Indigenous Peoples, Gender Justice and Legal Pluralism in the United States, Mexico and Guatemala September 7-9, 2016, Radcliffe Institute for Advanced Studies, Boston.

(Borrador)

Mujeres indígenas y la disputa por la justicia de género en contextos de

violencias neoliberales y arraigados procesos organizativos.

María Teresa Sierra (CIESAS)

El contexto actual de violencia incrementada por la reconfiguración neoliberal del

estado, la presencia del crimen organizado y la proliferación de tensiones internas ha

propiciado un impasse en una de las instituciones que han sido referentes

emblemáticos de los pueblos indígenas de México, la Coordinadora Regional de

Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). La policía comunitaria

no está pudiendo garantizar la seguridad y la justicia en el territorio comunitario,

como lo había hecho a lo largo de casi 18 años, lo que afecta de manera especial a las

mujeres; esto se debe a las presiones de actores ilegales vinculados al narcotráfico -

que están imponiendo el cobro de piso y el miedo en la población - pero también al

acoso del propio Estado interesado en debilitar y regular a la institución, por lo que

implica como autonomía indígena. Corresponde a un campo social minado que afecta

el ejercicio de la jurisdicción indígena propiciando la transformación del sistema

comunitario hacia formas más autoritarias e hiper-masculinas que privilegian la

seguridad sobre una debida justicia. Al mismo tiempo se observa la preocupación de

los pueblos por defender su institución y al proyecto comunitario por lo que buscan

su rearticulación, como la única manera de hacer frente al despojo, la impunidad y al

racismo de estado. Ese contexto afecta de manera particular a las mujeres indígenas

comprometidas con la Comunitaria que después de abrir su participación en el

sistema, han visto afectados severamente sus esfuerzos para avanzar hacia una

justicia de género en los espacios del sistema comunitario. En este texto me propongo

analizar cómo ellas están viviendo estos procesos considerando distintas fases en la

trayectoria de estas mujeres para destacar los agravios y los sentidos de justicia que

ellas visualizan en el contexto de una institución que les ha ofrecido importantes

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alternativas de vida y de dignidad. Pretendo también identificar las condiciones de

marginalidad e incertidumbre en las que ellas construyen su agencia y lo que revelan

sobre los procesos de formación de Estado en esta región marcada por la impunidad,

la violencia y pluralidades legales e ilegales.

Como bien señala Venna Das violencia y ley no son excluyentes sino dimensiones de

un mismo proceso particularmente notorio en espacios de excepción, donde la

legalidad y la ilegalidad se intersectan y definen la cotidianeidad de las personas

especialmente en las zonas periféricas donde el territorio es disputado por fuerzas

diversas (Lemaitre, Comaroff, Sieder). Si bien en el escenario que analizo prevalece

un campo legal plural donde las jurisdicciones indígenas han conseguido un

importante reconocimiento de las fuerzas estatales, hoy en día dicho campo está

siendo minado por actores diversos legales e ilegales generando inseguridad y

violencias que afectan el tejido social y muy particularmente a las mujeres.

Retomo particularmente los testimonios de mujeres indígenas promotoras que

defienden los derechos de las mujeres y se pronuncian en contra de la violencia de

género dentro y fuera de la justicia comunitaria. En el contexto de exacerbación de la

inseguridad y la violencia las voces críticas de estas mujeres las exponen

notoriamente y se convierten en una amenaza para el control patriarcal y político

local, un ingrediente más que atraviesa el campo minado en el que se inserta la propia

policía comunitaria.

El trabajo colaborativo que he realizado con el grupo de promotoras de justicia de la

CRAC por varios años me permite tener una visión de proceso, considerando los

quiebres que ha tenido la institución que lamentablemente avanzan más hacia la

división que hacia la confluencia. Mi trabajo también se ha visto afectado por la

fragmentación de la propia institución que me ha dificultado realizar trabajo de

campo en un espacio minado y polarizado.

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2. Gobernanza neoliberal, violencia de género y respuestas del Estado.

El pasado 24 de agosto la titular de la CONAVIM presentó al gobierno del estado de

Guerrero, una propuesta para atender las recomendación de grupos feministas de la

sociedad civil con el fin de Declarar la Alerta de Género en Guerrero. Las

recomendaciones retoman un diagnóstico elaborado conjuntamente por

representantes de organismos públicos estatales y asociaciones feministas

guerrerenses con el fin de realizar acciones específicas para enfrentar el incremento

exponencial de la violencia de género en el estado. Son ya 20 estados donde se está

buscando la declaración de una alerta de género en el país, mientras solamente en dos

de ellos se ha conseguido la Declaratoria, Morelos y estado de México. El incremento

exponencial de los feminicidios, así como la ola incrementada de violencia vinculada al

crimen organizado dan cuenta de la crisis humanitaria que atraviesa el país. Guerrero

ocupa el primer lugar a nivel nacional en la tasa de feminicidios con cada 100 mil

habitantes (¿?). Tan sólo hasta la primer semana de junio se realizaron 88 asesinatos

de mujeres, y Acapulco es la ciudad con mayor porcentaje de asesinatos (41 %). El

incremento exponencial de feminicidios, violaciones y actos degradantes contra las

mujeres se acompañan de una cierta naturalización de la violencia de género la que

suelen identificar con acciones del crimen organizado. Además del clima de por sí

enrarecido por los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzada impune de

los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el incremento exponencial de la violencia en

