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Centro Internacional para la Empresa Privada

El regreso de la izquierda y el futuro de las reformas en América Latina

Para más información por favor contactar a:John A. Zemko, Director Regional, América Latina y el CaribeCenter for International Private Enterprise (CIPE)1155 15th Street, NW • Suite 700Washington, DC 20005T: 202.721.9200 • F: 202.721.9250E-mail: [email protected]: www.cipe.org

El Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) es una entidad sin ánimo de lucro, afiliada a la Cámara de Comercio de EE.UU. y uno de los cuatro principales institutos de la National Endowment for Democracy - NED. Los programas de CIPE cuen-tan también con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID. CIPE ha apoyado más de 1000 iniciativas locales en más de 100 países en desarrollo, incorporando la participación del sector privado en la promoción de reformas institucionales, mejorando la gobernabilidad y construyendo un entendimiento del mercado basado en sistemas democráticos. CIPE provee apoyo gerencial, experiencia práctica y apoyo financiero a organizaciones locales para fortalecer su capacidad de implementar reformas democráticas y económicas.

Center for International Private Enterprise © 2008

Índice


I. Introducción 5 John D. Sullivan | Center for International Private Enterprise (CIPE)

II. Recomendaciones legislativas sobre temas económicos para el gobierno colombiano 9 Mauricio Cárdenas | Fedesarrollo, Colombia

III. La creación de alianzas público-privada en Nicaragua a través de la agenda nacional 19 Erwin Krüger | Cosep, Nicaragua

IV. La promoción de la agenda de negocios en el Perú 29 Ximena Zavala | Confiep, Perú

V. Colaboración especial La necesidad de las reformas en América Latina 35 Daniel Kaufmann | Director, Global Programs and Governance, The World Bank Institute, Estados Unidos

VI. Colaboración especial

Perspectivas sobre la región 41 Paul Bonicelli | Administrador adjunto para América Latina y el Caribe, USAID

VII. Panorama del gobierno corporativo en Colombia 45 Eugenio Marulanda | Confecámaras, Colombia

VIII. Desarrollo de liderazgo para combatir la corrupción en Ecuador 53 Mónica Hernández | Fundación Alternativa, Ecuador

IX. Entre mitos y política: Informalidad y pueblos indígenas 63 Hugo Maúl | Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Guatemala

X. Colaboración especial ¿Por qué avanzan las fuerzas antidemocráticas? Responsabilidades y autocríticas 77 Hernando de Soto | Instituto Libertad y Democracia

XI. La comunicación masiva en Bolivia 83 Roberto Laserna | Fundación Milenio, Bolivia

EL REGRESO DE LA IZQUIERDA Y EL FUTURO DE LAS REFORMAS EN AMÉRICA LATINA - CIPE | 3

Esta publicación ha sido elaborada para ayudarnos a definir nuestra visión conjunta en relación con el futuro de la región latinoamericana en los próximos cinco años. Se trata de una planificación estratégica, que no debe ser un programa de trabajo muy preciso y detallado, sino más bien una estrategia amplia y general que podremos utilizar interactivamente en la medida en que cambien los eventos de la región.

En los últimos cinco años se ha apreciado una serie de éxitos en la región, así como también muchos desafíos. Reflexionando al respecto, hemos elaborado esta publicación en el Perú, cuyo título es El regreso de la izquierda y el futuro de las reformas en América Latina. Escogimos este país porque fue nuestra primera iniciativa en la región, de la mano de Hernando de Soto y su trabajo en el Instituto Libertad y Democracia. Asimismo, hemos trabajado con la Confiep y con el Instituto APOYO.

Al escuchar a los expertos, hemos entendido que durante los últimos años el crecimiento macroeconómico ha sido muy positivo, después de los resultados negativos en la década de los noventa, para implementar las reformas tan necesarias en la región. Sin embargo, debemos ir más allá de las reformas fiscales y otros temas identificados en el Consenso de Washington.

El artículo “Adiós a la pobreza”, publicado por la revista The Economist, resalta algunas de las reformas que han sido implementadas en México, Brasil y, particularmente, en Chile; y que han generado una reducción de los niveles de pobreza, una mayor igualdad en la distribución de la política y una baja inflación.

La hiperinflación de los años ochenta ha cambiado en la mayoría de países, y quizá lo más prometedor es la creación de una nueva clase media, que es el marco de trabajo para un sistema democrático. Se puede notar que la dimensión es correcta en algunos de los países que han implementado estas reformas, siendo uno de ellos Chile, en donde como logro sustancial, la pobreza ha sido reducida a la mitad. Sin embargo, tenemos desafíos continuos, y parte de ellos, y de la paradoja, es el surgimiento de la izquierda.

I n t roducc ión John D. Sullivan

Director ejecutivo, Center for International Private Enterprise (CIPE),

EE.UU.


Al respecto, Hernando de Soto señala que los niveles de pobreza están bajando, y el crecimiento económico es real, pero no lo suficientemente rápido. Entonces, una hipótesis es que el surgimiento de la izquierda es un reflejo de las personas que ven los beneficios, pero que no los disfrutan; ven que el país está mejor, pero no sienten esto en sus bolsillos; y por supuesto, es uno de los fundamentos e impulsos de la insurgencia popular.

No debemos alarmarnos mucho por el regreso del populismo, ya que realmente hay dos izquierdas, y esa es otra de las paradojas que queremos investigar: una izquierda progresista, representada por el presidente brasileño Lula da Silva, y otra izquierda mucho más radical, que esencialmente amenaza la supervivencia del estado democrático y de la reforma económica, y eso, por supuesto, está asociado clásicamente con Castro, pero más recientemente con la nueva cara de la izquierda populista del presidente venezolano Hugo Chávez.

Esta publicación pretende examinar el futuro de la reforma en la región, y puede ayudarnos no solamente a lograr una mejor discusión y debate de estos temas, sino también nos puede llevar a las estrategias exitosas utilizadas en la región para implementarlas nuevamente, colectiva e individualmente.

Algunos de los colaboradores de esta publicación están involucrados con la Agenda Internacional de Negocios, y con la introducción de la gobernanza corporativa en la región, que es una herramienta muy importante de la reforma porque es una manera de enfocarla en un marco legal y regulatorio, necesario para mantener al Estado separado de los intereses de la empresa privada.

El liderazgo local también es extremadamente importante, y en muchas maneras es quizá lo más importante para resolver este tema de la izquierda populista en agenda, porque eso es obviamente un reflejo de aquellas áreas de la población que no están siendo alcanzadas por las reformas y por el Estado. Asimismo, se habla de informalidad y de cómo emitir efectivamente la idea de que la reforma va a darle beneficios a la persona promedio. Si no podemos lograr eso, nunca tendremos la base constituyente sobre la cual construir las reformas.

Además, dos personas comparten con nosotros sus investigaciones y hallazgos: Daniel Kaufmann, del Instituto del Banco Mundial, conocido por los indicadores de gobernanza; y Paul Bonicelli, administrador asistente de USAID para América Latina.

Esperamos que más allá de nuestros socios, se escuche el mensaje que creemos puede beneficiar la reforma, ya que sin ella los pobres no van a lograr resultados duraderos que esperamos resolver en muchos países, como alcanzar el crecimiento económico, a través de la oportunidad que formaliza al sector informal.


“Estamos convencidos de que el éxito de las políticas públicas no solamente depende de su contenido. Tanto

o más importante es cómo se hacen las reformas; es decir, si este proceso es representativo y participativo.

Para ello, necesitamos una institucionalidad que nos permita tener un buen proceso de

formulación de políticas públicas”.

El éxito de las políticas

En la Fundación para la Educación Superior y el Desarro-llo (Fedesarrollo), centro de estudios independiente, no gubernamental, fundado en 1970 con el objetivo de ana-lizar las políticas públicas en Colombia y constituido en un punto de referencia en el debate de estas, partimos de la base de que no existe una agenda predetermina-da de reformas en América Latina. La experiencia de los años noventa nos enseñó que no hay fórmulas mágicas, ni paquetes de reformas que funcionen en todos los paí-ses. Estamos convencidos de que el éxito de las políticas públicas no solamente depende de su contenido. Tanto o más importante es cómo se hacen las reformas; es decir, si este proceso es representativo y participativo. Para ello, necesitamos una institucionalidad que nos permita tener un buen proceso de formulación de políticas públicas.

Para definir qué son “buenas políticas públicas” es im-prescindible tener un punto de referencia. Trabajamos es-trechamente con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto denominado “La política de las políticas”, en el que identificamos algunas características que nos parecieron fundamentales para evaluar las “bondades” de una política pública:

Estabilidad. Una política es buena si no varía radical y súbitamente debido a los eventos políticos, como un cambio de ministro o de gobierno.

Adaptabilidad. Debe poder acomodarse a las diferen-tes circunstancias económicas, al ciclo económico. Por ejemplo, los gobiernos deben tener capacidad de maniobrar para ahorrar en una época de auge y desahorrar durante una época de recesión.

Coherencia y coordinación. Los diferentes niveles e ins-tituciones del gobierno deben actuar de manera cohe-rente y coordinada.

Orientación hacia el interés público. Las políticas deben estar diseñadas y orientadas hacia el bienestar de la po-blación, y no estar capturadas por intereses privados.

Eficiencia. Deben emplear la menor cantidad de recur-sos para obtener el mayor resultado posible.

Visibilidad y transparencia. Deben ser de conocimiento público y, por ende, transparentes.

Recomendaciones legislativas sobre temas económicos para el gobiernocolombiano

Mauricio Cárdenas

Fedesarrollo,Colombia


En el proceso de formulación de políticas es indispensable, además, la iden-tificación de los jugadores fundamentales, de aquellos que pueden tener po-der de veto o desempeñar un papel que es necesario tener en cuenta. Ello im-plica conocer también sus incentivos, sus preferencias y la posición que llevarán a la mesa de negociaciones. También interesa saber bajo qué reglas de juego interactúan, qué restringe su comportamiento, y cuál es su horizonte temporal; es de-cir, si serán jugadores de corto, mediano o largo plazo. Es vital conocer cómo funciona el sistema político, el de pesos y contrapesos, esto es, qué tan bien está diseñada la institucionalidad bajo la cual interactúan los jugadores para diseñar las políticas.

Con este lente hemos definido a los principales actores del escenario político en Colombia. Dado que es un régimen presidencialista, el Poder Ejecutivo juega un papel muy importante, tanto el Presidente como algunos miembros del gabinete. Otros jugadores son el Congreso, el Poder Judicial (las Altas Cortes), los funciona-rios de la burocracia estatal y de los gobiernos subnacionales; así como diversos entes no estatales, como la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro, los medios de comunicación, los representantes gremiales y los sindicatos.

El proceso legislativo y las políticas públicas en Colombia

En Colombia hemos vivido cambios fundamentales en el proceso de formulación de políticas, que se han traducido en cambios en los resultados de las políticas. Ejemplo de ello es la política fiscal, que cambió drásticamente después de la Constitución de 1991. Hasta entonces había una gran estabilidad fiscal, y niveles de déficit muy bajos. Como se observa en el Gráfico 1, las nuevas reglas de juego político elevaron el déficit fiscal y cambiaron totalmente el panorama:

Gráfico 1Balance del Gobierno Nacional Central como % del PIB

(1905-2005)

Fuente | 1905-2003, Junguito y Rincón (2004); 2004-2005, Ministerio de Hacienda (preliminar para 2005)

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10 | EL REGRESO DE LA IZQUIERDA Y EL FUTURO DE LAS REFORMAS EN AMÉRICA LATINA - CIPE

Otro efecto interesante (desde el punto de vista del producto final de este proce-so político) es el comportamiento de la inflación, que se redujo a niveles de un dígito, como se aprecia en el Gráfico 2.

Gráfico 2Colombia: Inflación anual (1950-2004)

Fuente | Banco de la República

Esos cambios en el comportamiento de la economía están asociados a la ruptura del esquema institucional del Frente Nacional (1958-1974), en el que el poder era compartido por los dos partidos tradicionales. En este esquema, que se ex-tiende hasta finales de la década de 1980, los jugadores claves en el proceso de formulación de políticas eran relativamente pocos. Con la Constitución de 1991 surgieron mucho más jugadores decisivos en el proceso de formulación de políticas.

En el panorama político actual, el Presidente sigue siendo un hombre muy pode-roso en términos de sus facultades legislativas, por lo que es el jugador clave en este proceso. El gabinete es menos importante, porque responde a las preferen-cias o necesidades de coalición del gobierno con el Congreso, por lo que existe una gran rotación de ministros. Durante el último período de la administración de Álvaro Uribe, la duración de los mandatos ha aumentado considerablemente. Sin embargo, si hacemos una caracterización de más largo plazo, lo que vemos es que en Colombia la duración promedio de ministros es muy baja (véase el Gráfico 3).

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Gráfico 3Colombia: Duración promedio de los ministros por períodos presidenciales

Fuente | Cálculos de los autores

Hasta el 2003, cuando se modificaron las reglas electorales, teníamos un sistema que favorecía la proliferación de listas aspirantes al Congreso, por lo que la gran mayoría conseguía solo un parlamentario. De hecho, esta tendencia se mantuvo en las elecciones legislativas del 2006, cuando se dio un incremento exponencial en el número de aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes. En los últimos años ha habido también un aumento en el número efectivo de partidos políticos en el país. Este es un factor que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestros programas, porque nos obliga a incluir a un grupo más amplio de actores influyentes y determinantes en el proceso político.

Una característica particular de Colombia, que también debemos considerar al diseñar nuestros programas, es que tenemos partidos con larga trayectoria, pero que a través de los años han perdido su identidad programática. Al mismo tiem-po, los parlamentarios elegidos a través de pequeños movimientos, captan a sus electores a través de prácticas clientelistas, que no reflejan preferencias de carác-ter ideológico, programático o plataformas de política pública. Esta fragmentación del Congreso y la falta de una identidad programática dificultan y complejizan el trámite de aprobación de los proyectos de ley.

Uribe Vélez 2002-2006

Pastrana Arango 1998-2002

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

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1,58

1,79

1,27

1,11

1,51

1,28

1,64

2,36

Pastrana Borrero 1970-1974

López Michelsen 1974-1978

Turbay Ayala 1978-1982

Betancur Cuartas 1982-1986

Barco Vargas 1986-1990

Gaviria Trujillo 1990-1994

Samper Pizano 1994-1998


Lecciones de algunas reformas legislativas

Dos ejemplos recientes de iniciativas legislativas en Colombia pueden servir para ilustrar cómo incide el proceso de elaboración de las políticas públicas en el resultado final, y las limitaciones de la interacción política. Estas son la reforma tributaria estructural y la reforma al régimen de transferencias territoriales, que se dio en el marco del proceso de descentralización del país.

Respecto del sistema tributario colombiano, existe un consenso respecto de las debilidades de este sistema. Los gremios, los académicos y la opinión pública coinciden en el diagnóstico de los grandes problemas en este ámbito. Entre ellos destacan los siguientes: Inestabilidad. Se evidencia en el hecho de que ha habido una reforma tribu-

taria cada año y medio durante los últimos 15 años.

Complejidad: Existe una multiplicidad de tasas y esquemas de retención.

Inequidad: Innumerables exenciones, beneficios tributarios y deducciones a algunos sectores sin una clara justificación.

Ineficiencia: Baja productividad y obstáculos para la competitividad.

Informalidad: Desincentivos para la formalidad empresarial y laboral.

Ante este diagnóstico, Fedesarrollo y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) elaboramos una propuesta de reforma tributaria que fue muy bien acogida por el gobierno, el cual presentó un proyecto de ley al Congreso, en el que básicamente lo que proponía era ampliar la base tributaria, reducir las tarifas, y, sobre todo, eliminar algunas exenciones. Se trataba de un pro-yecto que resolvía buena parte de los problemas identificados en el diagnóstico.

Sin embargo, cuando la propuesta pasó al Congreso esta se diluyó. A su vez, el gobierno no actuó de manera cohesionada, pues los distintos ministros de Hacienda perforaron la reforma tributaria para darle respaldo a las posiciones gremiales que buscaban preservar y mantener las extensiones existentes. Por su parte, los parlamentarios no estuvieron dispuestos a asumir el costo político que para sus intereses electorales implicaba un cambio estructural. Al final, se aprobó un esquema muy similar al que ya teníamos, pero con un elemento adicional: un impuesto al patrimonio para financiar los gastos adicionales en seguridad y defen-sa en el país que distorsiona aun más nuestra estructura tributaria.

El régimen de transferencias es otro tema trascendental en materia fiscal en Co-lombia. Al igual que en el caso de la reforma tributaria, el gobierno coincidió con entidades como Fedesarrollo en que era necesario modificar este régimen para evitar un incremento considerable en las transferencias a partir del 2009, que podía poner en dificultades la sostenibilidad fiscal del país. Sin embargo, el texto


de la reforma que aprobó el Congreso en junio del 2007, resultó muy distinto a la propuesta original del gobierno. En sentido contrario a lo esperado, este cambio implica un incremento significativo en las transferencias que reciben departamen-tos y municipios, por lo que tendrá aun mayores costos fiscales.

Estos dos ejemplos ilustran la importancia del proceso y de los actores en la formulación de las políticas públicas. La participación del Congreso derivó en resultados muy distintos a los de la propuesta original. Cuando se fundó Fedesarrollo en los años setenta, el esquema de formulación de políticas excluía al Congreso y a las Altas Cortes, por lo que no se les consideraba en el diálogo. En la actualidad, con las nuevas reglas de juego y las nuevas instituciones políticas de Colombia, es evidente que existen otros jugadores fundamentales. Nuestra institución debe dirigirse, más que a los tecnócratas que están fuera y dentro del gobierno, a otras órbitas relevantes para el proceso político.

El papel de “Economía y Política” en el escenario legislativo de Colombia

Para alcanzar la meta de abrir el diálogo con estos sectores e influir sobre los nue-vos actores, hemos diseñado, con la participación del CIPE, un producto denomi-nado “Economía y Política”, que consiste básicamente en el análisis económico de las iniciativas legislativas o de los temas que estén siendo discutidos en la Corte Constitucional, que es donde se toman las decisiones de última instancia (todos los proyectos de ley y las reformas constitucionales, van al final a la Corte Cons-titucional, que puede hacer modificaciones inapelables). Los objetivos concretos de este proyecto son los siguientes: Dar recomendaciones de política basadas en análisis económicos rigurosos e

independientes.

Proveer a los protagonistas del proceso (poderes Ejecutivo, Legislativo, Altas Cortes) elementos de análisis para la toma de decisiones.


Hacer un seguimiento político al desempeño de los principales actores.

Informar al ciudadano común y corriente sobre los temas de actualidad de la política económica.

Proveer insumos a los medios de comunicación para que produzcan una opinión informada.

El resultado de este análisis es un boletín mensual que publicamos en el diario Ámbito Jurídico, que circula entre 80 mil suscriptores, principalmente abogados (entre los cuales se encuentra este grupo objetivo). Además, tenemos una publicación adicional, dirigida específicamente a parlamentarios y magistrados. Al mismo tiempo, promovemos la discusión porque orga- nizamos seminarios alrededor de estas publicaciones, en los que participan los jugadores más importantes, y hacemos ruedas de prensa para difundir nuestros puntos de vista sobre estos proyectos de carácter legislativo y para difundir entre la opinión pública colombiana los puntos de vista de nuestra institución.

En los últimos números hemos analizado temas que son de gran importancia para las políticas públicas en el país, como la reforma del sistema de justicia; los topes a las tasas hipotecarias, el presupuesto anual; la economía política del TLC con Estados Unidos; la reforma a la contratación pública, entre otros.

Este proyecto ha permitido que una posición técnica e independiente, con un criterio que –procuramos– sea objetivo, llegue a un grupo de jugadores decisivos para el diseño y formulación de las políticas públicas. Con frecuen-cia, estos documentos son citados en el debate congresal, por parlamentarios de diferente filiación política. También hemos influido sobre sentencias de la Corte Constitucional, en las que se cita la opinión de un ente independiente como es Fedesarrollo.


Luciana Díaz Frers, CIPPEC,

Argentina

La experiencia del CIPPEC en la formulación de

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)

desarrolla en la actualidad un proyecto similar al de Fedesarrollo en Colombia. El punto de

partida es también muy parecido, pues se basa en el diagnóstico de que la viabilidad de las políticas

públicas depende de la coparticipación de numerosos actores. Para alcanzar este objetivo nos reuni-

mos con legisladores, exponentes del Poder Ejecutivo (tanto nacional como provincial), y buscamos

involucrarlos en el proceso de formulación de las políticas, y de debatir con ellos cuáles son las

reformas prioritarias. Estos debates son difundidos a través de seminarios, documentos de política y

publicaciones en los medios.

Uno de los mayores logros en este aspecto ha sido la gran acogida que está logrando el Semina-

rio Anual sobre Federalismo Fiscal, a partir de su octava convocatoria, organizada por el CIPE y el

CIPPEC. Para este evento involucramos al Senado y a la Comisión de Coparticipación (que es la

encargada del federalismo fiscal), y logramos que la sede fuera el Congreso. Ello permitió que el

evento contara con la audiencia de algunos legisladores y asesores, y ha sido un avance en nuestro

objetivo de empoderar a los legisladores, para que la iniciativa y las decisiones en el diseño de

políticas públicas no estén únicamente en manos del Poder Ejecutivo.

Debemos admitir, sin embargo, que el estilo de la izquierda argentina es vertical, y admite pocos

cuestionamientos. Ello nos obliga a una estrategia refinada al ejecutar nuestras actividades de moni-

toreo y al criticar las políticas, porque debemos seguir elaborando documentos de políticas públicas, y

mantener buenas relaciones con los legisladores y los asesores que participan en las discusiones.

