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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL
DE CARRETERAS
ORDEN CIRCULAR 1/2020 SOBRE INSTRUCCIONES GENERALES DE LA DGC
ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm.
67; 14 marzo de 2020; https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf)
establece una serie de disposiciones de aplicación inmediata a esta Dirección General,
en concreto:
La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional (art. 2): se
ven afectadas todos los individuos y carreteras del Estado.
La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es
de
quince días naturales (art. 3).
La autoridad competente será el Gobierno y será autoridad competente delegada
en su área de responsabilidad el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, quedando habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones
e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean
necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o
extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares (art. 4).
Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos
de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales
quedarán bajo las órdenes directas del Ministro del Interior (art. 5).
Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que
estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente
a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos
4 y 5. (art. 6).
Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular
por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:
o …
o Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral,
profesional o empresarial.
o …
o Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
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o Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o
por otra causa justificada.
El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o
tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la
restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos:
habrá que tener especial coordinación con DGT y con la Guardia Civil de
Tráfico en todo el territorio para ayudar en lo necesario a los cortes o en
actuaciones propias de vialidad (incluso en tema de vialidad invernal si no
es posible tener los medios se puede proponer el cierre por seguridad o
fluidez del tráfico).
Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de
oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen
competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico,
circulación de vehículos y seguridad vial (art. 7).
En relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la
Administración competente sobre los mismos, se aplicará lo siguiente:
o El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado
para dictar los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su
actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de
movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de
personas, bienes y lugares (art. 14.1).
…se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan
acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario (art.
14.2).
… se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de
mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el
abastecimiento (art. 14.4).
Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para
garantizar:
a) El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el
funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la
distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales
de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en
destino. En particular, cuando resultara necesario por razones de seguridad, se
podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de
los bienes mencionados.
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b) Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para
permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados
con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan
alimentos, incluidas las granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación
animal y los mataderos.
Asimismo, las autoridades competentes podrán acordar la intervención de
empresas o servicios, así como la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen
funcionamiento de lo dispuesto en el presente artículo (art. 15).
Los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 28
de abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras
críticas, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los
servicios esenciales que les son propios (art. 18).
Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su
caso, las prórrogas del mismo.
La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para
evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que
hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma (D.A.
3ª)
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su
caso, de las prórrogas que se adoptaren (D.A. 4):
Tanto la D.A. 3ª como 4ª tiene una afección principal sobre el trabajo de la
DGC de tal manera que afectan sobre la documentación presentada en
registro, sin menoscabo que pueda continuarse con la tramitación ordinaria
del procedimiento en la medida de lo posible.
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El R.D. ya está en vigor (D.F. 3ª).
En lo referente a los empleados públicos que prestan sus servicios en la Dirección
General de Carreteras es necesario mencionar la Resolución de fecha de 15 de marzo de
2020 (http://intranet.fomento.es/News/Paginas/Resolucion1503.aspx) del Subsecretario
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que establece (lo resaltado en
negrita son instrucciones de la DGC):
Los empleados públicos cuyas funciones permitan su desarrollo a distancia,
prestarán el servicio desde su domicilio en la modalidad de trabajo no presencial:
es necesario dar de alta a los empleados en la plataforma FortiClient – VPN,
para ello se ha remitido por parte del Jefe de Unidad de Apoyo a todos los
responsables de las subdirecciones y demarcaciones la hoja Excel que tiene
que ser rellena para que los servicios informáticos puedan dar de alta a los
trabajadores (se necesita nombre y apellidos, e-mail, teléfono de contacto,
IP y nombre de la máquina del trabajo, puesto); cuando esto se produzca le
darán unas instrucciones al correo electrónico de cada uno de los
empleados solicitantes de tal manera que tendrán acceso al ordenador del
trabajo desde cualquier lugar (recordad que el ordenador del trabajo debe
permanecer encendido para poder acceder y tener la precaución de no
apagarlo si se está trabajando desde casa con él).