Guerrero, con 1267 homicidios de enero a julio de 2016 ( segundo lugar en el país) la

petición oficial de establecer una Alerta de Género además de visibilizar dicha

tragedia podría significar importantes acciones dirigidas a atender la problemática, y

sobre todo para que sea la sociedad organizada quien se apropie de ellas. De los 8

municipios identificados como puntos rojos de esta Alerta, además de Acapulco y

Chilpancingo, se encuentra el de Tlapa y el de Ometepec, dos municipios indígenas

que constituyen polos entre la costa y la montaña donde converge la población

indígena vinculada a la policía comunitaria.

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El municipio de San Luis Acatlán donde se encuentra la sede de la CRAC no constituye

un foco rojo como los referidos, sin embargo hay un contraste importante entre la

situación seguridad que se vivía hasta hace pocos años en la región – aproximada

mente hasta 2012 y el incremento de homicidios, violaciones, robos, extorsiones y

cobros de piso vinculados muchos de ellos al crimen organizado pero también a una

violencia de género normalizada. Por lo que es de preguntarse qué va a implicar para

las autoridades judiciales y comunitarias de San Luis Acatlán el establecimiento de

una Alerta de Género en el estado, si esto se acompañará de la difusión y el

establecimiento de nuevos foros donde las mujeres puedan ser atendidas y apoyadas

en sus demandas, o si bien estas política serán sólo establecidas en los llamados focos

rojos. La Alerta de Género responde a las presiones internacionales que comprometen

a México a cumplir con los estándares de género establecidos en los Acuerdos de la

CEDAW que se han traducido constitucionalmente en la Ley Para una Vida Libre de

Violencia establecida desde 2007, que sin embargo no ha impedido que esta se

incremente exponencialmente.. Tales políticas de equidad de género o de paridad en

términos políticos se inscriben en una visión universalista y liberal de derechos que

impone modelos del deber ser sin contemplar los contextos sociales y culturales en los

que se definen los roles de género, muy especialmente en el caso de mujeres

indígenas. Así también la violencia de género no pueden desligarse de las distintas

violencias estructurales e institucionales que se imbrican en la vida y cuerpo de las

mujeres, y así mismo deben considerar las formas culturales desde las que se

construye y define la opresión de género en el caso concreto de mujeres indígenas,

para evitar imponer criterios que no contemplen sus propios contextos. Por todo ello

resulta de fundamental importancia las acciones que las propias mujeres organizadas

definan en este sentido como lo están haciendo mujeres de la CONAMI ( 3 de

septiembre 2016) proponiendo que se elaboren registros específicos de violencia de

género en regiones indígenas.

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El incremento de la inseguridad en la Costa Montaña de Guerrero – una zona donde

hasta hace poco tiempo las mujeres se sentían seguras para moverse –si bien afecta a

hombres y mujeres, asume condiciones de particular dimensión en los cuerpos

femeninos lo cual sucede sin una respuesta adecuada de las instancias de justicia

estatal ni de la propia justicia comunitaria de la CRAC-PC. Resulta por tanto de gran

urgencia hacer un balance de esta problemática e involucrar en ella a las distintas

autoridades comunitarias y municipales.

Campo judicial en el municipio de San Luis Acatlán y las tensiones

En la cabecera municipal de San Luis Acatlán confluyen distintas instituciones que

inciden en el campo judicial : el poder judicial estatal y municipal, la sede de la

Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria (CRAC_PC), así como instancias

coadyuvantes como el DIF y la Casa de la Mujer Indígena (la CAMI). Me refiero en

especial a la Casa de la Mujer indígena Nellys Palomo (CAMI) por la visibilidad que ha

adquirido en los últimos tiempos con relación a la atención de casos de mujeres

indígenas en asuntos diversos de salud y de violencia de género. La Cami de San Luis

Acatlán se inauguró en mayo de 2011 como parte de un programa de la CDI, con el fin

principal de dar atención en salud materna a mujeres indígenas de la Montaña. En los

