Comité Editorial

FundadorEs

rECtor

dECano FaCultad dE CiEnCias soCialEs

Editora FaCultad dE CiEnCias soCialEs

Pablo Navas Sanz de Santamaría

Hugo Fazio

Martha Lux

Francisco Leal Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia

Germán Rey Dr.Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

dirECtorHugo Fazio Dr.

hfazio@uniandes.edu.co

EditoraMartha Lux Dra.res@uniandes.edu.co

Coordinadora EditorialAna Pérez MA.al.perez241@uniandes.edu.co

Comité CiEntíFiCo

denise Quaresma da silva Dra.Universidade Feevale, Brasil

Carl Henrik langebaek Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia

Javier moscoso Ph.D.Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

lina maría saldarriaga Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia

María José Álvarez Ph.D.Universidad del Rosario, Colombia

Angelika Rettberg Ph.D.Universidad de los Andes, Colombia

Catalina Muñoz Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia

Diana Ojeda Ph.D.Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Fernando Purcell Ph.D.Universidad Católica de Chile

Héctor Hoyos Ph.D.Stanford University, Estados Unidos

José Carlos Rueda Dr.Universidad Complutense de Madrid, España

rogerio santos Dr.Universidade Católica Portuguesa, Portugal

Víctor m. uribe-urán Ph.D.Florida International University, Estados Unidos

Juan Gabriel tokatlian Ph.D.Universidad de San Andrés, Argentina

Revistade Estudios Sociales47Bogotá - Colombia Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes

http://res.uniandes.edu.co ISSN 0123-885X

septiembre - diciembre 2013

issn 0123-885X Dirección: Cra 1a No 18 A-10, Ed. Franco, of, G-615Teléfono: (571) 339 49 49 ext. 4819Correo electrónico: res@uniandes.edu.coPeriodicidad: cuatrimestralPáginas del número: 224Formato: 21.5 x 28 cm.Tiraje: 500 ejemplaresPrecio: $ 20.000 (Colombia) US $ 12.00 (Exterior) No incluye gastos de envío

distribución Siglo del Hombre Editores

Cra 32 No 25-46 Bogotá, Colombia

PBX (571) 337 77 00www.siglodelhombre.com

suscripcionesLibrería Universidad de los Andes

Cra 1ª No 19-27 Ed. AU 106Bogotá, Colombia

Tels. (571) 339 49 49 ext. 2071 – 2099librería@uniandes.edu.co

Canjes Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de los AndesCra. 1ª Este No. 18A – 10

Ed. Franco, piso 6, oficina 617Bogotá – Colombia.

Tel [571] 3394949 Ext.: 3585 publicacionesfaciso@uniandes.edu.co

EspañolGuillermo Díez

InglésFelipe Estrada

PortuguésRoanita Dalpiaz

Equipo InformáticoAlejandro Rubio

Claudia VegaHernando Romero

Corrección de Estilo y Traducción

Dirección de Arte y DiagramaciónLeidy Sánchez

Imagen de PortadaNemesio Antúnez, “City Window”, 1950. Museo Nacional de Bellas Artes, Chile

Técnica: Litografía - Medidas: 35 x 23 cm

ImpresiónPanamericana Formas e Impresos S.A.

El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para su uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se cite la fuente.Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización del Comité Editorial de la Revista.

Las opiniones e ideas aquí consignadas son de responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

La Revista de Estudios Sociales (RES) es una publicación cuatrimestral creada en 1998 por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y la Fundación Social. Su obje-tivo es contribuir a la difusión de las investigaciones, los análisis y las opiniones que sobre los problemas sociales elabore la comunidad académica nacional e internacional, además de otros sectores de la sociedad que merecen ser conocidos por la opinión pública. De esta manera, la Revista busca ampliar el campo del conocimiento en materias que contribuyen a entender mejor nuestra realidad más inmediata y a mejorar las condiciones de vida de la población.

La estructura de la Revista contempla seis secciones, a saber:

La Presentación contextualiza y da forma al respectivo número, además de destacar aspectos particulares que merecen la atención de los lectores.

El Dossier integra un conjunto de versiones sobre un problema o tema específico en un contexto general, al presentar avances o resultados de investigaciones científicas sobre la base de una perspectiva crítica y analítica. También incluye textos que incorporan investigaciones en las que se muestran el desarrollo y las nuevas tendencias en un área específica del conocimiento.

Otras Voces se diferencia del Dossier en que incluye textos que presentan investigaciones o reflexiones que tratan problemas o temas distintos.

Documentos difunde una o más reflexiones, por lo general de autoridades en la materia, sobre temas de interés social.

El Debate responde a escritos de las secciones anteriores mediante entrevistas de conocedores de un tema particular o documentos representativos del tema en discusión.

Lecturas muestra adelantos y reseñas bibliográficas en el campo de las Ciencias Sociales.

La estructura de la Revista responde a una política editorial que busca proporcionar un espacio disponible para diferentes discursos sobre teoría, investigación, coyuntura e información bibliográfica; facilitar el intercambio de información sobre las Ciencias Sociales con buena parte de los países de la región latinoamericana; difundir la Revista entre diversos públicos y no sólo entre los académicos; incorporar diversos lenguajes, como el ensayo, el relato, el informe y el debate, para que el conocimiento sea de utilidad social; finalmente, mostrar una noción flexible del concepto de investigación social, con el fin de dar cabida a expresiones ajenas al campo específico de las Ciencias Sociales.

Palabras clave: Ciencias Sociales, investigación, reflexión, revisión.

Todos los contenidos de la Revista son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, HTML y en versión e-book.

Revistade Estudios Sociales47Bogotá - Colombia Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes

http://res.uniandes.edu.co ISSN 0123-885X

septiembre - diciembre 2013

INDEXACIÓNLa Revista de Estudios Sociales está incluida actualmente en los siguientes directorios y servicios de indexación y resumen:

• CIBERA - Biblioteca Virtual Iberoamericana/España/Portugal (German Institute of Global and Area Studies, Alemania), desde 2007.

• CLASE - Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (UNAM, México), desde 2007.• CREDI - Centro de Recursos Documentales e Informáticos (Organización de Estados Iberoamericanos, OEI), desde 2008.• DIALNET - Difusión de Alertas en la Red (Universidad de La Rioja, España), desde 2006.• DOAJ - Directory of Open Access Journal (Lund University Libraries, Suecia), desde 2007.• EP Smartlink fulltext, fuente académica, Current Abstrac, TOC Premier, SocINDEX with full text (EBSCO Information

Services, Estados Unidos), desde 2005.• HAPI - Hispanic American Periodical Index (UCLA, Estados Unidos), desde 2008.• Historical Abstracts y America: History &Life (EBSCO Information Services, antes ABC-CLIO, Estados Unidos), desde 2001.• Informe académico y Académica onefile (Thompson Gale, Estados Unidos), desde 2007. • LatAm -Estudios Latinamericanos (International Information Services, Estados Unidos), desde el 2009.• LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España

y Portugal (México), desde 2004.• Linguistics & Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, World Wide Political

Science Abstracs (SCA- Cambridge Scientific Abstracts, Proquest, Estados Unidos), desde 2000. • Ocenet (Editorial Oceano, España), desde 2003.• PRISMA - Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas (CSA-ProQuest, Gran Bretaña).• PUBLINDEX - Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas, (Colciencias,

Colombia), desde 2004. Actualmente en categoría A1.• RedALyC - Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (UAEM, México), desde 2007.• SciELO - Scientific Electronic Library Online (Colombia), desde 2007.• SCOPUS - Database of abstracts and citations for scholarly journal articles (Elsevier, Países Bajos), desde 2009.• Social Science Citation Index (ISI, Thomson Reuters, Estados Unidos), desde 2009.• Ulrich’s Periodicals Directory (CSA- Cambridge Scientific Abstracs ProQuest, Estados Unidos), desde 2001.

Portales Web a través de los cuales se puede acceder a la Revista de Estudios Sociales: • http://www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia).• http://www.portalquorum.org (Quórum Portal de Revistas, Universidad de Alcalá, España).• http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Members/lenlaces (Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO, Argentina).

Presentación • Martha Lux – Universidad de los Andes, Colombia• Ana Pérez – Universidad de los Andes, Colombia

Temas Varios ¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española• José Carlos Rueda Laffond – Universidad Complutense de Madrid, España

La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático• Alejandro Monsiváis Carrillo – El Colegio de la Frontera Norte, México

Hacia la multiplicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas• Fabio Vladimir Sánchez Calderón – Universidad de los Andes, Colombia

Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España• Carlota Solé – Universidad Autónoma de Barcelona, España • Olga Serradell – Universidad Autónoma de Barcelona, España• Teresa Sordé – Universidad Autónoma de Barcelona, España

Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología • Andoni Eizagirre – Universidad de Mondragón, España

Empleabilidad, educación y equidad social• María Marta Formichella – Universidad Nacional del Sur, Argentina • Silvia London – Universidad Nacional del Sur, Argentina

Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires• Fernando Groisman – Conicet / Universidad de Buenos Aires, Argentina• María Eugenia Sconfienza – Flacso, Argentina

Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionales• Juan Carlos Velasco – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007)• Juan Carlos Checa Olmos – Universidad de Almería, España• Ángeles Arjona Garrido – Universidad de Almería, España

Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011• Mayda Patricia González Zabala – Universidad del Magdalena, Colombia• Jenny Marcela Sánchez Torres – Universidad Nacional de Colombia

Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados• Tomás Leyton – Universidad de Chile

La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicos• Diosey Ramón Lugo-Morin – Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente, España

DocumentosEl dolor crónico en la historia• Javier Moscoso – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

Participación política de desmovilizados: Universidad Nacional de Colombia y Naciones Unidas, 28 de abril de 2013• Francisco Leal Buitrago – Universidad Nacional de Colombia / Universidad de los Andes, Colombia

DebateLa comprensión del fenómeno religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales• Ángela Iranzo Dosdad – Universidad de los Andes, Colombia

LecturasLeibniz, Gottfried Wilhelm. 2007 [1734]. Discurso sobre la teología natural de los chinos –Carta del Sr. Leibniz sobre la filosofía china al Sr. N. De Rémond, Consejero del Duque Regente e introductor de embajadores [1716]• Renán Silva – Universidad de los Andes, Colombia

Rosenberg, Emily (ed.). 2012. A World Connecting: 1870-1945• Hugo Fazio Vengoa – Universidad de los Andes, Colombia

Temas Varios

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Presentation • Martha Lux – Universidad de los Andes, Colombia• Ana Pérez – Universidad de los Andes, Colombia

Varied Topics A Never Ending Past? Discourse and Communist Public Memory in Francoism and the Spanish Democratic Transition• José Carlos Rueda Laffond – Universidad Complutense de Madrid, Spain

Democracy as Public Policy: Opportunities for Strengthening Democracy• Alejandro Monsiváis Carrillo – El Colegio de la Frontera Norte, Mexico

Towards the Multiplicity of Space in History. The Relation between Social Change and Changes in Discipline in the Last Four Decades• Fabio Vladimir Sánchez Calderón – Universidad de los Andes, Colombia

Feminine Citizenship. Contributions from Moroccan, Ecuadorian and Romanian Immigrant Women in Spain• Carlota Solé – Universidad Autónoma de Barcelona, Spain• Olga Serradell – Universidad Autónoma de Barcelona, Spain• Teresa Sordé – Universidad Autónoma de Barcelona, Spain

The Social Perception of the Role of Science and Technology in Europe • Andoni Eizagirre – Universidad de Mondragón, Spain

Employability, Education, and Social Equality• María Marta Formichella – Universidad Nacional del Sur, Argentina • Silvia London – Universidad Nacional del Sur, Argentina

Urban Indigents: Between Stigma and Social Exclusion in the City of Buenos Aires• Fernando Groisman – Conicet / Universidad de Buenos Aires, Argentina• María Eugenia Sconfienza – Flacso, Argentina

A Global Justice Framework for the Governance of the International Migrations• Juan Carlos Velasco – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain

Immigrants as Seen by the Spanish. Between Threat and Competition (1997-2007)• Juan Carlos Checa Olmos – Universidad de Almería, Spain• Ángeles Arjona Garrido – Universidad de Almería, Spain

Analysis of Information Society Inclusion Strategies of the Colombian Government Proposed Between 2000 and 2011• Mayda Patricia González Zabala – Universidad del Magdalena, Colombia• Jenny Marcela Sánchez Torres – Universidad Nacional de Colombia

Continuities and Ruptures in the Discourses of the Afghan War: Intellectuals, Politicians, and Soldiers• Tomás Leyton – Universidad de Chile

The Rural Collective Action in the Dynamics Productives Systems• Diosey Ramón Lugo-Morin – Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente, Spain

DocumentsChronic Pain Through History• Javier Moscoso – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain

Political Participation of Demobilized People: Universidad Nacional de Colombia and United Nations, April 28, 2013• Francisco Leal Buitrago – Universidad Nacional de Colombia / Universidad de los Andes, Colombia

DebateUnderstanding the Religious Phenomenon and its Challenges for Social Science• Ángela Iranzo Dosdad – Universidad de los Andes, Colombia

Readings Leibniz, Gottfried Wilhelm. 2007 [1734]. Discurso sobre la teología natural de los chinos –Carta del Sr. Leibniz sobre la filosofía china al Sr. N. De Rémond, Consejero del Duque Regente e introductor de embajadores [1716]• Renán Silva – Universidad de los Andes, Colombia

Rosenberg, Emily (ed.). 2012. A World Connecting: 1870-1945• Hugo Fazio Vengoa – Universidad de los Andes, Colombia

Varied Topics

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Apresentação• Martha Lux – Universidad de los Andes, Colômbia• Ana Pérez – Universidad de los Andes, Colômbia

Temas VáriosUm passado que não cessa? Discurso patrimonial e memória pública comunista no franquismo e na transição espanhola• José Carlos Rueda Laffond – Universidad Complutense de Madrid, Espanha

A democracia como política pública: oportunidades para o fortalecimento democrático• Alejandro Monsiváis Carrillo – El Colegio de la Frontera Norte, México

Rumo à multiplicidade do espaço na história. Relações entre a mudança social e as mudanças na disciplina nas últimas quatro décadas• Fabio Vladimir Sánchez Calderón – Universidad de los Andes, Colômbia

Cidadania em feminino. Contribuição das mulheres imigrantes marroquinas, equatorianas e romenas na Espanha• Carlota Solé – Universidad Autónoma de Barcelona, Espanha• Olga Serradell – Universidad Autónoma de Barcelona, Espanha• Teresa Sordé – Universidad Autónoma de Barcelona, Espanha

As percepções sociais na Europa sobre o papel da ciência e da tecnologia • Andoni Eizagirre – Universidad de Mondragón, Espanha

Empregabilidade, educação e equidade social• María Marta Formichella – Universidad Nacional del Sur, Argentina• Silvia London – Universidad Nacional del Sur, Argentina

Indigentes urbanos: entre a estigmatização e a exclusão social na cidade de Buenos Aires• Fernando Groisman – Conicet / Universidad de Buenos Aires, Argentina• María Eugenia Sconfienza – Flacso, Argentina

Justiça global e o governo das migrações internacionais• Juan Carlos Velasco – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanha

Os imigrantes vistos pelos espanhóis. Entre a ameaça e a concorrência (1997-2007)• Juan Carlos Checa Olmos – Universidad de Almería, Espanha• Ángeles Arjona Garrido – Universidad de Almería, Espanha

Análise das estratégias do Governo colombiano para a inclusão dos cidadãos na Sociedade da Informação propostas desde 2000 até 2011• Mayda Patricia González Zabala – Universidad del Magdalena, Colômbia• Jenny Marcela Sánchez Torres – Universidad Nacional de Colômbia

Continuidades e rupturas nos discursos da guerra do Afeganistão: intelectuais, políticos e soldados• Tomás Leyton – Universidad de Chile

A ação coletiva rural nos sistemas produtivos dinâmicos• Diosey Ramón Lugo-Morin – Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente, Espanha

DocumentosA dor crônica na história• Javier Moscoso – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanha

Participação política de desmobilizados: Universidad Nacional de Colombia e Nações Unidas, 28 de abril de 2013• Francisco Leal Buitrago – Universidad Nacional de Colombia / Universidad de los Andes, Colômbia

DebateA compreensão do fenômeno religioso e seus desafios para as Ciências Sociais• Ángela Iranzo Dosdad – Universidad de los Andes, Colômbia

LeiturasLeibniz, Gottfried Wilhelm. 2007 [1734]. Discurso sobre la teología natural de los chinos –Carta del Sr. Leibniz sobre la filosofía china al Sr. N. De Rémond, Consejero del Duque Regente e introductor de embajadores [1716]• Renán Silva – Universidad de los Andes, Colômbia

Rosenberg, Emily (ed.). 2012. A World Connecting: 1870-1945• Hugo Fazio Vengoa – Universidad de los Andes, Colômbia

Temas Vários

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Presentación

La Revista de Estudios Sociales ha tenido en los últimos años una serie de cambios en su equipo editorial, en los Comités editorial y científico, buscando ajustarse a las exigencias de produc-ción y calidad de una buena revista académica,

pero sin desconocer que su principal misión es difundir los resultados de investigación que se producen desde la pluralidad de enfoques de las Ciencias Sociales. En este proceso la Revista no solamente ha buscado fortalecer la presencia de las distintas disciplinas, sino también aumentar el diálogo entre ellas. En este sentido, las diferentes secciones de la Revista deben convertirse cada vez más en espacios privilegiados para la presentación y discusión de contenidos relevantes de las investigaciones en las Ciencias Sociales.

Como publicación periódica, se imprime tres veces al año, en un formato atractivo para el lector. Sabemos, sin embargo, que la versión digital de acceso gratuito es la que nos permite cumplir con el propósito de llegar a una comunidad ampliada de académicos y lectores. La Revista ha tenido un carácter inclusivo, y en este sentido se tomó la decisión —desde hace ya varios números— de publicar contenidos no sólo en español, sino también en inglés y en portugués. Esta iniciativa ha llevado a que cuando se abren las convocatorias recibamos un número cada vez mayor de artículos escritos en estas dos lenguas, lo que tiene directamente que ver con el incremento y los espacios geográficos del público que nos consulta.

La Revista, como proyecto intelectual, quiere ahora fortalecer la participación de los académicos locales en las secciones Documentos, Debate y Lecturas, como plataforma de difusión de sus contenidos, que, junto con el resto de las contribuciones —en buena medida de colaboración internacional— que se publican en cada número, permitan ampliar el diálogo pluridisciplinar en las Ciencias Sociales.

En esta edición 47 que ponemos a consideración del público, la Revista de Estudios Sociales reúne doce contri-buciones que aportan a la reflexión de las condiciones sociales y humanas en diversos contextos y épocas. Los

dos primeros artículos del número tratan el tema de la historia política, desde dos perspectivas diferentes. El primero, de José Carlos Rueda Laffond, “¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comu-nista en el franquismo y la transición española”, muestra la relevancia del recuerdo en el proyecto del discurso comunista, tema que le permite al autor afirmar que la memoria sobre la Guerra Civil española fue producto de una negociación entre la necesidad de legitima-ción, la evocación selectiva y la gestión de problemas del presente; el segundo, “La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento demo-crático”, de Alejandro Monsiváis, aborda el tema de la democracia como política pública, estimulando un diálogo más activo entre los estudios de política pública, la teoría política y el análisis comparado.

El tercer artículo, de Vladimir Sánchez, “Hacia la multi-plicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas”, tiene como objetivo hacer un estudio historiográfico a partir del espacio como categoría de análisis. Pretende dilucidar la complejidad y variedad de formas que adopta la relación entre historia, espacio y sociedad, en los trabajos históricos que han llevado al cuestionamiento del Estado-nación como referente espa-cial de la sociedad.

A continuación, Carlota Solé, Olga Serradell y Teresa Sordé, en el trabajo “Ciudadanía en femenino. Aporta-ciones de las mujeres inmigrantes marroquíes, ecua-torianas y rumanas en España”, reflexionan desde una perspectiva transnacional sobre la concepción tradicional de ciudadanía, analizando las prácticas de ciudadanía en las experiencias cotidianas de mujeres inmigrantes de Marruecos, Ecuador y Rumania que residen en España. Por su parte, Andoni Eizagirre, en su artículo “Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología”, analiza lo que la gente comprende por ciencia y lo que le preocupa de ésta, en relación con la nueva modalidad de actividad científica en auge. En el artículo “Empleabilidad, educación y equidad social”, de las autoras María Marta Formichella y Silvia London,

Martha Lux - Ana Pérez

Martha Lux, Ana Pérez

Presentación

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se estudia la oferta laboral, relacionando los conceptos de empleabilidad, educación y equidad social en un contexto donde se acentúan las desigualdades sociales. El séptimo artículo, de Fernando Groisman y María Eugenia Sconfienza, “Indigentes urbanos: entre la estig-matización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires”, analiza los límites del crecimiento económico para la inclusión social de quienes se hallan en situación de extrema pobreza y residen en hogares de tránsito en la ciudad de Buenos Aires.

Los dos siguientes trabajos plantean temas rela-cionados con la migración. Juan Carlos Velasco, en “Justicia global y el gobierno de las migraciones inter-nacionales”, ilustra la noción de justicia global para explicar las migraciones internacionales contemporá-neas. En esta misma línea se encuentra el artículo titu-lado “Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007)”, de Juan Carlos Checa Olmos y Ángeles Arjona Garrido, en el que se analizan las actitudes de la población española frente al proceso de inmigración entre 1997 y 2007, mostrando la importancia de desarrollar una visión más pluralista en una sociedad cada vez más multiétnica.

El grupo de artículos cierra con tres contribuciones que abordan temáticas diferentes: Mayda González y Jenny Sánchez, en su artículo “Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011”, ilustran los esfuerzos que el Gobierno colom-biano ha realizado para desarrollar la Sociedad de la Información en ámbitos como la educación y la cultura, para mejorar el crecimiento económico y la participación ciudadana. A continuación, está el texto “Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados” de Tomás Leyton, quien desarrolla sus argumentos analizando los discursos de diferentes actores en la guerra de Afganistán: intelec-tuales, políticos y soldados. Y por último, se encuentra el texto de Diosey Lugo-Morin, titulado “La acción colec-tiva rural en los sistemas productivos dinámicos”, que muestra cómo la formalización lógica de la acción colec-tiva rural permitió examinar la dinámica relacional entre los actores sociales del sistema productivo hortícola, en un marco de iniciativas, restricciones y redes sociales.

En la sección Documentos publicamos el texto “El dolor crónico en la historia” de Javier Moscoso. En éste, el autor propone que la nueva conceptualización del dolor ha dependido de la valoración que los grupos humanos le han dado en momentos particulares, como las dos guerras mundiales del siglo XX. En esta forma de aproxi-mación se ha buscado que los síntomas no sean cultural-mente olvidados ni socialmente relegados, dependiendo menos de la noción pragmática del Pain Clinic. En esta sección también contamos con el trabajo de Francisco Leal “Participación política de desmovilizados”, sobre los procesos de paz que se han establecido entre el Gobierno colombiano y las Farc, dándole un mayor énfasis al tema de la participación política como espacio en el que se puedan controlar los factores de inseguridad que subsisten en el país.

Contamos con otro texto en la sección Debate, titulado “La comprensión del fenómeno religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales”, en el que Ángela Iranzo muestra los principales temas que se debatieron y las conclusiones que se produjeron en el marco del encuentro “Lo religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales”, que se realizó en la Universidad de los Andes en 2013.

Finalmente, en la sección Lecturas se incluyeron dos reseñas críticas, de Renán Silva y Hugo Fazio, donde se aborda el tema de la globalización desde enfoques distintos. El primer texto reseñado, Discurso sobre la teología natural de los chinos, permite evidenciar que las reflexiones occidentales no son sólo una concepción etnocentrista, sino que también se construyen a partir del reconoci-miento de la tradición de lejanas culturas, como la china, que aportan en igualdad de condiciones a la ciencia y a la cultura como patrimonio universal de la humanidad en épocas pasadas y presentes. El segundo texto reseñado, A World Connecting: 1870-1945, muestra cómo la historiografía ha registrado la consolidación de nuevas perspectivas históricas; los esfuerzos por incorporar reflexiones en torno a las historias conectadas; los análisis y debates de aquellos grandes procesos históricos mundiales. Temá-ticas que se comprenden mejor a partir de un esquema global, que, abordado por los especialistas desde 1870, les ha permitido historizar la modernidad en su homo-geneidad y sus diferencias, para entender los momentos decisivos de los siglos XIX y XX.

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 9-10.

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¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española

• José Carlos Rueda Laffond – Universidad Complutense de Madrid, España

La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático• Alejandro Monsiváis Carrillo – El Colegio de la Frontera Norte, México

Hacia la multiplicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas

• Fabio Vladimir Sánchez Calderón – Universidad de los Andes, Colombia

Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España

• Carlota Solé – Universidad Autónoma de Barcelona, España • Olga Serradell – Universidad Autónoma de Barcelona, España

• Teresa Sordé – Universidad Autónoma de Barcelona, España

Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología • Andoni Eizagirre – Universidad de Mondragón, España

Empleabilidad, educación y equidad social• María Marta Formichella – Universidad Nacional del Sur, Argentina

• Silvia London – Universidad Nacional del Sur, Argentina

Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires• Fernando Groisman – Conicet / Universidad de Buenos Aires, Argentina

• María Eugenia Sconfienza – Flacso, Argentina

Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionales• Juan Carlos Velasco – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007)• Juan Carlos Checa Olmos – Universidad de Almería, España

• Ángeles Arjona Garrido – Universidad de Almería, España

Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011

• Mayda Patricia González Zabala – Universidad del Magdalena, Colombia• Jenny Marcela Sánchez Torres – Universidad Nacional de Colombia

Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados• Tomás Leyton – Universidad de Chile

La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicos• Diosey Ramón Lugo-Morin – Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente, España

Temas Varios

* Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Televisión y memoria. Estrategias de representación de la Guerra Civil y la Transición”, financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (ref. HAR2010-20005), y del proyecto “Memorias en segundo grado: Posmemoria de la guerra civil y el franquismo en la España del siglo XXI” (2013LINE-01), financiado por el Banco Santander y la Universitat Rovira i Virgili.

v Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid (España) y profesor titular en el Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Información de la misma Universidad. Miembro del Grupo de Investigación Complutense Memoria y Medios. Autor de Memoria viva y simplificación histórica: pautas de representación en el documental televisivo El Exilio. Bulletin of His-panic Studies 14, n° 6, 2013; y Escritura de la historia en televisión: la representación del Partido Comunista de España (1975-2011). Historia Crítica 50, 2013. Correo electrónico: jcrueda@pdi.ucm.es

¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española*

RESUMEN Esta investigación se aproxima a la memoria oficial pública del Partido Comunista de España (PCE) en el franquismo y el inicio de la transición democrática (1939-1977). De manera inicial sitúa, teórica e históricamente, el discurso patrimonial comunista. En segundo término, apunta algunas pautas de su evolución y permanencia desde finales de los años treinta y durante la dictadura, cuestionándose cómo incidieron ciertas prácticas de memoria en la estrategia política del PCE durante la transición. Frente a los enfoques que han destacado el peso de la desmemoria o el olvido, el texto resalta la relevancia del recuerdo en el diseño del discurso comunista. Sostiene, como conclusión fundamental, que la memoria sobre la Segunda República o la Guerra Civil fue fruto de una negociación entre necesidad de legitimación, evocación selectiva y gestión de problemas de presente.

PALABRAS CLAVEMemoria, historia social, partido comunista, España.

A Never Ending Past? Discourse and Communist Public Memory in Francoism and the Spanish Democratic TransitionABSTRACTThis investigation analyzes, briefly, the official public memory of the Communist Party of Spain (PCE), during Franco’s regime and the beginning of the democratic transition (1939-1977). Initially it establishes a framework which provides context, theoretically and historically, for the communist heritage discourse. Second, it points out some guidelines of its evolution and permanence since the late thirties, questioning how some memory practices influenced the political strategy and public identity of the PCE. In contrast to approaches that highlighted the weight of oblivion, the text highlights the relevance of the memories in the design of the communist discourse. As fundamental conclusion, it argues that official memory about the Second Republic or the Civil War took shape through negotiation between needs of legitimacy, selective recall of key past events, and managing current issues.

KEY WORDSMemory, social history, communist party, Spain.

Fecha de recepción: 31 de octubre de 2012Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013Fecha de modificación: 19 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.01

José Carlos Rueda Laffondv

Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 12-24.

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Discurso patrimonial y memoria pública comunista

En 1980 el Partido Comunista de España (PCE) celebró su sesenta aniversario con la edición de un libro ilustrado que glosaba su histo-ria desde la Revolución de Octubre hasta su afirmación ideológica como partido euroco-

munista. Entre ambas claves se situaba una sucesión de huellas de recuerdo pautadas por la Guerra Civil, o —ya en el franquismo— por la clandestinidad, la re-presión, la lucha armada o el exilio. Todo ello, así se estimaba, configuró un patrimonio “de aciertos y erro-res”, capaz de sedimentar una identidad susceptible de “proyectarse hacia el futuro” (Carrillo 1980, 1). Sin embargo, el protagonismo del PCE se estaba diluyendo a inicios de los años ochenta. El partido había sido le-galizado el 9 de abril de 1977 por el gobierno reformista de Adolfo Suárez y logró en los comicios del 15 de junio veinte diputados (1,7 millones de votos, 9,33% del total de sufragios). Aquellos exiguos resultados no se corres-pondían con su relevancia como la organización más eficaz e influyente en la oposición a Franco. A pesar de ello, el PCE desplegó un papel destacado en el período constituyente (1977-1978), si bien como fuerza secun-daria en la izquierda española. Esa posición se ratificó por la consolidación hegemónica del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como opción de gobierno y por la cascada de fricciones y divisiones internas, que pro-vocaron una aguda crisis en la organización. El resul-tado fue su práctica desaparición parlamentaria en las

legislativas de 1982, al obtener sólo cuatro diputados y poco más de 800.000 votos, un 4,02% del total.

La bibliografía sobre el PCE es muy abundante, aunque no puede hablarse hasta fecha cercana de una “norma-lización historiográfica” (Ginard 2007). Recientes mo-nografías han revisado cuestiones como la acción y el horizonte ideológico del partido, el papel de bases o di-rigentes, los valores grupales o las culturas identitarias (Bueno y Gálvez 2009; Molinero e Ysàs 2010; Treglia 2012; Andrade 2012). Este trabajo desea inscribirse en tales líneas de reflexión, en forma de interpretación obliga-damente sintética, por cuestiones de espacio. Parte de la necesidad de incorporar el vector “memoria” a las re-flexiones históricas interesadas por la cultura política. De modo concreto, explorará algunas estrategias oficia-les de recuerdo del PCE durante la dictadura franquista y en el período decisivo del tránsito a la democracia (1975-1977), atendiendo, por tanto, a una amplia panorámica cronológica desde un enfoque selectivo. En este sentido, desea subrayar ciertas claves relevantes, pero suscepti-bles de mayor profundización.

El hilo conductor del trabajo se define en torno a dos categorías asociables: discurso patrimonial y memoria pública oficial. La primera noción va más allá de una perspectiva ideológica reduccionista. La concebimos como suma articulada de ideas, capaz de incorporar señas de identificación, valores inclusivos o mecánicas de reconocimiento. Su expresión lógica serían las na-rrativas orgánicas del partido, si bien en relación con

Um passado que não cessa? Discurso patrimonial e memória pública comunista no franquismo e na transição espanholaRESUMOEsta pesquisa se aproxima à memória oficial pública do Partido Comunista da Espanha (PCE) no franquismo e no início da transição democrática (1939-1977). De maneira inicial situa, teórica e historicamente, o discurso patrimonial comunista. Em segundo momento, assinala algumas pautas de sua evolução e permanência desde finais dos anos 1930 e durante a ditadura, questionando-se como incidiram certas práticas de memória na estratégia política do PCE durante a transição. Diante dos enfoques que vêm destacando o peso da desmemória ou do esquecimento, o texto ressalta a relevância da recordação no desenho do discurso comunista. Sustém, como conclusão fundamental, que a memória sobre a Segunda República ou Guerra Civil foi fruto de uma negociação entre necessidade de legitimação, evocação seletiva e gestão de problemas de presente.

PALAVRAS-CHAVEMemória, história social, Partido Comunista, Espanha.

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un amplio corpus de afirmaciones (qué somos), percep-ciones (quiénes somos), prácticas colectivas y estrategias de coyuntura (qué queremos), expectativas de futuro (a dónde vamos) o evocaciones selectivas de pasado (de dónde venimos). La categoría de memoria pública oficial alude a este último tipo de aspectos, en cuanto recuerdos institucionalizados derivados, esencialmente, de los cuadros dirigentes y proyectados desde arriba hacia la militancia comunista u otros sectores. En este sentido, cabe hablar no sólo de expresiones políticas, sino de unos “lieux de mémoire” (Nora 1997, 30) integrados en el discurso patrimonial. Su funcionalidad sería actuar como instrumentos de apreciación o vínculos sociali-zadores, en lógica con el diseño y la reproducción de la identidad oficial comunista.

Es necesario remarcar, pues, que no concebimos el discurso patrimonial ni la memoria pública oficial del PCE como dimensiones autistas o autosuficientes. Más bien, interaccionaron con esa misma militancia y con otros intereses, incluso en un contexto restrictivo como el franquismo, marcado por la clandestinidad, la represión y el control gubernativo sobre la esfera pú-blica. Ni las culturas de base ni la movilización serán objeto de reflexión en estas páginas. En todo caso, sí debe señalarse que compendiaron múltiples dinámi-cas muchas veces generadas desde abajo, con entidad en sí mismas, y de las que disponemos de monogra-fías esclarecedoras de conjunto (Doménech 2009; Erice 2009; Molinero 2009). Otro tanto puede decirse de los medios de difusión o los ámbitos de reflexión intelec-tual, planos que evidenciaron rasgos significativos de especificidad (Pala 2010; Andrade 2012, 155-233).

Este trabajo se articula en torno a dos dimensiones cro-nológicas desde donde poder advertir algunas caracte-rísticas del discurso patrimonial y la memoria pública oficial del PCE. Por una parte, trazará una panorámica general durante el franquismo y, de modo más deta-llado, analizará la coyuntura situada entre la muerte de Franco y 1977. Nuestra hipótesis se basa en la idea de continuidad de ciertos referentes. Bien es cierto que las estrategias de memoria fueron variando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en ellas es posible localizar lí-neas de definición y continuidad entre momentos dis-tantes. Entre ellas destaca la Guerra Civil, entendida como pieza relevante en el discurso patrimonial. Tanto en 1939 (al concluir el conflicto), como en 1956 (coinci-diendo con la definitiva consolidación de la dictadura y la concreción del giro táctico comunista de la política de reconciliación nacional), o en 1977 (momento de la legalización y concurrencia a las primeras elecciones

tras el franquismo), la guerra constituyó una suerte de “pasado que no cesa”, si bien desde prismas distintos de invocación y lectura del presente.

El discurso patrimonial y las estrategias oficiales de re-cuerdo del PCE pueden vincularse con el concepto de sistema de memoria. Alude a un conjunto de claves cog-nitivas y relacionales donde se implementan relatos sobre el recuerdo y el olvido, que organizarían y darían valor a la apreciación del pasado (Connerton 2009; Hoskins 2011). Trasciende, a su vez, el mero recuerdo individual, operando en una trama “transactiva” donde interaccio-narían el flujo, la retroalimentación y la complicidad (Wegner, Raymond y Erber 1991). Cabe considerar, por tanto, que los sistemas de memoria son privativos, inci-den en la articulación de acervos patrimoniales, y sus in-tegrantes compondrían determinadas comunidades de memoria, donde el recuerdo serviría de aglutinante, me-canismo de refuerzo o dispositivo orientado a la propia reproducción mnemónica (Zeruvabel 1997). Algunos es-tudios sobre la cultura comunista europea han resaltado la notabilidad de los recuerdos compartidos, ya que los sistemas de memoria pueden fundamentarse en ideas vividas o experiencias procedentes de una diversidad de contextos (Dawisha 2005). Así ocurrió con la Resistencia y su apropiación como rememoración mítica por parte del Partido Comunista Italiano (PCI) tras la Segunda Gue-rra Mundial (Cossu 2011). Por su parte, la historiografía francesa ha explorado las características de la identidad comunista desde los trabajos pioneros de Kriegel (1970 y 1974). Con posterioridad, se ha interesado por cuestiones como la interacción entre valores y modos de vida (Lazard 1985); o por las dialécticas existentes en su comunidad de memoria (especificidad de la memoria colectiva y de las memorias individuales comunistas; diferencias gene-racionales; capacidad pedagógica y socializadora del re-cuerdo; concepción del tiempo y la historia; imaginarios y ritos…) (Lavabre 1991).

Cabe considerar al PCE como comunidad integrada en la que el discurso patrimonial y la memoria oficial ac-tuaron como agentes vertebradores. En la cultura colec-tiva comunista española de los años sesenta o setenta seguían resaltando valores como la mística del partido y la conciencia del sacrificio, la percepción como orga-nización de vanguardia, los vínculos solidarios, la idea-lización de la Unión Soviética o la disciplina respecto a un esquema organizativo vertical organizado desde la lógica del centralismo democrático. No obstante, esas pautas de afirmación no impidieron ni las disidencias ni los reacomodos tácticos. Se ha estimado que muchas de esas claves derivaban, como versión española, de una

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tradición bolchevique anterior (Cruz 2001, 189-202). Pero también cabe apuntar que evidenciaron crecientes con-tradicciones frente a esa matriz tradicional, en temas como la expectativa y naturaleza de la revolución, la impostación del discurso democrático sobre el esquema de dictadura del proletariado o los límites y solapamien-tos entre clase trabajadora y otros sectores. A ello cabe sumar las repercusiones —en forma de erosión de valores tradicionales en las capas populares y las clases medias, o entre la propia militancia comunista— provocadas por las dinámicas de cambio en la estructura social, en las pautas de consumo o en las expresiones y el alcance de la cultura de masas. Desde mediados de los años setenta, el proyecto eurocomunista —sintetizable en el eslogan popularizado en 1976 de “socialismo en libertad”— actuó como un intento conciliador entre tales aspectos, si bien, a la postre, acabó resultando un factor que alimentó esas mismas contradicciones.

La identidad antifranquista conformó, por otra parte, un intenso vector aglutinante, susceptible de atraer apoyos sociales y focalizar iniciativas o proyectos. Sin embar-go, la naturaleza como partido clandestino o en el exilio potenció también la diversidad. El PCE integró militan-tes del interior y la emigración, trabajadores con diver-sos niveles de formación, cuadros y bases vinculados al sindicato Comisiones Obreras (CC OO), o a otros grupos estudiantiles, vecinales o incluso religiosos. El partido tuvo además, fundamentalmente en el ocaso de la dic-tadura, un fuerte arraigo entre intelectuales y profesio-nales liberales... La pluralidad de este tejido encerró una diversidad de situaciones, a las que cabe añadir las cesu-ras provocadas por los cambios generacionales y sus im-plicaciones culturales (Buton 1989). A su vez, la memoria comunista (y sobre lo comunista) se ubicó en unas coor-denadas de represión o tergiversación variables, activa-das desde diferentes instancias del régimen franquista, pero también desde otros sectores de la oposición, como republicanos o socialistas.

Toda producción de memoria es una operación selecti-va sobre la percepción de la temporalidad. Como resaltó Zeruvabel (2003), el recuerdo organiza “mapas del tiem-po” que cartografían selectivamente el pasado. La noción de lo histórico fue una pieza central en la cosmovisión marxista, y desde el último tercio del siglo XIX formó parte de la vulgarización doctrinaria socialista, tanto en Europa como en América Latina. Tras 1917, la idea de que las contradicciones del pasado determinaban un presen-te capaz de resolverse en un estadio superior de futuro constituyó una prescripción común para los discursos co-munistas. Cabe colegir que el “sentido del tiempo” (Bra-

datan 2005) también impregnó la interpretación sobre la historia de España realizada por el PCE. Desde ese pris-ma se valoró la naturaleza de la Segunda República, de la Guerra Civil o del franquismo. El uso del tiempo fue, con frecuencia, un cliché reduccionista, un estándar analí-tico. Pero facilitó enmarcar experiencias individuales, dándoles entidad colectiva ante situaciones como el exi-lio, la clandestinidad o las formas de lucha.

Pautas para la gestión del pasado (1939-1975)La relación entre la Guerra Civil y la dictadura constituyó un telón de fondo permanente en las prácticas de memo-ria comunista. Como se ha apuntado, la marca caracte-rística del PCE fue el antifranquismo, y tanto dirigentes como militantes manejaron una misma apreciación sobre el régimen: la de su naturaleza ilegítima y usurpa-dora. En este sentido, afirmar que la guerra pervivía no era utilizar una simple metáfora, sino una forma de ex-presar un clima estructural de excepcionalidad y repre-sión. A su vez, y aunque los posicionamientos del partido fueron matizándose a lo largo del tiempo, el recuerdo de la lucha de 1936-1939 siempre estuvo recubierto de una pátina épica, estimándose como guerra justa contra el fascismo, defensa de la libertad y la legalidad, ejercicio por la independencia nacional y episodio heroico.

Los discursos de memoria del PCE desde los años cuaren-ta hasta los sesenta integraron narrativas surgidas en un doble contexto: en la clandestinidad interior, en condi-ciones de gran dificultad, riesgo y carencia de medios; y, sobre todo, en el exilio y la emigración, en particular en la Unión Soviética, Francia y México, y en menor medida en otros puntos, como Italia, Bélgica o Alemania Orien-tal. La difusión del discurso patrimonial se configuró en consonancia con estrategias de movilización y verte-bración interna según la tradición agitprop. Incluso en el tardofranquismo, las acciones propagandísticas podían concebirse como actos de “guerrilla cívica”, con peque-ños sabotajes o lanzamiento de octavillas en vagones de metro o cafeterías (Treglia 2012, 53). El partido disponía, además, de una amplia constelación de medios escritos, donde destacaban sus publicaciones oficiales Mundo Obre-ro (con varias ediciones confeccionadas en Francia o en España, en ocasiones en forma de prensa manuscrita) y Nuestra Bandera. En ellos se incluyeron frecuentes referen-cias conmemorativas o hagiográficas, en particular en los años cuarenta y cincuenta. Otro mecanismo de difu-sión fue el cine, si bien en este caso existieron orienta-ciones más plurales, producidas tanto fuera como dentro

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de España. Un ejemplo destacable de relato de memo-ria, por su proyección internacional, fue el documental Mourir à Madrid (1962, con realización de Frédéric Rossif y guión de Madeleine Chapsal), una obra orgánicamente desvinculada del PCE, pero que puede leerse como sín-tesis de las claves sobre la Guerra Civil manejadas por el discurso oficial de los años sesenta.

El medio de masas más importante fue Radio España In-dependiente (Estación Pirenaica), creada en 1941, y que mantuvo sus emisiones hasta 1977. Constituyó un caso único de concepción y gestión propagandística, no sólo por su duración, sino por su capacidad para mantener una presencia en el interior como instrumento reacti-vo frente a la información controlada por la dictadura. Puede ser tildada de herramienta socializadora, si bien su eficacia en este terreno es difícil de medir. Más ajus-tado resulta aquilatar sus funciones ante la estructura del PCE: suministró una programación desde criterios políticos didácticos, potenció lazos y encuadramientos, y ayudó, sin duda, a conformar la reproducción del colec-tivo (Zaragoza 2008, 151-213 y 395-399).

Otras narrativas, como las autobiografías, permitían en-trelazar la trayectoria personal y la historia del partido. Estos materiales podían poseer, en ocasiones, una di-mensión catártica. Jorge Semprún, miembro del Comité Central desde inicios de los años cincuenta y expulsado del partido en 1964, entrelazó algunos trabajos fílmicos o literarios —el guión de La guerre est finie (con realización de Alain Resnais, de 1966), o la novela Autobiografía de Fede-rico Sánchez (de 1977)— con esa dimensión individual. Sin embargo, en otras situaciones el recurso a las vivencias podía derivarse de un sentido inverso: fue el caso de las confesiones autocríticas logradas mediante ejercicios de inculpación. Su finalidad era justificar una hipotética degeneración personal y política, que permitiese proce-sos de depuración ejemplarizantes y exclusión.1

Otras modalidades discursivas fueron las hagiografías entusiásticas. Francisco Antón, responsable del partido en Madrid durante la guerra y miembro del buró políti-co en los años cuarenta, también fue depurado tras ser acusado de fraccionalismo en 1952. Fue parcialmente re-habilitado años más tarde, y en el momento de su muer-te el órgano central del PCE, Mundo Obrero, publicó una breve nota necrológica. Se trató de un ejercicio de me-

1 Fue el caso de Jesús Hernández, dirigente expulsado en 1944: Archivo Histórico del PCE (AHPCE), Sección Divergencias, 107/1.3, Jesús Her-nández; o Sección Documentos, 25, Reunión del CC, 5/5/1944. El pro-ceso ha sido estudiado en Hernández Sánchez (2007).

moria muy distinto al realizado en 1946, en la exaltada biografía escrita por otro dirigente, Ramón Mendezona.2 En este texto se recogieron los leitmotiv de la memoria épica comunista sobre la Guerra Civil, como el que corre-lacionaba la defensa de Madrid, en noviembre de 1936, con el Petrogrado de octubre de 1917. Otro fue estimar la guerra como reacción nacional frente a invasores forá-neos, como si se tratase de una reedición de la Guerra de Independencia de 1808-1814. La conexión simbólica con aquel episodio, propio de la cultura liberal, fue empleada por ambos bandos (Núñez Seixas 2006; Hernández Bur-gos 2011). El PCE cooptó y amplificó ese referente desde finales de 1937, formalizando una transposición mecáni-ca entre un imaginario del pasado —la invasión francesa y la reacción patriótica popular española— y el presente, con el objetivo de robustecer el espíritu de resistencia y explicar el apoyo de Italia y Alemania a las fuerzas suble-vadas (Hernández 1938).

El sentido de la Guerra Civil como lucha nacional impregnó las lecturas posteriores, si bien reacomodándolas a nue-vas exigencias ideológicas o estratégicas. Por ejemplo, se aconsejó a los exiliados en la URSS que utilizasen la con-memoración del 18 de julio —el día en que se produjo el le-vantamiento militar— para lograr un mejor “conocimiento del marxismo leninismo” o del “dominio de la técnica y la cultura soviéticas”.3 Por otro lado, en la primavera de 1939 Stalin recabó informes de los dirigentes españoles y de los delegados de la Internacional Comunista sobre las causas de la derrota (Hernández Sánchez 2011, 448-461). Las orienta-ciones de aquellas interpretaciones se vieron determinadas por el cambio de rumbo impuesto por el Pacto Germano-Soviético.4 Una muestra la encontramos en el borrador de un artículo redactado en septiembre de 1940 por el secre-tario general del PCE, José Díaz, donde apuntaba literal-mente “algunas enseñanzas del pasado para el presente”, en forma de reflexión sobre la guerra y la instauración del franquismo. Díaz desestimó en aquel escrito la experiencia frentepopulista, lanzó durísimas invectivas contra socia-listas, republicanos o anarcosindicalistas, y nuevamente tildó al conflicto de lucha patriótica, pero sin mencionar el apoyo de Berlín al régimen de Franco.5

2 Ha muerto Francisco Antón. Mundo Obrero. 20 de enero de 1976, 5. AHP-CE, Sección Prensa. Francisco Antón, Biografía, s. f. [1946]. AHPCE, Sección Dirigentes, 1.

3 Carta confidencial de José Díaz a los emigrados españoles en la Unión Soviética. 8 de julio de 1940. AHPCE, Dirigentes, 9/1.1.4.

4 La lucha armada del pueblo español, 1939; La guerra justa de España, 1939. AHPCE, Documentos, 20.

5 José Díaz. España bajo el régimen de Franco. septiembre de 1940. AHPCE, Dirigentes, 9/1.1.4.

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Coordenadas opuestas se produjeron en 1946, tras la Se-gunda Guerra Mundial. Ese entorno facilitó un discurso de memoria frustrado por el estallido de la Guerra Fría y por el aislamiento de los partidos comunistas occi-dentales, algo que también afectó al PCE. En dicho dis-curso circunstancial se combinó una retórica de culto a la personalidad de los dirigentes del partido, según los esquemas estalinistas, junto a la exaltación de la iden-tidad republicana y la idea de cooperación con otras fuer-zas de la oposición. En aquel momento dos comunistas —Santiago Carrillo y Vicente Uribe— formaban parte del Gobierno de la República en el exilio, el partido estaba implicado en la estrategia guerrillera, e incluso aún re-sultaba factible la posibilidad de una intervención aliada en España que forzase la caída de Franco. Ese clima fa-cilitó lógicas de evocación que valoraron la Guerra Civil como primer acto de la Segunda Guerra Mundial. O rese-ñas conmemorativas sobre la victoria electoral del Fren-te Popular que subrayaron la ilegitimidad del régimen franquista y la continuidad simbólica existente entre el partido, la legalidad republicana y la práctica democrá-tica. Fueron exactamente las mismas claves —la identi-dad republicana, el ideal antifascista— que manejaron las octavillas clandestinas que circulaban por Madrid a mediados de los años cuarenta.6

La definitiva estabilización del discurso patrimonial se produjo con la política de reconciliación nacional adop-tada en el verano de 1956, al cumplirse el vigésimo ani-versario del estallido de la Guerra Civil.7 Este cambio “táctico” ha sido analizado atendiendo tanto a su con-tenido político como a los condicionantes coyunturales que explican su asunción como discurso oficial (Erice 2006; Valverde 2006). Su aspecto más destacado fue el formular la idea de superación del conflicto sin “exigen-cias, […] responsabilidades” o medidas de venganza, y como estrategia para propiciar la crisis del franquismo. La reconciliación nacional era fruto de distintas reorien-taciones y factores. Evidenció el peso de un nuevo grupo dirigente encabezado por el futuro secretario general, Santiago Carrillo, y expresó la superación de la etapa

6 José Díaz: patriota y revolucionario. Mundo Obrero. 24 de marzo de 1946, 1. Diez años de lucha. Mundo Obrero. 18 de julio de 1946, 1; 16 de febrero de 1936. Antifascismo y República. Mundo Obrero. 20 de febrero de 1947, 1. AHPCE, Prensa. AHPCE, Sección Nacionalidades y Regio-nes, Madrid, 169/2.4, 1945-1946.