Reflexiones finales

Como se ha visto, en el futuro debemos partir del principio de que el éxito de las políticas, o las buenas políticas, son el resultado de buenos procesos; es decir, de procesos en los que hay mucha información, participación, en los que los jugado-res conozcan las implicaciones y el impacto de sus decisiones e interactúen por un tiempo relativamente largo.

Al mismo tiempo, el proceso de formulación de políticas requiere cada vez más de jugadores independientes que se ocupen de generar información, analizar el impacto de las reformas y difundir esa opinión entre la opinión pública, particular-mente entre el electorado.

Este último punto es de gran importancia, dado que el electorado y la opinión pública son cada vez más exigentes y sofisticados. En ese sentido, es fundamental


El sistema de pesos y contrapesos varía además según la popularidad del Ejecutivo. Cuando esta es alta, el Congreso

prácticamente no interviene en el proceso legislativo; por el contrario, cuando la popularidad del Ejecutivo baja, se enrique-

ce el debate político y el Congreso se torna más representativo y diverso. Por ello, la estrategia de intervención en la for-

mulación de políticas debe sintonizar con este ciclo en el que sube y baja la legitimidad de cada uno de estos poderes.

La idea principal es que, aunque los diagnósticos, las reformas pendientes y el proceso de decisión de esas re-

formas puedan ser parecidos, es necesario tener en cuenta las especificidades y los matices que influencian la

estrategia que debe aplicarse en cada país de la región.

Resultados CIPPEC

El Congreso institucionalizó el Seminario Anual en Federalismo Fiscal, aumentando el número y varie-

dad de personas involucradas. Este acontecimiento se reconoce como una reforma indispensable que

permite un desarrollo equitativo en Argentina.

Se promulgó la Ley de Financiamiento en Educación con las propuestas de CIPPEC.

Asimismo, de acuerdo con las recomendaciones de CIPPEC, una ley corrige el trato diferencial en el

impuesto de Valor Añadido en el sector panificador, estableciendo una homogeneidad de 10.5% para

todo el sector.

políticas públicas en Argentina

que nuestros puntos de vista no aparezcan como predeterminados, o asociados exclusivamente al patrocinio de las entidades que respaldan a una institución como Fedesarrollo. Debemos buscar permanentemente fuentes diversificadas de financiamiento para evitar la percepción de que hemos sido capturados por un interés particular o por una visión específica del mundo; y poder seguir siendo influyentes en el debate de políticas públicas.

En ese sentido, el proyecto “Economía y Política” que hemos identificado conjun-tamente con el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE, por sus siglas en inglés) es el que mayor valor agregado le ha dado a Fedesarrollo, pues nos ha permitido tender puentes entre la tecnocracia (los economistas) y estos nuevos centros de poder, que tienen la última palabra en muchas de las decisiones eco-nómicas y políticas.


“En Nicaragua avanzamos en dirección contraria a las grandes confrontaciones de los años ochenta, a las

guerras civiles, muertes, expropiaciones; y también a las propuestas de los expertos en planes nacionales de

desarrollo, líderes o expertos del Banco Mundial, FMI, entre otros. No es que estas propuestas fueran

malas, sino que nunca fueron consultadas con el empresariado, ni siquiera durante

los gobiernos de derecha”.

Antecedentes

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) es la cú-pula empresarial de Nicaragua. Fue fundado hace 35 años y aglutina a 11 cámaras empresariales, las que a su vez tie-nen como asociados a miles de empresarios. Además del Consejo Superior, cuenta con una Junta de Consejeros, en la que participan los líderes de los 11 grupos empresariales más grandes de Nicaragua, y mantiene una alianza con la principal federación de pequeñas y microempresas.

En sus tres décadas de existencia, ha jugado un papel fun-damental en la política del país. Fue el Cosep, por ejem-plo, quien le pidió la renuncia a Anastasio Somoza y lideró el movimiento para que dejara el poder. Durante los años ochenta, se constituyó en la oposición política al gobierno sandinista de Daniel Ortega; como consecuencia de ello, varios líderes del sector privado fueron asesinados o encar-celados. Desde entonces, el Cosep ha expresado siempre la posición de los empresarios y ha defendido los valores en los que creemos.

Nicaragua tiene un gobierno de izquierda que vive un con-flicto singular entre lo que debe hacer en la economía y lo que debe hacer en el ámbito político. En el extremo

económico están todas aquellas acciones que se requieren para alcanzar la estabilidad macroeconómica: mantener la estabilidad de precios, controlar la inflación y el gasto públi-co, aplicar una política monetaria responsable; y también fo-mentar la inversión pública y privada para crear empleo, in-crementar la producción y aumentar las exportaciones. En el otro extremo, en el político, está todo aquello que no puede dejar de hacer, debido fundamentalmente a la naturaleza del partido de gobierno y a su compromiso con sus electo-res. Esto se manifiesta en un contenido populista y también en algunas alianzas internacionales, como la que tiene con el presidente venezolano Hugo Chávez –que le puede traer réditos económicos en términos de ayuda petrolera, pero condicionados a exigencias de carácter político–, y otras alianzas verdaderamente riesgosas para la seguridad del país, como la que está tratando de forjar con Irán.

América Latina, a su vez, vive también un resurgimiento de la izquierda. Por un lado, está lo que podríamos llamar una izquierda democrática y responsable, como la de Lula da Silva en Brasil, la de Bachelet en Chile, tal vez la de Argen-tina; y por otro, la izquierda radical, representada por Cuba y por Chávez. Una preocupación respecto de esta última

La creación de alianzas público-privadas en Nicaragua a través de la agenda nacional

Erwin Krüger

COSEP, Nicaragua


es que, en la medida en que aumente su poder real, los gobiernos que la repre-sentan decidan enfrentarse a los sectores económicos. En ese sentido, nuestro desafío es cómo fortalecer la economía sin reforzar las políticas de carácter au-toritario. Es decir, cómo lograr que ese aumento de poder no revierta contra el sector privado. Es una posibilidad ante la que los empresarios del Cosep estamos siempre alertas. Somos conscientes de que los cambios de actitud política de la izquierda no necesariamente significan cambios de mentalidad, aunque tenemos la esperanza de que lo que se ha avanzado en Nicaragua pueda servir de transi-ción a una izquierda más democrática.

No hay que olvidar, no obstante, que Nicaragua, al igual que el resto de América Latina, necesita cambios profundos en la distribución del ingreso y la riqueza. Esto es claro para el Cosep y somos enfáticos al afirmar que para el sector privado de Nicaragua, la pobreza no es aceptable. No nos sentimos orgullosos de las políticas que nos han llevado a estos extremos o que nos han mantenido en estos niveles de pobreza. A propósito de ello siempre recuerdo la famosa frase de José de Vasconcelos, quien decía que la revolución de los de abajo sólo se puede evitar llevándola a cabo desde arriba.

Panorama político y económico de Nicaragua

Actualmente el panorama político de Nicaragua es el siguiente. Hay un gobierno de izquierda, pero es un gobierno de minoría, que cuenta con el 38% de los votos de la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo es controlado principalmente por la Alianza Liberal de Nicaragua y el Partido Conservador (ALN-PC) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Estos dos grupos obtuvieron en la última elección presidencial el 53% de los votos. El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), un partido político de izquierda, obtuvo aproximadamente el 7% de los votos. Un hecho que ilustra la debilidad política del partido de gobierno en Nicaragua es lo que ocurrió con la iniciativa del Poder Ejecutivo de lanzar los consejos de poder ciudadano, para lograr lo que denominan “democracia directa”. La propuesta fue derrotada en la Asamblea por la mayoría opositora al gobierno. En estas condi-ciones, el gobierno actual necesita buscar alianzas para impulsar sus programas. Hasta el presente, se respetan las reglas democráticas a pesar de la retórica polí-tica del gobierno.

En general, el país vive en democracia: hay libertad de prensa, de comercio, se respetan la libre empresa y la propiedad privada. La violencia como solución al conflicto político es rechazada. No hay que olvidar que en los años ochenta, Nica-ragua vivió una de las peores guerras civiles de la historia. Las estadísticas indican que murieron más de 80 mil personas en este pequeño país de 5 millones de habitantes (para Estados Unidos, la guerra de Vietnam representó 50 mil muertes y es un trauma que perdura). No es difícil imaginar lo que significan para Nicara-gua estas muertes. Durante esos años, además, el sector privado fue expropiado


y expulsado de cualquier centro de poder, únicamente quedó aglutinado en el Cosep y en algunos pequeños propietarios.

Igualmente, el autoritarismo como forma de gobierno es rechazado por la socie-dad. Luego de las duras experiencias de los ochenta —que nos han llevado a ser el segundo país más pobre de América Latina— contamos con un liderazgo políti-co más maduro, y un empresariado también más maduro. Esa madurez se refleja en la voluntad de anteponer los intereses nacionales a las ideologías partidarias, a cualquier grupo de presión o a intereses particulares.

En cuanto al panorama económico de Nicaragua, es necesario tener en cuenta la base en la que se asienta nuestra agenda de negocios. La economía de Nicaragua es abierta. La suma de sus exportaciones e importaciones representa un 71,2% del PBI total. La fuente de divisas, fundamental en una economía abierta, se basa en las exportaciones (en las que juega un papel central el CAFTA –Central America Free Trade Agreement–, el tratado de libre comercio con Estados Unidos), en las remesas familiares que vienen principalmente de Estados Unidos y Costa Rica –donde está desplazada más o menos el 20% de la población nicaragüense–, la inversión extranjera, la inversión doméstica que se realiza con divisas extranjeras, y la cooperación internacional.

Lo anterior es fundamental para entender las restricciones que debe enfrentar el gobierno, dado que cualquier acción estatal o política pública que afecte el flujo de divisas extranjeras tendrá impacto inmediato en la economía del país. Consciente de ello, y a petición nuestra, el gobierno de Nicaragua ha firmado recientemente un plan trienal –la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional–, que si es aprobado por el FMI, permitirá establecer la política ma-croeconómica y sectorial del gobierno actual.

El crecimiento económico para el 2007 fue de 3,7%, similar al del 2006, aunque podría ser menor, pues Nicaragua ha venido experimentando un proceso de desaceleración desde el 2004 hasta el presente. Las inversiones cayeron princi-palmente porque el sector público, el principal inversionista, ejecutó solamente el 30% del presupuesto aprobado durante el primer semestre del año. Sin em-bargo, las exportaciones crecieron casi en 20%; cifra que por primera vez fue superior al de las importaciones, lo cual cerró la brecha en la balanza comercial.

El sector privado nicaragüense en la agenda nacional

Dado el contexto anteriormente descrito, el sector privado ha elegido liderar los cambios desde arriba fortaleciendo un sistema de libre empresa profunda-mente humanista, con responsabilidad social empresarial. Tenemos una pro-puesta nacional de negocios y de cambio social, basada en lo que llamamos “Ejes de Desarrollo”. Para elaborarla, analizamos primero la propuesta gubernamental, expresada en el plan de gobierno del Frente Sandinista durante el período electoral.


En este plan, el Frente Sandinista establece las siguientes prioridades y acciones:1. Combate a la pobreza; crecimiento con equidad, reconciliación nacional Subsidio al transporte público

Aumento del salario mínimo

2. Generación de empleos; crédito a pequeños productores

Apertura de zonas francas

Tratados comerciales con Sudamérica

Obras públicas en infraestructura

Oportunidades de inversión en energía, comunicación y turismo

Creación del Banco de Fomento a la Producción

Creación del Banco Comunitario Municipal

Creación del Banco de Fomento Municipal

3. Salud pública y educación

Salud pública gratuita

Educación gratuita

Inversión en infraestructura de salud - Salud preventiva

Campaña de alfabetización “Yo Sí Puedo” a nivel nacional

Incorporación de tecnología al sistema educativo

4. Defensa de autonomía de la Costa Caribe y descentralización de municipios

5. Garantizar la seguridad ciudadana

6. Protección del medio ambiente, y la prevención y mitigación de desastres naturales

7. Protección de la soberanía nacional

¿Y cuáles son los objetivos del sector privado? Primero, que prevalezca la economía de mercado, el sistema de precios y la libre empresa. Segundo, que se mantenga un ambiente de estabilidad macroeconómica y todo lo que ello implica en el ámbito fiscal, monetario y cambiario.


En América Latina, hoy en día la izquierda tiene muchas banderas, pero no tiene propuestas económicas. Levanta la bandera del populismo, de la pobreza, de la salud, pero no tiene un proyecto económico integral como el que existía cuan-do la revolución de 1917 en Rusia. En la derecha sí tenemos propuestas, pero levantamos muy poco las banderas. Al identificar lo que el gobierno persigue y lo que nosotros perseguimos, vemos los objetivos de la Nación y, con ello, la oportunidad de entablar una comunicación anteponiendo los intereses del país a cualquier tipo de consideración ideológica, política, empresarial o personal.

En Nicaragua avanzamos en dirección contraria a las grandes confrontaciones de los años ochenta, a las guerras civiles, muertes, expropiaciones; y también a las propuestas de los expertos en planes nacionales de desarrollo, líderes o expertos del Banco Mundial, FMI, entre otros. No es que estas propuestas fueran malas, sino que nunca fueron consultadas con el empresariado, ni siquiera durante los gobiernos de “derecha”. En el caso de la agenda actual, en cambio, la propuesta proviene del sector privado, y cuenta con la anuencia y la colaboración de este gobierno de izquierda. Fue creada en función de las características de la economía nicaragüense que, como se mencionó líneas arriba, es pequeña, abierta, y depen-diente de las exportaciones. Es una propuesta doctrinariamente fundamentada y el éxito de la estrategia que propone depende de la capacidad del sector privado de trabajar en conjunto con las autoridades de gobierno.

La primera reunión entre Daniel Ortega y el Cosep tuvo lugar el 9 de noviem-bre de 2006, cuatro días después de que fuera electo presidente. Las semanas siguientes, previas a la presentación de nuestra propuesta, estuvimos en constante comunicación con las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo. A es-casamente un mes y días después de la elección, el 15 de diciembre, el sector privado le presentó al gobierno la iniciativa de los Ejes de Desarrollo, la cual fue aprobada. Fue una reunión histórica, pues asistieron, además de las altas autoridades gubernamentales y los representantes del Instituto Centroamerica-no de Administración de Empresas (INCAE), los presidentes de las 11 cámaras empresariales y los líderes de los 11 grupos empresariales más grandes del país (con el suscrito éramos 23 personas). La propuesta fue preparada con el aseso-ramiento del INCAE y se fundamenta en una estrategia de crecimiento liderada por las exportaciones.

Los Ejes de Desarrollo

El objetivo básico de esta agenda conjunta es estimular la inversión privada, guiándonos por el sistema de precios internacionales y centrándonos en ejes de exportación, es decir, en sectores que nos permitan insertarnos en la economía global. Estos sectores deben ser, específicamente, aquellos que representen opor-tunidades en las que podemos especializarnos, en línea con las teorías de David Ricardo. Los otros sectores de producción de bienes y servicios son vagones que se sumarán a esta locomotora de desarrollo que serán las exportaciones. Esta estrategia debería acelerar la tasa de crecimiento, y así está firmado con el Fondo


Monetario, quién prevé un crecimiento de alrededor de 5% en los próximos tres años. En el sector privado creemos, sin embargo, que es posible alcanzar niveles del 8 al 10%, y para lograrlo estamos dispuestos a pagar impuestos, a invertir nuestros fondos y a aumentar las exportaciones.

La razón de esta estrategia es que vivimos en un mundo globalizado, en el que predominan las fuerzas del mercado y el sistema de precios: una economía en la que las ventajas comparativas son las que producen resultados. Por ello, de-bemos especializarnos e intercambiar con el resto del mundo de una manera eficiente. Necesitamos captar inversión nacional y extranjera para modernizar y cambiar nuestra estructura de producción, y lograr ser competitivos econó-micamente. Solamente así podremos elevar el nivel de vida de la población. Esta certeza la compartimos con el gobierno. Las premisas son claras: reglas transparentes, de fácil implementación, respeto absoluto a la propiedad privada, seguridad jurídica y un sistema judicial imparcial (un aspecto en el que tenemos mucho por hacer). Asimismo, debemos implementar e imitar aquellas políticas y prácticas que han dado resultado en Chile, Irlanda, Costa Rica, Singapur, India y China; no tenemos que inventar la rueda.

Para el caso específico de Nicaragua, identificamos dos tipos de ejes de desarro-llo, a los que denominamos “verticales” y “transversales”. Los primeros están re-presentados por aquellos sectores que, como se mencionó líneas arriba, pueden ser las locomotoras del desarrollo, impulsando la economía nacional y generando divisas. Hemos identificado nueve ejes verticales: 1. Turismo

2. Industria manufacturera/maquila-textil/corte y confección

3. Ganadería: carne y leche

4. Café

5. Agroindustrias alimentarias

6. Pesca y acuicultura

7. Maní

8. Caña de azúcar e industrias conexas

9. Costa Atlántica

Para hacer despegar a estos sectores, los empresarios no necesitamos finan-ciamiento, disminución de impuestos, excepciones o subsidios del gobierno. La banca en Nicaragua es privada y el mercado de valores es manejado por la ini-ciativa privada. El sector tiene la capacidad y la experiencia de mover recursos en el corto, mediano y largo plazo, aunque en estos últimos todavía debemos aprender. Lo que necesitamos de parte del gobierno es que nos haga fácil la


tarea, que trabaje con nosotros para que podamos alcanzar esta meta de manera más rápida y eficiente.

El desarrollo de estos ejes verticales, sin embargo, depende estrechamente de que tengamos éxito en mejorar los ejes transversales, que son específicamente cuatro:1. Energía

2. Infraestructura

3. Financiamiento

4. Educación técnica

El lanzamiento oficial de los Ejes de Desarrollo

El acto oficial de lanzamiento de los Ejes de Desarrollo fue el 19 de junio de 2007, luego de seis meses de reuniones y negociaciones estudiando la propuesta y negociando cómo se iban a integrar las comisiones. Asistieron representantes del sector privado, del gabinete gubernamental y del INCAE. En esta reunión se pre-sentaron los grupos de trabajo, integrados por ministros y líderes empresariales.

Son seis grupos de trabajo, con sus respectivas subcomisiones:1. Sector energía e infraestructura

Subsector energía

Subsector infraestructura

2. Sector agropecuario, pesca y forestal

Subsector ganadería

Subsector maní

Subsector café

Subsector cadenas agroalimentarias

Subsector pesca y acuicultura

Subsector caña y productos agroindustriales

3. Turismo y zonas francas

Subsector turismo

Subsector industria manufacturera


4. Costa Atlántica

5. Financiero

6. Educación técnica y terciaria

Además del acto de presentación, se preparó una separata para difundir la pro-puesta y los grupos de trabajos conformados, la cual fue publicada en los diarios de mayor circulación nacional. Está disponible también en la página web del Cosep (www.cosep.org.ni).

Avances

Entre junio y setiembre del 2007 hubo algunos avances concretos, fundamen-talmente relacionados con el objetivo de alcanzar consensos para aumentar la competitividad económica, fomentar la inversión y acelerar la tasa de crecimien-to. Por ejemplo, se logró consensuar un Plan Nacional de Desarrollo Turístico. Asimismo, el gobierno acordó desarrollar programas de entrenamiento técnico nacional, según las prioridades de la empresa privada. Otros avances fueron los siguientes: La activación de la Comisión Infraestructura: Sector Público y Sector Privado,

de responsabilidad compartida.


La aprobación de las normativas prioritarias para la Ley de Mercados de Capi-tal (Mercados Secundarios y Fondo de Inversión).

La Firma de la Carta de Intención del programa trienal con el FMI.

La reforma al Reglamento de Pesca, que permitirá aumentar la pesca artesanal.

El compromiso del gobierno de defender rubros exportadores, como el maní, ante la Organización Mundial de Comercio.

El acuerdo entre el sector público y privado de elaborar conjuntamente la política y el marco jurídico de agroenergía y biocombustible.

El consenso público-privado del Plan Operativo del Sector de Cadenas Agroalimentarias.

El consenso público-privado de la infraestructura portuaria, lacustre y terrestre para el desarrollo productivo en la Costa Atlántica.

El consenso público-privado del Plan de Ahorro Energético.

El consenso público-privado del Plan de Inversión Energética.


“Al igual que otros países de América Latina, durante la década de los noventa, el Perú llevó a cabo una ola de reformas políticas y económicas: las denominadas de ’primera generación’. Sin embargo, tras el destape

de la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori y el cambio de régimen, estas reformas fueron

severamente cuestionadas por la población. Desde entonces, parte de la agenda de la Confiep es

llevar adelante las denominadas reformas de ’segunda generación’”.

¿Cómo se promueve la agenda empresarial en el Perú?

El modo en que la Confederación Nacional de Institu-ciones Empresariales Privadas (Confiep) contribuye a la agenda de negocios en el Perú es mediante la generación de iniciativas o la discusión de propuestas dentro de los gremios, dentro de su comité de trabajo o dentro de las empresas. Esto se traduce normalmente en propuestas o comunicaciones, que luego presentamos ante las autori-dades, mediante rondas de prensa, comunicaciones con los gremios o artículos en nuestra revista Presencia o en la página web del gremio.

Los temas en los que trabajamos son, básicamente,

Ximena Zavala

CONFIEP, Perú

Programas de CONFIEP

reforma del Estado, promoción de inversiones, com-petitividad, temas sociales y otros relacionados con el Pacto Mundial, ya que Confiep es la Secretaría Técnica de esta red en el Perú. Ello se traduce en un conjunto de proyectos institucionales que se ejecutan en cinco áreas específicas, tal como se señala en el siguiente cuadro.