últimos años, aumentaron las solicitudes a la CAMI para asesorar y acompañar casos

de mujeres en sus procesos ante la justicia estatal y la justicia comunitaria por razones

de violencia de género. En documento de balance realizado en 2015, señalaron que

habían atendido un total de 21 casos que involucran violencia de género, pudiendo

canalizarlos a distintas instancias ( cfr..) Las mujeres de la Cami, tienen claro sus

limitaciones y que ellas sólo pueden asesorar y en su caso acompañar a las mujeres

ante la autoridad dependiendo lo que decidan las demandantes; sea con las instancias

judiciales estatales o las propias de la policía comunitaria. Han tenido cada vez más

dificultades para que las autoridades de la Policía Comunitaria asuman los casos, lo

que tiene que ver con las polarizaciones internas que han provocado un

distanciamiento con la institución. Dichas fracturas han evidenciado incluso una

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franca oposición a reconocer oficialmente a la CAMI, en algunos momentos, como

cuando se les negó el sello de la CRAC para procedimientos institucionales; lo que las

mujeres de CAMI tienen muy presente. A pesar de las tensiones la CAMI es un espacio

abierto a todas las mujeres del territorio comunitario, si bien se encuentra limitado

por el marco institucional y presupuestal y regulatorio de la CDI, la instancia de la

política indigenista mexicana. Se expresa aquí un ámbito de acción del estado que si

bien regula el trabajo de las mujeres, también es cierto que les ofrece un espacio con

cierta autonomía que ellas se han apropiado dándole su propio perfil. Estas instancias

son todavía las expresiones oficiales de un multiculturalismo neoliberal que abre

ámbitos acotados de gestión de la diferencia, con importantes controles. A su vez

desde este espacio se tejen redes colaboración a nivel estatal, nacional e internacional

que les ofrecen un campo de intervención y apoyo para fortalecer su lugar en el

escenario local. La CAMI cuenta hoy en día con 14 promotoras y se estructura con

base en programas de intervención. Dada la conflictividad que ha atravesado a la

CRAC algunos asuntos que involucran a mujeres está pasando por la Cami, hecho que

antes no sucedía, lo que compromete a las mujeres a darles cauce.

Por su parte la Casa de Justicia matriz de la CRAC-PC en San Luis Acatlán ha vivido los

momentos más difíciles desde su fundación, desde inicios de 2013, debido a fracturas

internas y al acoso del crimen organizado que ha impuesto condiciones para actuar en

el municipio. Más allá del tipo de acuerdos o negociaciones que se hayan podido dar

entre la CRAC y dichos actores, se nota también un incremento de delitos que

involucran narcotráfico que la Crac ha debido asumir. El campo minado que atraviesa

el espacio de la comunitaria ha provocado que prevalezcan las tareas de seguridad

sobre las de justicia, al mismo tiempo que se ha endurecido la estructura de la

institución provocando la salida de las mujeres de los cargos de autoridad. Todo esto

conlleva una hiper-masculinización de la policía comunitaria y el predominio de

perfiles más autoritarios que han impactado en las prácticas mismas de la justicia y

por tanto en menos garantías de respeto a los derechos de las mujeres , lo que

significa un importante retroceso para el avance en una justicia de género.

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2. Agravios y sentidos de justicia: trayectorias en la construcción de una justicia

de género en la Comunitaria

Distingo tres momentos en el desarrollo de una justicia de género en la Comunitaria,

los cuales permiten analizar la manera entreverada en que confluyen los derechos de

género y los derechos colectivos, y las tensiones que involucran desde la mirada

misma de las mujeres. Dichos momentos revelan contextos diferenciados de la

institucionalidad comunitaria: así si en un momento significaron la apertura para

visibilizar a las mujeres y sus derechos en otro momento se cierran los espacios ante

el incremento de la conflictividad interna y externa que afecta a la institución, lo que

conlleva una mayor inseguridad y violencia hacia las mujeres. Pero lo grave es que las

fragmentaciones internas estén propiciando la cerrazón de la Comunitaria para tratar

asuntos que acompañan las mujeres promotoras de la CAMI, aún si estos provienen de

comunidades integrantes de la Comunitaria, lo cual termina exponiendo a las mujeres

promotoras a amenazas y a nuevas inseguridades .

1. Abriendo los espacios de la comunitaria.

Testimonios de mujeres comunitarias revelan de manera abierta el compromiso de las

mujeres con la institución desde su fundación, un sentido del agravio colectivo

vinculado a la acumulación de exclusiones y violencias estructurales que ha vivido la

población de la Montaña en su relación con la sociedad mestiza caciquil y con actores

estatales del orden público, judicial y militar. Por ello las mujeres no dudaron en

apoyar el surgimiento de la policía comunitaria, en la cual colaboraron activamente,

como lo revelan sus testimonios, compromiso que sigue vigente hasta la fecha actual.

Destaco en particular el testimonio de Carmen Ramírez, que representa la figura más

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consistente en la defensa de la institución: “en las buenas y en las malas” como ella

misma dice.