7 Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pací-fica del problema español. Junio de 1956. AHPCE, Documentos, 20; y Resolución del Pleno del CC sobre los cambios en la táctica del Partido para lograr la reconciliación de los españoles, y acelerar la caída del general Franco por la vía pacífica. Mundo Obrero. 7 de agosto de 1956, 1-3. AHPCE, Prensa.

estalinista. Asimismo, ratificó la apuesta por las posi-ciones “entristas”, es decir, de infiltración y uso de los engranajes de la dictadura (sindicatos oficiales, movi-miento estudiantil, ámbitos profesionales). Y tuvo en cuenta fenómenos como la consolidación sociológica del franquismo, apostando por un escenario de cambio pacífico, opuesto al mito de la “Victoria” de 1939 como valor fundacional del régimen.

El giro de 1956 supuso, pues, una herramienta de gran calado. Constituyó una pieza central en el discurso co-munista, permitiendo readecuar y flexibilizar su relato antifranquista. Justificó el objetivo de acuerdos que in-cluyesen al conjunto de la oposición junto a fuerzas con-servadoras o monárquicas —e, incluso, junto “al Ejército y a otras fuerzas armadas”—, para forzar la caída del régimen mediante acciones de presión de masas. Pero también trasladó implícitamente a segundo plano la rei-vindicación republicana en el seno del PCE, prefigurando la idea de que la forma de régimen podría ser un aspecto accidental, por resolver en las urnas tras la restauración democrática. Por ello, debe ser valorado como concepto susceptible de usos distintos. Históricamente no puede deslindarse de la percepción existente entre la dirigencia sobre los cambios producidos en el tejido sociopolítico, si bien en un momento en que se constataba también el fortalecimiento de la dictadura. Pero, por otra parte, superó los estrictos márgenes coyunturales en donde desempeñó un papel como referente inclusivo del anti-franquismo y conectó, finalmente —gracias a su semán-tica integracionista—, con posicionamientos asumidos durante la transición en forma de políticas de consenso o transacción (Molinero 2007).

El discurso de la reconciliación nacional no fue incom-patible con la reflexión sobre la guerra, que en los años sesenta se bifurcó en dos direcciones complementa-rias. Por una parte, como tratamiento historiográfico sobre la organización (Ibárruri et al. 1960) o el conflic-to (Ibárruri et al. 1967-1977). Eran textos que ofrecían una visión oficial, y deben estimarse como respuestas a obras ferozmente anticomunistas generadas desde el aparato cultural franquista (Comín Colomer 1953 y 1965; Martínez Bande 1965). En este sentido, consagra-ban una enaltecida visión de la teoría y la práctica del partido, por ejemplo, en aspectos como su hipotética política para “evitar la guerra” entre febrero y julio de 1936 (Ibárruri et al. 1967-1977 I, 85-90).

La segunda dirección fueron las reflexiones en clave de memoria, es decir, como interpretaciones acerca de la vigencia de la guerra. En los enfoques planteados en

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coincidencia con su trigésimo aniversario, se repro-dujo el prisma de 1956, reiterándose la tesis de que la actualidad del enfrentamiento estribaba en su instru-mentalización por la dictadura, en cuanto victoria pu-nitiva en la forma de “paz de Franco”, y, por tanto, en que “el peligro de un replanteamiento de la violencia no reside actualmente en la desaparición del régimen y en el establecimiento de un sistema pluripartidista de democracia política y económica. Al contrario: eso equivaldría a liquidar la guerra civil para siempre”.8

Este prisma encuadró reflexiones posteriores (Erice 2009, 169). Entre ellas resalta el Manifiesto- Programa, un documento elaborado entre 1972 (VIII Congreso) y sep-tiembre de 1975, en vísperas del proceso sucesorio.9 No obstante, cabe considerar que ciertos aspectos de aquel texto —como la idea de la contemporaneidad española como modernización frustrada, debilidad histórica de la burguesía en cuanto “agente de cambio”, fracaso del reformismo republicano o exaltación de la experiencia “pluralista” encarnada en el Frente Popular— se vin-culaban directamente con las expectativas comunistas coyunturales por encabezar una acción coordinada de amplia base frente al régimen. En este sentido debe leer-se la tipificación otorgada al aparato sociopolítico de la dictadura, entendido como reflejo de unas “clases domi-nantes” para las que “el socialismo, el liberalismo y la cultura [seguían siendo] creaciones demoníacas”.10

Una constante en el discurso patrimonial comunis-ta de finales de los sesenta y primeros setenta fue no tanto el hablar de pasado como el plantear perspecti-vas de futuro. No se trataba, obviamente, de una prác-tica nueva. Desde 1939 abundaron los análisis sobre qué y cómo sería el posfranquismo. En 1963 se reunió el núcleo dirigente para tratar cuestiones relativas a la organización de un posible “Estado democrático en España”. Para algunos ponentes éste podría prever-se como república democrática parlamentaria, donde cupiese un tejido asambleario conformado desde CC OO como eje en una transición pacífica hacia el socia-lismo.11 Con posterioridad, el horizonte de futuro fue abordado en otros análisis (Carrillo 1965), o en resolu-ciones como las adoptadas por el Comité Ejecutivo en abril de 1967, en el Pacto por la Libertad de 1969 o en los

8 Editorial. La guerra de España. Treinta años después. Nuestra Bandera. 4º t. de 1966, 10. AHPCE, Prensa.

9 Manifiesto-Programa. Septiembre de 1975. AHPCE, Documentos, 56. 10 Manifiesto-Programa. Septiembre de 1975. AHPCE, Documentos, 56.

La referencia entre paréntesis es un agregado del autor.11 Coloquio celebrado en agosto de 1963. AHPCE, Documentos, 79/2.

acuerdos del Comité Central de abril de 1974 (Sánchez Rodríguez 2004). El punto de llegada de esta prospec-tiva se produjo, de nuevo, en el Manifiesto-Programa. La política económica desarrollista fue interpretada en aquel documento en forma de capitalismo monopolis-ta oligárquico excluyente frente a otros sectores de la burguesía. Ello coadyuvaba en que el cambio político adquiriese un cariz nacional como “proceso revolucio-nario” donde debía aglutinase un amplio colectivo, integrado por las clases trabajadoras, los pequeños y medianos propietarios o los profesionales liberales. Se trataba de los sectores que habrían de constituir el magma para una movilización —la “huelga nacional pacífica”— que forzase el colapso del régimen.

Descodificación del futuro (1975-1977)El discurso patrimonial comunista manejó, a finales de 1975, dos claves de recuerdo y de expectativas de futuro contrapuestas. En diciembre tuvo lugar el homenaje a la presidenta del partido, Dolores Ibárruri, Pasionaria; y pocas semanas antes, en noviembre, se habían producido la muerte del general Franco y la entronización de su sucesor, el príncipe Juan Carlos de Borbón. El homenaje a Pasionaria debe ubicarse en una dinámica más vasta, que Cruz (1999, 171-177, 202-211) ha categorizado como de “culto a Dolores”, y que se expresaba coincidiendo, por ejemplo, con su ono-mástica. La de 1975 tenía una relevancia especial, no sólo porque era un cumpleaños redondo (su 80 aniversario), sino porque se enmarcó en una destacada campaña anti-franquista que arrancó de los últimos días de septiembre, a raíz de la condena de dos militantes de ETA y otros tres del FRAP tras ser juzgados en Consejo de Guerra. Los últimos fusilamientos del franquismo provocaron una intensa mo-vilización de la oposición, al tiempo que levantaron una ola de rechazo internacional.

Aquel contexto enmarcó los actos de reconocimien-to a Pasionaria celebrados en el Palacio de Deportes de Roma, el 14 de diciembre. Se trató de un gran mitin, al que el PCE le otorgó un doble valor. En primer lugar, como expresión renovada de la idea de aglutinamiento antifascista: en el acto intervino Luigi Longo, que fue comisario de las Brigadas Internacionales y dirigente del PCI, y se cursaron invitaciones para que asistiesen otros dirigentes, como el socialista Pietro Nenni.12 En

12 Dolores Ibárruri, Invitación a Pietro Nenni. 16 de noviembre de 1975. AHPCE, Dirigentes, 22/6.

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segundo término, pretendía reflejar el protagonismo del partido como paradigma antifranquista y factor in-sustituible en cualquier posible ecuación política. En este sentido, el acto escenificó un vínculo entre pasado (la guerra española entendida como primer estadio en la lucha internacional contra el fascismo) y presente (la idea del PCE como vector decisivo frente a la dicta-dura en cuanto fascismo actualizado).

Esta misma dualidad se expresó a raíz de la muerte de Franco. Según un editorial de Mundo Obrero, su desapa-rición física debía conllevar el “fin de un período his-tórico, de sus leyes e instituciones”.13 Sin embargo, las primeras valoraciones ante la sucesión en la Jefatura del Estado recalcaron que se trataba de un intento de puro y simple continuismo.14 Juan Carlos no constituía “el anuncio de una nueva era”, sino que era “un Rey im-puesto”, un “fiel guardián de la herencia de Franco” y de su memoria punitiva.15 Desde el comité provincial de Canarias se saludó el cambio en la jefatura del Estado asociándolo con una oscura muerte producida en Te-nerife, y Mundo Obrero editó un número especial mono-gráfico titulado “La tortura en el reino de Juan Carlos”. Frente a ello, tal y como enfatizó Santiago Carrillo en un mitin en París el 25 de noviembre, acabar con la dic-tadura conllevaba liquidar esas formas de violencia; o lo que era lo mismo, según el prisma formalizado desde 1956: superar el rescoldo aún presente de la Guerra Civil encarnado en la supervivencia del franquismo.16

La agonía de Franco sirvió de contexto donde remarcar la necesidad de unidad de la oposición, con el objeti-vo de establecer un gobierno provisional de coalición y “reconciliación nacional”, que restaurase las libertades políticas y sindicales, decretase la amnistía y convocase elecciones constituyentes.17 Ésa era la médula de la ruptu-ra democrática. Carrillo insistió, en una rueda de prensa celebrada a finales de octubre, en la incapacidad políti-ca y personal de Juan Carlos para instaurar un sistema

13 Editorial. Con el dictador ha de morir la dictadura. Mundo Obrero. 18 de noviembre de 1975. AHPCE, Prensa; Dolores Ibárruri. Alocución a las mujeres españolas. 2 de octubre de 1975. AHPCE, Dirigentes. 22/1; Fin del verdugo. Agonía del franquismo. Declaración del PC de España. Mundo Obrero. 27 de octubre de 1975, 1. AHPCE, Prensa.

14 Comité Provincial del PCE de Valencia. El general Franco ha muerto. 20 de noviembre de 1975. AHPCE, Documentos, 56.

15 Editorial. Libertad, libertad. Mundo Obrero. 25 de noviembre de 1975, 1-2. AHPCE, Prensa.

16 La dictadura de Juan Carlos estrena asesinato en Tenerife. Noviembre de 1975. AHPCE, Documentos, 56; Mundo Obrero. Suplemento. s. f. [ini-cios de 1976]; Santiago Carrillo. 25 de noviembre de 1975. Dirigentes, 6/2.1.1.

17 Fin del verdugo… Mundo Obrero. 27 de octubre de 1975, 1. AHPCE, Prensa.

democrático. Sin embargo, ese rechazo a la monarquía no resultaba incompatible con su declaración de acatar cualquier futura forma de régimen fruto de la decisión popular.18 Tales posicionamientos deben relacionarse con otras percepciones, como la cautela que evidenciaron algunas comunicaciones cifradas entre responsables del partido en Madrid y el secretario general en París. Cua-tro días antes de la muerte de Franco se informó desde España la detención de varios dirigentes, y se estimó que esa medida era “comprensible” ante el inminente falleci-miento del Jefe del Estado.19 A su vez, las especulaciones o el valor otorgado al rumor sobre cuál sería la actitud de otras fuerzas o figuras —como el propio Juan Carlos— dominaron la correspondencia que circuló profusamente entre finales de 1973 e inicios de 1976.

Desde comienzos de ese año el discurso patrimonial y la estrategia comunista se situaron en un doble plano. Por un lado, en el objetivo de robustecer el partido, exten-diendo su presencia —e influencia— entre el movimien-to obrero, pero también en el vecinal, el estudiantil, el profesional o el cultural. Se reafirmaba así una pauta practicada desde finales de los años sesenta, tendiente a convertir al PCE en un “partido de masas en la clandes-tinidad” (Molinero e Ysàs 2008, 23-28). Paralelamente, se insistió en la necesidad de un reforzamiento de su visibilidad pública, pero dirigiéndose a un radio ciuda-dano vasto y genérico. El objetivo era favorecer su re-conocimiento y aceptación, con vistas a un contexto de normalización democrática. Ambos planos pretendían lo mismo: que el PCE alcanzase la hegemonía sociopo-lítica. Un primer apunte de dicha estrategia se formu-ló en la declaración del Comité Ejecutivo de enero, que explicitó el reto de configurar “un partido de cientos de miles de militantes, y miles y miles de cuadros” sus-ceptible de encuadrar la creciente conciencia ciudadana favorable al cambio político.20 Por otra parte, aquéllas fueron semanas de relevante movilización política y laboral, pero el PCE no planteó la posibilidad de una insurrección. Ello constató el paulatino abandono de la “huelga nacional” como instrumento, adecuando, desde entonces y progresivamente, ese objetivo por lo-grar la hegemonía sociopolítica a presupuestos de pre-sión, pero ante todo, de negociación.

18 Rueda de prensa en París de Santiago Carrillo. Unidad de todas las fuerzas democráticas. Mundo Obrero. 4ª semana de octubre de 1975, 4. AHPCE, Prensa; Franco desaparecido. Las tareas del movimiento obrero para que el franquismo desaparezca también. Nuestra Bandera. Noviembre de 1975, 11-34. AHPCE, Prensa.

19 AHPCE, Activistas, 93/435.68. 16 de noviembre de 1975.20 Editorial. Nuestra Bandera. Enero de 1976, 3-13. AHPCE, Prensa.

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Hegemonía significaba, además, cohesión. Un paso fun-damental se produjo en el Pleno Ampliado del Comité Central celebrado en Roma a finales de julio. Se trató de un acto de afirmación del partido, y en él la escenogra-fía resultó tan importante como la resolución política. Se celebraba días después de la designación de Adolfo Suárez como Jefe de Gobierno. En su declaración se acor-dó la disponibilidad del PCE para dialogar con el nuevo Ejecutivo, pero sobre las bases de la coordinación con la oposición y el programa de ruptura. El acto de Roma ex-presó, además, el carácter del PCE como comunidad de valores. Visibilizó su “salida a la superficie”, a través de un evento con importante repercusión mediática, cuyas significaciones dominantes fueron apelar a la memoria antifranquista como legitimación histórica, exigir la le-galización y ratificar la afirmación democrática, ya prác-ticamente en términos de “ruptura pactada”.21

A lo largo del otoño y el invierno se tensó al máximo la maquinaria organizativa. El objetivo era cuantitativo: lo-grar una afiliación inmediata de doscientos mil militan-tes, susceptible de ampliarse hasta los trescientos mil (en aquel momento podría haber en torno a ciento cincuenta mil afiliados). Sobre esa base se planteó una campaña de presentación del partido, aprovechando el creciente clima de tolerancia, que se tradujo en mítines y conferencias, creación de agrupaciones o entregas de carnés. Pero la finalidad última era cualitativa: lograr incrementar su presencia pública, forzar los ritmos de la situación políti-ca y permitir que “todos los ciudadanos, y cada uno de los sectores sociales, conozcan a su partido”.22 La propaganda planteó una imagen en términos de estricto presente, re-calcando que “los comunistas no somos una sociedad se-creta. Somos hombres y mujeres normales y corrientes”, o reiterando su sesgo interclasista como “partido democrá-tico”, “nacional” e “independiente”.23

Esta campaña de visibilidad se producía, empero, en el momento en que las perspectivas de la ruptura se vieron definitivamente frustradas. El 18 de noviembre de 1976 las últimas Cortes de la dictadura aprobaron el Proyecto para la Reforma Política que planteaba su disolución y una in-mediata convocatoria electoral. El proyecto fue refrendado en consulta popular el 15 de diciembre, obteniendo un for-tísimo respaldo (casi el 95% de los votos emitidos). La opo-

21 Santiago Carrillo. De la clandestinidad a la legalidad. 28-31 de julio de1976. AHPCE, Dirigentes, 6/2.2.1.57.

22 Jaime Ballesteros. Informe. Octubre de 1976. AHPCE, Dirigentes, 2/1.2.2.

23 PCE. 57 años de lucha, s. f. [inicios de 1977], e Ingresa en el PCE, s. f. [noviembre de 1976]. AHPCE, Documentos, 284.

sición de izquierdas pidió la abstención, que finalmente se redujo a un 22% del censo. A este hecho se sumó la fallida huelga general impulsada por el PCE el 12 de noviembre y la celebración, en un clima de práctica legalidad, del XXVII Congreso del PSOE (8 de diciembre). Al tiempo, desde el entorno de la extrema derecha se multiplicaron los llama-mientos a un golpe militar. Estos factores ayudan a enten-der el giro comunista, que se fundamentó en una lógica de renuncia, pero también de refuerzo, de parte de su estra-tegia anterior. Los resultados del referéndum forzaron que el PCE desistiese en su exigencia de un gobierno provisio-nal pluripartidista o una consulta popular que aclarara el rumbo definitivo del régimen político (Monarquía o Repú-blica). Pero, simultáneamente, la necesidad de abrogarse una nueva legitimidad representativa facilitó la transac-ción con el gobierno Suárez.

El objetivo prioritario era lograr la legalización antes de las elecciones convocadas para el 15 de junio. Sólo de ese modo podría plantearse una eficaz transferencia entre el papel comunista desempeñado en la dictadura y el futuro protagonismo parlamentario. Según un análisis interno, ese proceso no sería consecuencia de una mera operación electoralista, sino la culminación de una efi-caz vertebración geográfica, profesional e interclasista, basada en socializar el discurso patrimonial del partido. Sólo la solidez organizativa podría forzar la legalización, y sólo la legalización podría permitir esa supremacía electoral. Y para lograrlo era necesario el abandono de-finitivo del viejo proyecto de ruptura, puesto que el refe-réndum de diciembre había evidenciado

La imposibilidad de imponer [ese proyecto] en la forma que originariamente nos planteamos. [Frente a eso] hemos de conseguir ahora que los resultados elec-torales supongan la iniciación del proceso constitu-yente, y, por tanto, de la consolidación de la democra-cia. Pero, además, hemos de crear, en el contexto de la campaña electoral, las condiciones más favorables para avanzar en la construcción del Partido de masas que cada vez nos es más necesario.24

Ese análisis presagiaba algunas condiciones desfavora-bles: en especial, el peso que podían tener otros discursos sobre lo comunista, y, en particular, “la imagen que […] ha creado el franquismo durante los últimos 40 años”. De ahí la concepción de la campaña electoral como ofen-siva que superase ese “rechazo psicológico”, enfocándo-

24 Informe interno sin firma, s. f. [enero-marzo de 1977]. AHPCE, Docu-mentos, 58/2.

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la en clave rectificadora de memoria. Santiago Carrillo y Mundo Obrero lo plantearon así. El informe de Carrillo del 15 de abril ante el Comité Central, el primer docu-mento aprobado tras la legalización, no aludió a ningu-na renuncia ni claudicación, sino que se presentó como “victoria de la reconciliación nacional”, apelando a la formulación integracionista planteada en 1956.25

Conclusión. Recuerdo y olvido comunista en la transición Valorar el discurso patrimonial y las estrategias de me-moria del PCE conlleva situarlos en relación con las po-líticas de recuerdo de la transición, una fase que ha sido considerada como paradigma de cambio pacífico y con-senso, fruto de una nueva cultura ciudadana, en una di-námica apuntalada gracias al liderazgo de la Corona y las élites reformistas (Edles 1995). Dicha perspectiva ha favo-recido una visión hagiográfica del período. Frente a ese enfoque providencialista, se ha resaltado la complejidad de las variables históricas de 1976, donde se entrecruzó la presión de la oposición junto a sus límites y errores de análisis sobre el asentimiento social ante la monarquía recién nacida. A ello se añadió la progresiva articulación gubernamental del cambio político hacia márgenes de-mocratizadores, en parte inicialmente “no deseados” por Adolfo Suárez, y, como trasfondo, la “perennidad” de un sector notable de la élite derivada del entramado fran-quista (Gallego 2008, 15-16).

Otros puntos de vista han establecido lecturas sobre las políticas de recuerdo en la transición. Aguilar (2008, 233-238) ha resaltado cómo las tensiones políticas —y, en particular, la presión del terrorismo o el riesgo de una involución golpista— coadyuvaron en una lógica balsá-mica de borrón y cuenta nueva. Ello conllevó que la me-moria oficial prescindiese de antecedentes históricos (ni la Monarquía de Alfonso XIII ni la etapa republicana ocu-paron esa función). Molinero (2010) ha indicado el des-ajuste presente entre ese plano institucional de memoria oficial y otras evocaciones sociopolíticas. La transición rompió con el pasado franquista. Sin embargo, también supuso la neutralización de la memoria reivindicativa de los vencidos. Finalmente, Cuesta (2007, 127-128) ha esti-mado cómo el acuerdo político que permitió el consenso constitucional no fue asumido en ciertos ámbitos cultu-rales o historiográficos, ni fue consecuencia de una am-

25 Informe político presentado al Pleno del CC. 14-15 de abril de 1977. AHP-CE, Documentos, 284; ver Mundo Obrero, 25 de abril a 1° de mayo de 1977, 4.

nesia colectiva, sino más bien de todo lo contrario: de la presencia de una intensa memoria traumática.

El discurso patrimonial y la memoria oficial del PCE de 1977 se apoyaron en valores anteriores, adecuándolos a nuevos condicionantes. Resultaron coherentes con unos princi-pios que evidenciaban desideologización, moderantismo o potencial pragmático de pacto. Pero también fueron com-patibles con la estrategia de la presión, y se orientaron a captar y movilizar apoyos sociales (Treglia 2012, 296-297). La defensa de la democracia pluripartidista y la insisten-cia en consolidar un régimen parlamentario vertebraron su campaña electoral. Esos enfoques contradecían los ribe-tes más radicales de su identidad histórica, pero eran tesis coherentes con la semántica del partido formalizada desde hacía décadas (Carrillo 1983). Álvarez Tardío (2004, 240) ha resaltado la percepción generalizada de la transición como etapa que aspiró a erradicar la violencia. Esa visión fue fruto, entre otras cuestiones, de relatos como el elaborado desde la memoria oficial del PCE, que resaltaba —dándole valor— un horizonte nacional conciliador e inclusivo.

Sin embargo, la Guerra Civil siguió actuando como espacio simbólico en la memoria comunista. En este sentido, cabe considerar la coexistencia de distintos planos de visibilidad y elusión. En 1977 se remarcó el valor de la política de reconciliación nacional entendi-da como reactivo frente a la memoria franquista y sus mitos de “Cruzada” y “Victoria”, aún muy presentes en ámbitos del empresariado, la Iglesia, la judicatura, las fuerzas policiales o el Ejército. Tal y como temía la dirección del PCE, la legalización provocó reacciones críticas. Para algunos sectores el partido seguía con-sustancialmente imbricado con la intolerancia y la violencia. Santiago Carrillo había aludido, en vísperas de la muerte de Franco, a la instrumentalización de las clases medias o de “sectores atrasados de los trabaja-dores” temerosos de una nueva guerra civil o una de-riva radicalizada como la portuguesa de 1975, durante el Proceso Revolucionario en Curso,26 más allá de las profundas diferencias existentes entre el PCP y el PCE (Cardeira 2012). Tanto antes de la legalización como en vísperas de las elecciones, medios conservadores y ultraderechistas recuperaron imaginarios como el es-talinismo o la represión en la retaguardia republicana (Gibello 1977; Martínez Bande 1977). En tales coordena-das, el discurso y las evocaciones de memoria comunis-ta se convirtieron en ejercicios defensivos, orientados

26 Franco desaparecido… Nuestra Bandera. Noviembre de 1975, 7. AHP-CE, Prensa.

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a neutralizar esas visiones del partido o de alguno de sus líderes, en especial del propio Carrillo.

Desde fines de 1976 el principal objetivo del PCE fue re-validar en las urnas el protagonismo ganado durante el franquismo. Pero no deben obviarse otros factores que condicionaron la legalización, como el interés de Suárez por lograr la fragmentación del voto de izquierdas. A su vez, sondeos practicados a inicios de 1977 evidenciaron que reconocer el PCE robustecería la credibilidad del pro-ceso democrático, y que era una decisión con claro respal-do social (Varela-Guinot 1990, 7-20).

La campaña electoral comunista de 1977 se fundamentó en la idea de superación colectiva del conflicto. El men-saje lanzado al electorado fue que la guerra —y por exten-sión, la experiencia republicana— no era un factor que determinase la estrategia comunista. El PCE no había olvidado el enfrentamiento violento, sino que, más bien, lo había superado catárticamente. De este modo, se produjo la aparente contradicción de un PCE situado, de hecho, a la izquierda del PSOE, pero que manejaba un discurso más moderado que el socialista respecto a la in-vocación republicana. Otro tanto ocurrió frente a la ex-trema izquierda —aún ilegal en la primavera de 1977—, para quien la política de reconciliación nacional vivifica-ba la diferenciación frente al PCE, al estimar que eviden-ciaba su traición al pasado (Laíz 1995, 30).

El PCE incorporó a mediados de los setenta como seña ideológica el eurocomunismo, que remarcaba la indepen-dencia frente la URSS y presuponía que la profundización democrática permitiría una evolución gradualista y pacífica hacia un “socialismo en libertad”. Sin embargo, aquel pro-yecto convivió con otras concesiones. El partido no impidió la restauración monárquica, ni forzó su destronamiento o cuestionamiento plebiscitario. Como ha señalado Andra-de (2012, 46-47), ese hecho actuó como “mecanismo de in-hibición de la identidad ideológica”. En diciembre de 1976 Carrillo aún defendía una “república democrática”, si bien recalcando que “el Rey está ahí [y] es una realidad”.27 Era un enfoque coherente con la paulatina invisibilidad sufrida por la reivindicación republicana desde 1956, hasta llegar a su neutralización frente a una tríada de propuestas —eleccio-nes, amnistía y libertades—, equiparables a las finalmente asumidas en el proyecto reformista de Juan Carlos I y Adolfo Suárez. Sin embargo, algo que de manera inicial podía ser táctico —la renuncia circunstancial al proyecto republica-

27 La conferencia de prensa de Santiago Carrillo en Madrid. Mundo Obre-ro. 20-26 de diciembre de 1976, 6. AHPCE, Prensa.

no, con vistas a asegurar la normalización democrática y del propio PCE como partido de masas según el modelo del PCI— acabó convirtiéndose en estructural, al derivar en el respaldo a las políticas de consenso y estabilización encar-nadas en los Pactos de la Moncloa (1977) y la Constitución (1978). El PCE tampoco exigió responsabilidades jurídicas por la represión y apoyó la Ley de Amnistía promulgada en octubre de 1977, donde se eximía de dichas responsabilida-des. La lógica era que, para sofocar el peligro de un bloqueo democrático —por la presión militar o la acción involucio-nista de sectores conservadores—, resultaba inevitable neu-tralizar cualquier posible uso revanchista de la guerra o la dictadura. La posición comunista ante la represión no fue muestra, por tanto, de amnesia estructural o humillante silencio, sino que expresó un olvido selectivo instrumental.

Sin embargo, la Guerra Civil se mantuvo también en todo este contexto como capital de memoria épica, esencial-mente entre el tejido militante comunista, en dimensio-nes como su carácter antifascista, el mito frentepopulista como proyecto progresivo, o respecto a su valor en términos de legitimación histórica. Las referencias a la guerra verti-das en documentos orgánicos editados en el verano de 1977 siguieron reiterando el esquema interpretativo formulado en los años sesenta y consagrado en el Manifiesto-Programa de 1975.28 Por su parte, las Fiestas del PCE —un modelo de congregación de militantes y simpatizantes que seguía la pauta italiana de las Fiestas de L´Unità— sirvieron como punto de encuentro de expresiones identitarias y de afir-mación colectiva que entremezclaron la iconografía tradi-cional —si bien ya sin enseñas republicanas—, los hitos fundacionales y la evocación como epopeya de 1936.

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* Este trabajo es producto del proyecto de investigación 153597, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, del cual el autor es titular. El autor agradece los comentarios de los revisores anónimos de este texto.

v Profesor-investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte, México. Correo electrónico: amonsi@colef.mx

La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático*

RESUMEN En este trabajo se argumenta que la democracia debe ser un objeto de interés para las políticas públicas. Ante algunas objeciones provenientes de la teoría política, se muestra que las políticas relevantes para la democracia son las que incumben a la realización del principio de inclusión política efectiva. Esto implica llamar la atención hacia el diseño institucional del régimen, las condiciones que promueven los valores, la competencia y la representación democrática, y los modelos participativos en las políticas públicas. También se discuten algunos factores relacionados con los procesos de cambio institucional que afectan a las políticas relacionadas con la democracia. Este planteamiento pretende contribuir a promover un diálogo más activo entre la teoría política, el análisis comparado y los estudios de política pública.

PALABRAS CLAVEDemocracia, teoría normativa, política pública, diseño institucional, participación, representación.

Democracy as Public Policy: Opportunities for Strengthening DemocracyABSTRACTThis paper will argue that democracy should be treated as an object of policy studies. Against some opposing theoretical views stemming from political theory, I will sustain that the public policies which are relevant for democracy are those pertaining to effective political inclusion. This requires casting light on the institutional design of political regimes, on the conditions that promote democratic values, electoral competition and political representation, and on the models of participatory governance in public policy. This paper will also discuss some factors related to the processes of institutional change that affect policies related to democracy. This paper aims to stimulate a more dynamic dialogue between political theory, comparative politics and policy studies.

KEY WORDSDemocracy, normative theory, public policy, institutional design, representation, participation.

A democracia como política pública: oportunidades para o fortalecimento democrático RESUMONeste trabalho, argumenta-se que a democracia deve ser um objeto de interesse para as políticas públicas. Ante algumas objeções provenientes da teoria política, mostra-se que as políticas relevantes para a democracia são as que incumbem à realização do princípio de inclusão política efetiva. Isso implica chamar a atenção para o desenho institucional do regime, para as condições que promovem os valores, para a competência e a representação democrática, e para os modelos participativos nas políticas públicas. Também se discutem alguns fatores relacionados com os processos de mudança institucional que afetam as políticas relacionadas com a democracia. Essa abordagem pretende contribuir para a promoção de um diálogo mais ativo entre a teoria política, a análise comparada e os estudos de política pública.

PALAVRAS-CHAVEDemocracia, teoria normativa, política pública, desenho institucional, participação, representação.

Fecha de recepción: 30 de octubre de 2012Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013Fecha de modificación: 29 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.02

Alejandro Monsiváis Carrillov

La democracia es un tema central para la filoso-fía política, la teoría constitucional y la inves-tigación política comparada (Christiano 2003; Shapiro 2003; O´Donnell 2010). Pero desde estos campos suele ponerse poca atención a los

programas públicos que se requiere implementar para conseguir que los mecanismos de la democracia funcio-nen. Para los estudios sobre política pública, a su vez, la democracia es ante todo una condición dada en el tras-fondo, que enmarca la definición e implementación de políticas sectoriales y transversales (véase, a manera de ilustración, Bardach 2009; Kraft y Furlong 2009; Guess y Farnham 2011). El objetivo de este trabajo es mostrar que la democracia amerita ser tratada de manera sistemática como un fenómeno que se materializa a través de un am-plio conjunto de políticas y programas públicos.

Para fortalecer la democracia, y en especial las democracias emergentes, hacen falta visión y voluntad políticas, pero también la capacidad de resolver cuestiones prácticas de di-seño institucional y edificación de programas. No se trata de “despolitizar” la democracia sugiriendo que su sosteni-bilidad puede ser vista como una cuestión de planeación estratégica o de un análisis costo-beneficio, sino de llamar la atención hacia las instituciones, las políticas y los pro-gramas que constituyen el soporte de la participación, la competencia y la gobernanza democráticas.

Este planteamiento pretende contribuir a promover un diá-logo más activo entre la teoría política, el análisis compa-rado y los estudios de política pública. Para desarrollar este argumento comenzaré defendiendo la idea de que la demo-cracia puede ser considerada una cuestión que incumbe a la política pública. En segundo lugar, señalaré que las po-líticas públicas relevantes para la democracia son aquellas necesarias para realizar el principio de inclusión política efectiva. Esto permite identificar tres áreas de oportuni-dad: el diseño institucional del régimen, las condiciones que promueven los valores, la competencia y la representa-ción democrática, y los modelos participativos en las políti-cas públicas. Discutiré cada uno de estos temas, para luego introducir algunas consideraciones acerca de los principa-les desafíos que enfrentan las iniciativas de cambio y refor-ma en las políticas relevantes para la democracia. El texto concluye con una reflexión final.

La democracia como objeto de la política públicaLa democracia es un objeto de investigación propio de la teoría y la filosofía política y del estudio compara-

do de los regímenes políticos. La teoría política discu-te los fundamentos normativos de la democracia, su consistencia lógica y su acomodo con otros principios e ideales morales y políticos (cf. Estlund 2009; Knight y Johnson 2011). La investigación empírica sobre la democracia analiza cuáles son sus formas, manifes-taciones y determinantes, y sus consecuencias para la estabilidad política, el desarrollo económico o el bienestar social (Boix 2003; Inglehart y Welzel 2005; Przeworski et al. 2000). La teorización normativa y la investigación empírica sobre la democracia constitu-yen dos campos especializados de indagación, a pesar de que constantemente las cuestiones que se plantean en un campo confluyen con las que se discuten en el otro (Munck 2009; Przeworski 2010; O´Donnell 2010).

El campo en el que la democracia no ha encontrado un lugar claramente definido es en el del estudio de las polí-ticas públicas. Considerando las diferencias en las teorías sobre la política pública (Sabatier 2007), se puede decir que bajo este rubro se inscriben cuestiones relacionadas con el estudio de los modelos de definición, planeación, implementación y evaluación de las acciones que se rea-lizan con un carácter obligatorio en nombre del interés público (Kingdon 2002). En ese sentido, la política públi-ca no es simplemente una acción de relevancia colectiva o que involucre a distintos actores gubernamentales y sociales. Es una acción que, a través de distintos medios, pretende alcanzar un objetivo que está respaldado por la legalidad y la autoridad estatales.

La cuestión aquí, entonces, es ésta: ¿puede ser la demo-cracia considerada como un objeto de la política pública? De forma intuitiva, dado que la democracia es por defi-nición un asunto que involucra a la comunidad política en su conjunto, podemos considerar con toda naturali-dad que puede serlo. Sin embargo, por más intuitiva que parezca, la idea de considerar la democracia como objeto de la política pública puede dar lugar a varias objecio-nes, que quedan sintetizadas en este planteamiento: si la política pública es una intervención autorizada desde la esfera gubernamental, que se realiza conforme a un programa estratégico de acción, entonces la democracia no puede ser un objeto de la política pública, debido a las condiciones de “politización”, “autogobierno”, y “equili-brio” que caracterizan la democracia.

La politización es una característica ontológica de la democra-cia. Es esa cualidad la que la hace elusiva al voluntarismo o la acción unilateral, pues se asume que la comunidad política, la ciudadanía, las leyes y la acción pública son instancias cuyos sentidos están permanentemente en

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disputa (Mouffe 2000; Rancière 1999). Desde este punto de vista, es objetable la idea de que la democracia pueda quedar regulada —“domesticada” o “despolitizada”, por así decir— por los modelos de la gestión pública. Para ser justos, es cierto que la ontología política de la de-mocracia se define por la controversia y la disputa tanto simbólicas como políticas. Pero los desacuerdos normativos, la institucionalización contingente y la inestabilidad también caracterizan las políticas públi-cas. La distinción que hay que hacer, en todo caso, es la que hay entre la filosofía constitutiva de la democracia y el nivel de institucionalización que un régimen al-canza. En la práctica, cuanto mejor institucionalizado esté un régimen, los principios democráticos pueden operar de una forma más vibrante y auténtica. Las po-líticas públicas contribuyen a tal propósito.

Una objeción más de fondo proviene de asumir que el principio rector de la democracia es el autogobierno.1 En teoría, cuando una comunidad política adquiere plena soberanía, se asume que la democracia se convierte en la forma de organización política de esa colectividad. Aunque esta noción sea en la práctica mucho más com-pleja, lo que implica es que la democracia sería una forma de coordinación política que emana de la volun-tad del colectivo. Podrá instituirse como resultado de una serie de procesos históricos y sociales, pero más allá de modelos constitucionales y de instituciones concretos, la democracia tendría que operar a partir de la transformación de las voluntades individuales en una voluntad colectiva, que sería el auténtico sustra-to del autogobierno. Esta objeción no tiene en cuen-ta, en primer lugar, que la teoría contemporánea de la democracia ha dejado atrás las nociones sustantivas del autogobierno, para dar paso a modelos que tienen como punto de partida la noción de la “soberanía popu-lar como procedimiento” (Habermas 1998). En segundo lugar, se pasa por alto que las normas, las institucio-nes y los procesos democráticos no están atados a los gobiernos nacionales: los procesos políticos transna-cionales y el derecho internacional también pueden pensarse en clave democrática (Bohman 2010).

Un planteamiento ligeramente distinto es introducido por la noción de la democracia como equilibrio (Przeworski 1991). En la que se entiende la democracia como un equi-

1 Uno de los exponentes clásicos de este planteamiento es Rousseau (2003). Es conocida la crítica que hace Schumpeter (1970) a esta vi-sión, “clásica”, de la democracia. Przeworski (2010, 17-43) revisa y replantea la crítica al ideal de la democracia como “autogobierno”.

librio estratégico, que representa la decisión racional para cualquier actor en una situación dada. En este caso, se enfatiza que la democracia no se consigue por decreto ni se sostiene a partir de un mandato externo. Su atri-buto principal es su autosostenimiento, en la medida en que se convierte en el punto de equilibrio en torno al cual convergen las consideraciones utilitarias de los actores. En la práctica, obviamente, no siempre se alcanza el equilibrio democrático, puesto que ciertos agentes pue-den encontrar otras vías más eficientes para alcanzar sus fines. Lo que esto implica es que las políticas destinadas a preservar y fortalecer la democracia estarían de más. En última instancia, lo que importa es el cálculo estraté-gico de los actores poderosos.

La concepción de la democracia como un equilibrio estra-tégico sería la razón más fuerte para desestimar que la democracia pueda ser objeto de política pública. Si la soste-nibilidad de la democracia depende del cálculo de costos y beneficios, jugar bajo tales reglas supone para los agentes decisivos que lo que se haga o deje de hacerse en materia de política pública es inconsecuente. Enfocando más la lente, sin embargo, se puede concluir precisamente lo contrario. La edificación de instituciones y procesos que constituyan garantías de imparcialidad, inclusión y equidad en la con-tienda por el poder y de responsabilidad en el ejercicio del gobierno puede influir decisivamente en los cálculos de los agentes. Es más probable que un agente acepte resultados adversos a sus preferencias si la evidencia pública muestra que las condiciones han sido justas o imparciales, que si percibe, en cambio, que hay una ostentosa manipulación de las instituciones a favor de alguna de las partes.

Estas consideraciones sirven al propósito de dar sus-tento a la intuición normativa de que la democracia puede ser un objeto de la política pública. Si hiciera falta, este hecho es reconocido en la práctica por múl-tiples actores sociales y políticos que impulsan refor-mas y cambios de distinta índole: la representación legislativa de minorías, la equidad en las campañas electorales, la fiscalización de los partidos políticos y la participación en los gobiernos locales, entre muchos otros. Lo mismo puede decirse de las acciones promovi-das por organizaciones como el Institute for Democra-cy and Electoral Assistance (IDEA) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las tareas de asistencia y promoción de la democracia a escala internacional, a partir de esfuerzos multilaterales, de agentes gubernamentales u organizaciones indepen-dientes son tan numerosas y dinámicas que han dado lugar a una creciente agenda de investigación (Burnell 2008; Buxton 2006).

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Temas Varios

Democracia e inclusión efectivaHablando en términos más precisos: ¿qué significa que la democracia sea un tema de interés para las políticas públicas? Hay que comenzar por especificar el dominio en el que aplica esta cuestión. Este dominio está cons-tituido por los regímenes que cumplen con los criterios mínimos para ser considerados democracias: elecciones libres y limpias, sufragio universal, libertades civiles, de asociación y de expresión, entre otros (Munck 2007; Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñan 2007). Por lo tanto, las políticas públicas que son de interés en este marco son aquellas que están implicadas en la operación de la democracia, más que aquellas vinculadas con las transi-ciones desde los regímenes autoritarios.

Sería poco práctico hacer una lista de las políticas y los programas públicos que podrían ser democráticamente relevantes. Es más conveniente identificar el objetivo que deben perseguir esas políticas. Entonces, la pregun-ta es ésta: ¿qué persigue una política pública que tiene por objeto la democracia? Puede parecer obvio, pero su co-metido es optimizar los bienes democráticos. Son bienes democráticos aquellos que garantizan que la conducción de los asuntos públicos en un régimen político dependa en última instancia del juicio político colectivo de un conjunto de ciudadanos que se reconocen como libres e iguales. Este precepto está formulado todavía en un plano normativo y abstracto; pero sirve para distinguirlo de otros fines de la política que podrían confundirse con bienes asociados a la democracia. Por ejemplo, se podría esperar que una política de fortalecimiento democrático combatiera la corrupción o la impunidad, o que promo-viera unas políticas sociales específicas. Por deseables que sean estos fines, no constituyen propiamente el foco de las políticas de robustecimiento democrático.

Para avanzar un paso adelante es necesario hacer otra distinción: por un lado, hay condiciones asociadas con el funcionamiento de la democracia, y por el otro, se en-cuentran los atributos que constituyen este régimen. Las condiciones son los factores externos que inciden en el desempeño de la democracia, pero que no deben confun-dirse con sus atributos. Hay cuatro tipos de condiciones externas que son importantes en este contexto. El primer tipo es el de la solidez de la burocracia estatal. Mazzuca (2007) considera que los problemas que se le atribuyen a la “calidad” de la democracia en realidad se originan en una burocratización insuficiente de la administración pública. En lugar de constituir un aparato profesiona-lizado y eficaz, el Estado se encuentra atrapado por re-laciones neopatrimoniales de patronazgo, clientelismo

y particularismo. Para que la democracia funcione hace falta una burocracia estatal profesionalizada y eficiente —pero la construcción de esta burocracia, por más rele-vante que ésta sea, no es en sentido estricto parte de una política de fortalecimiento democrático—.

Una segunda condición es de carácter normativo, y está estrechamente vinculada con la edificación de un poder estatal apegado a los derechos humanos. En el Estado de derecho, la acción estatal debe quedar limi-tada y controlada por la legalidad —una legalidad que, por principio de cuentas, protege la libertad y el pa-trimonio de los individuos—. Llevando más lejos este planteamiento, la legalidad que organiza el ejercicio de la autoridad estatal debe estar formulada de tal ma-nera que contribuya a lograr que cada persona pueda tener una vida digna y plena (Donnelly 2006). Esto im-plica introducir la noción de los derechos humanos en el centro de la concepción del Estado de derecho. Sin embargo, la articulación normativa entre legalidad, derechos humanos y democracia no debe confundirse con una realidad empírica. La construcción del gobier-no de la ley, la práctica de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia son procesos que pue-den seguir trayectos distintos y ritmos dispares.

Las dos condiciones siguientes están asociadas con la idea de una democracia sustantiva. Para ser real, se po-dría decir, una democracia debe estar basada no simple-mente en una igualdad política formal o procedimental. Esto supone que los ciudadanos serían iguales tanto en términos políticos como en términos de bienestar social, que constituirían una auténtica comunidad democráti-ca, y no estarían meramente aglutinados en torno a una serie de procedimientos. Este postulado se cumpliría si y sólo si se verificaran tres condiciones. La primera, que exista un régimen que permite el debate público y la competencia por los puestos de gobierno; la segunda, que las condiciones materiales de vida de la población sean homogéneas en cuanto a distribución de la renta, el bienestar y el desarrollo humano. La tercera, que exista una auténtica integración social entre los miembros de la sociedad política.

Si se acepta este postulado, sólo podrían considerarse democráticos aquellos regímenes con elecciones com-petitivas en los que haya una distribución del ingreso igualitaria y una cohesión social fuerte. Su número quedaría reducido a unos cuantos. Pero la razón para rechazar este planteamiento no es simplemente que reduzca la contabilidad de democracias en el mundo. Se fundamenta en la especificidad propia de la demo-

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cracia política. La democracia es una forma de condu-cir los asuntos públicos, de tal manera que permita adoptar decisiones legítimas y colectivamente eficien-tes bajo condiciones de preferencias heterogéneas, convicciones normativas plurales y diversas estructu-ras de distribución del bienestar.

¿Cuáles son, entonces, los atributos de la democracia que deben ser considerados temas clave de la política pública? El ideal de la democracia es distribuir de mane-ra equitativa el poder político en el régimen, de manera que todos aquellos que se vean implicados por las accio-nes o decisiones de la autoridad pública participen en la configuración y el control de esa autoridad. Si en la so-ciedad existen desigualdades debidas a la prosperidad, el talento, el mérito, la suerte, la condición sociocultu-ral o cualquier otro atributo, esas diferencias no debe-rían traducirse en disparidades políticas. Para que esto no suceda, el sistema político debe estar basado en el principio de inclusión efectiva, o empowered inclusion, en los términos de Warren (2006): cada persona debe tener iguales oportunidades de participar en los asuntos pú-blicos. Este precepto se traduce en derechos e institucio-nes políticos concretos. El más conocido es la norma de “una persona, un voto”, pero sus implicaciones pueden generalizarse de manera más amplia.

Para fines heurísticos, una imagen un tanto esti-lizada de la democracia sería ésta: se trata de un ré-gimen en el que la población adulta está facultada y tiene oportunidades equitativas para participar en los asuntos públicos; en el que se aceptan y se fomentan el disenso, la contienda argumental, la oposición pro-gramática; un sistema en el que los hechos y razones, las expectativas y las pruebas, se presentan y discuten en los espacios públicos, hasta construir acuerdos y formar mayorías autorizadas para elaborar las leyes y políticas; un régimen de gobierno que actúa conforme a las rutas trazadas por la deliberación pública en los espacios y momentos previstos para ello, y en el que la ciudadanía emite un veredicto político y electoral acer-ca de la calidad de los procesos y los resultados. Sería de esperar que en este régimen la conducción de las políticas rindiera resultados colectivamente óptimos y que las instituciones y los gobernantes contaran con aprobación y legitimidad públicas.

Si se quiere hacer realidad esta imagen hay que contar con ciudadanos activos y capaces de tener incidencia pública, partidos representativos, funcionarios respon-sables, líderes visionarios, y demás. Pero también se requieren instituciones, organizaciones públicas y pro-

gramas que sostengan la operación cotidiana de la demo-cracia. En los siguientes apartados discutiré algunas de las claves necesarias para estudiar las políticas que cum-plen funciones centrales para la democracia.

La configuración institucional de la democraciaLa democracia requiere una estructura institucional que regule la manera en que se articulan preferencias políticas, deliberación pública, votos, poderes legisla-tivos, políticas públicas y mecanismos de rendición de cuentas.2 Esta estructura está integrada por las insti-tuciones formales, como las constituciones políticas, las leyes y los ordenamientos normativos o reglamen-tarios que están respaldados por la autoridad del Es-tado (Carey 2000), pero también por las instituciones informales, que pueden llegar a tener igual o mayor influencia que las formales en la operación de la demo-cracia (Helmke y Levitsky 2004).

El conglomerado de instituciones formales e informa-les que constituyen unas democracias es producto de la historia y sus contingencias. Esto significa que son consecuencia de procesos de sedimentación social de largo plazo y que en su historia llevan las huellas de los conflictos en los que esas estructuras han estado inmersas. Las instituciones democráticas, al mismo tiempo, son resultado de propósitos y estrategias polí-ticos que surgen como respuesta a coyunturas precisas (Katznelson y Weingast 2005). Han sido promovidas por actores y líderes concretos que, con mayor o menor éxito, han tratado de dar una orientación específica a esas instituciones. Las instituciones perduran, pero sus contenidos, sentido y consecuencias se ponen en juego cotidianamente. Aunque en buena medida el entorno institucional viene “dado”, y es por lo general difícil revertirlo o cambiarlo de fondo, es susceptible de ser reformado. Esta tensión entre permanencia y cambio llega a ser institucionalizada en los regímenes democráticos. Por ejemplo, se espera que la estructura institucional de un régimen sea estable y esté investida de valor simbólico (Huntington 1968) —como la consti-tución norteamericana, por ejemplo, que permanece inalterada en lo básico—. Al mismo tiempo, todas las

2 Los enfoques institucionalistas han tenido una extensa influen-cia en el estudio de la política y la democracia. Para un panorama general y las diversas agendas de investigación vigentes, véan-se: Goodin (2003), Rhodes, Binder y Rockmann (2008) y Shapiro, Skowronek y Galvin (2007).

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Temas Varios

constituciones tienen previsiones para ser reformadas, usualmente mediante mecanismos que dificultan los cambios oportunistas.