Ya se han realizado muchas nuevas altas en la plataforma, esto significa que
hasta nueva instrucción, la gran mayoría de personal desarrollarán sus
funciones telemáticamente, prestando el servicio con normalidad, en la
medida de lo posible. Por ello, se han diseñado unas instrucciones sobre el
intercambio de información (anexo 1).
Los empleados públicos que realicen funciones que por sus características no
puedan ser desarrolladas en la modalidad de trabajo no presencial y que,
además, no tengan carácter crítico o prioritario (por ejemplo, conductores,
ordenanzas, secretaría, atención al público…) según lo establecido en el
apartado siguiente, permanecerán en sus domicilios, quedando suspendidas
temporalmente sus actividades, salvo que por necesidades del servicio el titular
del centro directivo correspondiente disponga lo contrario y así se lo comunique
tanto al interesado como a la Subdirección General de Recursos Humanos por
correo electrónico ([email protected]):
En el supuesto que desde alguna Subdirección y/o Demarcación se
considere que alguien no prioritario o crítico debe ir a las dependencias del
Ministerio o de la Demarcación los responsables de la subdirección y/o
demarcación deberán comunicarlo al siguiente correo electrónico:
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El personal con funciones de carácter crítico o prioritario podrá ejercerlas en la
modalidad de trabajo no presencial. Solo deberá acudir a las dependencias del
Departamento si así se lo requiere el titular del centro directivo de que se trate
para garantizar el adecuado desempeño de las competencias asumidas por el
Ministerio en las excepcionales circunstancias en las que nos encontramos.
En todo caso, se considera personal con funciones de carácter crítico o prioritario
el personal directivo (Secretario de Estado, Subsecretario, Secretarios Generales,
Directores y Subdirectores Generales), así como el vinculado a funciones tales
como la seguridad, el mantenimiento de los edificios y las comunicaciones u otros
servicios relacionados con las tecnologías de la información y aquellos otros que
determinen los órganos directivos por considerarse necesarios para garantizar la
continuidad de las funciones básicas del Departamento.
Bajo la premisa fundamental de la declaración del estado de alarma, que es
permanecer en el domicilio y evitar el contacto, se estable lo siguiente de
forma particular para la DGC:
Para los servicios centrales de la DGC:
Tanto el Director General de Carreteras como los Subdirectores/as, la
Directora Técnica y el Jefe de Unidad de Apoyo estarán en dependencias
ministeriales siempre que para el ejercicio de su trabajo sea necesaria su
presencia física; de cualquier manera estarán disponibles en cualquier
momento tanto por correo electrónico como por teléfono móvil.
Ello, sin menoscabo de la persona o personas mínimas indispensables que
decida cada Subdirector/a que deban estar de forma presencial para el
desarrollo de funciones críticas y no pueda realizarse mediante teletrabajo.
En principio, serían los servicios informáticos para gestionar las solicitudes
de teletrabajo hasta que se terminen de realizar las adaptaciones telemáticas
precisas para realizar el trabajo no presencial de los empleados públicos del
centro administrativo.
La presencia en dependencias ministeriales se limitará a lo mínimo
indispensable para hacer las labores necesarias con el fin de minimizar al
máximo el riesgo de contagios laborales tal y como expone la Resolución
del Subsecretario de 15 de marzo de 2020. Y en todos los casos esa
presencia física se podrá realizar siempre y cuando lo permitan las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
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Para los servicios periféricos de la DGC:
El Jefe de la Demarcación estará de forma presencial en la Demarcación (o
en quien delegue por un asunto de necesidad imprescindible) y, éste
valorará por las especiales circunstancias que pudieran darse, si el Jefe de
la Unidad es necesario que esté de forma presencial en las dependencias de
la unidad y en todo caso siempre que para el ejercicio de sus trabajos sea
necesaria su presencia física. Deberán estar disponible en todo momento
tanto por e-mail como por teléfono, tanto los jefes de unidad como el jefe de
demarcación.
Los conductores no se consideran personal crítico, por tanto, permanecerán
en sus domicilios, quedando suspendidas temporalmente sus actividades.