El “Tramifácil”, por ejem-

Reforma del Estado

Tramifácil

Municipal Scorecard

Promoción de Inversioness

Agenda Nacional de Refor-mas Económicas Pendientes

Red de Enlace con el Sector Empresarial

Competitividad

Foro “Pequeña Empresa-Confiep”

Agenda del Sector Empresa-rial a Nivel Regional

Promoción de Conglomera-dos Empresariales

Fomento de la Productividad de Pequeñas Empresas

Social

Asociación Empresarios por la Educación

Programa Nacional del Canon Minero

Objetivos de las Metas del Milenio

Pacto Mundial

Sistema de Voluntariado Corporativo

Cátedra Itinerante: ¿Qué es una empresa responsable?

Movimiento por la Ética y los Valores

Inclusión de Personas con Discapacidad

La promoción de la agenda de negocios en el Perú


plo, es una propuesta de simplificación de trámites municipales, que surgió luego de un estudio que hicimos con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). En él se determinó que uno de los principales obstáculos para la inversión privada, especialmente para la pequeña y mediana empresa, eran las trabas municipales. Para desarrollar el programa, hemos instalado una mesa de trabajo con el sector público (Presi-dencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía, Ministerio de Comercio Exterior), el sector privado (Confiep y otros gremios empresariales) y organismos internacionales (IFC, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo). Lo que buscamos es convencer a las autoridades locales y regionales para que simplifiquen sus trámites administrativos, a fin de que promuevan y faciliten la inversión.

Hemos trabajado ya con varias municipalidades y uno de los avances más noto-rios es el que ha logrado la Municipalidad de Lima. Hasta antes de que aplicara su proceso de reformas, la municipalidad tardaba 102 días en otorgar una licencia de funcionamiento; actualmente, tarda solamente dos días. Se han obtenido re-sultados similares en Cajamarca y Piura, pero todavía queda mucho camino por recorrer, pues es difícil convencer a los gobiernos locales de que reduzcan el plazo de sus trámites.

También en relación con las barreras burocráticas a la inversión, tenemos el pro-grama municipal Scorecard, un ranking en el que las municipalidades pueden participar voluntariamente. Se lanza una vez al año, y nos permite comparar cómo estamos respecto de las municipalidades de otros países de la región. No hemos salido muy bien últimamente, por lo que estamos trabajando con más ahínco en el proyecto “Tramifácil”.

En el tema de promoción de inversiones, contamos con una red de enlace, cuyo objetivo central es informar al sector empresarial acerca de las oportunidades de negocio que promueve el Banco Mundial. Además, participamos con el CIPE en la Agenda Nacional de Reformas Económicas. De este proyecto nos ocuparemos con detalle líneas abajo.

En el aspecto social, hemos creado la Asociación de Empresarios por la Educación (inspirada en la Fundación de Empresarios por la Educación de nuestros amigos colombianos), y tenemos también un Programa Nacional del Canon Minero, des-tinado a capacitar a los gobiernos regionales y locales para la ejecución de obras públicas que puedan sacar de la pobreza a sus localidades. En la actualidad, gran parte de los ingresos por canon están depositados en cuentas bancarias, debido a que los gobiernos regionales y locales no están preparados para desarrollar proyectos de gran magnitud. También estamos participando en los Objetivos de las Metas del Milenio.

En cuanto al Pacto Mundial, tenemos diversos proyectos vinculados básicamen-te con temas de responsabilidad social, movimiento por la ética y valores, y un proyecto de inclusión de personas con discapacidad dentro de las empresas que forman los gremios de la Confiep.


La Agenda Nacional de Reformas Económicas en el Perú

Este es un proyecto que estamos desarrollando con la colaboración del CIPE y del Instituto APOYO, uno de los principales think tank del país. Los objetivos de este proyecto son, básicamente, tres: Sensibilizar a los congresistas y a las autoridades elegidas sobre la necesidad

de ejecutar las reformas económicas.

Alcanzar un consenso público en cuanto a la agenda de la reforma nacional por medio de un proceso participativo; y

Consolidar líneas de comunicación entre los líderes del sector privado y las autoridades elegidas, principalmente a las de los gobiernos regionales y loca-les, con quienes tenemos mayores dificultades para consensuar una reforma económica.

Al igual que otros países de América Latina, durante la década de los noventa el Perú llevó a cabo una ola de reformas políticas y económicas: las denominadas de “primera generación”. Así, por ejemplo, se inició un proceso de concesión y privatización de las empresas del Estado y se reformó la legislación laboral, a fin de eliminar la estabilidad absoluta. Sin embargo, tras el destape de la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori y el cambio de régimen, estas reformas fueron severamente cuestionadas por la población. Desde entonces, parte de la agenda de la Confiep es lograr que no se revierta lo avanzado y que se lleven adelante las denominadas reformas de “segunda generación”. Debemos reconocer, sin embargo, que tenemos dificultades para lograr el compromiso político de desa-rrollar estas nuevas reformas, debido justamente a los cuestionamientos que ha habido a las primeras.

Los temas económicos claves de la Agenda Nacional de Reformas Económicas del Perú fueron identificados por representantes gremiales líderes del empresaria-do nacional, así como por analistas e investigadores académicos, y las principales organizaciones de la sociedad civil. Son los siguientes:

Promoción de inversiones.- Es necesario avanzar en las reformas orientadas a reducir costos de producción y logísticos, así como para obtener un mayor acceso a mercados y para una mayor articulación empresarial.

Simplificación administrativa y reducción de costos.- Se deberá mostrar los avan-ces ya hechos en simplificación administrativa y los problemas identificados como más urgentes a nivel de gobierno central, regional y local.

Estabilidad fiscal.- Se deberá plantear propuestas prácticas para solucionar los problemas de la política fiscal peruana.

Resolución de conflictos y administración de justicia.- Se deberá analizar el ac-tual sistema de resolución de conflictos y brindar en base a este análisis una serie de propuestas.


Reforma educativa.- Se deberá analizar la situación educativa nacional y esta-blecer recomendaciones orientadas a lograr una reforma efectiva.

Reforma del mercado laboral.- Se debe analizar la evidencia internacional y el mercado laboral en el Perú para plantear una serie de recomendaciones al respecto.

Actualmente, la Confiep viene trabajando con el gobierno en diversas propues-tas de reformas administrativas, fiscales, tributarias, laborales y sociales para la promoción de las inversiones. En cuanto a la promoción de exportaciones y la apertura a los mercados internacionales, hemos tenido una participación suma-mente activa en la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y estamos trabajando en otros tratados comerciales.

En el tema de simplificación administrativa, hemos formulado la Ley de Silencio Administrativo Positivo. Luego de consensuarla con el Poder Ejecutivo, la presen-tamos ante el Congreso de la República, que la aprobó. Actualmente, estamos en la etapa de su implementación y evaluando la posibilidad de capacitar a los gobiernos locales para que adecuen sus reglamentos a esta norma.

En el tema de estabilidad fiscal, hemos sostenido reuniones con el Ministerio de Economía. Aun cuando hemos logrado menos avances de los que esperábamos, estamos intentando avanzar con el resto de la agenda. Un logro importante, sin embargo, ha sido la propuesta para eliminar gradualmente las exoneraciones. Esperamos que cuando el Congreso vea la propuesta, apruebe la norma.

En cuanto a las reformas en el mercado laboral, realizamos una encuesta a nivel nacional y focus group para indagar acerca del clima laboral en el país. Encon-tramos que casi el 80% no tiene un empleo formal, y en consecuencia, no está interesado en la estabilidad laboral, en tener una mayor compensación por tiempo de servicios, o más vacaciones. La gran demanda de los trabajadores informales es, fundamentalmente, acceso a la seguridad social y a una pensión. Estos resultados los llevamos al Congreso, donde además nos reunimos con los líderes sindicales para explicarles que, al aumentar los beneficios al 20% de trabajadores formales, lo que se logra es excluir aun más a este 80% de trabajadores informales. Queda, sin embargo, un largo camino por recorrer porque todavía hay fuerzas dentro del Poder Legislativo que insisten en la estabilidad laboral y en lograr mayores benefi-cios para los empleados formales. Nuestra propuesta es que las personas que ya tienen esos derechos ganados no los pierdan, pero que se atiendan las demandas de este 80% de trabajadores que quiere entrar al mercado laboral formal.

Un avance importante de este proyecto se encuentra en la actualización del documen-to Reformas para promover la inversión en el país, que cubre aspectos tributarios, laborales, comerciales, de infraestructura, entre otros. Este documento fue presentado el pasado 14 de junio ante la Comisión Pro-Inversión del Congreso por el equipo de la Confiep encabezado por su presidente, Jaime Cáceres Sayán, junto al equipo técnico del Instituto APOYO. En el documento se incluyó la actualización de la agenda referida a los costos tributarios en el Perú, que derivó en un primer diagnóstico del tema, así como unos lineamientos de propuestas de agenda para su discusión y debate.


Los resultados de este diagnóstico eran muy previsibles: alta carga tributaria; re-caudación baja; inestabilidad del marco tributario; una estructura tributaria com-plicada e inequitativa que facilita la evasión y elusión e incrementa la carga sobre la base ya existente; y una administración tributaria complicada.

Sobre esta base, delineamos algunos temas para la agenda, como la implementa-ción de un plan de fiscalización para combatir la evasión y elusión; la eliminación de los impuestos temporales como el ITF, ITAN (o, al menos, la reducción de sus tasas), la modificación del Régimen Único Simplificado (RUS) para que los pe-queños contribuyentes inscritos en éste puedan emitir facturas; y la eliminación de las exoneraciones tributarias.

Lo que se viene

A fin de difundir el documento de actualización y las propuestas de reforma, la Confiep y el Instituto APOYO programamos una serie de reuniones con diversas comisiones parlamentarias (Economía; Descentralización y Modernización del Es-tado, Educación, Justicia y Derechos Humanos).

Creemos, además, que es indispensable que nos reunamos con las autoridades regionales. Aun cuando estamos en un proceso de descentralización, existe toda-vía una gran diferencia entre Lima y las regiones, incluso a nivel del empresariado, respecto de qué significa la promoción de la inversión privada, y de lo que se requiere para ello. Nuestra idea es llevar a cabo estos eventos con las cámaras de comercio locales y debatir esta agenda de reformas económicas con los pe-riodistas, empresarios y los representantes académicos locales, a fin de lograr consensos y lograr con ello que el Congreso las apruebe.

Dando un incentivo al consenso público en la agenda nacional: Ley del Silencio Administrativo Confiep ha elaborado una propuesta legislativa denominada Ley del Silencio Administrativo, que consiste en aprobar de manera automática las solicitudes presentadas a la administración pública si esta última no se pronuncia hasta la fecha límite legal. Esta propuesta fue recogida por el Poder Ejecutivo y enviada de manera “urgente” al Congreso de la República para su aprobación, publicándola posteriormente el 7 de julio del 2007 en el diario El Peruano (Ley No 29060).

La mencionada norma, que entró en vigencia en enero de 2008, establece la aplicación efectiva del “silencio administrativo positivo” en los procesos administrativos solicitados por los usuarios ante las entidades del sector público, y establece sanciones drásticas para los empleados públicos que no cumplen con la ley mencionada.

Es importante destacar que el Presidente de la República ha sostenido que la Ley del Silencio Adminis-trativo constituye un hito sin precedentes a favor de la simplificación administrativa, pues reduce entre el 30 y el 50% los procedimientos en el sistema burocrático del Estado.


“Personalmente no he encontrado casos en los que se cuestione el modelo político hasta el punto de decir

’estábamos mejor en tiempos sin democracia, con gobiernos militares o autocráticos’. Sin embargo, estos

problemas sí son suficientes para cuestionar el modelo económico de mercado, de privatizaciones,

de globalizaciones, y favorecen el renacimiento de ciertas tendencias populistas”.

Gobernanza, democracia y desarrollo en América Latina

Para empezar, quisiera hacer una distinción entre las pala-bras “gobernanza” y “gobernabilidad”, con la que se sue-le traducir la palabra inglesa “governance”. Según la Real Academia de la Lengua Española, la “gobernabilidad” es la calidad o cualidad de lo gobernable. La palabra “gobernan-za”, en cambio, es el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económi-co, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Me parece que es una traducción mucho más adecuada de la palabra governance, más abarcadora y no tan enfocada en la gestión de gobierno.

Mi intención es desafiar algunos mitos respecto de la rela-ción entre gobernanza, democracia y desarrollo en Améri-ca Latina, la cual no se ha abordado siempre con la riguro-sidad que debería. Un primer mito, por ejemplo, es la idea de que intentar medir la gobernanza es un ejercicio inútil e impreciso. Hoy en día, la gobernanza se mide y es parte de la evidencia que se utiliza para evaluar las políticas y los gobiernos. Un segundo mito es pensar que hoy en día lo más importante para nuestro continente y para varios otros es el crecimiento macroeconómico de corto plazo, con lo que se pierde la visión de mediano plazo.

Daniel Kaufmann

El tercer mito se refiere a poner a la gobernanza y la de-mocracia por un lado, y al desarrollo económico por otro. Mucha gente piensa todavía que se exagera al insistir en la importancia de este trinomio; y que su relación es am-bigua, debido a que en los últimos años muchos países con mala gobernanza y alta corrupción están creciendo rápidamente.

El cuarto mito se refiere también a los ataques a la de-mocracia en América Latina, al “tsunami” de la izquierda en la región que ha dado título a esta publicación. Sin ser un experto en política, voy a proponer una visión distinta, sobre la base de algunos datos y evidencias de lo que está ocurriendo en la región. No cabe duda, por ejemplo, de que ha habido un despegue de las tasas de crecimiento en casi todo el continente. En el Perú, específicamente, ha sido casi repentino: se inició recién hace unos tres o cuatro años. El riesgo es que este tipo de crecimiento correspon-de a lo que los economistas denominamos “economía de ascensor”. Sus causas son en gran medida externas: se deben a lo que ocurre con Estados Unidos y China. Si una de estas dos grandes economías empieza a bajar significativamente, el efecto sobre las economías en auge será inmediato. Asimismo, es necesario tener en cuenta

La necesidad de las reformas en América Latina

Director, Global Programs and Governance, The World Bank Institute,

EE.UU.

C o l a b o r a c i ó n e s p e c i a l


que este auge en las tasas de crecimiento no ha sido significativo en términos de la creación de empleo, la reducción de desigualdad, y la disminución de la pobreza.

El problema es que cada región tiende a mirarse a sí misma y no en relación con el resto del mundo. Si comparamos este fenómeno de mediano plazo en América Latina, con lo que ha ocurrido en los últimos 10 años con las economías en transición, como las ex socialistas, o con las de los tigres de Asia, no nos sen-tiríamos tan orgullosos. Según Friedman, el mundo actual es plano: al mirar los datos con esa consideración, tendremos una perspectiva diferente. Es verdad que en los últimos cinco años ha habido un auge, pero desde un punto de vista de mediano plazo y teniendo en cuenta qué está ocurriendo con la gobernanza (en particular, los indicadores de rendición de cuentas, el imperio de la ley y el control de la corrupción), el panorama no es tan alentador. América Latina tiene grandes desafíos en este aspecto. En cuanto a las tendencias en el tiempo, en América Latina, como promedio, no ha habido un auge sino un estancamiento.

Otro mito es mirar los datos a nivel de la región. En los mapas de gobernabili-dad hay una varianza enorme: países como Chile, Uruguay y Costa Rica pueden compararse en este aspecto con países de otros continentes, como los nuevos países europeos, más que con ciertos países de Centroamérica. Hay que evitar esta tendencia a sacar el promedio de toda la región.

La captura del Estado y otros desafíos

En el nivel empresarial hay datos reveladores sobre lo que está ocurriendo con la gobernanza en América Latina. En el Foro Económico Mundial se hacen entrevistas a empresarios de 120 países, de más de 10 mil empresas. Estos datos son una de las 33 fuentes de nuestros indicadores. Tenemos, por ejem-plo, una lista de los 14 obstáculos más importantes para el desarrollo empre-sarial, entre los que se encuentran: política macroeconómica, inflación, infraes-tructura, corrupción, burocracia, estabilidad de las políticas macroeconómicas. La gravedad de algunos de estos problemas preocupa seriamente a los empresarios latinoamericanos.

Hemos realizado también una investigación a nivel agregado sobre los efectos de la gobernabilidad en términos de rentabilidad. El resultado es que los dividendos son enormes. La gobernanza tiene una relación causal con el incremento del


ingreso per cápita, de hasta 300%. Hay otros datos que muestran también cuánto mejora la competitividad global del país si se mejoran el control de la corrupción, el imperio de la ley y la rendición de cuentas democráticas. Las mejoras no son sólo en el ingreso: también tienen efectos significativos en la reducción de la mortalidad infantil y el analfabetismo.

Es importante no quedarse en el nivel agregado y desglosar las distintas proble-máticas de corrupción y gobernanza. Uno de los problemas más importantes lo detectamos en un trabajo que se inició en Ucrania, y es la captura del Estado por los oligarcas. Luego empezamos a estudiarlo sistemáticamente en el resto de países.

En América Latina, el nivel de captura del Estado por parte de la elite es muy alto, y se da de distintas maneras: a través de sobornos que se pagan a los legislado-res, a gente de influencia o del gobierno para conseguir cambios en las leyes, en el marco regulatorio o económico para beneficio de potentados empresariales; o mediante influencias o lobbies indebidos. En este aspecto, el desafío en la región es enorme, mucho mayor que en Europa del Este o entre los tigres de Asia.

Los datos muestran que hay varianza entre países en cuanto a la captura de las elites y que ello tiene efectos en el desarrollo. Los países que han evitado una captura muy grande, que tienen una economía más competitiva, han tenido mayor crecimiento. Para mitigar estas capturas del Estado por parte de las elites, son fundamentales las libertades políticas y civiles. Los países con una prensa realmente libre tienden a controlar la corrupción, y a mejorar la gobernanza; y esto también conlleva un mejor ingreso per cápita.

Se ha escrito en el pasado con cierto escepticismo acerca de la importancia de las libertades fundamentales y la democracia para el desarrollo económico. Es interesante explorar esta posición. Si uno se concentra solamente en la definición angosta y oficialista de si el país tiene, o no, elecciones, y no controla otro tipo de factores, la relación entre democracia y desarrollo no es tan evidente. En cambio, si se incluyen aspectos más concretos, como rendición de cuentas, la libertad de prensa y libertad de expresión; la relación y la importancia de estos factores son mucho más evidentes.

Tras esta explicación, es interesante replantearse la pregunta de si existe un gran desencanto respecto del modelo democrático en América Latina y un “tsunami” antidemocrático de izquierda. Si se toman en cuenta las elecciones de los dos úl-timos años en la región, proporcionalmente ha habido una victoria del oficialismo


y de la continuidad. Esto parece mostrar, salvo algunas excepciones, que el elec-torado prefiere, en general, las tendencias moderadas de centro a los extremos.

Si a pesar de lo anterior, creemos que sí existen este desencanto y un “tsuna-mi” de la izquierda, podemos especular que la corrupción y la desigualdad han tenido un impacto negativo sobre la satisfacción de los ciudadanos acerca de la democracia; asimismo, que este impacto es más grave en tiempos de recesión, o cuando la corrupción y desigualdad son tan profundas que los ciudadanos pre-fieren gobiernos no democráticos.

Personalmente no he encontrado casos en los que se cuestione el modelo po-lítico hasta el punto de decir “estábamos mejor en tiempos sin democracia, con gobiernos militares o autocráticos”. Sin embargo, estos problemas sí son suficien-tes para cuestionar el modelo económico de mercado, de privatizaciones, de globalizaciones, y favorecen el renacimiento de ciertas tendencias populistas.

La desigualdad política y la captura del Estado generan desigualdades económicas y de oportunidades. Es importante estudiar cómo se origina la desigualdad eco-nómica. La falta de libertades fundamentales y de competencia política, así como la falta de voz conllevan la captura del Estado y más corrupción; por el contrario, el control de la corrupción y control de la captura favorecen el desarrollo econó-mico. Obviamente, cuando hay un crecimiento económico robusto y sostenido en el tiempo, con menos desigualdad y con menos corrupción, se consolidan la democracia y la credibilidad del modelo de mercado.

En resumen, hay que ponerle atención a la desigualdad, a las causas de la des-igualdad, y a los problemas de gobernanza. En nuestros indicadores de gobernan-za, control de la corrupción y estado de derecho, América Latina está en un pro-medio muy bajo. En ese sentido, hay un desafío enorme, el cual está relacionado con el problema de la captura del Estado.


Recomendaciones finales

Para terminar, quiero incidir sobre algunos aspectos y reformas que me parecen fundamentales. En primer lugar, es necesario darle más poder a los datos y al aná-lisis de los datos. Aun cuando estos sean fríos, y a veces parezcan políticamente incorrectos, son muy relevadores y nos permiten también mirar la realidad de manera desapasionada.

Segundo, los mecanismos de rendición de cuentas y voz democrática, de libertad de expresión y de libertad de los medios de comunicación merecen una lectura mucho más profunda. No es suficiente evaluar la democracia a través de datos formales, como si hubo o no hubo elecciones.

Tercero, es necesario tener una estrategia de transparencia. Varios países de Amé-rica Latina se han embarcado en esta tarea. Se han logrado avances en el Perú y en México (como los portales de transparencia) y ha habido logros enormes en Sudáfrica y Bulgaria. Hay países que están hoy en día mejor que algunos euro-peos en ese sentido. Usar la revolución de Internet para ello es fundamental.