Es cierto que el cambio constitucional o las reformas a las instituciones políticas no siempre obedecen al propósito de optimizar el bienestar colectivo —la hipótesis suele ser que los políticos o los partidos buscan maximizar su poder (Benoit 2007)—. Sin embargo, aun en situaciones en las que se pretenda construir instituciones dirigidas al interés público, no es posible elegir de manera axio-mática. Las instituciones tienen múltiples efectos, y no todos ellos son convergentes. La eficacia, decisión y adaptabilidad tienden a estar en oposición respecto a la representatividad, la inclusión y la política de la nego-ciación. En los sistemas presidenciales, el fortalecimien-to del poder ejecutivo puede ser aprovechado por líderes poco dispuestos a someterse al contrapeso de otras insti-tuciones; simétricamente, el pluralismo en el Congreso puede dar entrada a partidos pequeños que ejerzan chan-taje sobre el partido en el gobierno. Tensiones seme-jantes se encuentran en otros bloques institucionales: sistemas electorales que fortalezcan los partidos políticos pueden ir en detrimento de la conexión electoral con los votantes, mientras que las reglas electorales personali-zadas pueden generar clientelismo y particularismo. La centralización de la autoridad puede inducir a poca res-ponsabilidad, inflexibilidad, y a ser poco eficiente; la descentralización o el federalismo pueden producir des-coordinación y fragmentación.

Para abordar las cuestiones de diseño institucional, por lo tanto, es prudente ir paso a paso y no perder de vista las implicaciones en el conjunto de cambios focalizados y puntuales. Al propio tiempo, es preciso tener en cuenta que la configuración institucional de la democracia tien-de a seguir pautas generales en la organización del poder. Esto es importante para evaluar la congruencia global del diseño institucional de la democracia. De acuerdo con Lijphart (2000), las democracias en el mundo se apegan a modelos de tipo mayoritario o de tipo consensual. En los primeros se tienen instituciones que inducen a la re-ducción de actores en el espacio político y la formación de mayorías compactas y decisivas; en los segundos se incentivan el pluralismo, la inclusión y la coordinación negociada entre múltiples actores. El planteamiento de Lijphart contribuye a entender mejor el funcionamiento de los regímenes parlamentarios o semipresidenciales, pero no muestra de qué manera los sistemas presiden-ciales pueden adoptar esquemas consensuales de coordi-nación política. El modelo “neomadisoniano” de Carroll y Shugart (2007) resulta más certero para explicar las

dinámicas políticas de estos regímenes. Estos autores muestran que los sistemas presidenciales dispersan el poder en relaciones de autorización y transacción, y re-saltan, al mismo tiempo, las dificultades en el proceso de formulación de políticas que pueden surgir a raíz de la fragmentación del espectro político.

La tensión de fondo parece radicar, como sugieren Ge-rring y Thacker (2008), en la manera en que los arreglos institucionales configuran la autoridad democrática. De acuerdo con estos autores, una larga tradición de teóricos y analistas políticos han resaltado las virtudes de los modelos que fragmentan y dispersan el poder. En cambio, ellos favorecen un modelo “centrípeto” de la de-mocracia, en la que la inclusión y la proporcionalidad pueden contribuir a la toma oportuna y eficaz de decisio-nes si se combinan con reglas que faciliten la concentra-ción de la autoridad democrática. A partir de evidencia empírica muestran que los sistemas parlamentarios con sistemas electorales de lista cerrada y de partidos fuertes tienen mejor desempeño que otros sistemas con mayor dispersión del poder. Los hallazgos son sugerentes, pero no han cerrado de manera definitiva el debate. Su contri-bución principal consiste en describir de qué manera se pueden combinar el pluralismo y la eficacia política en un modelo democrático de gobernanza.

Los resultados de la investigación empírica en torno a las instituciones de la democracia ofrecen valiosos insumos para impulsar y orientar procesos de cambio y reforma institucional. En tales procesos, el contexto importa, y es deseable que las alternativas sean discutidas y deba-tidas ampliamente en la esfera pública y los espacios de decisión. Los tomadores de decisiones —líderes, legisla-dores, asambleas constituyentes— deben alcanzar equi-librios entre sus aspiraciones normativas, las demandas de la ciudadanía, las problemáticas a las que pretenden dar respuestas y las características de las reglas que pro-mueven. Es tentador ofrecer soluciones drásticas o intro-ducir reformas parciales sin considerar el efecto global de las mismas. Por ejemplo, la introducción de mecanismos de democracia directa como reacción a la desconfianza ciudadana en las instituciones representativas puede constituir un remedio parcial o incluso contraproducen-te. Los problemas de la representación pueden encontrar solución a través de reformas en las propias instituciones representativas. Promover la influencia ciudadana en la toma de decisiones puede también lograrse a través de otros mecanismos de gobernanza, y no solamente a tra-vés de figuras como la iniciativa popular o el referéndum —abordaré esta cuestión más adelante, al entrar en el tema de la participación y las políticas públicas—. De la

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misma manera, puede ser más efectivo hacer reformas puntuales en un sistema presidencial que dar un salto, sin poner atención al detalle, del presidencialismo al parlamentarismo. En este sentido, Colomer y Negretto (2005) han sugerido una serie de medidas precisas y via-bles para “parlamentarizar” el presidencialismo. No se trata de armar un pastiche sino de incorporar mecanis-mos para la formación de mayorías en regímenes que, como regla general, tienden a promover la fragmenta-ción legislativa, el bloqueo o la acción unilateral.

La inclusión efectiva: valores, competencia y representaciónLa democracia requiere la existencia de condiciones que promuevan oportunidades equitativas para tomar parte en los asuntos públicos y, particularmente, en los procesos electorales. Las leyes, agencias guber-namentales, políticas, y los programas públicos, son necesarios para ofrecer garantías y oportunidades de inclusión, equidad e imparcialidad. Puesto de otra forma, se requiere una activa regulación y una inter-vención estatales para robustecer la calidad de la par-ticipación política, el debate público, la formación de organizaciones políticas y la competencia por los votos y los puestos de elección popular.

El punto de partida es la constitución jurídica, institu-cional y simbólica del demos: los preceptos que definen quiénes y bajo qué condiciones están facultados para autogobernarse. Es aquí donde se ponen en juego los umbrales para el acceso a la ciudadanía y el ejercicio de los derechos políticos. Un régimen democrático está ba-sado en el principio de que la población adulta, por enci-ma de cierto umbral de edad, tiene derecho a asociarse, votar y ser votada. Este principio contempla restriccio-nes, que están ligadas a situaciones particulares: una edad por debajo del umbral requerido, estar cumpliendo una pena por la comisión de un delito, ciertas formas de trastornos psicopatológicos, o la condición migratoria, entre otras. Al definir las condiciones de habilitación del acceso y ejercicio de los derechos políticos, empero, debe buscarse la aplicación de medidas que otorguen ga-rantías, que busquen limitar las restricciones estableci-das sobre criterios que pudieran ser discriminatorios o inconsistentes con los parámetros internacionales de promoción de los derechos humanos.

En segundo lugar, para impulsar la equidad e inclu-sión políticas es indispensable promover una robusta cultura pública, que pueda apropiarse y darles sentidos

concretos a valores como participación, deliberación, pluralismo, legitimidad, derechos humanos, legali-dad, rendición de cuentas, no-discriminación, entre otros. El arraigo colectivo de los valores asociados a la democracia es un componente un tanto intangible pero de vital importancia para la vida pública de una socie-dad política. En estos temas existe mucho que hacer por parte de los actores políticos, los gobernantes, las organizaciones sociales y los programas públicos. Los valores de una cultura democrática son atrayentes, pero son también polisémicos y controvertidos. Sin dejar de lado que la mejor manera de promover una cultura es dotándola de sentido en la práctica, es posible también impulsar ambiciosos programas de educación cívica y desarrollo de capacidades ciudadanas, que estén dirigi-dos a infantes, jóvenes, sectores focalizados de la ciuda-danía, y hacia el electorado en su conjunto.

En tercer lugar, aparece la necesidad de mejorar las condiciones institucionales y políticas que estructuran el debate público, la competencia electoral y el ejerci-cio de la representación. Por así decir, se trata de ro-bustecer las reglas y los procesos de una “poliarquía” (Dahl 1989). Para alcanzar tales propósitos, la estruc-tura regulatoria, administrativa y jurisdiccional de la democracia es de una relevancia estratégica. La demar-cación de los distritos electorales, la conformación del padrón electoral, la logística organizativa de los comi-cios, la adjudicación legal de las controversias legales relacionadas con los derechos políticos y las eleccio-nes, entre otros procesos, necesitan ser operadas por organizaciones y programas públicos que garanticen legalidad, imparcialidad, pericia técnica, eficacia y eficiencia. Son el tipo de cuestiones que quedan eng-lobadas en el concepto de “gobernanza electoral” (Mo-zaffar y Schedler 2002). La función de la gobernanza electoral es, en otras palabras, establecer la estructu-ra organizacional, regulatoria y jurisdiccional para la realización de elecciones libres y limpias. Existe evidencia que muestra que la creación de órganos de gobernanza electoral autónomos y eficientes incide fa-vorablemente en la calidad de las elecciones (Hartlyn, McCoy y Mustillo 2008).

Una cuestión central para la regulación de la compe-tencia política, por otra parte, es la relacionada con la organización de las campañas electorales. Éste es un campo donde las controversias normativas y em-píricas son intensas. Incumbe a la regulación de los períodos destinados a la contienda electoral, los mo-delos de financiamiento y el acceso a los medios masi-vos de comunicación, entre otros (IDEA 2003; Zovatto

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2004). Existen diversos modelos de regulación, en los que la tensión entre equidad y libertad se manifiesta de manera compleja. El principio de equidad sugiere medidas regulatorias más pronunciadas, mientras que el principio de libertad, en general, recomienda me-canismos de mercado en la competencia política. Por un lado, como en los modelos europeos, se promue-ve el predominio del financiamiento público sobre el privado y el establecimiento de procedimientos equi-tativos de acceso a los medios públicos y privados de comunicación masiva; por el otro, siguiendo el modelo estadounidense, se ponen pocas barreras al flujo de recursos privados a las campañas, los candidatos y los partidos, y la desregulación del acceso a los medios.

Los modelos regulatorios más estrictos benefician al interés público a través de medidas que crean espacios para la manifestación de distintas voces, pero pueden resultar demasiado rígidos y, por otro lado, ineficaces: los recursos privados suelen encontrar rutas insospe-chadas para llegar a los bolsillos de los políticos en campaña. Los modelos menos regulados reducen los costos administrativos de supervisión y fiscalización, pero pueden inducir a una influencia desmedida de poderosos intereses económicos en la política. Iden-tificar los modelos regulatorios más apropiados y efi-caces para la competencia democrática en un contexto determinado es uno de los desafíos de política pública más importantes que se enfrentan en el marco de la gobernanza electoral.

De manera simétrica, otra función pública crucial es es-tablecer mecanismos para la representación democráti-ca. Por un lado, se encuentran las reglas constitucionales que establecen las condiciones en las que los ciudadanos pueden formar asociaciones políticas, participar políti-camente o postularse a puestos de representación popu-lar. Por otro, las regulaciones que implican directamente a las asociaciones y partidos políticos.

Precisamente porque el rol de los partidos políticos en las democracias contemporáneas es clave, controvertido, y se encuentra en transformación, es necesario promover políticas que impulsen su rol de organizaciones que cum-plen importantes funciones en los procesos de recluta-miento político, postulación de candidatos, difusión de programas de gobierno, elaboración de leyes y rendición de cuentas (IDEA 2007). De lo que se trata es de ofrecer condiciones para definir en qué consiste su rol de enti-dades de interés público, fortalecer su estructura orga-nizativa, fomentar su estructuración programática y sus vínculos con el electorado.

Por tratarse de organizaciones políticas que dependen de los incentivos proporcionados por el sistema electoral, de su desempeño en las elecciones y de las reglas que estruc-turan la organización legislativa, no es posible crearlas por mandato, ni regularlas como si se tratara de organi-zaciones sociales filantrópicas o de carácter cívico. Sin embargo, es necesario que los partidos políticos encuen-tren marcos jurídicos que les den certeza institucional, que protejan los derechos políticos de sus miembros y que permitan a la ciudadanía en su conjunto fiscalizar-los como a otra entidad estatal.

Las cuestiones asociadas con la regulación de la partici-pación, la competencia, la gobernanza electoral y la re-presentación política son de primera importancia para la calidad de la democracia. En los regímenes contemporá-neos, se trata de cuestiones que requieren un destacado desarrollo de capacidades organizacionales y técnicas para ser instrumentadas con certeza y eficacia.

Innovaciones participativasUn tercer campo de oportunidades para impulsar polí-ticas públicas relevantes para la democracia es, precisa-mente, el de la participación en las políticas públicas. En este plano, la apuesta es doble: en el diseño e implemen-tación de políticas y programas públicos, incorporar ele-mentos participativos sirve a los propósitos de mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas, al mismo tiempo que se promueven la inclusión y el fortalecimiento de las capacidades políticas de distintos sectores de la ciudada-nía. Se trata, sin duda alguna, de dos expectativas que deben ser objeto de estudios empíricos, con la finalidad de determinar en qué medida y bajo qué circunstancias pueden cumplirse ambas simultáneamente.

Los esquemas participativos provienen de un replan-teamiento del rol del Estado y las agencias guberna-mentales en las políticas públicas. La política pública ha dejado de ser considerada como una responsabi-lidad exclusiva de una burocracia estatal unificada y centralizada. El concepto de gobernanza alude precisa-mente a una transformación en el rol que tiene el Esta-do en la vida pública, dejando de cumplir una función directiva para fungir más bien como una instancia de coordinación (Kooiman 2000; Cerrillo 2005; Pierre y Peters 2000). La gobernanza se estructura como un conglomerado de actores estatales, gubernamenta-les, organizaciones sociales y empresas, entre otros, cuyas formas de articulación son de carácter reticular, más que de índole jerárquica o mercantil —de ahí que

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se hable de redes de política pública—(Adam y Kriesi 2007; Marsh y Smith 2001; Rhodes 2006). Los esque-mas emergentes de gobernanza y las redes de política pública suponen diversas relaciones de cogestión, res-ponsabilidades compartidas y colaboración entre acto-res provenientes de distintos sectores. Sin embargo, estas descripciones suelen aludir solamente a una fa-ceta de estos cambios en la coordinación pública. Otra cara de la gobernanza es el proceso de “achicamiento” del Estado, que es consecuencia de la introducción de mecanismos de mercado en la provisión de bienes y servicios públicos. Esta tendencia puede generar mo-delos de acción pública más flexibles e inclusivos, pero también puede reproducir o ampliar desigualdades preexistentes, como consecuencia de la reducción de la función redistributiva del Estado. De la misma ma-nera, la conformación de redes de política puede cons-tituir arreglos más eficaces para responder al entorno, pero también puede tener como consecuencia mayores dificultades para distinguir responsabilidades concre-tas y ser objeto de fiscalización o rendición de cuentas.

Por otra parte, los esquemas participativos de acción pública también son resultado del surgimiento de di-versas iniciativas que pretenden remediar el malestar y la insatisfacción con la democracia (Newton 2012).De entrada, hay que mencionar el impulso que han tenido diversos mecanismos de democracia directa: plebisci-to, referéndum, iniciativa o consulta popular, revoca-ción de mandato, etc. Estos instrumentos responden, en gran medida, al deterioro en la relación entre repre-sentantes políticos y ciudadanía, que tiene un carácter generalizado, aunque en algunos casos se presenta con particular intensidad. Para fortalecer la gobernanza democrática, los mecanismos de democracia directa son elementos que aportan a la renovación de la rela-ción entre participación ciudadana y políticas públi-cas; pero también es preciso resaltar que este tipo de instrumentos representan sólo una parte del conjunto de iniciativas participativas de reciente creación.

Otro tipo de mecanismos están insertos en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas y tie-nen un carácter más participativo, procesual y delibe-rativo. Son modelos participativos de gobernanza que han tenido una extensa difusión (Fung 2006). Es en este plano, como argumenta Warren (2009), en el que se han registrado las aportaciones democráticas más im-portantes durante las últimas décadas. Por su carácter emergente y su disposición a romper moldes preesta-blecidos, en la literatura se les conoce como “innovacio-nes democráticas” (Gurza e Isunza 2010; Smith 2009).

Se trata de numerosos esquemas de acción pública en los que las relaciones e interacciones entre agentes gu-bernamentales, especialistas y expertos, grupos de in-terés, públicos beneficiarios, organizaciones sociales y ciudadanía en general adoptan pautas de horizontali-dad, colaboración y coordinación. Sus atributos y carac-terísticas son tan variados como los fines que persiguen o los contextos en los que surgen. Para describirlos se puede hablar de modelos de “gobernanza participati-va empoderada” (empowerd participatory governance) (Fung y Wright 2003), “esferas de participación” (participatory spheres) (Cornwall y Schattan 2007), entre otros. Los es-quemas emergentes suelen estar ligados a la definición e implementación de programas a escala local, en áreas que tienen que ver con la organización urbana, la edu-cación pública, los servicios de salud, la administración del medio ambiente o la supervisión y contraloría social del ejercicio del gasto público, entre otras. También existen innovaciones semejantes que se aplican en ins-tituciones o programas de alcance nacional.

En muchos casos se trata de instrumentos de acopio de información o de apertura de espacios para la con-sulta con los implicados por una política concreta. Los que más han captado la atención de los especialistas son los que incorporan formas de participación que tienen un rol determinante en la configuración de la agenda, la toma de decisiones y/o la fiscalización y evaluación de un programa público. Otros modelos de participación se constituyen como interfaces socioes-tatales (Isunza 2006), que introducen mecanismos de control y rendición de cuentas (Hevia 2006). Un amplio número de iniciativas de gestión pública participativa han surgido como respuesta a escenarios y coyunturas concretas, en los que llega a confluir una serie de mo-vimientos y redes asociativos fuertes e influyentes con otros agentes gubernamentales, funcionarios y toma-dores de decisiones que se muestran dispuestos a im-plementar programas ambiciosos.

Las innovaciones democráticas son indicativas de que en la concepción, implementación y evaluación de las políticas públicas hay espacios para la experi-mentación y la innovación. Las iniciativas participa-tivas contribuyen a promover la creación de espacios de confluencia social-estatal, la deliberación pública, la participación y el fortalecimiento de competencias y capacidades cívicas. Pueden servir para incorporar puntos de vista plurales en la gestión pública, forta-lecer la legitimidad de las acciones colectivas y dis-minuir las dinámicas de exclusión de que son objeto diversos grupos o sectores sociales —si bien los efectos

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de las desigualdades socioeconómicas y de otra índole persisten y suelen difíciles de modificar, los modelos participativos pueden ayudar a revertir parcialmente tales condiciones—.

Trayectorias, oportunidades y desafíosSi se considera que la democracia es un objeto de la po-lítica pública, entonces debe asumirse que es suscepti-ble de mejorarse de manera propositiva y estratégica. La democracia puede funcionar mejor, en gran medida, si existen instituciones, organizaciones gubernamentales y programas adecuadamente diseñados y certeramente conducidos. Fortalecer la calidad de la democracia im-plica, como se ha señalado, desarrollar políticas eficaces en los planos del diseño institucional, la regulación de la competencia política y la gobernanza participativa.

Los retos para construir tales políticas son múltiples. Uno de los principales se origina en el carácter distri-butivo de las políticas asociadas a la democracia: en la medida en que establecen condiciones favorables para la inclusión política efectiva, trastocan los equilibrios políticos basados en diversas formas de disparidad. Este factor puede elevar los costos de las iniciativas de cambio. Es importante, por lo tanto, investigar de ma-nera sistemática la manera en que se construyen polí-ticas públicas eficaces que están destinadas a sostener las dinámicas democráticas.

Habitualmente se piensa que el cambio en las polí-ticas sigue dos modelos prototípicos: uno es la de la planeación centralizada, empujada “desde arriba” por las élites políticas; el otro es la ruta desde “abajo hacia arriba”, impulsada por iniciativas participativas. Para muchos, las opciones democratizadoras suelen venir “desde abajo” y “desde afuera” del aparato estatal: de la sociedad civil, de las grassroots organizations. Lo cierto es que, en la práctica, entran en juego otras dimensio-nes que le dan un sentido más complejo y matizado a la construcción de las políticas públicas. Una propuesta innovadora en ciertos contextos puede servir para en-mascarar intentos por mantener el statu quo en otros escenarios. La experimentación con instrumentos le-gales o con mecanismos de apertura y participación puede ser eficaz mientras una cierta coalición de ac-tores mantenga posiciones estratégicas en el gobier-no, pero puede debilitarse si cambian esas posiciones. También puede presentarse el caso siguiente: sin cam-bios formales en las reglas y en los objetivos de algún

programa, es posible que con cierta visión y cierto em-puje se puedan alcanzar metas más sólidas y perma-nentes que las que se lograrían si se sigue la ruta de los cambios formales.

Para fines analíticos, es necesario formular plantea-mientos que permitan captar la complejidad de los procesos de cambio y reforma en las instituciones y las políticas públicas (Mahoney y Thelen 2010). Es in-dispensable tener en cuenta que la implementación de reformas o innovaciones democráticas tiene lugar en contextos estructurados por las trayectorias y los procesos históricos. La estructura del Estado, la orga-nización económica, la cultura jurídica, las formas asociativas, los grupos de interés, los modelos de ges-tión o las rutinas organizacionales son elementos que se han construido a lo largo de rutas institucionales concretas, a partir de las contingencias que sucedieron o las decisiones que se adoptaron en momentos clave (Mahoney 2003; Pierson 2000). Estas rutas son las que estructuran los desequilibrios de poder, las alternati-vas disponibles de acción en un momento dado.

Concretamente, la definición e implementación de ins-tituciones y programas que fortalezcan la democracia requieren una óptima combinación entre estructuras de oportunidad, compromisos normativos con la democra-cia y capacidades organizacionales. Las estructuras de oportunidades son las que permiten crear condiciones propicias para la acción cooperativa y el alineamiento de intereses (McAdam, Tarrow y Tilly 2003, 14-18). Estas oportunidades permiten redefinir el equilibrio de poder en un escenario dado y generar incentivos para la coor-dinación entre distintos actores en torno a una meta colectivamente eficiente. Se producen cuando hay modi-ficaciones repentinas en la correlación de fuerzas en un escenario dado, cuando se fisuran ciertas coaliciones o cuando se configuran otras.

En una circunstancia determinada, para los actores puede resultar estratégico favorecer el surgimiento de políticas que den certidumbre democrática: un órgano de administración electoral independiente, por ejem-plo, que evite los conflictos políticos y las posibilida-des de fraude. Sin embargo, la ideología y los valores democráticos de los actores políticos y sociales son ele-mentos decisivos (Welzel e Inglehart 2009). Los com-promisos normativos con la democracia influyen en el alcance y contenido de las reformas institucionales. De hecho, es el compromiso normativo con la democracia lo que puede hacer la diferencia en momentos en los que los líderes políticos, la ciudadanía o los movimien-

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tos sociales deben tomar decisiones difíciles y riesgo-sas. Las convicciones democráticas han sido cruciales para enfrentar el recrudecimiento del autoritarismo en las dictaduras, durante los procesos de transición o en situaciones en las que se ha requerido innovar en el plano de las políticas públicas. Si entre las élites políti-cas o entre actores sociopolíticos relevantes las convic-ciones democráticas son superficiales, disminuyen las posibilidades de que surjan propuestas políticas inno-vadoras en ese sentido.

Este señalamiento conduce a resaltar el rol que des-empeñan las capacidades estatales y gubernamenta-les para la implementación de las políticas públicas.3 Las contingencias y los eventos imprevistos pueden crear oportunidades favorables para ciertas políticas, que pueden ser capitalizadas por agentes con firmes convicciones democráticas. Pero esas oportunidades también se ven sujetas a los imprevistos de la imple-mentación. No siempre es posible mantener la con-tinuidad entre los propósitos y las capacidades. Los actores políticos pueden proponerse fines claros e in-equívocos, pero contar con pocas capacidades públicas para realizarlos. Tener la capacidad de cumplir con un propósito público implica contar con recursos econó-micos, tecnología, normatividad apropiada y capital humano. Si se quiere impulsar una ambiciosa política de fiscalización de las finanzas de los partidos políti-cos, por ejemplo, no solamente hacen falta instrumen-tos normativos garantistas y facultativos. También se requieren personal capacitado y recursos financieros y administrativos para alcanzar las metas establecidas.

De esta manera, pueden verse los principales desafíos que enfrenta la construcción de políticas públicas para la democracia. Por un lado, las alternativas y posibilidades concretas de reforma dependen de las trayectorias y deci-siones previas, que han estructurado al Estado, el gobier-no y su relación con la sociedad. Por otro, se encuentra la necesidad de crear oportunidades estratégicas de refor-ma o profundización institucional, que vengan respalda-das por firmes convicciones democráticas y disposiciones a innovar. Finalmente, se encuentra el desafío de conso-lidar, al mismo tiempo, capacidades públicas suficientes para establecer y llevar a cabo las políticas esperadas.

3 En América Latina, como muestran Zuvanic e Iacoviello (2010), las ca-pacidades burocráticas del Estado constituyen el “eslabón más débil” en el proceso de formulación de políticas. Back y Hadenius (2008), por otra parte, sugieren que el fortalecimiento de la democracia pue-de significar una mejora en las capacidades estatales, evidencia que resulta alentadora para los países latinoamericanos.

Conclusiones: políticas públicas para la democracia

El objetivo de este trabajo ha sido señalar que el for-talecimiento de la democracia requiere poner aten-ción a las políticas públicas. Una aseveración en este sentido puede parecer obvia y trivial, pero no lo es. En primer lugar, se requiere disipar la idea de que la de-mocracia no puede ser objeto de las políticas públicas, pues eso implicaría “despolitizar” o convertir en un asunto de objetivos y programas lo que en realidad es una cuestión eminentemente política. Luego, es nece-sario delimitar el campo de las políticas públicas que son directamente relevantes para la democracia, pues podría decirse que, en última instancia, todas lo son. Además, es necesario señalar a qué se debe que cier-tas políticas a favor de la democracia puedan prosperar más que otras.

En este trabajo he argumentado que las políticas pú-blicas que pueden contribuir a fortalecer la demo-cracia son aquellas directamente vinculadas con la materialización del principio de inclusión efectiva. Las políticas de fortalecimiento del Estado o de desa-rrollo económico y social pueden ser decisivas, pero son otras a las que hay que poner atención, en este caso concreto: las vinculadas al diseño constitucio-nal, a las condiciones que promueven los valores, la competencia y la representación democrática, y a la introducción de mecanismos de participación y de-liberación en las políticas públicas. Se trata de un conjunto amplio y diverso de normas, instituciones, agencias estatales y programas gubernamentales, que pueden estar en tensión entre sí o alcanzar, cada uno, niveles de institucionalización dispar.

El desarrollo de políticas públicas para la democracia lo que intenta es producir condiciones efectivas de equi-dad e inclusión política. Este desarrollo se enfrenta a múltiples obstáculos, originados en las disparidades políticas estructuradas a lo largo del tiempo y la his-toria de cada régimen. De ahí que el diseño institu-cional, las reformas y las innovaciones en materia de política pública requieran no solamente encontrarse respaldados por capacidades efectivas de actuación pú-blica, sino por coyunturas políticas propicias y convic-ciones democráticas firmes.

Para cerrar este trabajo, es preciso hacer dos señalamien-tos más. El primero, es que hay que resaltar la importan-cia de impulsar investigaciones en torno a las agencias de gobierno, las políticas y los programas que contribuyen

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a hacer que el debate público, las elecciones, los proce-sos legislativos, la gobernanza, y demás componentes del proceso democrático, funcionen de acuerdo con lo previsto. Si en torno a esta agenda convergen la teoría política, el análisis político y los estudios de política pública, es de anticipar importantes contribuciones. El segundo, es de tipo programático: el ejercicio de la función pública requiere recursos humanos con la for-mación técnica adecuada, pero también con un ideario democrático a la vez afianzado y fluido. Conseguir esto implica impulsar expresamente este tipo de formación entre los políticos y servidores públicos. Los compro-misos normativos con la democracia, la legalidad y los derechos humanos no se adquieren de modo espon-táneo; es necesario promoverlos en la práctica, pero también como parte de la capacitación profesional y técnica de los responsables de las políticas.

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* Este artículo resultado de la investigación doctoral “La cuenca del río Tunjuelo en la construcción de Bogotá. Minería, inundaciones y urbanización en la segunda mitad del siglo XX”, dirigida por la profesora Marta Herrera, coordinadora del grupo de investigación UMBRA: Espacio, Sociedad y Cultura, y cuenta con la financiación de Colciencias a partir del Programa de Formación de Doctorados Nacionales (Convocatoria 2010).

v Geógrafo, estudiante del doctorado en Historia de la Universidad de los Andes, Colombia. Integrante del grupo de investigación UMBRA: Espacio, Sociedad y Cultura. Entre sus últimas publicaciones, se encuentran: La naturaleza en la historia. Tendencias y cambios en la historia ambiental: 1970-2010. En Semillas de Historial Ambiental en Colombia, ed. Stefania Gallini. Bogotá: Jardín Botánico – IDEA – Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (En prensa), y Elementos para una geopolítica de los megaproyectos de infraestructura en América Latina y Colombia. Cuadernos de Geografía 17 (2008). Correo electrónico: fabisanc@uniandes.edu.co

Hacia la multiplicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas*

RESUMENEn las últimas cuatro décadas ha habido un cambio en la manera en que la historiografía incorpora el espacio como categoría de análisis. Así, se ha presenciado la emergencia de múltiples escalas, conexiones y dinámicas espacio-temporales en el trabajo histórico que han llevado al cuestionamiento del Estado-nación como referente espacial de la sociedad. Basado en la noción de régimen de historicidad, este artículo plantea que este cambio en la disciplina está relacionado con un giro que tiende a privilegiar el presente en la experiencia y concepción del tiempo, vinculado a su vez con una crítica al progreso como motor de la historia.

PALABRAS CLAVE Historia, historiografía, presente, espacio, escala, siglo XX.

Towards the Multiplicity of Space in History. The Relation between Social Change and Changes in Discipline in the Last Four DecadesABSTRACTHistoriography, in the last four decades, has changed the way space is included in history as a category for analysis. Multiple scales, connections and space-temporal dynamics have emerged in the discipline that has led to questioning the Nation-state as the dominant spatiality of society. Based on the notion of regime of historicity, this article states that this change in the discipline is related to a turn in society which tends to privilege present over future in the conception and experience of time, which is, in turn, related to a critique of progress as the driving concept of society.

KEY WORDSHistory, historiography, present, space, scale, 20th century.

Fecha de recepción: 29 de noviembre de 2012Fecha de aceptación: 19 de abril de 2013Fecha de modificación: 9 de mayo de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.03

Fabio Vladimir Sánchez Calderónv

Introducción

Tiempo y espacio no son categorías preexisten-tes a la sociedad; por el contrario, “diferentes sociedades producen concepciones cualitati-vamente diferentes de espacio y de tiempo” (Harvey 1990, 418), es decir, son construc-

ciones sociales histórica y geográficamente localizadas. Este hecho, lejos de asignarles un carácter eminente-mente subjetivo y variable al tiempo y al espacio, pone de relieve su importancia objetiva, en el sentido de que son centrales en la estructuración y conservación de un orden social particular. Es decir, son construcciones so-ciales que operan con fuerza de verdad, es decir, como hechos objetivos, asumidos como “naturales”, “inevita-bles” o “mejores” dentro de un marco cultural determi-nado (Harvey 1996, 210; Herrera 2004, 175).

Como construcciones sociales, tiempo y espacio hacen parte de una tensión fundamental de la sociedad que los objetiva. Por un lado, son centrales en la construcción de un marco “estable” que permite la reproducción del orden social; por el otro, reflejan los cambios que la misma socie-dad genera en dicha reproducción y participan en ellos. La disciplina histórica, como práctica social que hace parte de un marco cultural específico (De Certeau 1993, 82), par-ticipa en este movimiento de construcción del espacio y el tiempo en una sociedad, a la vez que se encuentra condi-cionada por las concepciones y experiencias del espacio y el tiempo que prevalecen en la sociedad.

En este marco, este artículo expone algunos de los cam-bios ocurridos en las últimas cuatro décadas acerca de la manera en que se ha incorporado el espacio en la discipli-

na histórica. Para ello, se basa en la noción de régimen de historicidad propuesta por Hartog, que hace referen-cia a la manera en que una sociedad articula el pasado, el presente y el futuro, y le da sentido (Hartog 2007, 132). Por cuánto tiempo y espacio se constituyen simultánea-mente, se plantea que el régimen de historicidad está re-lacionado también con un orden dominante del espacio.

La elección del período tiene que ver precisamente con el hecho de que, según Hartog, estamos asistiendo, desde hace cuatro décadas aproximadamente, a un cambio en el régimen de historicidad, que consiste en el reemplazo del futuro por el presente como dimensión dominante en la experiencia y concepción del tiempo (Hartog 2010, 767). Dicho cambio ha impactado los análisis sociales generando una mayor preocupación por las relaciones entre espacio y sociedad, las cuales habían tenido menos interés en décadas anteriores, en comparación con las relaciones entre tiempo y sociedad (Soja 1999; Peet 1998; Schlögel 2007; Withers 2009; Piazzini 2006).

Como prácticas inscritas en la sociedad, el peso del presente y la mayor preocupación espacial han influi-do en la forma de hacer y escribir la historia (Hartog 2010, 769). Así, el proceso que interesa mostrar es el que sintetiza el cambio de una historia que encontra-ba en el Estado-nación y en el progreso su expresión espacio-temporal dominante hacia otra en la cual se reconocen múltiples espacios, tiempos y escalas que se relacionan entre sí y que cuestionan el progreso como objetivo de la humanidad (Iggers, Wang y Mukherjee 2008, cap. 8; Fazio 2010, 148).

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Rumo à multiplicidade do espaço na história. Relações entre a mudança social e as mudanças na disciplina nas últimas quatro décadasRESUMONas últimas quatro décadas, uma mudança vem acontecendo na maneira em que a historiografia incorpora o espaço como categoria de análise. Assim, vem se presenciando a emergência de múltiplas escalas, conexões e dinâmicas espaço-temporais no trabalho histórico que vêm levando ao questionamento do Estado-nação como referente espacial da sociedade. Baseado na noção de regime de historicidade, este artigo propõe que essa mudança na disciplina está relacionada com um giro que tende a privilegiar o presente na experiência e concepção do tempo e vincular, por sua vez, com uma crítica ao progresso como motor da história.

PALAVRAS-CHAVEHistória, historiografia, presente, espaço, escala, século XX.

Es necesario aclarar que la forma de argumentación elegida, o sea, la de relacionar cambios sociales con cambios en la disciplina histórica, debe ser interpre-tada a la luz de la complejidad, la diversidad y las ten-siones que constituyen tanto a la sociedad en general como a las comunidades académicas de quienes se de-finen como historiadores. Es decir, que tanto los cam-bios sociales más generales como los operados dentro de una práctica social particular —la disciplina históri-ca— están compuestos por fuerzas, agentes y dinámi-cas que son complejos, inacabados, y que se articulan en múltiples escalas espaciales y temporales.

Espacio y tiempo como construcciones socialesEl término construcción social ha estado sujeto a un debate muy activo dentro de la teoría social de las últimas déca-das, pues existe la tendencia a entender lo “social” a partir de negar el carácter material de lo estudiado y hacer énfasis en la dimensión “puramente intelectual” del conocimiento y su expresión textual (Latour 2001, cap. 1).1 De allí que sea necesario plantear algunas aclaraciones acerca de la mane-ra en que se entiende la “construcción social del tiempo y el espacio” en este escrito. Para ello, se sigue la propuesta analítica presentada por David Harvey (1996), quien con-sidera las reflexiones que diferentes teóricos sociales del siglo XX han aportado al debate sobre la construcción social del espacio y el tiempo (Lefebvre 1991; Bourdieu 1977; Lévi-Strauss 1976; Durkheim 1993; Braudel 1970; Le Goff 1980; Wallerstein 2006; Massey 2005):

• La idea de construcción social no niega el “anclaje” que estos conceptos tienen en la “materialidad del mundo”. Por ejemplo, la sucesión día-noche, los ciclos estacionales, los ciclos productivos agrícolas que “regulan la reproducción y el cuerpo humanos, son típicos encuentros entre varios tipos de tem-poralidad” (Harvey 1996, 210-211). O sea, los cam-bios sociales y tecnológicos —como la invención de la electricidad o la introducción de técnicas que aceleran el tiempo de cosecha y amplían el rango geográfico en que puede darse un producto— están relacionados con cambios en la forma de experi-mentar el espacio y el tiempo.

1 De hecho, Latour propone el término construcción, sin el adjetivo social, pues, según él, esta aproximación es muy antropocéntrica y niega la agencia de elementos no humanos, ya sean otros seres biológicos (animales o plantas), o dinámicas y elementos físicos (clima, ríos) o artefactos.

• Aunque hay hechos espaciales y temporales en la “na-turaleza” (los ciclos mencionados de día-noche o las estaciones), “no podemos saber lo que estos hechos significan por fuera de nuestro propio anclaje cultu-ral en un lenguaje, un sistema de creencias, etcétera” (Harvey 1996, 211). Es decir, la única forma de acer-carse a los hechos “naturales” a partir de un marco determinado, es con base en esa interpretación y apropiación del entorno que hace posible la acción humana (Herrera 2004, 175).

• Lo anterior conlleva que “[L]as construcciones socia-les del espacio y el tiempo operan con la fuerza de hechos objetivos a las cuales todos los individuos e instituciones necesariamente responden” (Harvey 1996, 211). Este carácter objetivo tiende a generar una “naturalización” de la concepción particular de tiem-po y espacio que implica “dar por hecho” o “tomar como dada” esa concepción, evitando reflexiones explícitas sobre dichas categorías (Schlögel 2007, 28; Herrera 2004, 176).

• Las definiciones del espacio y el tiempo como algo objetivo hacen parte del proceso de reproducción so-cial, lo que reitera la idea de que la construcción so-cial no implica un “aislamiento” del mundo, sino una “inmersión” en éste. Por tanto, la forma como se conciben y organizan el tiempo y el espacio en una sociedad determinada, “no sólo refleja esas estructu-ras de significado, sino que, a la vez, las inculca”, lo que permite la reproducción social (Harvey 1996, 212; Herrera 2004, 176).

Esta última característica involucra dos anotaciones adicionales. La primera, que a medida en que las so-ciedades cambian, se presentan cambios en esas con-cepciones objetivas de espacio y tiempo (Harvey 1990, 419). La segunda, que la vivencia y estructuración del espacio y el tiempo no están libres de conflictos; antes bien, “en la acción cotidiana permanentemente se in-terpela, ya sea para reafirmarla o transformarla”, es decir, que no existe una única concepción de tiempo y espacio dentro de una sociedad (Herrera 2004, 177). Más bien, lo que hay son “definiciones dominantes y hegemónicas del espacio [y tiempo] social [que] son perpetuamente desafiadas y siempre están abiertas a la modificación” (Harvey 1990, 422).

En este punto, el concepto de régimen de historicidad es una herramienta útil, pues hace referencia precisamen-te a la definición dominante del tiempo en una sociedad y un período determinados. Y, además, tiene la ventaja de reconocer la existencia de otras formas de entender el tiempo en un colectivo y en su carácter de proceso. Como

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lo plantea Hartog: “Objetado en el momento mismo de ser instaurado, aunque ciertamente jamás totalmente instaurado (salvo en el mejor de los mundos), un régi-men de historicidad se instala lentamente y dura mucho tiempo” (Hartog 2007, 132).

El concepto de régimen de historicidad se basa en la idea de que las categorías de pasado, presente y futuro son universales, o sea, que es posible aplicarlas a todas las personas y culturas (Hartog 2010, 769). Aunque esta idea de universalidad debe ser relativizada, por cuanto es una construcción social enraizada en un contexto espacio-temporal definido (Francia), ofrece un valor comparativo e interpretativo importante, dado que en este artículo interesa contrastar los cambios experimentados en so-ciedades que sí asumen esas tres categorías como las rec-toras en la concepción del tiempo.

A su vez, podría pensarse que, bien sea paralela o con-juntamente a un régimen de historicidad, debería haber un régimen de “geograficidad”, por cuanto tiem-po y espacio se configuran simultáneamente (Besse 2009, 293; Harvey 1990; Herrera 2004).2 Sin embargo, aún no ha sido elaborada una propuesta similar para el análisis del espacio, lo cual obedece, en parte, a la inexistencia de un consenso sobre cuáles podrían ser los referentes centrales (Besse 2009, 296). Por ello, en este artículo se prefiere postular que un determinado régimen de historicidad está relacionado con una con-cepción dominante del espacio.

Espacio e historia y el cambio de régimen de historicidadSi bien un régimen de historicidad se instala lentamen-te y dura mucho, la transición entre dos regímenes no se realiza sólo mediante elementos de cambio gradual, pues, de acuerdo con Hartog, “no se puede pasar de un régimen a otro sin periodos de conflicto” (Hartog 2007, 133). Estos momentos de cambio radical o de conflicto tienen una ventaja interpretativa, y es que permiten contrastar de forma más clara las diferencias entre dos regímenes y establecer una periodización histórica más argumentada. Para el presente trabajo, la litera-tura consultada tiende a coincidir en que en el período

2 Jean Marc Besse, geógrafo francés, sugiere que éstas podrían ser las nociones de separación, orientación, inclusión y dimensión, pero no muestra cómo operan en casos concretos, y además, tampoco demuestra su carácter universal.

1968-1973 se vivieron unos cambios sociales que pueden ser interpretados, siguiendo el marco de Hartog, como cambios en el régimen de historicidad, los cuales se prolongan hasta la actualidad (Hartog 2007, 134-140; Harvey 1998; Fazio 2009b; Fazio 2010).

Estos cambios se han experimentado en las diferentes di-mensiones sociales, aunque con intensidad y magnitud variadas, dependiendo de la localización particular en la geopolítica mundial. A continuación se resumen aque-llos aspectos más relevantes para analizar los cambios en las experiencias y concepciones del espacio y el tiempo.

1. Desencantamiento de los principales logros materia-les de la era previa, que conllevaron la socavación de la noción de progreso en muchas sociedades. Dentro de las motivaciones que llevaron a este sentimiento se pueden mencionar “[L]a toma de conciencia de la bar-barie contenida en fenómenos como el holocausto, la irracionalidad de los campos de concentración nazis y soviéticos, el miedo que deparaba la bomba atómica y el consiguiente riesgo de desaparición de la vida hu-mana en el planeta […], la nueva conciencia ecológica y su postura crítica frente a la destrucción del medio ambiente” (Fazio 2010, 92; ver también McNeill 2010, 265-266). Igualmente importantes fueron los cuestio-namientos y movilizaciones generados por las inter-venciones militares en Vietnam y Checoslovaquia, adelantadas por las dos superpotencias militares y económicas de la época, así como los movimientos por los derechos de mujeres y afrodescendientes en Europa y Estados Unidos y las reivindicaciones juveni-les y estudiantiles simultáneas en países como Méxi-co, Francia y Estados Unidos (Iriye 2002, 57-60; Prost 2001, 115; Eisenstadt 2000, 17; Fazio 2009a, 87-88).

2. Incapacidad de mantener las tasas de crecimiento eco-nómico experimentadas en Europa, Estados Unidos y Japón en el período de posguerra, con la consecuente disminución de la capacidad del Estado para interve-nir activamente en la economía y el empleo. Esto va aparejado con la consolidación y transformación de actores económicos transnacionales, tanto empresas como instituciones (tipo FMI y Banco Mundial), que exigen un cambio en el rol del Estado, con miras a for-talecer el capital y la rentabilidad privados. Para ello, los Estados desmontan muchas de las regulaciones que habían construido antes, y estos nuevos actores tienen mayor capacidad de maniobra y de elección de los lugares en los cuales pueden invertir (Herrera 2005; Méndez 1997).

3. Inicio y posterior consolidación de la llamada Tercera Revolución Industrial, dominada por las tecnologías

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computarizadas y satelitales, que permitieron dismi-nuir el tiempo de retorno del capital en las actividades de servicios financieros, que se volvieron las más ren-tables. Asimismo, estas nuevas tecnologías permitie-ron la fragmentación del proceso productivo, pasando de grandes fábricas donde se elaboraba todo el bien, a varias unidades, localizadas incluso en diferentes países, que se encargan de producir o realizar deter-minadas tareas (Herrera 2005, 59-73 y 150-169; Harvey 1998, cap. 9; Méndez 1997, 101-102; Fazio 2003, 141-145; Iggers, Wang y Mukherjee 2008, cap. 6).

4. Reconocimiento de fuerzas, sistemas y procesos de orden planetario que van desde las crisis económicas hasta los peligros ambientales de cambio climático y que han supuesto la idea de la interdependen-cia de las diferentes localidades que componen el mundo, que se conectan de manera diferencial y desigual pero, aparentemente, inevitable (Santos 2004; Castells 2006).

5. Cuestionamiento al establecimiento de fronteras cla-ramente definidas o identificables en diferentes tipos de prácticas sociales. Por ejemplo, en las ciencias sociales, la emergencia y consolidación del llamado giro cultural (Iggers, Wang y Mukherjee 2008, cap. 8). Este cuestionamiento, a su vez, está relacionado con el reconocimiento de categorías híbridas, mestizas o mezcladas en el análisis biológico, antropológico, psicológico (Latour 2001; Haraway 1991).

La experiencia y la concepción del tiempo

Estos cambios sociales generales han estado acompañados de modificaciones en la experiencia y en las concepciones dominantes del espacio y el tiempo. Tal vez la principal de ellas tiene que ver con la aceleración de la vida social, facilitada por los cambios tecnológicos señalados y por las modificaciones culturales que avanzan hacia un consumis-mo inmediatista, en el que los medios de comunicación cumplen un papel clave con la producción cada vez más rápida de imágenes que desaparecen enseguida (Hartog 2007, 140). David Harvey concibe esta aceleración del tiem-po como parte de un proceso más amplio, que denomina “compresión espacio-temporal”, y que alude, precisamen-te, a la necesidad inherente al capitalismo de superar las barreras espaciales y disminuir los períodos de retorno del capital, para garantizar la supervivencia de este modo de organización social (Harvey 1998, cap. 16).

La búsqueda por satisfacer las necesidades de manera inme-diata se ha conjugado con el señalado desencantamiento

de la noción de progreso, central en la anterior concepción del tiempo, en la cual dominaba el futuro y se concebía una relación lineal y subordinada del pasado y el presente (Iggers, Wang y Mukherjee 2008, 22; Koselleck 1993, 345; Fazio 2009a, 22-23). Otros ejemplos en las condiciones ma-teriales inciden en este posicionamiento del presente. Así, el desempleo continuo y creciente y la búsqueda diaria de la supervivencia para millones de personas llevan a que sea el presente lo que se juzgue importante (Hartog 2007, 140). En contraste, el auge de los espectáculos, bien sean conciertos, eventos deportivos o feriales, tiene precisamen-te que ver con el hecho de que se consumen de inmediato (Harvey 1998, 315; Bauman 1999, cap. 3).

El reconocimiento de múltiples experiencias individuales del tiempo se había dado en ciertos momentos del anterior régimen de historicidad, como lo señala Kern para el perío-do 1880-1914. Así, la imposición de un tiempo homogéneo (la hora universal), ligado con la búsqueda del incremen-to de la velocidad en la producción y el consumo de mer-cancías, “llevó a una reacción por defender la multitud de temporalidades personales, privilegiando la experiencia individual sobre la colectiva. El presente se amplió frente al pasado y al futuro” (Kern 2003, 8 y 315). Sin embargo, a diferencia del período estudiado por Kern, la multiplicidad de tiempos sociales es la que domina en el régimen de his-toricidad orientado al presente.

Esta forma de experimentar el tiempo ha generado cam-bios en el modo de concebir la historia. Por ejemplo, la idea de Koselleck de “múltiples estratos temporales” que con-figuran el “tiempo histórico” es contraria a la idea de un único tiempo lineal y universal, que era más importante en las décadas anteriores a 1960 (Koselleck 1993, 129; Chakra-barty 2000, 249; Kocka y Haupt 2009, 13; Dirlik 2005, 392; Bender 2002, 9). Este giro hacia el presente también ha po-sibilitado que la historia empiece a pensarse no sólo como la disciplina del pasado, sino que pueda volver a reflexionar sobre el presente, tal y como había hecho la historiografía europea, principalmente, antes de su institucionalización (Fazio 2010, 131-132). Así, tanto la idea de una “historia del tiempo presente” como una nueva conceptualización del “presente histórico” se hacen posibles en este nuevo marco temporal (Fazio 2010; Dosse 2003, 133-136).

La experiencia y la concepción del espacioLa compresión espacio-temporal que conlleva una pro-gresiva aceleración del tiempo genera una situación pa-radójica en cuanto a la experiencia y la concepción del

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espacio. Por una parte, se busca la eliminación de las barreras espaciales, tanto físicas como políticas y cul-turales, por cuanto éstas frenan la aceleración. En ese sentido, hay una tendencia a la desterritorialización, es decir, una desvinculación con espacios específicos y una vinculación con una movilidad permanente, en especial por parte de las actividades, los individuos y las empresas que están en la jerarquía económica global (Santos 2004, cap. 3). Pero, por otra parte, cuanto menos importantes son las barreras espaciales, “mayor es la sensibilidad del capital a las variaciones del lugar dentro del espacio, y mayor el incentivo para que los lugares se diferencien a fin de hacerse atractivos para el capital” (Harvey 1998, 327; ver también Bright y Geyer 2002, 68). A su vez, se ha observado la emergencia de movimientos sociales de escala local y regional, los cuales, a pesar de la diversi-dad de fines perseguidos, han entrado a cuestionar la es-pacialidad nacional como garante de derechos para sus ciudadanos, en muchos casos estableciendo conexiones con movimientos similares en otras partes del mundo, mostrando que las relaciones entre lo global y lo local no son sólo de una vía, ni están totalmente controladas por el capital (Santos 2004).