Salvo que por necesidades del servicio el titular de la Demarcación
correspondiente disponga lo contrario.
Ello, sin menoscabo de la persona o personas mínimas indispensables que
decida cada Jefe/a de Demarcación que deban estar de forma presencial
para el desarrollo de funciones críticas y no pueda desarrollarse de forma
no presencial. En principio, serían los servicios informáticos para gestionar
las solicitudes de teletrabajo que se tengan hasta que se terminen de
realizar las adaptaciones telemáticas precisas para realizar el trabajo no
presencial de los empleados públicos del centro administrativo; en cuanto al
registro se hará en la medida de lo posible mediante trabajo no presencial
desde el domicilio, si esto no pudiera ser se podrían establecer turnos y
coordinarse con los registros de las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno para apoyarse en esta labor.
Se cerrarán las oficinas de atención al público y se potenciará en la medida
de lo posible la atención telemática.
Todos los directores de los contratos de las conservaciones integrales y de
las obras así como los inspectores de las autopistas, estarán disponibles
tanto por correo electrónico como por teléfono móvil y comunicarán a su
Jefe/a de Demarcación las incidencias que pudieran existir; en lo relativo a
las autopistas deberá hacerse, esta comunicación, con la anticipación
necesaria para que sea remitida la información a la Delegación del Gobierno
en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje que será
finalmente quién decida al respecto, en este caso, se remitirá un correo
electrónico y se informará telefónicamente al Subdirector General de
Explotación.
En cuanto a la supervisión de estos contratos los directores harán las
visitas al sector o a la obra que consideren necesarias para el correcto
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funcionamiento de las mismas, informando a su Jefe/a de Demarcación de
cualquier incidencia que ocurra. Las instrucciones particulares para las
obras en ejecución, contratos de servicios y los contratos de conservación
integral se establecen en los anexos.
La presencia en dependencias de las demarcaciones así como las visitas a
campo se limitará a lo mínimo indispensable para hacer las labores
necesarias con el fin de minimizar al máximo el riesgo de contagios
laborales tal y como expone la Resolución del Subsecretario de 15 de marzo
de 2020. Y en todos los casos esa presencia física se podrá realizar siempre
y cuando lo permitan las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
En cualquier caso, todos los empleados permanecerán localizables y deberán
reincorporarse a sus puestos de trabajo presenciales si así se les requiere por
necesidades excepcionales del servicio por el titular de la Dirección General o
Subdirección General correspondiente.
Además, se continuará y se dará especial énfasis a las medidas preventivas que se
establecen a través de la intranet ministerial
(http://intranet.fomento.es/News/Paginas/Coronavirus.aspx)
Respecto a la tramitación de los documentos de pago:
Debemos seguir emitiendo y firmando certificaciones con normalidad. Las
certificaciones que no se puedan emitir de forma electrónica se remitirán con firma
manuscrita y en papel directamente a la S.G. Coordinación, remitiendo una copia
en pdf a la subdirección que corresponda (al Subdirector) desde el e-mail del Jefe
de Demarcación.
En lo referente a los contratos se seguirá lo definido en el art. 34 del R.D. Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias (anexo 2) y en las
instrucciones particulares que se puedan ir dando desde la S.G. Construcción.
En referencia a los contratos de conservación integral se seguirán las instrucciones
definidas en el Anexo 3.
En el anexo 4 se remite modelo de permiso de movilidad respecto a nuestro personal,
facilitado por la Secretaría General de Función Pública, en relación con el artículo 7 del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, por si
fuese necesario para justificar la movilidad del personal que continúa realizando su
trabajo de forma presencial.
Se ha consultado a la Abogacía del Estado del Departamento sobre los contratos con
plazo de duración y sobre la sucesión de contratos para prestar un mismo servicio,
la interpretación a esa consulta se recoge en el anexo 5. Además en ese anexo se hace
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referencia al criterio de la Subdirección de los Servicios Consultivos de la Abogacía
General del Estado en cuanto a la aplicación del Real Decreto 463/2020, a las
licitaciones reguladas por la LCSP.