En cuarto lugar, hay que enfocarse más en los incentivos para mejorar la gober-nanza y controlar la corrupción. Tenemos una tendencia demasiado legalista en estos temas. Se ha logrado avances en política económica y de macroeconomía mediante el sistema de incentivos. ¿Por qué no usarlos también en las grandes campañas contra la corrupción?

Quinto, el papel de las empresas y de las elites en la gobernanza es mucho más importante que el que le hemos dado. Este no es un problema exclusivo de los gobiernos, sino también de las oligarquías.

Sexto, la reforma política debe incluir una reforma del financiamiento político, no solamente en América Latina, también en países industrializados, como Estados Unidos y varios países europeos. Ello incluye las finanzas de campaña, los pro-blemas de cuotas políticas, la profesionalización del servicio público, las leyes de lobby, etcétera.

Séptimo, es urgente una reforma judicial. Muchas veces la dejamos para el final, o apenas la mencionamos. Sin embargo, con frecuencia este es el mayor obstáculo para mejorar la gobernanza y es un foco de corrupción en varios países. Hay que empezar por la Corte Suprema, pero también debe alcanzar a otras instituciones, como la Policía.

Finalmente, es necesario que busquemos estrategias inteligentes para luchar con-tra la desigualdad, entendiendo y combatiendo mejor sus causas. Para ello, es necesario tener en cuenta aspectos como la educación o la política de distribu-ción de tierras.


“La serie de transiciones democráticas de los últimos años en la región ha permitido que se

incremente la confianza en las instituciones, y que muchos de aquellos que hace 20 años defendían

lemas socialistas de enfoque populista hayan adoptado ahora las políticas pro mercado

libre de sus antecesores”.

La relación entre crecimiento económico y democracia

El gobierno de Estados Unidos a través de USAID promue-ve la democracia por razones éticas y económicas. Son éti-cas, principalmente, porque aseguran los derechos univer-sales a la vida, la propiedad y el tratamiento igual ante la ley. Son económicas, porque la democracia hace posible el desarrollo positivo y balanceado de las sociedades, al asegurar que los recursos de una nación se asignen entre toda la población y no sólo entre algunos privilegiados.

El crecimiento económico, a su vez, es la manera de ge-nerar ingresos sostenibles, que permitan satisfacer las necesidades de la sociedad y expandir las oportunidades de los pobres de beneficiarse del mercado y superar su condición. En ese sentido, cuando las economías dejan de satisfacer las necesidades de las personas y les niegan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, amena-zan la estabilidad de las instituciones democráticas.

Antes de exponer los desafíos para construir democracias y mercados en América Latina, es necesario destacar algu-nos eventos recientes. En los últimos dos años, ha habido 12 elecciones en la región, es decir, 12 transferencias pa-cíficas entre partidos y presidentes, lo que no era normal hace apenas una generación. Debemos reconocer el gran logro que esto significa. Estas elecciones han permitido que los ciudadanos participen en la vida política democrá-tica, y tengan presencia en las distribuciones electorales, al

Paul J. Bonicelli Perspectivas sobre la región

expresar sus opiniones mediante sus votos. En mis viajes he encontrado además que el ejercicio democrático es defendido incluso en los niveles más básicos de organiza-ción de las poblaciones. Me he reunido, por ejemplo, con cooperativas agrarias, y cuando les he preguntado cómo toman sus decisiones, afirman orgullosos que lo hacen mediante votación secreta.

También he encontrado algunos casos en los que las de-cisiones se toman todavía en asambleas comunales me-diante votación abierta. No niego el hecho de que ello puede ser útil para responsabilizar a los individuos que participan del desarrollo de un programa. Sin embargo, no creo que esta sea la manera de construir democracia y promover el crecimiento económico. Esta es un área en la que debemos trabajar con cuidado, y sería una buena idea que nuestros programas ayuden a explicar las ventajas de este sistema.

La serie de transiciones democráticas de los últimos años en la región ha permitido que se incremente la confianza en las instituciones, y que muchos de aquellos que hace 20 años defendían lemas socialistas de enfoque populista hayan adoptado ahora las políticas pro mercado libre de sus antecesores. Ello se expresa principalmente en las econo-mías de la región que están deseando desarrollar o ya han desarrollado tratados de libre comercio con otros países.

Administrador adjunto para América Latina y el Caribe, USAID

EE.UU.



Desafíos actuales para la promoción de la democracia y el crecimiento económico

Los importantes avances que he mencionado, sin embargo, están amena- zados por el hecho de que un gran porcentaje de las personas del continen-te sigue viviendo en la pobreza. Si no se logran los resultados pronto, sus frustraciones podrían traducirse en una pérdida de confianza en la democracia y en las instituciones, tal como viene ocurriendo ya en varios países. Sorpren-dentemente, incluso en Estados Unidos se ha encontrado que bajos niveles de desarrollo socioeconómico y desigualdades de ingreso están relacionados negativamente con el soporte de la democracia. En ese sentido, un crecimien-to económico amplio puede ayudar a construir la confianza en las institucio-nes democráticas y en la estabilidad democrática. Al mismo tiempo, tal como afirma Hernando de Soto, una institucionalidad robusta contribuirá al crecimiento económico.

Dados estos vínculos, Estados Unidos, por intermedio de USAID, apoya con-sistentemente a las instituciones democráticas para ampliar la posibilidad de desarrollo económico en la región. Asimismo, estamos trabajando con aso-ciaciones civiles en las que las personas tienen la posibilidad de expresar lo que esperan de su gobierno, especialmente aquellos que han sido tradicio-nalmente marginados. Si no tenemos éxito en este desafío, no lograremos mejorar los estándares de vida, y le abriríamos la puerta a dictaduras, que bajo el disfraz del populismo podrían presentarse como una mejor alternativa para los pobres.

Con “populismo” hago referencia a los líderes cuyas políticas buscan corroer la estabilidad de las instituciones democráticas debilitando las ramas judiciales, le-gislativas y los gobiernos locales; rechazando el libre mercado y promoviendo un mayor control y el aislamiento de sus países de las políticas que promueven el crecimiento económico sostenible. Necesitamos más educación, requerimos trabajar aun más con las asociaciones de la sociedad civil para garantizar que se entienda que la democracia es más que simplemente la elección por votos. Tene-mos razones para estar preocupados, porque los gobiernos están haciendo oídos sordos a los pedidos de la población.

¿Cómo podemos recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones? Nuestras investigaciones indican que debemos resolver problemas de criminalidad, corrupción e insatisfacción económica. Los dos primeros debi- litan la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y terminan por desanimar la inversión, frenando el crecimiento económico. Entre las instituciones más cuestionadas en la región están los partidos políticos, particularmente porque los ciudadanos no los consideran representativos ni demo-cráticos. Por otra parte, la mayoría de las personas espera que los gobiernos los protejan de las amenazas internas y externas; cuando ello no ocurre cues-tionan esa forma de gobierno. Debemos romper este círculo vicioso, y ver cómo podemos ayudar a los países a fortalecer la gobernanza, la democracia y el crecimiento.


El enfoque de USAID

Nuestras actividades de promoción de democracia tienen cuatro áreas principales reconocibles por cualquier académico: derechos humanos, gobernanza, confian-za política y sociedad civil. Todas nos parecen igualmente importantes y trabaja-mos en cada una de ellas permanentemente. Por su parte, nuestras actividades destinadas a promover el crecimiento económico están basadas en seis áreas: fundación macroeconómica para el crecimiento, infraestructura, agricultura, com-petitividad del sector privado, oportunidad económica y medio ambiente.

Un ejemplo de nuestro trabajo en el problema de la criminalidad, es nuestro apo-yo a las alianzas público-privadas para resolver el problema de la violencia de las bandas en Centroamérica. USAID también ayuda a fortalecer el gobierno de la ley en más de 10 países de la región, mediante reformas al sistema judicial, que lo hagan más transparente, eficiente y accesible a los ciudadanos de clase media y pobres. Por ejemplo, en Colombia estamos proporcionando acceso a un sistema de resolución de conflictos, de modo que ésta sea más rápida y menos costosa. Pensamos que si nos enfocamos en los ciudadanos, la resolución de problemas y la promoción de la democracia serán más efectivas.

En toda la región, nuestros programas de anticorrupción buscan lograr una mayor transparencia en la responsabilidad de los funcionarios de las ramas ejecutivas, legis-lativa y judicial, y fortalecer las instituciones de la sociedad civil para su vigilancia.

Por otra parte, una de las razones de la pérdida de legitimidad de los partidos po-líticos es que el crecimiento macroeconómico no ha significado mejores trabajos para la mayoría, lo que es esencial para un crecimiento sostenible. Nuestro progra-ma de democracia y crecimiento económico busca que el crecimiento se traduzca en empleo y oportunidades de negocio para los pobres. Con este fin, estamos trabajando con los gobiernos locales de muchos países para desarrollar empresas pequeñas y medianas, que impliquen más empleo y de mejor calidad.

Al mismo tiempo, estamos ayudando a reconstruir la credibilidad de los partidos políticos, promoviendo que se hagan más transparentes, más inclusivos, más res-ponsables ante sus votantes; y más democráticos en términos generales.

Estos ejemplos muestran que el trabajo de USAID no está impulsado por ninguna ideo-logía, sólo por los principios de libertad. Como dice nuestro secretario de Estado, “traba-jamos con todos los Estados para satisfacer las necesidades básicas de las personas”.

Si bien los logros de la región son significativos y múltiples, queda mucho trabajo por hacer para alcanzar una estabilización de la democracia y abrir las puertas del crecimiento económico a toda la población. Esta será la única manera de lograr la confianza en la democracia y en los mercados, y para ello se requiere un com-promiso amplio de los líderes políticos, de la sociedad civil y del empresariado. USAID está comprometido en contribuir con estos objetivos, trabajando con los países latinoamericanos para asegurar que los beneficios de la democracia y del libre mercado lleguen a todos los ciudadanos.


“Actualmente no hay salida política más apropiada para el convulsionado mapa latinoamericano que la alianza

entre lo público y lo privado. Incluso gobiernos de izquierda o con orientaciones distintas a las de derecha

están apostando por esta alianza”.

Consideraciones para el contexto latinoamericano

En América Latina, la década de los noventa significó el sur-gimiento de una era democrática en los países del cono sur, pero también de tensos episodios sociales y políticos en la región andina, como dictaduras, conflictos étnicos, conflictos armados, crisis políticas continuas, levantamien-tos populares, crisis de los partidos políticos, fracturas de los pactos de gobernabilidad y la emergencia de expresiones de la izquierda.

En la conformación del mapa político actual irrumpen múl-tiples y relevantes actores sociales: el empresariado, los partidos políticos, los movimientos sociales étnicos con filiaciones partidistas, las fuerzas armadas y los líderes polí-ticos andinos. Paradójicamente, conviven los gobiernos de corte autoritario con la adopción o el mantenimiento de constituciones de características liberales. Conceptos como “sociedad civil” y “gobernabilidad” se han constituido en re-ferentes analíticos para explicar la democratización de lo pú-blico, más allá de los procesos meramente eleccionarios.

El sector privado necesita repensar la política latinoamerica-na debido a los actuales problemas y apremios de gober-nabilidad. Nada ganamos con construir empresas sólidas si nos movemos en entornos frágiles y precarios; de nada sirven los buenos precios y unos estados financieros bien nutridos, si los acuerdos macroeconómicos y macrosociales

Eugenio Marulanda Panorama del gobierno corporativo en Colombia

están en riesgo. Necesitamos un liderazgo y una dirigencia empresarial comprometidos con lo público, lo ético y lo po-lítico. La gobernabilidad sólo es viable a partir de auténticas alianzas entre el sector público y el privado.

Por otra parte, con el gobierno corporativo pasa algo simi-lar a lo que ocurre con la responsabilidad social empresa-rial: equivocadamente se cree que debe estar circunscrito al ámbito privado. Sin embargo, las políticas de gobierno corporativo que aplican las empresas privadas, el sector bursátil o el financiero, también se aplican a las empresas del Estado. Más aún, con frecuencia el sector público ha mostrado mayor interés por el gobierno corporativo que el sector privado.

El nuevo modelo de gestión de gobierno corporativo tiene tres elementos básicos: Una comprensión compleja del contexto colombiano,

andino, latinoamericano e internacional.

La identificación de sustentos teóricos, metodológicos, epistemológicos, desde una perspectiva crítica del go-bierno corporativo.

Una visión axiológica y ética del papel del sector priva-do en la sociedad y su relación política con el Estado.

Confecámaras, Colombia


Actualmente no hay salida política más apropiada para el convulsionado mapa latino-americano que la alianza entre lo público y lo privado. Incluso gobiernos de izquierda o con orientaciones distintas a las de derecha están apostando por esta alianza.

El camino recorrido en Colombia: Programa Gobierno Corporativo CIPE-Confecámaras

Confecámaras representa a un sector empresarial sumamente importante en Co-lombia. En ella concurren todos los sectores empresariales, grandes, pequeños y medianos. Son sectores identificados con la sociedad civil, y representativos de una nación caracterizada por una geografía física y social muy compleja y hetero-génea, lo que le ha brindado una gran institucionalidad. Ello ha hecho posible que aprendamos de las crisis y crezcamos a pesar de los conflictos (que son varios). La institucionalidad permite, además, que no nos amedrentemos, que no tiremos la toalla o huyamos del país cuando enfrentamos dificultades.

Confecámaras tiene, además, una ventaja estratégica por su activismo a favor de la competitividad. Empezamos a tratar este tema y a ponerlo en boga hace 20 años, y luego decidimos profundizar en el concepto, incorporando nociones como las del “gobierno corporativo”. Pensamos que la competitividad no debe ser un proceso aislado; la dinámica globalizadora nos obliga a pensar en estandarizar conceptos y nociones con nuestros socios comerciales.

CIPE-Confecámaras, a su vez, conforman un buen binomio. De una manera per-sistente y gradual, han creado un know-how que se ha exportado a Venezuela y a Ecuador; y que ha extendido sus tentáculos a organizaciones gubernamentales, sectores productivos, sectores bursátiles, emisores de valores. Todos ellos, al igual que las empresas familiares o las empresas del Estado, están urgidos de princi-pios de buen gobierno.

Como parte del Programa Gobierno Corporativo, en Colombia trabajamos el “Có-digo país”, en el que se consolidó una ética nacional de mejores prácticas. Esto fue fruto de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Este instru-mento representa una serie de retos que deberán ser atendidos por el programa durante los próximos años, como el fortalecimiento de una cultura de rendición de cuentas y probidad; y el fortalecimiento del gobierno corporativo en algunos sectores específicos, en especial en el sector bursátil.

El énfasis del programa de buen gobierno han sido las pymes, que representan el 90% de nuestra comunidad empresarial. Hemos hecho también una gran peda-gogía a través de los medios, y mediante seminarios y encuentros para sensibilizar a la comunidad acerca del impacto del buen gobierno en la estructura empresa-rial. Entender el proceso del propio país como un trabajo continuo requerirá el compromiso de todos los sectores involucrados.

El programa ha alcanzado también a empresas del sector público con las que hemos colaborado para el desarrollo de prácticas de buen gobierno. Es el caso


de Ecopetrol, una de las primeras empresas de América Latina a quien ayudamos a implementar un sistema de selección técnico (previo diseño de perfiles) para elegir al timonel de la compañía. Este proceso fue la etapa inicial de un cambio radical en la empresa: actualmente ha democratizado su composición societaria y sus acciones se venden hasta en los supermercados de Bogotá y de las princi-pales ciudades de Colombia.

También hemos asesorado a ISA, que en la actualidad está ingresando al mer-cado brasileño y a muchos ámbitos latinoamericanos y centroamericanos, lo que demuestra que el buen gobierno corporativo es, además, rentable. El progreso que ha logrado este programa es visible también en la presencia de una mayor voluntad del sector privado en la implantación de estos términos.

Lecciones aprendidas

La indolencia del empresariado privado latinoamericano ha tenido una gran responsa-bilidad en el desencuentro y el caos en la región. Vivimos en un tiempo de reflexiones, ejercicios, catarsis, y de búsqueda de salidas estructurales. Una de las lecciones prin-cipales es que el liderazgo del sector privado es el motor principal en la consolidación de una cultura de buen gobierno al interior de los países de la región.

Es necesario que compartamos nuestras experiencias exitosas, pero también nuestros yerros y desaciertos. El CIPE puede ser un gran recinto en el que racio-nalicemos las vivencias latinoamericanas, y miremos hacia dentro para descubrir qué nos pasó, qué hicimos y qué no hicimos. Es importante que hagamos un inventario de lo que pueden hacer las democracias, y lo que no pueden hacer las izquierdas, las derechas y los centros. Una apuesta de este tipo requiere trabajo continuo, visión de largo plazo, disciplina, y gran capacidad de autocrítica. Sólo a través del trabajo desde lo privado, se pueden construir las bases para un diálogo abierto y un trabajo conjunto con el sector público, que tenga espíritu de conti-nuidad en el tiempo.

La agenda de Confecámaras para los próximos cinco años

Todas las tareas que nos hemos propuesto para los próximos cinco años incluyen la consolidación de la alianza público-privada e incorporan la expresión “social”. Pero ¿qué implica este término? ¿Qué significa apostar por la inclusión real? Para explicar este discurso gremial moderno e incluyente, podemos evocar nuestra campaña de hace dos años “Con o sin TLC”. Como parte de ella, hicimos una formidable auscultación de las apuestas productivas de las regiones colombianas, y estudiamos las fortalezas y las falencias del país en infraestructura, en servicios, en desarrollo hu-mano, en capital, en ciencia y tecnología. Esa agenda interna ya no está actualizada, pero un ejercicio semejante será muy útil para situar nuestro discurso.

En ese sentido, es importante que el sector privado entienda que la responsabili-dad social no es un truco para salir en la foto ni para vender productos o marcas.


Es una convicción axiológica, filosófica que involucra una mirada integral, mucho más amplia que pagar impuestos o generar empleo. Por supuesto, involucra el cuidado ambiental, la equidad, el trato con los socios, los accionistas, los emplea-dos, la competencia y el entorno. Una experiencia reciente y que ha sido muy gratificante sobre el desempeño del gremio ha sido la feria que bautizamos “Co-lombia Responsable”, y que reunió a 2 mil personas.

Algunos de los temas concretos de nuestra agenda para el período 2007-2012 son los siguientes: Divulgación internacional. El año pasado estuvimos en un foro mundial sobre

el fortalecimiento de las democracias. Este año hemos estado en Argentina, San Salvador, Panamá, Ecuador y Venezuela promoviendo nuestra visión del buen gobierno corporativo.

Programa Expoempresaria. Un tema concreto de nuestra agenda es resaltar el papel de la mujer como gestora en el ámbito social y económico. Destacar a las mujeres empresarias.

Atender a los desplazados de las autodefensas. Si los empresarios no nos involu-cramos de una manera más activa y valerosa en este problema, regresaremos a la guerra y a la ley de la selva.

Transparencia. Debemos demostrar que la transparencia y la probidad son rentables. Llevamos cuatro encuestas entre los agentes privados indagando el comportamiento del sector público, y hemos dictado sanciones morales inclusive. Aunque sea impuesta, esta probidad ha sido importante para que los gobiernos locales se vuelvan transparentes.

Competitividad con mirada social. Apostamos por la transformación productiva, por lo que estamos desarrollando una cultura de competitividad desde las

La promoción del gobierno corporativo en EcuadorEl programa del gobierno corporativo en Ecuador nació gracias al apoyo del CIPE, y a través de Con-fecámaras, y duró aproximadamente dos años. En la actualidad hemos adoptado el código andino de buen gobierno corporativo desarrollado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Adicional-mente, hemos conseguido el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo a través de un fondo muy importante, con el cual estamos iniciando un programa de tres años, que comprende una etapa de sensibilización, una etapa de capacitación, y, finalmente, una etapa de implantación. Nuestra idea es capacitar a una serie de firmas consultoras para que impulsen el programa hacia el futuro. En el ámbito académico, vamos a incluir convenios con varias universidades del país para que empiecen a impartir la materia de gobierno corporativo y sean los futuros profesionales quienes mantengan vivo este trabajo.

Miguel Chiriboga,Bolsa de Valores

de Quito, Ecuador


Ecuador es un país con muy poca institucionalidad y baja seguridad jurídica, también en el sector privado. En ese sentido, es válida la autocrítica sobre nuestra errada comprensión de lo que implica responsabilidad social, y el mal efecto que ello ha causado en la opinión pública ecuatoriana y que ha permitido que lleguemos a la situación actual. Nuestra idea es que trabajando en el sector privado podremos lograr que las buenas prácticas lleguen por contagio al sector público. Lamentablemente, sentimos que al igual que en el caso de Colombia, la adopción del código de buen gobierno corporativo ha tenido mayor acogida en el sector público que entre el empresariado.

Nuestro reto es lograr que las empresas entiendan que con una mejor gobernanza tendrán una mayor compe-titividad. Crear el desarrollo de lo micro hacia lo macro, y empleo a través de oportunidades a microempresarios y pequeñas empresas. Consideramos, además, que aplicando buenas prácticas de gobierno corporativo, esta-bleceremos un blindaje contra las intenciones estatizantes de cualquier gobierno en el país.

regiones hacia el centro. Estamos empezando esta tarea en coordinación con el sector público.

Consultorios empresariales. Esta fue una iniciativa del presidente Álvaro Uribe. Llevamos a cabo reuniones periódicas con el sector para promover el gobier-no corporativo, para evaluar cómo va el manejo aduanero, fitosanitario, cre-diticio, impositivo. Son democráticos porque participan los sectores público y privado.