Esta situación ha llevado a que la espacialidad privilegia-da cuando dominaba el futuro del Estado-nación (Har-vey 1998, 282; Iggers, Wang y Mukherjee 2008, 71; Fazio 2003, 83-85; Paasi 2008, 113-116), se haya visto cuestiona-da de manera mayoritaria desde diferentes perspectivas. El Estado-nación se había concebido —e intentado ma-terializar— como un espacio físico continuo, claramente delimitado respecto de otros, dentro de cuyos límites una nación, entendida como una comunidad que se identi-ficaba, en principio, bajo supuestos de homogeneidad étnica, ejercía soberanía y autonomía, es decir, que los demás estados no podían incidir en dicho territorio (Fals Borda 2000, 2-3; White 2006; Taylor 1993). En contraste con esta visión, la mayoría de perspectivas actuales com-parten la idea de que es necesario reconocer una multi-plicidad de escalas espaciales de la vida social, en las que sobresale la escala global como una nueva espacialidad, que distingue este nuevo período, sin negar la agencia del Estado (Santos 2004, cap. 2; Giddens 1997, 28-38; Beck 2005, 16-17; Taylor 1993).

Esa escala global es diferente de la escala internacional, que, aunque abarcaba el mundo, se basaba en la espacia-lidad del Estado nacional. Así, lo global no remite necesa-riamente a lo nacional, pues hay dinámicas y elementos sociales (flujos económicos, tecnológicos, actores locales que tejen redes con otras localidades, problemas ambien-tales como el cambio climático) que escapan a esa espa-

cialidad, por lo que se configura en un nuevo referente. Sin embargo, para que esa escala global opere necesita de las demás. Por tanto, no es sólo que se reconozca la existencia de diferentes espacialidades, en cuanto a la escala, sino la interacción entre ellas, elemento que no siempre era claro con el predominio del Estado-nación. Esta interacción de escalas y espacios diversos ha genera-do un cambio en las concepciones del espacio que hacen énfasis en conexiones, redes, nodos, intensidades e in-terdependencias (Castells 2006).

Por otra parte, el predominio del presente hace relevante las sincronías de diferentes espacios. No es sólo la simul-taneidad, que ya se reconocía con la institución del tiem-po homogéneo y la linealidad entre progreso y atraso en el régimen de historicidad futurista. Ahora se parte de la idea de que las dinámicas de un espacio determinado están influidas por las que se presentan y configuran en otros es-pacios y escalas, hecho posibilitado porque es factible acce-der a registros “casi inmediatos” de esas otras experiencias. Si se instaura la escala global como marco de referencia, los diferentes lugares tienden a compartir un mismo ho-rizonte espacio-temporal, aunque sin perder sus propios horizontes, los cuales entran en relación con lo global, ha-ciendo que lo global se localice de formas múltiples (Fazio 2010, 98; Harvey 1996; Santos 2004; Withers 2009).

Una tercera característica de la manera en que ha cam-biado la forma de concebirse el espacio en este nuevo período tiene que ver con su consideración como una dimensión de la sociedad, que no es preexistente a ella, sino que es configurada por —a la vez que configura— el proceso de reproducción social. Este cambio en la concep-ción del espacio es importante, puesto que lleva a “des-naturalizar” al Estado como una forma espacial, obvia e inevitable de organización social. Y además, porque ha permitido que el espacio sea incorporado como una di-mensión “interesante” en la teoría social, ya que, como lo recuerda Soja, la idea de progreso conllevó un predo-minio de lo temporal como la dimensión que guiaba el camino del mejoramiento humano, frente a una espa-cialidad que se veía estática y dependiente (Soja 1999, cap. 1). O, como lo señaló Foucault, en una de sus frases más repetidas por los geógrafos: “El espacio fue tratado como lo muerto, lo fijo, lo no dialéctico, lo inmóvil. El tiempo, al contrario, era riqueza, fecundidad, vida, dia-léctica” (Foucault 1980, 67).

En síntesis, estas últimas cuatro décadas “ha[n] alte-rado la relaciones de espacio y tiempo y ha[n] forzado a nuevas prácticas materiales, así como a nuevos modos de representación del espacio”, lo cual, para lo que nos

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interesa, incide en la manera en que se incorpora el espacio en la historia, aspecto que se abordará en la si-guiente sección (Harvey 1990, 425).

Hacia la multiplicidad del espacio en la historiaLas transformaciones experimentadas en la disciplina his-tórica en relación con la manera como se incorpora la di-mensión espacial son variadas, diversidad explicada tanto por las particularidades de cada tradición historiográfica como por la forma en que los cambios sociales descritos han jugado en cada caso. Siguiendo la propuesta analítica de Alan Baker, elaborada para entender las relaciones entre geografía, historia y geografía histórica, la producción académica puede ser entendida como un conjunto hetero-géneo de prácticas y practicantes, en donde se superponen diferentes estratos espaciales y temporales (Baker 2003, 7-8). Así, basado en la propuesta braudeliana de las tres duraciones, considera, al menos, tres estratos para el aná-lisis historiográfico (Braudel 1970). En primera instancia, los análisis que consideran momentos muy específicos, en los cuales es posible hacer un seguimiento más detallado a individuos y grupos en un período de apenas pocos años, análisis que se caracterizan por una inmensa variedad de temas, corrientes y tendencias. En segunda instancia esta-rían los estudios de alcance “coyuntural”, donde es posible identificar los temas que son “privilegiados” en períodos un poco más largos (décadas); por tanto, en este nivel ya se pueden detectar ciertos patrones en la investigación. Fi-nalmente, en un análisis de más largo aliento se busca de-tectar continuidades y cambios más gruesos en la práctica disciplinar (Baker 2003, 7).

Siguiendo esta línea de argumentación, en esta sección del artículo interesa destacar aquellos cambios que se han dado en las últimas décadas en la disciplina como un todo, en el límite entre la escala coyuntural y estructural de Baker. Al hacerlo, puede dar la sensación de que se es-tablece una relación mecánica entre los cambios sociales y el campo académico. Debe reiterarse, no obstante, que ésa no es la idea que se quiere transmitir, por cuanto la sociedad, así como la comunidad científica, son comple-jas, diversas, heterogéneas y contradictorias, y, a pesar de que es una práctica social, la dinámica disciplinar guarda sus propias particularidades, que impiden que sólo sea un reflejo del resto de la sociedad.

En este marco, una línea de trabajo destacada de la dis-ciplina en las últimas décadas se ha concentrado en de-mostrar que el conocimiento histórico no es neutro y que

depende de dónde se realiza, lo que ha sentado las bases a propuestas que quieren superar la herencia eurocéntrica de la historia (Goody 2006; Piazzini 2006; Iggers, Wang y Mukherjee 2008; Wallerstein 2001; Chakrabarty 2000; Subrahmanyam 1997; Said 2009). Otra línea de trabajo diferente tiene que ver con las posibilidades tecnológicas facilitadas por el desarrollo de los Sistemas de Informa-ción Geográfica: la autodenominada Historia Espacial. De acuerdo con Richard White, uno de los fundadores del proyecto en la Universidad de Stanford, la historia espa-cial busca ofrecer nuevas herramientas de investigación histórica basadas en la espacialización de datos, even-tos y procesos, lo que permite, según él, diseñar nuevas formas de hacer historia, ya que “los historiadores aun escriben de manera rutinaria sobre el cambio político, el cambio social, las relaciones de clase, las relaciones de género o el cambio cultural como si las dimensiones espaciales de todos estos temas importaran muy poco” (White 2010, parágrafo 6).

Tanto la historia espacial como los análisis de la produc-ción del conocimiento histórico hacen parte de un mo-vimiento mayor en la disciplina, que tiene que ver con el cuestionamiento del Estado-nación y que ha llevado a que se propongan la validez y necesidad de mirar otras escalas espaciales, pero en especial, a hacer énfasis en su interacción.

No es la primera vez que se cuestiona el dominio del Es-tado-nación en la historiografía. Uno de los casos más sobresalientes es el de los Annales, en Francia, llamado así por la revista que empezó a circular en 1929, justo en el período de la “Gran Depresión”, hecho que condicionó la aparición de nuevas cuestiones que daban más peso a lo económico y lo social (Dosse 1988, 16). Una de las ma-neras más claras en que estos historiadores criticaron la espacialidad del Estado-nación, fue precisamente a partir de hacer historias de espacios que no estaban de-limitados de esta forma, y de cuestionar, por tanto, la “naturalidad” de los límites políticos. Por ejemplo, Fer-nand Braudel buscó superar la visión localista y nacio-nalista de Europa, al hacer del Mediterráneo el principal actor de la historia europea y al establecer que, más que las coyunturas políticas y sociales, dentro de las cuales se ubica la temporalidad del Estado-nación, existe una temporalidad de larga duración, anclada en los procesos geológicos y climatológicos (Braudel 1976 y 1970).

En contraste con la aproximación braudeliana, donde lo espacial estaba anclado, principalmente, en las dinámi-cas físicas de larga duración, en la actualidad la crítica al Estado-nación en la historiografía hace énfasis en el

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papel de la sociedad en la construcción del espacio y las escalas. Así, ha surgido una serie de propuestas cuyas denominaciones ilustran el énfasis que les dan a las in-terconexiones: historia cruzada (histoire croissée), historias entrelazadas (entangled histories), historias conectadas (con-nected histories, histoires connectées), historias compartidas (shared histories) (Zimmermann 2010, 173).

Sin entrar en las particularidades de cada aproximación, lo más relevante de estas propuestas es que comparten el hecho de ser un conjunto de “aproximaciones relacio-nales que examinan los vínculos entre diferentes forma-ciones [sociales] históricamente constituidas” (Werner y Zimmermann 2006, 31). Para el caso que interesa en este artículo, lo relevante es que en estas diferentes aproxi-maciones hay una tendencia a pasar de asumir el espacio como algo estable y bien delimitado, a hacer énfasis en la interacción permanente, pero cambiante, entre espa-cios, escalas y actores.

Éste es el caso, por ejemplo, de la historia global, que constituye uno de los campos característicos de la his-toria en el régimen de historicidad actual, por cuan-to alude precisamente a la emergencia de eventos y procesos que se despliegan en la escala global y que, por tanto, no se definen únicamente a partir de las historias internacionales (Iriye 2002, 47; Dirlik 2005, 393-394; Hopkins 2006, 4; Fazio 2009c, 302). En esta propuesta, lo global no es sólo algo mayor que lo na-cional, sino una dinámica que se realiza por la interac-ción histórica entre muchos espacios (Duara 2002, 32; Dirlik 2005, 396-397; Gruzinski 2010, 43).

En este proceso de cambio en la forma que la historia asume al espacio, el concepto de escala tiene un papel central, pues las propuestas relacionales mencionadas se basan en la idea de que los cruces e interacciones se realizan en diferentes niveles. Por ejemplo, Metzler, al analizar la construcción de la política económica ja-ponesa de comienzos del siglo XX, recurre a los inter-cambios que se dieron entre las escuelas económicas de Estados Unidos, Alemania y Japón, de manera que ciertos preceptos económicos que se habían “univer-salizado”, como la idea de un estado interventor en la economía, encontraron eco y fueron ajustados como parte de la emergencia del movimiento de unidad na-cional en Japón (Metzler 2006).

Empero, la consideración de la multiplicidad de escalas comporta una particularidad. En la consideración del Estado-nación como un espacio claramente delimitado está implícita la idea de que las escalas más pequeñas

están contenidas en las más grandes. Esto significaba que las historias de las provincias o los departamen-tos estaban subsumidas en la historia nacional, la cual estaba a su vez incorporada en historias de regiones o áreas que apuntaban a una historia mundial, dictada por la trayectoria europea (y luego norteamericana) (Iriye 2002, 47; Kocka y Haupt 2009, 19; Dirlik 2005, 393; Subrahmanyam 1997, 742).

No obstante, puesto que ahora existe la tendencia a ver las historias a partir de interacciones con muchos espa-cios, que no son necesariamente nacionales ni contiguos, cada nivel espacial de análisis tiene unas particularida-des, de las que no pueden ilustrar, necesariamente, las escalas mayores. Por tanto, existe una “inconmensura-bilidad de los niveles de análisis” (Delacroix 2010, 727), lo que implica que la elección de la escala no es un asunto neutral, sino que depende de las propiedades de lo estu-diado y del interés del investigador (Werner y Zimmer-mann 2006, 42). En resumen, se experimenta un cambio que, por una parte, va de la superposición de escalas a la interacción entre las mismas, y por otra, de una aproxi-mación que se basa en la continuidad espacial entre una escala y otra, a otra que enfatiza la discontinuidad (Revel 2010, 532), en clara sintonía con la idea de redes, interco-nexiones e interdependencias en la experiencia del tiem-po y el espacio ya señaladas.

Esta nueva condición de la escala se observa parti-cularmente bien en las aproximaciones locales de la historia, de manera específica, en los trabajos que tienen que ver con espacios “pequeños”, por cuanto las historias locales en el marco de la historia nacio-nal se percibían fundamentalmente como las histo-rias de los espacios político-administrativos menores (municipios, veredas, pueblos), de nuevo, bajo la idea de unidades homogéneas con límites claros. Desde mediados de la década de los años sesenta del siglo XX, como indicadores de una nueva forma de asu-mir el espacio, bajo la rúbrica de “Microhistoria” comenzaron a aparecer estudios históricos que ha-cían énfasis en las dinámicas locales y cotidianas. Así, se publicaron estudios de espacios que no eran definidos por lo político-administrativo, sino por sus dinámicas sociales y culturales, como es el caso del trabajo de Luis González sobre su pueblo natal en Mi-choacán (México) (González 1995). Por otra parte, se hicieron historias a partir de casos personales, para ilustrar procesos históricos mayores, aunque sin pre-tensiones de totalidad. En estos últimos casos, el centro no era tanto el espacio en sí, sino el énfasis en las dinámicas sociales (Ginzburg 2001).

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A estos trabajos iniciales se han sumado muchos otros en las últimas dos décadas, no necesariamente orientados desde la “Microhistoria”, que han tenido la preocupación de entender los espacios cotidianos como construccio-nes sociales, mirando las dimensiones tanto simbólicas como materiales. Siguiendo a Peter Burke:

La referencia a los espacios es digna de notar [...] La historia de las ciudades estaría incompleta sin los estudios de las plazas de mercado, así como la histo-ria de la casa estaría incompleta sin los estudios del uso del espacio en los interiores [...] Los historiado-res de la ciencia ahora se interesan por los espacios dentro de los laboratorios o los salones de anatomía, mientras que los historiadores del imperio estudian la producción de los cuarteles militares [cantonment] y las casas de descanso [bungalow]. Los historiadores del arte miran las galerías y los museos no sólo como ins-tituciones, sino como espacios; los historiadores de la música examinan el diseño de las salas de ópera y las salas de concierto [...]. (Burke 2004, 69)3

El concepto de lugar ayuda a entender esta relevancia de lo local, de los espacios pequeños. Como muestra Withers, este concepto es tan polivalente como los de es-pacio y tiempo (Withers 2009, 639). Sin embargo, tiende a tener una particularidad, y es que, a pesar de esa diver-sidad de significados, desde la década de los sesenta se identifica al lugar como un espacio en el que es más evi-dente la interacción entre dinámicas espacio-temporales de diferente orden y magnitud, incluidas manifestacio-nes de identidad y apego (Harvey 1996, 294; Agnew 1987, cap. 3). Es decir, las ideas del espacio como construcción social y de lo global como interacción entre diferentes es-calas, se han apreciado con mayor intensidad y claridad en los estudios de lugares.

En resumen, el cambio de régimen de historicidad que se está experimentando en las últimas cuatro décadas ha imprimido cambios importantes a la manera en que la historia incorpora el espacio. En general, estamos asistiendo al paso de una historia centrada en áreas bien delimitadas y estables, a una historia que hace énfasis en conexiones, intercambios y circulaciones entre lugares, regiones, países, todos cambiantes e inestables. Esto no supone la desaparición de la esca-la nacional en la historia, sino su reposicionamiento como una más entre muchas otras.

3 Como ejemplos, se pueden citar Billinge (2001) y Howell (2001).

ConclusiónEn las últimas cuatro décadas se ha asistido a un cambio en las formas de experimentar el espacio y el tiempo, el cual puede ser entendido como un cambio en el régimen de his-toricidad, es decir, un cambio en el orden dominante del tiempo. Así, hasta mediados de la década de 1960, el futuro era el referente temporal de la acción colectiva en muchos países del mundo. De acuerdo con esta perspectiva, había unas sociedades localizadas en Europa y Norteamérica que conocían la senda del progreso, es decir, el mejor estado po-sible para las sociedades, mientras que el resto del mundo se encontraba en etapas más atrasadas, y que sólo lograrían salir de allí si emulaban el camino de las naciones desarro-lladas. Desde entonces, la ocurrencia de cambios sociales profundos —como la crisis económica que impidió man-tener un crecimiento sostenido en Europa y Estados Uni-dos, la descolonización de Asia y África, la emergencia de la crisis ambiental y la posibilidad latente de una guerra nuclear— llevó al cuestionamiento del progreso material como motor de la historia y de la trayectoria europea como el modelo para el resto del mundo. Este cuestionamiento condujo a la ruptura del dominio del futuro en la experien-cia del tiempo y su reemplazo progresivo por el presente.

Estos cambios en el régimen de historicidad han estado relacionados con cambios en la experiencia del tiempo y del espacio. Las transformaciones más relevantes en la experiencia espacial tienen que ver con el surgimien-to de la escala global, que hace referencia a la existen-cia de dinámicas mayores que las internacionales, pero que tienen sentido porque interactúan y se conectan con dinámicas de escalas menores. Esta transformación se deriva de los cambios culturales, políticos, tecnológicos y económicos que han permitido incrementar la veloci-dad en varios aspectos de la vida social. Esta aceleración, además, ha conllevado la sincronicidad de experiencias diversas, la cual resalta las interacciones entre distintas escalas espaciales (y temporales) y enfatiza el predomi-nio del presente en la experiencia del tiempo.

Estas transformaciones de las concepciones del espacio y el tiempo, enmarcadas en el cambio de régimen de historicidad, han influido en la práctica de la historia, por cuanto la actividad académica hace parte de las di-námicas sociales. Así, en el régimen de historicidad que privilegiaba el futuro, la historia incorporaba al espacio fundamentalmente a partir de la idea del Estado-nación. De acuerdo con ésta, el Estado-nación era un espacio cla-ramente delimitado e internamente continuo, donde el gobierno nacional ejercía su soberanía. En contraste, en el régimen de historicidad que privilegia el presente, la

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historia ha comenzado a cuestionar el dominio del Esta-do-nación, haciendo énfasis en las interacciones que se crean en diferentes escalas, espacios y actores. Esto ha llevado a un interés por entender la manera en que la construcción social del espacio enriquece la comprensión de la dinámica histórica.

En este punto, los trabajos sobre los lugares son ejem-plares, ya que ilustran cómo se relacionan personas, lo-calidades, regiones o países que se articulan en torno a redes, nodos y flujos. Así, se está asistiendo al paso de una historia basada en el consenso estable entre progre-so (desarrollo), Estado e historia nacional, a una basada en tensiones permanentes caracterizadas por la discon-tinuidad y la inestabilidad, pero también por la interde-pendencia y la multiplicidad de los agentes históricos.

Por último, es necesario insistir en que este artículo ex-pone los cambios más generales en la disciplina como un todo, pero se espera que reflexiones más específicas, tanto espacial como temporal y temáticamente, permi-tan ver la complejidad y variedad de formas que adopta la relación entre historia, espacio y sociedad.

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* Este artículo es resultado de dos investigaciones, ambas desarrolladas por el Grupo de Estudios en Inmigración y Minorías Étnicas (Gedime) del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigidas por la Dra. Carlota Solé: “DIC.CAT. Mujer, Inmigración y Ciudada-nía: las mujeres marroquíes como generadoras de ciudadanía en Catalunya” (2010-2011), financiada por la Generalitat de Catalunya. Financiación: 15.000 euros, y “CIMUMER. Ciudadanía cívica e inclusión social: estrategias de las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas” (2010-2012), finan-ciada por el Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, España. Financiación: 45.110 euros. Son coautores de este artículo: Enrique Santamaría, Alisa Petroff, Iskra Pavez Soto, Rosalina Alcalde, Esperanza Bielsa, Leonardo Cavalcanti, Ainhoa Flecha y Sònia Parella Rubio, miembros del Grupo de Estudios sobre Inmigración y Minorías Étnicas (Gedime) y del Centro de Estudios e Investigación en Migraciones (CER Migracions) de la Univer-sidad Autónoma de Barcelona.

v Doctora en Sociología por la Universidad de Reading, Reino Unido. Catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), directora del Departamento de Sociología, del Grupo de Estudios sobre Migraciones y Minorías Étnicas (Gedime) y del CER Migracions (Centro de Estudios e Investigación en Migraciones) de la UAB. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: The Upward Occupational Mobility of Immi-grant Women in Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies 39, n° 9 (2013), y Cohesión social e inmigración. Aportaciones científicas y discursos políticos. Revista Internacional de Sociología 69, n° 1 (2011). Correo electrónico: Carlota.Sole@uab.cat

D Doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, España. Investigadora posdoctoral del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), del Grupo de Estudios sobre Migraciones y Minorías Étnicas (Gedime) y del CER Migracions (Centro de Estudios e Investigación en Migraciones) de la UAB. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Compartiendo las diferencias en un mismo espacio: ¿comunidad societal o patriotismo de la Constitución? Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales XVIII, n° 427 (2013), y From Research to Policy: Roma Participation through Communicative Organization. Qualitative Inquiry 17, n° 3 (2011). Correo electrónico: Olga.Serradell@uab.cat

Doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, España y la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Profesora agregada interina del De-partamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Grupo de Estudios sobre Migraciones y Minorías Étnicas (Gedime) y del CER Migracions (Centro de Estudios e Investigación en Migraciones) de la UAB. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: El pueblo gitano: una identidad global sin territorio. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales XVII, n° 427 (2013), e Immigrant and Native Romani Women in Spain: Building Alliances and Developing Shared Strategies. Journal of Ethnic and Migration Studies 38, n° 8 (2012). Correo electrónico: Teresa.Sorde@uab.cat

Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España*

RESUMEN En las últimas décadas, el gran aumento de las migraciones internacionales cuestiona la concepción tradicional de ciudadanía, basada en la nacionalidad y circunscrita a las fronteras del Estado-nación. Diferentes contribuciones apuntan a la necesidad de considerar nuevos elementos para ampliar este concepto en un contexto cosmopolita. Pero el papel que desempeñan las mujeres inmigrantes en el replanteamiento del concepto tradicional de ciudadanía se analiza escasamente. El artículo contribuye a este debate teórico presentando una crítica a la concepción tradicional de ciudadanía. Introduce la aportación de las mujeres inmigrantes a la práctica de la ciudadanía en sus experiencias cotidianas. Desde una perspectiva transnacional, sostiene que ellas promueven una ciudadanía inclusiva, por su vinculación al asociacionismo y a espacios informales de participación.

PALABRAS CLAVE Ciudadanía, género, inmigración, socialización, asociacionismo.

Fecha de recepción: 30 de octubre de 2012Fecha de aceptación: 19 de abril de 2013Fecha de modificación: 13 de junio de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.04

Carlota Solév - Olga SerradellD - Teresa Sordé

Introducción

En las últimas décadas, una serie de análisis empíricos y reflexiones teóricas han puesto de relieve los límites de los modelos formales de ciudadanía que prevalecen en la mayoría de las democracias liberales occidentales.

En muchas ocasiones, como consecuencia de la rigidez y de su circunscripción al Estado nacional, han demostra-do ser incapaces de dar respuesta a los nuevos retos que plantean las sociedades globalizadas del siglo XXI. En el caso español, la inmigración internacional, fundamen-talmente procedente del norte de África, América Latina y Europa del Este, ha originado cambios profundos en la estructura social que requieren un replanteamiento de las formas tradicionales de distribución de los derechos formales. Este artículo presenta una crítica a la concep-ción vigente de ciudadanía y argumenta que, mientras

se han dedicado cuantiosos esfuerzos a  identificar nuevas formas de definir el concepto de ciudadanía, a menudo se ha ignorado un aspecto fundamental que va más allá de la extensión formal de los derechos de ciudadanía, que se refiere a las personas que conviven en una determinada sociedad y que ejercen la ciudada-nía de un modo informal.

Las contribuciones que aquí se presentan son resul-tado de dos estudios llevados a cabo por el Grupo de Estudios en Inmigración y Minorías Étnicas (Gedime) del Departamento de Sociología de la Universidad Au-tónoma de Barcelona: “DIC.CAT. Mujer, Inmigración y Ciudadanía: las mujeres marroquíes como genera-doras de ciudadanía en Catalunya” se desarrolló entre 2010 y 2011 y fue financiado por la Generalitat de Ca-talunya. “CIMUMER. Ciudadanía cívica e inclusión social: estrategias de las mujeres marroquíes, ecuato-

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Feminine Citizenship. Contributions from Moroccan, Ecuadorian and Romanian Immigrant Women in Spain

ABSTRACTIn recent decades, the large increase in international migration has challenged the traditional conception of citizenship based on nationality and confined to the borders of the nation-state. Several contributions point to the need to take into account key elements in order to expand the concept in a cosmopolitan context. Nevertheless, the role of immigrant women is hardly discussed. This paper aims to contribute to this debate by presenting a critique of the traditional concept of citizenship. The article also introduces the role of immigrant women in the practice of citizenship through their everyday experiences. From a transnational perspective, we argue that immigrant women promote a more inclusive citizenship due to their links with grassroots organizations and informal spaces of participation.

KEY WORDS Citizenship, gender, migration, socialization, social movements.

Cidadania em feminino. Contribuição das mulheres imigrantes marroquinas, equatorianas e romenas na Espanha

RESUMONas últimas décadas, o grande aumento das migrações internacionais questiona a concepção tradicional de cidadania, baseada na nacionalidade e circunscrita nas fronteiras do Estado-nação. Diferentes contribuições apontam à necessidade de considerar novos elementos para ampliar esse conceito em um contexto cosmopolita. No entanto, o papel que as mulheres imigrantes desempenham na reformulação do conceito tradicional de cidadania se analisa escassamente. Este artigo contribui para este debate teórico ao apresentar uma crítica à concepção tradicional de cidadania. Introduz a contribuição das mulheres imigrantes para a prática da cidadania em suas experiências cotidianas. A partir de uma perspectiva transnacional, sustenta que elas promovem uma cidadania inclusiva, por sua vinculação ao associacionismo e a espaços informais de participação.

PALAVRAS-CHAVECidadania, gênero, imigração, socialização, associacionismo.

rianas y rumanas” duró tres años, de 2010 a 2012, y fue financiado por el Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad, Gobierno de España). Ambas investiga-ciones tratan sobre inmigración, género y ciudadanía y tenían como objetivo analizar las prácticas de ciu-dadanía desarrolladas por las mujeres inmigrantes tanto en el nivel formal, a través del asociacionismo y otras prácticas de participación ciudadana institucio-nalizadas (esfera pública), como en el nivel informal, en prácticas no formales (esfera privada).1 La hipóte-sis de partida, corroborada por ambos estudios, es que estas mujeres contribuyen desde las esferas pública y privada en ámbitos formales e informales a la práctica de la ciudadanía desde abajo, independientemente de su situación jurídico-administrativa, aportando una nueva dimensión a la discusión teórica. Si esa reali-dad fuera reconocida, permitiría ampliar la concepci-ón formal de ciudadanía.

La metodología utilizada en ambos estudios ha sido de tipo cualitativo, con la finalidad de explorar las con-tribuciones de las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas en relación con la ciudadanía y el papel que desempeñan como agentes socializadores en el país de acogida. Para cumplir tal objetivo, la realización del trabajo de campo ha tenido en cuenta ambas esfe-ras, pública y privada, donde las mujeres inmigrantes entrevistadas desarrollan sus prácticas ciudadanas. Además de incluir el análisis de entrevistas en profun-didad y grupos de discusión con mujeres que no parti-cipan en asociaciones, se han realizado tres estudios de caso de asociaciones donde participan mujeres in-migrantes de los tres colectivos seleccionados. En total se han realizado dieciocho entrevistas en profundidad y seis grupos de discusión con mujeres inmigrantes de origen marroquí, rumano y ecuatoriano, de perfiles y situaciones personales muy variados y residentes en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, dos de las zonas más importantes de recepción de flujos migratorios procedentes de Ecuador, Marruecos y Ru-

1 A lo largo del artículo distinguimos entre las dimensiones pública y privada de las diferentes prácticas que llevan a cabo las mujeres in-migrantes estudiadas en el ámbito de la ciudadanía. Así, cuando nos referimos a las prácticas formales ponemos el énfasis en la dimen-sión pública de las mismas, por ejemplo, lo que hacen estas mujeres desde los espacios públicos en los que participan, ya sean asociacio-nes, partidos políticos u otras organizaciones de la sociedad civil. Por prácticas informales entendemos las que llevan a cabo las mujeres inmigrantes estudiadas en la esfera privada, en su cotidianeidad. Entre éstas se encuentran las relaciones de amistad que establecen y las redes de apoyo que forman con otros miembros de su comunidad de origen, familia, o en el trabajo.

manía, los tres colectivos estudiados. Los estudios de caso se han llevado a cabo en tres asociaciones, una por colectivo, donde participan las mujeres estudiadas, y que enmarcamos dentro de la esfera pública. Para cada asociación se ha realizado un grupo de discusión con mujeres participantes y tres entrevistas en profundi-dad, una con un miembro fundador y dos con mujeres socias de la entidad.

En la esfera privada el trabajo de campo se ha com-puesto de tres entrevistas en profundidad y un grupo de discusión con mujeres de cada uno de los tres colec-tivos. Las entrevistas en profundidad se han orientado a recoger el análisis individual que cada mujer realiza sobre su propia trayectoria de vida, proyecto migrato-rio, relación con la familia, la comunidad de origen y la de acogida. Los grupos de discusión, unos realizados con mujeres miembros de asociaciones y otros con mu-jeres no participantes, recogen información significa-tiva y relevante sobre los temas de debate y discusiones en relación con la participación y el acceso a derechos de ciudadanía de estas mujeres.

En los dos primeros apartados de este artículo se in-troducen las críticas a la noción tradicional de ciuda-danía formal, primero en el nivel general y después de manera más concreta desde la perspectiva de género y la pluralidad cultural. En la tercera parte se analizan investigaciones que han abordado el análisis de la ciu-dadanía en relación con las mujeres inmigrantes. En la cuarta parte se presentan algunas de las estrategias favorecedoras de la ciudadanía identificadas en las dos investigaciones realizadas. El artículo termina con algunas reflexiones finales sobre las dimensiones por tener en cuenta en la reformulación del concepto de ciudadanía.

Concepto de ciudadanía: una revisión crítica (sobre quién puede ser ciudadano)Durante la segunda mitad del siglo XX se produce una revisión profunda de los derechos humanos que pone en entredicho su vinculación con el concepto de ciudada-nía. A pesar de las resistencias de los Estados-nación, su papel predominante se ve disminuido ante la creación de unidades geopolíticas más amplias como la Unión Europea. La proliferación de vínculos transnacionales tanto económicos como políticos y el gran incremento de las migraciones internacionales inducen a revisar el concepto de ciudadanía liberal. De una concepción

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restrictiva, basada en la nacionalidad, se comienza a vislumbrar el perfil de una concepción abierta de ciuda-danía, vinculada a la participación democrática en una sociedad multiétnica y pluricultural.

El proceso de globalización y las migraciones internacio-nales ponen en evidencia las contradicciones entre las nociones de ciudadanía restrictiva y el acceso a derechos políticos, sociales y culturales, en un contexto en el que se reclama la inclusión de los grupos étnicos y culturales mi-noritarios para garantizar la cohesión de toda sociedad. Diferentes autores y autoras aportan nuevas formula-ciones para responder a estos retos, a través de 1) aban-donar el concepto de nacionalidad como frontera entre la inclusión/exclusión en y de la comunidad o sociedad (Hammar 1985 y 1990), 2) tomar el criterio de residencia permanente, más allá del origen y/o la nacionalidad de sus miembros. Así, se entiende la ciudadanía desde una perspectiva inclusiva,2 tomando como base el principio de ius domicilii, que, a diferencia de los principios de ius sanguinis o ius soli, permite a los extranjeros ejercer la ciudadanía en el país de acogida (Castles y Davidson 2000), 3) incluir a los inmigrantes como ciudadanos. Ello supone, revisar la concepción de ciudadanía basada en una única identidad y vinculación nacional (territorial) y sustituir la naciona-lidad como criterio para garantizar el pleno acceso a los derechos de ciudadanía. Se trata, de acuerdo con De Lucas (2009), de encontrar un equilibrio entre la ampliación de la ciudadanía de una manera plural e inclusiva, 4) propo-ner la categoría de “localidad” y el restablecimiento de la ciudadanía como derecho a la ciudad, que implica el dere-cho a la movilidad (libertad de movimientos) y a la presen-cia visible de los residentes permanentes en dicho espacio (Glick-Schiller 2008; Morán 2007; Mahning 2004; Walzer 1998), 5) mostrar la existencia en el nuevo escenario glo-balizado de modelos inclusivos de ciudadanía que necesi-tan desvincularse del binomio nacionalidad-ciudadanía (Castles 2000) para ejercer sus derechos y obligaciones, dentro y fuera de las fronteras del Estado-nación, y supe-rar las desigualdades generadas en razón de clase social, etnia y género, entre otros.

A partir de estas cinco aportaciones es necesario repen-sar y redefinir los espacios —público y privado— donde se ejerce la ciudadanía. En esta línea, De Lucas (2009) manifiesta que no se trata sólo de luchar contra la dis-criminación, sino de hacerlo por la integración política, lo que implica el reconocimiento, el respeto y la parti-

2 Las críticas para replantear el concepto de ciudadanía abundan den-tro de la literatura especializada. Ver Young (1989), Baubock (1995), Baumann (2001) o Solé et al. (2011).

cipación de las personas inmigrantes en la sociedad de destino. Desde esta perspectiva, una ciudadanía inclu-siva se apoya en la igualdad sociojurídica entre todas las personas, ya sean nacionales o extranjeras, que tengan residencia en el país. Esto implica el reconocimiento de los inmigrantes como sujetos de derecho en el espacio público, dentro del cual se enmarca el respeto a la diver-sidad. Además, esta ciudadanía inclusiva se basa en la igualdad y representa un instrumento clave para la cohe-sión social (Solé et al. 2011).

La necesidad de extender derechos de ciudadanía a las personas inmigrantes es un debate abierto y polémico. Representa un verdadero desafío para los Estados-nación porque amplía los derechos y obligaciones sociales, ci-viles y políticos al reconocerlos a todas las personas que residen en su territorio. Como veremos, la práctica de la ciudadanía es un aspecto poco tenido en cuenta en las in-vestigaciones sociales, especialmente en relación con el género. De ahí otra crítica que se formula a la concepción tradicional de ciudadanía sobre su excesiva formalidad, en el sentido de no reconocer las prácticas informales que se llevan a cabo en cualquier sociedad y que contribuyen a su configuración como tal.

En nuestra investigación hemos estimado sustancial considerar el impacto de las acciones y actividades que las mujeres desarrollan en su vida cotidiana. En sintonía con las tesis de autores como Dahl (2010), abogamos por la necesidad de incorporar las prácticas y destacar la importancia de procesos sociales, tales como la escolarización, el asociacionismo y la sociali-zación familiar para la generación y el mantenimien-to del “credo democrático” que configura, entre otros aspectos, conceptos abstractos como la ciudadanía. Esto permite comprobar hasta qué punto las mujeres inmigrantes, lejos de ser agentes pasivos, crean prác-ticas ciudadanas. En consecuencia, superando la con-cepción abstracta, hemos querido aproximarnos a una dimensión práctica del ejercicio de la ciudadanía que permita visibilizar espacios informales de actuación de estas mujeres inmigrantes.

Democracia, pluralidad y género: elementos clave en la crítica a la concepción tradicional de ciudadanía A partir de las aportaciones de autores como Habermas (1999) sobre la necesidad de incorporar la pluralidad cultural en un concepto de ciudadanía que parta de la inclusión social, se apunta a otro tipo de vinculacio-

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nes distintas y complementarias a la homogeneidad nacional, como puede ser la pertenencia a una histo-ria y lengua comunes. Estos vínculos generan entre los individuos una conciencia democrática y la volun-tad de participar activamente en la construcción de lo que consideran “su” sociedad. En la reformulación de concepciones como la de ciudadanía, apuntamos, de acuerdo con Habermas (1999) y Dahl (2010), a la nece-sidad de reconocer prácticas y procesos sociales que se producen en la vida cotidiana de las personas, en par-ticular de las mujeres inmigrantes, y que, a medio o largo plazo, pueden llegar a institucionalizarse.

Algunos autores y autoras han señalado la omisión de las aportaciones teóricas y sociales que muchas mu-jeres han realizado a lo largo de la historia (Christen-sen, Kohler y Aldridge 2012). A través de un análisis y del (re)conocimiento de la participación de las mujeres inmigrantes en procesos democráticos, abordamos la cuestión de la ciudadanía a partir de las prácticas y acciones cotidianas que desarrollan estas mujeres y que fomentan el asociacionismo. Entre estas prácti-cas destacan las tradicionalmente consideradas como femeninas, que, arraigadas de manera inicial en la esfera privada, se institucionalizan, pasan a la esfera pública y se reflejan en lo formal. Como veremos más adelante, las mujeres entrevistadas desarrollan este transvase a través de su participación en asociaciones de inmigrantes. Por otro lado, junto a la democracia y la pluralidad, el género representa otro poderoso elemento para una concepción revisada de la ciuda-danía. A este respecto, Sen (2000) argumenta que las mujeres son agentes sociales activos que protagonizan cambios en todo el mundo desde culturas, orígenes y condiciones muy distintos. Se trata de procesos de em-poderamiento que las mujeres desarrollan cuando se crean oportunidades para acceder a espacios de poder, ya sea en el ámbito familiar o en la esfera pública, a través del acceso al mercado laboral o a la participa-ción política. En el análisis de Sen es clave cómo se ex-panden las “capacidades” de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar (Sen 2000, 34). Para este autor es fundamental tener en cuenta, por un lado, las medidas públicas que aumentan el bienestar y, por otro, el uso eficaz de las capacidades de participación de las personas, que pue-den influir en el desarrollo y orientación que tomen las mencionadas medidas. Sen enfatiza el papel de las mujeres al describir algunas de sus aportacio-nes fundamentales a la democracia, a la educación y a la mejora de la calidad de vida de sus sociedades. Por ejemplo, el acceso a la formación de las mujeres

que viven en contextos de exclusión social y pobreza tiene efectos en todos los ámbitos de sus vidas, que fa-vorecen incluso su capacidad de participación en los procesos de decisión familiar. Así, la educación y, en concreto, la alfabetización son factores clave porque amplían la capacidad de participación social y política de estas mujeres.

En esta línea, Kohen (2005) sigue los trabajos iniciados por Gilligan (1982) sobre el desarrollo psíquico y moral de los seres humanos, con especial énfasis en las mu-jeres. Señala la ética del cuidado como una forma de mirar al mundo, surgida sociohistóricamente en el ámbito privado. Concibe la realidad social y la noción de ciudadanía como un problema de relaciones que implican responsabilidad y cuidado. Esta perspectiva, que se sustenta en principios que surgen en el ámbito privado, ha sido incluida en nuestra investigación, ya que tiene en cuenta las mutuas interconexiones que establecen los individuos, reconociendo la vulnerabi-lidad humana, así como las relaciones de interdepen-dencia entre las personas. Más que en los derechos y las normas, la ética del cuidado pone el énfasis en la satisfacción de las diversas necesidades humanas y va-lora el contexto y las diferencias sociales concretas.

En este punto Kohen sostiene que apostar por una ética del cuidado no significa abandonar los ideales de uni-versalidad, igualdad y justicia. Reconocer el ejercicio práctico de la ciudadanía que ejercen las mujeres inmi-grantes no entra en contradicción con la concepción de ciudadanía formal, sino que la complementa y amplía. Tomar en consideración una concepción de la ciudada-nía basada en la ética del cuidado permite visibilizar las interconexiones y tensiones entre el ámbito público y el privado, las relaciones de poder y de privilegio que subyacen a las relaciones de cuidado, las necesidades humanas, así como la desigualdad de derechos que se oculta en la noción tradicional de ciudadanía. Articu-larla junto a los valores de universalidad, igualdad y justicia permite evitar que las relaciones de cuidado se vuelvan arbitrarias, generando excesiva dependencia e incluso explotación.

Reconocer las prácticas informales de la ciudadanía, y otros modos de ejercerlas desde el ámbito privado como una de las muchas aportaciones que todas las mujeres realizan a las sociedades donde residen, es una reivindicación de los movimientos feministas de-nominados “de la diferencia”, que recuperan la ética del cuidado como un espacio social y político de ciu-dadanía (Izquierdo 2007; Sendon de León 2002; Nash

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2004; Rivera 1994; Muraro 1994). Estos movimientos han cuestionado fuertemente el androcentrismo que conlleva la noción tradicional de ciudadanía. Aplicar la perspectiva de género al análisis de la participación de las mujeres inmigrantes permite una mejor com-prensión de una realidad que ya existía pero quedaba invisibilizada. Junto a los análisis científicos, tam-bién los individuos, grupos e instituciones han ido in-corporando a lo largo de la historia una conciencia de género que, a pesar de las dificultades, ha permitido avanzar en cuestiones tan relevantes como el derecho al voto, superando importantes desigualdades de gé-nero entre hombres y mujeres en la esfera pública. No obstante, se trata de avances que penetran también en el ámbito privado de la vida de las personas modifi-cando los roles de género.

Pluralidad de espacios y procesos de empoderamiento de género en contextos migratoriosDiversas investigaciones3 han apuntado el hecho de que las mujeres inmigrantes son agentes activos en diferentes instituciones, privadas y públicas, como también en espacios informales, llevando a cabo prác-ticas democráticas. Poco a poco, ellas han adquirido un papel mayor y más relevante en la esfera pública y han conseguido aunar ambas esferas. En muchos casos, se evidencia que la participación estrictamente vinculada a la esfera privada está más cerca de conver-tirse en participación pública cuando es vehiculada a través de diferentes espacios culturales, educativos o religiosos, entre otros.

La participación de mujeres inmigrantes puede explo-rarse desde la perspectiva de la reproducción de prác-ticas específicas de género. Estas prácticas se llevan a cabo, por ejemplo, a través de actividades comuni-tarias organizadas por asociaciones de inmigrantes transnacionales. En esta línea se encuentra el estu-dio llevado a cabo por Goldring (2011) sobre el género y las geografías de la ciudadanía en las organizaciones mexicanas transmigrantes en Estados Unidos, donde se constata cómo las mujeres inmigrantes mexicanas intentan articular una agenda que recoja sus intere-

3 Véanse Cardona (2008), Desrues y Moreno (2009), Ennaji (2008), Fargues (2005), Gavron (2005), Göle (2005), Maddy-Weitzman (2005), Nyhagen (2004 y 2008), Paloma et al. (2010), Samper (2003), Sawer (2000), Skjeie y Siim (2000), Solé y Parella (2005), Veith (2005) y Zoglin (2009).

ses y necesidades, tales como la educación, el empleo, la familia y la infancia, e incidir en los objetivos y ac-tividades de las organizaciones transnacionales en las que participan.

De forma parecida, otras investigaciones resaltan nue-vas formas de ejercer la ciudadanía. Así concluyen, por ejemplo, los estudios de Staeheli y Nagel (2006) sobre la participación de las mujeres inmigrantes en pro-gramas de voluntariado que persiguen ayudar a otras mujeres en el desarrollo de proyectos empresariales en Estados Unidos. Puesto que no se trata simplemente de espacios donde se reproducen las construcciones de género, contextos como el estadounidense permiten a mujeres de diferentes colectivos inmigrantes desafiar e incluso abandonar algunos roles tradicionales aso-ciados al género y utilizar dichos proyectos para crear nuevos espacios relacionales, orientados a la práctica de la ciudadanía.

Por su parte, Bosco, Aitken y Herman (2011) sostienen que son los propios obstáculos en el país de destino los que inducen a las mujeres inmigrantes a movili-zarse y participar en organizaciones de la sociedad de acogida. Por ello, a menudo esta participación se genera en espacios directamente relacionados con las necesidades que el propio proyecto migratorio acarrea y sus consecuencias. Es el caso del Neighborhood Action Group (Grupo de acción barrial), una organización de mujeres (y madres) mexicanas residentes en Estados Unidos (Bosco, Aitken y Herman 2011) que reivindi-ca mejoras en el barrio, en la seguridad urbana y en los itinerarios escolares de sus hijos, y que ha logra-do que desde la administración local se implemente el programa Safe Routes to School (Rutas seguras hacia la escuela). A través de este ejemplo se ratifica el rol de empoderamiento que desarrollan estas asociaciones que no surgen por la necesidad de mantener y promo-cionar la cultura de origen, como es el caso de gran parte del movimiento asociativo inmigrante, sino que dan respuesta a problemas y situaciones comunes de la sociedad de destino, a las que ellas se enfrentan (Unzueta 2009).

En años recientes han proliferado en España estudios de caso de asociaciones que abordan el proceso de em-poderamiento. Un ejemplo es el estudio de Paloma et al. (2010), que analiza la asociación Amal, una orga-nización formada y creada por mujeres marroquíes en Andalucía, cuyo principal objetivo es otorgar poder de decisión a las mujeres inmigrantes y facilitar su inte-gración. Del mismo modo, la asociación vasca Malen

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Etxea de mujeres latinoamericanas por el codesarro-llo persigue mejorar la comunicación entre madres e hijos a distancia, facilitando estrategias de cuidado en el contexto de una maternidad transnacional (Unzueta 2009). En este sentido, las mujeres inmigrantes acer-can sus realidades y sus reivindicaciones a la sociedad receptora de la que son parte y contribuyen así a am-pliar la noción de ciudadanía vinculándola a sus dere-chos al reclamar la mejora de sus condiciones.

A su vez, existen investigaciones que han analizado este proceso tomando el caso de la participación en or-ganizaciones religiosas en los países de destino, insti-tuciones que pueden convertirse en una vía de acceso al asociacionismo cultural y/o educativo. En ocasio-nes, es a través de estas prácticas como las mujeres in-migrantes asumen el rol de creadoras de nuevos modos de ciudadanía. En contextos institucionales como las mezquitas o las iglesias (ya sean éstas ortodoxas, evangélicas o católicas) surgen espacios informales, donde las mujeres tienen la oportunidad de conocer-se, desarrollar actividades diversas, poner en común ideas y ayudar a llevar a cabo proyectos personales y comunitarios, generando así prácticas informales de participación originadas en espacios de participación formal. La necesidad de cubrir más funciones que las estrictamente religiosas convierte los centros de culto en espacios donde lo privado y lo público se entrelazan de tal manera que se diluye su carácter exclusivamente formal cuando, por ejemplo, se requiere la presencia de mujeres en la educación de otras mujeres o en la socia-lización de los niños (Nyhagen 2008). Estos espacios, a pesar de estar a menudo liderados por hombres, per-miten una mayor presencia de mujeres, debido al tipo de participación que ejercen y que supera lo religioso. Ebaugh y Chafetz (1999) explican que las mujeres se encargan, por ejemplo, de reproducir las tradiciones culturales a través de la preparación de la comida en las celebraciones religiosas y son actores centrales en la reproducción de las prácticas religiosas en el ámbi-to privado y responsables de impartir clases sobre la cultura y la lengua de origen a las segundas genera-ciones. En consecuencia, las instituciones religiosas se vislumbran como espacios del protagonismo social de las mujeres inmigrantes, que eventualmente puede derivar en procesos de empoderamiento de género.

Además de las investigaciones que exploran los proce-sos de participación formal, hay otras prácticas que, originadas en la cotidianeidad de la esfera privada o lo informal, pueden llegar a tener un impacto importante en el ámbito público y político. Un buen ejemplo de ello

lo representarían algunas mujeres de origen árabe-mu-sulmán que ejercen presión social a favor de la libertad de elección en la llamada question du foulard (cuestión del pañuelo) en Francia. Tras la prohibición en 2004 del uso de símbolos religiosos en escuelas e institutos públicos,4 desde el asociacionismo y el feminismo islámico, las mu-jeres consiguen impulsar un fuerte debate en la opinión pública en el que defienden su derecho a elegir, entre otras cuestiones, su forma de vestir (De Botton, Puigvert y Taleb 2004). En este sentido, y en la misma línea que Yeğenoğlu (2012), Benhabib (2005 y 2011) habla de las “po-líticas jurisgenerativas”, refiriéndose al proceso por el cual el propio ejercicio de los derechos y de la acción polí-tica contribuye a ampliarlos y a otorgarles nuevos signi-ficados cuando éstos los ejercen sujetos cuya acción legal y política no ha sido tenida en cuenta en la formulación inicial de los mismos.

Éste es un ejemplo de cómo lo íntimo, privado e infor-mal pueden adquirir una dimensión pública, dando lugar a maneras de participación que van de lo infor-mal a lo formal, y viceversa, desde espacios forma-les institucionalizados a lo informal. Para indagar qué estrategias desarrollan las mujeres inmigrantes que transitan de un espacio a otro, es imprescindible analizar a fondo los intereses, expectativas, necesi-dades, y la propia conciencia de género de las prota-gonistas de estos procesos. Las interpretaciones de las mujeres inmigrantes sobre sus valores y creencias dan lugar a nuevas formas de actuación y de acción política que reconfiguran la concepción tradicional de ciudadanía. Responden a intereses individuales y colectivos en la realidad diversa y heterogénea de las democracias globalizadas, donde, de modo signi-ficativo, son permeadas por lo que la propia Benhabib (2005) denomina “los derechos de los otros”. De esta manera, acceden a la acción política, cuestionan pa-trones tradicionales y abren nuevas perspectivas de participación ciudadana. Todo ello apunta al objetivo principal de este artículo: esbozar los contornos de una ciudadanía en femenino, a través de la acción (presencia y participación, toma de decisiones y rei-vindicaciones) en instituciones y asociaciones de di-versa índole, como también en espacios informales de participación.