Carmen Ramírez en sus narraciones y en sus propios recuentos escritos da cuenta de

la historia de la institución vista por las mujeres, desde su participación en la

Comisión de mujeres (1999), para apoyar a los hombres en las tareas de justicia, como

su colaboración en acciones de seguridad y en el acompañamiento de mujeres

detenidas. Más adelante Carmen fue electa como Coordinadora Regional que le

permitió acceder también a la mesa de justicia en donde pudo colaborar algunos

meses. Si bien Carmen vivió momentos difíciles cuando le pidieron que renunciara a

su cargo, por acusaciones infundadas, y se distanció por un tiempo sigue siendo una

figura emblemática en la Comunitaria y últimamente volvió a vincularse a la CRAC.

Carmen ha sido una de las principales promotoras de justicia, con las que colaboré a lo

largo de tres años (2009-2011). Su experiencia, decisión, sencillez y claridad siendo

además madre soltera de 5 hijos han sido referentes centrales de su lugar en la

Comunitaria, y a través de ella pueden destacarse dos principales valores que en su

caso definen la forma en que ella se inserta en la institución, los agravios que destaca y

los sentidos de justicia a los que apuesta.

En términos de agravios, predomina en su narrativa un énfasis en la dimensión

colectiva del agravio hacia la institución provocada por el acoso, el racismo

institucional, y como contrapunto una solidaridad con el proyecto comunitario. A

Carmen le tocó acompañar el proyecto desde sus inicios y vivir los enfrentamientos

con el ejército, las policías y las presiones del gobierno estatal para desarticular la

comunitaria; y junto con eso la experiencia de participación en las grandes asambleas,

y en los momentos claves de la institucionalización y crecimiento de la CRAC. Por eso

apuesta a la defensa del proyecto comunitario y su sentido de justicia como un

espacio donde la gente encuentra dignidad y es posible abrir opciones a las mujeres

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que cometen delitos. Carmen sin duda fue de las primeras que se preocupó porque las

mujeres tuvieran un tratamiento especial en la CRAC para evitar revictimizarlas.

No obstante vivió también la exclusión de género cuando fue destituida como

autoridad debido a una difamación que nunca se comprobó. Esto significó un agravio

profundo que vivió en carne propia y la llevó a retirarse de la institución por un par

de años, para regresar más adelante.

2. Las mujeres en la mesa de justicia. Ampliación de derechos y fase de

consolidación

Un segundo momento puede ubicarse cuando las mujeres logran entrar en la mesa de

justicia como autoridades y delinean una agenda de género, lo cual coincidió con la

estabilización de la institución cuando bajó el acoso y hubieron acuerdos de respeto

con el gobierno del estado y el sistema de justicia. Si bien son varias las mujeres que

han pasado por el cargo de autoridad, la figura central de este proceso ha sido

Felicitas Martínez quien representa el lado más institucional de la Crac. Su formación

como abogada y su experiencia en organizaciones de mujeres indígenas nacionales y

estatales le han ampliado su perspectiva sobre los derechos de las mujeres referentes

importantes en su práctica como autoridad comunitaria. Se debe sobre todo a Felicitas

una insistencia de introducir en el Reglamento interno referencias a los derechos de

las mujeres y a estar pendiente que delitos como las violaciones no sean vistas como

delitos menores y se resuelvan con una negociación o el pago de la reparación ,

siguiendo las costumbres locales, lo cual no ha sido fácil en un espacio donde

prevalecen ideología patriarcales arraigadas. De esta manera para Felicitas los

agravios vividos por mujeres victimas de violencia son uno de los motivos por

los que considera importante que las mujeres participen en la mesa de justicia.

Felicitas es actualmente la única consejera de la CRAC quien ha estado comprometida

de manera activa en la defensa de la institución especialmente cuando se agravaron

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los conflictos y las tensiones internas. Felicitas mantiene activo el vínculos con redes

externas de mujeres indígenas y ha sido también el enlace principal con la

comandante Nestora Salgado, de la Policía comunitaria de Olinalá, presa durante dos

años en una cárcel federales de alta seguridad.

La transición.

Mientras la comunitaria funcionó bajo el control de Asamblea regional y mantuvo

dinámica internas al servicio de los vecinos y las comunidades, fue posible construir la

institucionalidad comunitaria y un nexo regional de comunidades y policías que han

sido claves en la legitimidad de una institución que logró controlar un amplio

territorio dividido en tres sedes desde la Costa a la Montaña de Guerrero. NO obstante

en el curso de 2011, el panorama cambió debido a una presencia más visible del

crimen organizado en el municipio y al descubrimiento que un 80% (¿¿) del territorio

comunitario había sido concesionado a compañías mineras por el gobierno federal.

Esto coincidió con un cambio de autoridades en la organización comunitaria hacia un

sistema más centralizado y de control que impactó la relación. Todo esta coyuntura

fue el inicio de posteriores fracturas internas que siguen sin resolverse hasta la fecha

actual.