En el anexo 6 se incluyen las instrucciones a dar para las áreas de servicio que existen
en las carreteras del Estado.
Esta circular podrá verse modificada en cualquier momento y con carácter general se irá
adaptando a las circunstancias de cada momento, manteniendo su vigencia en cualquier
caso mientras lo hagan las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.
EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
Javier Herrero Lizano
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Anexo 1. Traslado documentación desde o hacia subdirecciones generales y/o
demarcaciones
A partir de ahora no deberíamos llevar a cabo ningún traslado/documento/información en
papel. Adicionalmente sería conveniente, en la medida de lo posible, que aquéllos
documentos que se hubiesen remitido en papel la semana del 9 al 12 de marzo, en la
medida de lo posible se remitiera de nuevo en formato electrónico.
Instrucciones Generales:
Se evitará todo el papel ya que no podrá ser atendido mientras dure esta
situación.
Se potenciará la presentación telemática de documentación en los registros
oficiales(https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/Regi
stroElectronicoComun.html) además del uso de la sede electrónica del Ministerio
(https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/)
(https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICI
NAS_SECTORIALES/CARRETERAS/)
Los registros de las subdirecciones no son oficiales por lo que la documentación
deberá ser remitida mediante correo electrónico.
Todos los traslados a entes externos se realizará a través del registro electrónico
antes mencionado o bien por correo electrónico (si se conoce).
Traslados oficiales desde las Subdirecciones/Demarcaciones:
1. Debe prescindirse de los traslados en papel.
2. En su lugar, una vez que estén firmado electrónicamente las
resoluciones/documentos que sea preciso remitir, adjuntaremos el documento
imprimible a un correo electrónico (que hará las veces de oficio) con las siguientes
características:
a. REMITENTE: Jefe/a de Demarcación / Subdirector/a General
b. DESTINATARIO: Jefe/a de Demarcación / Subdirector/a General.
c. CC: Jefes de Área/responsables interesados en el documento en cuestión.
d. ASUNTO: REGISTRO: CLAVE EXPEDIENTE: Breve descripción del documento.
Ejemplo: REGISTRO: 12-GR-7890: Reajuste de anualidades.
i. En caso de ser necesario, incorporar la palabra URGENTE o CONFIDENCIAL en el asunto.
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ii. Es necesario empezar el asunto con la palabra REGISTRO, al objeto de no confundir el correo con otros que no tengan la relevancia de un oficio/traslado.
e. CUERPO DEL CORREO: El texto será el mismo o similar al de un traslado.
i. En caso de adjuntar documentos o un enlace de descarga, se deberá
explicar el contenido del enlace o un índice de los documentos adjuntos.
f. DOCUMENTO ADJUNTO: En caso de que el documento que deba
trasladarse tenga un peso superior a la capacidad permitida por el correo
electrónico, se enviará un enlace de descarga utilizando preferiblemente
plataformas oficiales (por ejemplo: el almacén del Ministerio de Hacienda
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/ o One Drive). Se evitará (en la medida
de lo posible) el uso de plataformas como Wetransfer, con las que no
podemos asegurar la confidencialidad de la comunicación y tienen caducidad
en la descarga.
3. En caso de que el documento a trasladar deba trasladarse a un contratista, la
Demarcación o Unidad correspondiente deberá trasladarlo mediante el uso de ASIF
(o correo electrónico en caso de que el contratista haya aceptado este método de
traslado como oficial)
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Anexo 2. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del
COVID-19.
1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a
la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes
al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución devenga imposible como
consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades
autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente
suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y
hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la
prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que
la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la
suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato
público quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión,
previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el
contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán
únicamente los siguientes:
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal
que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato,
durante el período de suspensión.
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de
suspensión del contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y
equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la
ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron
ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera
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apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación
descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al
órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha
devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las
instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los
motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro
contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto
de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución
expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni
tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación
sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo
contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera
formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último
párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo
expediente.
La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá
en ningún caso una causa de resolución de los mismos.
