades.10 La figura del apoderado, será una de las estrategias andinas que recorrerán todo el siglo xix y la primera mitad del xx, como forma de resistencia al modelo liberal. Esta figura, se transformará luego en los caciques apoderados, y más tarde, en los apoderados generales, que encuentran en Santos Marka Tula, una de las figuras más emblemáticas (Soux, 2000: 32).

un nuevo modelo en el que era la economía de mercado, en manos de las haciendas, la que debía impulsar el desarrollo en el área rural.11 La violencia institucional y corporal que todo ello significó, encontró su límite en la rebelión de Zarate Willka,12 quien no sólo anhelaba la reconquista de las tierras comunales sino que, con base en ello, construyó una ideología de nación que se enfrentaba con la blanca-liberal. Este proceso obligó a que los grupos de poder emprendieran un proceso de unificación para la permanencia de la estructura social que se había iniciado con el siglo. No sólo porque la violencia es una práctica cotidiana, en muchos sentidos bestial, sino porque en el capitalismo, lo económico desborda lo jurídico, poniendo en crisis lo social, poniendo en riesgo la existencia misma,13 es que el orden liberal tenía que ser reordenado. Esta, fue la tarea de la revolución del 52. Detengámonos un poco en los antescedentes de este momento.Para mostrar la estructura agraria previa a este proceso, retomamos ahora el balance que realiza Danilo Paz (Paz, 2003), quien a partir de una regionalización, muestra los grados de diferencia que cada sistema de hacienda establecía con las comunidades:

a) Altiplano: se trataba de haciendas con una gran extensión; sin embargo, al enfrentarse a comunidades fuertemente organizadas, la extensión controlada directamente por el patrón sólo equivalía al 27% de la propiedad, en tanto que la parte restante seguía en usufructo comunitario. Esto significaba para los miembros de la comunidad una fuerte carga de obligaciones en servicios personales.b) Yungas y Valles del río de La Paz: se trataba de propiedades menores, cuyo surgimiento se basó en la disolución de la comunidad, por lo mismo, no tenían control total de sus propiedades y de la

11“De 1866 a fines de 1869, el gobierno vendió unas 356 comunidades” (Klein, 1985: 131).12 La rebelión de Zarate Willka, se enmarca en el contexto de la Guerra Federal, que supuso la disputa entre la vieja elite de la plata y la que emergía como producto del nuevo ciclo del estaño. La capacidad de movilización india, que puso en riesgo a ambos bandos, fue la que obligó a dicho proceso de unificación oligárquica, aun cuando se tratara de bloques con diferentes intereses. 13 De aproximadamente 11, 000 comunidades existentes durante la guerra de independencia, en 1950 solo quedaban 3, 779.

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producción. Lo reducido de su tamaño, significó que muchas de ellas no fueran afectadas por la reforma agraria, pero ésta logró romper el monopolio de la producción comercial.c) Sudeste de Bolivia: aquí existían dos tipos de hacienda; por un lado, aquellas basadas en el pago de la renta en trabajo combinadas con pago en dinero y productos, y por otro, haciendas con peones usufructuarios de parcelas que percibían un salario marginal. El crecimiento en la demanda de productos indujo a un dominio mayor por parte de los hacendados, lo que derivó en la ampliación de las contribuciones. d) Valle de Cochabamba: se trataba de grandes haciendas que integraban la renta en trabajo combinado con dinero y productos. Pero a la vez, en esta zona existía la mediana y la pequeña propiedad,14 las cuales en muchos casos funcionaban bajo el sistema de aparcería15 y arrendamiento.e) Santa Cruz: se trataba de grandes haciendas que tenían indios acasillados, quienes estaban bajo el dominio directo del hacendado, e indios apatronados, a quienes se les entregaba una parcela de tierra, lo cual además de contribuir a la subsistencia familiar, traía consigo la ampliación de la frontera agrícola de la hacienda. Existía también una modalidad de trabajo en la que los trabajadores eran obligados a través de la policía, las autoridades locales y el sistema de endeudamiento: el representado por los trabajadores temporales.

14 El caso del Valle de Cochabamba es altamente significativo, ya que las haciendas, en una estrategia de sobrevivencia frente al declive de la economía minera de principios del siglo xix, comenzaron a parcelar sus propiedades, generando no sólo un ingreso económico para ellas mismas, sino a la vez, creando un horizonte en el cual los miembros de las comunidades, podían acceder a la propiedad parcelada de la tierra, a fin de asegurar su permanencia. Ello influyó para que durante el periodo previo a la revolución del 52, los sindicatos que ahí se formaron, tuvieran como principal demanda la parcelización, no así una estrategia de restitución de la propiedad comunal, como la que estaban llevando a cabo los caciques apoderados en el altiplano boliviano. Sin embargo, la cantidad de tierra parcelada en este periodo previo a la revolución nacional era, de cualquier forma, insignificante en comparación con la que ostentaban las haciendas.15 Trato que consistía en que el propietario proporcionaba tierra y una parte de los insumos, y el productor la otra parte de capital y su trabajo, a cambio de lo cual, se repartía lo producido.

Independientemente de las particularidades de cada relación hacienda-comunidad, se pueden sacar una serie de conclusiones sobre el agro boliviano en general:

1. La expansión de la hacienda estaba vinculada con el desarrollo del comercio y de las ciudades, así como con la explotación minera, que en aquella época estaba dirigida principalmente a la extracción del estaño.2. Se trata de haciendas que, en general, monopolizaban las producciones comerciales, por lo que suponía una relación feudal hacia adentro y mercantil hacia fuera.3. Ello devino en la continuidad de dos bloques sociales: uno dominante de hacendados relacionados con la oligarquía minera y comercial, y el otro, constituido por las comunidades, las cuales frenaron en realidad el continuo proceso de avance sobre las tierras.

Como producto de la crisis abierta por la Guerra del Chaco, la revolución del 52 encontró un escenario favorable para reordenar el entramado estructural y, en ese sentido, constituir un espacio institucional que permitiera encauzar la dirección y sentido de lo social. La reforma agraria, en tanto mecanismo de reordenamiento, fue la principal acción implementada por el Estado, para coadyuvar en su propio proceso de constitución. A su vez, el periodo entre la Guerra del Chaco y la revolución del 52 había generado dos procesos que nos interesa abordar. Por un lado, la derrota frente a Paraguay había fracturado la legitimidad de la capacidad de mando del Estado, ello, desde su elite política, militar e intelectual. La creación del Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr), conformado por estos sectores disidentes, es el mejor ejemplo del rompimiento de una parte de la clase social, que antaño, identificaba sus intereses con los del propio Estado. En este sentido, la primera mitad del siglo xx comenzaba con una fuerte crisis que obligaba a rediseñar lo que sin serlo, llamamos el orden social. O continuaba tal como lo había hecho hasta ese momento, instituyendo el mandato mediante la violencia física e institucional, o se redefinían los lazos que atan a la sociedad con el Estado. Los golpes militares y las diferencias radicales entre los siguientes gobiernos, dan muestra de este proceso de incertidumbre estatal.

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Por otra parte y desde las comunidades, también ocurría otro proceso simultáneo que tenía que ver con el desarrollo de las vías de comunicación, y en específico, el ferrocarril. Ello significaba acelerar el proceso de incorporación de espacios locales a la lógica internacional que el mercado iba planteando. Por lo mismo y sin ser el único, pero sí un elemento significativo, la llegada del tren abrió una coyuntura propicia para la expansión de las haciendas, entendida como un incremento en la ocupación de tierras en posesión de las comunidades, así como la intensificación de la apropiación del excedente humano, tanto material como de fuerza vital a través del trabajo obligatorio; en pocas palabras, se trataba de la readecuación de los modos de dominación a nuevas circunstancias.16 El siglo xx iniciaba entonces para las comunidades con una tarea urgente: organizar la resistencia desarrollando tácticas de sobrevivencia y permanencia. La más significativa fue

…el diseño de una estrategia de “revaloración” de normas e instituciones coloniales, y especialmente, aquellas referidas a la República de indios. Un elemento de fundamental importancia de esta estrategia fue el título colonial de tierras de comunidad otorgado por la corona de España; los títulos de composición y venta cuya conservación había sido encargada a los caciques y a todos los funcionarios indígenas que periódicamente cumplían con el pasaje de cargos (Choque y Mamani, 2003: 123).

La construcción colectiva de una red de comunidades, a la que se conoce como el movimiento de los caciques apoderados, proporcionó el despliegue de fuerza humana necesaria para el cuestionamiento de la propiedad de la tierra, o la forma en que hasta ese momento se había instituido como legal ejercicio de apropiación y despojo. Junto con este rearmado del tejido social, se fueron reuniendo también los cuestionamientos hacia todo el entramado de estructuras que permitían 16 El ferrocarril creó nuevos circuitos comerciales que en síntesis, permitieron que los cereales chilenos y argentinos entraran al mercado boliviano, generando con ello, un descenso de la economía de hacienda en distintas zonas de Bolivia. La readecuación a la que nos referimos, significó por ejemplo que en los valles de Campero y Mizque en la zona suroriental de Cochabamba, los pagos de diezmos fueran transformados en séptimos y a la vez, se impuso el muqueo (el amasamiento de harina de maíz mediante masticamiento) para la elaboración de chicha (Arías, 1995: 66).

la dominación de la que eran objeto. No solo se trataba ya de resistencia, sino de la posibilidad real de reapropiación del mandato social. La red de caciques apoderados, la escuela ayllu de Warisata17 y la toma de haciendas, son sólo ejemplos que evidencian esta vasta complejidad del tejido social que se hilvanaba. El 52 estaba atravesado entonces, por tres procesos paralelos que debían tomarse en cuenta a la hora de su reordenamiento institucional: la formación del Estado boliviano, pensado como construcción histórica larga; la resolución de la crisis de gobierno y de restructuración económica, y por último, los proyectos de reconstrucción comunitaria desplegados en los valles y en el altiplano. En el sentido en que fueron tomados en cuenta, es que la reforma agraria fue un mecanismo privilegiado que coadyuvó en el proceso de constitución de quien lo conducía: el Estado. Para ello, la reforma desplegó tres medidas. Por un lado, en el altiplano y los valles, se procedió a la titulación parcelada de las tierras de comunidad y ex hacienda. Ello significó la puesta en práctica de una estrategia de penetración estatal en el tejido comunitario,18 a través de la pretensión del rearmado de las formas organizativas mediante el sindicalismo campesino, pero ahora recodificado por el Estado, en cuanto a su contenido. Así, el sindicato fue el espacio institucional con el cual se pretendía mediar las relaciones estatales con las comunidades, atravesados evidentemente, por intereses

17 Una parte de las estrategias comunitarias emprendidas en este contexto, fue el reclamo por el derecho a la educación, de la que hasta ese momento se había excluido al indígena. Si bien este reclamo se había hecho sentir desde la década de los 20, es con la escuela ayllu de Warisata que encuentra su mejor definición. Ya que ésta permitía la recreación del indio, por sí mismo respetando sus marcos culturales, y al propio tiempo conservando el horizonte de lo nacional. Con ello se distanciaba de otros modelos, centrados en la imposición de un determinado esquema nacional que implicaba forzosamente una desindianización.18 Como dijimos páginas atrás, la demanda de la parcelización, se había forjado desde la base misma de los sindicatos campesinos. Por ello, en la reconducción estatal de dicho reclamo, y a fin de desarticular la unidad de las comunidades, el Estado revolucionario desplegó una estrategia que fracturó esta unidad, al instigar la lucha entre los liderazgos, promover la cooptación, e instrumentar el asesinato selectivo, entre otras medidas. Todo ello resultó en un acelerado proceso de descomposición social, cuya sima fue la “champa guerra”. Al respecto, se pueden consultar los textos de José M. Gordillo y Dandler.

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estatales y pactos de mando y obediencia, reforzando, mediante la titulación de la propiedad, el puente articulador entre formas diferentes de concebir la ocupación del territorio. Puesto que nada es realmente homogéneo en este mundo, las formas de recepción comunitaria al sindicalismo varían de un espacio a otro, de un contexto a otro. En algunos casos, se privilegió la forma sindicato y en otros, la forma comunal, para establecer los mecanismos de control del territorio y de mediación con el Estado. La segunda medida tomada por la reforma agraria, fue la colonización. En este sentido, al liberar la mano de obra del régimen de hacienda, se volvía necesario desde la lógica del Estado, impulsar el desplazamiento de grandes contingentes poblacionales hacía nuevas zonas de producción. La medida no sólo implicó un proceso de disciplinamiento humano, sino que tenía como propósito ampliar y extender la frontera agrícola en función de los intereses estatales. La titulación de las parcelas entregadas obligaba al colono, en muchos casos, a la producción de determinados alimentos para satisfacer el mercado interno. Tanto la primera como la segunda medida produjeron, con el tiempo, un proceso de diferenciación al interior de las comunidades; la causa de ello la encontramos en la incapacidad de que todos los comunarios tuvieran las mismas posibilidades de relacionarse con los mercados, lo cual generó también, el surgimiento de intermediarios al interior de las propias comunidades. Este problema también se explica por los diferentes grados de fertilidad que existen entre una región y otra, y al interior de ellas. Por otro lado, la acentuada parcelización de la tierra, como producto de la herencia del padre a los hijos, resultó en lo que ahora se llama el “surcofundio”, es decir, la proporción de tierra heredada, que al ser nada más una fracción de la extensión original, sólo ofrecía la posibilidad, en el mejor de los casos, de una producción de autoconsumo, y en muchos otros, mostró ser insuficiente para cubrir las necesidades básicas, lo cual provocó un proceso de descampesinización. El comunario se vio forzado, entonces, a migrar a zonas urbanas con el objetivo de buscar actividades laborales alternativas a fin de satisfacer las necesidades de la economía familiar.

La tercera medida impulsada por la reforma agraria fue la consolidación de un sector agroindustrial en el Oriente.19 Para lo cual, la revolución del 52 articuló el Oriente con el Occidente a través de la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. A su vez, y como complemento de la segunda medida, “liberó” la mano de obra de la hacienda en el altiplano y los valles, canalizándola a las haciendas del Oriente, las cuales fueron consideradas como empresas agrícolas.20 El objetivo era que estas últimas, en manos de una elite que había creado un capital importante durante el ciclo de la goma,21 abastecieran el mercado interno y el internacional, y fuera la base de una industrialización nacional. El desarrollo de la agroindustria en Santa Cruz, junto al apoyo del mnr, se debió al financiamiento estadounidense, y a la llegada de las dictaduras militares,22 con las inversiones a fondo perdido que permitieron sobrellevar los fracasos de tales empresas. A la par, y para la consolidación del latifundio, se dotó durante el periodo de Banzer de una gran cantidad de tierra. Para dar cuenta de la magnitud,

19 Al respecto del proceso de conformación y consolidación del Oriente, se puede revisar el trabajo de Ximena Soruco, “De la goma a la soya: el proyecto histórico de la elite cruceña” en Los barones del Oriente, el poder en Santa Cruz ayer y hoy. Fundación Tierra, Bolivia, 2008.20 Las haciendas del Occidente no podían ser consideradas como empresas agrícolas, pues habían sido tomadas y destruidas por las movilizaciones campesinas.21 “El ciclo de la goma empezó en 1880 y alcanzó su producción máxima (3,000 toneladas) entre 1900 y 1915, generando el traslado de 80,000 personas hacia la zona (noreste boliviano)”. “Este corto período de enclave capitalista… se convirtió en la acumulación originaria –junto a la inversión estatal desde 1952- para el desarrollo de la agroindustria” (cfr. Soruco, 2008: 15-18). De esta forma, el capital generado por la goma se trasladó al comercio y después a la agroindustria.22 En esta etapa, la dictadura de Barrientos llevó a cabo el Pacto Militar campe-sino, lo que permitió establecer una alianza perversa con base en las aspiraciones populares. No sólo desgarraron la estructura social, al consolidar una base social opuesta al movimiento obrero, sino que además, desarmaron a las comunidades y emprendieron un proceso de penetración militar en el campo, que devino luego en fractura, tras la radicalización de la dictadura. Las matanzas de campesinos en la década de los 70 (Tolata, Espinaza y Melga), marcó el fin de tal pacto, y el resurgi-miento de las corrientes indianistas. Al respecto ver el artículo de Pablo Mamani y Gustavo Cruz en esta misma obra.