Conciliación y arbitraje. Estamos ayudando a descongestionar la carga judicial y dirimiendo conflictos en los ámbitos civil, comercial y familiar. Llevamos a cabo dos jornadas gratuitas al año, en las que atendemos a unas seis personas por vez.

Una reflexión final

Si la izquierda viene para instalarse o permanecer por un buen tiempo, debe-mos enseñarles a legislar y a gobernar. En Colombia hemos tenido muy malas experiencias en el pasado, pero también sabemos que es posible hacer una pe-dagogía de buen gobierno con resultados rentables, como lo demuestra nuestro trabajo con las alcaldías de Bogotá: esta ciudad es ahora la sexta economía de América Latina, y le lleva años de ventaja a las otras regiones del país, porque los gremios afinamos partituras con los alcaldes de turno. Esta experiencia debe ser un referente no sólo para Colombia, sino también para nuestros hermanos latinoamericanos.

Para ello se requiere un sector privado vigoroso, solidario y que trabaje en equipo. Al fin y al cabo, la iniciativa privada y la libertad de empresa son las grandes generadoras de riqueza; y ello debe ir de la mano con los Estados y con las sociedades civiles.


Resultados Confecámaras:

En el 2007, el CIPE y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) trabajaron en conjunto para generar una toma de conciencia acerca de la importancia de contar con políticas de gobierno corporativo; contri-buir a la reforma de códigos legales claves y normativos; e identificar los compo-nentes del gobierno corporativo que habría que fortalecer.

Los resultados obtenidos fueron: Confecámaras asistió a la compañía petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol,

en la adopción de prácticas del buen gobierno corporativo, asegurando un proceso de privatización sin contratiempos.

Ecopetrol obtuvo acceso a capital nuevo y mayor autonomía, convirtiéndose en líder en el mercado latinoamericano de energía.

Confecámaras estableció contactos clave en el cuerpo legislativo que han fa-cilitado la promoción de legislación nueva sobre gobierno corporativo.

Un nuevo Proyecto de Ley de Mercados de Capitales fue entregado reciente-mente al Congreso con el aporte de Confecámaras.

Confecámaras. Fortaleciendo el gobierno corporativo - Seguridad y confianza para inversionistasConfecámaras aconsejó a Ecopetrol, compañía petrolera estatal, sobre cómo estructurar un fuerte código y establecer buenas prácticas de gobierno corporativo. Esto iba de acuerdo con la decisión del gobierno colombiano de privatizar aproximadamente el 20% del capital de la petrolera.

Las buenas prácticas de gobierno corporativo son cruciales para asegurar la transparencia en un proceso de privatización, ya que colaboran con la democracia en el sentido de asegurar un rol importante al sector privado en el desarrollo del país.

Ecopetrol recibió el rating “AAA” por el manejo de su privatización. Confecámaras brindó información téc-nica sobre estándares de gobierno corporativo internacional, que facilitó la adaptación de compañías que operan con capital estatal, hacia estas prácticas.

Confecámaras, asimismo, cuenta con otros compromisos relacionados con la creación de una Ley de Mercado de Capitales (Ley 964, del 2005), que incluye un capítulo sobre gobierno corporativo “Investor Protection”.

Bajo esta norma, los directores independientes, comités de auditoría, y prácticas de relación con stake-holders, son obligatorios para los empresarios colombianos. Además, esta ley plantea un mecanismo de votación que permite a los stakeholders minoritarios influenciar en las decisiones.


Confecámaras. Iniciativas del sector privado para combatir la corrupción Dentro de los esfuerzos por minimizar prácticas corruptas, los cambios más importantes incluyen la elimi-nación de concesiones automáticas y el refuerzo de participación de pymes locales en ofertas públicas.

Confecámaras condujo siete talleres regionales en Colombia para hablar del anteproyecto de ley. Asimismo, creó alianzas clave con otros actores del sector privado a favor de los cambios legislativos, que mantienen valores democráticos de transparencia, responsabilidad e imparcialidad.

Confecámaras fue la primera organización del sector privado dedicada a realizar una campaña anticorrup-ción en Colombia. Además, trabajó por la inclusión de cinco recomendaciones de la comunidad de nego-cios en el Decreto 2170, promulgado en setiembre de 2002, que indicaban: la necesidad de publicar los términos de referencia de cada oferta pública; motivar la conciencia pública; animar la participación de la sociedad civil; y reforzar procedimientos de contratación electrónicos.

La promoción del gobierno corporativo en el PerúEn el caso peruano, la iniciativa de generar los principios de buenas prácticas corporativas se inicia en Procapi-tales, una institución fundada en el 2001. Luego se unieron la Confiep, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Hubo una confluencia del sector público y privado para crear un documento inicial que son los principios aun vigentes. Al comienzo fue casi una pantomima: todo el mundo tenía el perfecto gobierno corporativo en el Perú, pero esto se ha ido corrigiendo. Ya hay empresas que han implementado formalmente los principios de buen gobierno corporativo y los resultados son muy interesantes.

¿Cómo se genera el interés de las empresas de implementar prácticas de buen gobierno corporativo? Para aterrizar el concepto, es necesario relacionar o concebir el buen gobierno corporativo como un instrumento de generación de valor. Es un error partir de connotaciones negativas, definirlo como una suma de mecanismos para evitar el fraude o que haya un mal manejo de recursos de las empresas. Hay que aterrizar el concepto en positivo, decirles a los empresarios que si implementan reformas de gobierno corporativo, obtendrán condiciones de financiamiento más ventajosas, empresas sostenibles y mejores mecanismos de sucesión.

Por otra parte, el concepto de buen gobierno corporativo está directamente relacionado con el derecho de propiedad, porque promueve la transparencia como un mecanismo para que los derechos de los accionistas sean respetados e incrementen su valor. El gobierno corporativo es parte de la institucionali-dad que necesitamos para que nuestros países se desarrollen en democracia.

Con el apoyo de CIPE, Procapitales ha estado organizando anualmente un Concurso de Buen Gobierno Cor-porativo en el Perú. En el 2006, 4 mil compañías fueron invitadas a participar. De ellas, 400 estuvieron en la conferencia acerca del concurso. Luego, 23 compañías se registraron y nueve recibieron premios. En el 2007 se incrementó el número de empresas participantes a 30, y se espera una participación aún mayor para el 2008.

Daniel Córdova, UPC, Perú


“En Ecuador tenemos el reto de lograr que los empresarios ligados a las pequeñas, medianas y

grandes empresas, entiendan que la responsabilidad de gestar reformas también es de ellos. Sólo un cambio

de actitud y mentalidad permitirán que sus aportes tengan impacto en las reformas que el país necesita”.

Contexto

En Ecuador se pierden más de US$4 mil millones al año por corrupción, ineficiencias y subsidios mal focalizados. Este monto representa el 10% del PBI; el 25% del total de la deuda externa (tanto privada como pública) y más del 40% del presupuesto del Estado del 2007. Paralelamente, el 39% de los pobres vive con menos de US$2 diarios; y de ellos, el 13% con menos de US$1.

Queda claro que estos flagelos desvían los esfuerzos del crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de la democracia. Los avances en las asignaciones presupuestarias para políticas sociales, la promulgación de leyes que sancionan la corrupción y la explotación social se han visto burladas, históricamente, por la misma corrupción y por la concentración del poder y riqueza en muy pocas manos.

Desarrollo de Liderazgo para combatirla corrupción en Ecuador

No obstante, en estos últimos años, el país vive un resurgimiento de organizaciones y movimientos ciudada-nos que exigen cambios en la política nacional. Muchos de ellos están en sintonía en el combate contra la corrupción, las ineficiencias y la eliminación de subsidios ineficaces e inequitativos. Adicionalmente, los medios y la campaña del nuevo gobierno central han adoptado este discurso.

Lo mismo ha ocurrido entre algunos empresarios que hemos de asumir la responsabilidad de combatir la corrupción y rescatar de este modo recursos que podrían destinarse a mejorar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Con este fin creamos la Corporación Alianza Equidad, que cuenta con el apoyo del CIPE.

Mónica Hernández

“Aceptemos los nuevos desafíos, usemos las herramientas modernas, pero nunca olvidemos que, hagamos lo que hagamos, lo haremos con la gente y para la gente”.

Elmar Ledergerber, presidente del Consejo de Fundación Intercooperación

Fundación Alternativa, Ecuador


La Corporación Alianza Equidad: por un Ecuador honesto y sin pobrezas

Alianza Equidad tiene sus raíces en otro proyecto financiado también por el CIPE y ejecutado por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDE): “Construyen-do Consensos Resolviendo la Crisis”. Uno de los mayores logros de este proyecto fue sentar en una misma mesa al más heterogéneo grupo de actores: jóve-nes, mujeres líderes, empresarios, actores sociales, líderes sindicales, indígenas, representantes de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, etcétera. A pesar de los desacuerdos y las diferencias en los discursos políticos, se alcanzaron impor-tantes consensos.

Poco tiempo después, un grupo de los participantes de este proyecto dimos forma a Alianza Equidad, primero a través de Fundación Alternativa, organización no gubernamental ecuatoriana, fundada hace 15 años por empresarios privados y profesionales del desarrollo, con el objetivo de ejecutar proyectos de impacto para proveer soluciones financieras y no financieras a grupos con menores opor-tunidades de crecimiento y desarrollo, y luego ya con personería jurídica propia. El objetivo específico de este programa es formular propuestas alternativas para el combate contra la pobreza, buscando soluciones participativas para rescatar recursos desviados hacia otros objetivos o ineficientemente administrados. Su misión es textualmente la siguiente:

“Impulsar la equidad mediante la participación solidaria y responsable de los ciudadanos para eliminar los desequilibrios en la concentración del poder y de la riqueza, ocasionados por actitudes y prácticas corruptas e

ineficientes; y redireccionar los beneficios a favor de los pobres.”

El proyecto “Desarrollo de Liderazgo para combatir la corrupción en Ecuador”

Fundación Alternativa, la Corporación Alianza Equidad y el CIPE comparten la misma preocupación por mejorar la democracia, fortalecer el liderazgo de los ecuatorianos y combatir la corrupción. Es así que desde mayo de 2006 hasta diciembre de 2007 trabajaron juntos en este proyecto.

El objetivo fue estimular la participación de actores del sector empresarial, de organizaciones sociales y líderes comunitarios en el combate a la corrupción y el malgasto de recursos como resultado de prácticas ineficientes. El trabajo consis-tió en identificar líderes empresariales y comunitarios, en un nuevo modelo de liderazgo orientado hacia la movilización, además de la entrega de información técnica y objetiva sobre las fuentes de corrupción e inequidad.


El modelo de liderazgo aplicado en el proyecto se basa en las teorías de Ronald Heifetz sobre Trabajo Adaptativo, que propone que el rol del líder es de facilitador, y no el tradicional, según el cual el líder es quien tiene las respuestas y define el camino. El modelo es doblemente válido para quienes lo acogen, pues es apli-cable tanto en las organizaciones que manejan, sean estas grandes o pequeñas, como en sus hogares y su entorno social y comunitario. En el espacio empresarial, estos líderes deben cuestionar su rol tradicional y crear condiciones que favorez-can el empoderamiento de la gente, de modo que esta se comprometa con la solución de problemas y la construcción de un nuevo futuro.

Algunos de los logros y avances del proyecto fueron los siguientes: Adhesión de alrededor de 300 líderes, de los cuales el 40% lo constituyeron

empresarios, en una red nacional de combate a la corrupción y pobreza.

Selección y estudio de algunas de las principales fuentes de corrupción en el país, como los subsidios del gas y la electricidad, por su inequitativa aplica-ción, apropiación y la corrupción en su manejo.

Realización de 12 talleres en seis ciudades de Ecuador (Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Manta e Ibarra) para analizar los primeros casos de corrupción (gas de servicio doméstico y empresas de electricidad del Fondo de Solidaridad) para fortalecer el liderazgo mediante los principios del Trabajo Adaptativo.

Generación de propuestas, sobre la base del aporte de los participantes de los talleres, como alternativas de solución a los subsidios del gas y electricidad.

Participación activa en el comité directivo del llamado “Grupo Promotor” que constituyen 106 organizaciones que lideran la lucha por 17 temas nacionales prioritarios relacionados con reivindicaciones sociales y el fortalecimiento de la democracia. Actualmente el enfoque de este grupo es la defensa de los derechos humanos; eliminación de la corrupción y mitigación de la pobreza; es decir, de los tres temas, dos empatan directamente con los objetivos de Alianza Equidad.

Conjuntamente con el Grupo Promotor se inició la difusión de una metodología para poder analizar las propuestas que llegarán para la nueva Constitución.

Tal como se observa en el Gráfico 1, uno de los mayores ejemplos de inequidad en Ecuador es el subsidio del gas, que contrariamente a lo que debería, beneficia especialmente a los sectores económicos privilegiados. El actual gobierno está planteando un redireccionamiento de este subsidio, el cual debería concretarse en los próximos meses.


Gráfico 2 Propuesta de direccionamiento: escenarios

Efecto distributivo de la focalización y compensación

% del subsidio y de los recursos liberados

Gráfico 1 Al 2006 el costo ponderado de 15 kg equivale a US$ 11,6

¿Quién se beneficia al subsidio al gas?

El 40% más pobre recibe apenas el 22 del subsidio.El 40% más rico recibe el 58% del subsidio.

Fuente | STFS - SIISE

En vista de ello, uno de los objetivos concretos del proyecto de fortalecimiento de liderazgo es lograr que cuando se redireccione el subsidio del gas, estos líderes presionen sobre el gobierno para mejorar esta focalización, de modo que benefi-cie a los estratos más pobres de la población.

Media baja 20 %

Pobre 14 %

Más pobre 8 %

Rica 34 %

Media alta24 %

Estado actual: El 20% más rico recibe el 56% del subsidio. Escenario 1: Focalización del subsidio: el 20% más rico recibe 0% del subsidio.Escenario 2: Focalización del subsidio y compensación con recursos liberados:el 20% más rico recibe el 0% del subsidio y 0% del gasto social incremental.

Estado actualFocalización

Uso progresivo de RR liberados

20 % más rico

Media alta

Media baja

Pobre

20 % más pobre

0,0 20 40 60 80


Por la magnitud del reto que tenemos entre manos, hemos visto imprescindible que, en cuanto termine esta primera fase de capacitación, se refuerce la participa-ción proactiva de los líderes comunitarios y empresariales en la democratización del país, a través de su gestión directa en la difusión y denuncia de las fuentes de corrupción y pobreza de Ecuador. Además, pretendemos realizar acciones de mo-vilización social para promover propuestas de políticas públicas, conjuntamente con otras organizaciones y sectores de la sociedad civil.

La responsabilidad del empresariado en el proceso de reforma del país

A pesar de la sintonía creciente de algunas organizaciones civiles y empresarios en torno a la necesidad de combatir la corrupción y la pobreza, muchos líderes empresariales aún no asumen su responsabilidad en estos problemas, se desen-tienden de sus errores u omisiones, o, peor todavía, esperan que el Estado los proteja y esquivan cualquier compromiso con la sociedad. Siguen convencidos de que los problemas de pobreza y de falta de equidad son exclusivamente proble-mas de los gobiernos. Existe, además, un espíritu de “cuerpo” en pro de sus inte-reses económicos muy fuerte, que distorsiona y vuelve más lejana la posibilidad de hacer desarrollo local o nacional en conjunción con muchos de ellos.

Anteriormente, en una Conferencia Internacional sobre Liderazgo, expresé en mi ponencia algunas de las premisas que guían el trabajo en las organizaciones que he promovido y en las que ahora disfruto cumpliendo mi misión: Los empresarios no podemos dormir mientras los pobres no puedan comer

y tener una vida digna.

El haber tenido algo más de dinero y oportunidades, nos obliga a ayudar a quienes no tuvieron estas mismas opciones.

La difícil coyuntura que enfrentamos nos compromete a unir fuerzas y ayudar a que Ecuador salga adelante.

Vivimos un importante proceso de cambios y tenemos la obligación de par-ticipar para construir un país mejor, e impedir que nuestra patria solamente roce este intento.

Es más fácil lograr los cambios si unimos fuerzas y, con actitud positiva, en-contramos puntos de consenso con las autoridades que ahora nos gobiernan y a las que les conviene adquirir buenas dosis de flexibilidad y apertura.

La formación en valores y su vivencia son vitales. Debemos desarrollar disciplina, persistencia, solidaridad, respeto, visión positiva, liderazgo constructivo e incluyente.

En Ecuador tenemos el reto de lograr que los empresarios ligados a las peque-ñas, medianas y grandes empresas, entiendan que la responsabilidad de gestar reformas, entre ellas las que nos ocupan, también es de ellos. Sólo un cambio de actitud y mentalidad permitirán que sus aportes tengan impacto en las reformas

Estado actual: El 20% más rico recibe el 56% del subsidio. Escenario 1: Focalización del subsidio: el 20% más rico recibe 0% del subsidio.Escenario 2: Focalización del subsidio y compensación con recursos liberados:el 20% más rico recibe el 0% del subsidio y 0% del gasto social incremental.


que el país necesita.

Un ejemplo concreto de cómo el sector empresarial, en equipo y alianza con otros sectores, puede lograr impacto en un proceso puntual de refor-ma en el país es el que se vivió con la industria de microfinanzas de Ecuador. La conjunción de esfuerzos de ONG, organismos cooperantes, entidades finan-cieras privadas, organismos de gobierno y de control permitió la creación del Foro de la Microempresa y la Red Financiera Rural, donde se gestaron leyes que tuvieron impactantes resultados: de US$6 millones que el país colocaba a través de cuatro o cinco ONG líderes, bajo la metodología de microcrédito en 1995, se pasó a colocar US$1 000 millones en abril del 2007, mediante 59 opera-dores regulados, autorregulados y no regulados. Este es un ejemplo práctico de gestión y reforma que puede servir de punto de partida de un reto quizá mayor para la industria: lograr que cada cliente que se acerca a un operador de microfinanzas logre salir de la pobreza y, además, mejorar su calidad de vida.

Esa es la línea de Fundación Alternativa: consideramos que no estamos cumplien-do nuestra misión si nuestros clientes y, en lo que se pueda, también los del resto de la industria, no han mejorado su nivel de pobreza. No se trata solamente de que tengan más dinero en los bolsillos, sino también mejor educación y mejores valores. Nuestra misión alcanza a todos los emprendedores del país, los de la cima y los de la base de la pirámide. Todos deben ser jugadores que contribuyan a sacar adelante al país.

Otra gran opción para facilitar el desarrollo de temas acuciantes en el país y en la sociedad es que empresarios responsables, con la adecuada experiencia y francamente honestos, se metan a la política partidista y tercien por posiciones de poder, es decir, de servicio. En resumen, los modelos que generarán reformas concretas y productivas son aquellos que, desde muchos ámbitos, tengan un so-porte técnico y visionario, y a la vez se sustenten en auténticos valores.

Pero ¿pueden los empresarios hacer verdaderas reformas si no viven y trabajan en un contexto de responsabilidad social corporativa? Es decir, ¿si no dan ejemplo en sus propias empresas y entorno, donde la importancia de actuar con valores es clave? Los empresarios deben cumplir, por lo menos, con algunas prácticas míni-mas, como el pago de sueldos justos, de todos los impuestos de ley, la búsqueda de productividad y eficiencia para bajar costos al cliente, etcétera. Sin embargo, lo deseable es que vayan más allá de lo mínimo, que sean empresas líderes y


exitosas, y cumplan con lo siguiente: Una vital coherencia entre el discurso (la filosofía institucional) y la práctica.

La definición de un plan estratégico y de negocios, programas y proyectos ligados con este compromiso de sostenibilidad, promoviendo que líderes y colaboradores disfruten del valor agregado que esta decisión implica.

El perfil de los colaboradores claves y sus competencias debe incluir elemen-tos que se acoplen a una gestión honesta y socialmente responsable.

La responsabilidad comienza por casa: es clave el empate entre el colabora-dor, su familia y la empresa.

La promoción de valores entre sus empleados y sus familias, guardando el máximo respeto a sus creencias.

Vivir con una filosofía “antimonopólica”, de alianzas, aceptando que en condi-ciones de mercado es sano el equilibrio de la competencia.

Cuidado del medio ambiente.

Mantenimiento de una relación equitativa con la comunidad, etcétera.

Existen cada vez más iniciativas que buscan involucrar a los empresarios en estos modelos. Una de ellas es el Programa de Negocios Inclusivos promovido por una ONG internacional y otra local, en alianza con el gobierno nacional y la empresa privada. Otra, aún incipiente, es la de Fundación Alternativa, que parte de la pre-misa que planteamos: ¿cómo podemos los empresarios dormir tranquilos en un país donde el 39% de la población vive con menos de US$2 diarios?

En una estrategia de ganar-ganar, buscamos el apoyo de los empresarios para proyectos sistémicos, en los que participan múltiples actores (comunidad, gobier-nos locales, líderes jóvenes, mujeres, hombres, microempresarios, entre otros) para crear microempresas y cadenas productivas, fortalecer las existentes, y es-tablecer programas de promoción. Con este esquema, se generará, en primer lugar, una alianza, una hermandad, y, luego, más empleo, más producción, más empoderamiento, mejores valores, los cuales, en una doble vía, enriquecerán a los propios empresarios.

Conclusiones respecto al desarrollo de liderazgo para combatir


la corrupción

Los países que han salido adelante lo han hecho porque desde el ámbito legal, se ha armado una Constitución, un paquete de leyes que fuerza al individuo, al gobernante, a los ámbitos de poder, a pensar y a actuar a favor del bien común. Es decir, los líderes deben tener límites bien trazados y un estricto programa de rendición de cuentas.