2. En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el
apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por
las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad
como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el
contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato
como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las
comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el
cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el
órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro
menor. El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo,
previo informe del Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es
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por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del
COVID-19 en los términos indicados en el párrafo anterior. En estos casos no procederá
la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.
Adicionalmente, en los casos a que se refiere este apartado en su primer párrafo, los
contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que
efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del
COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo se
procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad,
efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos.
3. En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto
ley, que celebren las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en
el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran
perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19
o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad
de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del
mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta
que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación
puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran
impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera
apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación
descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al
órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha
devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las
instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los
motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro
contrato. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista,
esta deberá entenderse desestimatoria.
No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220, ni en el artículo 231 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a aquellos contratos en los que, de
acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese
prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del
estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la
situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no
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pueda tener lugar la entrega de la obra. En estos casos, el contratista podrá solicitar una
prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus
compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.
Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los siguientes
conceptos:
1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la
ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la
construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios
equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base
referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el
complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las
gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus
conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de
la construcción.
Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la
ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude.
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de
suspensión del contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y
equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior
al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria,
instalaciones y equipos.
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y
perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el
contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes
condiciones:
– Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que
hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
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– Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos
216 y 217 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14 de marzo de
2020.
4. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a
la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes
al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el
Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán
derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato
mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un
máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido
económico incluidas en el contrato.
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de
ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a
los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios
durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo
se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la
realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución
del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.
5. Lo dispuesto en este artículo también será de aplicación a los contratos, vigentes a la
entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por entidades del sector público con
sujeción a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales o Libro I del Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
6. Lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será de aplicación en ningún
caso a los siguientes contratos:
a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo
objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas
informáticos.
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c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la
seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados
oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.
El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda
adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad
competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la
protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras,
una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.
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Anexo 3. Instrucciones relativas a los contratos de conservación integral.
Ante la situación derivada del coronavirus es preciso que las empresas que realizan
trabajos de conservación de carreteras del Estado sigan rigurosamente las indicaciones
de las autoridades sanitarias y de los responsables en materia de prevención de riesgos
laborales para reducir las posibilidades de contagio.
El mantenimiento de las carreteras del Estado, incluyendo sus instalaciones, en las
condiciones debidas para la seguridad de la circulación vial, constituye un servicio
esencial y es requisito inexcusable para garantizar la libre circulación por el territorio
nacional de personas, así como de correspondencia y bienes perecederos o
fundamentales para la vida comunitaria.
El mantenimiento de las carreteras del Estado en las condiciones debidas puede verse
afectado por perturbaciones diversas en circunstancias normales o de climatología
adversa que impidan o dificulten o constituyan serios motivos de peligro para la
circulación.
Para evitar tales situaciones y mantener o devolver a las carreteras del Estado y sus
instalaciones las condiciones debidas para la circulación, en los contratos de
conservación integral y en los contratos de concesión, se establece la necesidad de
garantizar, con carácter permanente, la prestación de una serie de servicios.
En consecuencia, se recuerda a las empresas encargadas de la conservación de las
carreteras del Estado, la ineludible obligación de disponer en todo momento, de acuerdo
con lo establecido en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas de cada
contrato, de los medios necesarios para atender con carácter permanente los servicios de
vigilancia y atención a accidentes o incidentes, comunicaciones, control de túneles
(dónde proceda) y vialidad invernal de forma que en todo momento sea posible llevar a
cabo las actuaciones necesarias evitar situaciones no deseables y mantener o devolver a
las carreteras del Estado las condiciones debidas para la seguridad de la circulación
viaria.
En ese sentido, y sin perjuicio de la adopción de medidas preventivas u ordenadas
excepcionalmente que corresponda implementar, las Demarcaciones en las que la
situación derivada del coronavirus lo requiera, deben trasladar a las empresas que
realizan trabajos de conservación de carreteras del Estado la obligación de disponer al
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menos los medios mínimos necesarios en cada caso para la vigilancia, las
comunicaciones y para la atención primaria a accidentes e incidentes, considerando que
mientras dure esa situación cabe reprogramar otras actividades que no sean
imprescindibles.