4 Las reivindicaciones islámicas, y en especial las de las jóvenes estu-diantes, sobre la posibilidad de llevar el velo en las aulas desató el debate en Francia en 1989, cobrando una nueva magnitud en la pri-mavera de 2003. Ello dio lugar a un enfrentamiento público, a largo plazo, con quienes defendían los principios republicanos de la laici-dad y del feminismo (Göle 2005; Álvarez 2004).

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Aportaciones de las mujeres inmigrantes en su práctica cotidiana que conducen a la ciudadaníaEn la línea de los trabajos referenciados, los resulta-dos de nuestras investigaciones sobre el tema (DIC.CAT y CIMUMER) demuestran empíricamente que las mujeres ecuatorianas, marroquíes y rumanas entrevistadas desarrollan aportaciones concretas a la práctica ciudadana cotidiana, y ello con indepen-dencia de su situación jurídica y administrativa. Las razones que nos han llevado a escoger estos tres co-lectivos de mujeres inmigrantes tienen que ver con el hecho de que los colectivos rumano, ecuatoriano y marroquí fueran los principales colectivos de in-migrantes residentes en España. Al elaborar las dos propuestas de investigación, el colectivo rumano contaba con 338.425 mujeres, del total de 731.806 de rumanos residentes en España, y el colectivo ma-rroquí, con 239.464 mujeres, de un total de 652.695 marroquíes. El tercer puesto lo ocupaba el colectivo ecuatoriano, que contaba con 217.441 mujeres, de un total de 427.718 personas (INE 2008). En 2012, cuan-do ambos proyectos habían finalizado, el colectivo rumano contaba con 828.727 personas, de las cuales 400.838 eran mujeres; el colectivo marroquí, con 645.229 personas, de las que 255.625 eran mujeres; y del colectivo ecuatoriano, 145.264 eran mujeres, de un total de 291.380 personas (INE 2013).

Además de la relevancia numérica de estos tres colec-tivos inmigrantes en España, cada uno de ellos reúne importantes especificidades que los distinguen. Que Rumanía forme parte de la Unión Europea desde 2007 condiciona y caracteriza sus flujos migratorios; en el colectivo de mujeres marroquíes influyen los fuertes estereotipos e imágenes que a menudo las vinculan a la pasividad y a la sumisión (Solé 2011); y en lo que se refiere al colectivo ecuatoriano, es un grupo lige-ramente feminizado, característica que lo distingue de los dos anteriores. Analizar con mayor profundidad las aportaciones de las mujeres procedentes de estos tres países arroja luces sobre las relaciones que gene-ran con sus familias, con comunidades migrantes y con la sociedad de origen en general, constituyéndo-se en una de las contribuciones más importantes de nuestras investigaciones.

Las prácticas ciudadanas que llevan a cabo las muje-res inmigrantes estudiadas tienen lugar tanto en la esfera pública y la participación ciudadana formal —a partir fundamentalmente de su participación en los

ámbitos laboral y asociativo— como en la esfera pri-vada y participación informal —en espacios sociofa-miliares y en redes sociales en general—. Una de las aportaciones más relevantes del trabajo empírico es, como veremos a continuación, la identificación de la interconexión que se crea entre ambos espacios a tra-vés de tres tipos de redes sociales: 1) las surgidas del y para el acceso al mercado laboral, 2) las creadas desde el propio ámbito asociativo, 3) las familiares y las de las comunidades de origen.

El paso a la participación formal a través de las redes sociales. Participación pública en el ámbito laboral y el mundo asociativo

El trabajo de campo de nuestras investigaciones corro-bora que la creación de vínculos de carácter personal con la comunidad permite, en efecto, vincular la esfe-ra de participación privada con la pública, en concreto, con el espacio laboral y con el ámbito asociativo. Estas redes proporcionan oportunidades laborales, prestan dinero y ayuda económica y son agentes activos, de acuerdo con valores como la solidaridad y el sentido de la responsabilidad. Amal (2011), una mujer marroquí, miembro activo en una asociación árabe y musulma-na, explicó así su experiencia: “Un amigo que tenía una tienda me recomendó aquí en la Asociación de vecinos porque necesitaban una mediadora. Entonces entré primero por horas, mediando, y después ya entré a trabajar de animadora social”.

Las relaciones familiares y las que se establecen con la comunidad de origen —formadas por afinidades culturales, lingüísticas, identitarias, etcétera— des-empeñan un papel relevante en la incorporación al mercado laboral —formal e informal— de las mujeres inmigrantes y de sus familiares. Y, en consecuencia, permiten vehicular la esfera privada con la pública. Una mujer ecuatoriana destacó la importancia de di-chas relaciones en su proceso de acceso al mercado la-boral en España:

Sólo la conocía a ella, y por medio de ella conocí a una chica marroquí que fue la que me ayudó para encontrar el primer trabajo que tuve. Y a partir de ahí, en ese tra-bajo, la chica marroquí me presentó a sus compañeras de trabajo, porque me llevó a mí a trabajar allí, y todas eran españolas. Y ya empecé a tener mi entorno con chi-cas españolas. (Telma 2011)

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El acceso al trabajo, incluido el trabajo irregular, se convierte en un instrumento facilitador de la inte-gración sociocultural y del ejercicio de gran parte de derechos de ciudadanía que se derivan del acceso a éste. Por una parte, se constata que tras la inserción laboral las mujeres inmigrantes crean nuevas rela-ciones y redes de amistad y solidaridad con personas de diferentes orígenes culturales, que contribuyen enormemente a su inclusión social y a la de su fami-lia. Asimismo, el ámbito laboral es uno de los espacios donde las mujeres entrevistadas reconocen establecer contacto con personas autóctonas, interacción que acelera su aprendizaje de la(s) lengua(s) del país de destino. Samira (2010), una mujer marroquí que tra-baja en una empresa de limpieza, lo afirmó de forma clara: “Cuando no sabía hablar, me era muy difícil para encontrar trabajo [...]. Aprendí a hablar cuando empecé a trabajar”.

Esto, a su vez, aumenta la motivación de dominar el (los) idioma(s) del país, lo que repercute en el estable-cimiento de nuevas amistades y la ampliación de las redes sociales. Entre nuestras entrevistadas, tener redes de amistad autóctonas puede ser una importante fuente de información sobre los derechos y deberes ciu-dadanos, necesaria y complementaria a la actuación de profesionales (trabajadores sociales), organismos (ser-vicios sociales) y entidades sociales. Con todo, algunas de las mujeres entrevistadas en nuestras investigacio-nes muestran que la desigualdad de género continúa reproduciéndose en la sociedad española, manifes-tándose en desigualdades salariales o de acceso a los cargos de responsabilidad y de poder en todos los nive-les de la estructura ocupacional y social. Las mujeres inmigrantes son uno de los colectivos que más sufren esta doble desigualdad: por su condición de mujeres, en relación con los hombres; y por su condición de in-migrantes, en relación con las mujeres españolas. A menudo, ocupaciones precarias como la de trabajadora del hogar limitan las interacciones y conexiones con otras personas al trabajar en el ámbito privado de un hogar, dificultando, en consecuencia, la creación de redes. Actuando como un elemento obstaculizador. Una de las mujeres ecuatorianas entrevistadas expuso así su trayectoria:

Yo, por ejemplo, no sabía al principio que podía conva-lidar mi título y he dejado pasar mucho tiempo, por-que no podías informarte. Trabajabas todo el día como interna y no tenías tiempo. Y no había esta persona que te diga: mira, si tú has estudiado algo, puedes ir al Ministerio para convalidar; no había. (Raquel 2011)

La importancia de esta cuestión radica, como hemos podido verificar, en que cuando escasean las redes so-ciales y el apoyo que éstas proporcionan, el riesgo de exclusión de estas mujeres y de sus hijos aumenta, generándose círculos de desigualdad social que se van retroalimentando.

Por otra parte, la ampliación y diversidad de relacio-nes personales e interacciones favorecen la participa-ción formal en el ámbito asociativo. A este respecto, el asociacionismo implica una práctica democrática (reu-nirse, debatir, negociar, tomar decisiones, luchar por una causa común), que permite compensar algunas de las limitaciones a los derechos políticos que afrontan los inmigrantes en la sociedad de destino, como Espa-ña. Así explica Gladis (2011) el proceso de creación de su asociación, con el objetivo de ayudar a otras perso-nas extranjeras: “Pues nos comenzamos a reunir y te-níamos nuestros objetivos, a donde queríamos llegar. Y comenzamos a formar la asociación, comenzamos con cuatro personas, todas ecuatorianas. Y, bueno, así surgió nuestra asociación, con el motivo principal de ayudar a todos”.

La práctica del asociacionismo se convierte así en una es-trategia efectiva para conseguir la ampliación de los de-rechos de ciudadanía: tiende puentes entre la vida social y política, genera nuevas oportunidades de inserción la-boral e incrementa las redes sociales individuales y colec-tivas. Así lo expresó Radia (2010), una joven marroquí, colaboradora de una de las asociaciones estudiadas, a raíz de la cual empezó a participar en otras dos entidades sociales: “Yo estuve desconectada totalmente de la parte de asociacionismo, y justo en la época que entré en la en-tidad, conocí otras dos asociaciones”.

Los factores que han impulsado la participación de las mujeres inmigrantes que entrevistamos se en-cuentran en las interrelaciones que establecen y en los intereses que manifiestan sobre la cuestión del género, los objetivos sociales e individuales y los dife-rentes obstáculos de carácter social que dificultan su integración y el ejercicio de sus derechos de ciudada-nía. Éste es el caso de las mujeres entrevistadas par-ticipantes en las entidades donde se han realizado los tres estudios de caso: la Asociación cultural árabe y musulmana Sahbi, la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (Fedrom) y la Asociación de Tra-bajadoras Sociales Ecuatorianas en España (Atsee). Se trata de entidades muy distintas entre ellas pero que cumplen una importante función incluyente. Sahbi es una entidad fundada en Barcelona por hom-

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bres y mujeres de perfiles y orígenes muy diversos. Orientada hacia el conocimiento de la cultura árabe y/o musulmana, su objetivo es fomentar la intercul-turalidad entre personas autóctonas e inmigrantes, creando espacios de diálogo entre personas de dife-rentes culturas, tradiciones y religiones, organizan-do debates y encuentros en colaboración con otras asociaciones y grupos de la zona. Fedrom es una entidad con sede en Madrid formada por distintas asociaciones hispanorrumanas que trabajan para la integración de los ciudadanos rumanos, promo-viendo el respeto, la convivencia y la divulgación de la cultura rumana en la sociedad española. En este caso, el ámbito de acción de Fedrom se expande hacia lo institucional, ya que intenta ser la voz unificada del colectivo rumano en España, para tener una re-presentación más allá de las asociaciones, ya sea en el ámbito local, nacional, europeo, o en Rumanía. Y, finalmente, Atsee tiene un perfil totalmente distin-to, puesto que es una entidad fundada por un grupo de profesionales ecuatorianas en Madrid, como re-curso de apoyo para las familias procedentes de Ecua-dor. Atsee trabaja para la inclusión social a través de talleres y otras actividades, con el objetivo de man-tener la vinculación cultural con el país de origen. Cabe señalar que las tres asociaciones cumplen una importante función informativa sobre derechos y de-beres para quienes participan en ellas, pero también son la forma de conocer y vincularse con otras entida-des, otros espacios, e incluso para encontrar trabajo, un aspecto clave para la participación ciudadana.

En ocasiones, es a través de un primer vínculo salarial como estas mujeres llegan a tener constancia del tejido asociativo y de su potencial. En este sentido, un primer vínculo entre las mujeres y la asociación hace que co-nozcan la organización y que a largo plazo se convierta en una buena oportunidad para que las personas sigan colaborando de forma voluntaria, al tomar concien-cia del papel clave que tiene el voluntariado. Es espe-cialmente relevante el caso de una mujer marroquí y musulmana que mantiene una exitosa red de volunta-riado e implicación social. Trabaja de cocinera en un restaurante, recibe clases gratuitas de alfabetización en una escuela de personas adultas y, como explica en la siguiente cita, es voluntaria en una iglesia católica, donde imparte cursos de cocina a otras mujeres, la ma-yoría latinoamericanas:

Empecé a enseñar a las chicas ahí, en una iglesia, y luego empecé a comprar. Como estoy trabajando, vie-nen chicas extranjeras. Las chicas no trabajan, vie-

nen de Ecuador, de Bolivia y de muchos países más. Yo como trabajo aquí y tengo un poco de dinero, com-pro. ¿Que quiero hacer un plato? Empiezo a enseñar a las chicas y a comprar yo todo, y comemos juntas allí. (Aixa 2010)

En cuanto a la “integración horizontal” que engloba el tipo de redes que se tejen entre las asociaciones, cabe destacar que desempeñan un papel relevante, ya que las interconexiones entre las asociaciones y la densidad de las redes que se construyen influyen en la integración de las personas inmigrantes (Fenema y Tillie 2001). Es más, según Cinialli (2007), los proce-sos de formación de movimientos sociales se ven favo-recidos por unas relaciones intensas en la dimensión horizontal, y moderadamente intensas en la vertical. Estas prácticas de cooperación entre asociaciones que contribuyen a generar capital social quedan patentes también en los estudios de caso. Una mujer rumana participante en una asociación expuso el sentido inter-cultural de algunas de sus actividades, en concreto, las dirigidas a mujeres:

Se trata de crear espacios entre estas asociaciones, de conocerse mejor. De hecho, como tengo amigas marroquíes —por ejemplo, cuando celebramos el día de la mujer en el año 2009—, pues pudimos defender los derechos de la mujer inmigrante en general. ¡Y que vengan españolas, que está bien! Que está abierta la asociación. Tuvimos una invitada de Chile, otra de México, una marroquí, yo como rumana, y española, un poco de todo, y cada una contando su historia. (Georgetta 2011)

Otro ejemplo de participación formal que vincula las esferas pública y privada es el de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) que se encuen-tran en gran parte de los centros escolares, y cuyo fin es la colaboración entre el centro educativo y las fami-lias. Estas asociaciones aportan un gran potencial para la participación e integración de estas mujeres que ma-nifiestan la educación de sus hijos e hijas como una fuente de motivación muy importante para la partici-pación. Los intereses compartidos entre padres autóc-tonos e inmigrantes vienen dados por la preocupación del bienestar de los hijos, y, de acuerdo con García, Lastikka y Petreñas (2013), éste aumenta cuando la colaboración entre personas, entidades y servicios del territorio se basa en la búsqueda del éxito educativo de todo el alumnado. Las oportunidades de participación que se crean implican relaciones sociales que mejoran la convivencia intercultural.

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La esfera privada y la participación informal: visibilizando las prácticas de ciudadanía

Desde sus prácticas cotidianas y discursos, comproba-mos que las mujeres entrevistadas plantean posicio-nes cercanas a la tesis de Habermas (1999) acerca de que la ciudadanía debe incorporar en su concepción la pluralidad cultural, y partir de la base de la inclusión social. Por otra parte, el análisis de las prácticas de cuidado y responsabilidad con otros miembros de la familia permite visibilizar cómo estas mujeres contri-buyen diariamente a la práctica democrática a través del fomento de la convivencia pacífica, de la coopera-ción y del intercambio de bienes y servicios. De este modo, se ha comprobado que estas mujeres tienen un papel clave en el mantenimiento de los lazos familia-res, actúan como sostén económico, transfieren los valores culturales del lugar de origen y constituyen el “nodo” intergeneracional que permite mantener la co-hesión del grupo familiar y las redes migratorias. Es el caso de esta mujer marroquí, la mayor de siete her-manos, soltera y sin estudios, que ha desempeñado un importante papel para que su familia, residente en Marruecos, pueda estudiar: “Mis sobrinos todos están en la universidad. Tengo sobrinitas también, que están estudiando. Mis hermanos, todos, han estudia-do hasta la universidad. Mi hermano mayor tiene ma-gisterio y hace poquito que ha terminado el doctorado y está trabajando de profesor” (Fátima 2011).

Este rol decisivo que asumen las mujeres en las redes sociales de reciprocidad, confianza y solidaridad cons-tituye la base sobre la cual se configuran las comuni-dades transnacionales. Esto implica muchas veces una redefinición de los roles de género que, de acuerdo con Gilmore (2012), rompe las barreras de los espacios mas-culinos tradicionalmente vinculados a la esfera públi-ca cuestionando el posicionamiento de las mujeres en las familias y en la sociedad, lo que coincide con los tra-bajos citados de Staeheli y Nagel (2006). Este cuestiona-miento es transmitido a otros miembros de la familia (hijos, hermanos) y la comunidad. Se ha evidenciado que en las familias de las mujeres ecuatorianas, ma-rroquíes y rumanas entrevistadas, son ellas quienes ejercen de referentes culturales para las nuevas gene-raciones. Si bien existe una gran diversidad (intra e in-tercultural) de perfiles entre las mujeres estudiadas, es significativo el rol relevante que adquieren para su fa-milia, para su comunidad y, en especial, para los hijos y las hijas. A modo de ejemplo, destacamos el testimo-nio de Martina (2011), una mujer rumana con dos hijas,

a quienes transmite diariamente la cultura y las tradi-ciones de su país de origen: “¿Con mis hijas? Primero yo en casa con ellas intento conservar las tradiciones rumanas, el idioma rumano, hablamos rumano, tra-diciones y costumbres y todo”.

Por otra parte, en las entrevistas realizadas se puede apreciar un conjunto de valores muy particulares que estas mujeres asocian a una tríada conformada por la cultura de sus respectivos países. Es decir, una espe-cie de referentes culturales y religiosos diversos, que permiten configurar una escala de valores que ellas sienten como propios de su cultura, pero que dialogan, negocian y se tensionan con algunos de los valores de la sociedad de destino. Un primer valor, identificable en los discursos de las mujeres de los tres colectivos, se refiere a la familia como eje de la vida social y cul-tural de sus comunidades. Un segundo valor hace re-ferencia a la identidad como vínculo, es decir, ser del país de origen, ser del país de acogida o las dos cosas, conviviendo con una identidad múltiple. Irina (2011), una mujer rumana, señaló la relevancia de mantener la cultura del país a través de actividades organizadas por la asociación en la que participa: “Sí, hacemos cosas culturales para mantener nuestra cultura y en-señar a los vecinos del pueblo. Tal y como somos no-sotros, hacemos cosas deportivas, tenemos un equipo de futbol, el nuestro propio. Cosas de estas hacemos: cultura, deporte e integración”.

Un tercer valor que cabe destacar es el capital identita-rio, lingüístico y cultural con el que cuentan las mu-jeres socializadas en España, que les aporta mayores oportunidades laborales al posibilitar planteamientos profesionales transnacionales. El derecho a aprender y utilizar la lengua materna o de origen de la fami-lia se torna un asunto político, además de sociocultu-ral. Igualmente, el potencial de estas mujeres como sujetos activos en la sociedad de acogida contribuye a mejorar las condiciones de vida del conjunto de la po-blación. Éste aumenta en la medida en que adquieren mayores niveles de formación y se convierten en refe-rentes culturales y educativos para los niños y niñas. Es el caso de una joven de segunda generación de ori-gen marroquí, con estudios superiores de Educación Social, que realizó sus prácticas profesionales en una institución socioeducativa del Raval, uno de los ba-rrios de Barcelona con mayor índice de inmigración:

Estoy en el centro abierto de pequeños y tengo que estar con niños que son de Marruecos. Y a veces me dicen: “¿Eres marroquí?”. Y yo: “Sí, he nacido aquí pero tengo

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orígenes marroquíes”. Me dicen: “¿Y sabes hablar árabe?”. Y yo: “Sí”. Y me dicen: “¡Ah pues yo no, en casa todos lo hablan pero a mí no me gusta hablar el árabe!”. Es como que lo evitan, como que no quieren tener con-tacto. (Dunia 2010)

Además, ellas contribuyen a la igualdad de género de diferentes formas, manifestando reivindicaciones igualitarias y constituyéndose como referentes para los niños y adolescentes de su comunidad cultural, tanto si residen en España como en origen, por su papel en el mantenimiento de la red familiar. El dis-curso de las mujeres inmigrantes refleja la necesidad de ampliar el concepto de igualdad en sociedades mul-ticulturales. A través de sus discursos y prácticas coti-dianas estas mujeres logran plantear que la igualdad de género entre hombres y mujeres, reivindicada tra-dicionalmente por un sector del movimiento feminis-ta, debe incorporar la igualdad en la diversidad entre mujeres con características culturales distintas. Por tanto, se muestran de acuerdo en que la integración de los elementos poblacionales, cultural y socialmen-te diversos, debe conectarse en un todo cohesionado, conservando su idiosincrasia e identidad. La siguien-te cita refleja una reivindicación de respeto e igualdad entre mujeres de diferentes culturas:

Yo tengo una amiga española con la que siempre me tengo que esforzar para explicarle mis cosas. Mien-tras ella no hace ningún esfuerzo, siempre ella se siente superior y yo inferior, y yo no acepto eso. […]. No me tengo que esforzar tanto para que la otra persona me entienda. Si ellos hacen un poquito de esfuerzo y nosotros también, llegamos a entendernos y llevarnos bien con el otro. (Madiha 2011)

La práctica de la democracia en la vida cotidiana (con-vivencia pacífica, cooperación en el logro de objetivos individuales, intercambio de bienes y servicios), que induce a la ciudadanía informal y su posterior reco-nocimiento formal para y por todos, es una vía clara de integración y, por ende, de cohesión social. En esta línea, los testimonios de las mujeres entrevistadas lle-van también a replantear el significado del concepto de integración. Para ellas, los derechos de ciudadanía plena están vinculados al reconocimiento de su espe-cificidad cultural, religiosa, y de sus conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. De ahí que, para estas mujeres, los derechos ciudadanos sobrepasen el de-recho al voto o a ser elegidas representantes y que las prácticas democráticas las acerquen a gozar de estos derechos en un futuro.

Sin embargo, en España es la obtención de la nacio-nalidad lo que da acceso a la ciudadanía plena y al derecho a votar y ser representante en todos los comi-cios electorales. No poder hacerlo aumenta la apatía política de las mujeres entrevistadas, dificultando la creación de lazos identitarios que las vinculen a la so-ciedad de acogida y favorezcan su participación en la sociedad civil.

Conclusiones En este artículo se pone de manifiesto la importancia que cobra lo local en un mundo cada vez más globali-zado. La pertenencia a una localidad no es ya cuestión de pertenencia a una nación, de poseer la nacionali-dad que confiere un Estado-nación, sino de residir de forma habitual y regulada jurídicamente en una ciu-dad o municipio, conviviendo con personas de grupos sociales, culturales y étnicos distintos. De este modo, el hecho de ser residente, aunque no nacional, podría ser condición suficiente para la participación política, a través del voto y la elegibilidad de todos los miem-bros de una sociedad. Los intentos teóricos de ampliar la noción de ciudadanía y adecuarla a la realidad mul-ticultural actual se complementan y no pueden obviar las aportaciones que las mujeres inmigrantes están realizando en sus países de residencia. Así, de acuerdo con lo argumentado en este artículo, un concepto de ciudadanía más inclusiva debe tener en cuenta la capa-cidad de acción de las mujeres inmigrantes.

Por ello, y en segundo lugar, cabe destacar el papel re-levante de las mujeres y/o inmigrantes que a través de prácticas informales logran desafiar los tradicionales modos de participación, abriendo el camino y diluyen-do cada vez más las fronteras entre las esferas pública y privada, y entre las prácticas formales e informales. El ejercicio de prácticas de protección, preservación de la vida, continuidad de las relaciones, etcétera, en el ámbito del hogar —un espacio informal— traspa-sa los límites de la institución familiar y se institu-cionaliza en otros ámbitos privados, tales como los centros de culto religioso, las AMPA, las asociaciones educativas y deportivas, entre otros. Su participación visibiliza su capacidad de organizarse y asociarse. En este sentido, ponemos de manifiesto cómo las prácti-cas informales de las mujeres inmigrantes terminan repercutiendo en ámbitos formales. Este modo de em-poderamiento se une al que se desprende del asocia-cionismo que promueven las mujeres inmigrantes en función de sus intereses económicos, sociales, cultu-

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rales y, en algunos casos, también políticos. Existen varios ejemplos de asociaciones creadas y controladas por mujeres inmigrantes en las sociedades de desti-no, para acceder al mercado de trabajo, mejorar sus condiciones de vida, reivindicar su cultura de origen, fomentar sus tradiciones, promocionar el codesa-rrollo, etcétera. En ese quehacer acercan progresiva-mente sus posiciones a las de las mujeres autóctonas, convergiendo en función del género. Es de este modo como del ámbito familiar, informal, pasan a actuar en el ámbito público.

Hasta el momento, muchas de las acciones que las mujeres inmigrantes llevan a cabo han quedado invi-sibilizadas y ausentes del debate teórico y político del propio concepto de ciudadanía. En las sociedades mul-ticulturales estas mujeres desarrollan, desde la esfera privada, aportaciones que favorecen la convivencia y la integración social. La creación y el mantenimiento de redes de ayuda en diferentes ámbitos como el edu-cativo, cultural o laboral aportan una nueva dimen-sión, que debe incorporarse en la concepción de una ciudadanía más inclusiva. Fruto de las dos investiga-ciones aquí presentadas, hemos identificado tres tipos de redes que configuran las mujeres entrevistadas: las que surgen del y para el acceso al mercado laboral, las familiares y de la comunidad de origen que fomentan la ciudadanía intercultural, y las que surgen desde y para el asociacionismo. La imbricación de los tres tipos de redes contribuye a un mejor entendimiento de la forma en la que participan las mujeres inmigrantes de los tres colectivos estudiados y las consecuencias que dicha participación tiene para sus propias vidas, las de su comunidad más próxima y las de la sociedad en su conjunto.

Desde una perspectiva teórica, este artículo propone que es imperativo replantear el concepto de ciudada-nía en las sociedades occidentales. En este sentido, la propuesta de este artículo hace una apuesta por una “ciudadanía diferenciada”, en el sentido de rei-vindicar diversos espacios de participación donde las personas, con sus diferencias culturales, étnicas, de género, de ocupación, etcétera, afirmen sus pers-pectivas sobre asuntos sociales dentro de institucio-nes que estimulen la representación de sus distintas voces. Del mismo modo, el texto también hace hin-capié en la necesidad de repensar el concepto de in-tegración en el seno de los estudios migratorios. En el contexto contemporáneo se observa un creciente reforzamiento de los lazos que unen a los migrantes con sus lugares de origen y de destino, que fomenta

la construcción de espacios sociales transnacionales que traspasan las fronteras, no sólo geográficas sino culturales, sociales, políticas, religiosas, entre otras. En este sentido, se pone de manifiesto que para en-tender las migraciones actuales y los desafíos que ge-neran en los términos clásicos de la “integración”, es menester establecer múltiples lecturas e interpreta-ciones del fenómeno migratorio actual, formado por desplazamientos de personas en el espacio geográfico, social, político, económico o cultural. Sólo desde una perspectiva de la migración diacrónica, sincrónica y transnacional es posible pensar en políticas públicas efectivas. Por último, es importante ratificar la nece-sidad de seguir estudiando este fenómeno a lo largo del tiempo para acompañar su evolución en la sociedad a mediano y largo plazos. Las asociaciones y el prota-gonismo de las mujeres inmigrantes en las sociedades de destino pueden empoderar al colectivo socialmente y, después, también políticamente, al tiempo que fa-vorecen su participación en la (re)construcción social de la ciudadanía en España.

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Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantesCarlota Solé, Olga Serradell, Teresa Sordé

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Temas Varios

Entrevistas58. Aixa, mujer marroquí de 45 años. Octubre de 2010.

59. Amal, mujer marroquí de 26 años. Noviembre de 2011.

60. Dunia, mujer de origen marroquí de 20 años. Octubre de 2010.

61. Fátima, mujer marroquí de 40 años. Febrero de 2011.

62. Georgetta, mujer rumana de 54 años. Febrero de 2011.

63. Gladis, mujer ecuatoriana de 40 años. Febrero de 2011.

64. Irina, mujer rumana de 38 años. Febrero de 2011.

65. Madiha, mujer marroquí de 21 años. Febrero de 2011.

66. Martina, mujer rumana de 43 años. Febrero de 2011.

67. Radia, mujer marroquí de 20 años. Octubre de 2010.

68. Raquel, mujer ecuatoriana de 47 años. Febrero de 2011.

69. Samira, mujer marroquí de 39 años. Octubre de 2010.

70. Telma, mujer ecuatoriana de 47 años. Julio de 2011.

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* El artículo es resultado del proyecto “Percepciones sociales de la ciencia y la tecnología en el País Vasco”, financiado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco entre 2010-2012.

v Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, España. Profesor titular de la Universidad de Mondragón, España; miembro del grupo de investigación Cultura científica y democracia. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: Perceptions sociales sur la science et la tech-nologie en Pays Basque. París: L’Harmattan, 2010, y El nuevo entorno de la innovación: sostenibilidad y legitimación social. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011. Correo electrónico: aeizagirre@mondragon.edu

Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología*

RESUMEN Este artículo indaga las variables que mejor explican las percepciones y actitudes de los europeos relativas a la ciencia y sus innovaciones más recientes. La hipótesis del déficit cognitivo asocia la creciente ambivalencia social a la escasa alfabetización científica y comprensión de los avances científico-técnicos. El artículo se compromete con el rol analítico de la perspectiva contextual, identifica diez mitos ligados a la explicación tradicional sobre percepción social de la ciencia, y se cotejan con una interpretación alternativa de las relaciones entre el conocimiento, las dinámicas institucionales y la confianza social.

PALABRAS CLAVE Ciencia, ambivalencia social, confianza, riesgo, pluralismo.

The Social Perception of the Role of Science and Technology in EuropeABSTRACTThe article analyzes the variables that better explain the perceptions and attitudes of Europeans regarding science and their more recent scientific innovations. The cognitive deficit hypothesis proposes that social ambivalence arises because people have little scientific knowledge and misunderstands scientific and technical advances. The article agrees with the analytic role of contextual perspective, identifies ten myths linked to the traditional explanation of social perception of science, and proposes an alternative interpretation of the relationship between knowledge, institutional dynamics, and social trust.

KEY WORDSScience, social ambivalence, trust, risk, pluralism.

As percepções sociais na Europa sobre o papel da ciência e da tecnologiaRESUMOEste artigo questiona as variáveis que melhor explicam as percepções e atitudes dos europeus relativas à ciência e a suas inovações mais recentes. A hipótese do déficit cognitivo associa a crescente ambivalência social à escassa alfabetização científica e compreensão dos avanços científico-técnicos. O artigo se compromete com o papel analítico da perspectiva contextual, identifica dez mitos ligados à explicação tradicional sobre percepção social da ciência, os quais são comparados com uma interpretação alternativa das relações entre o conhecimento, as dinâmicas institucionais e a confiança social.

PALAVRAS-CHAVECiência, ambivalência social, confiança, risco, pluralismo.

Fecha de recepción: 30 de octubre de 2012Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013Fecha de modificación: 24 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.05

Andoni Eizagirrev

Introducción

El estudio y la comprensión de las percepcio-nes sociales de la ciencia se originan como respuesta al clima de los años 1960 y 1970, ca-racterizado por la pérdida de inocencia sobre la ciencia y la tecnología. Este artículo se

centra en el caso europeo. Desde el primer cuestionario, Science and Technology in the European Community, que dirigie-ron Jacques-René Rabier y Ronald Inglehart (1980) en 1977 (Euro-Barometer 7), los estudios en los siguientes años y dé-cadas se han multiplicado, también en los ámbitos na-cional y regional; es más, los cuestionarios se focalizan en áreas concretas, como es el caso singular de la energía nuclear, las biotecnologías y la medicina reproductiva.

El artículo se detiene en este controvertido aspecto de la comprensión social de la ciencia. Nuestro principal objetivo es aclarar lo que piensa la ciudadanía sobre el sistema de ciencia y los recientes avances científi-co-tecnológicos. Con este propósito, identificamos y discutimos en los próximos apartados sistemática-mente diez mitos que estructuran los estudios sobre percepción social de la ciencia. En efecto, veremos la necesidad de oponer el rol analítico de la perspectiva contextual a las hipótesis dominantes, analizar di-mensiones metodológicas, conceptuales y teóricas de los cuestionarios, indagar los espacios en los que inte-ractúan la ciencia y la sociedad, y en definitiva, propo-ner variables explicativas alternativas.

Conocimiento y percepción de la cienciaUn primer mito indica que los conflictos y la oposición social se originan en la ignorancia que la ciudadanía tiene sobre la dimensión cognitiva de la ciencia (vocabu-lario y método científicos). Es lo que se ha denominado la hipótesis del déficit cognitivo, modelo que presupone como factor explicativo general e independiente el cono-cimiento y establece una correlación entre nivel de com-prensión de la ciencia y su percepción social. Según esto, la ciencia como actividad racional se basa en evidencias y demostraciones empíricas, algo que obliga a tener ha-bilidades cognitivas para afianzar comportamientos ra-cionales; ahora bien, el conocimiento del que la gente dispone es escaso, de ahí la oposición social.

Esta hipótesis —al menos tácitamente— prevalece toda-vía en los discursos oficiales ante conflictos de carácter ambiental y tecnológico. Sin embargo, un análisis ex-

haustivo de los Eurobarómetros desmiente empírica-mente el modelo explicativo tradicional. Los expertos que diseñan, aplican e interpretan los cuestionarios sobre ciencia, tecnología y sociedad en el ámbito euro-peo, también reconocen los problemas empíricos del axioma “the more you know, the more you love it”. Es lo que se intuye en los resultados del segundo Eurobaró-metro (Europeans, Science and Technology: Public Understanding and Attitudes, Eurobarometer 38.1), realizado en 1993 por el grupo International Research Associates Europe (INRA). La conclusión se confirma en los distintos estudios sobre percepción social de las biotecnologías (Eurobarometer 46.1, en 1996, y Eurobarometer 52.1, en 1999).

Se observa, por el contrario, que el nivel de conocimiento más bien condiciona la calidad de la percepción; en este sentido, no parece que el nivel de conocimiento determine la percepción individual, si bien, por el contrario, la estabi-liza y consolida, ya sea positiva o negativamente (Evans y Durant 1995). La necesidad de indagar sobre nuevos deter-minantes se confirma en el cuestionamiento que se realiza de la validez de los cuestionarios. Efectivamente, se anti-cipa, junto a la dimensión cognitiva de la ciencia, la ido-neidad de caracterizar la ciencia como institución social e integrar preguntas relativas al sistema de organización de los científicos, y el papel de las políticas públicas a la hora de establecer los objetivos de la investigación (Bauer, Du-rant y Evans 1994; Gaskell, Wright y O´Muircheartaigh 1993). Estas nuevas propuestas sugieren que el efecto del conocimiento científico es mayor en las actitudes de aque-llos en quienes son más altas la comprensión y conciencia-ción políticas. Es así como los aspectos socioinstitucionales adquieren relevancia metodológica en la estructuración de los indicadores que articulan los cuestionarios (Bauer, Petkova y Boyadjieva 2000), algo evidente en el estu-dio Europeans, Science and Technology, realizado también por INRA, en 2001 (EuroBarometer 55.2). La medición del nivel de conocimiento de las instituciones científicas y las pre-guntas ligadas a la ideología de la ciencia (se miden las opiniones sobre acumulación y cambio cognitivo; sobre los motivos que deben guiar la promoción, validación y justificación de la ciencia; sobre los criterios que demar-can el conocimiento científico de otros conocimientos) an-ticipan la emergencia de nuevos modelos explicativos.

En este sentido, Sturgis y Allum (2004) precisan que el efecto del conocimiento científico es mayor en las actitu-des de quienes es más alto el conocimiento político; así, se plantea como hipótesis que aquellos que tienen mayor comprensión y conciencia política atribuyen los efectos indeseados, no a los científicos y políticos en general, sino, por el contrario, a la autonomía que la dimensión

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económica parece adquirir en la nueva modalidad de ac-tividad científica en auge. Esto indica varias cosas: el nivel de conocimiento es importante, si bien debemos puntualizar que la ambivalencia social tiene su origen precisamente en el conocimiento real de las dinámicas políticas de la ciencia; además, la actitud crítica se di-rige, no a la ciencia y su función social, tampoco a los científicos como profesión, más bien hacia los criterios que rigen la innovación científico-tecnológica.

De momento, nos es suficiente confirmar que a) los resultados empíricos desmienten la correlación que establece la hipótesis del déficit cognitivo; es más, b) ad-quieren relevancia explicativa conocimientos relativos a las dimensiones sociales e institucionales de la ciencia, y c) a medida que incrementa este conocimiento también las actitudes se estabilizan, o se polarizan en actitudes favorables y contrarias; d) es la falta de conocimiento la que generalmente alinea (“dependencia acrítica hacia”) a la gente también sobre discursos ante la ciencia y la tec-nología (Irwin y Wynne 1996).

Ciencia abstracta y ciencia en contextoUn segundo mito atribuye una categorización unidi-mensional del comportamiento. Según esto, las alter-nativas sociopolíticas ante la tecnología se demarcan entre partidarios y opositores, división que como vimos tiene su origen en la dimensión cognitiva de la ciencia y su nivel de conocimiento. Un análisis detenido de los Eurobarómetros confirma, por el contrario, que las percepciones y actitudes individuales pueden diferir en relación con las diferentes tecnologías, las posturas no pueden generalizarse, y la gente distingue entre unas y otras aplicaciones. Estas ambivalencias se deben a que la alternativa científico-tecnológica no se compren-de como mero artefacto técnico; al contrario, la gente incorpora una interpretación multidimensional de la tecnología y se preocupa del contexto institucional más amplio en el que se promociona, gestiona y regula. Nos parece oportuno detenernos en esta aclaración concep-tual, variable que puede explicar mejor la comprensión social de la ciencia y la tecnología (Barnes 2003; Borch, Lassen y Jorgensen 2003).

Las autoridades presuponen un concepto de ciencia y tecnología abstracto y descontextualizado. Se utiliza una imagen de la ciencia que es considerada en un nivel cognitivo, unívoco y válido para todos los contextos, así como neutral y aséptica, lo que infravalora las experien-

cias de la gente, y el mundo interior de la ciencia y la actividad científico-tecnológica. De la misma manera, prevalece un modelo de ciencia y tecnología instrumen-tal y políticamente neutral. Estableciéndose una clara demarcación entre lo interno (técnico) y lo externo (so-cial), entre generación y uso del conocimiento, lo que, junto a la exclusión de la axiología de la ciencia y la tec-nología, también descuida la importancia del contexto y su aceptabilidad social para el diseño, la valoración y la eficiencia de un producto novedoso. Se trata de una ciencia abstracta y general, que se estructura en el nivel cognitivo, y de esta manera, las generalizaciones presu-puestas abstraen la ciencia de los cambios y relaciones en la sociedad (Gaskell y Bauer 2001; Gregory y Miller 1998). Esta imagen impide entender que la gente se preocupa más bien de las interacciones entre ciencia y sociedad. Por el contrario, debemos asumir una imagen realista y crítica de la ciencia, como bien sugiere el rol analítico de la perspectiva contextual, y de esta mane-ra reconocer también el rol del ciudadano (Lash, Szer-szynski y Wynne 1996).

Puede tener interés medir la valoración general de la ciencia y la tecnología, en aspectos tales como la im-portancia de la ciencia, su función social y cultural, la ciencia como profesión, etcétera. Cosa bien distinta es, sin embargo, medir el apoyo del sistema de ciencia y determinar aquello que a la gente le preocupa. En rela-ción con esta segunda cuestión, de momento anticipa-mos dos principales dimensiones explicativas: por una parte, el conocimiento institucional de la ciencia, es decir, el modo de entender la ciencia en un ámbito po-lítico, económico y de regulación más amplio; por otra parte, el conocimiento local, es decir, el tipo de relación que tienen las aplicaciones tecnológicas con las prác-ticas cotidianas en un contexto determinado. Se trata de cuestiones que nos remiten a dimensiones como la independencia de los científicos, el principio de precau-ción y el rol del conocimiento en la toma de decisiones (Kallerud y Ramberg 2002).

El estudio de Bauer, Petkova y Boyadjieva (2000) confir-ma que hay un continuum de las actitudes idealista-tra-dicionales a actitudes realista-escépticas de la ciencia y su relación con el conocimiento de las instituciones científicas; las actitudes sociales indican que impor-ta el conocimiento del contexto de la ciencia, factores como el apoyo y la financiación de la investigación, la organización científica y el control socioinstitucional del conocimiento. Es lo que nos permitiría explicar algo que los resultados de los estudios cuantitativos dejan entrever y curiosamente se ha desatendido: a)

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hay una correlación entre los niveles de conocimiento de las dimensiones cognitiva y socioinstitucional de la ciencia, a la vez que b) el bajo nivel de conocimiento se asocia generalmente con una postura alienada respec-to a las autoridades y sus políticas.

Ciencia y valoresLas críticas precedentes nos remiten a un tercer mito tradicionalmente manejado en las controversias so-cioambientales. Tomemos el caso de los organismos genéticamente modificados (OGM). El mito indica que el consumidor distingue las utilidades de los OGM y que varía su valoración si son utilizados para la medici-na (actitud favorable), o para manipular los alimentos y la agricultura (actitud contraria). De entrada, reco-nocer la distinción no encaja bien en los primeros dos mitos. Con todo, este tercer mito combina dos supues-tos: por un lado, confirma que los juicios ciudadanos descuidan las bases científicas (difieren en las respues-tas, si bien en ambos casos se utiliza la técnica recom-binante de ADN); por otro lado, la disparidad tiene su origen en los cálculos racionales de los consumidores (egoístas, si consideramos los beneficios de los OGM para la alimentación mundial).

Un primer problema del mito radica en que la com-prensión social, más que en el ámbito de producción y aplicación, se centra también en sus utilidades y con-secuencias de segundo orden. Esta crítica nos remite a dos consideraciones que se omiten en los conflictos de carácter ambiental y tecnológico. En términos académi-cos se pueden sistematizar como sigue. Por una parte, nos encontramos con una paradoja: actualmente, en las políticas de i+d+i, la visión de la innovación centrada en la estructura y el ambiente de selección no queda reduci-da al entorno productivo (la primacía del rol de los facto-res tecnológicos); al contrario, la innovación reconoce la inversión no material como principio del cambio socio-técnico; no obstante, al mismo tiempo el entorno social más amplio queda limitado a intereses empresariales y la rentabilidad de mercado (Dickson 1984). Por otra parte, la ciencia no está libre de valores; al contrario, también los valores epistemológicos y metodológicos tienen su rol social, algo que se observa, por ejemplo, en lo que se identifica, estima y valora como riesgo (Todt 2002).

Aquí nos interesa precisar una tercera reflexión crítica. La gente adquiere conocimiento en sus experiencias, vi-vencias y controversias públicas. Wynne (2001) confirma la credibilidad otorgada a la instituciones como factor

explicativo. Es más, identificó que la desconfianza, en parte, es causada por la falta de reflexividad y sensibili-dad que muestran expertos y autoridades, motivada por la complicidad existente entre los distintos intereses po-lítico-económicos que determinan la regulación política de la ciencia (ausencia de alternativas, desinterés por los efectos de segundo orden en la naturaleza y la sociedad, primacía de la rentabilidad y los valores económicos). Conviene resaltar esta crítica, que en buena medida evi-dencia la contradicción en que incurren las autoridades: afirman basarse en juicios científicos y racionales, a la vez que critican los valores sociales (ideológicos) que ori-ginan la oposición; no obstante, en su retórica sobre la idoneidad de una alternativa tecnológica imperan dis-cursos ligados al crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social.

Por último, en cuarto lugar, está por verse la evolución de las percepciones sociales sobre biotecnología en el ámbi-to médico, una vez que cale en la sociedad la relevancia que empresas de capital de riesgo tienen con su partici-pación en la orientación de la terapia génica (Krimsky 2003). Debemos puntualizar que los recelos ciudadanos sobre la información que manejan expertos y autorida-des se amplían a los datos relativos a la calidad del pro-ceso productivo y las fases de investigación, regulación o comercialización que caracterizan la innovación tecnoló-gica, lo que compromete la reflexión moral, intelectual y política sobre la comercialización y uso privado del co-nocimiento disponible, y la responsabilidad de la ciencia respecto a los motivos, aspiraciones y objetivos que guían el cambio tecnológico y la innovación (Bauer, Shukla y Allum 2011; Gaskell y Bauer 2006; Jasanoff 2005; Stirling 2011; Wilsdon, Wynne y Stilgoe 2005; Wynne 2005).

La mercantilización del futuroHemos anticipado que a la ciudadanía europea se le re-prochan actitudes egoístas ante la pobreza del Tercer Mundo. El cuarto mito atribuye posturas individualistas al anteponer intereses propios e inmediatos, y, de esta manera, obstruir alternativas que mejoran el bienestar propio y ajeno. Las entrevistas y los grupos de discusión aseveran, sin embargo, que un buen motivo para oponer-se se debe precisamente a experiencias previas que cer-tifican la maximización del beneficio económico como único principio que guía la desterritorialización empre-sarial (Marris et al. 2001). En buena medida, las percep-ciones sociales indican que la preocupación emerge más bien de aquello que caracteriza el nuevo entorno de la in-novación científico-tecnológica (Echeverría 2003).

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Dos premisas han legitimado el sistema de ciencia, a saber, a) que la innovación (motor de aumento del bien-estar social a través de la creación de riqueza) depende de la investigación básica, y b) que el sistema de ciencia no debe quedar sujeto a intereses y valores. Sin embargo, se percibe que los cambios en el sistema de innovación cuestionan las premisas y también las promesas sobre bienestar social (Ezhari 1990). Entre las principales cau-sas dominan el carácter estratégico que adquiere la in-vestigación básica, ahora regido por criterios prácticos, y el sometimiento del proceso de innovación a los valores que impone la competitividad.

Como indica Sarewitz (1996), esto cuestiona a) una po-lítica científica socialmente robusta y sostenible, ba-sada en la diversificación del sistema de investigación y desarrollo; b) una mayor pluralidad en el liderazgo; c) un tipo de conocimiento adaptado a las necesidades de la humanidad, relevante, por tanto, como respues-ta al desafío del reparto global y a la naturaleza social de los problemas; d) una agenda de gobierno supedi-tada al interés público; e) una gestión democrática del conocimiento que condicione la mediación del mer-cado entre el laboratorio y la sociedad; f) un modelo de investigación y desarrollo de carácter comunitario y global, dirigido a cambiar la topografía de los valo-res. El origen de la ambivalencia social ante el sistema de ciencia se encuentra precisamente en la omisión de aquellos objetivos en la nueva modalidad de actividad científica surgida a partir de la década de 1970.

Por lo demás, es necesario remarcar el rol que cumplen las expectativas en la formación y estímulo del cambio científico y tecnológico, por cuanto las abstracciones orientadas al futuro guían actividades, proporcionan estructuras y legitimación, atraen interés y fomentan inversión (Borup et al. 2006; Horst 2007). Esta mercan-tilización del futuro crea la necesidad de controlar y gestionar el material narrativo sobre los rasgos de la in-vestigación, también en su caso, antinarraciones noti-ciables. En definitiva, es usual el eco que adquieren las promesas y expectativas de las nuevas tecnologías, como bien indica el caso de las biotecnologías, en el que se retroalimentan la hegemonía de la retórica de la espe-ranza, las aspiraciones de la gente, la consolidación de nuevas profesiones y la mejora de la salud, lo que, por su parte, obliga a adaptar el tejido cultural y empresarial de la sociedad a ese nuevo ámbito de investigación y desa-rrollo. El problema de fondo gravita en torno a la parado-ja que pretende conciliar una ciencia autónoma (libre de valores y desinteresada) y una ciencia económicamente productiva y competitiva.

En todo caso, la crítica nos sitúa de nuevo en los factores instrumentales y sociales que constituyen toda activi-dad innovadora (Lassen y Jamison 2006). Y lo dicho, en un contexto en el que aumenta progresivamente la ca-pacidad de la ciencia para adaptar el orden social a sus intereses, y la creciente dependencia de la vida social a los modos que impone la gestión científica y técnica. Ejemplos clarividentes resultan las nanotecnologías, el Proyecto Genoma, la ingeniería genética, los transgéni-cos, las nuevas tecnologías de la información y la comu-nicación, internet, la reproducción asistida, entre otros.

La paradoja de la industrializaciónEn este clima enrarecido, la exigencia de certificados y etiquetas, así como las medidas estrictas de regu-lación, se deben —afirma el mito— a la apoteosis del escándalo y batallas de opinión, algo que se aleja de la información y actividad de naturaleza científica. Este mito también requiere ser puntualizado. Es cier-to que los ciudadanos valoran políticas relativas a la transparencia e integridad en los productos de consu-mo. Ahora bien, las reticencias sobre información en los conflictos ambientales y tecnológicos se amplían más bien a los datos relativos a la calidad del proceso productivo y las fases de investigación, regulación o comercialización que caracterizan la innovación tec-nológica. Se insiste así en datos relativos a la calidad del proceso productivo, lo que obliga a evaluar también los ciclos de vida del producto, los certificados de ges-tión ambiental y los procedimientos de seguimiento.

Es difícil sostener que la naturaleza de aquellas reclama-ciones sociales se distancia de una información científi-camente validada y justificada. Lo que observamos es, por el contrario, una ciudadanía más exigente y cons-ciente de la diversidad de factores e incertidumbres que intervienen en las dinámicas científicas y tecnológicas. En términos académicos, podríamos señalar, además, que es un síndrome coherente del proceso de desarrollo humano (Welzel, Inglehart y Kligemann 2003). Así, el desarrollo económico, el cambio cultural y la democra-tización política explican que los valores sociales y las orientaciones éticas de los europeos articulan afirmacio-nes como “sabemos demasiado”, “no debemos hacer uso de todo lo que sabemos”, etcétera.