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entre 71 -78 se distribuyó el 41% de la tierra,23 del total de la que fue distribuida entre 1952 y 1993 (Soruco, 2008:66). La creciente expansión del latifundio, la agroindustria y la violencia que originó al empezar a incrementar sus propias fronteras agrícolas, devino en un proceso organizativo de los pueblos y comunidades de las tierras bajas, las cuales en 1990 realizaron la gran Marcha por el Territorio y por la Dignidad Nacional. Explicitando en el espacio nacional tal situación de opresión y articulando con muchos otros sectores24 la demanda de reorientar y replantear en su conjunto, la conducción del continuo proceso de reforma agraria. En tal sentido, las presiones cada vez más intensas de la reivindicación indígena por la recuperación y autodeterminación de su territorio, van logrando avances en el terreno legal. El más significativo, en 1994, fue el reconocimiento constitucional del derecho indígena a sindicalizarse (Albó, 2009:24-25), justamente el mismo año en que se realizó la Marcha por la Soberanía y la Dignidad Nacional25, y en medio de la

23 Del total de hectáreas repartidas en este periodo (17, 947, 495 has.) el 18% fue entregado en predios de más de 10,000 has. en Santa Cruz. De este 18%, casi el 80% fueron dotaciones individuales. ¿Qué significa ello? Pensamos, como hipótesis, que el gobierno de Banzer desarrolló una política de dotación para grandes propiedades agropecuarias. Sin embargo, también afianzó una forma de clientela social a través de los programas de colonización. Ello explicaría la razón por la cual Banzer llegaría a la presidencia, de forma constitucional y no de facto como anteriormente, en el periodo 1997-2001. Se trataba de una reedición del Pacto Militar Campesino.24 Los problemas que había generado la reforma agraria, su desarrollo y su forma inacabada, fueron visualizados por organizaciones campesinas como la csutcb y un número significativo de intelectuales, que desde la década de los 70 lo venían denunciando en diferentes espacios.25 La Marcha por el territorio y la Dignidad, del 15 de agosto de 1990, es la pri-mera de cuatro marchas que se realizaron en exigencia de respeto al territorio, la soberanía y la autonomía indígena. La Marcha por la Soberanía y Dignidad Na-cional que inició el 24 de junio de 1994, fue protagonizada por los campesinos del trópico cochabambino, al igual que la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional que inició el 29 de septiembre del mismo año. La cuarta marcha que pugnó justamente por la promulgación de la Ley inra, se denominó la Marcha por Tierra Territorio, Participación Política y Desarrollo, se realizó el mes de octubre de 1996 y fue encabezada por los pueblos de Oriente, en el marco de la ley de Participación Popular.

misma efervescencia que condujo a la intervención del Consejo Nacional de la Reforma Agraria (cnra) en 1992, a la constitucionalización del convenio 169 de la oit26 y a la aprobación de la Ley del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (inra) en 1996. Los niveles de corrupción en que se encontraba la administración de tierras provocaron la disolución del Instituto Nacional de Colonización (inc) y del cnra. En noviembre de 1992 se produjo la intervención de estos dos organismos por parte del gobierno.27 El objetivo era devolver al Estado las tierras con títulos de propiedad inválidos y poner al día los títulos válidos y registrados en el catastro. Aunque el plazo fijado para la intervención fue de 90 días, esta se prolongó hasta 1996 (Urioste, 1999; Valenzuela, 2008).De 1992 a 1996 se vivieron momentos de movilizaciones indígenas y campesinas, sobre todo en el Oriente y en el chapare, así como una serie de debates, que van a culminar en la promulgación de la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria no. 1715, el 18 de octubre de 1996. La llamada Ley inra modificó de manera sustancial el marco legal hasta entonces vigente. Redefinió de manera más específica el concepto de función socio-económica de la tierra; estableció el acceso preferente y gratuito a las tierras públicas por parte de los pueblos y comunidades indígenas —siempre y cuando estas fueran tituladas en forma comunal— al mismo tiempo que eliminó la gratuidad en la dotación de tierras a propietarios individuales estableciendo la adjudicación a valor de mercado, y finalmente, creó un nuevo marco regulatorio para la administración y uso de tierras, el impuesto a la tierra, la reversión y la expropiación. 26 El convenio 169 de la oit fue el primer instrumento internacional que recono-cía los derechos de los pueblos indígenas. La Ley inra garantiza la vigencia de lo que dispone la Ley 1257 (ratificación del convenio) y en el parágrafo iii del artí-culo 3 señala: “Se garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y comunitarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus im-plicaciones económicas, sociales y culturales, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de conformidad con lo previsto en el Art. 171 de la Constitución Política del Estado” (Valenzuela, 2008:45).27 Esta corrupción y el tráfico de influencias en la distribución de tierras se evidencia con la pretensión del ministro de educación del gobierno del mir, Hedim Céspedes, de adjudicarse de manera irregular un millón de hectáreas. El “caso Bolibrás” —como fue conocido este hecho— desencadenó protestas generalizadas en el país.

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Otro elemento que es importante mencionar, es la creación del régimen de propiedad de Tierras Comunitarias de Origen (tco)28 con autoridades propias y potestad jurídica para resolver de manera interna sus conflictos. Esta figura jurídica apareció en la Ley inra —recogiendo el concepto de territorio expresado en el Convenio 169 de la oit— con la pretensión de garantizar los derechos sobre los recursos naturales por parte de las comunidades (Valenzuela, 2008:30-34; Albó, 2009:25). Y aunque éste reconocimiento presentó la limitación fundamental de que la participación indígena en este sentido se redujo a la obligación del Estado a consultar a las comunidades, no implicando la obligación de acatar sus determinaciones, no se puede negar que estos adelantos legales fueron importantes en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al uso y disfrute de la tierra. Con la aprobación de la ley inra se inició el proceso de regularización de derechos propietarios denominado saneamiento, que consistiría en la determinación de zonas fiscales para distribuirlas entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, así como en la entrega de títulos a los propietarios. El proceso fue lento y burocrático, no exento de corrupción y venta ilegal de tierras; logró avances en la titulación de las tco en el Oriente, pero no satisfizo la creciente demanda de dotación de tierras. Los resultados de su implementación quedaron lejos de cumplir las expectativas de poner fin a la inequitativa distribución de la tierra en Bolivia. En los 10 años de plazo fijados por la Ley (1996-2006) se cubrió el 45.3% de la superficie total objeto de saneamiento, y se tituló efectivamente sólo 11.5% de la superficie por sanear a 1996 (Valenzuela, 2009:34). Además, la aplicación de la ley estuvo mediada por intereses políticos y ello evitó que la “tierra mal habida” fuese recuperada por el Estado para su redistribución. El saneamiento no incorporó mecanismos efectivos para la revisión de los trámites con los que la propiedad agraria había sido adquirida, ni contempló la revisión del tráfico de influencias. Esto condujo a una aplicación politizada de la ley que derivó en irregularidades amparadas en los vacíos legales y en las imprecisiones de la ley.29 28 Las tco son una forma de propiedad agraria cuya especificidad radica en que su definición jurídica se funda en las características de la territorialidad indígena, vinculada a la propiedad de la tierra territorio y al aprovechamiento de los recur-sos naturales por parte de las comunidades.29 Se presentaron graves distorsiones, por ejemplo, se permitió la validación del

Sin embargo, no sólo debemos leer el fracaso de la ley en términos de corruptibilidad e ineficiencia o manejo discrecional por parte de la burocracia estatal, sino como producto de la misma constitución de la ley. Pues el reconocimiento de la propiedad, con el nuevo marco regulatorio y el impuesto a la tierra, implicaba también una forma de desvincular al propietario de las formas comunitarias de control de la tierra. Es decir, si el comunario, para asegurar la propiedad de la tierra, podía utilizar los mecanismos catastrales del Estado, ya no era necesario participar en las dinámicas comunitarias. En pocas palabras, se trataba de una sobreposición de mecanismos de regulación de la tenencia de la tierra, el comunario y el estatal, siendo que el segundo tenía como correlato generar de nuevo un mercado de tierras, a través del reconocimiento propietario de carácter individual. Esto produjo incluso, una fuerte coyuntura de conflictos al interior de las comunidades, pues entraban en choque intereses y formas de apropiación de la tierra, y ello permite explicar, por qué poco tiempo después, el saneamiento se convirtió en una demanda importante.En este periodo de aplicación parcial de la ley inra (1996-2006), no sólo no se resolvió la problemática agraria, sino que se agudizó, ya que se recayó en un uso faccioso de la ley, se avalaron derechos propietarios de dudosa legalidad, y el acaparamiento de tierra en pocas manos fue propiciado por el propio Estado. Lo anterior trajo como consecuencia la explosión del descontento popular acumulado a lo largo de 10 años ante una deuda histórica cada vez más lastimosa.

II. La transformación de lo legítimo en legal

Durante el ciclo de rebelión que inicia en el 2000 con la Guerra del Agua y que culmina en 2005 con la expulsión de Carlos Mesa y la elección de Evo Morales, tiene lugar un estallido de movilizaciones que pone en crisis el Estado boliviano y los cimientos de la dominación en su conjunto. En este periodo surgen expresiones de insubordinación social en las que se despliegan las más profundas aspiraciones de los sectores populares. Se va dando forma a un movimiento unificado, con

cumplimiento de la Función Económica Social con el pago de impuestos. De esta manera el acaparamiento de tierras improductivas fue consentido por el propio Estado.

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exigencias que se van entretejiendo hasta conformar un conjunto de demandas de alcances revolucionarios. El ciclo rebelde permitió que resurgiera de manera contundente el clamor popular contra el despojo y por la redistribución de la tierra. Pronto la tierra se erige como una de las exigencias centrales del movimiento indígena-campesino. La llamada Agenda de octubre de 2003, condensó las ideales emancipatorios de un pueblo entero en pie de lucha, entre ellos tres fundamentales: Asamblea Constituyente, nacionalización de los hidrocarburos y reforma agraria en el Oriente. La fuerza de la oleada de movilizaciones, da cabida histórica al triunfo electoral del mas. El 18 de diciembre de 2005 Evo Morales Ayma es electo presidente de Bolivia con el 53.7% de los votos. Este hecho marca la clausura del tiempo de rebelión que va a abrir paulatinamente el paso a un nuevo tiempo estatal. Comienza una etapa en la que se espera un proceso de transformación cuyos principios rectores debían ser aquellas reivindicaciones que impulsaron la rebelión. Una de ellas era, sin duda, finiquitar la inequitativa estructura de distribución agraria. El 3 de junio de 2006, en una importante decisión política, el gobierno de Evo Morales anuncia la puesta en marcha de un ambicioso programa agrario. El proceso de saneamiento de tierras se declara emergencia nacional y el gobierno comunica el propósito de terminar las tareas inconclusas de la ley inra en 1996, cuyo plazo se cumplía justo en 2006. En decreto oficial, se anuncian dos medidas iniciales: reversión al Estado de las superficies de tierras “negadas a la producción y al trabajo y reservadas a la especulación y a los negocios bancarios”, y entrega exclusiva de estas a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias, sin tierra o con tierra insuficiente (Urioste, 2007; Chumacero, 2010; Valenzuela, 2008:34). El 2 de agosto del mismo 2006, en un acto político en la emblemática localidad de Ucureña,30 Evo Morales anuncia la voluntad de su gobierno de emprender una reforma agraria radical, declarando el inicio de la “revolución agraria”. Esta se fundaría en 4 pilares: distribución de tierras, eliminación del latifundio, crédito barato y acceso a mercados alternativos, y maquinización.El 28 de noviembre, a pesar de la férrea oposición de los partidos de derecha, se aprueba en el Parlamento la Ley 3545 de “Reconducción 30 Ucureña es el lugar donde en 1953 se proclama la primera reforma agraria.

Comunitaria de la Reforma Agraria”, en el contexto de una gran marcha indígena y campesina que se movilizó desde el Oriente hasta la Paz, justo para pugnar por su aprobación.La ley de Reconducción Comunitaria modificó la ley inra en aspectos importantes. Estableció un procedimiento de saneamiento más rápido y flexible, precisó las definiciones de Función Social (fs) y Función Económica Social (fes), y permitió la reversión de tierras, estableciendo su cumplimiento y verificación “en terreno” como principal mecanismo para conservar el derecho propietario a la tierra. Con ésta se faculta al Poder Ejecutivo para identificar latifundios que no cumplan con la fes y revertirlos al Estado para su distribución a campesinos e indígenas sin tierra (Chumacero, 2010:13).La derecha se opuso sistemáticamente a cualquier paso que apuntase en dirección a avanzar en la reforma agraria. Desde el momento de la promulgación de la Ley de Reconducción Comunitaria los sectores económicamente poderosos de los departamentos del “cuarto menguante” manifestaron su desconocimiento a la normativa. Los productores de Oriente, organizados en la Cámara Agropecuaria de Oriente (cao), la Confederación Agropecuaria Nacional (confeagro) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (fegasacruz), anunciaron el desacato a la ley y la impugnaron ante el tribunal agrario (Urioste, 2009:56). Ya en la Asamblea Constituyente intentaron sabotear el trabajo de la comisión Tierra y Territorio, provocando la falta de consenso al momento de aprobar el capítulo correspondiente.Desconocimiento del nuevo marco legal, incumplimiento, “autodefensa armada”, resistencia violenta,31 fueron algunas de las formas con que

31 En todo momento la derecha se opuso de manera beligerante a las políticas del gobierno de Evo Morales en materia agraria. En repetidas ocasiones durante 2007 y 2008, el entonces viceministro de tierras, Alejandro Almaráz, fue rechaza-do violentamente por grupos armados por los terratenientes cuando se intentaba realizar trabajos de identificación y saneamiento en la región oriental (Paz Rada, 2010). En Pananti, Departamento de Tarija (Chaco), en noviembre de 2001, un grupo de terratenientes atacó a siete campesinos pertenecientes al Movimiento Sin Tierra (mst) para frenar los asentamientos en tierras que no cumplen las fes. En abril de 2008, un grupo de técnicos del inra e indígenas guaranís, fueron atacados y golpeados por ganaderos y sicarios, cuando intentaban entrar a la zona del Alto Parapetí, provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, para realizar el trabajo de saneamiento respectivo del sector. El saldo fue de 40 personas heridas,

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intentaron y siguen intentando impedir —no con poco éxito— la transformación agraria en Bolivia. No obstante, esta oposición recalcitrante por parte de la clase terrateniente, no era inesperada ni excepcional. Una reforma agraria —en cualquier latitud del planeta— conlleva la afectación de intereses e implica arrebatar privilegios a grupos o individuos que por supuesto no están dispuestos a perderlos de brazos cruzados, por ende, este proceso no puede ocurrir sin oposición y de manera pacífica. Era totalmente previsible que los “barones de Oriente” intentarían impedir con uñas y dientes que se les arrebatara aquello que les ha proveído de su riqueza y privilegios, de su poder.El cálculo político del gobierno masista no suponía que el saneamiento —y mucho menos la redistribución agraria—, serían procesos de trámite, exentos de tensiones, ni tampoco que se efectivizarían pacíficamente. ¿Qué lo hace entonces retroceder en el momento crucial?, ¿qué conduce al nuevo gobierno masista a dar un paso atrás en el momento determinante de dar el primer paso fundamental hacia adelante?, ¿qué lo lleva a frenarse en un momento decisivo para el proceso de “constitución” de una nueva realidad agraria, de una realidad agraria más justa y equitativa, de una realidad agraria necesaria para la refundación de una nueva sociedad? Sin la pretensión de dar respuestas mínimamente concluyentes, intentaremos brindar algunos elementos para contribuir a la problematización de estas interrogantes en relación a la pregunta más amplia sobre los horizontes de la reforma agraria en tiempos de Morales.Antes de intentar un balance de los avances de la “revolución agraria” en tiempos del mas, es necesario hacer una revisión del proceso que dio lugar al nuevo marco constitucional a partir del cual se desenvolverá la reforma agraria en esta nueva etapa. Resulta fundamental contemplar las determinaciones que contribuyeron a la definición del contenido final de la Nueva Constitución Política del Estado (ncpe), específicamente en lo que concierne al tema Tierra en la Asamblea Constituyente.En septiembre de 2007 el capítulo Tierra y Territorio no alcanzó consenso. Sin embargo, el informe de mayoría fue aprobado, salvo el artículo 398 referido al tamaño máximo de la propiedad agraria. De acuerdo a la ley, éste fue sometido a referéndum dirimitorio, a partir del cual se definieron 5,000 hectáreas como la extensión máxima, en entre ellas el Director Nacional del inra (Valenzuela, 2008:66).

vez de las 10,000 hectáreas pugnadas por la oposición.32 Por lo demás los 408 artículos del texto constitucional fueron aprobados por mayoría calificada, es decir por más de dos tercios, tal como demandaba la oposición.El proyecto de Constitución es objeto de ataque por parte de la oposición de los sectores económicamente poderosos. Hubo momentos de gran tensión en los que incluso se temió por la pérdida total de la estabilidad política. El más contundente de ellos es el intento de golpe de Estado de septiembre de 2008, cuando se da el enfrentamiento más frontal entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, y las fuerzas conservadoras de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca apoyadas por la Unión de Naciones Suramericanas (unasur) (Petropress, 2009:5). Luego de la resistencia popular al golpe, el gobierno priorizó el diálogo, abre la primera negociación, que a pesar de no ser suscrita por los prefectos opositores, condujo a la modificación del capítulo de autonomía. A pesar del apoyo de sectores campesinos, indígenas, trabajadores e intelectuales, que ratificaron el mandato presidencial con el 67% de los votos en agosto de 2008, el proyecto de constitución fue puesto a negociación en aras de lograr condiciones para la “gobernabilidad” y garantizar la “paz social”. En el contexto de la multitudinaria marcha en exigencia a la aprobación de la ley de convocatoria a referéndum constituyente, el gobierno insistió en la negociación con la derecha; es entonces cuando permitió que el Congreso usurpara el papel constituyente de la Asamblea (Petropress, 2009). En octubre de 2008 el gobierno pactó con la oposición —conformada por las prefecturas de la media luna y las minorías políticas de podemos, un y mnr— las modificaciones “quirúrgicas” al proyecto de nueva constitución. En instancias del Congreso se negocian una serie de preceptos jurídicos que viabilizan la aprobación de la Constitución. Sin embargo, esta negociación se efectúa a costa de cambios importantes al texto constitucional. Se modifican 101 de los 422 artículos, así como 8 de

32 El referéndum dirimitorio se llevó acabo el 25 de enero de 2009. La opción de 5,000 hectáreas como nuevo límite máximo de la propiedad agraria fue respaldado por un 80.65% de los votos válidos, en contraposición al 19.35% de respaldo a las 10,000 hectáreas. Es importante recordar que hasta antes de la ncpe el límite era de 50,000 hectáreas.