El proceso para llegar a ello es también esencial y requiere que los líderes alcan-cen algunas metas básicas: Los líderes se forman desde el hogar, la escuela, la universidad, las empresas, los

centros de formación. Se debe promover para ellos formación de alta calidad.

Los líderes deben formarse con una base sustentada en valores. El liderazgo es un arma de doble filo: puede ser utilizado con intenciones erradas y, por tanto, acarrear graves males; o puede generar resultados beneficiosos para la sociedad y el país.

Los gobernantes y actores claves están inmersos en un halo de poder que en-ceguece. Para evitar que ello ocurra, deben tener valores sólidos y la madurez política para saber que su deber es servir en democracia.

La esencia de una sociedad que crece en justicia son los valores y principios, que están plasmados en la Constitución. Para que sean respetados, deben darse las facilidades para que sean bien aplicados, y vividos en un entorno

Alonso Domínguez,Liderazgo y Visión,

Venezuela

Liderazgo y Visión en VenezuelaLiderazgo y Visión es una asociación civil que nació en 1995 a partir de un programa de formación de líderes en el que se buscaba homogeneizar un discurso, o por lo menos poner un lenguaje común entre líderes venezolanos. Desde entonces, han pasado por este programa más de 35 promo-ciones y se han formado 700 líderes políticos, empresariales y sindicales. Muchos de los egresados, paradójicamente, están actualmente en el gobierno. Además del programa de líderes, hemos desarrollado otras iniciativas, como el libro Un sueño para Venezuela, publicado en el 2000, y que contiene una visión sobre el futuro. Logramos vender 70 mil ejemplares, lo que es un éxito editorial en Venezuela, y desarrollamos productos editoriales alternativos e incluso una obra de teatro.

La esencia de este proyecto fue plantear una visión de país, desde una perspectiva liberal favo-rable a valores como la democracia, el mercado, etcétera. Este y otros programas nos pusieron en contacto con una audiencia que nos parece fundamental para ganar la batalla de las ideas en América Latina.

En la actualidad, la experiencia en Venezuela es completamente distinta a la que están viviendo otros países de la región. En primer lugar, vivimos un momento de amnesia histórica, en el que se


cuestiona todo: el marco legal de las instituciones, la propiedad privada, la economía de mercado, la propiedad estatal de los medios de producción, entre otros aspectos. Estamos ahora discutiendo axiomas y principios bá-sicos de la democracia que en muchos países son incuestionables.

Uno de los grandes experimentos de Chávez es su descubrimiento de “lo comunitario”. Nuestro dilema es si “lo comunitario” es rehén del poder y está subordinado a los intereses del gobierno, o puede ser un espacio de rebeldía, de libertad y de participación política autónoma. Esta es la acepción que nosotros preferimos, y asumiendo el riesgo, estamos desarrollando un programa de formación de líderes en las comunidades pobres de Venezuela. Afortunadamente, conseguimos el apoyo de CIPE, y nos aliamos con la universidad pública más importante del país, la Universidad Central de Venezuela.

Nuestro objetivo es lograr que estos líderes comunitarios se conviertan en grandes emprendedores sociales, y aban-donen su rol de gestores o intermediarios de las necesidades de la comunidad y del gobierno. Los valores que desarrollamos en nuestros programas son transversales, en el sentido de que recorren todos los contenidos. No nos limitamos a hablar de libertad o tolerancia; sino que convertimos a la libertad y la tolerancia en una experiencia, en una vivencia que atraviesa el programa. En ese sentido, la heterogeneidad de nuestra audiencia es crítica para promo-ver el valor de la tolerancia. Otro tema es el de la visibilidad de las consecuencias y la responsabilidad.

democrático donde el país sea de todos y no de unos cuantos privilegiados.

Los líderes debemos vivir, pero, además, promover los valores en los que cree-mos. Si alguna vez erramos o nos equivocamos, debemos tener la valentía de aceptarlo o no promover “cambios de principios” para justificarnos.

Para contribuir con la comunidad y ser escuchados, los líderes deben ser y parecer confiables e incorruptibles.

No basta que un líder sea honesto, también debe denunciar y combatir la corrupción.

Las soluciones a los problemas que aquejan a nuestra sociedad requieren de un cambio de paradigma, y que su propia gente se involucre y comprometa en la búsqueda de soluciones. Es crucial, además, que estos esfuerzos tengan continuidad de modo que no se desperdicie lo alcanzado y su impacto sea efectivo.

Si logramos esta meta básica de tener una gran base de líderes con buenos valores, será mucho más fácil lograr que los recursos actualmente atados a la corrupción se desplacen hacia planes y programas de desarrollo que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra gente.


“En el orden político en las sociedades en cambio, la izquierda logra generar gobierno, legitimidad y orden,

cuestiones que la derecha, al menos en Guatemala, no ha logrado. Esa incapacidad de generar gobierno

es lo que hace que la población crea que la política es ’irreal’. Al final de cuentas, los informales, sean indígenas

o no, mantienen un bajo nivel de interacción con las instituciones formales del Estado nacional”.

En el 2006 iniciamos una investigación orientada a com-prender los nexos entre la economía informal y las culturas indígenas: “Superando las barreras de un Estado excluyen-te”, del Centro de Investigaciones Económicas Naciona-les (CIEN), que explicaba un asunto de vital importancia en países como Guatemala, donde la población indígena representa cerca del 40% del total. Dicha investigación buscaba aportar elementos orientados a sugerir solucio-nes que permitieran construir instituciones incluyentes que ayudaran a consolidar la democracia en Guatemala. En países como este, donde la exclusión puede convertir-se en el combustible de cambios políticos abruptos, este es un reto de primordial importancia. La exclusión no se limita a las poblaciones indígenas, quienes históricamen-te han sido los principales perjudicados; también incluye manifestaciones como las “maras”, grupos de pandilleros juveniles que, ante la falta de mejores oportunidades, acu-den a la violencia para acceder al poder, ganar notoriedad social y obtener satisfactores económicos.

Dadas las críticas que se han esbozado en torno a la di-cotomía “indígena-ladino”, empleada para analizar la dife-rencia social, política y económica entre el indígena y el no-indígena, existen buenas razones para intentar analizar el fenómeno de la informalidad de los grupos indígenas desde otra perspectiva. Es decir, salir de los mitos que tá-citamente se dan por sentados cuando se analizan fenó-menos económicos y sociales en relación con la cultura indígena. Mitos que se transforman en horizontes de inter-pretación y que determinan la forma particular en que se percibe la realidad.

En los términos de Roland Barthes, los mitos son “un modo de significación, una forma”, según su libro Myth Today. Aunque resulta imposible prescindir de horizontes de interpretación, es importante ser conscientes de la ma-nera en que estos operan y del papel que juegan en la interpretación de temas como el de los pueblos nativos y su relación con la política y el desarrollo económico.

Hugo Maúl

“El fracaso de las democracias latinoamericanas, que se evidencia en el cada vez más claro regreso de gobiernos con tendencias populistas, se debe en parte a que se ha pensado en términos de separar la economía de sus resultados sociales. Votar libremente no ha traído pan a las mesas de muchos, y ello facilita la popularidad de mensajes politiqueros engañosos”.

Prensa Libre, 9 de enero del 2006

CIEN, Guatemala

Entre mitos y política:Informalidad y pueblos indígenas


En el presente ensayo nos enfocamos en mitos acerca de la derecha y la izquierda en América Latina, o por lo menos, de Guatemala. La izquierda es entendida como un proyecto que busca fortalecer el poder estatal para regular la mayor cantidad de aspectos económicos y sociales. La derecha puede ser entendida desde dos perspec-tivas: a) como un proyecto interesado en mantener el poder político y económico de las elites existentes; o b) como un proyecto que busca limitar los poderes del Estado y promover la apertura de la economía. Aunque estas dos perspectivas difieren de manera sustancial, muchas veces se confunden y se considera a la derecha como un movimiento homogéneo. En este ensayo, se comete, a propósito, dicha confusión.

Mito 1. No hay exclusión étnica

Es común escuchar dentro de ciertos sectores de la derecha latinoamericanos que, ante la diferencia étnica, no deberían establecerse políticas públicas parti-culares. En pocas palabras: que en todo momento debe prevalecer la igualdad ante la ley, lo cual equivale a suponer que los procesos de exclusión son sufi-cientemente importantes como para repensar la legitimidad del orden jurídico imperante. ¿Qué tan cierto es esto?

Guatemala cuenta con una población de 13 millones de guatemaltecos, de la cual se estima que el 40% es indígena. Asimismo, cuenta con 24 grupos étnico-lingüís-ticos distintos, donde el mayoritario es el de origen maya. En términos de pobreza, se estima que un 56% de la población indígena vive en extrema pobreza, frente a un 43% de la población no indígena. Según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos seis años, la pobreza se incrementó entre los indígenas (de 55,7% a 56,25%), mientras que entre los no-indígenas se redujo (de 44,3% a 43,7%).

De acuerdo con el PNUD (2005), al momento de realizar la estratificación so-cioeconómica de la población guatemalteca “más del 80% de la población indíge-na se ubica en los estratos bajo y bajo extremo; es decir que 8 de cada 10 mayas se encuentran en el fondo de la estructura social, mientras que su participación en el estrato medio es del 5% en total. En el sector alto es casi inexistente, ya que está compuesto casi exclusivamente por población no-indígena (95%)”.

Con respecto a indicadores de salud, la mortalidad materna es mayor entre la población indígena. Para el 2000, se estimó que murieron 211 mujeres por cada 100 mil nacimientos, mientras que en el caso de las mujeres no-indígenas, dicha cifra era tres veces menor (70). En el caso de la mortalidad infantil, es mayor entre los niños indígenas (49 por cada mil niños), frente a la mortalidad entre los no-indígenas (40). Además, una mayor proporción de la población no-indígena (87,3%) goza de acceso adecuado a los servicios de salud, frente a una pequeña proporción de la población indígena (12,2%). Finalmente, en cuanto a los indicado-res de educación del Informe Nacional de Desarrollo Humano del 2005 del PNUD, la escolaridad promedio de una persona indígena es de 3,8 años, mientras que la de una persona no-indígena es de 6,5 años. Si bien se han hecho esfuerzos por re-ducir las brechas étnicas y de género en el analfabetismo, el proceso aun es lento.


Atribuir este tipo de resultados al azar o a la mala fortuna equivale a negar la realidad histórica de países como Guatemala, donde los procesos de exclusión respecto de los grupos indígenas han tomado muchas formas, según un estu-dio realizado por el CIES. Desde la evolución histórica de instituciones como el derecho a la propiedad, las relaciones laborales y los derechos políticos hasta restricciones institucionales de orden menor, limitan la capacidad de los pueblos indígenas para desarrollarse económicamente.

Mito 2. Los pueblos indígenas son de izquierda

¿Hasta qué punto los pueblos indígenas son de izquierda? ¿Hasta qué punto es reconciliable el liberalismo con su cosmovisión? Uno de los mejores ejemplos sobre lo ambiguo de esta respuesta es la discusión entre los indígenas Cojtí y Zapeta.

Por un lado, Demetrio Cojtí expresa: “En Guatemala, los principios del liberalismo (libre competencia, igualdad

de oportunidades, igualdad ante la ley, etc.) son válidos solamente para el ladino. No se aplican al maya y este no debe utilizarlos.”

Por su parte, Estuardo Zapeta señala: “De hecho, (los indígenas) somos liberales, quienes creemos en la De-

mocracia Liberal, quienes aceptamos sin tanto problema que el proceso intercultural es posible. Son los izquierdistas trasnochados, con su absur-do centralismo, su ineficiente estatismo, y su inhumana homogeneización cultural, quienes se oponen a abrir espacios en donde puedan ampliarse y enriquecerse las oportunidades para el proceso intercultural.”

¿Quién tiene la razón? ¿Es posible que exista una verdad en torno a dicho tema? ¿Qué ganamos imponiendo un criterio de verdad sobre ese tema? En el fondo, el problema es que el modelo de explicación “indígena-ladino” sólo reconoce los mecanismos de imposición y resistencia, pero ignora los procesos de aliena-ción y negociación, que han resquebrajado, desde hace mucho tiempo, dicha dicotomía.

¿Cómo se ha dado ese proceso de resquebrajamiento? Algunos ejemplos, entre muchos otros, son la posibilidad de consumir productos del extranjero, gracias a la apertura comercial; la influencia cultural y el envío de remesas de los familiares que se han ido de “mojados” a trabajar a Estados Unidos; el turismo; el acceso a medios masivos de comunicación, como la radio, los periódicos, la televisión y la Internet; un mayor nivel educativo, etcétera. Quien lo dude, puede visitar cualquier mercado de cualquier municipio de población indígena y contrastar los ladinos e indígenas “ideales” –que a veces se tiene en mente– con los gua-temaltecos del día a día. No solamente es un ejercicio ver sus hábitos y ropas, sino también hablar con ellos, cuestionarlos, comprenderlos. La hibridación de las culturas ladinas, indígenas y extranjeras ha ido generando múltiples culturas, múltiples identidades.


Lo que sucede en términos de las ropas y palabras que utilizan, hábitos de consu-mo y expectativas, también ocurre con sus inclinaciones políticas. Posiciones como las de Cojtí y Zapeta muestran posiciones ideológicas poco representativas para millones de ellos. Si a lo anterior se suma la poca confianza y escasa vinculación que suele tenerse con las instituciones políticas, no hay razón para creer que los pueblos indígenas tengan inclinaciones “naturales” o “culturales” hacia las políticas de izquierda, o de derecha. Pasa lo mismo con los que no son indígenas.

Mito 3. La principal exclusión es étnica

Es evidente la exclusión que sufren los pueblos indígenas, pero sería un error concluir que son los únicos excluidos, o el grupo más importante: algunas insti-tuciones económicas y sociales en países como Guatemala excluyen por igual a indígenas y no-indígenas. Entre esos otros grupos excluidos se puede identificar a las mujeres, los jóvenes, los adultos de la tercera edad y la población rural. La exclusión étnica parece no ser la más importante.

La principal exclusión no es étnica, sino política. La carencia de mecanismos para influir en la toma de decisiones políticas limita la posibilidad de cualquier grupo de beneficiarse de las acciones del Estado. Históricamente, el Estado se ha organizado para favorecer a pequeñas elites económicas y políticas que casi nunca han consi-derado “democratizar” los beneficios que reciben del mismo. Estas elites han pro-movido la idea de un Estado y de un ciudadano (el ciudadano “formal) acorde con sus intereses. El ascenso a la presidencia de Rafael Carrera, Manuel Estrada Cabrera y Alfonso Portillo son datos anómalos y que, a su manera, retan el statu quo.

En ese contexto, la definición de “lo formal” corresponde al tipo ideal que más favorece a los intereses de las elites. El Estado no ha sido diseñado para funcionar a favor de los informales. El Estado ha sido creado para funcionar a favor de “lo formal”, entendiendo que la formalidad es el producto de lo que determina la legis-lación, de lo que ha convenido a quienes detentan el poder. Si la madre de “lo for-mal” es la Constitución Política de la República, su padre es el legislador. En el caso de Guatemala, “lo formal”, el tipo ideal que da vida a nuestro arreglo institucional, implica ser alfabeto, no-indígena, heredero intelectual de Occidente y practicante de religiones judeocristianas. Si se trata de “lo formal” en el ámbito empresarial, el tipo ideal es un empresario dueño de una gran empresa, preferentemente de corte industrial y localizada en el área urbana, cuya única ventaja son las economías de escala, protegido de la competencia por la protección arancelaria y las barreras de entrada, con productos no diferenciados y rentas extranormales. En lo laboral, “lo formal” equivale a ser un empleado, preferentemente un obrero industrial, con un nivel de educación mínima que le permite realizar actividades de cierta complejidad y donde la creatividad y adaptación no son importantes.

Al menos, esa es la lectura que se obtiene al juzgar la legislación económica a la luz del “tipo ideal” para el cual el legislador creó dichos cuerpos de ley. En contraposición, “lo informal” sería todo aquello que se desvía de dichos tipos ideales. Y por tanto, al ser diferente, no está dentro del ámbito protegido por la ley. Queda excluido.


Los resultados de una encuesta realizada entre empresarios informales urbanos en Guatemala durante el 2006 demuestran que no hay diferencias importantes entre indígenas y no indígenas en cuanto a los beneficios de cumplir con los re-quisitos que el Estado exige para ser formal (véase el Gráfico 1).

Fuente | CIEN (2006)

A partir de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2004, es posible identificar una serie de características que alumbran sobre el carácter multidimen-sional de la exclusión llamada “informalidad”: La economía informal en Guatemala asciende a un 73,7% de la población

económicamente activa (PEA). Afecta de igual forma a mujeres y hombres; afecta por igual a jóvenes y ancianos (la participación de la informalidad en la PEA de 15 a 34 años de edad es menor a un 70%, mientras que para aquellos de edad mayor llega a superar el 90%).

La informalidad guarda una relación negativa con la escolaridad. Mientras el 94% de las personas ocupadas con ninguna educación se emplea en la economía informal, solo el 20% de las personas ocupadas con estudios uni-versitarios labora en el sector informal.

La informalidad es del 89% en el área rural, y de 60% en áreas urbanas.

Alrededor del 95% de los trabajadores en actividades agrícolas es informal. En la industria es el 66%; en servicios, el 65%.

Gráfico 1 Beneficios de la formalidad percibidos por informales urbanos guatemaltecos

Derecho a vender

Ninguno

Obtiene propiedad

Otros

No aplica

Genera ingresos

Se evita problemas

NS/NR

0 5 10 15 20 25

Indígena No indígena Total


Tabla 1. Guatemala: Economía informal como porcentaje de la PEA según grupo étnico, 2004 (en porcentajes)

Grupo étnico Informalidad Grupo étnico Informalidad

Kíche´ 91,1 Qánjo´bal 94,9

Kaqchikel 82,5 Itza´ 80,6

Mam 92,6 Jacalteco 92,7

Qéqchi 91,2 Achi 91,6

Garífuna 58,8 Awakateco 95,7

Xinca 90,7 Chórti 98,7

Ixil 96,2 Chuj 91,6

Poqomam 65,1 Extranjero 46,6

Poqpomchi 88,8 No indígena 67,0

Otros indígenas 71,7


Tabla 2. Guatemala: Ingreso promedio en los sectores formal e informal (en quetzales)

Trabajadores formales Trabajadores informales

Ingreso mensual 2 495 961

Ingreso total anual del hogar 66 298 32 668


La informalidad está presente entre indígenas, no-indígenas y extranjeros. En la tabla 1 se evidencia que la PEA informal no indígena y extranjera no asciende a más de dos tercios de cada grupo. Sin embargo, para la población indígena, la informalidad supera, para la mayoría de los casos, el 90%.

Un efecto directo de la exclusión “informal” se ve en el ingreso. Como se aprecia en la Tabla 2, el ingreso del trabajador formal es 2.6 veces mayor que el del tra-bajador informal. Asimismo, el trabajador informal requiere que más miembros de su familia trabajen, lo cual permite que, en promedio, el ingreso total anual del hogar del formal sólo sea 1.7 veces mayor. Muchas veces esto implica el trabajo de niños que, ante esta circunstancia, dejan a un lado sus estudios.


Mito 4. La informalidad siempre es exclusión

La economía informal no se presenta en blanco y negro, sino en una variedad de grises. Cuando se adopta la perspectiva neoinstitucional y se cambia la unidad de análisis del individuo por el de la transacción, la informalidad se transforma en un espectro. La informalidad puede ir desde incumplir la regulación en lo referente al registro de una empresa hasta el incumplimiento de la legisla-ción laboral o tributaria. En transacciones repetidas, la informalidad puede ir desde el 100% de las veces hasta el 1% de ellas, dependiendo de los costos y beneficios de cada transacción. Esta visión de la informalidad resalta un fenóme-no dinámico. Incluso, dentro de un mismo negocio puede haber distintos niveles de formalidad; al igual que a nivel individual las personas pueden estar involucradas en actividades formales e informales. Por ello, para establecer re-comendaciones adecuadas, debe tenerse en cuenta dos grandes mecánicas de la informalidad:

Informalidad central o económica. La informalidad se ve como producto de un análisis costo-beneficio en el cual el ciudadano evalúa lo que implica cumplir con la normativa formal y los beneficios que recibirá a cambio de ello. Esta clasificación aplica a personas para quienes fue diseñado el arreglo institucional, para el “tipo ideal” del legislador, quienes pudiendo ser formales deciden estar al margen por decisión propia. Las disfunciones que se han ido generando dentro de “la formalidad” (elevados costos de transacción y escasos beneficios) provoca que algunas personas opten por “salirse” y mantenerse al margen de las instituciones formales. Bajo esta caracterización, las actividades informales son el producto de acciones que intentan mini-mizar los costos de transacción que resultan de usar el arreglo institucional existente.

Informalidad periférica o institucional. Esta clasificación aplica para aquellas personas para las cuales no fue diseñado el arreglo institucional existente y que, por lo tanto, quedan fuera del sistema. Es decir, donde el análisis costo-beneficio nunca se dará, porque no tienen posibilidad de escoger. De cierta manera, el sistema político es quien decidió por todas estas personas. Han sido dejadas fuera del arreglo institucional formal. El Estado, de manera deli-berada o no, es “ciego” ante ellas.

La existencia de estas dos formas de informalidad muestra que ésta no puede re-ducirse solamente a un asunto de mejorar los incentivos o de promover inclusión. Cualquier propuesta de reforma debe ser amigable con la diferencia (considerar de manera directa al “otro” en el diseño e implementación de la política pública), a la vez que promueve mejores incentivos para todos.