Con base en esta “paradoja de la industrialización” es como se articuló precisamente el estudio “Social Va-lues, Science and Technology” (Eurobarometer 225), en 2005. Sin ánimo de exhaustividad, aquí nos interesan

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Temas Varios

los principales resultados del cuestionario: la gente no percibe urgencia por participar en la actividad cientí-fica, a la vez que no se siente bien representada en la toma de decisiones sobre política científica; hay una creciente ambivalencia y toma de conciencia en rela-ción con la protección de la naturaleza frente al “bien-estar humano” (felicidad, salud) y —sobre todo— con el “desarrollo de la humanidad” (innovación, creci-miento); el análisis del riesgo y los beneficios es la norma que la gente antepone en los procesos de eva-luación de la tecnología, pero guiada en todo momento por las reglas que los científicos proponen; los valores y principios de acción, como la protección de la natu-raleza y la participación en los ámbitos de decisión, se perciben como los más relevantes en el futuro inme-diato; la salud humana y el ambiente natural destacan como áreas en donde las nuevas tecnologías deben im-plementarse. Con todo, en las escasas preguntas diri-gidas a la aplicación concreta de las tecnologías, dos aspectos sobresalen: la importancia que adquieren los “asuntos éticos y morales”, y un claro reclamo de es-tándares de regulación más sofisticados, con controles de riesgo más cautelosos.

En relación con el quinto mito, hay un segundo aspec-to relativo a la calidad de la información. Según esto, la ciudadanía percibe que junto a una información escasa, también recibe poca información adecuada. Este vacío estaría promovido en parte por las propias autoridades y sus intereses, lo que dificulta al individuo controlar su vida o influir en las instituciones. Retomaremos esta crí-tica en próximas reflexiones.

Concepción reduccionista del impactoRetomemos como ejemplo, de nuevo, el conflicto rela-tivo a los OGM. El sexto mito afirma que la gente, erró-neamente, cree que los OGM no son naturales. La falta de conocimiento, otra vez, corroboraría la irracionalidad de oponerse al avance científico-tecnológico. Las auto-ridades indican que en la técnica recombinante de ADN no hay nada nuevo; es más, alimentos que consideramos naturales también son transgénicos. Además, el conoci-miento sobre los procesos biológicos que se desarrollan en las células garantiza la efectividad y seguridad de la poste-rior aplicación. También esto requiere puntualizaciones. La división entre lo natural y lo no-natural es típica de los ciudadanos en sus disputas en conflictos ambientales y tecnológicos, algo que no compete sólo a los OGM. Impor-ta, sin embargo, comprender bien sus motivos.

Es cierto que en el caso de los OGM la división ha adquiri-do eco social; no obstante, ello se debe a que se relaciona con el sistema de producción de los alimentos y con la sobreindustrialización (Todt 2002). Esta crítica a la artifi-cialidad del producto está ligada a un estilo de vida, a un entorno más amplio de cambios incontrolables, guiados en todo momento por intereses exclusivamente comer-ciales. Hay un creciente sentimiento de falta de control y formas de vida heterónomas. La discusión centrada en la artificialidad desborda el debate sobre cuestiones biológicas que puedan entablar científicos y académicos (Joly, Marris y Marcant 2001). El problema, como sugie-ren las percepciones sociales, se asocia a la reducción del impacto social de la ciencia y a su dimensión económica, lo que rebaja la medición de los procesos de innovación a la producción de novedades de manera nueva, y no, al contrario, a medir si esas cosas nuevas son necesarias y deseables. A diferencia de lo sucedido en las ciencias económicas, en donde las teorías clásicas sobre el libre mercado, que infravaloraban la problemática del am-biente y la gestión de los riesgos (“externalities”), han sido cuestionadas, la ciudadanía, por el contrario, no percibe cambios similares en su cotidianeidad. De ahí su reclamo para que la información reconozca los análisis sobre el carácter reversible de las tecnologías, y también, la viabilidad en relación con el ambiente y bienestar so-cial (Ely, Van Zwanenberg y Stirling 2011; Felt y Wynne 2007; Newig, Voß y Monstad 2008; Stehr 2005).

La irresponsabilidad organizadaOtro mito argumenta que las ambivalencias sociales —en relación con los OGM— tienen un origen recien-te y se deben a escándalos científicos mal gestionados por los medios de comunicación. Tal sería el caso de la “encefalopatía espongiforme vacuna”, crisis multidi-mensional que no ha permitido volver a niveles de con-fianza precedentes en las instituciones reguladoras. Según esto, un acuerdo general entre las partes debe actualizar los modelos de comunicación del riesgo. Ha-bría que evitar también mensajes desproporcionados y reacciones dispares. En caso contrario, una alianza perversa entre la falta de conocimiento (ciudadanía) y acontecimientos espectaculares de interés informativo (medios de comunicación) alimentaría una epidemio-logía irracional del riesgo percibido.

Difícilmente podemos cuestionar estas acciones dirigi-das a una buena comunicación, así como aquellas rela-tivas a la intensificación de los sistemas de información y estrategias que facilitan la adaptación de la actividad

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científica a situaciones de crisis y nuevos fenómenos emergentes (Bouder, Slavin y Lofstedt 2007). No cabe duda de que aquella crisis evidenció una irresponsabili-dad organizada en los diferentes ámbitos de la vida pú-blica. Ahora bien, los estudios más recientes anticipan que la ciudadanía no percibe aquella crisis como una excepción. De la misma manera, cabe precisar que la controversia sobre los OGM no es posterior al suceso de la “encefalopatía espongiforme vacuna”; basta recordar además conflictos previos ligados a la energía nuclear, las nuevas tecnologías de información y las biotecnolo-gías (Bauer 1995). Además, en la percepción de los ciu-dadanos, junto a las cuestiones científicas, también se integran otras dinámicas: por ejemplo, la gente identifi-ca el modelo tradicional de agricultura con la protección de la naturaleza, con los productos de calidad y con un sistema de agricultura sostenible (Limoges et al. 1993).

La hipótesis de los efectos desconocidosSe trata de aspectos que nos remiten al siguiente mito. El supuesto afirma que los conflictos se deben a que la gente exige zero risk, algo irracional en la actividad científica y tecnológica. No se trataría de una demanda realista; es más, se afirma que, de aplicarse principios y normas de acción como la precaución en los últimos siglos, no se habría conocido avance científico-técnico alguno.

La demanda “riesgo cero”, sin embargo, no aparece en las exigencias ciudadanas, que asume riesgos en su cotidia-neidad y siente la obligación de comparar riesgos y bene-ficios de naturaleza diversa. Por el contrario, la ciudadanía reclama a las instituciones sinceridad en sus apariciones, que reconozcan las incertidumbres y sean ciudadanos res-ponsables considerados en los procesos decisorios. Esto nos remite a una interesante distinción: se aceptan las in-certidumbres y los conflictos que se generan en el proceso científico para la gestión del riesgo, pero no aquellos que derivan de la falta de iniciativa o de los intereses de aseso-res y gobiernos (Frewer et al. 2003, 369). Efectivamente, la transmisión de la información disponible y la iniciativa de las autoridades son dos acciones que merecen mayor valo-ración social. La gente afirma reconocer incertidumbres en la actividad humana y se muestra favorable a tolerarlas, pero a condición de que sean transmitidas y se regulen de manera cuidadosa y responsable.

Esto requiere un estilo distinto de hacer ciencia, es decir, que los procesos de razonar y producir conocimiento se interesen por lo desconocido, la evaluación se pregunte

por las incertidumbres, y la gestión asuma las implica-ciones potenciales de las incertidumbres y los límites del conocimiento sobre los impactos negativos al juzgar la viabilidad de un proyecto (Sjöberg 2002a).

Sietgrist y Cvetkovich (2001), con base en diversas investi-gaciones empíricas realizadas, reconocen la importancia de las fuentes y su influencia en la credibilidad social, de manera que, ciertamente, la transparencia, la honestidad y la integridad condicionan las percepciones sociales y la confianza. No obstante, añaden una interesante precisión al afirmar que, en aquellos contextos en los que emergen disparidades institucionales y se consolida la desconfian-za, los ciudadanos ofrecen mayor credibilidad a los argu-mentos que admiten los riesgos, que a aquellos que no lo hacen. La conclusión es más que evidente: el discurso de los efectos negativos influye más positivamente en las percepciones sociales que el discurso de la falta de efectos negativos en la disminución de la percepción del riesgo. Es decir, las estrategias de comunicación que integran y reconocen el riesgo son más creíbles y ayudan a disminuir la preocupación y desconfianza ciudadanas. De hecho, la gente asocia la sentencia “no hay riesgos” con “no tenemos evidencias del riesgo”, más que con “tenemos evidencias de que no hay riesgo”. Estos resultados confirman que el estilo científico y el discurso del riesgo avanzan nuevos análisis explicativos (Sietgrist 2000).

Sjöberg (2001) ha corroborado la hipótesis de los efectos desconocidos y constata el alcance explicativo de los lími-tes del conocimiento y su comunicación. Aquí ratificamos que a) no es tan importante la valoración que nos merecen los científicos y su función social, positiva siempre; antes bien, b) adquiere interés la confianza en el conocimiento disponible de los expertos y en su competencia de proteger la gente ante los impactos no deseados. Esto indica que la confianza abstracta —hacia asesores y expertos— debe ser desplazada por la explicación relativa a la confianza situada y ligada a las autoridades competentes en la deci-sión sobre los efectos no deseados que definen un conflicto socioambiental (Frewer et al. 1996). La confianza debe re-ferirse a la competencia cognitiva y social de los expertos solicitados y a su credibilidad. De la misma manera, la falta de confianza se relaciona con la distorsión delibera-da de la información, con pruebas o acciones incorrectas en el pasado, y con la percepción de una convergencia de intereses entre expertos y autoridades (Houghton et al. 2006). Todo esto confirma nuevamente una distinción fundamental: no hay contradicción alguna entre una ac-titud favorable a la ciencia y los científicos, y una actitud crítica hacia los expertos y las autoridades que gestionan una alternativa tecnológica.

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La importancia de la información científica es, como vimos, relativa; la gente se muestra desconfiada cuan-do no se le comunican las incertidumbres, los límites del conocimiento disponible y las ignorancias, lo cual cuestiona la estrategia de comunicación y las ideas rela-tivas que manejan los emisores (Johnson y Slovic 1998; Sjöberg 2002b), y no precisamente por lo que argumen-ta la teoría de las expectativas negativas (según la cual “la comunicación del riesgo genera alarmismo”). Cier-to es que el cálculo de los riesgos se ha definido, en tér-minos descriptivos y normativos, como la producción de la seguridad y el control; sin embargo, en aquellos mensajes que comunican seguridad (ausencia de ries-gos), la gente, por el contrario, percibe que se poster-gan los límites del conocimiento y las incertidumbres (Grove-White et al. 2004). Al contrario, expresan el deseo de ser informados y comportarse teniendo como base incertidumbres, conflictos de valores y medidas reguladoras (Millstone y Van Zwanenberg 2000, 1308; Millstone et al. 2004). De hecho, activan su confianza principios ligados a la humildad y la sinceridad, en general, normas de acción que permiten debatir sobre riesgos potenciales y sus implicaciones (Frewer 2003).

La dimensión social y moral del riesgoCon todo, otro mito afirma que la oposición social res-ponde a valores éticos y políticos. La percepción social del riesgo, alimentada por factores subjetivos, cuestio-naría el carácter racional del análisis técnico del ries-go. ¿Es cierto que los modos de comprender, analizar y razonar los riesgos están libres de valores? Hemos visto que ciertamente preocupan la naturaleza que adquiere la nueva modalidad de actividad científica y su carácter estratégico, es decir, la financiación de la investigación básica orientada por criterios prácticos (mercantilización del conocimiento e industrialización de su producción), la formación y especialización de científicos en gestión y administración de empresas (transición de comunida-des científicas a empresas tecnocientíficas, públicas y privadas), así como el carácter progresivamente flexible y confluyente de la cultura académica e industrial (sis-temas de i+d+i, importancia de agencias exteriores a la comunidad científica y estrategias típicamente empre-sariales). Ahora bien, los estudios sobre comprensión so-cial de la ciencia nos precisan resultados más complejos.

En primer lugar, precisan que el rol de los científicos es determinante en la identificación, estimación y va-loración de los riesgos. Según afirman, los valores no-científicos se integran en los procesos de evaluación

del riesgo. Por ejemplo, la decisión de los científicos también desempeña una función social en la defini-ción del criterio de evidencia, la identificación del tipo de amenaza por investigar, la negociación del grado de aceptabilidad de un riesgo, o en lo relativo a los instru-mentos para la gestión de riesgos.

En segundo lugar, la preocupación se inclina más a la cultura experta que analiza riesgos identificados, en todo caso limitados por el conocimiento disponible, y descuida las consecuencias desconocidas que la evalua-ción (identificación, estimación, valoración) excluye. Es interesante detenerse en esta reflexión. En la eva-luación del riesgo la ciencia nos ofrece aquel conoci-miento útil para la identificación y valoración de los problemas. Pero esto deberíamos entenderlo con cierta prudencia. De hecho, el conocimiento científico puede limitarse a la identificación de unos determinados problemas, es decir, la evaluación podría limitarse a la consideración de los elementos conocidos. Por este motivo, el procedimiento científico corre el riesgo de infravalorar otro tipo de elementos e incertidumbres. En la evaluación tradicional del riesgo se establece pre-viamente la legitimación de las diferentes preguntas y preocupaciones. Y esto, además, determina las alter-nativas institucionales, políticas y culturales de una innovación tecnológica.

Vimos antes que la ciudadanía percibe que, junto a una información escasa, también recibe poca información adecuada. Ambas puntualizaciones explican aquella preocupación. Por otra parte, las dos críticas también cuestionan el modelo estándar que pretende garantizar la seguridad del proyecto tecnológico, es decir, el modo de entender la previsión y el control. Es cuando el riesgo integra precisamente una dimensión política y moral, por cuanto se refiere a aquello que merece ser objeto de evaluación. Podríamos decir que se cuestiona la distin-ción categórica entre el riesgo técnico que compete a los expertos y la valoración moral externalista.

Se reclama, en definitiva, un análisis más sofisticado del riesgo. Más que como una división categórica y na-tural, la dualidad se entiende como consecuencia de una estilo de hacer ciencia y de los imperativos instituciona-les dominantes (Lentchs y Weingart 2011). La discusión crítica en torno a este mito sirve para replantear tam-bién los otros mitos, así como para reconsiderar lo que entendemos como riesgo y la función social que tienen en esa definición los diferentes valores (epistemológicos, metodológicos, disciplinares, políticos) que manejan los científicos en sus análisis (Levidow y Marris 2001;

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Wynne 2001; Wynne 2002); se propone discutir, en de-finitiva, sobre las variables que consideran la evaluación del riesgo y lo que entendemos y valoramos como prueba científica (Eizagirre 2011; Levidow, Carr y Wield 2005; Li-beratore 2001; Murphy 2006).

El pluralismo como valorCorolario de los otros mitos, se presupone que el ciuda-dano es víctima del sensacionalismo de los medios de co-municación, que son los responsables de la imagen social negativa de la ciencia. El mito asume, en primer lugar, que el ciudadano es considerado un objeto manejable y pasivo, como si fuese un epifenómeno del discurso me-diático y una tábula rasa que se nutre de los diversos dis-cursos que se emiten.

Por el contrario, la gente se interesa por aquello que le preocupa, incluso es crítica también con las diversas fuentes e instituciones, como muestran también los cuestionarios en relación con las organizaciones no gu-bernamentales. Tan importantes como el mensaje son su origen y el valor que le concedemos.

Esto nos faculta para cuestionar aquella idea que previa-mente divide entre unos (gobierno e industria) y otros (medios de comunicación y sociedad civil), fractura que está ligada al modelo de déficit, y sitúa la ciudadanía, por efecto contagio, en el bando irracional. Los cuestiona-rios sobre ciencia y sociedad, sin embargo, desmienten aquella tesis. Los resultados muestran que la gente con-firma y reconoce la tendencia selectiva de unos y otros; ahora bien, valora positivamente la diversidad de cono-cimientos en disputa, algo que obligaría a instituciones, autoridades y ciudadanía a modificar las ideas previas y obligar a acuerdos. Vemos en estas reflexiones una in-terpretación sustantiva (diversidad de conocimientos) y ética (consenso y disenso) positiva del pluralismo. De ahí su opinión favorable a garantizar la presencia de las organizaciones no gubernamentales en los conflictos sociotécnicos. Algo que da a entender también que la información y su transmisión no son neutrales y trans-parentes; es más, las posiciones en conflicto suelen uti-lizarla para justificar lo previamente mantenido (Nelkin 1979). La gente presupone que toda información está me-diada por los intereses del emisor (“to be biased in favour of the body providing it”).

En general, la información que esperan los ciudadanos es la que considera aspectos más amplios que los relativos a cuestiones técnicas, si bien se muestran reacios también

al uso de la catástrofe como impulso movilizador y agi-tador de sospechas para manipular los riesgos y alterar la regularidad prevista y no deseada. Por último, aclarar que una actitud firme —de cualquier signo— utiliza la información para confirmar la actitud previamente ad-quirida; no obstante, eso en principio nada tiene que ver con la crítica de que el ciudadano está subordinado a los medios de comunicación.

Consideraciones finalesEn este artículo nos hemos propuesto entender lo que la gente comprende por ciencia y le preocupa en relación con la nueva modalidad de actividad científica en auge. Creemos además que los resultados obtenidos avanzan en el conocimiento sobre las normas y estrategias dirigi-das a satisfacer los intereses de la sociedad.

Los conflictos ambientales y tecnológicos se deben a la falta de confianza en el uso de las competencias técnicas de los expertos por parte de las instituciones, así como a un malestar creciente por el fuerte contenido social y moral de los avances científico-técnicos al cambiar lo que entendemos por naturaleza humana y ambiental (Nowotny y Testa 2011). Una ciudadanía mejor forma-da y exigente parece observar además la penetración de la lógica económica dentro de la comunidad científica, todo ello en un contexto en el que los avances del conoci-miento permiten intervenir más directamente y a esca-la masiva en la naturaleza humana y ambiental, tanto en el nivel micro (biotecnología) como en el nivel macro (sistema climático global y biodiversidad).

Buena parte de las ideas que anticipamos nos permiten en definitiva comprender lo que realmente preocupa a la gente sobre aspectos ligados al avance científico-técnico y sus consecuencias. A nuestro parecer, la ciencia no debe entenderse como sistema autónomo y autorreferencial (teoría funcionalista); por el contrario, el conocimiento en la modernidad reflexiva debe autoconfrontarse con su éxito. Más que un elemento accidental de la ciencia y las políticas de innovación, hemos sugerido, por el con-trario, que su comprensión social sugiere un modelo de ciencia ambivalente (en oposición a una ciencia inge-nua, lineal, triunfalista) y socialmente orientada.

Las instituciones, como indica Wynne (2002), están obliga-das a relativizar el poder intelectual del análisis del riesgo, reconocer los límites endémicos del conocimiento y los es-pacios de incertidumbre, reflexionar sobre las consecuen-cias de los impactos no deseados y sus implicaciones en el

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ambiente natural y social, en definitiva, a un proceso de autorreflexividad sobre las limitaciones y contingencias implícitas de su conocimiento. Las normas, los criterios y las reglas para las acciones que derivan de los princi-pios teóricos, sociales y pragmáticos de la ciencia, en general los criterios de satisfacción, también deben re-visarse a la luz de las percepciones sociales, en un con-texto tan controvertido en el que la globalización cambia la naturaleza de la ciencia y altera la intensidad innovado-ra de las nuevas tecnologías.

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61. Wynne, Brian. 2005. Risk as Globalizing “Democratic” Discourse? Framing Subjects and Citizens. En Science and Citizens: Globalisation & the Challenge of Engagement, eds. Me-lissa Leach, Ian Scoones y Brain Wynne. Londres: Zed Books, 66-82.

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* Este artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investigación “Salud y educación en los procesos de crecimiento y desarrollo. Análisis micro y ma-croeconómico”, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Sur, Argentina.

v Doctora en Economía, profesora asistente de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Entre sus últimas publicaciones se cuentan: Equidad educativa: análisis de la equidad educativa interna en la Argentina. Madrid: Editorial Académica Española, 2012, y Educación y trabajo informal en la Argentina. Revista Realidad Económica 264 (2012): 116-137. Correo electrónico: mfornichella@uns.edu.ar

D Doctora en Economía de la Universidad Nacional del Sur (Argentina), profesora asociada de la misma Universidad en el Departamento de Economía —IIESS— Coni-cet. Entre sus últimas publicaciones se cuentan: La Teoría del Desarrollo Económico: un enfoque de Sistemas Complejos. Madrid: Editorial Académica Española, 2012, y Mercado laboral e informalidad: impacto sobre el sistema educativo. Perspectivas 5, n° 1 (2011): 3-16. Correo electrónico: slondon@uns.edu.ar

Empleabilidad, educación y equidad social*

RESUMENEste trabajo analiza la vinculación de los conceptos de empleabilidad, educación y equidad social. Una importante porción de la sociedad posee limitaciones para ingresar y/o permanecer en el mercado laboral. Esta dificultad de ser “empleable”, entendida como la “habilidad para obtener o conservar un empleo”, se destaca en los grupos de individuos con mayores desventajas económicas. Estos individuos se encuentran entrampados por habitar en un entorno desfavorable para estudiar y adquirir competencias de empleabilidad. Esto perpetúa y acentúa las desigualdades sociales en el tiempo.

PALABRAS CLAVEEmpleabilidad, educación, equidad social.

Employability, Education, and Social EqualityABSTRACTThis paper analyzes the link between the concepts of employability, education, and social equality. A large portion of society has limitations when entering or remaining in the job market. This difficulty in being “employable”, understood as the “ability to obtain or keep a job”, stands out in groups of individuals which have greater economic disadvantages. These individuals are caught in an environment that hinders studying and acquiring employability competences. This perpetuates and deepens social inequality in time.

KEY WORDSEmployability, education, social equality.

Empregabilidade, educação e equidade socialRESUMOEste trabalho analisa a vinculação dos conceitos de empregabilidade, educação e equidade social. Uma importante parte da sociedade possui limitações para entrar e/ou permanecer no mercado laboral. Essa dificuldade de ser “empregável”, entendida como a “habilidade para obter ou conservar um emprego”, se destaca nos grupos de indivíduos com maiores desvantagens econômicas. Esses indivíduos se encontram estagnados por habitar em um ambiente desfavorável para estudar e adquirir competências de empregabilidade. Isso perpetua e acentua as desigualdades sociais no tempo.

PALAVRAS-CHAVEEmpregabilidade, educação, equidade social.

Fecha de recepción: 28 de octubre de 2011Fecha de aceptación: 10 de julio de 2012Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.06

María Marta Formichellav - Silvia LondonD

Introducción

Una de las principales características del mundo actual es la importante variación sufrida en el mercado del trabajo: la globalización; el aumento de la competencia a través de la li-beralización de los mercados y la caída de las

barreras comerciales; las mejoras tecnológicas, que se evi-dencian cada vez con mayor velocidad; la intensificación de la mano de obra y la lucha empresarial por mejorar la pro-ductividad, y la calidad como pilar de la competitividad, exigen repensar las cualidades pretendidas en los trabaja-dores. Mientras que los métodos de producción actuales se encuentran adaptados a mercados permanentemente cambiantes y heterogéneos, los empleos requieren más co-nocimientos y una variedad creciente de tareas que pueden realizar los trabajadores, propiciadas por mejoras tecnoló-gicas (Cinterfor – OIT 2005).

En función de estas transformaciones, se ha ido modifi-cando el perfil de los empleados solicitados por las empre-sas y organizaciones. Se requieren trabajadores con bases muy sólidas en su educación científico-tecnológica y con capacidad de adquirir nuevos conocimientos de manera constante: las exigencias del mercado laboral han aumen-tado. A su vez, el contrato social ha cambiado, por lo que el “empleo para toda la vida” deja paso a una movilidad la-boral casi permanente. En este escenario los trabajadores no sólo deben poseer cualificaciones necesarias para adqui-rir un empleo, sino ser lo suficientemente versátiles para mantenerlo. En consecuencia, la pérdida de un trabajo involucra la salida de un engranaje dinámico y exigente, donde la competencia por los puestos laborales plantea la reinserción como una tarea titánica (OIT 2011).

¿Cuál es la razón que hace a un individuo más fuerte que otro en el mercado laboral? La teoría del Capital Humano encuentra la respuesta en las calificaciones formales que un trabajador posee: sus “inversiones” previas en educa-ción y otras capacitaciones. Bajo esta visión, la mayoría de los estudios se limitan al análisis del nivel educativo (escolarización) como indicador de las cualificaciones necesarias para acceder a un empleo. Sin embargo, los individuos, aun teniendo el mismo nivel de educación formal, no son iguales entre sí, lo cual plantea caracte-rísticas distintivas que se destacan en el mercado labo-ral. Las diferencias pueden encontrarse en el concepto de empleabilidad, definido sucintamente como la “habilidad para obtener o conservar un empleo” (Campos 2003).

Para avanzar en esta idea, comprender sus implican-cias y establecer sus relaciones con el bienestar de

una sociedad, este trabajo cuenta con tres partes: en la primera se presenta y analiza el concepto de em-pleabilidad, en la segunda se estudian sus principales determinantes: la educación y el desempleo, mientras que en la tercera parte se analiza el vínculo entre em-pleabilidad y equidad social. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

El concepto de empleabilidad1

La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa employability, que proviene de la unión de las palabras: employ (empleo) y hability (habilidad) (Campos 2003). Las primeras publicaciones que la utilizaron surgen en la década de los cincuenta, haciendo referencia a la preocupación sobre la inserción de personas des-amparadas en el mercado de trabajo (por ejemplo, los minusválidos). Luego, la empleabilidad comenzó a analizarse como el potencial de un individuo para ac-ceder a un empleo y permanecer en él (De Grip, Van Loo y Sanders 1999). A partir de fines de los setenta, la pers-pectiva de empleabilidad aparece en Europa cuando se discute la capacidad de las instituciones para combatir el desempleo reinante, revelándose que existe un gran número de personas con una probabilidad casi nula de reinsertarse al mercado laboral (Pérez 2005a).

Actualmente, la empleabilidad es entendida como la pro-babilidad de obtener una vacante en un mercado de trabajo específico a partir de los atributos con los cuales está dotado el buscador, que son los que le permiten superar los obstá-culos que le impone el mercado (Campos 2002).

Una definición más amplia, citada por Pedro Weinberg2 (2004, s. p.), es:

La empleabilidad abarca las calificaciones, los conoci-mientos y las competencias que aumentan la capaci-dad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida.

En efecto, el fenómeno de la empleabilidad comprende diferentes capacidades básicas necesarias para aprender

1 Los apartados siguientes siguen de cerca a Formichella y London (2005).2 Director del Centro Interamericano de Investigación y Documentación

sobre Formación Profesional (Cinterfor –OIT).

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y desempeñarse con eficacia en el lugar de trabajo, lo cual incluye la capacidad de comunicación y de relacio-narse con el resto de los individuos, de resolver proble-mas concretos, de manejar procesos de organización y de trabajar en equipo, entre otras (Brunner 2001).

El enfoque de la Fundación para el Desarrollo de la Fun-ción de Recursos Humanos [Fundipe] (1999) va un poco más allá y establece que la empleabilidad está estre-chamente vinculada al autodesarrollo del individuo, que debe asumir el compromiso de planificar su propia vida profesional, teniendo una actitud proactiva a la hora de buscar oportunidades. Esta visión se resume en la siguiente definición brindada por Fundipe: “La empleabilidad es la aptitud de una persona para tener un empleo que satisfaga sus necesidades profesiona-les, económicas, de promoción y desarrollo a lo largo de su vida” (Fundipe, 1999, 8).

La capacidad de empleabilidad de un individuo está en función de la combinación de diferentes elementos, tales como la agilidad mental, los conocimientos, la actitud ante los cambios, la inteligencia emocional o la capacidad de relacionarse. Fundipe (1999) divide las habilidades relacionadas con la empleabilidad en los siguientes cuatro grupos:

Actitudes de la persona: actitudes necesarias para acceder al puesto de trabajo, tales como motivación, responsabili-dad, predisposición a los cambios y capacidad de dar el primer paso.3 Seguridad y competencia emocional del empleado: capacidad para interactuar con los demás. Inteligencia práctica o habilidades para la solución de problemas: capacidades de comunicación, análisis y resolución de problemas, de uso de la tecnología, y de razonamiento verbal y numé-rico.Conocimiento del entorno: las habilidades para trabajar en equipo, comprender a los clientes o beneficiarios de la organización, conocer la actividad, ser capaz de autoges-tionar tareas y de aprender continuamente.

Brunner (2001) incluye en las competencias de empleabi-lidad las competencias genéricas (que no se relacionan con una ocupación específica),4 las transferibles (que se adaptan por medio de procesos de enseñanza y aprendi-zaje), las generativas (que permiten que continuamen-

3 De acuerdo con una encuesta realizada por Fundipe a los empresa-rios, la mayoría de éstos respondió que la condición primordial para emplear a una persona es que demuestre una actitud de que desea avanzar e invertir en su autodesarrollo, es decir que tenga voluntad.

4 Estas competencias serían similares a las que Becker (1983) menciona como derivadas de la formación general.

te se creen nuevas habilidades) y las medibles (aquellas cuya obtención y cuyo desarrollo pueden ser medidos).

Este autor considera que serán más empleables aquellos individuos que puedan ser más eficientes en el uso de los recursos, de las capacidades interpersonales,5 de la in-formación, de los sistemas sociales, organizacionales y tecnológicos, y de la tecnología.

También se destaca la importancia de la seguridad que tenga el individuo en sí mismo. Fundipe (1999) establece que los individuos con baja valoración de sí mismos poseen menos probabilidad de alcanzar sus metas, en relación con quienes sí confían en su capa-cidad. Además, agrega que el fracaso del pasado hace que la persona tenga mayor aversión al riesgo, que la percepción positiva de su desenvolvimiento anterior se vincula positivamente con el desempeño siguien-te, y que cuanto más exitoso ha sido un individuo en el pasado, más predisposición tiene a afrontar desa-fíos. Por último, las personas que son estimuladas mediante el elogio trabajan mejor que quienes son tratadas de incompetentes.

En suma, la empleabilidad es un concepto amplio que abar-ca diferentes facetas, muchas de ellas subjetivas y difíciles de cuantificar o medir, que incluyen el tipo de actitudes y cualidades que son propicias para obtener y conservar un empleo, más allá de un puesto de trabajo específico.

De acuerdo con lo anterior, surge la importancia de la diferencia entre aptitudes y actitudes. Una aptitud es la capacidad de una persona para determinada actividad, y una actitud es una disposición de ánimo.6 Si bien las apti-tudes son necesarias para que una persona sea empleable (conocimientos que requiere el puesto de trabajo al que accede), también son importantes sus cualidades subje-tivas, sus actitudes, las cuales obtendrá, no en el corto plazo, sino a lo largo de su vida mientras toma contacto con la sociedad que la rodea.

Berger y Luckman (1984) explican que los individuos se socializan de dos maneras. En primer lugar, la socializa-ción primaria es la que el individuo experimenta en sus primeros años de vida y de aquellas personas que tienen contacto con él, que generalmente pertenecen a su fami-

5 En algunos casos, personas muy capacitadas no logran alcanzar grandes metas, debido a que son deficientes en sus relaciones interpersonales (Fundipe 1999).

6 Diccionario de la Real Academia Española.

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lia. Los niños reciben una imagen recortada de la reali-dad y creen que así es la realidad. Adquieren actitudes que sus mayores les transmiten, y modos de comportamien-to familiares que ven como la única manera de hacer las cosas. Esto forma parte de la historia que cada individuo tiene de sí mismo.

En segundo lugar, el individuo está sujeto a la socializa-ción secundaria, que se produce cuando el niño entra en contacto con otras personas fuera de su entorno familiar y comienza a involucrarse en instituciones sociales (esco-larización, asistencia a un club, etcétera). Allí se enfren-ta con otra porción de la realidad, se da cuenta de que el mundo de su casa no es el mundo, y empieza a ampliar su perspectiva. En la sociedad encuentra modos nuevos de comportamiento y reglas de convivencia, que comienza a conocer por medio del juego, y que luego aplica en su vida (Berger y Luckman 1984).

Así, las cualidades de los individuos se van formando a lo largo de su vida, y las características que el individuo posee de manera innata se van potenciando, atrofiando o complementando a medida que se va socializando. El ser humano logrará desarrollar actitudes que lo hacen más empleable, en la medida que su proceso de socialización sea favorable en su desarrollo.

Determinantes de la empleabilidad

Empleabilidad y educación

Se planteó que la empleabilidad de un individuo estará en función de cómo haya sido y sea su proceso de socializa-ción, por lo que cobra importancia la educación, tanto for-mal como informal. La teoría económica que analiza el rol de la educación en el mercado de trabajo, especialmente en lo que concierne a la vinculación del nivel educativo con el de salarios, es la Teoría de Capital Humano. Ya se vislum-braban sus orígenes en los estudios de Adam Smith (1979 [1776]), quien analizó el concepto de los salarios diferencia-les, y de Karl Marx (1978 [1867]), quien expuso que no todos los tipos de trabajo poseen la misma productividad.

La Teoría del Capital Humano en sí nació en 1962, de la mano del economista Theodore Schultz (Blaug 1976).7

7 Cabe aclarar que detrás del planteo de la Teoría de Capital Humano, además de subyacer las ideas de la teoría neoclásica de maximiza-ción de la utilidad y los beneficios —en un marco donde en el merca-do operan mecanismos de equilibrio—, existe una serie de supuestos

Schultz (1960 y 1961) propone tratar la educación como una inversión en el hombre, debido a que ésta es una cualidad recibida por la persona, y sus consecuencias, como una forma de capital. La educación es parte in-tegral de la persona; por lo tanto, no puede ser tratada como un bien cualquiera acorde a las instituciones del mercado: la persona no puede desprenderse de su ca-pital por medio de una venta. Sin embargo, al prestar un servicio productivo y agregar valor al producto, se convierte en una forma de capital y afecta los sala-rios de los individuos. Schultz (1960 y 1961) concluye que las diferencias en educación ocasionan diferen-cias positivas en los niveles de salario. Explicita que los gastos para mejorar capacidades y aptitudes hu-manas aumentan la productividad del esfuerzo de trabajo y generan un mayor valor de retorno, siendo los jóvenes quienes poseen incentivos más altos para realizar esta inversión.8

En esta línea de pensamiento, Gary Becker (1983) pun-tualiza en la formación dentro del trabajo, y muestra claramente la influencia del capital humano sobre otras variables económicas, como el empleo o las re-tribuciones. Según Becker (1983), los trabajadores aumentan su productividad apropiándose de nuevas habilidades y perfeccionando, por medio de su trabajo, las que ya poseían. Contando con una formación ge-neral y con una específica, los individuos estarán más dispuestos a costear la formación general, y las empre-sas, la específica, ya que la primera eleva la productivi-dad del individuo en un sentido amplio, y la segunda, sólo en la empresa en cuestión. En cuanto a salarios devenegados, las empresas pagan a todos los trabaja-dores con formación general el mismo salario, y a los que poseen formación específica, uno mayor.9

adicionales. Se supone que hay costos ligados a la formación y edu-cación, que hay una relación evidente y conocida entre el costo de las mismas y la productividad de los individuos. También, que existen diversas alternativas de técnicas productivas, que necesitan dife-rentes trabajadores con distintos niveles de capacitación, y que los empleadores las evalúan cuando planifican la producción. Además, que los salarios son flexibles y varían cuando lo hacen la oferta y la demanda (Piore 1973).

8 Esto debido a que es mayor el tiempo de vida que les queda por delante y, por lo tanto, mayor el tiempo en que podrán disponer del mayor rendimiento derivado de su más alta productividad en el trabajo.

9 Podría parecer que la diferencia salarial tendría que darse en cuanto a la formación general, ya que las empresas compiten más por este tipo de trabajadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la formación general eleva la productividad y los salarios en todas las empresas, y la específica no produce ese efecto. Además, cabe destacar que a las empresas les interesa más que no roten los trabajadores con formación específica, importándoles poco que lo hagan los de formación general, ya que ellos mismos la costean.

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Becker (1983) se aproxima al concepto de empleabilidad al plantear que la productividad de los individuos depende de sus aptitudes y de su motivación e intensidad de su esfuerzo.

Jacob Mincer (1958) también analiza cómo la distribución personal de las retribuciones depende, entre otros facto-res, de la función de la distribución del capital humano y de sus rendimientos. Mediante un modelo simple de-muestra cómo los niveles de ingresos varían según las ocupaciones, siendo mayores en trabajos para los que se requiere un mayor entrenamiento.

Afirma que los ingresos personales irán en aumento junto con la edad de los individuos y que se elevaran aún más en el caso de los trabajadores entrenados, hecho que aproxima al concepto económico de “aprender haciendo” (learning-by-doing). Según él, los individuos más educados (formados) acceden a mayores ingresos y mejores posi-bilidades de instrucción, obteniendo cada vez mayores habilidades y, por lo tanto, ingresos cada vez más altos, diferenciándose aún más de los ingresos de los traba-jadores no capacitados. La brecha entre ambos grupos sigue creciendo, ya que, si bien los trabajadores no ca-pacitados también ven incrementado su ingreso con la edad, ese incremento es menor que el que perciben los trabajadores capacitados.10

Un planteo alternativo es realizado por Kenneth Arrow (1973) y Michael Spence (1973), denominado “Hipótesis del procedimiento oculto de selección”: ante la falta de información completa y perfecta a la hora de conocer la productividad de los postulantes a un puesto de trabajo, el nivel académico alcanzado por los individuos es una manera efectiva de detectar los trabajadores más califi-cados. El nivel de estudios alcanzados es un determinan-te muy fuerte para las empresas a la hora de conocer la calificación de un trabajador:11 debido a que el emplea-dor no tiene la posibilidad de vislumbrar de una mane-ra directa cuál es el producto marginal12 del trabajador, recurre al análisis de un cúmulo de datos propios del in-dividuo (nivel de educación, su experiencia laboral, su sexo y su raza, entre otros). A partir de éstos, decide qué empleados incorporará y qué salario ofrecerá.

10 Este concepto es compatible con la Hipótesis del procedimiento oculto de selección, que se analizará líneas abajo.

11 Por ejemplo, en Argentina los empleadores comenzaron a usar el título secundario como señal a partir de la década de los ochenta; el secundario completo comenzó a ser el requisito indispensable para acceder a un trabajo (fuga hacia adelante) (Riquelme 2001).

12 Producto marginal: contribución del trabajador a la Producción Total de una empresa.

Quienes tienen un grado más alto de educación tienen también un nivel más elevado de entrenamiento y ha-bilidad. Por consiguiente, de acuerdo con este análisis, el grado de escolarización es usado como condición para la incorporación de un individuo a un puesto de trabajo (actúa como filtro), y la categoría alcanzada en cuanto a la formación académica es un pase hacia la obtención de trabajos mejor remunerados.

Ante la falta de información completa, a partir del mo-mento en el que el nuevo trabajador ingresa a la em-presa, el empleador remunerará al nuevo empleado de acuerdo con el producto medio de un conjunto de agentes con similar grado de educación, hasta que su propia se-lección esté afianzada. Se observa cómo los empleadores esbozan a los trabajadores las perspectivas de remunera-ción en función de los niveles de educación que ostentan.

Lo anterior coincide con el planteamiento realizado por Groot y Hartog (1994, citados por Riquelme y Raz-quín 1999), quienes expresan que las empresas, ante la dificultad de medir la productividad marginal, usan la educación como señal de la misma (Modelo de señal). Los empleadores actúan así en función de su experien-cia, que les indica que el nivel de educación funciona correctamente como aproximación a las habilidades del individuo.

El modelo de “la fila” coincide con este argumento. Lester Thurow (1972) plantea que los empleadores “ordenarán” a los trabajadores según ciertas características, funda-mentalmente el nivel de educación. Los trabajadores más capacitados estarían primeros en una fila imagina-ria (por ejemplo, para realizar las entrevistas personales) y serían los preferidos. Complementariamente, Gordon, Edwards y Reich (1982), citados por Riquelme, Herguer y Magariños (1999), sostienen, a través de la teoría de la segmentación, que aspectos tales como la clase, la edu-cación y la raza afectan la distribución de los trabajado-res en los distintos segmentos del mercado de trabajo.

Por otra parte, Spence (1973) analiza cómo quienes acce-dan a ocupaciones mejor remuneradas, también serán quienes podrán invertir en capacitación para mejorar sus habilidades y volverse más productivos. Esto realimenta-rá las expectativas de los empleadores respecto a los indi-viduos con un grado mayor de estudios.

De los párrafos anteriores se desprende que, tanto desde el punto de vista de la Teoría del Capital Huma-no como del de la Teoría de la Señalización, y de la de la Fila, la educación es parte esencial de las caracte-

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rísticas de empleabilidad de un individuo. Fueron los administradores y psicólogos industriales quienes em-plearon el concepto de empleabilidad como una fase en la selección de personal (“puerto de entrada”). El lugar que cada trabajador ocupe en la “fila” dependerá, en parte, de su educación formal, y en parte, de otros atri-butos que para el empleador sean características de em-pleabilidad (raza, sexo, etcétera). Estos atributos dan al trabajador su “pase” o no a las entrevistas personales posteriores, siendo las actitudes de los individuos las que finalmente, junto con sus aptitudes, marquen el éxito o el fracaso en la obtención del puesto laboral. Así, la educación formal e informal es un factor funda-mental en la definición de empleabilidad de un indivi-duo, y a su vez, un importante elemento constitutivo del capital humano.

Es pertinente destacar que el concepto de empleabilidad incluye factores tangibles e intangibles, acentuando la característica actitudinal del individuo. Estas carac-terísticas actitudinales se manifiestan desde la propia infancia del individuo, generando un círculo de retroa-limentación positiva durante su desempeño escolar. De esta forma, cobra importancia el ambiente en el que el individuo crece y estudia.

En suma, la educación, en cualquiera de sus manifes-taciones, y el entorno en el que el individuo crece y se educa pueden propiciar o no el surgimiento de aptitu-des y actitudes que lo hagan más empleable. Mientras que las aptitudes están más relacionadas con la clase de conocimientos que se impartan por medio de la educa-ción (asociada a contenidos formales), las actitudes lo están con el cómo13 se transmiten esos conocimientos (en la educación formal) y el rol de la familia y del am-biente en este proceso.

Brunner (2001) realizó una recopilación de los principales estudios acerca de la obtención de competencias de em-pleabilidad. De manera sintética, sus resultados subra-yan que es más fácil adquirirlas cuando su transmisión en el proceso de enseñanza se hace en forma explícita; que la empleabilidad es fácil de transmitir si los proce-

13 Por ejemplo, no desarrollarán actitudes proactivas de la misma manera un grupo de individuos cuya educación escolar se basa en la participación, que un grupo de individuos al que sólo se le da una clase magistral y no se le dan el espacio ni la posibilidad para interactuar. Existen estudios empíricos que muestran que la enseñanza del entrepreneurship en estudiantes de nivel intermedio provoca efectos positivos sobre las cualidades relacionadas con el perfil emprendedor. Por ejemplo, el realizado por Rasheed (2000) (Newark, New Jersey Public, EE. UU.).

sos de enseñanza están debidamente organizados, y más fácil aún, si durante el proceso de instrucción se replican características propias del mundo laboral real. Por otro lado, numerosos estudios señalan la importancia del apoyo familiar en los procesos educativos y el consecuen-te éxito o fracaso de los mismos, así como el “ejemplo” que los individuos toman de los adultos de su entorno (ver, entre otros, Bolívar 2006).

Formar para la empleabilidad implica educar a los indi-viduos para que “aprendan a aprender de manera per-manente, a hacer y a ser”. Esto significa aprehender el significado de las cosas, es decir, obtener la cultura gene-ral que sirva para que la persona sea capaz de comprender los datos a los que accede. También implica la capacidad de crear y de tomar decisiones con criterio. El aprender a hacer se relaciona con la obtención de habilidades téc-nicas, mientras que el aprender a ser se vincula con el desarrollo de habilidades personales, tales como autoes-tima, responsabilidad, sociabilidad, valores, capacidad de escuchar, comunicarse y relacionarse con los demás, entre otras (Cinterfor – OIT 2005).

La práctica y la actitud para el aprendizaje deben comen-zar en la infancia, en el hogar de cada individuo, y deben continuar en la escuela, en la universidad, etc. El apren-dizaje continuo aparece como una necesidad (Fundipe 1999). De esta forma, el concepto de educación perma-nente encabeza una visión más moderna de la educa-ción, donde hay un eje vertical que implica que ésta dura toda la vida de una persona, y un eje horizontal por el que todos los espacios en los que se involucra el individuo se vuelven educativos (Cinterfor – OIT 2005).

En síntesis, en el mundo actual la educación y la for-mación son los pilares de la empleabilidad de un in-dividuo. Y se hace sumamente necesaria la presencia de contenidos nuevos y, sobre todo, de metodologías de aprendizaje y enseñanzas nuevas, pero la clave más importante está en la predisposición personal de ela-borar un proceso de formación durante toda la vida, la cual se encuentra condicionada por el ambiente en el que el individuo nace y crece.

Empleabilidad y desempleoDesde el punto de vista de la oferta laboral, el aumento de la empleabilidad de los individuos puede representar un gran avance para aquellos que de modo sistemático son desafortunados en la obtención de un empleo. Ob-viamente, la solución completa al desempleo requiere

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que existan puestos de trabajo originados en el aumento del Producto Social, aunque en varias ocasiones el des-empleo es producto de puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos, por la falta de individuos aptos para los mismos (Weinberg 2004).

Entonces, la inversión que se realice en pos de aumen-tar la empleabilidad de los individuos puede disminuir aquel desempleo causado por la falta de personal cali-ficado. Sin embargo, también puede ser beneficiosa en un contexto de retracción del empleo, porque propiciaría que las oportunidades de acceso al empleo fueran más equitativas (Weinberg 2004). En este caso, si bien la me-jora en la empleabilidad no se presenta como una solu-ción para los individuos ante el problema del desempleo, sí se presenta como un mecanismo preventivo, ya que les permite pasar a ser “candidatos” de un puesto de trabajo que, de lo contrario, hubiera quedado excluido.

Con base en lo anterior, es importante ver qué ocurre con la empleabilidad de los desempleados, sobre todo cuan-do su estado de desocupación se prolonga en el tiempo. Pérez (2005a) establece que los desempleados de larga du-ración se alejan cada vez más del mercado de trabajo y se vuelven más dependientes de las políticas sociales.

Lo anterior sucede porque cuando el desempleo se prolonga por períodos mayores a un año provoca con-secuencias en las personas que son más amplias que su pérdida de un ingreso regular. Los desocupados de larga duración van perdiendo sus conocimientos, pero, principalmente, van disminuyendo sus hábitos de trabajo, su capacidad de relacionarse y generar vín-culos con el resto de los individuos, y su capacidad para adaptarse a los cambios, entre otras cuestiones. Esto hace que sus capacidades de empleabilidad sean meno-res, y que cada vez se vayan alejando más del mercado laboral y se vaya profundizando aún más su exclusión (Weinberg 2004).

En este sentido, Rus (2012) menciona que existe un costo emocional que experimentan los desocupados, y que dicho costo crece con el paso del tiempo. Rus cita dos autores que, muchos años antes que él, ya seña-laban esta cuestión, quienes, con casi una década de diferencia —Alvaro en 1992 y Kulik en 2001—, afirman que se evidencia una relación muy importante entre el tiempo de duración del desempleo y las actitudes de los desempleados. Siendo que, como ya se ha explicado en este trabajo, las actitudes individuales son particu-larmente relevantes a la hora de analizar la empleabi-lidad de los sujetos. Entre otras, destacan la actitud

frente a la propia búsqueda de empleo: cuanto mayor es la motivación, más grande es la posibilidad de rein-sertarse en el mercado de trabajo.

Sin embargo, no opera sólo un mecanismo de disminu-ción de conocimientos y habilidades en la baja probabi-lidad que tienen los desempleados de larga duración de volver a obtener un puesto de trabajo. Su empleabilidad también disminuye como consecuencia de la señaliza-ción negativa que implica permanecer mucho tiempo fuera del mercado laboral, ya que los empleadores, ante la falta de información perfecta sobre las habilidades de los individuos, toman esta cuestión como una indica-ción de baja productividad (Cid y Paz 2002).

De igual modo, Pérez (2005a) menciona que las empre-sas adicionan al conjunto de criterios que consideran a la hora de elegir a sus empleados el tiempo que llevan des-ocupados, favoreciendo la elección a los individuos que poseen desempleo de menor duración.

Este efecto señalización es el denominado scarring effect. Cabe aclarar que, si bien el efecto de la señalización ne-gativa es más grave para los desempleados de larga dura-ción, no es exclusivo de ellos, sino que afecta a todos los que se han visto inmersos en un episodio de desempleo. La idea es que quienes han atravesado una situación de desempleo se ven estigmatizados, reciben menos ofertas laborales, y, además, los empleadores les ofrecen em-pleos de menor calidad, es decir, empleos en los que los niveles de ingreso son menores, las condiciones labora-les son más precarias y la inestabilidad en el puesto de trabajo es mayor (CEPAL 2009; Aguilar, Ramírez y Rodrí-guez-Prado 2010).

Ahora bien, ya sea por verdadera pérdida de habilidades, o porque opera una señalización negativa, o por ambas cuestiones al mismo tiempo, quienes se ven particular-mente afectados son los jóvenes. Esto es así porque se ha comprobado que los individuos que atraviesan períodos de desempleo a edades tempranas ven condicionado todo su futuro laboral, viéndose inmersos en nuevos períodos de desempleo o de trabajo con bajos niveles de ingreso (De la Hoz, Quejada y Yánez 2012).