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10 disposiciones transitorias aprobadas en diciembre de 2007. Se afectan resoluciones sobre organización económica y caracterización del Estado, autonomía, recursos naturales, control social, soberanía y artículos del capítulo de Tierra y Territorio (Petropress, 2009). Así, el texto constitucional que finalmente se aprobó ya no es el que alcanzó consenso en la Asamblea Constituyente de diciembre de 2007 realizada en Oruro.De antemano se reconocía que para cambiar la estructura de la propiedad de la tierra en Oriente, la ncpe debía incorporar explícitamente el concepto de reversión de latifundios —tanto por extensión como por incumplimiento de la Función Económica Social—. No obstante, el texto consensuado entre el gobierno y la oposición presentó una modificación sustancial al capítulo Tierra y Territorio añadiendo el artículo 399, mediante el cual se exime de los límites de extensión a las propiedades adquiridas con anterioridad a la aprobación de la ncpe; esto quiere decir que la ley aprobada por la constituyente en materia agraria no es retroactiva.33 Por lo tanto, el nuevo límite de 5,000 hectáreas sólo podrá aplicarse a las propiedades que se adquieran después de la promulgación de la nueva constitución, ni siquiera aquellas propiedades que actualmente se encuentran en la etapa de tramitación de títulos de propiedad están obligadas a observar la nueva disposición.La no retroactividad de la normativa es cuando menos “incongruente” en tanto que una ley cuyo objetivo es transformar la injusta estructura de tenencia de la tierra conformada históricamente, implica necesariamente su aplicación retroactiva. Lo que en la práctica significa que la reforma agraria no puede reformar casi nada. La inclusión del artículo 399, a efectos reales implica la conservación del régimen de propiedad de la tierra y la intocabilidad de los privilegios de los terratenientes. Y más aún, legitima y consolida legalmente el proceso de acaparamiento de la tierra, históricamente permitido y fomentado por el Estado. Esto es incomprensible dado que además, la prohibición del latifundio se logra ya desde la Reforma Agraria de 1953,

33 El artículo 399 en su inciso i, establece literalmente: “Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la retroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a la Ley.”

toda propiedad latifundista —independientemente del mecanismo de adquisición o de la actividad que en ella se realice— estaba ya prohibida en la constitución anterior. Además de estas modificaciones específicas al capítulo Tierra y Territorio, se hicieron otras que están estrechamente vinculadas con el tema agrario, las cuales, paradójicamente, permitieron conservar la propiedad latifundista.En el capítulo sobre autonomías, se dio capacidad legislativa a los gobiernos autónomos. El Estado posee ahora menores competencias en el tema agrario, delegando facultades de reglamentación y ejecución a nivel departamental sobre la administración agraria y el régimen de tierras, lo que implica la descentralización del inra. Y si bien compete únicamente al presidente la Autoridad Máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria, la “autonomía agraria” sin duda obstaculizará la Política General de Tierra y Territorio con la que se pretende reformar la estructura agraria en el país (Petropress, 2009).También fue modificado el artículo 315 del Capítulo i de Organización Económica del Estado34 que ahora admite la propiedad de tierra utilizada para “crear agentes económicos”, es decir, empresas cuyo objetivo es la generación de ganancias y no el cumplimiento de una función social; así, el cumplimiento de la fes deja de ser el mecanismo estricto para adquirir y conservar la propiedad agraria, lo que abre la posibilidad de validar legalmente predios improductivos y ociosos con el amparo de la normativa, interpretada a conveniencia. El inciso ii del mismo artículo35 pone en entredicho la aplicación del límite de 5,000 hectáreas, pues deja abierta la posibilidad de que las empresas conformadas después de la promulgación de la ncpe, detenten una extensión mayor siempre y cuando la extensión total de la propiedad no exceda las 5,000 hectáreas por socio. Las imprecisiones presentes

34 A la letra, señala el reconocimiento a la propiedad de la tierra cuando esta sea “utilizada para el cumplimiento del objeto de creación del agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y servicios”.35 El parágrafo ii del artículo 315 dicta: “Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se constituyan con posterioridad a la presente Constitución tendrán una estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la superficie total entre 5,000 hectáreas, redondeando el resultado hacia el inmediato número entero superior.”

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en este artículo pueden fácilmente derivar en la acaparación de tierra improductiva bajo auspicio de la ley (Valenzuela, 2008:70). Finalmente es preciso mencionar la eliminación del parágrafo ii de lo que ahora es la disposición transitoria sexta, que determinaba un plazo de un año para verificar los derechos propietarios otorgados que han derivado en acaparamiento de tierras (Petropress, 2009). Este “borrón” fue una concesión generosa a las poderosas élites latifundistas que mantienen derechos propietarios obtenidos de manera fraudulenta. Así, la reforma que se pactó con la derecha alteró cláusulas que vuelven intocables los privilegios de los terratenientes e inviolables la gran mayoría de los latifundios. De tal suerte, en seguimiento del nuevo marco legal, sólo quedan por revertir aquellas extensiones de tierra que no cumplan con la fes.Ahora bien, el cumplimiento de la fes sería, supuestamente, el mecanismo por medio del cual se “combatiría” el latifundio, sin embargo, por sí sola esta disposición es insuficiente, en primer lugar porque su efectividad depende de la voluntad política (Valenzuela, 2008:69) y de la capacidad de las instancias responsables de verificarla y hacerla cumplir. ¿El gobierno del mas tiene hoy día esa voluntad y esa capacidad? Por lo demás, la fes resulta limitada en principio en cuanto a la reversión de la inequidad del sistema de distribución de la tierra, pues resulta que la posesión de inmensas extensiones de tierra puede no ser opuesta al interés social si se cumple con los requisitos de antigüedad, productividad, etc., aun cuando esto signifique descomunales ganancias para un sólo individuo, en obvio detrimento de miles de campesinos. El costo del pacto con la oposición se vislumbra enseguida, pues el retroceso en cuanto a la eliminación del latifundio por extensión —cuya preponderancia radicaba precisamente en su efectiva retroactividad— posiciona al gobierno de Morales en igualdad de condiciones jurídicas que los gobiernos anteriores, desde 1953, para intentar trastocar las grandes concentraciones de tierra (Urioste, 2008; Tierra y Territorio en Bolivia, 2008). Y aunque minimizados por el gobierno, para el capítulo Tierra y Territorio de la ncpe, los cambios significaron dar marcha atrás en la pretensión de transformar la estructura de propiedad y distribución de la tierra, y con ello, abandonar la posibilidad de volver legal, la legítima revolución agraria pugnada por los sectores indígenas, campesinos y originarios.

Las intervenciones al proyecto constitucional aprobado por la Asamblea fueron defendidas por el gobierno con argumentos que referían la necesidad de condiciones para la gobernabilidad y la “paz social”, así como “la necesidad de arrebatar la iniciativa política a la oposición que amenazaba con el separatismo”. Desde una perspectiva más amplia puede entenderse que la decisión de modificar el proyecto del texto constitucional obedeció a una evaluación política en que se consideró que el Referéndum constitucional y su aprobación por más de dos tercios, otorgaría al gobierno mayor legitimidad, siendo así altamente probable la reelección de Evo Morales en 2009, lo que permitiría la continuidad del proceso de cambio.Efectivamente la confrontación y la violencia disminuyeron, la derecha se vio fraccionada y la presión por parte de los departamentos de “la media luna” hacia el gobierno se redujo considerablemente. Sin embargo, y aunque se entiende que era muy complicado seguir lidiando con la agresiva oposición de cuatro departamentos, no parece que esta negociación, a todas luces generosa, haya sido una decisión políticamente correcta en el contexto de esta reapertura del horizonte emancipatorio boliviano. La negociación con el bloque conservador se da evidentemente en detrimento de los intereses populares. El pacto del Congreso en octubre de 2008, posterga de manera indefinida la prometida revolución agraria, especialmente en lo que se refiere a la irreversibilidad de los latifundios por extensión. Esta concesión de logros no gratuitos —pues han costado al pueblo boliviano lucha y sangre— es una decisión política pactada con los sectores del poder en Oriente, y el alto precio que el gobierno accede a pagar en pos de la estabilidad. Finalmente, lo que se hace patente con el retroceso en el texto constitucional, es que ni la enorme legitimidad del gobierno de Morales (67% de los votos a favor en el referéndum del 10 de agosto de 2008) puede doblegar a los barones de la tierra, o al menos no del modo como el mas quisiera.Llegando el momento de la implementación del nuevo marco legal, los retos para el nuevo gobierno no son menores. Históricamente se fue consolidando el poderío terrateniente en las Tierras Bajas de Oriente, mientras que en el Altiplano y los Valles se fue conformando un sistema de minifundios, de propiedad precaria y parcelaria.36 Ni el proceso de 36 De las 660,000 unidades agrícolas que existen en Bolivia, 87% están compuestas

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Reforma Agraria iniciado en 1953, ni la implementación de la Ley inra desde 1996 contrarrestaron esta tendencia, por el contrario, la aplicación corrupta y amañada de las normativas logradas —siempre a fuerza de luchas populares— contribuyó a la conformación de esta estructura. En 2006 este panorama agrario es claro y no deja lugar a dudas, predomina un “sistema de producción dual” en el que se dibujan claramente dos tendencias regionales,37 diferenciadas económica, política y culturalmente, por un lado, un Oriente de propietarios privados individuales, generalmente mestizos o blancos, dueños de grandes y medianas extensiones de tierra de uso agrícola o ganadero, dirigidas a los mercados de exportación y mayoritariamente mecanizadas, que emplean mano de obra estacional de campesinos-indígenas migrantes. Por el otro, en las tierras altas de Occidente, predominan propietarios familiares y comunitarios, de identidad étnica indígena, con pequeñas parcelas, escasa mecanización, y orientados a la agricultura de subsistencia (Urioste, 1999).Así, al momento de reiniciar el proceso de saneamiento con la entrada en vigor del nuevo marco legal, lo que se tiene es un panorama agrario altamente polarizado, tanto en términos culturales como económicos, y una estructura de distribución de la tierra de desigualdades abismales,38 por pequeños productores. La gran mayoría de dichas unidades se ubica en regiones de altura, en los Valles y el Altiplano, y ocupan solamente el 14% de las tierras cultivables. Esto nos muestra la fuerte presión demográfica por el uso de la tierra y el consecuente grado de parcelación de la propiedad agraria (Chumacero, 2010:11).37 Es importante señalar que no se está obviando la gran heterogeneidad que existe al interior de las regiones o bloques. Al interior de Santa Cruz, por ejemplo, la inequidad en el acceso a la tierra es enorme, aproximadamente 8,000 familias de indígenas y campesinos (cambas), viven en condiciones de extrema pobreza, con tierra insuficiente, y no cuentan con derechos legales sobre la que ocupan (Chumacero, 2010).38 De un total de aproximadamente 40,000,000 de hectáreas concedidas, el 90% corresponde a 22,000 propietarios, mientras que el 2% de tierras corresponde a más de 500,000 campesinos pobres en el altiplano y valle y 200,000 en el trópico y subtrópico (Paz Rada, 2010). El departamento de Santa Cruz es el claro ejemplo de este sistema de concentración de tierras, 4 personas son dueñas de 803,000 hectáreas de tierras, casi la misma extensión que poseen 743 empresarios con predios de entre 1,000 y 1,500 hectáreas. Estas 4 personas tienen 10 veces

así como una clase terrateniente altamente beligerante, enquistada en los departamentos de la media luna —principalmente en Santa Cruz—, posicionada en unas redes de poder que si bien han perdido su hegemonía en el aparato de Estado, la conservan a nivel regional y la ejercen sin cortapisas a nivel mediático. La resolución del problema agrario representa uno de los mayores retos para el nuevo gobierno de Evo Morales.Ahora bien, al inicio de éste camino, ciertamente existe un nuevo marco jurídico, que establece leyes y dicta procedimientos, sin embargo, los mecanismos no están consolidados, lo anterior aunado a la escasa información pública disponible, hace difícil ponderar los primeros resultados de la “segunda reforma agraria”. El inra y el Viceministerio de Tierras concentran la información existente y los datos que presentan a la población tienden a ser muy generales, en este sentido, sería prematuro hacer un análisis acabado en cuanto a los horizontes de la segunda reforma agraria. No obstante, es factible hacer una revisión somera de los rasgos perceptibles a casi 4 años de la aplicación de la ley de Reconducción Comunitaria.Efectivamente, en los últimos 4 años el proceso de titulación ha sido más rápido y ha dado resultados. Prácticamente la exclusiva dedicación del inra a trabajo en gabinete, es decir, a la revisión y ejecución de procesos pendientes, permitió la titulación de más de 15,000,000 de hectáreas. Empero, a la par de estas cifras positivas, tenemos que en este mismo periodo casi no se han llevado a cabo nuevos procesos de saneamiento (Urioste, 2010). A finales de 2005 la superficie sin sanear era de 53%, 4 años después —para 2009— la superficie sin sanear es casi la misma, 52.1% (Chumacero, 2010).En cuanto a las tco, se demanda la titulación de 31,000,000 de hectáreas —el 48% del total— de las cuales el gobierno de Morales ha titulado 8,000,000 de hectáreas, cifra que supera lo que hicieron los gobiernos anteriores en 10 años. Sin embargo, en los últimos 13 años sólo se ha avanzado un 4% en el saneamiento de la mediana propiedad, y se ha saneado otro 4% —de las cerca de 31,000,000 de hectáreas dotadas en 1953 a la gran propiedad empresarial (Urioste, 2009).

más tierra que 4,190 pequeños propietarios de predios menores a una hectárea (Valenzuela, 2008:16).

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Al momento no se ha aplicado la verificación bianual de la fes en los predios de las empresas grandes y medianas, siendo éste uno de los principales postulados de la nueva Ley de Reconducción Comunitaria. Cuando menos no hay ninguna información pública de los avances de verificación de la fes in situ.En noviembre de 2009 el inra presentó estadísticas que muestran el recorte de propiedades de empresas agropecuarias y madereras equivalentes de 10,700,000 de hectáreas, de las cuales se redistribuyeron 3,900,000 de hectáreas a 57,000 familias de campesinos e indígenas. No obstante, es necesario aclarar —aunque no se precise así en la presentación de esta información oficial— que las cifras mencionadas corresponden a los 13 años de aplicación de la ley inra (1996-2009). Lo que si hay que considerar para el periodo del gobierno de Evo Morales es que de las 3,900,000 de hectáreas redistribuidas a lo largo de los 13 años, 3,400,000 fueron redistribuidas en los últimos 4 años (Chumacero, 2010).Sería prematuro adelantar conclusiones, empero, sí podemos afirmar que el reto más importante no se ha enfrentado, pues el desafío de la segunda reforma agraria era, y sigue siendo, avanzar en el saneamiento de los enormes predios de las grandes empresas y hacer efectiva la verificación de la fes, así como la reversión de la acumulación improductiva de tierras (Urioste, 2010).Después de prácticamente 4 años de iniciada la “revolución agraria”, el latifundio ha sido mínimamente afectado en el Oriente y el Chaco (Urioste, 2010). Hay que ser claros en este sentido, no existe siquiera un acercamiento al postulado principal de la Reforma Agraria, la eliminación del latifundio sigue siendo una promesa incumplida.

Consideraciones finales

Con el cierre del ciclo de rebelión en 2005, concluye también la etapa más intensa de un periodo de transición política que será aún más amplio. El inicio del gobierno de Evo Morales implicó una nueva dinámica en el proceso de cambio. La centralidad política del Estado a partir del triunfo electoral, implica una nueva configuración del escenario político y el cierre del ciclo más auto-determinativo de la lucha popular.La reconfiguración está ahora en marcha. No obstante, en esta nueva

dinámica de predominancia de los tiempos estatales, no se percibe una correspondencia entre los ritmos y los contenidos del “proceso de cambio” y la contundencia de los ritmos y contenidos del ciclo rebelde anterior. Esto se muestra claramente en los ámbitos en los que se esperaba el inicio de un proceso de transformación profunda. La “revolución agraria” anunciada y prometida por el gobierno de Evo Morales es hasta el momento una empresa trunca. Se ha hecho menos de lo que se podía esperar. El problema de la tierra en Bolivia continúa siendo herida abierta.Y aunque la propaganda electoral del gobierno ha proclamado “reforma agraria: misión cumplida” (Urioste, 2009:55), la estructura de la propiedad de la tierra no ha sido modificada. Para el gobierno de Evo Morales asumir el cumplimiento de la deuda histórica con los indígenas y campesinos despojados, significaba asumir la oposición política frontal con los “barones de Oriente”, pues ello necesariamente conlleva la afectación radical de sus intereses. La concentración de la tierra en Oriente forma parte nodal de la estructura de desigualdad y dominación en Bolivia. “En todas parte del mundo, a una estructura latifundiaria de la propiedad de la tierra le corresponde una estructura de poder político y económico concentrado en pocas manos” (Urioste, 2008a). La verdadera transformación habría de pasar entonces por la verdadera redistribución de la tierra, y esta a su vez, por la afectación contundente y decidida de los intereses de quienes siguen detentando —ahora bajo el auspicio del gobierno masista— el poder económico y potencialmente político en Oriente. Sin esta contundencia y esta decisión, la deuda histórica seguirá vigente, ahora de manera más plausible y aberrante, puesto que esta vez la deuda es legítimamente imputable a un gobierno que se ha erigido, con el impulso de las fuerzas populares, como un gobierno de los movimientos sociales, como un gobierno indígena y revolucionario. Emprender una verdadera reforma agraria es una decisión política. En este caso, se puede suponer que la decisión de no defender la integridad de la reforma agraria en la nueva constitución, obedeció a una evaluación de la correlación de fuerzas entre Oriente y Occidente —entre la oligarquía de la región oriental y el gobierno con su amplia base social en la región andina— que se consideró beneficiaba a la oposición conservadora. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, y aun evaluando la peligrosidad de