Mito 5. La izquierda no logra resultados

La derecha latinoamericana se jacta de comprender el proceso económico y de apuntar hacia políticas que sí logran resultados. Si fuera así, la izquierda populista no tendría futuro. Sin embargo, aparentemente la población no asocia necesaria-mente a la izquierda con fracasos políticos. ¿La izquierda ofrece a los indígenas latinoamericanos la posibilidad de cambiar discursos y políticas?

Aunque la derecha ha gozado de cierto tipo de alianzas con las elites políticas y econó-micas, los resultados no han sido sorprendentes. Esta situación ha creado un ambiente favorable a ideas contrarias, que hacen creer a la gente que otra situación es posible siempre y cuando la “alianza profana” entre elites políticas y económicas tradicionales sea suplantada por una nueva estructura. Un cambio en el equilibrio de fuerzas que haga soñar a grandes sectores de la población con una corrección de las “injusticias históricas”. Al promover el divorcio entre la elite política y la económica, los movimientos de izquierda populista están en capacidad de tomar decisiones que tradicionalmente no podrían.

En El orden político en las sociedades en cambio, de Samuel Huntington, la izquier-da logra generar gobierno, legitimidad y orden, cuestiones que la derecha, al menos en Guatemala, no ha logrado. Esa incapacidad de generar gobierno es lo que hace que la población crea que la política es “irreal”. Un espejismo, una imagen de parti-cipación popular y de representación de los intereses públicos que resulta ser falsa. Al final de cuentas, los informales, sean indígenas, o no, mantienen un bajo nivel de interacción con las instituciones formales del Estado. El Gráfico 2 muestra cómo las instituciones básicas del Estado son ajenas a la mayoría de las personas.

Gráfico 2. Guatemala: presencia institucional de instancias

Acercamiento por parte de los informales Acercamiento por parte de las Instituciones Públicas

Municipalidad

MSPAS

SAT

PNC

Tribunal de Justicia

MAGA

MINECO

0 15 30 45 60 75 90

1 %2 %

3 %0 %

4 %0 %

13 %1 %

16 %12 %

78 %

21 %11 %



87 %

Ante estos hechos, no sorprende que los informales no se sientan tomados en cuenta en las decisiones respecto de la modificación e implementación de po-líticas públicas locales o nacionales, ni que muchas personas, aunque sea por desesperación, terminen apoyando a quien promete escucharlos y tomarlos en cuenta. Solamente la “opción de voz”, para utilizar el término de Albert Hirschman, puede ser suficiente para que muchos crean en promesas difíciles de cumplir.

Mito 6. La inclusión política únicamente puede generarla la izquierda

En su rol conservador del poder de las elites, la derecha guatemalteca ha tenido un papel protagónico en generar políticas de exclusión. Un breve recuento de algunas de las políticas asociadas con quienes históricamente han tenido el po-der en Guatemala podría ayudar a comprender el mito que dice que la inclusión política sólo puede provenir de la izquierda:

En el siglo XIX, los terratenientes “liberales” guatemaltecos no eran equivalentes a los burgueses europeos, lo cual ocasionó que los ideales del liberalismo fueran comprendidos y aplicados a través del “muro de la mala fe”, como lo llamara Octa-vio Paz en El laberinto de la soledad. Dado que las instituciones liberales decimo-nónicas fueron promovidas por grupos con intereses en mantener las relaciones de poder preexistentes, como la que se tenía sobre el indígena, no es de extrañar que ellos no hayan recibido casi ningún beneficio de tal arreglo institucional.

Entre 1944 y 1954 el modelo es replanteado por la izquierda, pero será con-tinuado por la derecha militar durante los siguientes 30 años. En este modelo, el Estado promueve la industrialización, dirigiendo su apoyo al funcionamien-to de las grandes empresas, dejando en el completo olvido a empresas que no respondían al modelo ideal de la política económica de entonces. La in-dustrialización perjudicó a empresas comerciales, de servicios, pymes, y otras que, al no encontrarse dentro del modelo de industrialización, eran ignoradas. Algunos pensarán que la falta de interés del Estado generó cierto laissez faire, que catapultó el crecimiento de estas empresas. Sin embargo, había desventajas importantes como la difícil articulación con otros mercados por los costos de seguridad jurídica y transporte, y se incrementaban los costos de producción, debido a que la industrialización estableció artificialmente una estructura de precios favorable a las empresas protegidas. Cabe señalar que la izquierda fue una de las promotoras de la exclusión generada durante esta época. Los mecanismos de aculturación y de ladinización, desde el aparato estatal, mediante la educación, fueron iniciados y propulsados por la izquier-da. La derecha, posteriormente, se apropió de estos mecanismos.

En la década de 1980 se vuelve a replantear el modelo político y económico. En lo político, se da el resurgimiento de los procesos democráticos, pero sigue siendo lento el proceso de representatividad e integración política de grandes grupos de la población. Por lo mismo, el Estado guatemalteco aún cuen-ta con leyes y políticas excluyentes, las cuales garantizan que los beneficios


del Estado se concentren en unos pocos. Una complicación para acelerar las reformas requeridas es que, ante el miedo a los desmanes del poder, la au-toridad estatal está fragmentada entre muchos grupos e instituciones. De ahí la eterna necesidad del consenso y la concertación como mecanismos para obtener la autoridad que el Estado mismo no logra proveer.

En lo económico, se apostó por la apertura comercial y el replanteamiento del rol del Estado dentro de la economía. A pesar de que se han promovido estos cambios, deficiencias en el capital humano de la población, la falta de infraestructura física y problemas de inseguridad jurídica han dificultado el apro-vechamiento de las nuevas oportunidades económicas. Asimismo, no existe clari-dad acerca de cómo la población puede aprovechar estas políticas económicas.

A pesar de lo anterior, se ha generado una tímida apertura democrática, que ha permitido la participación de indígenas en cargos de elección pública. También se ha logrado que existan empresarios indígenas integrados al comercio internacional. Además, la clase media se ha expandido. Según el PNUD (2005), siguiendo el Índice de Estratificación Socioeconómica –que considera el ingreso de los hogares, escolaridad del jefe del hogar, servicios básicos, características de la vivienda– la clase media y media baja se han incrementado en Guatemala entre 1989 y 2004, a la vez que se ha reducido el grupo de nivel socioeconómico bajo (ver Tabla 3).

A pesar de la fuerza incluyente generada para expandir la clase media, no existe una percepción positiva de los logros alcanzados. Probablemente porque las ex-pectativas eran mayores. Tomando en cuenta la descripción anterior, la derecha guatemalteca, y por añadidura la derecha en Latinoamérica, tienen dos opciones frente a los ofrecimientos de la izquierda y el reto de incluir a mayores segmentos de la población dentro de los beneficios del Estado: 1. Mantener el discurso del liberalismo decimonónico de la “mala fe” y apelar

a principios como la propiedad privada y la libre empresa, como artilugios para defender estructuras empresariales que han crecido al amparo de los

Tabla 3. Guatemala: Estratificación socioeconómica, 1989-2004

Estrato Porcentaje de la población

1989 2000 2004

Alto 4,3 4,7 3,2

Medio 8,7 11,7 15,5

Medio bajo 14,5 19,6 20,4

Bajo 48,9 40,9 32,1

Bajo extremo 23,6 32,1 28,8

Fuente | PNUD (2005)


privilegios del Estado y del abuso de la población. Esta es una opción desas-trosa y sin ningún futuro político.

2. Aprender de la izquierda, favorecer la independencia del Estado y realizar las reformas necesarias; articular mecanismos de inserción de poblaciones (como los indígenas, las mujeres y los jóvenes) en las sendas de mejoras económicas; esforzarse por mejorar el impacto de sus políticas sociales. En suma, aprender a hacer políticas liberales de forma democrática, atrayendo el apoyo de la población. Esta segunda opción debiera ser la dirección a seguir, si se quiere ver a la derecha guatemalteca como una fuerza incluyente.

Mito 7. La solución debe ser, principalmente, de carácter étnico

El arreglo institucional que existe actualmente no va a cambiar por arte de magia, ni en dirección de la eficiencia ni de la inclusión. Ante tal situación, lo más seguro es que siempre exista el riesgo de que, tarde o temprano, se dé un cambio ra-dical. Esta posibilidad no representa más que una esperanza de cambio, pues al final el sistema vuelve a dar los mismos resultados que antes. Si lo que se anhela es un cambio permanente en la tendencia de largo plazo, lo que se requiere es una nueva actitud de los políticos, actuales y venideros, respecto de la autoridad, la legislación y la informalidad.

En sociedades en las que la diversidad étnica y cultural es tan importante como en Guatemala, resulta de vital importancia considerar el papel que las institucio-nes formales deben jugar dentro de ese contexto. En ese sentido, según algunos indígenas, no-indígenas e instancias internacionales, países como Guatemala de-berían redefinir el poder a partir de posturas políticas de carácter étnico, donde el elemento aglutinante sea la identidad étnica. Para otros, el camino debería ser interétnico o intercultural, y resaltan la posibilidad de generar un ordenamiento mínimo que, en lugar de subrayar las diferencias étnicas en el debate político, facilite el surgimiento de instancias de cooperación entre personas con culturas distintas, pero también permita la generación de espacios en donde puedan prac-ticar y fomentar sus propias culturas.

Sin embargo, estas no son las únicas posibilidades de articular la diversidad cul-tural de nuestros países. La articulación de la diversidad cultural cobra otro matiz cuando se juzga desde perspectivas distintas a la sociológica, antropológica o política. Por ejemplo, cuando personas pertenecientes a diferentes herencias cul-turales (o étnicas) se encuentran en el mercado asumen un conjunto de reglas comunes para poder interactuar. Lo cual no significa borrar las diferencias cultu-rales o de identidad, sino vivir un grupo adicional de normas, unas que permitan la interacción social. Algo que también se puede ver en otros ámbitos como los parques, los barrios, las ferias, los partidos de fútbol y el patio de juego de las escuelas.


Frente a esta realidad, el Estado tiene una doble tarea. Primero, reconocer, co-nocer y respetar la existencia de la pluralidad y de los procesos culturales que permiten la convivencia pacífica y próspera entre personas de diferentes culturas. Segundo, complementar las instituciones informales, que han nacido dentro de ese contexto, con instituciones formales que potencien los aspectos positivos de los arreglos informales. Por ejemplo, reformar el sistema de justicia en torno a las instituciones basadas en la confianza que caracterizan a los arreglos informales. Actualmente, cada vez son más usuales los casos de resolución de conflictos por medio de autoridades indígenas en cuestiones como robo y problemas de tenencia de la tierra. Sin embargo, es poco lo que se ha avanzado en este sentido en materia mercantil, a pesar de que esto podría ser un elemento catalizador de encadenamientos productivos en el sector informal y de condiciones que le permitan a este gozar de los beneficios de economías cada vez más abiertas y competitivas.

Un Estado más incluyente y legítimo, que reconozca la realidad de todos los que están al margen de la ficción jurídica de la legalidad, de “lo formal”, sería el camino para integrar gradualmente a este sector independiente dentro de la formalidad. En lugar de concebir a la informalidad como un obstáculo para el desarrollo, de-bería concebirse como una oportunidad para el mismo. Si el marco institucional pudiera retroalimentarse con las lecciones ejemplares, casos exitosos, usos y cos-tumbres y la información y conocimiento disperso en la economía informal, sería posible otra realidad. En resumen, Guatemala, al igual que muchos otros países en América Latina, afronta un problema de inestabilidad política debido al carácter excluyente e in-flexible de sus instituciones. Históricamente muchos grupos han quedado ex-cluidos (los indígenas son uno de ellos) de los beneficios de “lo formal” y ac-tualmente el arreglo institucional no es lo suficientemente flexible para incluirlos a todos. Por eso, grupos como las “maras” recurren a la violencia para lograr el espacio económico y político que no logran a través de las instituciones formales del Estado y la sociedad. Ante este escenario, la viabilidad de la convivencia en estos países será posible sólo en la medida que se generen instituciones políticas


Impacto

El trabajo del CIEN ha contribuido hacia una reducción en el sector informal en Guatemala: El sistema de “Ventanilla Única” para registrar una empresa, reduciendo de esta manera el tiempo

requerido y el costo para registrarla.

Mayor número de empresas registradas (8 000 nuevas entradas hasta finales del 2007, lo que representa un aumento de 24%).

Alto número de reducción de negocios informales.

Las reformas para facilitar el registro de inmuebles han impulsado la construcción de viviendas en un 40%.

y económicas incluyentes. Esto implica que los políticos latinoamericanos, tanto de izquierda como de derecha, repiensen sus mitos, políticas y acciones.

El CIEN entrevistó a más de 200 empresarios informales y organizó grupos foca-les con una misma cantidad de empresarios formales, para evaluar los obstáculos en la formalización de sus negocios y el tipo del mismo.

Utilizando el modelo del CIPE, el CIEN incorporó el aporte de grupos de base que había obtenido en dos Agendas Nacionales de Negocios. Una estrategia se dirigió al sector formal y otra, al informal.

Para generar apoyo público y promover una toma de conciencia acerca de los beneficios de ejercer derechos formales, el CIEN trabajó con asociaciones empre-sariales y cámaras de comercio locales en siete ciudades, y presentó recomenda-ciones de reforma a líderes políticos. Una activa campaña mediática, con partici-pación en programas radiales y de televisión, además de editoriales en periódicos y revistas, fortaleció la conciencia pública.


“La izquierda no necesariamente está perdida, puede incluso propugnar una economía de mercado.

El problema es la sensación que tiene la población frente al sistema y que los partidos recogen. El

problema no es ’el regreso de la izquierda’, sino el regreso del sentimiento contra el mercado”.

“El regreso de la izquierda” o el regreso de un senti-miento contra el mercado

Tal como lo sugiere el título de esta publicación, El regre-so de la izquierda y el futuro de las reformas en América Latina, existe en la actualidad una gran reacción contra la globalización y el capitalismo internacional. En su obra The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, publicada recientemente, Naomi Klein afirma que hay alternativas para el mercado, pero que estas siempre son aplastadas por or-ganizaciones de pensamiento que no son muy humanas. Desde finales de los años ochenta y durante toda la década de los noventa, se creyó que solamente existía un sistema en el mundo, el de la economía de mercado. Actualmente, tanto en América Latina como en otras partes del mundo han surgido gobiernos que rechazan a las multinacionales, al libre mercado, los acuerdos de libre comercio en general, y se manifiestan contra el capitalismo.

Un historiador y economista colombiano dice que desde que América Latina logró la independencia de España ha tratado de imitar a Estados Unidos y Europa reiteradamen-te. Cada 5 a 15 años, todos los países latinoamericanos fueron en ese sentido, y luego de nuevo caían en populis-mo, o en regímenes antimercado. Hoy ha vuelto a surgir la

noción de que el mercado no le conviene a todo el mundo en América Latina. México optó recientemente por un ré-gimen bastante distinto del que tiene ahora, y Venezuela vive un régimen que evidentemente detiene la posibilidad de economía de mercado; lo mismo ha ocurrido en Boli-via; y avanza en estos momentos en Ecuador.

En ese sentido, es importante precisar que la economía de mercado no ha sido constante, ni en América Latina ni en ningún otro continente. En la Europa de 1917-1918, el sistema sistema de economía de mercado, que había es-tado boyante durante casi un siglo, casi se desmorona; lo mismo ocurrió en 1930. Igual pasa en Asia y África. Este es un dato importante porque supone que todavía no te-nemos necesariamente “la fórmula” y porque nos obliga a hacer autocríticas y a preguntarnos si efectivamente he-mos comprendido cómo lograr una economía de mercado sostenible.

En la actualidad, el mismo problema que enfrenta América Latina, lo enfrenta también China, con 1 300 millones de de habitantes; de los cuales 250 millones viven en la costa

Hernando de Soto¿Por qué avanzanlas fuerzas antimercado? Responsabilidades yautocríticas

Presidente del Instituto Libertad y DemocraciaPerú



oriental y ya tienen derechos de propiedad, y empresas sumamente competitivas. Solamente el año pasado, según el propio gobierno chino, hubo más de 75 mil re-vueltas contra el sistema, protestas contra las economías de mercado y las economías capitalistas de Oriente.

Por otro lado, si estudiamos cómo se iniciaron las economías de mercado que hoy día admiramos en América Latina, veremos que no surgieron necesariamente en contextos democráticos o de derecha. Fue Deng Xiaoping, el líder del Partido Comunista Chino, quien impuso la “economía de mercado” en China; quien trajo la economía de mercado a Vietnam no fue el Partido Liberal sino el Partido Co-munista; quien trajo la economía de mercado al Perú fue Alberto Fujimori, y quien hoy día amplía el capitalismo peruano es el líder nato del Partido Aprista Peruano, que era inicialmente antieconomía de mercado.

Habría que darse cuenta de que la izquierda no necesariamente está perdida. La izquierda puede incluso propugnar una economía de mercado. El problema es la sensación que tiene la población frente al sistema y que los partidos recogen. El problema no es “el regreso de la izquierda”, sino el regreso del sentimiento con-tra el mercado. Por ejemplo, la mayor parte de los clientes del Instituto Libertad y Democracia es gente de izquierda. Acuden a nosotros porque quieren ver de qué manera las reformas macroeconómicas pueden beneficiar no solamente a la clase empresarial tradicional, sino también al sector informal.

Más imaginación y mejores explicaciones

Otra de las razones del avance de las fuerzas antimercado es la falta de imagina-ción de quienes creen que las crisis de la economía de mercado únicamente se explican por “una falla del capitalismo”. Por ejemplo, después del terremoto del 15 de agosto de 2007 en el sur de Lima, han surgido grandes críticas al sistema de gobierno. Como ocurre cada vez que hay un desastre nacional en cualquier país en desarrollo, uno de los primeros problemas que enfrenta el gobierno es identificar quiénes han perdido su casa, quiénes son los damnificados y cómo se les puede ayudar. El gran obstáculo es que muchas veces no se sabe de quién es la propie-dad, lo que prueba que el sistema de registro de propiedad no está funcionando.

Hemos dejado pasar grandes errores sin observarlos o castigarlos. Por ejemplo, en el 2001 se le quitaron muchas obligaciones y deberes a la Cofopri (que el ILD se enorgullece de haber establecido en años anteriores) y se los pasaron a los muni-cipios creyendo que esto era un acto democrático. Esto, en la práctica, es como si el Banco Central de Reserva dijera que cada municipio puede emitir sus propios billetes. El resultado es que se desvaloriza ese papel, porque para cada caso es necesario evaluar si el registro estuvo bien sustentado, si los dueños son realmente los dueños. Esta es una de las bases más importantes del libre mercado: sin este requisito, no existe el comercio; no existe la confianza; no existe el crédito.

La importancia del registro se aprecia claramente cuando ocurre un desastre natural en un país donde la propiedad está bien documentada, donde existen


incentivos para que el valor de las propiedades sea intangible y pueda entrar a los mercados. En el 2004 hubo un sismo en Irán de 6,7 grados, en el que murieron 50 mil personas. Hubo uno similar en San Francisco, donde murieron 12 personas. ¿Cómo se explica esta diferencia? La respuesta es que los terremo-tos no matan a la gente, lo que mata a la gente son las viviendas mal construidas. Las casas mal construidas son aquellas que no han sido debidamente reglamen-tadas por el derecho, que no están debidamente saneadas.

Como ejemplos, sirven también otros dos casos de desastres naturales: el huracán Katrina en Nueva Orleans, y el tsunami que arrasó el sudeste asiático. Luego del huracán, lo primero que hizo el alcalde de Nueva Orleans fue entrar al municipio, sacar todos los registros, que estaban empapados, y llevarlos a Chicago. Después de secarlos, regresó la información debidamente digitada a Nueva Orleans para identificar a los propietarios. Si bien los estadounidenses están muy descontentos con la forma en la cual han manejado este desastre, quienes sufrieron el tsunami en el sudeste asiático nunca podrán recuperar su propiedad.

Nos falta imaginación también para resaltar la importancia del régimen de derecho; de los derechos sobre la empresa y la propiedad en todos los conflictos que existen. Los argumentos son generalmente de orden político, cuando merecen otra explica-ción: “la economía de mercado es importante porque permite la paz”. Si vemos los lugares donde hay mayores conflictos, donde se pierden más vidas (Sudán, Ruanda, Chipre, Palestina, Israel, Georgia, Mindanao) vemos que la causa es esencialmente un problema de territorio. Un régimen de economía de mercado no es posible sin un régimen de derecho, y sin el reconocimiento de que hay gente que por tradición, por consenso, o porque así lo dispuso una autoridad respetable, es dueña y propietaria de ciertas cosas. Olvidamos también que durante la época de la violencia terrorista, los principales lugares en los que Sendero Luminoso recolectaba dinero y se congregaba eran el río Huallaga y el valle del río Apurímac, y también algunos asentamientos hu-manos. Lo que hizo el gobierno peruano, ya desde el primer régimen de Alan García, fue empezar a legalizar las casas, los locales y las propiedades de los más pobres, lo que le quitó a Sendero Luminoso gran parte de su fuerza.

¿Cómo es posible que quienes creemos en la economía de mercado, no haya-mos reunido estos datos para explicar que la economía de mercado no solamente permite el crecimiento de las elites, sino que puede ser utilizada para crear países sólidos, para luchar contra la pobreza, y erradicar la violencia? Los que creemos en la economía de mercado somos culpables de no haber divulgado los éxitos o avances de este sistema entre los más pobres, que son las mayorías tanto en los países latinoamericanos como en China, África, Asia Central y el Medio Oriente.