Como continuación a lo anterior se indica lo siguiente:
Se reitera la condición de servicio esencial que tiene el mantenimiento de las
carreteras que, como tal, deberá garantizarse disponiendo de los medios necesarios que
aseguren la vialidad y la circulación en condiciones de seguridad. Para ello, deberán
prestarse los servicios de vigilancia y atención a accidentes o incidentes,
comunicaciones, control de túneles (dónde proceda) y vialidad invernal.
Sin embargo, dadas las circunstancias de alerta sanitaria en las que nos encontramos, el
servicio se prestará con los medios mínimos imprescindibles y siguiendo de manera
estricta las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Por tanto:
Los equipos se reducirán a lo mínimo necesario para garantizar la vialidad y
circulación en condiciones de seguridad.
Para el resto de operaciones programadas, se ejecutarán las mínimas
indispensables.
Se certificará normalmente a final de mes, tal y como establecen los pliegos del
contrato (tanto alzado y precios unitarios).
Los Coordinadores de Seguridad y Salud deberán solicitar a las empresas, con
carácter de urgencia, la actualización del Documento de Gestión Preventiva
del contrato, adaptándolo a las circunstancias del momento y haciendo referencia
al Real Decreto 463/2020
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Anexo 4. Permiso movilidad
Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se establecen medidas inmediatas para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad. Entre estas medidas se imponen limitaciones para la libertad de circulación de las personas durante la vigencia de dicho estado de alarma. No obstante, el artículo 7 permite el desplazamiento de las personas al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial y el retorno al lugar de residencia habitual, así como la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de dicha actividad. En consecuencia, se informa a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los miembros de las Fuerzas Armadas que así lo requieran que: D/Dª-----------------------------------------, con DNI…………………………………….. es empleada/empleado público destinado en -------------------; ……………………….., y tiene que desplazarse a su puesto de trabajo, situado en …………………………………..
Fdo.- El/La responsable de la Subdirección General y/o Jefe de Demarcación
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Anexo 5. Plazos de los contratos
De acuerdo con la Abogacía del Estado del Departamento:
1.- Los contratos con plazo de duración terminan conforme a la fecha prevista; por
tanto, la prórroga o, en su caso, la modificación, deberían aprobarse durante la vigencia
del propio contrato.
El “plazo de duración” es un plazo de vigencia de un contrato, y no el plazo “para la
tramitación de los procedimientos” (DA 3ª del Real Decreto 463/2020). Dada esa
diferencia, el plazo de duración del contrato no quedaría afectado por la citada
suspensión en la tramitación de procedimientos.
2.- En caso de sucesión de contratos para prestar un mismo servicio, al finalizar el
plazo de duración del contrato anterior debe reanudarse el servicio con el nuevo
contratista.
Como para formalizar el contrato con el nuevo contratista es necesario haber tramitado
antes un expediente de contratación, en este procedimiento sí puede plantearse el
problema de la suspensión de los trámites.
En ese expediente de contratación, conforme a la citada DA 3ª del Real Decreto
463/2020, el órgano de contratación podría acordar las medidas de instrucción
“estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando
el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo”. Por tanto, con
sujeción a estos requisitos, y conforme al criterio de la Abogacía General del
Estado (Subdirección de Servicios Consultivos), podría, motivadamente,
continuarse el expediente de contratación.
Si llegara el momento de requerir al adjudicatario para que aporte en plazo la
documentación necesaria para formalizar el contrato y aquel no cumple el plazo
concedido, creo que no podría dársele por precluido el trámite (pues los plazos para
tramitar el procedimiento están suspendidos). Probablemente en este caso la solución
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pasaría por tramitar una emergencia que asegure la continuidad del servicio hasta
que se reanude el plazo para que el adjudicatario aporte dicha documentación.
El criterio de la Subdirección de los Servicios Consultivos en cuanto a la aplicación del
Real Decreto 463/2020, a las licitaciones reguladas por la LCSP.