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esta oposición sediciosa de la derecha, consideramos que la concesiones fueron generosas, y que pueden resultar demasiado costosas para el proceso de cambio a mediano y largo plazo. El gobierno de Evo Morales se ratificó en el poder con un 67% de votos en agosto de 2008, contaba y cuenta aún con legitimidad necesaria para asumir un profunda reforma agraria. Si este poder y esta legitimidad no fueron suficientes para transformar la estructura de la distribución de la tierra en Bolivia, entonces ¿qué o quién sí conseguiría poner fin a los privilegios de la oligarquía terrateniente? La estructura de la propiedad de la tierra en Bolivia forma parte esencial de una estructura de dominación, que no es sólo política sino también económica. No es posible transformar ese sistema de dominación sin desquebrajar la estructura abismalmente desigual de la propiedad de la tierra y de disfrute de los recursos. Evidentemente los “barones de Oriente” buscarán a toda costa mantener las condiciones que les permitan perpetuar “el modelo concentrador, depredador y especulador del latifundio” (Urioste, 2007:11); siendo la renta de la tierra la fuente y el fundamento de su poder, los terratenientes y ganaderos harán todo lo que esté a su alcance para evitar que ésta les sea arrebatada. Por tanto, si lo que se pretende es una verdadera transformación, no será posible evitar la tensión, el conflicto, e incluso la violencia.En Bolivia existen 8,000,000 de hectáreas de potencial uso agropecuario, de las cuales sólo se utilizan para la agricultura 2,200,000 de hectáreas, de estos 2,200,000, en los últimos años sólo han sido cultivadas 1,400,000 de hectáreas por año. Por lo tanto, existen 6 millones de hectáreas que no se aprovechan y que no cumplen la fes. Estas se ubican principalmente en Oriente y la amazonía, tienen dueños con nombres y apellidos. Son estas tierras acaparadas las que deberían recuperarse y redistribuirse (Chumacero, 2010:11).Lo acotado del marco legal ahora vigente y las dudas sobre la capacidad del Estado para verificar y hacer cumplir la fes, menguan las esperanzas sobre la transformación real del sistema agrario en los próximos años del gobierno de Morales.Desde una visión más panorámica hay que señalar que no es posible aislar el “escenario agrario” de un mapeo de la situación actual en cuanto a los avances o retrocesos del proceso de cambio, que en los últimos tiempos hacen notorio un estancamiento en otros aspectos fundamentales,

lo que repercute en un descontento creciente.39 ¿Cómo podemos interpretar el estancamiento de ésta segunda reforma agraria?, ¿será que la “incorporación” al juego estatal está conduciendo inexorablemente al acartonamiento del impulso transformador del ciclo rebelde? No podemos evadir las señales de alarma que ya se observan en Bolivia a 5 años del ascenso del mas: la estructura económica del poder se halla intacta; el mas concentra cada vez más energías en ganar espacios en el juego partidario; los avances en las demandas populares fundamentales de la agenda de octubre —asamblea constituyente, nacionalización del los hidrocarburos, reforma agraria— han sido mediatizados; los tiempos del cambio ceden cada vez más espacio a los tiempos electorales, la arena estatal-electoral se extiende y pretende opacar la vivacidad del campo político subalterno.Sin embargo, no se puede perder esperanzas de que la Revolución Agraria de Evo Morales trascienda el eslogan de una campaña política cualquiera, ya que no estamos ante un “proceso de cambio” electoral, estamos ante uno de raíces muy profundas cuyos protagonistas principales —aunque no en apariencia— siguen siendo los indígenas, los campesinos, los marginados de siempre, que esta vez otorgaron poder en préstamo a uno de los suyos, pero que exigirán la devolución del báculo si éste no está dispuesto a honrarlo, mandando mientras obedece a su pueblo.

39 Esto se mostró nítidamente en los resultados electorales de abril de 2009, que si bien fueron publicitados por el gobierno masista como un triunfo, en realidad reflejan un descontento ciudadano activo. Así como en el gasolinazo, en diciembre de 2010.

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Katarismo-indianismo desde el Qollasuyu.Historia, tesis y luchas sociales de hoy

Pablo Mamani RamírezGustavo Roberto Cruz

¿Por qué hablar nuevamente del indianismo y del katarismo? Esta es una pregunta central para entender el acontecer actual en Bolivia/Qullasuyu. Pregunta que tiene sentido porque hacemos referencia a dos corrientes históricas, políticas, ideológicas y de pensamiento creadas por los propios aymaras y quechuas del Qullasuyu (actual Bolivia). Aquí queremos plantear como idea central que las actuales luchas sociales y la nueva Constitución Política del Estado es impensable sin la tenaz y vigorosa lucha del indianismo y katarismo de los años 60, 70 y 80, en tanto éstas son corrientes ideológicas y políticas diferentes a las corrientes del nacionalismo revolucionario (n-r), el liberalismo, el socialismo-comunismo, etcétera. El katarismo e indianismo hunden sus raíces en esas décadas del siglo xx pero están sustentadas en las luchas sociales del siglo xviii. Ambos nacieron en torno a diferentes personalidades y organizaciones sociales, que confluyeron en el proyecto histórico de liberación de la dominación-explotación colonial-republicana, que aún la mayoría india sufre en Bolivia. Así su raíz histórica viene de una larga duración. Ahora bien, ¿cuál es la historia y las tesis centrales del katarismo-indianismo? ¿Cuáles son sus corrientes y desarrollos actuales? ¿En qué se diferencia el katarismo e indianismo de la derecha blanca-mestiza de Bolivia? ¿Cuál es la relación que tiene el katarismo-indianismo con la izquierda boliviana? ¿Por qué el katarismo e indianismo, que aportó y aporta cuestiones fundamentales a la superación de la dominación, no tiene un lugar fundamental en el actual gobierno del Movimiento Al Socialismo (mas)? ¿Cómo entender la crítica katarista e indianista al gobierno del mas? ¿De dónde proviene originariamente la fuerte crítica contra la dominación criolla-mestiza que plantea Evo Morales y los movimientos indígenas originarios? El texto aquí presentado permite responder algunas de esas preguntas y ayuda a buscar respuestas para otras. Por razones metodológicas y expositivas trataremos primero del indianismo, luego del katarismo, y de

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katarismo-indianismo desde el qollasuyu

la confluencia de ambas corrientes y las nuevas críticas surgidas dentro del contexto de las actuales luchas sociales y del estado plurinacional. Se trata de una breve presentación del movimiento katarista e indianista.

I. La lucha social a partir del indianismo

a) Contexto de surgimiento del indianismo

No se entiende el surgimiento del indianismo, ni del katarismo, fuera de la historia de opresión y explotación que sufre el indio en Bolivia. En ella, y a modo de resumen, podemos considerar a la Revolución Nacionalista de 1952 como un parte aguas de la abigarrada historia del país andino-amazónico. A partir de esa fecha, se pueden distinguir tres grandes momentos: la democracia nacionalista revolucionaria (1952-1964), las dictaduras militares (1964-1982) y la democracia neoliberal (1982/85-2005). Desde 2006 se inicia una “nueva época” (dicho proceso está en marcha y es difícil evaluar a fondo si efectivamente se trata de una nueva etapa histórica) con el gobierno del mas, liderado por el aymara Evo Morales Aima.El indianismo nace como organización social y política aproximadamente una década después de la Revolución del 52 y de la creación de la Central Obrera Boliviana (cob), la principal organización sindical obrera, que tuvo tal importancia que llegó a co-gobernar junto al Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr) durante todo el periodo de la “democracia nacionalista-revolucionaria”. Luego de tres gobiernos sucesivos del mnr1 el sueño de algunos, como Fausto Reinaga (1953), de que la revolución nacionalista fuera también y sobre todo una revolución india estaba ya diluido. La Revolución Nacionalista fue liderada por una “clase media” emergente que se propuso crear nación desde sus intereses y criterios, en función de viabilizar el “capitalismo de Estado”. Para ello impulsó una homogeneización que pretendió llevar a cabo por medio del mestizaje. La ideología del mestizaje implantada desde el Estado encubrió el racismo anti-indio, no lo superó. El mnr “campesinizó” al indio, es decir,

1 Sus presidentes fueron: Víctor Paz Estenssoro de 1952 a 1956, Hernán Siles Zuazo de 1956 a 1960 y Víctor Paz Estensoro de 1960 a 1964.

bajo la identidad “campesina” pretendió negar el “ser aymara-quechua”: quiso bolivianizar negando la condición india. Se trató del “mito de la pertenencia de Bolivia al mundo occidental” (Rivera, 2003b). Esto supuso una nueva negación de lo aymara y quechua. La frustración ante la revolución, que había cambiado para no cambiar profundamente la vida social y económica, sobre todo de los aymaras de las aéreas rurales y urbanas, explica la politización indianista, pues condujo a los primeros indianistas a pensar en una alternativa fuera del mnr y fuera del espectro de partidos de izquierda por entonces existentes.2

En el sector obrero (formado por mineros y fabriles) se produjo la transformación de campesinos e hijos de campesinos indios en “clase obrera”, que para muchos significó “des-indianizarse”. Esto se expresó en la cob, bajo la influencia del nacionalismo revolucionario y de corrientes marxistas, sobre todo de la trotskista organizada en el Partido Obrero Revolucionario (por). En el sector campesino, no representado en la cob, se produjo una creciente movilización sindical y política que derivó en la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb) en 1979, que fue adquiriendo un protagonismo central en la política boliviana, sobre todo desde la etapa de la “democracia neoliberal” hasta hoy.3 Eso muestra que la mayoría campesina originaria no fue pasiva ante el clásico racismo de las derechas oligárquicas ni ante la visión vanguardista obrera, que consideraba al indio-campesino como la “retaguardia” de la revolución. Recién nacidas las primeras organizaciones indianistas se inició la etapa de los golpes militares que se impusieron desde 1964. Los militares gobernaron a lo largo de 18 años, pero no lo hicieron linealmente, pues las contradicciones y pugnas ideológicas produjeron por lo menos catorce presidencias militares distintas, a lo que se añaden breves e inestables gobiernos constitucionales (1966-1969 y 1979-1980). 2 Los partidos de izquierda más representativos entre las décadas 1930 y 1950 fueron: el Partido Obrero Revolucionario (por) fundado en 1935 de orientación trotskista, el Partido de Izquierda Revolucionaria (pir) fundado en 1940 de orientación pro-soviética y el Partido Comunista Boliviano (pcb) fundado en 1950.3 El katarismo es fundamental en la historia de la csutcb. El katarista Genaro Flores fue su primer Secretario Ejecutivo (Ver S. Rivera Cusicanqui, 2003a). Volveremos a él más adelante.

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El movimiento sindical obrero organizado en la cob se convirtió en una de las principales organizaciones anti-dictatorial, mientras que el indianismo y el katarismo se fueron consolidando como una alternativa representativa de los intereses de la mayoría india, en particular quechua y aymara.

b) Los iniciadores del indianismo

La mayoría de los indianistas fundadores fueron hijos de campesinos establecidos en las ciudades importantes del occidente de Bolivia, como La Paz, Sucre y Oruro, por razones de estudio o trabajo. En ese sentido, lo que afirma Rivera Cusicanqui sobre los primeros kataristas es extendible a los indianistas: “expresaba[n] el sentimiento de exclusión de los migrantes indígenas en las ciudades, que enfrentan una sociedad pigmentocrática, un mercado laboral colonialmente segmentado y múltiples exclusiones e inequidades” (Rivera, 2003a: 42). Consideramos que el origen campesino del indianismo es de fundamental importancia para entenderlo, pues los indianistas conocen desde las entrañas indias, desde el ayllu, la lengua (sobre todo quechua y aymara), el pensamiento, la historia y las demandas indias. Son estos migrantes los que en la ciudad realizaron una toma de conciencia pro-india, proceso contrario a quienes en las ciudades se “mestizaron” renunciando a su origen campesino e indio. La siguiente afirmación emitida por un indianista en los años cincuenta se puede hacer extensiva hasta hoy:

Aquí [en Bolivia], se piensa, se sueña, se ama, se hace en las grandes lenguas de la raza madre. Las ideas, las emociones, la volición en su raíz primigenia, en su profunda esencia se manifiestan siempre en aymara y quechua. Los bolivianos pensamos y sentimos en quechua y aymara, y usamos el castellano como un mero instrumento de traducción. ¿Probanzas? Me remito a un examen de conciencia de las gentes que piensan y escriben” (Reinaga, 1953: 15).

A pesar de la frustración que generó la Revolución del 52 hay que reconocer que creó algunas nuevas condiciones sociales, entre ellas el acceso a la educación superior de aymaras y quechuas. Esto dio origen a una naciente “elite” intelectual, sobre todo aymara. El indianismo en gran medida fue posible por el acceso a los estudios universitarios de

varios hombres (y quizá mujeres) aymaras y quechuas. Cabe destacar que la experiencia de los indios en las estructuras “coloniales del saber”, como fueron las Universidades, para muchos quizá significó la renuncia de su origen e historia india, pero para los jóvenes indianistas significó una revisión de los contenidos ideológicos y teóricos cargados de fuertes deformaciones eurocéntricas. En ese sentido, el indianismo existe por obra de intelectuales indios, sobre todo intelectuales aymaras. Por eso, el término Amauta expresa mejor la tarea y lugar de aquellos iniciadores del indianismo, que occidentalmente llamamos “intelectuales”.Otro ámbito no menos importante para explicar el origen del indianismo es el sindicalismo campesino, los movimientos socio-culturales y universitarios y las organizaciones políticas. Varios indianistas se iniciaron políticamente dentro de algunas de las corrientes ideológicas influyentes en la primera mitad del siglo xx boliviano: el socialismo y el marxismo (en su orientación leninista y trotskista) y el nacionalismo revolucionario. Considerar esto es de gran importancia, pues muchos de los problemas y rupturas de los indianistas serán con esas corrientes políticas e ideológicas, algunas de origen europeo, adoptadas y adaptadas a Bolivia principalmente por “blanco-mestizos”. Cabe subrayar que las críticas indianistas a la derecha y a la izquierda deben ser situadas en el contexto boliviano para no generar malas interpretaciones.Los fundadores. La historia india no se explica desde individuos o cuadillos/líderes solitarios, sino desde sujetos-comunales. A partir de ahí se puede entender la singularidad de algunos sujetos. Desde el origen no hubo una única organización indianista, por ello es muy arriesgado hablar de un fundador o una organización fundadora. De acuerdo a las fuentes con las que contamos, aquí mencionaremos sólo a dos grupos indianistas, para luego concentrarnos en uno.4 Se trata del Partido Autóctono Nacional (pan) creado en 1960 siendo Constantino Lima (1933) uno de sus dirigentes más importantes, y del Partido Indio Aymara y Keswas (piak) fundado en 1962, siendo Fausto Reinaga (1906-1994) su representante más conocido e influyente. Si bien existió alguna relación entre Lima y Reinaga, al parecer pronto hubo diferencias importantes que los condujo por caminos paralelos.5

4 Nos guiamos por la obra de Diego Pacheco (1992). Allí se brindan valiosos datos de los documentos fundacionales.5 En 1970, “Luciano Tapia, Nicolás Calle y F. Gonzáles organizados en la Federación

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El aymara Constantino Lima Chávez fundó el pan junto con otros compañeros indios como Raymundo Tambo, Juan Rosendo Condori, Macario Angles, Ángel Limachi, Gabino Apaza, Felipe Flores, entre otros, (ver Pacheco, 1992: 35. Se basa en la Autobiografía de Constantino Lima). Un partido que no tuvo larga vida, pero fue el embrión de la organización que surgiría en 1978 con el nombre de Movimiento Indio Tupaj Katari (mitka), considerado por algunos como “el movimiento político indianista de mayor repercusión contemporánea hasta la década de los años ochenta” (Portugal citado por Pacheco, 1992: 57). El movimiento de Constantino Lima empezó a usar la Wiphala, pues la diseñó con base en un documento histórico proveniente del Perú e inició su uso público en 1975 como símbolo de la lucha india en Bolivia. Aquí no debemos olvidar a Germán Choquehuanca, conocido como Inka Waskar Chukiwanka, quién realizó estudios históricos para sustentar el uso de la Wiphala (ver Chukiwanka, 1992 y 2003). Como se verá más adelante, Lima sigue siendo hasta hoy un protagonista y referente fundamental del indianismo y del katarismo. Aquí ya no podemos seguir separando taxativamente indianismo de katarismo, pues Lima también será un katarista. Los otros co-fundadores del indianismo fueron quienes crearon el Partido de Indios Aymara y Keswas (piak) el 15 de noviembre de 1962 en Tiwanaku. En su fundación participaron Fausto Reinaga y Raymundo Tambo. Desde 1966 el piak se convirtió en el Partido Indio de Bolivia (pib). Reinaga fue nombrado jefe del mismo y los secretarios del partido fueron: Raymundo Tambo (secretario general), Rosendo Condori (secretario relaciones), Claudio Payi (de prensa y propaganda), Manuel A. Suca (de organización), Armando Choque (hacienda), Tania Cruz (vinculación femenina) y Walter Torres (de actas).6 El piak de Colonizadores de Alto Beni deciden adoptar a Fausto Reinaga como ideólogo de un partido indio que crearían. Pero, según P. Portugal, Reinaga quiso convencer a Luciano Tapia de que renunciara al proyecto de un nuevo partido indio y que se sumara a su proyecto. Allí se produce el primer distanciamiento” (Pacheco, 1992: 55-57). Un estudio sobre Luciano Tapia es el de Josefa Salmón (2008).6 El primero de enero de 1963 se lanzó el primer documento público del piak: “El partido de indios aymaras y keswas al pueblo de Bolivia”, firmado por el Comité Central: Rosendo Condori y Tania Cruz. (Reinaga, 2001: 483). Los indios del partido desfilaron en Achacachi a los 10 años de la Reforma Agraria. Entregaron un Manifiesto a Paz Estenssoro quien, al leerlo, rechazó firmar el Decreto Supremo

y luego el pib son considerados por algunos como organizaciones del “indianismo reinaguista” (Pacheco, 1992: 34), debido a que Fausto Reinaga será uno de sus principales ideólogos.

c) Tesis del Partido Indio de Bolivia (1969)

Debido a que en el punto ii de este artículo se retomarán las tesis del indianismo del mitka liderado por Constantino Lima y Luciano Tapia, en éste apartado nos remitiremos a las tesis del indianismo que tuvieron en Fausto Reinaga a uno de sus principales pensadores e ideólogos.7 Desde la fundación del piak, la organización indianista realizó acciones políticas que fueron perfilando su horizonte ideológico. La transformación del piak en el Partido Indio de Bolivia (pib), en 1966, expresa ese proceso que llegó a un hito con el lanzamiento del Manifiesto del Partido Indio de Bolivia (mpib) firmado por Rupaj Katari, seudónimo de Fausto Reinaga, en Tiwanaku el 29 de agosto de 1969.8 En el Manifiesto se condensan muchas de las tesis fundamentales del indianismo. Para ser justos con su complejo contenido, que abarca unas 100 páginas aproximadamente, y a la vez breves en la exposición, brindaremos una noción general del mismo para luego exponer sus tesis centrales.de creación de la Universidad India o “Universidad Técnica Agraria” (ver Reinaga, 2001: 485). En 1964 se publicó el Decálogo del piak en la obra de F. Reinaga, El indio y el cholaje boliviano. En 1965 se lanzó el Manifiesto “A los indios de Bolivia” a los doce años de la Reforma Agraria, firmado por Raymundo Tambo y Rosendo Condori (ver Reinaga, 2001: 484).7 En ese sentido, junto con el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia se encuentra la obra indianista más importante de Fausto Reinaga, La Revolución India (1970). También se debe considerar Tesis India (1971), que fue elaborada por Reinaga y otros indianistas por invitación de los dirigentes de la Federación Departamental Campesina de La Paz para el Congreso de Pazña realizado el 14 de enero de 1971. La obra escrita de Reinaga es amplia y rica, consta de 24 libros publicados: el primero fue Mitayos y Yanaconas (1940) y el último El pensamiento indio (1991). No es este el lugar para analizarlas (ver Cruz, 2009).8 Existen tres ediciones del Manifiesto: la primera data de 1969, la segunda está incluida en la segunda edición de La Revolución India (2001 [1970]: 379-447) de Fausto Reinaga y la tercera edición es de 2007. Trabajaremos con la segunda edición. No existen diferencias entre la segunda y la tercera. No pudimos acceder a la primera edición.