Corresponde a una fase de transición donde la participación de las mujeres tuvo que

ajustarse a los nuevos contextos que propiciaron un alejamiento con las promotoras

de justicia y su trabajo en la promoción de una agenda de género. Finalmente las

promotoras fueron desconocidas y el trabajo realizado minimizado por algunos

coordinadores y asesores de la comunitaria. Pero sobre todo fue un contexto donde

se incrementó la presión del crimen organizado en territorio comunitario, por lo que

se vieron obligados a enfrentarlos y tomar la decisión de reeducarlos y no entregarlos

a las autoridades estatales.

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A doña Asunción Ponce, en ese momento de 62 años, le tocó asumir el cargo de

coordinadora teniendo que abrir su espacio sin el apoyo de otras mujeres; lo que

llama la atención en su caso fueron los estilos propios de hacer justicia anclados en las

tradiciones comunitarias; fue capaz de utilizar su métodos de indagación a través de

“cartas” buscando la ( costumbre arraigada localmente) para aplicarlos a la justicia.

Como lo revela su historia de vida (cf Ana Cecilia Arteaga) Doña Asunción además del

vinculo con la comunitaria tenia una historia como partera y promotora de salud;

haber sido elegida autoridad le cambio la ruta de vida y tuvo que aceptar. Las formas

apacibles y con decisión con las cuales consiguió ejercer su cago le valieron el

reconocimiento de los vecinos y de los mismos policías. Para ella la CRAC es el espacio

colectivo al que se deben los vecinos “si te toca le entras”. Los agravios que ella vivió

se refirieron más a los estilos machistas de algunos coordinadores que en no pocas

ocasiones la hicieron sentirse menos, si bien al final pudo mostrar su capacidad y

ganar el respeto de los vecinos. A doña Asunción le tocó la transición : de una justicia

comunitaria integral y sujeta a la Asamblea Regional a una Crac controlada por grupos

de interés y bajo al presión del crimen organizado que se incrementó en la región

como parte de procesos regionales. Para ella lo más difícil fue cuando tuvo que asistir

a una reunión donde estaban involucrados narcos que habían sido detenidos por sus

amenazas y acoso sobre la población. A pesar de sus miedos aceptó ir a la reunión

como observadora, lo cual recuerda con preocupación. A diferencia de Felicitas, Doña

Asunción no impulsaba como tal una agenda de género, pero si estaba comprometida

con un trato digno e integral para las mujeres involucradas en algún delito, a las cuales

apoyaba emocionalmente y atendiendo sus necesidades de salud.

En el caso de doña Asunción prevaleció siempre un sentido de justicia que buscó abrir

opciones a hombres y mujeres defendiendo el principio de la Comunitaria, y desde sus

prácticas impulsó una mirada integral y equitativa para resolver los casos que

involucraban a mujeres a través de diálogos y búsqueda de acuerdo.

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3. Expansión de la Comunitaria y las presiones del crimen organizado y los

reclamos de una justicia de género

A partir de 2013, la CRAC vivió un proceso de transformación debido a un inusitado

incremento de la violencia en la región y a una presencia cada vez más visible del

crimen organizado en la ciudad de San Luis Acatlán. La CRAC se expande hacia la

región de Ayutla, sin contar con los consensos adecuados para hacerlo, lo que

contribuyó a profundizar el proceso de fragmentación de la institución: la división se

estableció entre la UPOEG, una organización con fines de desarrollo surgida de la

misma CRAC que adquirió fuerza como policía ciudadana y la facción identificada que

se autonombró como la CRAC. El crecimiento inusitado de estas policías debido a la

crisis de seguridad que se expandió en el estado de Guerrero, y la legitimidad que

estas cobraron propició una disputa interna de liderazgos que terminó fragmentando

profundamente a la institución con consecuencias negativas para el sistema de justicia

y seguridad comunitaria que no termina de reponerse. En este proceso el gobierno del

Estado jugó un papel central al apoyar a unas fracciones sobre otras y al otorgar

recursos a la CRAC a cambio de aceptar ser regulada.

Es en este contexto que Paula Silva, otra de las promotoras de justicia, electa

Comandanta Regional es destituida, por considerarla parte del grupo de opositores y

de las promotoras de justicia. Mujer soltera con cuatro hijos en ese momento, asume

un cargo que la involucra en acciones etiquetadas como masculinas sin ninguna

deferencia por su condición de mujer; y por lo tanto al frente de un grupo de policías

comprometidos a hacer rondines y a detener a malhechores. “Yo si le entro, porque

eso es lo que yo quería” . En las reuniones con las promotoras, Paula externó su sueño

de ser comandante y mostrar que “las mujeres tenemos el mismo valor que los

hombres”, por ello también para Paula asumir el cargo significó cumplir su sueño. La

salida inusitada y violenta de la CRAC la vivió ella como una injusticia cuya decisión

fue tomada de manera arbitraria, en una asamblea controlada por las nuevas

autoridades de la Comunitaria. Fue hasta más adelante que las fracturas de esta

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misma facción de la CRAC llevaron a polarización internas que terminaron

enfrentándose de manera violenta. Hoy en día la Comunitaria ha vuelto a ser

retomada por las comunidades no obstante no se terminan de resolver los conflictos

de facciones y se mantiene una tensión con quienes son identificados como los

fundadores, lo que impide recuperar el proyecto comunitario articulado; y hasta la

fecha no se han abierto el espacio de la justicia a las mujeres para ellas mismas ser

coordinadoras.