A su vez, retomando la idea de socialización primaria, puede establecerse un efecto negativo en las familias de los desocupados de larga duración, ya que no sólo ellos van perdiendo sus atributos de empleabilidad, sino que también sus hijos van perdiendo la posibilidad de apren-derlos en el núcleo del hogar, lo cual se verá reflejado luego en sus actitudes.

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Además, la cuestión del desempleo de larga duración se ve agravada por el hecho de que no sólo sucede que quien se ha encontrado desempleado por un período prolon-gado tiene dificultades para volver a tener un puesto de trabajo, sino que la duración de dicho puesto será proba-blemente menor a la del anterior, y, de ese modo, tendrá mayor riesgo de volver al estatus de desocupado (Aguilar, Ramírez y Rodríguez-Prado 2010).

CEPAL (2009) analiza cómo los sistemas laborales flexi-bles disminuyen la estabilidad laboral, y, junto con ello, al ser mayor la rotación entre diferentes pues-tos de trabajo, se ve dañada la cohesión social entre las personas (porque se hace frecuente la necesidad de adaptarse a nuevos grupos y entornos de trabajo), y también se afecta la posibilidad individual de acu-mular habilidades y conocimientos específicos (porque el período para desempeñarse en cada puesto es más corto). De este modo, es mayor la probabilidad de atra-vesar situaciones de desempleo, con todo lo que (como ya ha sido mencionado) esto implica sobre la empleabi-lidad futura de los individuos.

Por otra parte, si bien se destaca la importancia del concepto de empleabilidad a la hora de conseguir un trabajo, Beccaria (1999) disiente en parte de esta pre-misa porque considera que, en función del nivel de desempleo, dicho concepto se vuelve un tanto limita-do. Este autor explica que la empleabilidad es relativa a la oferta y demanda de trabajo, y que si el porcentaje de desempleo es muy bajo, los últimos de la fila serán empleados, aunque se les pagará un salario menor por tener que capacitarlos. Considera que personas inem-pleables en un contexto de cierto nivel de desempleo pasan a ser empleables si ese porcentaje disminuye; por lo tanto, no serían inempleables en forma absolu-ta, sino menos empleables en forma relativa. En este mismo sentido, en un contexto de alto desempleo, los empresarios cobran mayor poder a la hora de elegir a sus empleados. Debido a que son muchos los que están en la “fila”, se exigen mayores requisitos a la hora de contratar, dando lugar a situaciones de sobreeduca-ción (Pérez 2005b).

Por último, en cuanto a la relación de desempleo con empleabilidad, cabe mencionar la capacidad de gene-rar autoempleo por parte de los individuos que poseen cualidades para ser empleables, siempre y cuando el contexto macroeconómico se los permita. El concepto de empleabilidad también puede considerarse respec-to a la propia generación de trabajo (Fundipe 2000). En el caso del autoempleo, de nuevo se plantean como

determinantes el grado académico de los individuos, cómo han obtenido esa formación y qué actitudes y ap-titudes han adquirido.

Un caso particular dentro del autoempleo es el caso de los emprendedores. En este punto cabe aclarar que no toda persona que comienza un nuevo negocio es un empren-dedor (Drucker 1985). “Emprender es perseguir la opor-tunidad más allá de los recursos que se controlen en la actualidad” (Stevenson 2000).

El término entrepreneur (emprendedor) fue introducido a la literatura económica por primera vez en los inicios del siglo XVIII, por el economista francés Richard Cantillon (Castillo 1999), quien define al entrepreneur como el “agente que com-pra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo produc-to”. Y afirma que es él quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del mercado (Thornton 1998).

La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece su actitud. El emprendedor es una persona perspicaz, con capacidad de crear, impulsar y llevar ade-lante sus ideas (Kirzner 1998). El emprendedor no nece-sita certezas y observa el cambio como norma saludable (Drucker 1985); además, tiene capacidad de convocatoria y es líder. Persigue la oportunidad, se compromete rápi-damente y se responsabiliza ante diferentes escenarios (Stevenson 2000). Los emprendedores son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que imaginan, que pueden tomar una idea y hacerse responsables de inno-var y obtener resultados (Pinchot 2003).

Joseph Schumpeter planteó, ya en 1911, la existencia de un desequilibrio dinámico causado por el empresario in-novador, y llamó “destrucción creativa” a las tareas que realizan este tipo de empresarios (Drucker 1985). A su vez, Schumpeter (1942) define al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones.

De lo anterior se deriva que las cualidades para ser em-pleable y para ser emprendedor son similares, pero no totalmente iguales. Podría decirse que ser empleable es condición necesaria, pero no suficiente, para ser em-prendedor. Un emprendedor necesita actitudes extras, a las que hemos definido bajo la órbita de la empleabili-dad, sobre todo las referidas a la asunción de riesgos. A su vez, cabe destacar que el concepto de empleabilidad es muy similar al de intrapreneur, término utilizado por Pin-chot (2003) para hacer referencia a los emprendedores dentro de las empresas.

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En síntesis, el aumento de la empleabilidad colabora ante el problema del desempleo mediante la mejora en las capacidades y productividad de los individuos, aun-que no se presenta como una solución total al problema. A su vez, el desempleo de larga duración provoca efectos negativos sobre la empleabilidad. Por último, se desta-ca que las cualidades relacionadas con ésta son propicias para el autoempleo y colaboran en la aparición de indivi-duos emprendedores.

Empleabilidad y equidad socialDe acuerdo con lo analizado hasta el momento, el nivel educativo se plantea como uno de los más importantes determinantes de la empleabilidad. Pero no todos los individuos reciben la misma educación: los individuos más pobres poseen mayores dificultades para acceder a un nivel educativo alto; y puede concluirse que serán menos empleables (Formichella 2005).

Lo anterior se vincula estrechamente con la noción de equidad educativa. Formichella (2010) considera que existe equidad educativa si se evidencia igualdad en los resultados educativos, lo cual incluye el grado de empleabilidad de los individuos al concluir su paso por el sistema. Si no existe equidad en la educación, habrá individuos menos empleables que otros, lo cual contri-buirá a la inequidad social. Y no sólo habrá individuos menos empleables, sino que dichos individuos serán los que provengan de hogares menos aventajados, por lo que puede pensarse que quedarán entrampados en un círculo de pobreza.

Tal resultado sucede porque un individuo pobre tendrá mayores dificultades para enfrentar los costos directos de invertir en educación, porque posee un menor nivel de ingresos,14 y también, para enfrentar los costos indi-rectos (costos de oportunidad de formarse y no trabajar): el aporte marginal que una persona pobre puede hacer a la economía del hogar puede marcar la diferencia entre subsistir o no. Es así como muchos jóvenes y niños aban-donan el colegio y van en busca de trabajo, en general informal, o mendigan.

Por otra parte, quienes siendo pobres continúan asistien-do a la escuela poseen un muy bajo rendimiento, al no

14 Además de este efecto del ingreso, en la mayor parte de los casos, la tasa de fecundidad de las familias pobres es más alta, lo cual hace que la inversión en educación por hijo sea menor que en el caso de una familia más reducida.

estar bien alimentados,15 no contar habitualmente con ayuda y apoyo familiar en sus tareas y no poder concen-trar su tiempo libre en el estudio, porque deben cuidar de hermanos menores,16 o realizar algún tipo de trabajo informal para subsistir. En muchos casos, la asistencia al colegio se reduce a la búsqueda de un comedor escolar, que puede llegar a representar el único alimento del día.

La marginación que muchas veces acompaña a la po-breza ocasiona fricciones en las familias de bajos ingre-sos y lleva a que sus integrantes, al sentirse frustrados, lleguen a relacionarse con problemas como la droga, el alcohol u otras enfermedades de esta índole. Los chicos pertenecientes a dichas familias viven el futuro como una posibilidad negativa, la sociedad no les brinda herra-mientas para pensar en él, y suelen manifestar un desin-terés completo por el futuro, concentrando su energía en los acuciantes problemas del presente. Estas condiciones favorecen la aparición de trastornos en el aprendizaje y en la integración social. Estos niños también perciben, dentro de su socialización primaria, el grado de frus-tración social de sus propios padres, y aprenden cómo sobrellevarla de acuerdo con lo que realizan sus padres o mayores a cargo. Varios estudios sociológicos afirman que la delincuencia es, en muchos casos, aprendida en el seno del hogar, de la misma forma que es en ese ámbito donde se adquiere el respeto por el trabajo y las institu-ciones (Redondo et al. 1988).

Los individuos de menores recursos también tendrán ma-yores dificultades para adquirir el resto de las cualidades que hemos identificado como deseables para la empleabi-lidad. Mientras que su socialización primaria quizá no se desarrolle en un entorno propicio para la adquisición de dichas cualidades, su socialización secundaria (con una prácticamente única oportunidad en la escuela) se ve en-torpecida por los obstáculos económicos y sociales seña-lados. Por ello, la búsqueda de la equidad en educación puede contribuir a que los individuos puedan revertir su situación de origen. Su búsqueda implica la necesidad de invocar dos principios aristotélicos: “Igual trato para los iguales” (equidad horizontal) y “desigual trato para los desiguales” (equidad vertical) (Morduchowicz 2003). Es

15 “En un estudio de 19 países se comprobó que el retraso en el crecimiento (poca altura en función de la edad, indicador de una malnutrición prolongada), la emaciación (poco peso en función de la altura, indicador de malnutrición durante un breve período) y el peso inferior al normal (poco peso en relación con la edad) son más elevados en los pobres en casi todos los países” (Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2000-2001, Banco Mundial)

16 Ya que habitualmente pertenecen a familias numerosas en las que ambos padres trabajan o sólo hay un jefe familiar y éste se ausenta para trabajar.

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decir, se debe prestar atención y tratar a cada individuo de acuerdo con su situación, lo cual implica la instaura-ción de desigualdades a lo largo de la vida escolar (Llach 2006; Tedesco 2000).

Entonces, la consideración de la equivalencia en resul-tados complementa la idea de igualdad en las oportuni-dades. Se trata de que se establezcan las condiciones y se comprometan los recursos (materiales y no materiales) para que todos los individuos tengan la misma posibili-dad de arribar a los resultados deseables (Morduchowi-cz 2003). En este sentido, para que todos los individuos en edad de egreso escolar alcancen un mismo resultado, incluido su nivel de empleabilidad, todos deberían tener acceso al sistema educativo, y una vez allí, sus diferen-cias en capacidades deberían ser compensadas. Una vez dentro del sistema, cada uno debería disponer de los re-cursos materiales (aulas, bancos, etc.) y no materiales (tiempo, apoyo psicológico, enseñanza, motivaciones, entre otros) necesarios para avanzar en su carrera esco-lar, y recibir algunos más que otros, en función de sus necesidades (desigualdades originarias).

Por el contrario, si las diferencias de origen no pueden ser compensadas, en un mundo donde el mercado labo-ral exige cada vez mayores habilidades,17 las personas menos aventajadas quedan imposibilitadas de encon-trar un buen trabajo, y bien remunerado: su propia si-tuación económico-social las ha impulsado a ingresar a este mercado sin estar suficientemente capacitadas. Sus posibilidades se reducen a empleos precarios de baja re-muneración, y de esta manera, es muy probable que no logren salir de la pobreza. Como consecuencia, en su fu-turo adulto forman nuevos hogares pobres, siendo, por consiguiente, sus hijos pobres, repitiéndose el ciclo e impidiéndose la movilidad social (Birdsall, Londoño y O’ Connell 1998; Briasco 1995).

Por otra parte, el ingreso temprano al mercado laboral no sólo les impide a los individuos pobres continuar con sus estudios, sino que al no poder acceder a un buen tra-bajo, tampoco accederán a posibilidades de capacitación. Mientras tanto, quienes sí logran obtener un buen traba-

17 Esto se debe a que las empresas buscan los trabajadores más productivos, y, como enunciaron Arrow y Spencer, el nivel educacional sirve como mecanismo de selección, pero también, a que las empresas buscan individuos con las cualidades que hemos enunciado como deseables para ser empleables. Además, Beccaria (1999) agrega que cuando existe un alto porcentaje de desempleo, los empresarios tienen mayor poder para exigir mayores condiciones restrictivas a sus empleados, dando lugar al fenómeno de la sobreeducación.

jo verán ante sí un abanico de oportunidades concretas para aumentar sus habilidades, lo que les permitirá ob-tener ingresos aún mayores en el futuro. Así, puede ob-servarse una parte del mecanismo que hace que se vaya incrementado la brecha de ingresos entre ricos y pobres (Mincer 1958). A su vez, si no acceden a un trabajo insti-tucionalizado y formal, también tendrán más dificulta-des para adquirir cualidades de empleabilidad dentro del trabajo, entre otras desventajas.

De esta manera, puede observarse cómo la empleabili-dad se encuentra sumamente ligada a la estructura de oportunidades de la sociedad. Los más desfavorecidos, pertenecientes a los sectores de más bajos recursos, tie-nen menores oportunidades de adquirir competencias de empleabilidad, lo que determina que ellos y su descen-dencia continúen perteneciendo a las capas más pobres de la sociedad (Weinberg 2004).

A pesar de lo señalado antes, puede ocurrir que la ac-tuación mediante políticas gubernamentales sobre el ámbito educativo sea necesaria pero no suficiente para lograr compensar las diferencias en las capacidades de origen de los individuos. Quizá se requieran políticas vinculadas a otros ámbitos, para poder obtener los re-sultados deseados. Es de esperarse que, cuanto mayor sea el grado de desigualdad de origen, más limitada se encuentre la institución escolar para poder hacer fren-te a las compensaciones, y más necesaria se vuelva la aplicación de políticas sociales, en especial políticas que intenten modificar el entorno familiar de los indi-viduos (Formichella 2010).

ConclusionesEl concepto de empleabilidad aparece como un concepto más amplio que el utilizado de manera habitual para estu-diar la relación de las características de la fuerza laboral con el mercado de trabajo (capital humano). Presenta una estrecha vinculación con la educación, en todos sus sentidos, y con el desempleo: básicamente, la educación puede contribuir a aumentar la empleabilidad de los in-dividuos, y la mayor empleabilidad puede favorecer la mitigación del problema del desempleo. Asimismo, el desempleo de larga duración provoca efectos negativos sobre la empleabilidad de las personas.

La empleabilidad tiene una fuerte consecuencia sobre la equidad social. La existencia de desigualdad en las opor-tunidades de los individuos para adquirir cualidades de empleabilidad parece perpetuar y acentuar las desigualda-

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des sociales en el tiempo. El desarrollo de una sociedad está ligado al bienestar de sus individuos: las inequida-des de oportunidades conducen a un problema económi-co intergeneracional que involucra aspectos morales y éticos. La ruptura del orden social, asociada a altos ni-veles de desigualdad, es uno de los aspectos más difíciles de corregir en un Estado. De allí que la prevención y la igualación de oportunidades sean fundamentales para el desarrollo sostenible de un sistema económico.

La educación parecería ser el medio adecuado para tal fin. Sin embargo, es también la herramienta que permi-tiría perpetuar y acentuar las desigualdades. El resulta-do dependerá no sólo de los recursos que se destinen a la educación, y de los objetivos que los hacedores de políti-cas se planteen, sino también de la universalidad de la calidad en el sistema educativo y de las políticas sociales específicas que reduzcan los costos de oportunidad de los más pobres. No necesariamente debe existir un trade-off entre los objetivos sociales y los económicos. Por el con-trario, ambos pueden ir en la misma dirección, susten-tando un proceso de Desarrollo y Crecimiento Económico exitoso. El proceso es largo: los niños que ingresen hoy al sistema educativo comenzarán a exhibir sus cualidades de empleabilidad a partir de 2024.

Se ha abierto el camino para seguir investigando este tó-pico con mayor profundidad. Un imprescindible estudio futuro consistirá en la obtención de un indicador para medir la empleabilidad, que conduzca a un diagnóstico más preciso de la problemática considerada, con el fin de establecer políticas concretas para mejorar el estado pre-sente y futuro de la oferta laboral.

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* El presente artículo forma parte de una investigación más amplia sobre “Inseguridad socio-económica de los hogares en Argentina”, que cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) de Argentina a través de la financiación de un Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT 0910-2011) y la Universidad de Buenos Aires.

v Doctor en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Argentina. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Últimas dos publicaciones: Gran Buenos Aires: polarización de ingresos, clase media e informalidad laboral, 1974-2010. Revista de la CEPAL 109 (2013), y Políticas de protección social y participación económica de la población en Argentina (2003-2010). Desarrollo Económico, 2011. Correo electrónico: fgroisman@conicet.gov.ar

D Magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Argentina. Estudiante de doctorado en Flacso. Becaria del Conicet. Últimas dos publicaciones: Políticas de protección social y participación económica de la población en Argentina (2003-2010). Desarrollo Económico, 2011, y El servicio doméstico en Argentina. Particularidades y desafíos de un sector relegado (2004-2012), en evaluación. Correo electrónico: eugeniasconfienza@gmail.com

Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires*

RESUMENEl estudio aquí planteado ilustra sobre la exclusión social a la que están expuestos los indigentes urbanos en Buenos Aires. El artículo se compone de dos apartados. En el primero de ellos se resumen algunos aspectos relevantes de la literatura especializada sobre la exclusión social y el funcionamiento del mercado de trabajo en Argentina en el pasado reciente. El segundo sintetiza los resultados del trabajo de campo efectuado. Éste se basó en la realización de 190 entrevistas a varones adultos residentes en hogares y paradores de la ciudad de Buenos Aires. La investigación indagó acerca de las percepciones de los entrevistados respecto de su situación de vulnerabilidad laboral y procuró rastrear los factores que determinan el tipo de inserción que logran en la actividad económica, entre ellos, la incidencia de las credenciales educativas. Se pudo constatar que la gran mayoría de los indigentes urbanos ha venido exhibiendo trayectorias laborales caracterizadas por la alternancia entre precariedad ocupacional —desocupación abierta—, desaliento y retiro de la actividad económica. Tal dinámica parece ser insensible a los avatares del ciclo económico.

PALABRAS CLAVE Informalidad, exclusión social, indigentes urbanos.

Fecha de recepción: 30 de octubre de 2012Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013Fecha de modificación: 29 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.07

Fernando Groismanv - María Eugenia SconfienzaD

Urban Indigents: Between Stigma and Social Exclusion in the City of Buenos Aires

ABSTRACTThe paper characterizes the social exclusion that affects individuals suffering extreme poverty in Buenos Aires. The article consists of two sections. First, it summarizes some relevant aspects of the literature on social exclusion and the functioning of the labor market in the recent past in Argentina. Second, it presents the results of the fieldwork completed by the authors. The research was based on a survey of 190 adult males living in homeless shelters in the City of Buenos Aires. The goal of the investigation was to record their perceptions regarding labor opportunities and to identify the factors that might influence their inclusion into/exclusion from economic activities, including the role of educational credentials. We found that the vast majority of respondents exhibited work trajectories characterized by alternating unemployment, unstable jobs, and inactivity. That pattern seems to be insensitive to economic cycles.

KEY WORDS Informality, social exclusion, urban indigents.

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Indigentes urbanos: entre a estigmatização e a exclusão social na cidade de Buenos Aires

RESUMOO estudo aqui proposto trata da exclusão social à qual estão expostos os indigentes urbanos em Buenos Aires. Este artigo se compõe de duas partes. Na primeira, resumem-se alguns aspectos relevantes da literatura especializada sobre a exclusão social e sobre o funcionamento do mercado de trabalho na Argentina no passado recente. A segunda sintetiza os resultados do trabalho de campo efetuado. Este se baseou na realização de 190 entrevistas a homens adultos residentes em lares da cidade de Buenos Aires. A pesquisa indagou sobre as percepções dos entrevistados a respeito de sua situação de vulnerabilidade laboral e procurou rastrear os fatores que determinam o tipo de inserção que conseguem na atividade econômica, entre eles, a incidência das credenciais educativas. Pôde-se constatar que a grande maioria dos indigentes urbanos vem exibindo trajetórias laborais caracterizadas pela alternância entre precariedade ocupacional —desocupação aberta—, desalento e saída da atividade econômica. Essa dinâmica parece ser insensível aos avatares do ciclo econômico.

PALAVRAS-CHAVEInformalidade, exclusão social, indigentes urbanos.

Introducción

La demanda laboral en Argentina, aun en con-textos de fuerte recuperación económica, pare-ciera ponderar aquellos atributos que tienden a reforzar la exclusión social de quienes ya se encuentran en situación de pobreza o de franca

vulnerabilidad. Quizás el ejemplo más claro de ello es la utilización del nivel educativo alcanzado como el criterio de reclutamiento más extendido para incorporar traba-jadores que, en numerosas ocasiones, no requieren ese capital educativo para su desempeño laboral. En otras pa-labras, los puestos de trabajo que tradicionalmente eran cubiertos por trabajadores de baja calificación son cre-cientemente asignados a personas con mayores creden-ciales educativas. Cabe anotar que en la primera década del presente siglo, aunque se mantuvo la estructura por calificación del trabajo asalariado, aumentó la incidencia de aquellos con mayor nivel educativo en los puestos de baja calificación. Por otra parte, las brechas de los sala-rios horarios confirman que este cambio de composición no se vio acompañado de uno de similar intensidad en los diferenciales salariales. Es decir, que los trabajadores más educados que ocuparon puestos de menor califica-ción fueron retribuidos por las características del puesto que ocupaban, y no por sus atributos personales —su nivel educativo—. Esta información es compatible con episodios de devaluación educativa, lo cual implica que los retornos salariales a la educación se redujeron debido al exceso re-lativo de trabajadores con mayor nivel de instrucción. Tal dinámica habría afectado preferencialmente —vía expul-sión del empleo o reducción de oportunidades— a los indi-viduos con baja educación (Groisman 2008).

Las menores oportunidades de empleo para aquellos en situación de desventaja social parecen haber estado asociadas también a otros factores. Uno de ellos es el relacionado con las redes sociales por las que circula la información sobre vacantes laborales. Éstas han adqui-rido una incidencia relevante tanto en la distribución de información sobre oportunidades de empleo como en la propia vinculación con la demanda, operando en muchas ocasiones como instancias de intermediación laboral de hecho. Estos contactos y redes están altamente correlacio-nados con el nivel socioeconómico de pertenencia de hogar. En este sentido, puede argüirse que el impacto negativo sobre el acceso a puestos de mejor calidad habrá sido mayor para aquellos individuos que pertenecen a los hogares más pobres. Precisamente, es en este estrato donde se observa con mayor frecuencia que las familias quedan excluidas de estas redes y circuitos de información y relaciones sociales. La información descriptiva disponible para Argentina, te-niendo en cuenta la variable del nivel de educación, apunta en esa dirección. Los jefes de hogar, cónyuges e hijos de ho-gares de bajos recursos obtienen menores ingresos que sus similares en los hogares del estrato superior. En otras pala-bras, no sólo los ocupados de menor calificación perciben menores ingresos que aquellos con mejor dotación educati-va, sino que el hecho de pertenecer al estrato de hogares con jefe de baja educación ocasionaría un descuento sobre sus remuneraciones —siempre respecto de otros trabajado-res de nivel educativo y posición en el hogar similares—. Se desprende de ello la permanencia de diversos factores que tienden a perpetuar la condición de pobreza. Cabe mencionar entre ellos la segregación espacial socioeco-

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nómica, la discriminación laboral con base en ciertas características sociodemográficas y/o socioeconómicas, que dificultan el acceso a mejores condiciones de vida en forma duradera. Ante tal evidencia, se deduce que aque-llos individuos en situación de pobreza extrema —indi-gentes— que carecen de una vivienda propia y residen temporalmente en refugios urbanos estarían expuestos a mayores privaciones. La presente investigación tiene por fin analizar la situación laboral de este segmento de los indigentes urbanos, específicamente aquellos que resi-den en hogares y paradores de la ciudad de Buenos Aires.1

Los pobres urbanos conforman un universo heterogéneo y tienen como rasgo común el hecho de estar excluidos del mercado formal de empleo y padecer múltiples carencias. Sin embargo, es todavía acotada la investigación sobre esta temática.2 El aporte de este artículo radica en avan-zar en el conocimiento de aquellos factores que persisten como determinantes de la sistemática exclusión laboral a la que se enfrentan los indigentes sin vivienda que resi-den en los paradores de la ciudad de Buenos Aires.

En el curso del artículo se adopta una definición amplia de vulnerabilidad que incluye a todos aquellos que com-parten una situación de adversidad en el ámbito social y económico,3 y que se origina en la carencia de medios para disfrutar de las mismas oportunidades que la pobla-ción ocupada en puestos de trabajo protegidos, es decir, registrados en el Sistema de la Seguridad Social. El en-foque utilizado reconoce en la precariedad laboral, en general, y en el desempleo, en particular, factores que contribuyen a acentuar la brecha socioeconómica que separa a diversos estratos sociales en Argentina. Como se mencionó, es todavía escasa la evidencia empírica obtenida a partir de una perspectiva de investigación de campo que haga énfasis en la subjetividad de los exclui-dos. La mirada “desde adentro”, por tanto, se presenta como un insumo significativo para proporcionar infor-mación relevante acerca de fenómenos difíciles de captar con las herramientas convencionales, como el desaliento o el desánimo que padecen los excluidos.

1 El fenómeno de la indigencia se encuentra íntimamente relacionado con la situación de calle y/o el hecho de habitar en hogares/paradores en forma transitoria. No obstante, el eje central del presente documento no se centra en la situación habitacional de las personas, sino en su dimensión laboral.

2 Pueden consultarse Mallimaci (2005) y Forni, Siles y Barreiro (2004), entre otros.

3 Existen múltiples enfoques sobre esta temática; véanse, entre otros, Wacquant (2001), Cravino et al. (2002, 75) y Perelman (2011, 119).

El presente artículo se estructura en tres secciones. En la primera se desarrollan brevemente algunas precisio-nes conceptuales y se muestran algunos datos referidos a esta problemática para el corriente período de recupe-ración económica, provenientes de la Encuesta Perma-nente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (EPH-INDEC). La segunda sección presenta los resultados del trabajo de indagación a 190 individuos en situación de vulnerabilidad socioeconómica que re-siden en hogares y paradores de la ciudad de Buenos Aires. Por último, se resumen los principales hallazgos de esta investigación.

Exclusión social y recuperación económica

Las dimensiones laborales de la exclusión social: precariedad, informalidad, desempleo y desánimo

Hace ya varias décadas, con la generalización de la crisis de la relación salarial a mediados del decenio de los setenta, el concepto de exclusión social ha ido ganando protagonis-mo en la literatura, con la misma intensidad con la que se desarrolló un agudo debate sobre sus alcances. Se han enfa-tizado, alternativa o complementariamente, sus vínculos con otros déficits sociales como la pobreza, la vulnerabili-dad o la inseguridad económica. Si bien no se ha logrado aún un consenso generalizado, se constata cierta acepta-ción en torno a algunas características que constituirían parte central de este concepto. Entre éstas cabe mencionar que se trata de un fenómeno multidimensional, relativo, dinámico, acumulativo y estrechamente asociado a lo que acontece en el mercado laboral (Atkinson 1998, 11-12; Gallie y Paugam 2002, 6; Tsakloglou y Papadopoulos 2002, 136; Sen 2000; Room 1995). En esta sección se pasa brevemente revista sobre aquellos fenómenos vinculados al mundo del trabajo que reflejan las diversas manifestaciones de la fra-gilidad del vínculo que logran establecer algunos grupos de población en la actividad económica.

Entre las características más representativas del traba-jo precarizado en Argentina —aquel que se desarrolla en un puesto de trabajo que no se encuentra registrado en el Sistema de Seguridad Social— se destacan las si-guientes: la inestabilidad (contratos de corta duración o inexistencia de contrato, sin derecho a preaviso ni indemnización); tareas modificables unilateralmen-te a voluntad del empleador; ingresos inciertos y/o

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insuficientes —más bajos que los de trabajadores re-gistrados—; carencia/insuficiencia de percepción de be-neficios, tales como licencia por enfermedad, licencias para atención de los hijos, licencia por muerte familiar; inseguridad laboral (mayores riesgos de enfermedades y lesiones por exposición a condiciones peligrosas, control limitado sobre las condiciones del lugar de trabajo, baja protección contra riesgos a la salud y seguridad física en el lugar de trabajo); en relación con la duración de las jor-nadas laborales, aquellos casos de horarios prolongados o de carga horaria impredecible, que fomentan irregula-ridad de horarios e intermitencia laboral; restricción de acceso a formación y capacitación con expectativas de as-censo laboral, y bajas posibilidades de representaciones colectivas como sindicatos. Acerca del régimen laboral en Argentina, puede consultarse Goldín (2008).

El desempleo, por su parte, constituye la forma más extrema de precariedad laboral. Las personas que de-sean trabajar pero no logran hacerlo son consideradas desocupadas,4 y, en contextos de ausencia de mecanis-mos de protección social adecuados, es muy elevada la correlación con la incapacidad de satisfacer necesida-des vitales. Además de la privación económica, como señala Castel (1997), cuanto más grande es la precarie-dad de la situación del trabajador respecto del empleo, mayores son los riesgos de rupturas sociales y fami-liares, de reducción de la sociabilidad, de pérdida de identidad y de mayor sufrimiento psíquico y mental. De la misma manera, se ha señalado que es en el ámbi-to del mercado de trabajo donde el trabajador adquiere su identidad y construye un sentimiento de utilidad social, según las funciones que cumple en la división técnica y social del trabajo, lo que a su vez repercute en su salud (Paugam 1997).

Queda claro entonces que el empleo asalariado y protegi-do en Argentina representa la instancia que asegura de-rechos sociales y ciudadanos con base en la contribución productiva del trabajador. Es decir, que la limitación en el acceso al mercado de trabajo formal se presenta como un potente disparador de la exclusión social. Es frecuen-te en las economías latinoamericanas que la brecha entre el desempleo y el empleo registrado se resuelva a favor de

4 Cabe distinguir, a diferencia del desempleo abierto, un tipo de desempleo de carácter friccional. En esta última categoría se encuentran comprendidos los trabajadores que rotan dejando su puesto de trabajo para buscar otro que se adecúe más a sus preferencias y expectativas, siendo éste un tipo de desempleo a corto plazo y que no constituye una problemática en sí desde la perspectiva de este estudio (Monza 2002).

la informalidad en el mercado de trabajo. Precisamente, la informalidad —sector informal o economía informal— es una categoría relevante para el análisis de las estructu-ras productivas y de los mercados de trabajo de los países en desarrollo. La perspectiva original de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 1972) y los avances realiza-dos luego —principalmente en América Latina— ligaron la existencia de unidades productivas informales de esos países a la incapacidad de sus economías para crear pues-tos de trabajo formales suficientes para ocupar la fuerza laboral disponible.

En la actualidad, la definición de la informalidad con-templa el incumplimiento de las normas que regulan la actividad laboral (Hussmanns 2004). La informalidad es el destino principal para una proporción relevante de la población que no logra acceder a un puesto de trabajo asalariado protegido. Forman parte de este segmento he-terogéneo los trabajadores empleados por cuenta propia o las trabajadoras del servicio doméstico y el conjunto de ocupados en puestos no registrados. La característica re-levante es que quienes se desempeñan en estas ocupacio-nes obtienen remuneraciones sensiblemente inferiores a las de aquellos ocupados en la economía formal. Así, la informalidad, aun cuando puede contribuir a disminuir los niveles de pobreza e indigencia, no logra resolver la situación de exclusión social, sino que tiende a perpe-tuarla, por cuanto la permanencia en la informalidad reduce las probabilidades de abandonar estos empleos.

Por último, cabe destacar una dimensión analítica que tiende a ser subestimada en la investigación social y que refiere al desaliento o desánimo laboral. En efecto, se trata de la población que ha abandonado la búsqueda de un empleo ante la expectativa de no encontrarlo. El “trabajador desalentado/desanimado” desaparece de la estadística que mide la población económicamente ac-tiva: no está ocupado ni busca activamente un empleo, por lo cual tampoco se contabiliza como un desocu-pado. Se trata de un desocupado latente —disponible para el empleo— pero retirado de la actividad econó-mica. El desaliento laboral implica “haberse rendido”, y, por ende, el trabajador se ha dado por vencido por-que siente que no tiene las calificaciones adecuadas, no sabe dónde o cómo buscar trabajo, o siente que no hay trabajo apto disponible para él. En este sentido, el trabajador desalentado se encuentra inactivo en forma involuntaria (OIT 2006).

Las razones del desaliento son numerosas y variadas. El género, la religión, la carencia de calificaciones o de experiencia, distintas enfermedades o discapacidades

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—que no inhabilitan el desempeñarse en algún em-pleo—, son causas posibles del fenómeno. También lo es, y muy especialmente, el factor de la edad. Es frecuente, por ejemplo, que los empleadores otorguen prioridad para la cobertura de las vacantes laborales a adultos en edades entre 30 y 44 años, afectando negativamente las posibilidades de empleo de quienes no están compren-didos en ese rango etario. Las personas desalentadas se encuentran en una zona gris entre la actividad y la in-actividad económica, y su inclusión en una u otra varía con las expectativas y las percepciones que se tengan acerca del funcionamiento del mercado laboral. Desde este punto de vista es que se los ha conceptualizado como desocupados ocultos en la inactividad. Se sigue de ello que la tasa de desocupación —y la de actividad también— debería ser corregida teniendo en cuenta este universo. Se han detectado algunos problemas metodológicos a la hora de estimar la magnitud de este grupo. En efecto, la medición de los trabajadores desalentados requiere, o bien información acerca de la búsqueda de empleo para los desocupados durante un período dado —razonable-mente, seis o doce meses— y las razones del abandono de la búsqueda; o bien, la cuantificación de aquellos que no estando ocupados desean trabajar y están disponibles para hacerlo. Se puede apreciar, no obstante, que este tipo de mediciones no agotan el fenómeno del desalien-to pues no captan aquellas situaciones de desánimo de más larga duración que derivaron en el retiro de la activi-dad económica con una antelación mayor a un año. Por ejemplo, la de aquellos que se perciben a sí mismos como excluidos y, por lo tanto, no expresan deseos de trabajar cuando son interrogados, pero estarían disponibles ante la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.

La situación económica y laboral en el pasado recienteA partir del segundo semestre de 2002 la economía ar-gentina inició una fase expansiva de gran intensidad. Parte importante de la recuperación obedeció al cam-bio en el régimen macroeconómico, que implicó, entre otras medidas, una fuerte devaluación de la moneda luego de la aguda crisis de fines de 2001. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) oscilaron en torno al 8-9% en el quinquenio que comenzó en 2003. En 2008 este indicador se ubicó cercano al 7%, y dismi-nuyó sensiblemente en 2009. Lo acontecido durante este último año parece haber sido un reflejo del clima de incertidumbre internacional a raíz de la crisis del mer-cado de hipotecas sub-prime en Estados Unidos (cuyo origen cabe ubicar en agosto de 2007).

Entre los factores que ayudan a entender el notable des-empeño económico de Argentina, deben resaltarse la fa-vorable coyuntura internacional para las exportaciones, los efectos en el mercado interno de la sustitución de importaciones, la recuperación de la inversión privada —impulsada por las limitadas alternativas de inversión financiera— y la recuperación del consumo. La recupera-ción económica se verificó tanto en los sectores producto-res de bienes como en los servicios. Ya en 2005 se habían alcanzado las marcas máximas de la década previa. Al compás de la expansión económica agregada se ha ve-nido produciendo un cambio en la estructura sectorial, cuyo sesgo difiere respecto del observado en la década anterior. Actividades como la industria manufacturera mostraron un gran dinamismo en estos años. También se puede constatar el notable dinamismo de la construc-ción, el comercio, los servicios modernos y las activida-des de transporte y comunicaciones.

Asimismo, los últimos años dan indicios de un mejora-miento de la calidad de los empleos acompañado, entre otros factores, de la dinamización de las negociaciones colectivas —entre trabajadores y empleadores— y de aumentos periódicos en el salario mínimo. Estos dis-positivos tendieron a comprimir la distribución de los salarios, por cuanto repercuten con mayor magnitud en la parte inferior de las escalas de ingresos (Grois-man 2013). No obstante, estas mejoras se evidenciaron en los sectores asalariados de la sociedad. El acceso a un puesto de trabajo formal continuó siendo esquivo para una proporción no despreciable de individuos pertenecientes al estrato social más bajo. Particular-mente, los grupos a los que alude el estudio aquí rea-lizado se dedican a actividades en las cuales el grado de no registro es muy elevado, como son el comercio minorista, la construcción y el cuentapropismo no profesional (es decir, aquellos autoempleados que no son asalariados ni empleadores y que no tienen un alto nivel educativo). Globalmente, en materia de empleo parece haberse consolidado una tendencia sostenida de incorporación de trabajadores con niveles educati-vos medios y altos, lo cual está en línea con la dotación de capital humano de la población en edad de trabajar. Puede verificarse que alrededor del 80% de los ocupados residentes en la ciudad de Buenos Aires había comple-tado el nivel medio de educación.

En línea con ello, aquellos con menor nivel de educación obtuvieron remuneraciones laborales en torno al 60% del ingreso promedio y mostraron las tasas de inactividad económica más elevadas (duplicando el valor promedio). (Ver el cuadro 1).

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Cuadro 1. Máximo nivel educativo de los ocupados residentes en la ciudad de Buenos Aires

 Distribución ocupados (%)

Ingreso laboral relativo (en % respecto del

promedio)

Tasa de inactividad económica, población entre 25 y 60 años (%)

Hasta secundario incompleto 21,0 60 20

Secundario completo 41,5 95 11

Superior completo 37,6 120 7

Total 100  100 11

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 2° trimestre 2010.

la problemática de personas sin hogar en la Ciudad. No obstante, en la actualidad no se dispone en la ciudad de Buenos Aires de información confiable con relación a la medición de la cantidad, el modo de vida y las particu-laridades de las personas en situación de calle. Según un relevamiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizado en diciembre de 2010, en la ciudad ha-bría 1.287 personas en situación de calle. Sin embargo, diversas entidades no gubernamentales que trabajan la temática señalan que estos datos no son exactos; otras organizaciones de la sociedad civil indican que este uni-verso ascendería a unas 15 mil personas, si se contempla a quienes se alojan en paradores y hogares.

Metodología y resultados del relevamiento

Metodología Se examinó una población en la cual estuvieran presen-tes diversos factores que permitieran la efectiva realiza-ción de las encuestas y entrevistas, así como la obtención de datos fiables que hicieran del estudio de campo una herramienta efectiva respecto a los fines de la investiga-ción. Para ello, se diseñó un modelo de entrevista para ser aplicado a personas residentes en hogares de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. El universo quedó de esta forma circunscripto a un segmento de elevada vulnerabi-lidad laboral y social: los indigentes urbanos. Los Hoga-res y Paradores son dispositivos que brindan un espacio para la estadía transitoria a aquellas personas con emer-gencias habitacionales, que se encuentran en situación de calle —no poseen ningún tipo de alojamiento— y, por tanto, se hallan en riesgo social. El modelo de entrevista se compone de preguntas cerradas y abiertas. Además de las entrevistas, se suministró un cuestionario también

Se desprende de lo anterior que aquellos individuos con bajo nivel educativo que residen en la ciudad de Buenos Aires enfrentaron de modo sistemático menores oportu-nidades de acceso a un empleo. En efecto, una de las cau-sas que influye decisivamente sobre la exclusión social es la debilidad de la demanda laboral para los ocupados de baja calificación. Lo anterior se ve potenciado si además los puestos de trabajo que tradicionalmente eran cubier-tos por estos trabajadores se les asignan a personas con mayores credenciales educativas.

Las menores oportunidades de empleo para este grupo de individuos pudieron haber estado asociadas también a otros factores. Uno de ellos es el relacionado con las redes sociales por las que circula la información sobre vacantes laborales. Éstas han adquirido una incidencia relevan-te tanto en la distribución de información sobre oportu-nidades de empleo como en la propia vinculación con la demanda, operando en muchas ocasiones como instan-cias de intermediación laboral de hecho. Estos contactos y redes están altamente correlacionados con el nivel so-cioeconómico de pertenencia del hogar. En este sentido, puede argüirse que el impacto negativo sobre el acceso a puestos de mejor calidad habrá sido mayor para aquellos individuos que residen en hogares urbanos de tránsito o paradores. La evidencia que se va a presentar en la sección siguiente sugiere la presencia de un segmento de ocupa-dos que se habría visto relativamente menos beneficiado con la expansión económica. Este escenario es compati-ble con la existencia de barreras de acceso al empleo en general para aquellos individuos socialmente excluidos. Además de los factores ya mencionados, diversas mani-festaciones como la discriminación laboral y la estigmati-zación social pueden operar en la misma dirección.

Por último, resulta útil para comprender la evolución de los últimos años en materia de situación de calle contar con información que permita visualizar y dimensionar

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destinado a recoger información de parte de los residen-tes de hogares de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Este formulario ha sido completado en forma autónoma y privada por los informantes. Este método combinado tuvo el propósito de controlar la fiabilidad de la infor-mación al evitar la intermediación del investigador, en el caso de los cuestionarios autoadministrados. Ambas herramientas de recolección de datos fueron implemen-tadas en forma intercalada durante el tiempo que duró el relevamiento (once meses).

Se acotó el relevamiento a la población de sexo masculino mayor de 25 años —con más de siete años por encima de la edad prevista de finalización de los estudios secunda-rios—, con el fin de que, en general, tuvieran experien-cia en el mercado laboral. El trabajo de campo se realizó en diez hogares de tránsito —o paradores— de la ciudad de Buenos Aires en los que residen hombres adultos. Se entrevistó a 101 personas y se suministraron 89 cuestio-narios entre el mes de junio de 2010 y mayo de 2011. La dinámica de acceso a los entrevistados fue la siguiente: en primer lugar, se solicitó una entrevista con el coordi-nador o responsable de la institución, en la cual se ex-plicaban el fin de la investigación y las características del relevamiento. A partir de este primer encuentro se seleccionó, conjuntamente con los responsables de los hogares, a aquellos residentes que podrían participar en la investigación, y se pactaban días de visita. Los crite-rios de selección fueron hombres que se encontraran en situación de desempleo o inactividad, que no presenta-ran trastornos graves en su salud mental y que desearan colaborar con la investigación.

La información suministrada por las entrevistas fue complementada con el aporte de las conversaciones man-tenidas con informantes clave como los coordinadores de hogares o el personal de los dispositivos. Se logró iden-tificar, así, una interesante cantidad de patrones comu-nes presentes en las historias relatadas y la información suministrada por cada una de las personas, los cuales se desarrollan en el apartado siguiente.

Resultados empíricos

Características sociodemográficas Dos de cada tres entrevistas se realizaron a individuos con edades entre 40 y 60 años —43%, entre 50 y 60 años de edad, y el 21%, entre 40 y 50 años— (ver el gráfico 1). Del total de los residentes, un 62% tienen nivel educativo hasta secundario incompleto; 14%, secundario comple-

to; 16%, terciario o universitario incompleto, y 8%, uni-versitario o terciario completo.

Gráfico 1. Edad promedio (%)

De 50 a 60 43 %

De 60 a 65 4 %

Más de 65 10 %

Hasta 30 7 %

De 30 a 40 15%

De 40 a 50 21%

Fuente: elaboración propia a partir del relevamiento de datos efectuados en hogares de tránsito y paradores de la ciudad de Buenos Aires.

Las personas entrevistadas y encuestadas comparten una realidad común, que es la de no poseer una vivienda fija. En la mayoría de los casos, los motivos que las llevaron a la situación de calle giran en torno a cuatro problemáticas —que se dan en forma aislada o superpuesta—: a) imposi-bilidad de afrontar un alquiler o pérdida de hogar si lo ha-bían adquirido mediante crédito; b) conflictos conyugales o familiares que las han obligado a dejar su casa; c) enfer-medades que las llevaron a perder su empleo o las posibi-lidades de obtener ingresos alternativos; d) adicciones que las han empujado a perder su empleo o las posibilidades de obtener ingresos alternativos. La primera de ellas es la que se manifestó con mayor regularidad. Los hombres que residen en los hogares alternan sus estadías entre las ins-tituciones de este tipo y la “situación de calle”.

Eventualmente, acceden a otro tipo de moradas transi-torias como hoteles o casas de algún familiar. Se pudo detectar que en una gran cantidad de casos la rotación —entrada y salida del hogar de tránsito— es elevada. Si bien se espera que la salida del hogar esté asociada a una inserción laboral y social, la experiencia —durante el pe-ríodo que duró el proceso de entrevistas— demostró que la alternancia entre la situación de calle y la estadía en el hogar ha sido la dinámica preponderante. En efecto, es habitual que al no conseguir vacante en estos hogares, la alternativa más recurrente sea la situación de calle.

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El 40% de los entrevistados estaba ocupado. En general se desempeñan en changas o trabajos temporales con bajas remuneraciones, informales y en condiciones precarias. La gran mayoría de los hombres respondió poseer más de un oficio, y se pudo contabilizar un total de 391 menciones de oficios —lo que arroja un prome-dio de aproximadamente dos oficios por persona— y 35 oficios (ver el gráfico 2). La ejecución de labores de

fuerza, no reguladas, excesivas y mal pagas, se observó en una gran cantidad de casos.

Entre los diversos mecanismos de subsistencia, uno de los más extendidos es la recolección en la calle de cartones para su reciclado, pero también de alimentos desechados. Mediante los relatos se detecta que fueron las “circuns-tancias”, y no la libre elección, los factores que definieron

Gráfico 2. Principales oficios/labores (%)

Fuente: elaboración propia a partir del relevamiento de datos efectuados en hogares de tránsito y paradores de la ciudad de Buenos Aires.

ZapateroVolantero,Folletero

Venta ambulanteTrabajador rural (Cosecha/siembra)

Técnicos calificados (ej. En electrónica,maestro mayor de...Seguridad/ Vigilancia

RepositorProfesional

PlomeroPintor

Peón lavadero de autosPanadero/ Ayudante de panadería/ Pastelero/Repostero

Operario industrialMozo

MecánicoMaestranza/Limpieza/Lavacopas

Herrero/SoldadorGomería

GasistaEnfermero

Encargado/ Portero/ Mantenimiento/ JardineroEmpleado de comercio (Venta/ Atención al público/Cajero)

Empleado administrativoElectricista/Repa. AA/ Repar. Calef.

Docente (Maestros, profesores particulares)Cuidacoches

Construcción (Peón, sobrestante, etc.)Cocinero / Ayudante de cocina

Chofer (colectivo, particular, flete, remis)Chapista (Chapa - Pintura automóvil)

CartoneroCarpintero

Cadete/DeliveryArtista (Artesano/Muralista/ Cantante/ Escultor/ Músico)

Albañil

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

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Gráfico 3. Tiempo de búsqueda laboral, según franja etaria (%)

Fuente: elaboración propia a partir del relevamiento de datos efectuados en hogares de tránsito y paradores de la ciudad de Buenos Aires.

las inserciones laborales: “No hay trabajo. Antes todos te-nían la posibilidad, ahora se ve la falta de trabajo, antes se podía elegir el lugar donde uno quería trabajar, ahora hay que agarrar lo que hay” (60 años, secundaria completa). Lograr un ingreso mensual no es tarea sencilla cuando la mayoría de las entradas son inestables y fluctuantes. Algunos entrevistados informaron que percibían el “ticket social”, y otros, el programa de “ciudadanía porteña”, y en ocasiones, pensiones por discapacidad.5

Los ingresos percibidos de quienes se encontraban traba-jando se ubican en promedio en menos de $900, lo que evidencia una gran informalidad, y una diferencia con-siderable con el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en el momento del relevamiento ($1.840). Ello es también evidencia de las altas tasas de informalidad que afectan a este grupo de población. Mientras que los ocupados asa-lariados deberían, según la normativa vigente, estar per-cibiendo al menos $60 diarios, en la práctica el ingreso sólo se ubica cerca de la mitad de ese monto. Entre aque-llos que declararon percibir menos de $50 hay una gran cantidad de casos que no poseen ingreso alguno.

Es interesante señalar que aquellas personas que dispo-nían de mayores niveles educativos tendieron a buscar desempeñarse o han trabajado en empleos que requieren mayor capacitación. Ahora bien, quienes poseen hasta secundaria completa han desarrollado una multiplici-dad de labores y han debido adaptarse a la realización de cualquier tipo de trabajo. En 22 casos se confirmó que trabajan o han trabajado como vendedores ambulantes como única alternativa posible: “Siendo vendedor ambu-lante uno se tiene que humillar, pero hay que salir ade-lante” (42 años, secundaria incompleta).

Del total de las personas que perciben algún tipo de re-muneración por su labor, 52% cobra por servicio u obra realizada, mientras que sólo una pequeña porción —24%— cobra salarios regulares. El hecho de percibir una

5 El programa “ticket social” consiste en una chequera mensual que contiene tickets que pueden canjearse por alimentos y elementos de higiene y limpieza en supermercados y comercios adheridos, que son brindados a las personas que, teniendo domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformen un hogar (persona que vive sola, o al grupo de personas, parientes o no, que conviven bajo un mismo techo, de acuerdo con el régimen familiar), que se encuentre en situación de inseguridad alimentaria y que, a la vez, sus ingresos estén hasta un 50% por encima de la línea de pobreza establecida para dicho hogar. “Ciudadanía porteña”, por su parte, es un subsidio para familias en situación de calle, destinado a cubrir gastos de alojamiento. La prestación consiste en un subsidio mensual que mejora el ingreso del hogar. El monto del subsidio no es igual para todos los hogares porque se calcula considerando la composición socioeconómica del hogar y el valor de una canasta básica de alimentos.

remuneración “por servicio u obra realizada” o “por co-misión o porcentaje” —76% de los que trabajan— ilustra sobre la informalidad e inestabilidad del mercado labo-ral en el cual se encuentran trabajando. De este modo, el ausentismo, así como las condiciones exógenas que im-pliquen la imposibilidad de trabajar un día, afectan de forma determinante su percepción de ingresos.