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Estructura del Manifiesto: Se organiza en seis partes, en las cuales podemos distinguir dos grandes bloques temáticos: el histórico (tiene capítulos: “Preamérica”,9 “Epopeya India”10 y “Reforma Agraria”), donde se presenta una sucinta historia del Qollasuyu-Bolivia desde la perspectiva indianista, y el político (incluye tres capítulos “Es nuestra Patria”, “Poder o muerte” y “Revolución India”), donde se expresan las tesis políticas centrales del pib y se realiza la propuesta programática de la Revolución India. En el Manifiesto se halla un análisis central: culminados los gobiernos del mnr (de 1952 a 1964) quedó un “caos ideológico”, “confusionismo ideológico”, sobre todo impulsado por el propio mnr. En esa confusión el Manifiesto distingue ideologías de diverso tipo (“nazi-imperialista yanqui, nacionalismo burgués del brazo del nacionalismo proletario, aprismo en connubio con el comunismo”) pero advierte que ninguna fue creada por los indios ni expresa los intereses indios: “todo había en este caos ideológico, todo, menos el indianismo revolucionario. En tal desborde de apetitos no había una idea que interpretase la realidad india” (Reinaga, 2001 [1969]: 423). El Manifiesto brinda esa interpretación histórico-política de la realidad india en Bolivia. Es de fundamental importancia comprender que para el Manifiesto indianista todas las ideologías políticas en Bolivia, que no provienen del mundo indio y contengan sus intereses indios expresan, en última instancia, al mundo Occidental, al cual desean pertenecer la clase media blanca-mestiza, también llamada el “cholaje” boliviano. Por ello:

El Manifiesto del Partido Indio de Bolivia (pib), no tiene por qué sujetarse a un modelo, regla o lógica formal e intelectual de los partidos políticos del cholaje blanco-mestizo de Bolivia y de Indoamérica. No es un Manifiesto de una clase social. Es un Manifiesto de una raza, de un pueblo, de una Nación; de una cultura oprimida y silenciada. No se puede establecer parangón ni con el Manifiesto Comunista de Marx”…“En tanto que el Manifiesto del pib, plantea la Revolución India contra la “civilización” occidental” (Reinaga, 2001 [1969]: 382).

9 Consta de cinco puntos: a) imperio de los Inkas, b) el hombre del Tawantinsuyu, c) la hazaña de Pizarro, d) ¿por qué nos llamaron indios? y e) ¿cómo eran los españoles que nos conquistaron?10 Consta de tres puntos: a) la epopeya india desde Atawallpa a Tupaj Amaru, b) el indio en la guerra de la independencia y c) el indio en la república.

Uno de los conflictos centrales está dado entre el mundo indio, que es milenario, frente al mundo occidental en su versión subdesarrollada y colonial, que se expresa en los proyectos nacionalistas, liberales y comunistas. Por el contrario, el indianismo se propone como la ideología histórico-política y la filosofía del indio. El manifiesto parte de una convicción: “el indio para ser sujeto de la historia tiene que saber, por sobre todo, su historia. Porque en América gracias a la revelación de esta historia se desatará una fuerza desconocida…” (Reinaga, 2001 [1969]: 383).

Las tesis históricas

El Tawantinsuyo-Kollasuyu es la civilización india. Se interpreta la historia india a partir del “socialismo indio” como horizonte histórico, pero que tiene sus raíces en el Tawantinsuyo-Kollasuyu. Hubo una época civilizatoria feliz para el indio, previa a América: “El pueblo de los Inkas era tan grande, tan civilizado, tan humano, tan digno y de tan luminosa conciencia y razón, que no había en su tiempo otro igual sobre la faz de la tierra” (Reinaga, 2001 [1969]: 394).1. La barbarie occidental. Desde la Conquista, pasando por la República, hasta la Revolución del 52 existe una línea de continuidad: la barbarie occidental, blanca-mestiza, que se pretende así misma como “civilización”, no ha hecho más que eliminar o dominar al indio. El Occidente (a cuyos hombres llama “fieras rubias”) y el “cipayaje blanco-mestizo” han exterminado al indio en Indoamérica.11 El extermino del indio es obrado por “el humanismo de la cultura occidental; he ahí el amor de Cristo para los indios” (Reinaga, 2001 [1969]: 388). En última instancia, se hace una crítica radical a la matriz occidental anti-india: “el sistema ideológico del Occidente es una maquinaria férrea, que implacable se apodera del cerebro del indio, como la araña de la mosca. Y hace de la persona del indio no un indio, sino un blanco-mestizo” (Reinaga, 2001 [1969]: 431. Negrillas de los autores). 2. La histórica Revolución india. Desde la conquista, el indio ha rechazado a la dominación y nunca se ha dado por vencido. A partir del asesinato del Inka Atawallpa, en 1533, el pueblo indio no ha hecho más que rebelarse contra la Colonia gobernada por españoles y criollos, y contra 11 Lo muestra con datos referidos a Chile, Perú, Brasil y Argentina.

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la República boliviana en mano de criollos y blancos-mestizos. En la época de la Colonia la primera gran Revolución india se dio entre 1780 y 1781 con Tomás Katari, Tupaj Katari-Bartolina Sisa y Tupaj Amaru-Micaela Bastidas. En la época republicana el gran levantamiento indio fue en 1899, liderado por Pablo Zárate Willka y Juan Lero, quien llegó a crear una “República india”. 12

3. La historia de criollos y mestizos no es posible sin los indios. Todos los logros políticos obtenidos por los criollos y mestizos fueron posibles porque los indios los apoyaron por razones estratégicas. Pero el indio nunca creyó que los blancos-mestizos ayudarían a su liberación verdadera. La experiencia histórica enseña que el “indio lucha solo”. Por ejemplo, en las luchas de la Independencia en el siglo xix, cuando lo juzgó conveniente el indio estuvo con los “patriotas” o con los “realistas”. Pero “cuando puede, lucha contra ambos” (Reinaga, 2001 [1969]: 404). Ambos, patriotas y realistas, temieron al proyecto indio de “la reconstrucción del Kollasuyu: la Patria ancestral del indio” (Reinaga, 2001 [1969]: 404).4. La Revolución Nacional de 1952 no fue una revolución india. Sin embargo, a partir de ella “el indio hace su entrada triunfal en el campo político de Bolivia” (Reinaga, 2001 [1969]: 385). El mnr no expresa los intereses del pueblo indio. Así, la Reforma Agraria de 1953 fue una “conquista india” liderada por “indios mineros”, pero su aplicación, llevada a cabo por el mnr, fue un fraude pues no liberó al indio. La clave es que “la Reforma agraria ha convertido el latifundio en minifundio; la “sayaña serval del pongo”13 en propiedad privada; al indio —ancestralmente socialista— le ha hecho individualista. Ha llevado a la sociedad del indio, que es una comunidad milenaria, a la lucha de clases; lucha de ricos y pobres. Para el indio socialista la “lucha de clases”, no sólo que es una regresión a la barbarie, sino es su destrucción. El imperialismo y el cholaje blanco-mestizo con la Reforma agraria se han propuesto destruir a la raza india” (Reinaga, 2001 [1969]: 427).

12 Cabe mencionar que el Manifiesto resume, casi cronológicamente, una gran cantidad de levantamientos indios que aquí no exponemos por razones de espacio.13 “Sayaña” es la posesión de un pedazo de tierra que una familia tiene dentro del ayllu. En ese sentido, lo irónico es que por la Reforma Agraria el mismo ayllu se convirtió en el lugar de los siervos y los señores.

5. El indianismo expresa los intereses indios. En los cincuenta se produjo “la atomización de los partidos políticos del cholaje blanco-mestizo de derecha e izquierda”. Las dos tendencias que se constituyeron, el “nacionalismo” y “comunismo”, se enfrentaron a la creciente “insurgencia india”. A fines de los sesenta la política blanca-mestiza vivió la disputa entre el “frente nacionalista” y el “frente comunista”.14 Ninguno representó al indio, por ello se constituyó un tercer frente: el “frente indio o indianista”, cuyo modelo es la “entraña de la tierra y el pueblo milenario del Tawantinsuyu” (Reinaga, 2001 [1969]: 386). Con su Partido Indio de Bolivia “el indio se enfrenta al cholaje blanco-mestizo nacionalista y comunista” (Reinaga, 2001 [1969]: 386). El Indianismo es “la síntesis que emerge de la conjunción dialéctica de la tesis [nacionalismo] y la antítesis [comunismo]… es el instrumento ideológico y político de la Revolución del Tercer Mundo. ¡El indianismo es espíritu y puño ejecutor de la Revolución India!” (Reinaga, 2001 [1969]: 387).6. La Revolución india es el imperativo histórico. Por último, ante el fracaso de la Revolución nacionalista el imperativo histórico es realizar otra revolución: la Revolución india. La revolución es entendida como toma del Poder, como Poder indio: “En el Tawantinsuyu del siglo xx, la Wiphala inka ha comenzado a tremolar… Cuatro millones de indios se han puesto de pie para disputar el Poder al “manojito” blanco occidental que ha fracasado en la organización y conducción de la República” (Reinaga, 2001 [1969]: 384-385).

Las tesis políticas

1. Como indios nos dominaron, como indios nos liberaremos. Por la ignorancia de Cristóbal Colón, quien creyó llegar a la India, los habitantes del “Nuevo Mundo” “fuimos bautizados con el nombre genérico de Indios” (Reinaga, 2001 [1969]: 399). Pero “la obra de

14 El “frente nacionalista” está representado sobre todo por el mnr y sus derivados y los partidos nacidos del Gral. Barrientos: psd, pdc, fsb, pir. El modelo histórico del nacionalismo es Estados Unidos, por ello el Manifiesto llama a los nacionalistas el “cipayaje blanco-mestizo”. El “frente comunista” está compuesto por el Partido Comunista Boliviano, Partido Comunista maoísta y el Partido Comunista castrista. Sus modelos respectivos son Rusia, China o Cuba.

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la ignorancia tendrá vigencia hasta el día en que triunfe nuestra Revolución, y alumbre el Sol de la Libertad para el indio; entonces, sólo entonces podremos y tendremos que dejar y para siempre nuestro infamado nombre de indios; sólo entonces volveremos orgullosamente a nuestro genuino, auténtico y propio nombre de inkas: hombre inkas” (Reinaga, 2001 [1969]: 399). Los indios “no somos campesinos que integran la sociedad del cholaje blanco-mestizo” (Reinaga, 2001: 391). “Somos indios; hijos de Pachakútej, Tupaj Amaru, Tomás Katari, Tupaj Katari, Pablo Atusparia, Zárate Willka. Somos de tal trigo tal pan. Y nuestra Revolución es una Revolución india!” (Reinaga, 2001 [1969]: 391).2. El Partido Indio de Bolivia (pib) es “el indio organizado en un partido político. Es la expresión de los intereses propios y genuinos de la raza cósmica; es la voz libertaria del Kollasuyu y del Tawantinsuyu del siglo xx” (Reinaga, 2001 [1969]: 383). Es el “imperativo histórico” de cuatro millones de indios de Bolivia y de treinta millones de indios en Indoamérica. El pib no busca participar en una “revolución” del “cholaje blanco-mestizo boliviano”, sino construir su propia revolución.3. Dos Bolivias. Es una de las tesis centrales del indianismo: “en Bolivia hay dos Bolivias: la Bolivia del cholaje y la Bolivia del indio. En Bolivia hay dos sociedades: la del cholo blanco y la del indio. El indio es un pueblo. El indio es una raza y una cultura. El indio es una Nación. Y con relación al ‘puñadito de blancos-mestizos’, con relación a ese 5 % de la población de la República, con relación a esa minimísima minoría étnica, minoría lingüística, minoría religiosa, minoría cultural, el indio constituye el 95% de la población del país” (Reinaga, 2001 [1969]: 433). La Bolivia blanca-mestiza está oprimida por Estados Unidos, es una colonia suya, y a su vez oprime al indio. Por ello, se trata de liberar a la Bolivia india, pero también a la chola. La Bolivia del cholaje blanco-mestizo no puede por sí sola librarse de las “garras del imperialismo yanqui”. El enemigo es doble: el imperialismo yanqui, como ayer fue el imperialismo español, y la Bolivia blanca-mestiza que oprime al indio.4. El Kollasuyu es del indio. El Kollasuyu es Bolivia y Bolivia es el Kollasuyu, y éste es del indio. Por ello se desconoce toda legitimidad del gobierno de España en la Colonia y de la República boliviana, desde la Constitución de Bolívar (1826) y las Constituciones políticas que le siguieron. Dice el Manifiesto que nada tienen que hacer el Papa en

el Tawantinsuyu, ni Bolívar en el Kollasuyu. Bolivia es del indio: “si el indio es el hacedor del pan cotidiano de Bolivia …, si el indio es la tierra hecha vida; y si la Patria es la tierra; ¿por qué el indio no ha de gobernar a su Patria?” (Reinaga, 2001 [1969]: 434). Por tanto “esta tierra es nuestra tierra. Y como en esencia la Patria es tierra, esta Patria es nuestra Patria. Por eso, igual que ayer contra España, hoy luchamos contra el imperialismo yanqui. Luchamos por la liberación de Bolivia” (Reinaga, 2001 [1969]: 433).5. Sociedad india. El indio ha vivido y vive en “una sociedad socialista. Su moral inka es ley universal. El ama súa [no seas ladrón], ama llulla [no seas mentiroso], ama khella [no seas flojo], es mandato cósmico al mismo tiempo que imperativo de la naturaleza” (Reinaga, 2001 [1969]: 440). En la sociedad india se vive la solidaridad, no hay corrupción. El “cholaje blanco-mestizo” es culpable de contagiar al indio la corrupción “física y moral del Occidente” y lo hace cuando integra, o pretende integrarlo, a la sociedad “civilizada”.6. Tercermundismo no-occidental: El Occidente racista se acaba. “Ni el Partenón, ni la Diosa Razón, ni la Dictadura Proletaria lograron la plenitud del hombre. Por tanto, los negros del África, los amarillos de Asia y los indios de América se levantaron contra Occidente y proclamaron la “Revolución del Tercer Mundo” (Reinaga, 2001 [1969]: 384). El indio busca conquistar el Poder para edificar una “nueva sociedad”, y más: “una nueva “naturaleza humana, un Nuevo Hombre, mejor que el que ha hecho Occidente” (Reinaga, 2001 [1969]: 2001: 387). Convoca a todos los “perseguidos por causa del color de la piel” del mundo a venir al milenario Kollasuyu: “Aquí haremos un bastión inexpugnable de la Revolución del Tercer Mundo” (Reinaga, 2001 [1969]).7. El indio y la clase obrera: los trabajadores de las minas y fábricas “son indios; indios desde la Colonia hasta nuestros días. Los intereses de los trabajadores mineros y de los agricultores son idénticos. En la mina y en el agro el indio es una raza explotada y esclavizada” (Reinaga, 2001 [1969]: 419). La clase obrera, separada del indio, no puede liderar la lucha “de la liberación Nacional”.111 Por eso “en Bolivia los trabajadores de las minas y de las fábricas son una rama orgánica y psíquica, carne viva y “soplo vital” de la raza india. En Bolivia la “clase obrera” presencial y esencialmente es la vanguardia india de la liberación de la Nación india” (Reinaga, 2001 [1969]: 390).