El reclamo de una justicia de género en el contexto de violencia incrementada y de

conflictividad interna

Apolonia Placido na’savi de la comunidad de Buenavista, es una mujer con fuerte

vinculo comunitario y un arraigado sentido ético de la de justicia, que de manera

abierta se posiciona en contra de la violencia de género y defiende los derechos de las

mujeres. Es actualmente coordinadora de la CAMI, desde su creación en 2011 y en el

proceso ha podido desarrollar su capacidad de gestión y liderazgo reconocida local y

regionalmente. Su experiencia de promover los derechos de género sin embargo la ha

llevado a entrar en conflicto con la justicia comunitaria.

La Cami se ha convertido en una bisagra a la que acuden mujeres y autoridades de

comunidades a solicitar apoyo en casos de violencia de género sobre todo como

consecuencia de no conseguir justicia en la misma Comunitaria o en la justicia del

estado. El asumir esta acompañamiento sin embargo les ha traído fuerte problemas e

incluso acusaciones de quienes defienden a la CRAC incluyendo sus pares, mujeres

que fueron sus compañeras y son reconocidas en su labor en la defensa de los

derechos de las mujeres.

Apoyo a las “dolientes”. Víctimas de la violencia de género.

Apolonia, mi comadre, está amenazada. Se nota su angustia y preocupación pero no se

inmoviliza y continua sacando fuerzas para seguir su labor y convicción de apoyar a

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“los dolientes”, es decir a quienes sufren violencia. Decidí encontrarla en Chilpancingo

hace unos días, aprovechando su asistencia a unos talleres vinculados justamente al

tema de violencia de género que les organiza la CDI. Me cuenta que se siente mal, le

duele la cabeza, y a veces siente que ya no puede; vive la presión de sus compromisos

en la CAMI y con las mujeres. Me dice que recibió amenazas de extorsión por teléfono

con datos precisos sobre ella, días después vieron a personas rodeando la casa y

tomando fotos, y más adelante hubieron disparos al aire por la noche enfrente de la

casa de la CAMI, y han visto a gente extraña que se ha acercado buscando entrar; esto

sucede en un contexto de crispación que se vive en el municipio y en la región, que

revela un deterioro constante de la vida en la ciudad de San Luis Acatlán que hasta

hace poco tiempo seguía siendo un espacio con poca inseguridad, por la presencia

misma de la CRAC y la policía comunitaria. Los hechos constituyen signos

preocupantes de acoso a la Cami y especialmente dirigidos a Apolonia y a las mujeres

para intimidarlas. En particular Apolonia lo vincula al hecho de su participación

denunciando casos de violación y exigiendo justicia para las mujeres además de que

hay una presión para que deje la coordinación de la CAMI.

El caso más contundente tiene que ver con la violación de una joven, menor de edad,

por un profesor que abusó de ella en el camino aprovechando un viaje a Acapulco, lo

que sucedió hace un año. Ante la denuncia de violación la Crac intervino y se detuvo la

persona siguiendo los procedimientos de verificación médica de violación. La familia

del acusado, en ese momento primo del presidente electo, generó mucha presión

sobre la CRAC para que soltaran al detenido, lo cual consiguieron frenar las mujeres

de CAMI. Finalmente en una asamblea en donde participaron las partes de acuerdo a

una investigación se concluyó que no había sido violación sin o un acto consentido por

la muchacha, que se etiquetó como “abuso deshonesto” por lo que se decidió que

ambos tenían la culpa y debían castigarse: el maestro estaría detenido un año,

mientras de parte de la muchacha se detendría a la mamá y al abuelo, dado que ella

era menor de edad (14 años) y no podía ser detenida. Tal decisión motivó el enojo de

la comunidad (Jolotichan) y sus autoridades, quienes se indignaron por la decisión de