“Atendiendo a una interpretación literal, sistemática y finalista de la norma, hay que
entender que se produce una suspensión automática de todos los procedimientos que
tramiten las entidades del sector público, y ello sin distinción de sujetos ni de
procedimientos:
Desde el punto de vista objetivo, la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020 alude a suspensión de términos e interrupción de los plazos para la tramitación
"de los procedimientos " de las entidades del sector público. Ello engloba procedimientos
administrativos sujetos a la LCSP, a la LPAP, a la normativa tributaria y cualesquiera otros
procedimientos que, independientemente de su objeto y regulación, puedan tramitar las
entidades del sector público.
Desde el punto de vista subjetivo, la disposición adicional de continua referencia alude a
"entidades del sector público", puntualizando en el apartado 2 que la suspensión de
términos y la interrupción de plazos se aplicará "a todo el sector público definido en la Ley
39/2015". El artículo 2 de la Ley 39/2015 define, en su apartado 1, lo que se entiende por
sector público, al delimitar el ámbito de aplicación de la Ley, sector público en el que se
incluye la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las
Corporaciones Locales y el sector Institucional. En consecuencia, las entidades del sector
institucional forman parte del sector público definido en el artículo2.1 de la Ley 39/2015, al
que remite la disposición adicional tercera.2 del Real Decreto 463/2020, a la hora de
determinar el ámbito de la suspensión de términos y la interrupción de plazos que impone.
Y ello con independencia de las previsiones del artículo 2, apartado 2, de la Ley 39/2015,
referidas al alcance de la sujeción de determinadas entidades del sector público
institucional a la propia Ley 39/2015.
Desde el punto de vista de su finalidad, la disposición adicional tercera del Real
Decreto 463/2020 es una medida excepcional, incluida en un Real Decreto que declara
el estado de alarma, y cuya finalidad última es preservar la salud humana ante una
situación de emergencia sanitaria. No se alcanza a comprender por qué esa finalidad
no habría de concurrir respecto de determinados procedimientos, y respecto de
determinadas entidades del sector público.
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La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 admite expresamente
excepciones a la regla general de suspensión automática de términos e interrupción,
también automática, de plazos de los procedimientos de las entidades del sector
público. A esas excepciones se refiere, en concreto, su apartado 3, que permite al
órgano competente acordar, motivadamente, medidas de ordenación e instrucción
necesarias para evitar perjuicios graves en los intereses y derechos del interesado del
procedimiento, e incluso no suspender plazos cuando el interesado muestre su
conformidad. Estas excepciones deberán acordarse de forma casuística y siempre
motivadamente, ponderando los intereses en juego y el interés público que subyace en
toda contratación.
Sería deseable para la correcta aplicación de la disposición adicional tercera del Real
Decreto 463/2020 que la Plataforma de Contratación del Sector Público actuase conforme a
lo que se desprende de la misma. A estos efectos, no parece necesaria la publicación de
anuncios de suspensión de términos, plazos o trámites de las licitaciones en curso, pues la
suspensión es la regla general y produce efectos automáticos ex lege. Nada obsta,
tampoco, a que dicha publicación se produzca, aunque, se insiste, parece innecesaria, y
podría llegar a colapsar el funcionamiento de la Plataforma. Sí deberían publicarse, por el
contrario, los acuerdos de no suspensión que, de forma motivada, adopten las entidades
del sector público.
Esta Publicación, en algunos casos, puede ser de especial relevancia a efectos prácticos.
Por ejemplo, si en una licitación pendiente de adjudicación el órgano de contratación
acuerda motivadamente no suspender el procedimiento, debería publicarse el acuerdo de
adjudicación en la Plataforma para que empiece a correr el plazo de 15 días para la
interposición de eventuales recursos especiales en materia de contratación, transcurrido el
cual pueda formalizarse el contrato y comenzar su ejecución. En otras palabras, sin dicha
publicación, el acuerdo de adjudicación puede tener escasa virtualidad práctica. Y lo mismo
puede ocurrir en muchos otros supuestos.