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8. La Revolución India: su finalidad es construir una Nación india, que es la que liberará a Bolivia del “cholaje cipayo blanco-mestizo” y del “imperialismo de las “fieras rubias” de ee.uu. y Europa” (Reinaga, 2001 [1969]: 391). La acción revolucionaria tiene tres niveles: contra la discriminación racial del blanco se responde con el enaltecimiento de la gran dignidad de “raza india”, contra la opresión clasista del capital se responde como clase explotada que lucha y contra la segregación cultural se responde con la “maravillosa cultura milenaria” del Tawantinsuyu (Reinaga, 2001 [1969]: 391). La Revolución India no aspira a regenerar el sistema político y social occidental, dentro del cual agoniza la Bolivia blanca-mestiza. Para el Manifiesto, Occidente está en una crisis definitiva, por ello, “la Revolución India tiene una perentoria resolución: dar la estocada final al Occidente” (Reinaga, 2001 [1969]: 435). La Revolución India es la conquista del Poder por el indio con un propósito: “la reinstauración del socialismo indio”.

Nuestro socialismo arranca de nuestro grandioso pasado. Pasado sin paralelo en la Historia de la humanidad. Hace 10.000 años antes de Cristo nosotros edificamos una sociedad perfecta; en que el hombre era feliz (Reinaga, 2001 [1969]: 444).

El Manifiesto sentencia que “¡nosotros los indios porque sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos!” ¿A dónde van? A organizar un régimen socialista, pero propio, no concebido y programado por los criterios occidentales. Lo programático consiste en insertar en la economía de Bolivia lo mejor de la tecnología agrícola y ganadera: “queremos que la cibernética se conjugue con nuestro socialismo ancestral y milenario” (Reinaga, 2001 [1969]: 445). Y por otra parte “queremos que los supremos dones del humanismo, sean la levadura para el renacimiento de nuestra cultura” (Reinaga, 2001 [1969]: 445). Será una República Socialista India, donde el Estado será Poder, un Plan racional, científico, guiará la organización social, la ciencia estará al servicio de la liberación india y una fuerte moralidad fundada en el ama súa, ama llulla, ama khella hará de la República una escuela del bien. En suma: “para la República India el hombre será el valor supremo de la vida. El objeto primero y último… Oprimirlo y esclavizarlo [será] un crimen de lesa-patria” (Reinaga, 2001 [1969]: 447).

El Manifiesto concluye proclamando que la Wiphala y el Pututu llaman a la lucha desde la cumbre del Illimani: “¡ha llegado la hora de la liberación india!”

d) Algunas tendencias indianistas

Desde los sesenta, el indianismo fue constituyéndose en la ideología de variadas organizaciones políticas, sindicales y universitarias.15Considerando sólo las organizaciones políticas, y no siendo exhaustivos, en un lapso de casi diez años encontramos por lo menos siete: el Partido Indio (pi) creado en 1979, en 1984 se creó bajo influencia de Reinaga el Frente Indio Amáutico del Tawantinsuyo (fiat), en 1985 se crearon el Partido Indio del Kollasuyo (pik), el Partido Indio de Liberación (pil), el Frente Indianista de Liberación Tupaj Katari (filtka) y el Frente Movimiento Indio Tupac Katari Unido (mitka-u), en 1988 se fundó el Movimiento Indianista de Liberación - Wiphala (mil Wiphala), del que procede el Frente Único de Liberación Katarista (fulka). Algunos de ellos surgen alternativamente, como el pi alternativo al pib. Otras veces se producen rupturas internas y luego de estas la confluencia estratégica en un nuevo frente.Hubo corrientes más radicales, que optaron por la vía armada, como fue el caso de la Ofensiva Roja de Ayllus Tupajkataristas o Ayllus Rojos, creada en 1986, siendo uno de sus líderes claves Felipe Quispe (ver: F. Quispe 1999, 2005, 2007a, Escárzaga, 2006). Dicha organización tuvo por ideología el “tupajkatarismo revolucionario” (A. Quispe, 2005) o “indianismo radical” (Escárzaga, 2006). Por otra parte, la Fundación Amáutica Fausto Reinaga fue creada en marzo de 1995 para “difundir el pensamiento amáutico de Fausto Reinaga; y el objetivo social es el rescate, la protección y reconceptualización de la riqueza cultural y científica de los pueblos indios” (http://www.faustoreinaga.org). La Fundación es la custodia de la obra del pensador indianista, su biblioteca y archivo personal. Una de las creadoras y principal responsable de la Fundación es Hilda Reinaga Gordillo, autora de una bio-bibliografía del amauta Reinaga (ver H. Reinaga, 2004).16 15 La obra de Pacheco (1992) realiza un relevamiento de las diversas organizaciones indianistas desde 1970 hasta 1992.16 Hasta ahora existen dos biografías sobre F. Reinaga: H. Mata (1969) e Hilda

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Ya en el siglo xxi, nuevas generaciones de indianistas, como los jóvenes organizados en la Célula Indianista Universitaria (ciu) y el Movimiento Indianista Katarista17 (minka), han tomado las tesis centrales del indianismo leídas en un nuevo contexto político, tras el triunfo electoral del mas. Ellos organizaron en agosto de 2009, con el apoyo de la Cancillería del Gobierno de Bolivia, un Homenaje al Amauta Fausto Reinaga. Eso muestra la vigencia y el interés actual por el indianismo, incluso entre algunos miembros del mas. En palabras de Esteban Ticona (director de la Academia Diplomática de Bolivia), Reinaga es “uno de los intelectuales más originales que ha tenido Bolivia y que ha apostado, sobre todo, a un proceso de descolonización intelectual” (ver también Ticona, 2005).18 Ahora bien, eso no significa que el indianismo sea la ideología que oriente al mas en el Gobierno. Hasta aquí brindamos algunos claves de la rica historia del indianismo.

II. La lucha social a partir del katarismo

a) Las principales tesis katarista

De su parte podemos encontrar varias tesis políticas en el katarismo. Esto es: a) el Manifiesto de Tiwanaku de 1973, b) del Movimiento Indio Tupaj Katari, mitka., de 1978, c) de la csutcb de 1979 y d) Confederación de Mujeres Campesinas de Bartolina Sisa de 1980. El Manifiesto de Tiwanaku de 1973 (que salió a luz pública poco después del Manifiesto del Partido Indio de Fausto Reinaga de 1969), plantea con claridad:Reinaga (2004).17 Cabe destacar que los miembros de minka, entre otros, organizaron un Taller sobre Pensamiento Indianista de Fausto Reinaga: La Revolución India, que se desarrolló los sábados en la Universidad Pública del Alto en agosto de 2009.18 Palabras de Esteban Ticona en el Homenaje al Amauta Fausto Reinaga. Grabación digital de archivo personal. La Paz, 18 de agosto de 2009. El sociólogo Esteban Ticona ha realizado recientemente una investigación sobre el pensamiento de Fausto Reinaga en el ámbito de su doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador). Se trata de la primera tesis doctoral realizada sobre el indianista Reinaga. Ver también Ticona (2005).

Nos sentimos económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos. En Bolivia no ha habido una integración de culturas sino una superposición y dominación habiendo permanecido nosotros, en el estrato más bajo y explotado de esa pirámide. Bolivia ha vivido y está viviendo terribles frustraciones. (Manifiesto de Tiwanaku, 30 de julio de 1973).

Aquí se auto-descubre que la dominación y explotación es doble: una como clase y otro como pueblo. Lo cual implica que la liberación es también de doble vía. Como campesinos y como pueblos dominados, esto desde la base de la pirámide social. Aunque esta tesis luego fue definida como una reivindicación para ser simplemente incorporados en la vida social y de la historia del país. Ahora el hecho importante es que de ella han salido varias corrientes y liderazgos, que se han ampliado en diferentes lugares y espacios de la sociedad nacional. Una de ellas es la fundación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, csutcb, (fundada en 1979 en La Paz) y la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” en 1980.En esta dirección la csutcb es una de las organizaciones más importantes de la lucha katarista. Sobre ella existen varias tesis políticas. Una de ellas es la realizada en 1979 y dice:

Los campesinos aymaras, quechuas, cambas, chapacos, chiquitanos, moxos, tupiguaraníes y otros, somos los legítimos dueños de esta tierra. Somos semilla de donde ha nacido Bolivia y somos los desterrados en nuestra propia tierra. Queremos reconquistar nuestra libertad cortada en 1492, revalorizar nuestra cultura y con personalidad propia ser sujetos y no objetos de nuestra historia hacia la obtención de una sociedad sin explotados ni explotadores. Mirando nuestra historia encontraremos una y otra vez una lacerante trayectoria de opresión y explotación de nuestro pueblo. Hemos sido sometidos, despojados, explotados y oprimidos hasta convertirnos en sociedad indigente (Tesis del campesinado boliviano, 26 de Julio de 1979).

Aquí la lucha se plantea nuevamente como trabajadores del campo y como pueblo convertido en indigentes al ser desterrados “en nuestra propia tierra”. La lucha ahora es para dejar de ser objeto y convertirse en sujetos de la propia historia. En esa dirección la csutcb ha protagonizado bajo la dirigencia del katarismo importantes luchas.

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Uno de los mayores exponente de este katarismo es Genaro Flores Santos nacido en la provincia Aroma, La Paz (Hurtado, 1986), y que en muchos momentos ha tenido una radical disputa con Constantino Lima de mitka, corriente ésta más indianista, aunque no cercano al indianismo de Fausto Reinaga. Entre paréntesis, aquí está presente dos rasgos importantes de la lucha aymara: el “katarismo sindical” y el “katarismo ayllista”. La csutcb fue más sindicalista hasta hoy y el mitka planteaba una lucha como pueblo, cultura y civilización. De su parte la tesis política del mitka, que se da en la Ciudad de Piedra, Provincia Pacajes en 1978, es luchar por la liberación definitiva del indio al considerar a la nación boliviana y a su estado, como colonial y racista, y lo indio como una civilización y un pueblo sometido. Aquí se amplía con mucha fuerza la idea de una segunda independencia. Y esto es en base a la existencia del pueblo Qulla, el Qullasuyu, sometida a Bolivia. Aquí la orientación es la liberación del Qullasuyu con su plenitud histórica y con una autodeterminación nacional. Ahora bien, esto no es la separación territorial de Bolivia, sino es la retoma de ese territorio como una totalidad compartida con otros pueblos y regiones. Esto según Lima se hace bajo la égida de un “Indianismo Comunitarista del Ayllu... con personalidad completa, distinta a la derecha e izquierda foránea” (Lima, 1996: 10).En cuanto a la tesis de mujeres Bartolina Sisa nacida del mismo seno de csutcb con el liderazgo de Genaro Flores en enero de 1980, tiene los siguientes planteamientos:

“Liberar a la mujer campesina originaria e indígena de todo tipo de •opresión que afecte su desarrollo como persona.Defender y promover los derechos humanos de la mujer campesina •indígena y originaria.Hacer que la mujer participe en los niveles de decisión. Sin importar •el nivel en que se desenvuelva.Disminuir hasta eliminar la discriminación y violencia social y •política ejercida contra la mujer.Lograr que su participación, conocimientos e iniciativas contribuyan •a la seguridad alimentaria de sus familias y comunidades.Lograr, como objetivo institucional de fondo, mayor participación •de las mujeres campesinas e indígenas, tanto al interior de las organizaciones obrero-campesinas-indígenas, como en otros espacios políticos y de la sociedad civil” (N. Quispe, 2009:184-85, citada a cesa, 2002: 17-18).

Aquí está la búsqueda de una participación plena de la mujer aymara o quechua como sujeto histórico y no como objeto. Esto significa ser parte del destino de un pueblo y como clase para autoorganizarse y defender su historia y sus derechos más elementales como el respeto, el trato adecuado, la vida y la dignidad. En ella la figura histórica es Bartolina Sisa, la esposa de Julián Apaza, que supo comandar el ejército aymara (cuando Tupaj Katari se ausentaba al interior) compuesto por varones y mujeres en el cerco de La Paz de 1781. Sobre varias de estas ideas surgieron varias corrientes kataristas e indianistas.

b) Corrientes ideológicas-políticos en el katarismo

En esto podemos encontrar varios katarismos: a) el Tupajkatarismo de Tupaj Katari, b) el Katarismo de Tupaj Katari y lo Indio, c) el katarismo del Katari anfibio o serpiente y d) el katarismo de Tupaj Katari Indio y anfibio o serpiente. Aunque en varios sentidos es muy difícil colocar estas diferencias en uno y otro lado. La corriente del “tupjkatarismo de Tupaj Katari” tiene en el último tiempo su resonancia en el liderazgo de Felipe Quispe, el Mallku,19entre muchos otros. Esto debido a que Quispe ha logrado construir un discurso y acción de amplia aceptación en el mundo aymara particularmente, aunque con contradicciones en sus propios actos. Ha sido parte de la fundación de la csutcb en 1979 y estuvo preso durante 5 años en la cárcel de San Pedro en La Paz, acusado de ser uno de los importantes miembros del Ejército Guerrillero Tupaj Katari (egtk) (Iturri, 1992) juntos a otros aymaras y no aymaras. En 1999 esta corriente asume en el Congreso de la csutcb llevado en La Paz la máxima dirección de esta organización por la pelea entre fracciones de Evo Morales y de Alejo Veliz (éste un dirigente campesino de Cochabamba). En esta línea, Quispe ha escrito un libro titulado: Tupaj Katari vive… y vuelve carajo (2007 [1988]), donde plantea continuar la lucha armada, según esto, iniciada por Tupaj Katari-Julián Apaza en 1781-83 como única posibilidad de una real liberación del pueblo aymara o el conjunto de los pueblos qullas. En ese sentido, este tupajkatarismo basa su discurso y acción en la figura de Julián Apaza-Tupaj Katari que en los hechos es uno de 19 Significa cóndor y autoridad originaria en el mundo aymara.

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los grandes líderes aymaras anti-coloniales que en 1771 (momento que inicia la conspiración) y 1781 (que se produce el hecho) apostó por un levantamiento general en toda la región aymara del actual departamento La Paz (Bolivia) y en Puno (Perú) (Thomson, 2006). En esa línea este tupajkatarismo plantea hoy continuar la “guerra de los ayllus” contra el sistema opresor colonial-republicano de Bolivia. Este levantamiento dirigido por los Kataris y Bartolina Sisa (la esposa de Tupaj Katari) es un hecho que tiene gran trascendencia para éste y otras corrientes kataristas. El ejemplo notorio de ello para la actualidad son los levantamientos de 2000, 2001, 2003 y 2005 en toda la región de La Paz con su epicentro en la provincia Omasuyus y varias provincias aymaras al Norte de La Paz (Mamani, s/f ), y El Alto de 2003, Oruro, Potosí y Cochabamba. El levantamiento del El Alto es más conocido como la “guerra del gas” (Mamani, 2005). Todo ello al final tuvo un gran impacto en otras regiones de Bolivia sin desconocer en absoluto la “guerra del agua” de Cochabamba en el 2000 y la del Chapare entre 1994, 2000 y 2005.De otra parte, el “katarismo de Tupaj Katari”, constituido alrededor del mitka (Movimiento Indio Tupaj Katari), se define dentro de estos mismos marcos históricos y de lucha. En su momento este katarismo e indianismo del mitka ha sido dirigido por Constantino Lima y Luciano Tapia y varios otros y otras líderes o lideresas. Tanto Tapia como Lima han sido diputados nacionales en 1982 y 1987 representando a esta corriente (Tapia, 1994). Lo que aquí interesa resaltar ahora es la presencia de la lógica del Katari (hombre histórico) y el Indio (pueblo y civilización sojuzgada). En ese sentido se puede decir que éste es un “katarismo indio” definido en la figura histórica de Tupaj Katari y el pueblo sojuzgado llamado indio, que creó líderes como Tomas Katari-Curuza Illawi y sus hermanos Nicolás y Dámaso Katari en Chayanta, Norte de Potosí, en 1779 (hecho ocurrido un poco antes que la de Julián Apaza y Bartolina Sisa en La Paz) y el liderazgo de Tupaj Amaru-Micaela Bastidas y otros Amarus de 1780, ubicados estos últimos entre Cusco, Tungasuka y Tinta (actual Perú). En este sentido el katarismo indio del mitka también ha jugado un rol fundamental porque fue uno de los primeros partidos, junto con el pib, que levantó abiertamente la palabra Indio y del Katari en el parlamento boliviano y en los Congresos Campesinos (así llamados en

ese entonces). Esto es parte de una autoafirmación y a la vez denuncia del sistema colonial-republicano de Bolivia. Constantino Lima fue apodado en el parlamento como el “honorable terrorista” porque afirmó que iba a dinamitar el aeropuerto de El Alto para que no llegada el Rey de España. Así tanto el tupajkatarismo de Tupaj Katari y el Katarismo de Tupaj Katari, que parecen muy similares, se convierten en uno de los ejes ideológicos que cuestiona duramente al estado boliviano y su sistema económico, al igual que el indianismo, al catalogarlo de racista, colonial y anti-aymara. Pero estas corrientes no pudieron ampliarse en ese tiempo a otras regiones de Bolivia posiblemente por varios factores, entre ellos el tipo de liderazgo y de discurso. De su parte el “katarismo del Katari anfibio” o serpiente tiene su presencia en su forma de producción intelectual y lucha en algunas organizaciones sociales. Se puede identificar dentro de esta corriente, entre otros, a Simón Yampara, y en principio a Fernando Untoja20 (pero este último por sus vinculaciones con grupos oligárquicos del oriente-Santa Cruz ha sido desprestigiado). Yampara llama a esta corriente, el “katarismo del Katari” y Untoja el “katarismo de anfibio”. En cuanto a Yampara, él es un intelectual aymara que en su momento fue parte de la csutcb y ex ministro de Hernán Siles Suazo (udp, Unidad Democrática Popular) en 1985. Actualmente es reconocido por visibilizar una visión propia de la vida con la palabra aymara “suma qamaña”21 el bien vivir (Yampara, 2001), definido como un equilibrio con la naturaleza. Ahora la peculiaridad del katarismo de Katari en la versión de Yampara es hacer dialogar la milenaria civilización andina (con su centro en el Tiwanaku, ciudad de 1500 a.c. y 1187 d.c.) con la civilización centenaria de la república. Plantea encontrar puntos de equilibrio entre ambas “civilizaciones” para pensar de “otro modo los nuevos tiempos”, sostiene. Aunque Yampara y esta corriente no tienen un fuerte arraigo en los movimientos sociales (como otros líderes), posiblemente al convertirse Yampara en el candidato a la gubernatura por La Paz en las últimas elecciones de 2010 (que parece ser otra contradicción) por el Movimiento Sin Miedo (msm) (donde obtuvo 23.2%),22 haya 20 También ha sido diputado nacional entre 1997-2001 en alianza con adn partido del ex dictador Hugo Banzer Suarez.21 Sobre este tema tiene escrito varios libros y artículos.22 Partido fundado por el ex Alcalde de La Paz, Juan del Granado.