Por otra parte, los organismos internacionales que han financiado las reformas de economía en América Latina no brindan datos ni información para saber si estas reformas han funcionado. En otras palabras, los beneficios de la economía de mercado no son evidentes. Varios de los puntos del Consenso de Washington no se han desarrollado, sobre todo los de derecho de propiedad y crédito accesible para todos los ciudadanos. Ha habido algunos proyectos sobre el avance de las reformas, pero ninguno ha divulgado sus fracasos, a pesar de que ello también es


importante. Quienes creemos en la economía de mercado, documentamos con-tinuamente los fracasos del socialismo y de la izquierda, pero no nos informamos suficientemente acerca de los fracasos de nuestro sistema.

A pedido del BID, hemos realizado un estudio para medir cuántas empresas u organi-zaciones económicas latinoamericanas se beneficiarían de un tratado de libre comer-cio. No buscábamos saber cuántas desean exportar, sino cuántas están en capacidad de hacerlo; es decir, si pueden llenar los requisitos necesarios, tienen conocimientos de embarque, conocimiento aéreo para exportar y están suficientemente bien do-cumentadas para identificarse y ser aceptadas por las autoridades de los mercados extranjeros, como el de Estados Unidos, por ejemplo. Los resultados muestran que en un país como México podrían exportar el 7% de las empresas y en el Perú, el 12%. El promedio en América Latina no pasa del 9%. La pregunta es cuántos tienen en verdad acceso a estos instrumentos que son imprescindibles en Occidente, y la respuesta es que la mayor parte de los latinoamericanos no los tiene.

El comercio internacional es, sin duda, la base de la prosperidad, pero para la ma-yoría de la gente es inaccesible, por lo que la “economía de mercado” no significa nada. La economía de mercado se identifica directamente por sus beneficiarios. En otras palabras, la respuesta no es que hay libre empresa en nuestro país, sino ver si los instrumentos de la libre empresa verdaderamente están funcionando.

Los detalles son importantes

La agenda para quienes creemos en el libre mercado no es estudiar todas las estructuras, sino conocer en detalle hasta qué punto sus instrumentos son acce-sibles por la mayor parte de la población, y si lo que les estamos ofreciendo es lo que realmente necesitan.

Actualmente estamos desarrollando una comisión con las Naciones Unidas (la “Comisión sobre el empoderamiento legal de los pobres”) en la que compar-timos con personas notables como Larry Summer, ex secretario de Tesoro de Estados Unidos; Gordon Brown, primer ministro de Inglaterra; y los príncipes de Qatar y Jordania. Estamos trabajando en una agenda de economía y mercado que sea aceptable para izquierdistas y derechistas. Ha sido muy interesante descubrir cuáles son sus inquietudes. En general, nos hemos dado cuenta de que, a la larga, ninguno de los miembros tiene objeciones de fondo contra la economía de mercado. Mary Robinson, por ejemplo, ex presidenta de Irlanda y presidenta de la comisión de DDHH de las Naciones Unidas, sí tiene un problema con la econo-mía de mercado: no ve cómo este sistema beneficia a las mujeres.

Cuando comenzamos los programas de titulación masiva de vivienda a principios de la década pasada, vimos que el gran problema de la titulación en el Perú no era el registro en sí, sino otros cientos de problemas que corrían paralelos al registro, uno de ellos el de los matrimonios. Casarse en el Perú, era tan largo y complicado que la mayor parte de las relaciones maritales eran informales. Si el marido se iba o moría, la


mujer quedaba sin nada. Por ello, parte de la simplificación administrativa que hicimos en el Perú, apoyados por CIPE, fue simplificar el registro de matrimonios.

Para detectar este problema hubo que mirar el detalle, y la razón por la que el pro-yecto recibió apoyo de la izquierda, la derecha, los apristas y de todo el mundo, fue sencillamente porque era un programa popular que tocaba los verdaderos inte-reses de la mujer; y la mujer es un gran porcentaje de la población. Es posible lograr que los proyectos reciban el apoyo de izquierdistas y derechistas si tocan los verdade-ros intereses de la gente. Para eso hay que enterarse y hay que enfocar a los pobres. No se trata de decir sencillamente “son unos informales, son unos pobres, son unos ambulantes… no importa”. Sí importan; porque cuando se levante un general o un coronel con una propuesta populista, tendrá todos los votos de esa gente.

Otra tarea de la comisión es entender qué pasa con esos pueblos alejados que rechazan a las grandes compañías mineras. El proceso es, más o menos, el si-guiente: llega una gran compañía exploradora y encuentra un mineral; luego una compañía extranjera se asocia con una minera local perfectamente legítima y pregunta cuáles son las leyes y las normas del país. Las autoridades le indican los trámites, consigue su concesión de registro, recibe en base a tratados bilaterales condiciones muy claras acerca de sus derechos tributarios, y obligaciones labo-rales, etcétera. Además, firma un tratado con el Estado peruano, y consigue una garantía de la OPEP o del Banco Mundial. Con todos estos papeles comienza a perforar en un lugar donde hay indígenas peruanos sin registro de propiedad.

¡Es obvio que habrá conflictos! Esas mismas empresas cuando perforan en Alaska deben darle a los esquimales indocumentados una parte de la propiedad, porque así funciona el registro. El régimen de propiedad significa darle a los pobres dere-chos sobre las cosas que ellos han establecido primero, sino no van a creer en la economía de mercado. El fenómeno antieconomía de mercado se genera entre aquellos que defienden a las poblaciones alejadas, entre quienes defienden a las mujeres, entre quienes botan y persiguen ambulantes.

Insisto, no es un problema de izquierda. En el momento en que nosotros apren-damos a tratar a la gente marginal y pobre, a documentarnos bien sobre nuestros éxitos y fracasos, no tendremos ningún problema con el retorno de las fuerzas antimercado en el país, vengan de izquierda o derecha.

Impacto:

Con el apoyo del CIPE, el ILD integró a 382 100 pequeñas empresas a la economía formal en el Perú.

Esto creó 554 000 empleos legales y contribuyó a que se recaudaran US$300 millones adicionales en impuestos por año.

El tiempo de registrar una empresa legalmente, con el gobierno nacional, fue acortado de alrededor de 300 días a menos de un día.


“No es posible alcanzar la comunicación si primero no logramos entender la mentalidad de la gente, porque no siempre hablamos el mismo lenguaje, o nuestros

contenidos coinciden. Cuando Evo Morales se encuentra con cualquier funcionario de Estados Unidos,

los dos afirman estar de acuerdo con la democracia, pero el significado que tiene para cada uno

es completamente opuesto”.

La izquierda del siglo XXI

El riesgo de que la izquierda amenace las reformas en Amé-rica Latina es un tema que revela una preocupación muy concreta. El hecho de que algunos llamen “tsunami” a este fenómeno, puede ser un tanto exagerado, pero revela la in-quietud y las sensaciones de muchos ante esta posibilidad.

Lo cierto es que hay una izquierda progresista, que quizá algunos ni siquiera quieran llamar “izquierda”, que está por la economía abierta; cree en la democracia representativa y pluralista; busca establecer redes de protección social para los sectores más desfavorecidos y defiende el Estado descentralizado y las funciones reguladoras. Lo que más la acerca a la posición de una derecha liberal y progresista es la importancia que otorga al individuo y a la persona.

Al otro lado tenemos a una izquierda conservadora, retró-grada y reaccionaria, que está mirando al pasado e intenta en algunos casos reconstruir el comunitarismo indigenista, el estatismo industrialista o ambos a la vez, como en el caso boliviano. Una característica de este tipo de movi-mientos es la resistencia al cambio, a las reformas de los noventa y finales de los ochenta; a la apertura, a la globa-lización, y su intento de recuperar mecanismos y estruc-turas proteccionistas. Hablan también de una democracia participativa, opuesta a la democracia representativa, a la que han devaluado persistentemente como una “no de-mocracia”, ofreciendo una participación directa fundada en la identidad comunitaria.

Las llamamos “izquierdas” (a la progresista y la conser-vadora) porque ambas se definen a sí mismas con esta etiqueta de identidad, basada en las siguientes propues-tas: cambio social, promesa de equidad, protección a los pobres, reparar las injusticias, luchar contra la opresión. Sin embargo, dicha etiqueta oculta las intenciones tradicio-nalistas y reaccionarias de la izquierda conservadora. Evo Morales, Hugo Chávez y, tal vez, Rafael Correa utilizan este discurso para velar el verdadero contenido y la verdadera orientación de sus regímenes.

La articulación populista

Uno de los factores que ha facilitado la aceptación de esta etiqueta es que el discurso de la izquierda ha apelado permanente y continuamente a una ideología social que trasciende a los partidos y a los procesos, y que puede resumirse en cinco ideas centrales.

La primera es la del Estado como constructor de la Nación. La confianza en el Estado en América Latina es grande, y mayor en algunos países. Si se observa la historia política de las naciones en las que en estos momentos prevalece la visión conservadora, se observa una confianza extrema en el Estado, fuertemente articulada además con la idea de nacionalismo. Hay una cultura de estatismo y nacionalismo arraigada en nuestros países.

La comunicaciónmasiva en Bolivia

Roberto Laserna

Fundación Milenio,Bolivia


En segundo lugar, existe una relación de patrón-cliente entre el Estado y las clases populares. La imagen más común del Estado es la del padre protector, el padrino que distribuye. Es quien nos protege del mundo exterior, de las aves de rapiña que amenazan nuestros recursos naturales. Esta idea está estrechamente vinculada con la práctica clientelar, según la cual el Estado es quien controla el acceso a los recursos y los distribuye.

En tercer lugar, en América Latina prevalece la idea de que la riqueza es algo que ya existe, está en la naturaleza, en el subsuelo, en las minas, en los bosques. América Latina es rica, por lo que distribuir es más importante que producir. El Estado debe encargarse de que esta riqueza llegue a la gente, aunque lo distribuya habitualmente mediante prácticas clientelares, de compra y venta de apoyo. El mecanismo de acceso es el corporativismo, la agrupación en comunidades o en sindicatos. En ese sentido, la idea de contribuyente que ha construido la democracia americana es absolutamente irrelevante en América Latina. Mucho más importante es ser parte de un sindicato, de una cámara, de una agrupación colectiva y ejercer una mínima presión sobre el Estado para tener acceso a las riquezas que éste controla.

En cuarto lugar, en el pensamiento económico y político de América Latina siempre ha sido muy importante el control de los excedentes, el control de la riqueza. Las nacionalizaciones o estatizaciones siempre han tenido un gran apoyo, no solamente de los sectores populares sino también de las elites políticas. La idea de controlar la renta petrolera para poder resolver los problemas de infraestructura, los problemas de educación, de salud; la renta gasífera o minera en Bolivia o en el Perú es siempre muy tentadora.

Por último, el rentismo corporativo y clientelar articula en gran medida las ideas de estatismo, nacionalismo, prácticas clientelares, hábitos de dependencia e intermediación que se mantienen en las mentes de los latinoamericanos. Cuando el discurso de la izquierda populista apela a esos mecanismos, su mensaje encuentra un eco y una conexión inmediata con las personas, porque son “verdades” que ya están instaladas en ellas. Lo que hacen es simplemente recoger lo que el sentido común les está diciendo: “el Estado nos va a resolver el problema”, “el Estado tiene que distribuir la riqueza”, “hay que evitar que la riqueza se vaya o que se la lleve el imperio” (o las trasnacionales). En ese sentido, es revelador observar cómo coinciden los ciclos de emergencia populista con la disponibilidad de materias primas, con los booms y los auges de exportación.


La representación caudillista

Existe una crisis de representación de los partidos evidente, y también una tendencia al surgimiento de movimientos que empiezan como populistas y terminan concentrando toda su representatividad en una persona, en la persona del caudillo. En esa medida, asistimos más que al regreso de la izquierda, al regreso del caudillismo populista, un sistema político que tiende a concentrar la autoridad en una persona, quien además domina la comunicación y sintoniza con el sentido común de la gente. La base material de este fenómeno es el control sobre los excedentes que tienen estos caudillos, la cual marca, además, la enorme diferencia entre la izquierda “carnívora” y la “vegetariana”, entre la progresista o la conservadora y reaccionaria.

Existe una frase vieja y conocida: “En arca abierta, hasta el justo peca”. Cuando la escuchamos o la leemos, lo primero que nos molesta es la idea del pecado (la corrupción, el populismo, el rentismo, el caudillismo), pero rápidamente nos concentramos en el justo. Es decir, tratamos de ver cómo hacer para que el que está cerca del arca se comporte bien. En eso se basa justamente uno de los grandes éxitos de los caudillos. Ellos se proclaman a sí mismos como los “nuevos justos”, quienes a diferencia de sus predecesores vigilarán el arca y la distribuirán.

Es muy difícil disputar esa idea porque está enclavada en el sentido común. Es más fácil creerle al nuevo que va a ser distinto porque la evidencia que tenemos es la del pasado y no la del futuro. Cuando nos demos cuenta de que el “nuevo justo” tampoco lo es, será muy tarde: probablemente el arca ya esté semivacía.

Una idea puede ser cerrar el arca o seleccionar mejor a los guardianes, pero el problema de fondo no se va a resolver, porque tenemos experiencias con otras alternativas que también han sido muy frustrantes. Los que suben con la aureola de “nuevos justos” rápidamente la pierden, pecan en el arca; a veces no ellos mismos, pero sí su entorno. Es imposible garantizar las cualidades morales que los llevan al poder. El fortalecimiento institucional también ha sido decepcionante: grandes procesos y reformas se han desmoronado frente al poder del arca llena. El problema quizá sea el arca.

Sin embargo, hay que seguir trabajando en los justos; hay que trabajar en la apertura de los candados, las tapas, las bisagras del arca; aunque el problema persista mientras tengamos el arca llena.


Revista Perspectiva en CubaLas medidas drásticas del gobierno cubano contra la oposición han dificultado el acceso de la pobla-ción a la información. El régimen intenta restringir el acceso a materiales que, claramente, no coinci-den con la posición del gobierno.

En el 2007, el CIPE facilitó la disponibilidad de materiales externos para la población de Cuba, así como el acceso a información independiente acerca de la democracia, la economía de mercados y las experiencias de transición de otros países. Al distribuir copias de Perspectiva, la revista ganadora de premios financiada por el CIPE, esta organización proveyó información práctica y análisis sobre reformas democráticas orientadas al mercado, a todos sus lectores en Cuba.

El CIPE también organizó círculos de lectura de la revista en toda la isla, y lanzó un concurso inno-vador de ensayos sobre temas relacionados con la publicación, incluyendo el papel de los partidos políticos; la propiedad privada y el crecimiento económico; la reforma jurídica y los obstáculos al desarrollo económico en Cuba.

Recomendaciones

No es posible alcanzar la comunicación si primero no logramos entender la men-talidad de la gente, porque no siempre hablamos el mismo lenguaje, o nues-tros contenidos coinciden. Cuando Evo Morales se encuentra con un consultor de USAID o cualquier funcionario de Estados Unidos, los dos afirman estar de acuerdo con la democracia, pero el significado que la democracia tiene para cada uno es completamente opuesto. Esta es la razón por la que a veces pare-ce tan sencillo ponerse de acuerdo, y concluir que hay consenso. Sin embargo, detrás de las propuestas y de los mensajes de los caudillos hay visiones radical-mente distintas.

En este sentido, puede ser muy arriesgado tratar de disputar un espacio (ideológico, mental, discursivo) en contenidos que ya están ocupados. Más apropiado sería tratar de buscar y abrir nuevos espacios de comunicación con la gente porque la credibilidad no es fácil de lograr. Tenemos experiencias frecuentes con personas que dicen estar de acuerdo con el cambio social, pero el común de la gente dirá “A y B están de acuerdo con el cambio social, pero A viene luchando desde las bases desde hace mucho tiempo, así que prefiero creerle a él”. Lo que ocurre es


que normalmente la izquierda llega acompañada de evidencias muy concretas de participación social, con el campesinado, con los indígenas, sindicatos, maestros. Todos manejan el mismo lenguaje, no solo verbal sino también simbólico.

Debemos entender, investigar cuál es la base material de estos procesos, dónde se estructuran los discursos, el sentido común, la comunicación, las ideologías, entre otros aspectos. Debemos establecer y diferenciar claramente el tipo de mensaje que queremos enviar, y el tipo de mensaje que los otros están envian-do. Una aparente coincidencia puede terminar legitimando el discurso del otro y deslegitimando nuestro propio mensaje. Esto es lo que, en mi opinión, ha ocu-rrido en el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, y podría fácilmente ocurrir en cualquiera de los otros países ante cualquier crisis. La habilidad y la capacidad de la izquierda conservadora para deslegitimar al adversario, erosionar su legitimidad, quitarle mensaje y credibilidad es muy grande.

Cuando decidamos comunicarnos o proyectar mensajes, insisto, debemos diferenciar claramente nuestro discurso, y asegurarnos de que lo comunicado sea adecuadamente comprendido por el otro. En caso contrario, lo que haremos será arrojar boomerangs.

Resultados Dos mil CDs de la revista fueron producidos y distribuidos en Cuba, además de 3 000 copias impresas.

Diecisiete círculos de lectura de Perspectiva, que se reunían semanalmente, fueron organizados en toda la isla con la participación de cerca de 200 personas.

Se organizó el Concurso de Ensayos del Círculo Nacional de Lectura de Perspectiva, recibiendo 100 ensayos de participantes en Cuba.

El jurado del Concurso Perspectiva de Ensayos fue convocado con representantes de la red regional de grupos de reflexión, para seleccionar los ganadores.

Se condujo una encuesta innovadora de línea de base entre los participantes del círculo de lectura, para medir su nivel de participación en la sociedad civil, su acceso a la información y sus perspectivas de temas como la libertad, la democracia y el espíritu empresarial.


Socios RegionalesArgentinaCentro para la Estabilidad Financiera (CEF)

www.cefargentina.org

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)

www.cippec.org.ar

BoliviaCámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO)

www.cainco.org.bo

Fundación Milenio (Milenio)

www.fundacion-milenio.org

Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES)

www.ceresbolivia.org

BrasilInstituto Brasileño de Gobernabilidad Corporativa (IBGC)

www.ibgc.org.br

ChileFundación de Estudios de la Facultad de Economía y Administración de Empresas de la

Pontificia Universidad Católica de Chile (FEAUC)

www.gobiernodelaempresa.cl

ColombiaConfederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras)

www.confecamaras.org.co

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarollo)

www.fedesarrollo.org

Instituto de Ciencia Política (ICP)

www.icpcolombia.org

EcuadorInstituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP)

www.ieep.org.ec

Fundación Alternativa (FA)

www.fundacionalternativa.org.ec


Asociación Nacional de Empresarios (ANDE)

www.ande.org.ec

Bolsa de Valores de Quito (BVQ)

www.bolsadequito.com

GuatemalaCentro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)

www.cien.org.gt

HaitíCámara de Comercio e Industria de Haití

MéxicoCentro de Excelencia en Gobierno Corporativo (CEGC)

www.uas.mx/cegc

NicaraguaConsejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)

www.cosep.org.ni

PerúAsociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (PROCAPITALES)

www.procapitales.org

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

www.confiep.org.pe

Instituto Apoyo

www.apoyo.com/acerca/ia.asp

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

www.upc.edu.pe

VenezuelaCentro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE)

www.cedice.org.ve

Liderazgo y Visión (LYV)

www.liderazgoyvision.org

Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE)

www.ave.org.ve


Gregori Lebedev Chairman of the BoardSenior Advisor The Robertson Foundation Grant D. AldonasWilliam H. Scholl Chair in International BusinessCenter for Strategic and International Studies Stanton D. AndersonChairmanGlobal USA, Inc. Lt. Gen. Daniel W. Christman, USA (Ret.)Senior Vice President, International AffairsU.S. Chamber of Commerce Harry ClarkManaging PartnerStanwich Group, LLC June DeHartPartner, Washington OfficeManatt, Phelps & Phillips Lynda Y. de la Viña, Ph.D.Dean, College of BusinessUniversity of Texas,San Antonio Thomas J. DonohuePresident & CEOU.S. Chamber of Commerce Michael J. HershmanPresident & CEOThe Fairfax Group Bonnie G. Hill, Ed.D.PresidentB. Hill Enterprises, LLC Amb. Richard N. HolwillVice President of Public PolicyAlticor, Inc. Julia K. HughesPresidentInternational Development Systems, Inc.

Junta Directiva de CIPEL. Oakley JohnsonSenior Vice President, Corporate AffairsAmerican International Group, Inc. Karen KerriganPresident & CEOSmall Business & Entrepreneurship Council John P. LinstrothPresidentJPL Land Development Corporation Michael D. McCurryPartnerPublic Strategies Washington, Inc. Janice RysSenior Vice PresidentMetro Atlanta Chamber of Commerce Amb. Michael SamuelsPresidentSamuels International Associates, Inc. Elliot SchrageVice President, Communications and Global AffairsGoogle Inc. Kenneth R. SparksPresident & CEOKen Sparks Associates, LLC John H. StoutVice PresidentFredrikson & Byron, P.A. John D. SullivanExecutive DirectorCenter for International Private Enterprise Hon. Mary A. Gooden TerrellAssociate JudgeSuperior Court of the District of Columbia Phillip N. TruluckExecutive Vice President & COOThe Heritage Foundation George J. VojtaChairman & CEOWestchester Group LLC


Center for International Private Enterprise (CIPE)

1155 15th Street, NW • Suite 700

Washington, DC 20005

T: 202.721.9200 • F: 202.721.9250

www.cipe.org

E-mail: [email protected]

y el futuro de las reformas en américa latina - cipe.org · ee.uu. y uno de los cuatro principales...

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