Si se interpone recurso especial, la suspensión podrá ser más prolongada de lo habitual,
por los efectos que la aplicación de la disposición adicional tercera del Real
Decret463/2020 tengan en los procedimientos tramitados ante el TACRC.”
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Anexo 6. Nota de servicio funcionamiento de las áreas de servicio dependientes de
la DGC
NOTA DE SERVICIO (INSTRUCCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE SERVICIO DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS EN LA SITUACION DE ALARMA. (17-03-2020). El Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Por su parte, de acuerdo con los artículos 4 y 14.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente delegada en sus áreas de responsabilidad, queda habilitado para dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, sin necesidad de procedimiento administrativo alguno. Entre las medidas de contención previstas en el real decreto citado, el artículo 14 regula las relativas a las materias de transportes, concretando en su apartado 2, aquellas aplicables al transporte interior y, en el apartado 4, indicando que el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana establecerá las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento. Con este fin, se ha considerado conveniente fijar las instrucciones pertinentes para garantizar el acceso a los servicios necesarios de los profesionales de este sector en el ejercicio de su actividad. Para ello, ya se ha aprobado la Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional, con referencia expresa a los existentes en los establecimientos de suministro de combustible. En ella se determina que los establecimientos de suministro de combustible que dispongan de servicios de aseo deberán facilitar su uso a los conductores profesionales. Así mismo, los centros de carga y descarga que cuenten con este tipo de instalaciones, deberán facilitar en la medida de lo posible su uso a los conductores profesionales que realicen operaciones en ellos.
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Igualmente se establece que las medidas que se puedan exigir a los conductores para el acceso a este tipo de instalaciones seguirán los criterios e instrucciones de prevención que con carácter general establezca el Ministerio de Sanidad, o las que dicho órgano pudiera establecer específicamente en este ámbito. Asimismo, y con objeto de posibilitar los descansos adecuados en cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso, que son imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de transporte, aquellos establecimientos que dispongan de cocina, servicios de restauración, o expendedores de comida preparada, deberán facilitar al transportista profesional un servicio de catering. Con el mismo ánimo de facilitar el acceso a los servicios necesarios para los profesionales del transporte en el ejercicio de su actividad, por ser un elemento clave en estos momentos para asegurar el abastecimiento de la población, haciéndolo compatible con las medidas y recomendaciones sanitarias establecidas de cara a evitar la propagación de la epidemia generada por el COVID-19, se considera necesario, en el marco de la OM antes citada, establecer los criterios de actuación, que a continuación se indican, en las áreas de servicio dependientes de la Dirección General de Carreteras, con independencia de que se traten de áreas vinculadas, o que lo estuvieron, a una concesión de autopista de peaje, o concesionadas en un contrato concesional de áreas de servicio (1). Se mantendrán abiertos y debidamente atendidos, extremando las condiciones de seguridad y limpieza establecidas en el estado de alarma para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, cumpliendo los protocolos correspondientes, los servicios de aseo de las áreas de servicio.
(2). Las tiendas que se encuentren en las áreas de servicio, que expendan productos de alimentación y/o básicos (limpieza, aseo personal, etc., o productos necesarios para la automoción) deberán permanecer abiertas, cumpliendo los debidos protocolos en cuanto a las medidas sanitarias establecidas. (3). En aquellas áreas de servicio donde existan tiendas o zonas que expendan productos de alimentación y dispongan también de servicios de restauración se podrá, además, dispensar el servicio de catering o comida preparada, la cual no se podrá consumir en el interior del establecimiento y para su dispensación se cumplirán estrictamente las medidas y protocolos establecidos al respecto en la situación actual.
(4). En aquellas áreas de servicio donde no existan tiendas o zonas en que se expendan productos de alimentación y cuenten con servicios de restauración, éstos, conforme a lo que determina la orden, deberán prestar a los transportistas el servicio de catering o comida preparada, sin que la misma se pueda consumir en el establecimiento y con las medidas y protocolos establecidos al respecto. Lo que se comunica para su inmediato cumplimiento y efectos.
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