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logrado acentuar estas ideas en algunos niveles de la sociedad. En ello está presente la idea de articular el sentido histórico y cultural de la mítica serpiente (que tiene mucha importancia en el mundo Andino) y la civilización boliviana, que en muchos sentidos detesta lo aymara y su mundo civilizatorio. “Katarismo de Tupaj Katari Indio y el anfibio serpiente mítico”. Ésta es una corriente muy nueva que se genera principalmente a partir de la reconstitución de Tupaj Katari-Julián Apaza Nina en 2006 en Peñas y con la reconstitución de Bartolina Sisa en 2008 en la Plaza Murillo de La Paz (Mamani, Delgado, Choque, 2009, inédito). Se fundamenta en tres grandes hechos, lo histórico-social-mítico, ocurridos en la región de los Andes. Uno, rescata el histórico levantamiento de Tomas Katari-Curuza Illawi, Tupaj Katari-Bartolina Sisa y Tupaj Amaru-Micaela Bastidas de 1780-83; dos, hace una nueva lectura de la vigorosa presencia de los ayllus y comunidades en todo los Andes; y tres, trabaja lo simbólico de un modo más amplio en base a la presencia mítica y real de la serpiente venenosa que habita las altas montañas y los valles profundos. Hay un rescate específico de los planteamientos previos del Tupajkatarismo, del Katarismo y del Indianismo, como una nueva totalidad pero con sus propias particularidades. Se rescata lo Indio del indianismo porque piensa a través de éste a un pueblo aun sojuzgado, y el Katari anfibio y humano, como una representación simbólica y real de una población mayoritaria que habita en los 4,000 msnm. La serpiente es el rescate del hecho mítico pero a la vez del hecho histórico, porque es y representa para el mundo Andino (y para otros pueblos como el Maya de Mesoamérica) (De la Garza, 2003), el origen de la vida y de la civilización. Otro hecho es la incorporación abierta de la gran figura femenina de Bartolina Sisa, la mujer generala del ejército aymara (Ari, 2003) levantada en 1781-83. Es en esa lógica que se ha reconstituido a Bartolina Sisa, hecho ocurrido el 5 de septiembre de 2008. Entonces aquí se junta explícitamente a Tupaj Katari-Bartolina Sisa, por una parte, y el anfibio mítico e histórico, por otro, y a la vez, el hecho histórico de los grandes levantamientos aymara-quechua. Todo ello se hace recogiendo los nombres de los grandes líderes como los Katari o Amaru y a la vez que reconstituye la vigorosa presencia de los anfibios venenosos en tanto un nuevo discurso e imaginario político-simbólico. Lo Indio es parte de ellos por la resistencia contra la

opresión-explotación criolla-mestiza. Todo esto finalmente deja notar una fuerte asociación entre la gran cadena montañosa de los Andes (con sus bajadas a la Costa y la Amazonía) que atraviesa Venezuela-Colombia-Ecuador-Perú-Bolivia-Chile-Argentina y la historia de los levantamientos de hace 225 años, como se dijo. La lógica es no separar o dividir, como se hizo casi siempre, sino articular entre los diferentes eventos y realidades geográficas según la lógica del concepto-narrativa de la wiphala de 7 colores y 49 cuadrados, que justamente es la representación de la articulación entre muchos pueblos, lenguas, regiones. Esta nueva corriente hasta el momento ha protagonizado varias luchas como aquella de criticar duramente el “bicentenario” de La Paz en 2009. Porque según esto hace 228 años (desde 1781-83) se han producido los primeros grandes levantamientos indios, que los bicentenaristas no reconocen, y que puso en grave crisis al sistema colonial española en los Andes. Luego recién vino el 16 de julio de 1809. Dentro de esta lógica, las cuatro corrientes kataristas mantienen una interrelación muy importante pero a la vez de luchas internas también muy fuertes. Pese a este hecho, lo que está claro a estas alturas de la historia es que tanto el katarismo y el indianismo son dos matrices que se convirtieron en una especie de dos alas y ojos de un mismo proyecto históricos, que es la liberación total de los pueblos aymara y quechua dominados-explotados aún al interior del estado boliviano. Por eso se puede decir que el katarismo es un ala y ojo del indianismo y, a la vez, el indianismo es la otra ala y ojo del katarismo. Es con base en ello que actualmente se trata de construir un nuevo katarismo-indianismo (ya no un katarismo e indianismo, con una “e” separándolos, sino con guión articulador) para “seguir mirando con los dos ojos” el mundo de la civilización india aymara-quechua como “propio”, y, el mundo de la dominación-explotación criollo-mestizo de la civilización occidental moderna europea y norteamericana como el “otro”.

c) Nueva repercusión del katarismo

En los últimos años y meses varios activistas, ideólogos, entre jóvenes y viejos kataristas e indianistas, han vuelto a plantear nuevas críticas a los grupos de poder de Bolivia y al propio estado plurinacional hoy

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liderado por Evo Morales. La misma se puede observar y constatar en dos o tres hechos ocurridos recientemente en el departamento de La Paz, lugar histórico y donde nació el katarismo y el indianismo. El 14 de noviembre de 2006 en Qharqha Marka (Pueblo de Piedras), localidad de Peñas-provincia Los Andes de La Paz, y el 5 de septiembre de 2008 en la Plaza Murillo y San Francisco de la ciudad de La Paz, se han desarrollado dos eventos de mucha importancia histórica, simbólica, político-ideológico. El hecho novedoso es la “reconstitución” de los cuerpos y el ajayu (espíritu) de Julián Apaza Nina y Bartolina Sisa descuartizados el 14 de noviembre de 1781 y 5 de septiembre de 1782 por orden del Oidor Francisco Tadeo Diez de Medina. Ahora reconstituir en ella significa re-articular simbólica e ideológicamente el/los cuerpos descuartizados después de 225 y 227 años. Es decir, es el hecho de hacer una especie de arqueología de la histórica del cuerpo de un pueblo para que este cuerpo reconstituido ahora se piense así mismo no sólo como historia pasada para recordar, sino como “historia que camina” y que “está aquí”. Esto se produjo con la participación de muchos comunarios/rias, amawt’as (sabios aymaras), que caminaron durante 2 días desde 4 regiones, desde Achacachi, Chulumani, Ayo Ayo, Kakiawiri. A su vez esto estuvo dirigido por un grupo de jóvenes y viejos kataristas e indianistas. Pues entre la media noche del 13 y la madrugada del 14 de noviembre en plena plaza de Qharqha Marka, Peñas, bajo un ritual andino sagrado se reconstituye el cuerpo y el espíritu de los dos grandes líderes históricos. En la Declaración de Peñas y de La Paz se dice:

Desde el corazón de nuestra madre tierra y desde las montañas nuestro padre, el tata inti y mama paxsi venimos para decir que se declara oficialmente la reconstitución del ajayu y el cuerpo de Tupaj Katari traídos en brazos de hombres y mujeres henchidos de fuerza telúrica desde los cuatros puntos donde estaba desparramado por orden del asesino Francisco Tadeo Diez de Medina y exorcizada por la iglesia católica (Declaración de Peñas a 225 años del horrendo descuartizamiento de Tupaj Katari, Peñas, 14 de noviembre de 2006).

Desde este lugar que desgarró el cuerpo de Bartolina Sisa, hacemos simbólicamente la reconstitución de su ajayu y su cuerpo, trayendo a nuestra memoria la fuerza y coraje de una mujer india que se levantó y movió los cimientos del orden establecido (Declaración de las mujeres hijas de nuestra líder y guerrera india “Bartolina Sisa”, 5 de septiembre de 2008).

Ahí el hecho interesante que se sostiene es pensar que Katari-Sisa “vuelven a caminar” en su propio territorio y un pueblo que se ha mantenido de pie durante 225 años, pese a la derrota; y hoy sigue luchando. Ese es el contenido que tiene esta reconstitución. Allí surgió además la idea de acuñar la frase: “somos millones”, en consonancia con la frase atribuida a Tupaj Katari que dijo antes de morir: “a mí me matan, mañana volveré y seré millones”. Dentro de todo está la idea de re-articular la memoria histórica de un pueblo, la del ayllu-marka (sistema de organización social Andina) y el territorio, entendido como una nueva totalidad que se expresa, desde nuestro punto de vista, de un modo visual en la wiphala (emblema aymara-quechua) que contiene dentro de sí 7 colores y 49 cuadrados. Ésta es la expresión de los muchos espacios-territorios, y de muchos tiempos políticos-sociales, y muchos pueblos-lenguas, tal como es el mundo Andino. Dentro de esto también está el cuestionamiento a las nuevas condiciones del llamado proceso de cambio de Bolivia. Ahora el hecho de pensar la rearticulación territorial de los ayllus-markas divididos en cantones, provincias y departamento, es un proyecto de gran magnitud y que está muy presente hoy en el “movimiento de los ayllus” organizados alrededor del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (conamaq). Es en ese sentido que la reconstitución del Katari y de Sisa plantea hacer un nuevo re-ordenamiento territorial y de la historia del país. Luego hubo otros tantos eventos de este tipo en diferentes partes de La Paz y en otros departamentos. Entre el 10, 11 y 12 de marzo de 2010 se ha llevado otro interesante evento en el espacio del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (musef ) de la ciudad de La Paz (Finkel, 2010), organizado por el periódico Pukara (de publicación quincenal). En dicho evento23 se han reunido viejos kataristas e indianistas además de algunos jóvenes y nuevos kataristas e indianistas. Ahí se pudo escuchar-observar nuevas y viejas críticas al estado y a los grupos de poder criollo-mestizo y al propio gobierno de Evo Morales y al estado plurinacional. Las críticas estuvieron definidas en dos sentidos. Uno, al gobierno de Evo Morales y a la propia Constitución Política del Estado, recientemente

23 Los trabajos presentados en este evento fueron compilados por la revista Pukara en un libro digital titulado “Historia, coyuntura y descolonización. Katarismo e indianismo en el proceso político del MAS en Bolivia”

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aprobada y que ha sido duramente criticada por no contener lo aymara o quechua; y dos, a los grupos de poder criollo-mestizo quienes, se dijo, son parte de la historia de la invasión colonial y extranjera. En el caso de la crítica al gobierno de Evo Morales se sostuvo que él es “mal agradecido” porque no reconoce las históricas luchas de los kataristas e indianistas que entre 1970 y 1980-8124 se han enfrentado a las dictaduras militares. Y sobre el estado plurinacional se sostuvo que esto “no es lo que buscamos sino nos están imponiendo algo que no es nuestro” (Constantino Lima, 11/03/2010). A lo que otro viejo katarista argumentó que si no funciona el estado plurinacional “debemos fundar un nuevo estado katarista-indianista pero sin confrontación ni pobreza” (Clemente Ramos, 10/03/2010). Porque “la sangre derramada de nuestros abuelos no puede ser negociada” (Daniel Calle, 10/03/2010). Este histórico líder katarista incluso dijo que “hasta este momento me he callado creyendo que Evo iba a cambiar nuestro destino…Ahora en todos lados voy a volver a hablar como antes hemos hechos los kataristas e indianistas”. Ante esto, argumentó con contundencia Constantino Lima, viejo líder del mitka, que “nos arrancamos del imperialismo norteamericano para entregarnos al imperialismo comunista”. Esto sería, según su opinión, no admisible porque “somos dueños de casa”. De otra parte, para Simón Yampara el mas es un “chairo social” por lo que hay que buscar un jach’a thaki o un gran camino en base a jaqi qullana (gente con sabiduría de la vida) y qamir thaki (camino de vida y de riqueza en base a la relación hombre y naturaleza). Sobre esto Moisés Gutiérrez fue quien insistió en la idea de “qamir político” (sabiduría política) y “qamir económico” (riqueza económica redistribuida). Aunque no faltó también las criticas de Víctor Hugo Cárdenas, ex Vicepresidente del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993-1997, cuando dijo: “se viene una grave frustración. Eso puede ser grave”. Esto en referencia al gobierno de Evo Morales (V. H. Cárdenas, 12/03/2010).Las críticas a los viejos y nuevos grupos de poder estuvieron dadas desde la visión de Felipe Quispe, quien dijo que aquí y en el infierno “habrá siempre guerra”. Esto entre indios y los qaras (en aymara se dice pelados

24 En aquel tiempo Genaro Flores era el máximo representante de la csutcb que dirigió la resistencia contra el golpe de estado de Alberto Natusch Busch y de Luis García Meza entre 1979 y 1980.

a los criollos-mestizos). “La guerra es de generación en generación. Nuestros abuelos han luchados con los abuelos de los actuales qaras. Y nosotros seguimos luchando. Si hay infierno, allí continuará también la guerra. La lucha es de vida o muerte”. De su parte un joven indianista, Sergio Tarqui, dijo que los birlochos (o medio blancos) y los cholos (mestizos) es la referencia mayor del trauma histórico porque estos niegan su historia y su origen. Ante esta situación propuso fortificar el katarismo-indianismo junto con el amawtismo. El amawtismo sería una nueva forma filosófica de entender y pensar el mundo desde valores humanos en profunda interrelación con el mundo de la naturaleza. Todo ello (entre varios otros planteamientos que no es posible desarrollar aquí) deja notar que nuevamente el katarismo y el indianismo han vuelto a reactivarse aunque curiosamente en un contexto en que se supone en que vivimos un profundo proceso de cambio en Bolivia. Las duras críticas al gobierno de Morales han sido que éste no tiene la línea y presencia katarista o indianista en su gobierno. Sino que está constituido por un “entorno” de una vieja izquierda de condición, incluso colonial y racista. Ante tal hecho se sostuvo entonces: “no queremos cuotas, sino todo el poder” ( J.L. Saavedra, 12/04/2010).

III. Articulación del katarismo-indianismo y nuevas proyecciones

Tal vez uno de los hechos novedosos del último tiempo es la posibilidad de articular efectivamente el katarismo y el indianismo como un cuerpo ideológico y político desde la misma historia del katarismo e indianismo, por una parte, y desde los acontecimientos sociales externos a esta corriente, por otra. Es decir, hacer una nueva lectura de la realidad social, política y económica de la sociedad toda y también de la propia historia construida por el katarismo e indianismo. Una lectura con los dos ojos. Colocando un ojo hacia adentro y otro hacia afuera. Pues en realidad, el katarismo es uno de los ojos del indianismo como lo es el indianismo para el katarismo. En ese sentido ambos se convierten como dos alas y dos ojos de un mismo proyecto histórico como es la construcción de un horizonte de libertad plena de los pueblos Qullas de la región de los Andes y los indígenas de la Amazonía y sus vinculaciones con la Costa del oceano Pacifico desde estos lugares geográfico-históricos.

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Ahora bien, articular no significa unir o fusionar en uno lo complejo que es la historia y la realidad social. Si se hiciera esta operación se procedería con la misma racionalidad occidental moderna que conduce a la homogeneización de lo diverso, desapareciendo la complejidad, tan rica para pensar la historia y la política, que es propio del pensamiento y práctica de las civilizaciones andinas-amazónicas. Articular katarismo-indianismo, sin “e” de separación, es pensar entonces con el mismo principio de los dos ojos y dos alas. Porque lo uno es inoperante, o no provoca movimiento, sino esterilidad. Razonamiento perfectamente válido para el pensamiento aymara o quechua. Todo en el mundo es par, o päya. Ch’ulla o impar no tiene sentido sino sólo como potencialmente dos. Dado que de dos se reproducen muchos. Aunque tampoco habría que cargar mucho peso en la noción de “dos”, porque los muchos, o taxpacha, la totalidad, es siempre un valor fundamental de la vida y de la historia para el mundo de los ayllus y comunidades; también en los barrios urbanos como en la ciudad de El Alto. Entonces cuando se habla del katarismo-indianismo lo hacemos pensando en la multiplicidad de realidades, de los hechos históricos, de las multitudes, de la filosofía de la “concretitud compleja” expresado en grado poético y artístico en la wiphala. Pero tampoco hay que pensar que se trata de una especie de volatilidad de lo complejo (o peor, como lo posmoderno), sino que tiene su concreción en las cosas y en los hechos claramente definidos dentro de un espacio-tiempo de cuadro dimensiones, como la wiphala. Así lo múltiple está definido dentro de estas dimensiones concretas. Creemos que a partir de algunos de estos detalles se cuestiona al modo de pensar y actuar del gobierno de Evo Morales y, aún más, se hace la crítica contra el sistema liberal/colonial que privilegia un tipo de racionalidad europea y norteamericana de la política, y descarta las propias formas de la política y el poder. Si la política fuera pensada y construida como un sistema de “compartir el poder” a través de un complejo sistema de rotación y los turnos, haríamos otra política y otro tipo de poder. Tal hecho no es percibido por los grupos socialistas en el propio gobierno del mas y menos aun por los grupos de poder señorial y liberal. Aunque en el pasado el viejo katarismo e indianismo también pensaba en la política y el poder desde la centralidad del poder y de la política. Nuestra propuesta no significa renunciar a la política y al poder.