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la Crac de detener a las dos personas del pueblo y por concluir que no hubo violación

a pesar de las pruebas y de la misma declaración de la muchacha. Fue por ello que las

autoridades de Jolotichan pidieron la intervención de la CAMI para acompañarlos y

asesorarlos en la búsqueda de justicia. Finalmente la madre y el abuelo son liberados

por la presión del pueblo de Jolotichan que se movilizó a las instalación de la CRAC y

para exigir justicia para la muchacha. El conflicto escaló y generó un fuerte escándalo

que tuvo varias implicaciones a nivel de la opinión pública y de las relaciones de las

mujeres con la Comunitaria y con las Organizaciones de derechos de las mujeres que

apoyaron a la CAMI. Para ellas el hecho reveló que la CRAC no hizo la investigación

debida, minimizó los hechos descalificando el testimonio de la joven, y privilegió

favorecer al agresor al no considerar la gravedad del hecho. Para ellas prevaleció la

presión del actores locales sobre la CRAC, por su cercanía con el presidente municipal,

y desde la CRAC no hubo sensibilidad para dar la voz a la muchacha cuya voz no fue

considerada. Y por último se cometió el agravio de detener a la madre y al abuelo.

Las mujeres de la CAMI denunciaron el hecho como un agravio a las mujeres y a la

comunidad de Jolotichan por lo que siguieron presionando a la CRAC para exigir

justicia. El conflicto escaló y terminó polarizando la posición de mujeres en la CRAC .

Finalmente el agresor es liberado meses más tarde por motivos de salud. Este caso

generó un parte-aguas que profundizó las divisiones entre mujeres vinculadas a la

comunitaria. Afloraron otras tensiones acumuladas y con la misma justicia

comunitaria lo que afectó de manera profunda las relaciones entre mujeres que

anteriormente fueron aliadas.

Lo relevante del caso es que este hecho es visto por Apolonia como revelador de la

situación de inseguridad y amenaza que vive actualmente la CAMI y su persona. Las

amenazas son muy preocupantes y han sido valorados por organizaciones de mujeres

que las apoyan y sugieren que se tomen acciones específicas para la protección de

Apolonia ( protocolos de seguridad). Asimismo Apolonia y la CAMI son parte de redes

de organizaciones de mujeres indígenas y de la sociedad civil como Kinal Ant’setik, la

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red de feminismos comunitarios, la red defensoras del centro ecuménico ¿? y son

parte integral de la red de CAMIs, promovidas por la CDI, y la secretaria de Salud del

Estado quienes valoran el liderazgo comprometido de estas mujeres; no en vano

recientemente en facebook salió una campaña en su apoyo.

A pesar de todo Apolonia se siente expuesta y tiene miedo. No cuentan con la

vigilancia que debería proporcionarles la CRAC a pesar de que la CAMI es parte del

sistema comunitario y su propia comunidad, Buenavista, esta vinculada al Casa de

justicia de SLA. Si bien en el momento álgido de la amenaza tuvieron el apoyo de la

Policía Ciudadana de la UPOEG, instalada en Marquelia, ellos se retiraron después de

dos días para no entrar en conflicto con la jurisdicción de la CRAC, y por petición del

propio dirigente de la UPOEG al ayuntamiento se hizo presente la policía municipal y

ministerial para hacer rondines en la CAMI, lo cual revela las redes de seguridad que

pueden activarse en coyunturas particulares.

El agravio principal que involucran estos hechos tiene dos dimensiones . Por un

lado el que no se privilegie la justicia de género y se permita que se violen los

derechos de las mujeres y por otro lado el hecho mismo que sea la misma CRAC que le

da la espalda a la muchacha y a la CAMI a pesar de ser integrantes de la institución.

En aras de respaldar la decisión de las autoridades comunitarias, sin valorar los

hechos, se ha legitimado una decisión impune a los ojos del público y de las

comunidades, lo que deja un precedente negativo con relación a la violencia de

género.

Ante una CRAC débil, fracturada, la situación de las mujeres no solo refleja dicha

polarización sino también revela que las alianzas de género entre mujeres que luchan

por los mismos objetivos no siempre convergen, dificultando así una agenda común.

Dichas actoras, todas ellas muy valiosas, compartiendo limitaciones estructurales e

historias de marginación y violencias diversas, confluyen sobre todo en espacios

externos sin que se procese el enojo y se sanen las heridas: las mujeres de la CAMI se

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sienten traicionadas y consideran que se ha traicionado la lucha en defensa de las

mujeres, al defender acríticamente a la institución y no exigir justicia. Este conflicto

revela también las tensiones vinculadas al ejercicio autonómico de una instancia

comunitaria que no está valorando en su justa dimensión los agravios de las mujeres,

lo que revela las tensiones que revelan en la práctica la prevalencia de lógicas

patriarcales que obstaculizan el camino hacia una justicia de género en las

jurisdicciones indígenas.

Qué revela todo esto sobre las formas en que se entrecruza la violencia de género en el

espacio de la Comunitaria; qué significado tiene para comprender las formas en que

se construyen las instituciones de los pueblos con jurisdicción propia; qué fuerza

tiene el discurso de derechos de las mujeres en esos espacios; cómo se articula con las

instancias legales y hasta que punto pueden frenar el acoso de fuerzas ilegales, o que

se esconden en la ilegalidad para intimidar a las mujeres..