Así, posiblemente, el lugar específico de estos planteamientos es la reconstitución de Tupaj Katari y Bartolina Sisa entre 2006 y 2008. Ya que en estos actos se pensó y se actúo entre dos hechos como es rea-articular a Tupaj Katari y Bartolina Sisa como una totalidad histórica compleja y anteriormente des-articulada o dividida. La pretensión a partir de ello es articular y reconstituir otras políticas y re-descubrir historias ocultas. Y todo ello obviamente produce nuevas preguntas y nuevas críticas tanto al estado plurinacional, a los grupos de poder oligárquico y al propio gobierno de Evo Morales. El ejemplo de ello es el evento realizado en el musef (de marzo de 2010), que hemos comentando anteriormente, porque allí se planteó la necesidad de visibilizar el pensamiento del “qamiri político” y “qamiri económico”. Es decir, hombres-mujeres con gran riqueza en el hacer político para el verdadero bienestar material e espiritual, para el hombre-mujer con un sustento económico equitativo para el bien vivir de todos y todas. Tal vez con la lengua española no es fácil expresar este sentido del qamiri político y qamiri económico. Pero ya está planteado como un posible devenir histórico.

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Bibliografía

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Tupaj Katari,Qharqha Marka (Peñas), 14 de noviembre de 2006. - Declaración en memoria de la Mártir Bartolina Sisa, asesinada el 5 de septiembre de 1782, plaza Murillo, La Paz, 5 de septiembre 2007.

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En Bolivia, ahora más que nunca, está en discusión el significado del “mandar obedeciendo” y el sentido y la reorganización de la lucha popular. Cuestiones fundamentales que marcan el proceso boliviano.Por la mañana del domingo 26 de diciembre de 2010, Álvaro García Linera, presidente en ejercicio de Bolivia,1 anunció en un mensaje a la nación, la aprobación del decreto 0748 mediante el cual, el Estado quitaba la subvención a los hidrocarburos, medida por la cual ningún gobierno neoliberal había optado. Consecuentemente el precio de los productos derivados de éstos, se incrementarían en un 83%.2 El efecto fue inmediato: por la tarde había ya especulación sobre los precios de los productos de la canasta básica familiar, como el azúcar, el pan y el arroz, además del incremento que anunciaron los sindicatos de choferes en las tarifas básicas de transporte. Diversas organizaciones sindicales de trabajadores, sobre todo, comenzaron a pronunciarse a través de comunicados repudiando el golpe a la economía popular que significaba el gasolinazo. Los argumentos que el gobierno había enarbolado para justificar la medida giraban en torno a dos elementos: la lucha contra el contrabando de combustibles derivados a otros países vecinos, que se realizaría a través de la eliminación de la subvención que otorga el Estado boliviano a éstos.3 Las explicaciones de tipo técnico ofrecidas por los voceros de gobierno, hablaron de 380,000,000 de dólares que el 2010 el Estado había pagado para subvencionar el precio de los combustibles, y de la “sangría” económica que significaba mantener dicha subvención. El otro argumento (que pasó a un conveniente segundo lugar) era que se necesitaba el dinero reinvertir en la producción petrolera, que había

1 Evo Morales se hallaba en Venezuela.2 Sucedió así con la gasolina especial, el kerosén y otros. También subían de pre-cio la gasolina Premium, la gasolina Aviación, el jet fuel nacional e internacional, el diesel oil nacional e internacional, el agro fuel y el fuel oil. (Decreto Supremo No. 0748) Quedaban exceptuados de la medida el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso doméstico, del Gas Oil (Diesel Oil para la generación eléctrica) y Gas Natural Vehicular (GNV) Decreto Supremo No. 0748.3 La subvención al precio de los carburantes fue decretada por el gobierno de Hugo Banzer Suárez en 1997.

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sufrido una evidente baja en estos últimos años. Sin embargo, con la denominada nacionalización de los hidrocarburos, se había dicho que esta producción se incrementaría, lo cual no había sucedido. Esto revelaba problemas de fondo respecto a la política petrolera.Evidentemente uno de los principales problemas emergentes respecto a dicha política en el actual contexto de nacionalización de hidrocarburos, había sido la cuestión del establecimiento de las condiciones para arrancar hacia un proceso de industrialización, es decir, la conformación de un sector extractivo hidrocarburífero auto-suficiente y rentable4. Sin embargo, a lo largo de éste último período, las dificultades al interior de la misma empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb) y la administración estatal en general, manifestaron serias trabas en éste sentido: no sin razón se había dicho que luego de todo éste último período tanto el control de la producción y exportación de hidrocarburos no había cambiado, de modo que la cadena productiva en sí continúa aún bajo la dependencia de las petroleras transnacionales.5

¿Traidores, despistados y valientes?

Curiosamente, uno de los primeros en apoyar el decreto 0748 y al gobierno fue Percy Fernández, alcalde del departamento de Santa Cruz y recalcitrante representante de la derecha más conservadora del país, quien llamó a mantener la calma.6 Sin embargo, las protestas comenzaron desde el mismo día lunes 27, a nivel nacional, y fueron protagonizadas masivamente por vecinos alteños, paceños y varios sindicatos obreros, los cuales constituyeron el grueso de la población movilizada.

4 De inicio “la nacionalización” tal y como se ejecutó, afirman Gutiérrez y Mokrani, fue una manera de establecer, a partir la estructura legal heredada del proceso de “capitalización” (léase privatización) de los recursos hidrocarburíferos de los años 90, una forma diferente de relacionamiento entre el estado y las empresas transnacionales, recuperando un papel para éste, que estaba supuesto en esta misma reglamentación. Sin embargo, esto no ha significado el rebasamiento del estatismo, ni la recuperación de la propuesta de las movilizaciones sociales respecto a la “reapropiación social de la riqueza pública”. (Gutiérrez y Mokrani, 2007)5 Wilfredo Ramírez Terceros, Contratos petroleros y seudonacionalización, dossier hemerográfico Mayo 2006 – Abril 2007, cedib, Bolivia, 20076 http://www.santacruzhoy.info/sounds/101228-3740,mp3

Aquí se pusieron a discusión fundamentalmente dos cosas: primero, la relación del gobierno con los “movimientos sociales”, o más bien, con las cúpulas dirigenciales que habían confiscado la representatividad de sus propias bases como privilegio y como subordinación, al poder ejecutivo, tal como se puso en evidencia en las jornadas de lucha contra la medida del gobierno, lo cual plantea varios desafíos al movimiento popular, indígena y campesino. En segunda instancia, se pone seriamente en cuestionamiento la lectura estatal que surgió inmediatamente abolido el gasolinazo, por la presión popular: “los traidores” que en diversas declaraciones vicepresidenciales y presidenciales, serían las organizaciones sociales que se movilizaron contra la subida de los precios de los carburantes; los “despistados” que son las personas que de manera “inocente” apoyaron sin querer a la derecha al reclamar por el camino por el que ha optado actualmente el proceso de cambio.7 Finalmente, de acuerdo a esta “tipología” de la traición y/o de la fidelidad, la medida “valiente” fue la del presidente al abrogar la ley.La lectura realizada desde las organizaciones sociales sobre todo del área urbana, y gente de base que no pertenece a algún sindicato, difería de la visión estatal. Pues durante los días posteriores, en especial el miércoles 29 y el viernes 31 de diciembre, la gente, en especial en los departamentos que electoralmente más habían apoyado a Evo Morales y su partido el Movimiento Al Socialismo (mas) -La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí- salieron a las calles de forma multitudinaria, rechazando la manera en que se impuso la medida y su significado. Las convocatorias a las protestas estuvieron centradas en la fuerza vecinal y obrera, la cual provino de los vecinos y trabajadores de base que se impusieron a sus propias dirigencias, las cuales se hallaban enfrascadas en peleas políticas en torno a su acercamiento al mas. Así sucedió con los vecinos alteños y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (fejuve El Alto), protagonista esencial de las jornadas de lucha de 7 Aquí el vicepresidente García Linera, en un programa televisivo emitido a nivel nacional, se refirió así, entre otros, a sus antiguos compañeros de la Coordinadora del Agua y la Vida, protagonistas junto a miles de personas, de la llamada Guerra por el Agua el 2000 en Cochabamba, quienes habían emitido una Carta Pública que fue circulada de manera amplia a nivel nacional e internacional. (carta pública abierta a evo morales, alvaro garcía, contra el gasolinazo y por el autogobierno de nuestro pueblo, http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010123003)

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octubre del 2003. Los primeros, rebasaron en la marcha del 29 a las dos fracciones dirigenciales que pugnaban por encabezar la protesta. En las avenidas de El Alto, se vieron nuevamente pequeños y grandes grupos de vecinos quienes portando sus estandartes avanzaban hacia el punto de concentración principal. De la misma manera, los sindicatos de trabajadores mineros, fabriles y de maestros, fueron impugnados en asambleas que pusieron en duda la representatividad de entes nacionales como la Central Obrera Boliviana (cob), cuyos dirigentes se habían mostrado muy cercanos al gobierno. Incluso sindicatos cocaleros, base fundamental de apoyo de Evo Morales, salieron para bloquear carreteras, sumándose al descontento general. La desazón y la rabia, más allá de organizaciones sindicales, estaba en los vecinos y personas de a pie que veían que tendrían que pagar el doble por el transporte, el pan, el azúcar, elementos centrales y básicos de subsistencia. Se hizo palpable un proceso de crítica interna, sin duda con varias contradicciones y que ya existía desde hace tiempo. Una de las preguntas presentes durante las movilizaciones, estaba referida a que si todo este descontento podía derivar en el apoyo a otro partido político que entró en escena desde hace varios años: el Movimiento Sin Miedo, el cual convocó a una movilización, pero que, al contrario de lo que sostiene el gobierno, no fue el actor central de las protestas contra el gasolinazo. En cambio, sí lo fueron sindicatos y miles de personas que perfilaban para el 1o de enero de 2011, el inicio de una escalada de protestas que se veía, serían muy grandes.8 El mensaje del presidente del jueves 30, sobre medidas para paliar los efectos de la subida de precios, no convenció a la mayoría de las personas, y al día siguiente, miles de vecinos de La Paz y El Alto, salieron a marchas diferentes durante todo el día y se produjeron la quema de los edificios de la fejuve además de los enfrentamientos con la policía en el centro paceño. La abrogación del decreto, en la noche de año nuevo, dejó sin efecto las medidas, pero ha señalado una grave ruptura, para el mas, de la imagen de consenso y hegemonía popular que había sostenido hasta ese momento. También en cierta medida se quebró la efectividad de la mediación clientelar de la red de dirigencias que habían quedado, muy evidentemente, atrapadas entre la lealtad hacia Evo Morales y su partido, y la movilización popular. Las representaciones campesinas a 8 Comunicados de organizaciones sindicales y vecinales contra el gasolinazo

nivel nacional optaron por la fidelidad al presidente,9 generando un distanciamiento aún mayor entre el gobierno - las cúpulas sindicales, y la población. El cuestionamiento del horizonte político del gobierno y de los procesos de toma de decisión, así como la renovada capacidad popular de contestar las políticas gubernamentales, reabrieron el debate sobre el rumbo tomado por el gobierno de Evo Morales evidenciando, una vez más, que las cuestiones que subyacen a los ejes planteados en este libro siguen sin resolverse.

9 La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, (csutcb), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (cscib) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (fnmciob - bs), emitieron su apoyo al gasolinazo, a través de una conferencia de prensa el 30 de diciembre

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Siglas y Acrónimos

AC Asamblea ConstituyenteADN Acción Democrática Nacionalistacainco Cámara de Industria y ComercioCAO Cámara Agropecuaria del Oriente CIU Célula Indianista UniversitariaCNCB Confederación Nacional de Colonizadores de BoliviaCNRA Consejo Nacional de Reforma AgrariaCOB Central Obrera BolivianaCONALCAM Coordinadora Nacional por el CambioCONALDE Consejo Nacional DemocráticoCONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del QullasuyuCONFEAGRO Confederación Agropecuaria NacionalCPSC Comité Cívico pro Santa CruzCSCIB C o n f e d e r a c i ó n Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia EGTK Ejército Guerrillero Tupaj KatariFEGASACRUZ Federación de Ganaderos de Santa Cruz FES Función Económica SocialFIAT Frente Indio Amáutico del TawantinsuyoFILTKA Frente Indianista de Liberación Tupaj KatariFULKA Frente Único de Liberación KataristaIDH Impuesto Directo a los HidrocarburosINC Instituto Nacional de ColonizaciónINE Instituto Nacional de EstadísticaINRA Instituto Nacional de Reforma AgrariaMAS Movimiento Al SocialismoMAS-IPSP Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los PueblosMIL Wiphala Movimiento Indianista de Liberación - WiphalaMINKA Movimiento Indianista Katarista

MIP Movimiento Indígena PachakutiMITKA Movimiento Indio Tupaj KatariMITKA-U Movimiento Indio Tupac Katari UnidoMNR Movimiento Nacionalista RevolucionarioMSM Movimiento Sin miedoMST Movimiento Sin TierraMUSEF Museo Nacional de Etnografía y FolkloreNCPE Nueva Constitución Política del EstadoOIT Organización Internacional del TrabajoPAN Partido Autóctono NacionalPCB Partido Comunista BolivianoPI Partido IndioPIAK Partido de Indios Aymara y KeswasPIB Partido Indio de BoliviaPIK Partido Indio del KollasuyoPIL Partido Indio de LiberaciónPODEMOS Poder Democrático y SocialPOR Partido Obrero RevolucionarioTCO Tierra Comunitaria de OrigenUDP Unidad Democrática PopularUJC Unión Juvenil Cruceñista UN Unidad NacionalUNASUR Unión de Naciones SuramericanasYPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

El Colectivo Katär- Uta esta integrado por:Manlio Flavio Barbosa de la Puente Dice que nació en Morelos y también que se encuentra cursando la maestría en Estudios Latinoamericanos, unam. Aunque no son conocidos, ha publicado algunos trabajos literarios y académicos en diversos suplementos así como en revistas independientes en esta misma entidad y en el df. No ha ganado premios literarios, ni ha publicado en revistas indexadas. Sus intereses de investigación tienen sus raíces en la tierra de México y Bolivia. Es un carnal que sueña con ser un anarquista guadalupano.

Marxa Nadia Chávez León. Nació en Chukiagu Marka, (La Paz – Bolivia), obtuvo la licenciatura en sociología en la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz - Bolivia), actualmente es maestrante en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una labor desde medios independientes de comunicación alternativa y algunas organizaciones sociales bolivianas. Ha colaborado en textos colectivos y revistas publicados en Bolivia y América Latina.

Gustavo Roberto Cruz Nació en Jujuy-Argentina. Su formación académica es: Licenciatura en Filosofía por la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) y Maestría en Estudios Latinoamericanos por la unam. Actualmente cursa su doctorado en Estudios Latinoamericanos en la misma universidad, con el proyecto de investigación “Indianismo revolucionario: sus disputas con el marxismo”. Es profesor de asignatura del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Miembro de la Sociedad de Estudios Culturales Nuestra América (secna, México). Entre sus publicaciones se encuentra el libro La liberación indígena contemporánea en Bolivia. Crítica filosófica a una estética-política racializada, Córdoba, Argentina, educc, 2009. Y el artículo “Aproximación al Indianismo Revolucionario de Fausto Reinaga” en Globalización. Revista (digital) Mensual de Economía, Sociedad y Cultura, Julio de 2009.

Gabriela Delgadillo Guevara Cursa la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, antes estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Ha participado en diversos colectivos y proyectos comunitarios, así como en proyectos de investigación en la unam y en el Colegio de México.

Lucia Linsalata Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y Diplomáticas en la Universidad de Trieste (Italia) y la maestría en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la unam. Ha publicado varios artículos en revistas y medios independientes de Italia y América Latina.Pablo Mamani Ramírez Es de formación sociólogo por la Universidad Mayor de San Andrés (umsa-Bolivia) con Maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso-Ecuador). Autor de varios libros y artículos publicados en Bolivia y en el exterior entre ellos: El Rugir de la Multitud; La fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia (2004); Microgobiernos barriales. Levantamiento de la ciudad de El Alto (octubre 2003) (2005); Geopolíticas indígenas (2005). Actualmente es doctorante por la Universidad Nacional Autónoma de México, unam. Es uno de los Responsables de Revista Willka publicada desde la ciudad de El Alto-Bolivia. Adriana Paola Martínez González Es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (unam), es maestra en estudios Latinoamericanos y actualmente está adscrita al programa de doctorado en Estudios Latinoamericanos en la unam. Ha publicado artículos sobre movimientos populares e indígenas en revistas independientes y desde 2007 escribe en el Observatoire des Amériques de la Universidad de Québec. Es militante del Partido Comunista de México (pcm).Börries E. Nehe Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales en la Humboldt-Universität zu Berlín, y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, está adscrito al programa de doctorado en Estudios Latinoamericanos en la unam. Es colaborador de la revista alemana “Lateinamerika Nachrichten” y ha publicado artículos y fotografías en medios independientes de diferentes países de América Latina y Europa.

¿ahora es cuando? bolivia: cambios y contradicciones

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