5. Conclusiones. (puntos a desarrollar)

Condiciones bajo las cuales las mujeres indígenas impulsan una agenda de género en

el marco de jurisdicciones indígenas, en contextos de violencias estructurales, racismo

institucional y despojo.

Tensiones entre justicia de género y ejercicio de jurisdicciones indígenas/ abrir

caminos en contextos de violencia incrementada y acoso que afecta las autonomías

indígenas .

Acumulación de violencias y su impacto en las mujeres: no sólo como víctimas del

crimen organizado, expuestas a ser violentadas ( contexto de una alerta de género),

bajo la prevalencia de patrones patriarcales que normalizan la violencia de género;

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sino también como mujeres defensoras que avanzan una agenda de derechos para las

mujeres.

Visibilización y avances hacia una justicia de género en la CRAC, por parte de las

mujeres indígenas, lo que implicó ganar espacios y legitimar la mirada de las mujeres

y de alguna forma desestabilizar ideologías patriarcales en la institución comunitaria.

No significan un cambio profundo pero si han sido importante por lo que significa en

el marco de una institución que ha conseguido grandes logros en términos de

seguridad y justicia para la población, incluidas las mujeres.

Los agravios y los sentidos de justicia al que apelan las mujeres de la Comunitaria se

sitúan entre dos grandes polos: la defensa de la institución y una mirada como

mujeres para construir relaciones de buen trato, sin violencia; apuestan por la

participación, por ser reconocidas en los espacios de decisión, al mismo tiempo que

tiene claro que la CRAC les ha dado dignidad y por eso la defienden. Pero los agravios

y sentidos de justicia se han transformado en el contexto de las polarizaciones

internas que han dividido también a las mujeres.

Los quiebres y fragmentaciones, el campo minado en que se encuentra la institución,

ha provocado que se enrarezca el ambiente, que se cierren los espacios a las mujeres y

que gane fuerza una mirada hiper-masculina y policiaca, más que las lógicas de

seguridad y justicia comunitaria que apelan a la dignidad y a la búsqueda de acuerdos;

esto afecta directamente las mujeres, incrementa su vulnerabilidad, y las expone a ser

víctimas de violencia. Pero lo más paradójico es que la institución comunitaria no

asuma el compromiso de vigilar y cuidar a su mujeres, y reproduzca patrones

patriarcales y autoritarios que en aras de la defensa de la autonomía las subordinan y

las vulneran. Con su activismo las mujeres terminan por hacer visible el lado flaco de

una autonomía que no las está incluyendo.

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Alerta de género en Guerrero revela el crecimiento exponencial de la violencia, la

presión de la sociedad civil dirigida al Estado para generar respuestas; para atender la

problemática y generar alternativas para enfrentarla y prevenirla. Puede significar

oportunidades para focalizar en acciones locales que abran opciones a mujeres

indígenas y para poner la mirada en el papel de las mismas defensoras que suelen ser

intimidadas y en ocasiones las amenazas si pueden significar riesgo personal y para

las organizaciones.

Destacar las tensiones entre construcciones liberales de violencia de género y visiones

culturales que sitúan los contextos y las concepciones que estas involucran. Qué

significado tiene esto para la defensa que hacen las mujeres indígenas; cómo

incorporar una mirada no universalista de los derechos de género sensible al contexto

que sin embargo no signifique minimizar la violencia, las exclusiones y los sentidos de

agravio que defienden las mujeres.

Cómo incidir en la justicia comunitaria/ en jurisdicciones indígenas defendiendo su

autonomía y al mismo tiempo cuestionando decisiones que afectan a las mujeres; esto

significa fortalecer los espacios de las mujeres y visibilizar sus sentires y reclamos; sin

dejar de construir alianzas y redes entre mujeres indígenas y no indígenas que les

permitan fortalecerse en los espacios locales.

La Alerta de género debería impactar el campo judicial y político estatal, municipal y

comunitario, permitiendo que se generen los espacios para hacer diagnósticos,

establecer protocolos de seguridad, alertas y alternativas para que prevenir estos

actos deleznables.

Importante destacar que las condiciones exacerbadas de la violencia en estas regiones

son finalmente efecto de las políticas neoliberales que conllevan el despojo y han

apostado por fragmentar el tejido social pero también han apostado por debilitar a las

jurisdicciones indígenas como espacios de resistencia desde los pueblos. La Alerta de

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género debería involucrar asimismo transformaciones profundas en la estructura de

la desigualdad social y abrir espacios a la participación ciudadana. Las jurisdicciones

indígenas deben ofrecer las garantías para que desde adentro las mujeres participen y

definan los mecanismos para una mejor convivencia y buen trato; preocupación que

en efecto tienen los colectivos de mujeres indígenas haciendo eco de las voces muy

actuales de las mujeres zapatistas!!.

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