El 50% de las personas que trabajan se encuentran ade-más en búsqueda activa de empleo. Si bien la cantidad de casos encuestados es mayor entre la franja etaria de los 50 a 60 años, proporcionalmente, se evidencia un mar-cado incremento en la cantidad de años que llevan bus-cando empleo, a diferencia de los grupos más jóvenes, lo que demuestra que la persistencia de empleos precarios y desempleo es mayor cuanto mayor es la edad de la per-sona. La edad se presenta, así, como una de las variables predominantes que condicionan el acceso a un empleo (ver el gráfico 3).

Menos de 1 año

De 1 a 2 años

Más de 2 años

10%

22%

14%

17%

12%

18%

40%

10%

15%

36%

80%

63%

50%

65%

48%

Hasta 30 años

41 años a 50 años

Más de 61 años

31 años a 40 años

51 años a 60 años

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Respecto de las modalidades de búsqueda de empleo más efectivas, los resultados arrojaron que del grupo de perso-nas que trabaja —40% del total de encuestados—, 80% ha conseguido el empleo por intermedio de familiares, conoci-dos, amigos, o algún tipo de contacto. Respecto de quienes buscan empleo, los resultados demostraron lo siguiente:

Clasificados (avisos de empresas en periódicos): en ocasiones mencionaron no disponer del dinero suficiente como para acceder a comprar los clasificados, o las distancias para dirigirse a las entrevistas son muy extensas, lo que, al no disponer de dinero para movilizarse, hace que no puedan presentarse, o se sientan cansados para hacer el viaje cami-nando, a sabiendas de que probablemente sean tantos los postulantes que el esfuerzo no se amerite: desaliento.

Dejando cv: es una práctica frecuente visitar negocios en bús-queda de carteles en vidrieras que ofrezcan alguna vacante o preguntar en aquellos locales a la calle que pudieran lle-gar a necesitar personal. Algunos casos, como las personas mayores de 50 años, reconocieron ofrecerse para trabajar “sin sueldo” para que les den la oportunidad de conocer su calidad y compromiso de trabajo: “Me he ofrecido, y si no vendía, que no me pagaran, así y todo ni me probaron” (63 años, terciario incompleto). Es preciso destacar que el hecho de dejar Hojas de Vida se torna una práctica comple-ja, dado que difícilmente disponen de sitios en los cuales confeccionar e imprimir los documentos.6

Internet: es un medio de búsqueda mencionado por al-gunos, principalmente por los más jóvenes, muchos de ellos en la Biblioteca del Congreso, donde el acceso es gra-tuito por un tiempo limitado.

Bolsas de empleo: pocos han mencionado este medio de bús-queda, por desconocer dónde anotarse. Sólo en algunos casos señalaron conocer las Bolsas de trabajo de los hoga-res, o de algún municipio.

Contactos: es la forma más frecuente, aunque más rápida-mente agotable.

Al no poseer un domicilio fijo, o al estar alojados en un hogar, las posibilidades de que los tengan en cuenta son prácticamente nulas. Suele suceder que no poseen

6 Cabe destacar la labor de algunos talleres realizados en los hogares a este respecto, como se pudo evidenciar en uno de los dispositivos, cuando un grupo de voluntarias capacitaban a los residentes brindando un taller en el cual los instruían en el armado de sus curriculum vitae (cv). Los asistentes valoraban positivamente este tipo de capacitaciones, por permitirles contar con mejores recursos para las entrevistas laborales.

los medios para mantener un teléfono móvil, con lo cual el teléfono de contacto que pueden proporcionar a sus potenciales empleadores es el del hogar en el que están parando. Sin embargo, al omitir decir que están alojados en un hogar de tránsito, a fin de incrementar las probabilidades para que los tengan en cuenta, su-cede que se encuentran en la encrucijada de no poder dejar un teléfono, lo que contribuye a que pierdan oportunidades laborales.

Lo mencionado hasta aquí es aun más grave, cuanto mayor es la vulnerabilidad a la que las personas están expuestas. Carecer de vínculos sociales restringe de un modo direc-to las posibilidades de acceso a oportunidades, siendo los “contactos” el medio más frecuentemente exitoso de acce-so a los empleos, ya que la información de puestos vacantes brindada por familiares, amigos y conocidos es determi-nante, en ocasiones, para la obtención de un trabajo.

Muchos enfatizaron que si pudieran acceder a un empleo, mejorarían, además de su situación económica, su bien-estar emocional, dado que, a modo de ejemplo, si conta-ran con el dinero para poder solventar un alquiler, podrían disponer de un espacio en el cual recibir a familiares o amigos: “Hasta iría a limpiar baños, para, aunque sea, poder invitar a tomar un café a un hijo, y no estar espe-rando por no tener un peso” (57 años, terciario completo).

La ausencia de trabajo afecta de manera determinante a las personas, lo que lleva en ocasiones a aislamien-to social, depresión, ansiedad, conflictos familiares, abuso en el consumo de drogas, todo lo cual se profun-diza cuando el desempleo es por tiempo prolongado. Esta situación afecta de manera determinante además al entorno familiar. Desvinculados de toda trama fa-miliar, grupal o colectiva, descalificados social y po-líticamente, quienes no poseen empleos sufren las consecuencias desastrosas de la carencia de un sentido o proyecto colectivo, sumergiéndose cada vez más en la desocialización o desaparición social. Son múltiples los trastornos que puede llegar a generar la inactividad la-boral. La pérdida de sentido de realización personal del trabajador en situación de desocupación impacta ne-gativamente las relaciones sociales y familiares, ade-más de implicar la pérdida del derecho a acceder a un sistema que garantice la protección social. Es común detectar adicciones, en ocasiones no declaradas por el entrevistado, que constituyen en muchos casos el refle-jo, y no el motivo, de una situación de exclusión.

En la mayoría de los entrevistados las trayectorias labo-rales han sido dentro de la informalidad, y, por lo tanto,

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no exhiben contribuciones a la seguridad social. Al no hacerse los aportes previsionales, en el futuro enfrenta-rán dificultades para acceder a una jubilación. Se trata de una situación precaria que ocasiona ciertamente un conjunto de daños, en primer lugar, al trabajador (pecu-niarios, psíquicos —afectivos y relacionales— mentales, sociales): su impacto se proyecta también a todo el orden económico-social, porque genera tanto evasión fiscal como previsional, instaura una competencia desleal de los patrones en materia de costos laborales con respecto a los demás empleadores que cumplen efectivamente sus obligaciones, y perjudica al resto de los asalariados, ya que, por falta de pago de las contribuciones pertinentes, provoca la pérdida de ingresos para las obras y servicios sociales y para la organización sindical.

En lo referente a la atención médica, todas las perso-nas entrevistadas se atienden en hospitales públicos. Al ser una población vulnerable, expuesta a las condi-ciones climáticas, a los ambientes húmedos en invier-no, a la dificultad de acceso a la higiene permanente, y también a cuadros depresivos, la utilización de los ser-vicios de salud se hace más frecuente. Además, como al ingresar a los hogares se les realiza un chequeo mé-dico, suele suceder que deban profundizar algún tipo de control. Muchos de los trastornos asociados al esta-do emocional tienen sus orígenes en los períodos que han estado en situación de calle. En el momento que se efectuaba a los residentes la pregunta referida ya sea a la percepción de aportes jubilatorios a lo largo de su vida, como a la cobertura de salud, lo que pudo per-cibirse fueron miradas de resignación que reflejaban —sin palabras— que ambas protecciones son “impen-sadas” para sus casos, como si se tratase de un benefi-cio al que sólo una población selecta pudiera acceder. Sólo algunos jubilados o quienes tramitaron pensiones manifestaron poseer cobertura de salud de la obra so-cial de los jubilados (PAMI) o el Programa Federal de Salud (Profe). “Quiero volver a dignificarme y sentirme vivo y no tener que andar pidiendo o cuidando autos. Teniendo trabajo, todo viene: obra social, salud, et-cétera” (48 años, secundaria completa). Asimismo, frente a las preguntas referidas al cobro de seguro de desempleo o indemnizaciones, las historias constatan que las trayectorias laborales han sido conformadas en general por empleos precarios, con lo cual estos bene-ficios también resultan inaccesibles.

Un caso para destacar, es el de un joven de 31 años que habiendo estudiado tres años en un terciario como técnico electrónico industrial, logró trabajar en im-portantes empresas nacionales, hasta que en su últi-

mo empleo —rama textil—, reparando una máquina, perdió cuatro dedos de una mano. En este empleo no estaba registrado, y, por tanto, en el momento del re-levamiento se encontraba en una instancia judicial desde hacía cinco años con la empresa, para que le pagaran su correspondiente indemnización por estar bajo una incapacidad laboral permanente —ILP—. El joven presentaba excelente disposición al trabajo; sin embargo, no lograba una inserción laboral por causa de su incapacidad, y además no disponía de algún tipo de retribución que le permitiera compensar su imposi-bilidad de trabajar como técnico.

Percepciones de los indigentes urbanos

El deseo de trabajar

Frente a este interrogante las respuestas en general combinan las necesidades de obtener un mínimo de satisfacción de sus condiciones de vida, a la vez que el sentimiento de realización personal, enfatizando en la inserción social y en la necesidad de satisfacer el sentido de pertenencia y dignidad; 23 respuestas mencionan de algún modo la palabra “dignidad”:

Para recuperar la dignidad. Teniendo empleo comés todos los días. (Entre 40 y 50 años, secundaria incompleta)

Para mantenernos activos, y aparte de ganar, aprender en el entorno laboral y social. Cuando no trabajamos esta-mos solos, como aislados, el trabajo dignifica, fortalece el espíritu. (Entre 40 y 50 años, secundaria incompleta)

Para independizarme desde el punto de vista habitacio-nal (no vivir en hogares, sino en un hotel o un inmueble propio). Para tener buena cobertura médica. (Entre 50 y 60 años, universitario completo)

Quiero salir adelante, tener la oportunidad de demostrar mis condiciones, que estoy preparado y capacitado para conseguir trabajo. (Entre 30 y 40 años, terciario completo)

Por mis años, tengo la cultura del trabajo. Sin esto no podés realizar nada o casi nada. (Entre 50 y 60 años, secundaria incompleta)

Investigar el significado del término desempleo no acaba con analizar las tasas o estudiar el término desde una visión formal o descriptiva. Es necesario indagar acerca de los atributos que definen a quien “está desempleado”, tratando de dilucidar el rol que

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el desempleo cumple en las vidas indagando no sólo desde la perspectiva económica, sino también por los factores psicológicos, entendiendo el trabajo como fuente de ingresos, pero además, como realización personal y social, ya que trabajar es un valor en sí mismo, una actividad noble y jerarquizadora (Bau-man 2000). Algunos declaran: “No voy a casa de mis amigos a visitar por no poder decirles que vengan a la mía, no saben que vivo en un hogar”; “Está duro. Lo peor es la incertidumbre de no saber si ese día va a haber trabajo o no”.7

¿Cuál es el empleo más valorado de su experiencia laboral? En líneas generales, básicamente las respuestas se pue-den agrupar en tres grandes grupos:8 aquellas referidas al conocimiento y aptitudes según el tipo de empleo; las que se refieren al clima, condiciones de trabajo, apren-dizaje y responsabilidades; y aquellas que destacan las retribuciones monetarias.

Porque es lo que sé hacer. (Entre 30 y 40 años, primaria completa) Porque es lo que estudié. (Más de 65 años, universitario incompleto) Porque es mi oficio. (Entre 30 y 40 años, primaria incompleta) Porque me gusta. (Más de 65 años, universitario incompleto)

Porque trabajaba con buena gente. (Entre 50 y 60 años, secundaria incompleta) Porque tenía responsabilidad. (Entre 40 y 50 años, secundaria incompleta) Aprendí mucho. (Entre 50 y 60 años, secundaria incompleta) Por el desafío. (Entre 30 y 40 años, terciario completo)

Porque estaba en blanco. (Entre 40 y 50 años, secunda-ria incompleta) Porque era estable, cobraba todos los meses y tenía jubi-lación. (Entre 50 y 60 años, secundaria incompleta)

Ganaba bien y podía alquilar. (Entre 40 y 50 años, pri-maria completa)

7 Testimonio de un hombre operado del corazón que todos los días se presentaba en una casa de fletes como peón (54 años, secundaria incompleta).

8 Se han seleccionado testimonios que condensan similares expresio-nes por parte de otros entrevistados.

Por el sueldo. (Entre 40 y 50 años, primaria completa) Porque eran cumplidores. (Entre 40 y 50 años, prima-ria completa)

Si bien son muchos los casos en los cuales se menciona-ba la estabilidad, así como el cumplimiento del pago y respeto por parte de los empleadores, lo mismo no suce-dió con el registro. Escasos fueron los relatos que men-cionaron la valoración de haber estado en un empleo registrado, lo que responde probable y básicamente a dos cuestiones: que en efecto son muy pocos los empleos que algunos han tenido “en blanco” o que esta lógica no forma parte de sus posibilidades reales.

Por otra parte, de un total de 110 personas que con-testaron la pregunta acerca de la cantidad de horas que debería tener un empleo ideal, 40 respondieron 8 horas, 7 respuestas contenían la franja horaria entre 4 y 7 horas, mientras que entre 9 y 14 horas hubo 30 respuestas, aunque lo más destacado fue que 33 con-testaron “las necesarias”. Es decir, en estos casos la respuesta fue que trabajarían “las horas necesarias,” o “las que sean”, y cabe destacar que ésta no era una respuesta sugerida en el formulario. Esa situación pareciera ser reflejo de una desesperada necesidad de reinserción laboral, independientemente de su cali-dad. “Las que el cuerpo aguante” (entre 50 y 60 años, primaria completa).

¿Cuál es su opinión sobre el mercado de trabajo en Argentina?Las respuestas obtenidas oscilaron entre tres grandes concepciones: las que consideraban que era un buen mo-mento de Argentina y que existían oportunidades (pocos casos), aquellas que entendían al mercado de trabajo como regular y las que informaron sobre un profundo sentimiento de desazón respecto de la situación, las más numerosas (ver el cuadro 2).

Existen infinidad de prejuicios que llevan a muchos de los empleadores a ser reticentes frente a la incorpora-ción de trabajadores de mayor edad. Suelen relacionar a este grupo con una disminución en la cantidad y/o cali-dad del rendimiento, resistencia física, la rapidez en la ejecución, dificultades de adaptación, aprendizaje, así como mayor riesgo de accidentes y enfermedades.

La edad se constituye en el factor limitante que opera como “estigma” frente a la incorporación al mercado de trabajo. A modo de resumen: a) las ofertas de empleo disponibles no alcanzan a cubrir la demanda de trabajo

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Cuadro 2. Opinión acerca del mercado de trabajo

Selección de respuestas neutras o positivas

“No es difícil. Hay que buscar” (Albañil,* entre 30 y 40 años,** primaria completa)

“Está en un punto medio. El que no quiere trabajar no va a conseguir nunca, pero el que quiere, si se da maña, consigue”

(Pintor, 51 años, secundaria incompleta)

“Hay posibilidades pero poco trabajo en blanco” (Vendedor, 23 años, secundaria incompleta)

“Hay trabajo, pero piden tantos requisitos que si uno no los tiene, se queda afuera. Uno no tiene plata para vestirse bien”

(Pintor de automóviles, 60 años, secundaria incompleta)

“Regular. Porque la gente que tenemos más de 40 años no se nos hace fácil encontrar trabajo, amén de no tener hogar. Y somos capaces por la experiencia que tenemos”

(Mozo, entre 40 y 50 años, secundaria incompleta)

“Para la gente joven hay, para la gente grande está jodido. A los 45 años no servimos. Ya a veces ni me anoto”

(Anticuario, 45 años, primaria incompleta)

Selección de respuestas negativas

“Los mayores no entramos en el mercado” (Albañil, más de 65 años, secundaria incompleta)

“Por la desocupación que hay, ni los jóvenes consiguen empleo” (Plomero, 51 años, secundaria completa)

“Está bastante difícil a cierta edad. Hasta estando capacitado es muy difícil conseguir empleo”

(Ayudante de cocina, 40 años, secundaria incompleta)

“Siniestra, denigrante, cruel. Socialmente está instalado un morbo en él: —lo vamos a llamar—, —no tomamos gente tan grande—”

(Repositor, entre 40 y 50 años, terciario incompleto)

“No hay posibilidad para la gente de mi edad, excepto por contactos” (Profesor de inglés, 50 años, universitario incompleto)

“Me siento fuera del sistema. Me cansé de tirar curriculums; ya no busco” (Vendedor, 50 años, terciario incompleto)

“Está muy restringida para las personas mayores de 45 años y es muy difícil insertarse en el mercado laboral”

(Seguridad, entre 50 y 60 años, secundaria completa)

“Pésimas porque no se reconocen las aptitudes, sino la edad” (Taxista, más de 65 años, universitario incompleto)

“Si te entrevistan piensan: se me cae este viejo y se rompe todo” (Herrero, 56 años, secundaria incompleta)“Inestabilidad, los trabajos son temporarios, ya no se sabe si va a ser para toda la vida”

(Estudiante de Derecho, 63 años, universitario incompleto)

“Cuesta muchísimo conseguir un trabajo estable”(Peón de construcción, entre 30 y 40 años, secundaria incompleta)

* Se ha seleccionado para el caso de quienes poseen más de un oficio, el oficio que mencionó en primer lugar.

** La edad exacta refiere a las entrevistas, mientras que la franja etaria, a aquellos que han completado el cuestionario suministrado.

Fuente: elaboración propia a partir del relevamiento de datos efectuados en hogares de tránsito y paradores de la ciudad de Buenos Aires.

real, b) la edad es determinante para acceder a un puesto de trabajo, c) los extranjeros están dispuestos a trabajar por salarios excesivamente bajos, d) no hay oportunida-des para aquellos que tienen menos capacitación, y, e) sin contactos es imposible acceder a un empleo. Para aquellos que sufren prolongados períodos de desempleo, los desequilibrios emocionales son padecidos de forma más intensa, percibiendo degradada su capacidad de

trabajo, lo que afecta habilidades, destrezas y conoci-mientos previamente adquiridos en sus experiencias de empleo anteriores.

En ocasiones la falta de empleo permanente lleva a que no se valore todo aquello asociado al mercado de tra-bajo (al punto de llegar ellos mismos a desvalorizar su propia experiencia laboral). Incluso, quienes padecen

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prolongados períodos de inactividad dejan de valorar la inserción laboral, al límite de llegar a rechazarla, como medio de fortalecimiento de su identidad, tal como se desprende de algunos testimonios. Este cambio se refle-ja en quienes necesitando trabajar, no buscan empleo o rechazan ofertas. Paradójicamente, en algunos casos de personas que deseaban trabajar, frente a la pregunta “¿Está buscando trabajo?”, contestaron “No”. Esta si-tuación también pareciera ser el reflejo de los llamados “trabajadores desalentados”, personas que se cansaron de las recurrentes frustraciones de buscar trabajo, con lo cual se resignan a una situación de precariedad que encuentran irreversible.

ConclusionesLos resultados presentados en este documento dan in-dicios sobre los límites del crecimiento económico para la inclusión social de quienes se hallan en situación de extrema pobreza y residen en hogares de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Se pudo constatar que la gran mayoría de las personas entrevistadas no ha logrado consolidar un vínculo firme con el mercado de trabajo. Por el contrario, han prevalecido las trayectorias labora-les caracterizadas por la alternancia entre precariedad ocupacional-desocupación, abierta-desaliento, y retiro de la actividad económica. Dentro de este segmento, un grupo especialmente afectado es el que está compuesto por aquellos con más de 50 años. En efecto, la informa-ción recabada muestra que las probabilidades de acceder a un empleo disminuyen sensiblemente con la edad a partir de ese umbral.

En términos generales, el acceso a un puesto de traba-jo dentro de esta población ha estado muy vinculado a las redes de contactos que cada entrevistado logró con-servar. En Argentina, que enfrenta un déficit de largo plazo en la creación de empleos de buena calidad, pa-rece primar la lógica del “empleo por medio de contac-tos”. Asimismo, el aislamiento residencial —y social—, sumado a la estigmatización social que conlleva residir en un hogar de tránsito, operan como fuertes condi-cionantes tanto para el acceso a un empleo como para disponer de información relacionada con la demanda de empleo. La evidencia obtenida acerca de las trayectorias laborales de los indigentes urbanos permite sostener que el desempleo de larga duración devino en desalien-to como consecuencia del descreimiento respecto de la posibilidad de lograr una efectiva inserción laboral. En efecto, se constató que los prolongados períodos de des-ocupación y de búsquedas infructuosas contribuyeron a

profundizar el desánimo y el abandono de la actividad económica. Los resultados del trabajo de campo permi-ten identificar la existencia de tres tipos de desaliento: a) quienes están desalentados porque no creen conse-guir empleo; b) quienes no buscan activamente por miedo de encontrar y tener que cambiar la situación en la que están (temor al cambio); y c) aquellas personas que no buscan activamente por falta de medios econó-micos: dinero para viajar, disponibilidad de vestimenta adecuada, posibilidad de asearse, etcétera.

La incertidumbre económica en este grupo de población ha agravado el estado de dependencia en el que se en-cuentran respecto de la ayuda social, lo que tiene impli-caciones no sólo en la dimensión laboral, sino también en las esferas familiar y social. Además, son conocidos sus efectos psicológicos negativos: depresión, adiccio-nes, angustia, conductas maníacas, fobias, problemas de memoria, de atención y concentración, entre otros.

Respecto de los niveles educativos alcanzados, se pudo ve-rificar que para este universo de la población tal atributo no constituye un determinante relevante para el acceso a un empleo. En línea con ello, la mayoría de los entrevis-tados coinciden en que capacitarse no va a mejorar sus posibilidades de obtener un empleo. Las oportunidades laborales para este segmento son pocas y precarias. Los tipos de empleo más frecuentes se concentran en chan-gas o trabajos temporales, en condiciones de informali-dad y mal pagos.

Para concluir, es preciso señalar que el núcleo del pro-blema no pareciera ser la “empleabilidad” de estos sectores, por presentar insuficientes credenciales o ap-titudes para la incorporación al mundo del trabajo. Más bien, el fenómeno obedecería principalmente a la in-suficiencia crónica o estructural que enfrentan las eco-nomías en desarrollo para lograr despejar el excedente laboral acumulado. En este sentido, resulta cada vez más imperativo avanzar en sistemas de protección so-cial no contributivos y universales que garanticen um-brales mínimos aceptables en las condiciones de vida de los excluidos. En la actualidad existen en Argentina dos grandes programas de protección social de carácter nacional: la Asignación Universal por Hijo (destinada a aquellos ocupados informales o desocupados con hijos menores de 18 años) y el Plan de Inclusión Previsional (cobertura previsional a varones mayores de 64 años y mujeres mayores de 59 años). Sin embargo, falta toda-vía contar con un programa que atienda integralmente al grupo de excluidos que no están en condiciones de ju-bilarse y que no tienen niños a cargo.

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* Este artículo es resultado de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España: “Integración, participación y justicia social” (FFI2009-07056), del que el autor es investigador principal. Una versión preliminar fue presentada en el IV Congreso Iberoamericano de Filosofía, celebrado en noviembre de 2012 en Santiago de Chile.

v Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador Científico del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España. Correo electrónico: jc.velasco@csic.es

Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionales*

RESUMENA lo largo de este artículo se argumenta la conveniencia de insertar el relato de las migraciones internacionales contemporáneas en un marco conceptual dominado por la noción de justicia global. De este modo, se superaría el nacionalismo metodológico del que adolecen los enfoques teórico-prácticos más comunes sobre la materia, y que imposibilita abordar de manera cabal la complejidad de tales procesos sociales. Su gobernanza implica llevar a cabo modificaciones relevantes institucionales y normativas, así como en el ámbito de la economía política global.

PALABRAS CLAVEMigraciones internacionales, nacionalismo metodológico, justicia global, gobernanza global.

Fecha de recepción: 30 de noviembre de 2012Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013Fecha de modificación: 24 de mayo de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.08

Juan Carlos Velascov

A Global Justice Framework for the Governance of the International Migrations

ABSTRACT This paper discusses the convenience of incorporating the discourse of contemporary international migration processes in a larger conceptual framework dominated by the key concept of global justice. In this way, the methodological nationalism that afflicts the most common theoretical and practical approaches on that subject and impedes properly tackling the complexity of such social processes could be overcome. Their governance implies relevant modifications on the institutional and normative level as well as on the level of global economic politics.

KEY WORDSInternational migrations, methodological nationalism, global justice, global governance.

Justiça global e o governo das migrações internacionais

RESUMOAo longo deste artigo, argumenta-se a conveniência de inserir o relatório das migrações internacionais contemporâneas em um referencial conceitual dominado pela noção de justiça global. Desse modo, seria superado o nacionalismo metodológico do qual adoecem os enfoques teórico-práticos mais comuns sobre a matéria, e que impossibilita abordar de maneira adequada a complexidade desses processos sociais. Sua governança implica realizar modificações relevantes institucionais e normativas, assim como no âmbito da economia política global.

PALAVRAS-CHAVEMigrações internacionais, nacionalismo metodológico, justiça global, governança global.

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El marco conceptual en el que se inserta el rela-to de lo que ocurre es determinante a la hora tanto de valorarlo como de abordarlo. El papel de los marcos conceptuales, que reflejan di-versas “visiones del mundo” y con los que se

articulan los discursos, resulta decisivo para la confor-mación de la opinión pública y el posible diseño de polí-ticas públicas.1 Una narración bien armada sobre marcos cognitivos construidos con palabras e imágenes muy sig-nificativas tiene el poder de definir socialmente la rea-lidad. Si se busca éxito en la argumentación, es preciso elegir bien el marco semántico, de modo que las razones encajen con la propia visión del mundo. Una lección que no habría que olvidar nunca.

Es moneda corriente en la opinión pública de los países receptores de inmigración el recurso a una narrativa en la que las migraciones internacionales se asocian a tér-minos metafóricos como oleadas, mareas, avalanchas, aluvio-nes, riadas o incluso a desembarcos e invasiones, dando así a entender que tendrían la capacidad de subvertir las bases de los sistemas de bienestar de las sociedades avanzadas. Si estas imágenes son las que predominan, a nadie le habrá de sorprender que, cuando la presión interna se agudiza por distintos factores coyunturales, los gobier-nos encuentren el camino despejado para implementar políticas restrictivas de control del acceso y la permanen-cia de extranjeros en el territorio bajo su jurisdicción. Ésta no es sino la consecuencia lógica de haber enmarca-do las migraciones en un relato que resalta su condición de elemento desintegrador de las sociedades receptoras y de amenaza para su identidad cultural. Las nociones de seguridad nacional, estabilidad interna o propio interés son en-cumbradas, en definitiva, como valores clave que deter-minan el sentido del relato.

Para poder calibrar la importancia práctica de acertar con el marco podemos traer a la memoria el tratamien-to de una de esas recientes crisis llamadas humanita-rias: la crisis de refugiados generada por la guerra en Libia, que, por lo demás, es un caso representativo de una forma muy peculiar de abordar las cuestiones mi-

1 La idea es de Erving Goffman (1974), aunque debemos su populariza-ción al sociolingüista George Lakoff y a su libro No pienses en un elefante. “Marco” es, sin duda, la categoría clave en el análisis lakoffiano de los discursos políticos: “Los marcos son estructuras mentales que con-forman nuestro modo de ver el mundo. Como consecuencia de ello, conforman las metas que nos proponemos, los planes que hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta como el resultado bue-no o malo de nuestras acciones. En política nuestros marcos confor-man nuestras políticas sociales y las instituciones que creamos para llevar a cabo dichas políticas. Cambiar nuestros marcos es cambiar todo esto. El cambio de marco es cambio social” (Lakoff 2007, 4).

gratorias. Entre febrero y mayo de 2011, es decir, desde el comienzo de la revolución democrática en Túnez y el inicio de la guerra civil en Libia, llegaron a Italia alrede-dor de 25.000 personas procedentes de dichos países, la mayoría a bordo de embarcaciones precarias. Ya a fecha de 9 de marzo la portada de un diario respetable y con proyección internacional como es El País (2011) titulaba, con foto incluida: “Las oleadas migratorias por las re-vueltas árabes desbordan Italia”. Aunque en el interior de la información se precisaba que “Italia ha recibido desde enero a 8.000 refugiados”, se había sucumbido sin más al síndrome imperante de mostrar firmeza ante la invasión de inmigrantes ilegales. Para que esta forma de presentar la noticia tuviera un mínimo de verosimilitud se requirió pergeñar previamente una descripción hiper-bólica sin la menor dosis de compromiso con los hechos (pues, en cualquier caso, lo que se encontraría desbor-dado sería la minúscula isla de Lampedusa, pero no el país transalpino por entero). Se había optado así por un framing securitario, en lugar de tratar el asunto como un claro caso de migración forzada por motivos políticos y, por ende, atendible bajo la figura del derecho de asilo, en virtud del compromiso de toda la UE con la democracia.2 Es ahí donde cobra pleno sentido la protesta formulada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el portugués António Guterres:

Lo que estamos observando es una preocupante injus-ticia en el paradigma de la protección internacional. El temor a supuestas avalanchas de refugiados hacia los países industrializados se ve exacerbado o asociado erróneamente con las cuestiones migratorias. Mientras tanto, se está dejando que los países más pobres sean quienes soporten todo el peso. (Acnur 2011, 6)

Las migraciones podrían ser objeto ciertamente de otros relatos en los que fueran exoneradas de ese negativo sello con el que con frecuencia quedan estigmatizadas. Cabría, por ejemplo, encuadrar el relato sobre las migra-ciones en un marco dominado por las nociones de opor-tunidad o de beneficio mutuo y abandonar así el dominante relato de la invasión. Y para no cambiar el registro hídrico de las otras metáforas al uso, se podría emplear la de manan-tial o fuente, algo que, por supuesto, nunca encontramos

2 El tratamiento informativo de casos como el arriba señalado —un tratamiento por desgracia nada excepcional— confirma el acier-to de las siguientes palabras: “quienes poseen el poder para definir los términos de una cuestión controvertida predefinen la forma de evaluarla y las posibles soluciones. Así pues, la manera de hablar de la inmigración y los inmigrantes trasparenta qué idea tenemos de ellos, cómo los percibimos y de qué forma pretendemos relacionarnos con ellos” (Rodríguez 2010, 196).

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reflejado en los medios habituales. Esta otra perspectiva sería entonces más amplia y se habría dado paso a un en-foque bilateral, mucho más comprensivo. Con todo, no se habría adoptado aún una mirada cosmopolita (Beck 2005) que permitiera situar las migraciones en un marco de al-cance planetario, que es el marco de acción real en el que se dan los procesos migratorios y sus efectos concomitan-tes.3 Esta mirada es indispensable para obtener una com-prensión cabal del fenómeno, pues aunque la existencia misma de migraciones internacionales es expresión fe-haciente de un cosmopolitismo en acción, a ellas se les imputa con frecuencia la inducción de toda una serie de procesos reactivos completamente contrarios a ese cos-mopolitismo: cierre de fronteras, xenofobia, nacionalis-mo excluyente, etcétera.

A lo largo de este artículo se argumentarán tanto la ne-cesidad como la conveniencia de insertar el relato de los procesos migratorios internacionales contemporáneos en un marco conceptual dominado por la noción de justi-cia global, en el que tengan un papel central los conceptos de multilateralismo, cooperación internacional e inter-dependencia, y de este modo, superar el “nacionalismo metodológico” que en mayor o menor grado impregna los encuadres más comunes que acaban de ser apuntados.4

Migraciones, filosofía política y justicia globalEl estudio de las migraciones internacionales es una cues-tión insoslayable para cualquiera que cultive hoy en día la filosofía política. Constituyen “el fenómeno que conden-sa gran parte de las tensiones y los desgarros de nuestro tiempo” (Bello 2011, 306), sobre todo de aquellos genera-dos por el desarrollo neoliberal de los procesos de globa-lización.5 Representan, en cualquier caso, un destacado

3 Esa “mirada cosmopolita” no es una mirada ingenua que uniformiza las profundas diferencias y desigualdades existentes en el planeta, sino una forma cualificada de tomar conciencia de las mismas y de la singular posición que cada cual ocupa, con el objeto de así poder hacer frente a la realidad global. Para captar su sentido resultan es-clarecedoras estas palabras de Wallerstein (1999, 151): “Lo que se ne-cesita […] no es aprender que somos ciudadanos del mundo, sino que ocupamos un nicho particular en un mundo desigual”.

4 Por “nacionalismo metodológico” se entiende aquel extendido en-foque epistémico que considera el Estado nacional como el modelo de organización política y social por antonomasia y, sobre todo, como la unidad básica para el estudio de los procesos sociales, de modo que todos los análisis se han de ajustar a este marco primario de referencia (véanse Pogge 2005, 181-186; Beck 2005, 38-51). Acerca de las dificultades que genera este enfoque en el ámbito específico de las migraciones, véase Llopis (2007).

5 Si las migraciones internacionales constituyen uno de los emblemas

ámbito de la realidad donde, en diálogo con las ciencias sociales, poder tratar de verificar la validez y el alcance de esos planteamientos altamente teóricos con los que los fi-lósofos habitualmente andamos ocupados. El estudio de este macrofenómeno es igualmente relevante para reha-cer en el escenario contemporáneo de la globalización una teoría comprensiva de la estratificación social que ilustre sobre las diversas formas de discriminación que se regis-tran por razones de raza, género y/o clase.

El fenómeno de la inmigración y, sobre todo, el modo en que la sociedad reacciona en términos político-jurídicos ante la misma constituyen un indicador sumamente cualificado a la hora de desentrañar —empleando la fa-mosa fórmula rawlsiana— la “estructura básica de una sociedad” y la correspondiente concepción de la justicia que la soporta. La etnoestratificación del mercado labo-ral, la gradación en el disfrute de los derechos, la segre-gación residencial o la exclusión de la comunidad política son algunos de los oscuros fenómenos sociales generados a raíz de los procesos migratorios que contravienen los principios y valores sobre los que las sociedades democrá-ticas dicen sustentarse.

La situación real que padecen muchos migrantes desde que emprenden su viaje y buscan asentarse en un nuevo país, e incluso después de haberlo logrado, pone de ma-nifiesto que la implementación de los principios de jus-ticia —incluidos entre tales, por supuesto, los derechos humanos6— sigue siendo concebida desde la perspectiva restringida de los intereses de cada Estado. Al limitarse el ámbito de aplicación de las exigencias de justicia, re-duciéndolo al conjunto de los nacionales/ciudadanos del país, se está alterando sustancialmente el alcance uni-versalista inherente a dicha noción. Los destinatarios de la misma, es decir, los merecedores de un trato justo, son

del actual proceso globalizador, éste, por su parte, representa el gran marco en que aquéllas se desenvuelven. Con la globalización se han modificado, al menos en un triple sentido, las condiciones cognitivas y materiales en las que los individuos desarrollan la empresa migra-toria: en primer lugar, el proceso globalizador ha generado, al menos hasta el momento, un aumento de las desigualdades en el planeta; en segundo lugar, los medios de comunicación globales hacen aún más perceptibles tales desigualdades; y, por último, el abaratamien-to de los medios de transporte internacionales facilita la movilidad humana (cf. Pastore 2007, 110).

6 Tal como están enunciados en innumerables documentos del dere-cho internacional vigente, los derechos humanos representan en sí mismos una concepción de justicia. Es más, es casi impensable hoy una teoría de la justicia que no los contemple como parte central e incluso como elementos axiomáticos de la misma. Poseen además el valor añadido de contar con un amplio reconocimiento, hasta el pun-to de constituir el “lenguaje moral en común” de la sociedad global (cf. Beitz 2012, 37).

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todos los habitantes del planeta, y no sólo los ciudadanos de un determinado Estado.

Kant, en su ensayo sobre La paz perpetua, observó que el pla-neta que habitamos es esférico, y extrajo una relevante con-secuencia de ese dato en principio banal: los seres humanos no estamos asentados en un plano que se extienda infinita-mente, sino que todos estamos y nos movemos sobre la su-perficie de una esfera finita, de modo que no tenemos otro lugar a donde ir y todos nos acabamos encontrando (Kant 1985, 27). Estamos todos obligados a vivir para siempre en proximidad y no tenemos otro remedio que tolerar la com-pañía de los otros, pues nadie tiene el derecho de elegir con quién cohabitar la Tierra, que es algo que nos viene dado. Por tanto, tampoco nadie tiene derecho a expulsar al que se ha instalado como vecino. Esta condición material de po-sibilidad de la vida humana en el planeta tiene indudable-mente consecuencias para la organización de la política: en primer lugar, tomar conciencia de participar en una suerte común, con beneficios y riesgos compartidos; y, en segun-do lugar, considerar el mundo como un sistema unificado de acción que nos obliga a tomar decisiones de manera con-certada (cf. Bauman 2005, 162).

Ideas como la recién mencionada, de manifiesta prosa-pia cosmopolita, son las que subyacen también a la no-ción de justicia global. La justicia global, cuestión sobre la que en las últimas dos décadas se ha publicado una infinidad de estudios, sigue siendo más bien un plan-teamiento académico, un discurso académico, pero no un discurso político, y menos aún un movimiento polí-tico (Velasco 2010). Es un programa de investigación en elaboración que todavía no dispone —a diferencia, por ejemplo, de la llamada justicia transicional— de un ma-nual de recetas lo suficientemente depuradas. En princi-pio, su objetivo es la eliminación de la pobreza extrema en el mundo, no la transformación revolucionaria de la estructura económica del sistema capitalista global. El presupuesto que comparten muchos teóricos de la justi-cia global es que, en la medida en que se ha intensificado la interdependencia en un mundo globalizado, las obli-gaciones de justicia han de dejar de estar circunscritas al marco exclusivo del Estado nacional. Y, en consecuen-cia, albergan el propósito de que la estructura básica de la sociedad global realmente existente también se someta a los criterios de la justicia distributiva.7 Si éste

7 Distintos autores ponen en duda la existencia de una “estructura bá-sica global” y alegan que en ningún caso se dispone de instituciones realmente vinculantes en ese nivel. A falta de ellas, carecería de todo sentido hablar de obligaciones de justicia (véanse Nagel 2008; Miller 2007; Seleme 2011). Otros autores, por el contrario, consideran que

es el objetivo explícito de la teoría, entonces parecería normal que el fenómeno de las migraciones internacio-nales —indicador bastante plausible del grado alcanza-do por las desigualdades globales— estuviera incluido en ella como tema no marginal. Si indagamos sobre el papel que se atribuye a las migraciones internacionales en el seno de estas teorías —tanto de las que son reacias a extender los principios de la justicia al ámbito global como las que sí son partidarias de hacerlo—, nos encon-tramos, sin embargo, con planteamientos sorprenden-tes.8 El tema migratorio muy probablemente represente, como se verá a continuación, una piedra de toque con la que evaluar la coherencia de estas teorías, pues con las migraciones afloran y se manifiestan con rotundidad al-gunas de sus dificultades internas.

John Rawls, el máximo renovador de la teoría de justicia en tiempos contemporáneos, no ofrece una perspectiva con la que afrontar constructivamente la cuestión migratoria en el ámbito internacional. En su ensayo sobre El derecho de gentes (Rawls 2001, 18), considera que mantener bajo control la integridad de las fronteras —por muy arbitrarias que sean históricamente— y limi-tar la inmigración son funciones inexcusables de todo gobierno. En todo caso, las causas de los movimientos migratorios internacionales se encontrarían al margen de consideraciones de justicia. Para justificar su posi-ción aporta un motivo que suena más bien a una salida de imposible cumplimiento en las actuales circunstan-cias: en un mundo globalmente bien ordenado, en un mundo justo (aquel estado de cosas que Rawls tilda de utopía realista), las migraciones constituirían un fenómeno irrelevante, pues sus causas habrían sido eliminadas y, por tanto, no actuarían como elemento de presión sobre

existen desde hace tiempo tupidas y activas redes globales de rela-ciones sociales y económicas, de modo que, pese a la ausencia de una constitución política que las regule, las responsabilidades al respecto resultan inexcusables (véanse Beitz 1979; Cohen y Sabel 2005; Singer 2012; Young 2011).

8 Son muchos los autores que, aun defendiendo la pertinencia norma-tiva de la justicia global, consideran secundario e incluso irrelevante el tema migratorio. De hecho, entre las numerosas monografías so-bre justicia global publicadas en la última década, es difícil encon-trar consideraciones detalladas sobre el tema de las migraciones in-ternacionales. Este curioso silencio ya fue denunciado hace años por Seyla Benhabib (2005, 14 y 27), aunque con posterioridad se han hecho oír algunas voces. Una excepción sería el libro de Gillian Brock, que dedica un capítulo al tema “Inmigration” (Brock 2009, 190-219), en el que, no obstante, se mantiene una postura poco resuelta (o, si se prefiere, fairly mixed) ante el probable balance de ventajas e inconve-nientes que los flujos migratorios pueden proporcionar al desarrollo de los países más desfavorecidos. Otra, que abre en cambio una vía mucho más fecunda, es el libro de Mathias Risse, que incluye un ca-pítulo titulado significativamente “Proportionate Use: Immigration and Original Ownership of the Earth” (Risse 2012, 152-166).

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la política. El problema es que desde el planteamiento rawlsiano tampoco se apuntan vías para superar la si-tuación de desigualdad e injusticia global que define nuestro mundo, pues las implicaciones prácticas de la justicia no podrían extenderse más allá de las fronteras de cada Estado. En este punto, Rawls se muestra muy humano, quizás demasiado humano, pues al dar por bueno el clásico esquema westfaliano centrado en el Estado territorial soberano está admitiendo que “el sen-tido de la justicia se refracta al traspasar las fronteras, como la luz al cambiar de medio” (Álvarez 2007, 154). De fronteras afuera los principios de la justicia distributi-va no entran en consideración y en cambio adquieren primacía los intereses nacionales particulares. Y lo peor no es ciertamente que esta posición encuentre reflejo en una construcción teórica tan reputada como la citada, sino que represente el motivo central de tantas prácti-cas políticas contemporáneas.

Por su parte, Thomas Pogge, el teórico más notable de la justicia global en nuestros días, considera las migracio-nes como un producto del desigual acceso a las riquezas y oportunidades vitales, de modo que la cuestión migrato-ria remitirá tan sólo si se aplican criterios redistributivos globales. Una de las consecuencias más directas de una redistribución justa sería, según Pogge (2010), la elimi-nación de la pobreza global extrema. Y una vez elimina-da, disminuiría también drásticamente la intensidad de los flujos migratorios. Este autor, del mismo modo que Rawls, apenas dice algo acerca de lo que habría que hacer hasta el momento que alcanzásemos este mesiáni-co fin del mal radical que padecemos. Le basta con hacer la siguiente recomendación: “aquellos que aceptan que existe una responsabilidad moral de peso hacia los ex-tranjeros en necesidad deberían dedicar su tiempo, ener-gía y recursos no a luchar para que se admita a un mayor número de ellos en los países ricos, sino mejor en luchar para instituir un programa efectivo para la erradicación de la pobreza global” (Pogge 2010, 572). Mientras tanto, eso sí, uno y otro cierran las vías a uno de los principales mecanismos disponibles para equiparar las condiciones de vida a escala global, como son las migraciones, igno-rando así además toda una serie de evidencias.9

9 Desde una perspectiva estrictamente económica, las pruebas se acu-mulan: “La evidencia empírica disponible demuestra que tanto en la primera ola migratoria como en esta segunda los flujos migratorios han ayudado a reducir la desigualdad en el mundo, a mejorar las ren-tas en los países de origen y a mejorar la mayoría de las rentas en los países de destino […]. Es decir, la emigración ha probado a ser, sin duda, el flujo más eficiente para mejorar la distribución de renta en el mundo” (De la Dehesa 2008, 107). Desde una perspectiva más am-plia, pero en un sentido similar, se manifiesta el Informe sobre Desarrollo

Como bien señala Branko Milanovic (2012, 144), un eco-nomista del Banco Mundial, “en un mundo desigual en el que las enormes diferencias de renta entre países son bien conocidas, el fenómeno de la emigración no es una casualidad, ni un accidente, una anomalía o una cu-riosidad. Es sencillamente una respuesta racional a las grandes diferencias en el nivel de vida”. Migrar de un país a otro posibilita que los individuos puedan saltar las categorías nacionales que constituyen la clave de la des-igualdad en el mundo. Algo en principio tan contingente como es el lugar de nacimiento representa a este respecto un factor realmente decisivo: “El accidente de haber na-cido en un país pobre y no en uno rico es un determinan-te tan arbitrario del propio destino como el accidente de haber nacido en una familia pobre antes que en una fa-milia rica del mismo país” (Nagel 2008, 174).10 Esta intui-tiva comparación, que en principio puede resultar muy ilustrativa, es en parte inexacta, pues en ciertos casos, en muchos en realidad, se queda corta con respecto a los hechos. Las diferencias de renta dentro de cada país, aun siendo sumamente relevantes, palidecen ante la desmesura de las diferencias de renta entre los países, de modo que “hoy en día posee mucha mayor importancia,

Humano 2009, que lleva por título Superando barreras: movilidad y desarrollo humano (PNUD 2009), en el que se argumenta de manera convincen-te a favor de que facilitar la movilidad humana impulsa de manera decisiva el desarrollo humano, entendido como aumento integral de las capacidades de todas las personas que habitan el planeta.

10 Circunstancias accidentales de nacimiento, como son fundamental-mente el lugar en que acontezca o los progenitores que uno tenga, condicionan el estatus de nacionalidad (o de ciudadanía, dependiendo del ordenamiento de cada país) que una persona pueda disfrutar a lo largo de su vida. Aunque también cabe adquirir la nacionalidad por naturalización, la gran mayoría de la población mundial la obtiene por nacimiento (en torno al 97%). Pese a que colisiona frontalmente con convicciones inherentes a la idea de derechos humanos, como es que aquello a lo que las personas tienen derecho no debe estar deter-minado por rasgos accidentales (nacionalidad, género, etnia o reli-gión), la nacionalidad tal vez sea la institución más importante para la asignación de bienes y oportunidades, de modo que no resulta des-cabellado formular la analogía conceptual existente entre nacionali-dad y propiedad heredada, una analogía que adquiere aún más sentido si es analizada críticamente desde una concepción global de la justicia.

Como señala Ayelet Shachar (2009), la nacionalidad es un derecho valioso transmitido por la ley a un grupo restringido de beneficia-rios en condiciones que perpetúan la transferencia de esta prerro-gativa a sus herederos en un mundo profundamente desigual. Es, en definitiva, un bien escaso del que inmigrantes y refugiados se ven privados, y de ahí que esta autora abogue por la imposición en el ámbito global de obligaciones redistributivas a los beneficiarios de tal herencia, con el fin de aminorar las desigualdades de oportuni-dades más flagrantes. De este modo, se daría respuesta a un deside-ratum formulado por Seyla Benhabib (2005, 15): “una teoría cosmopo-lita de justicia no puede restringirse a esquemas de distribución justa en escala global, sino que también debe incorporar una visión de membresía justa”. En coincidencia con esta idea, aunque insistiendo en los derechos humanos como base de una ciudadanía universal, se encuentra el trabajo de Ariadna Estévez (2012).

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globalmente hablando, haber tenido la buena suerte de nacer en un país rico que el hecho de pertenecer a la clase alta, media o baja de ese país rico” (Milanovic 2012, 132). O dicho de una manera aún más gráfica: “Todas las per-sonas nacidas en un país rico reciben una ‘bonificación’ o una ‘renta de situación’; los nacidos en un país pobre reciben una ‘multa de situación’” (Milanovic 2012, 140).11 Son así muchos los habitantes del planeta que, no agra-ciados con la lotería de una nacionalidad con pedigrí, no tienen la más mínima oportunidad de llegar a ser algún día tan adinerados como la gente más pobre de Estados Uni-dos, Japón, o de Europa Occidental.

En este escenario social globalizado, el esfuerzo migrato-rio es muy probablemente el que más réditos ofrece a los individuos en la aventura de la movilidad social, muy por encima de los procesos de movilidad social ascendente a través de la educación, el trabajo y los cambios en el mo-delo redistributivo y de acceso a los bienes (Korzeniewi-cz y Moran 2009, 107-109).12 En un sentido coincidente, aunque yendo incluso más allá, se declara también, por ejemplo, Dani Rodrik:

Si los líderes de los países avanzados se tomaran en serio la mejora de los ingresos en todo el mundo y les importara que ese aumento tuviera un resultado más equitativo, centrarían toda su atención en reformar las reglas que rigen la movilidad laboral internacional. No hay nada más en nuestro orden del día —ni Doha, ni la regulación financiera global, ni siquiera aumentar la ayuda a otros países— que ni siquiera se le acerque en términos de impacto potencial en el aumento de la tarta global. (Rodrik 2011, 287)

Este mismo autor señala además que “el grueso de este aumento de ingresos correspondería directamente a los ciudadanos de los países en vías de desarrollo, los traba-jadores más pobres del mundo” (Rodrik 2011, 288). Si se

11 Sobre la preferencia de ser pobre en un país rico a ser rico en un país pobre, cf. Rodrik (2011, 155-157).

12 No obstante, hay también quienes presentan razonables reservas ante ese posible balance globalmente positivo de los procesos mi-gratorios. Así, en un documentado estudio sobre si las migraciones pueden ser un factor de desarrollo para los países expulsores, Arago-nés y Salgado (2011, 47) sostienen que “ni la migración laboral ni las remesas pueden ser fuente para el desarrollo”. Por su parte, Castles y Delgado Wisse (2012) mantienen que, de entrada, ese modelo en el que “todos ganan” funciona, siempre y cuando se den esquemas de migración laboral de carácter temporal (de ahí que se propongan pro-gramas de visados temporales de trabajo) (cf. Rodrik 2011, 286-292). En general, el modelo se colapsa ante el carácter no equitativo y ex-plotador del actual orden económico y migratorio. Así y todo, el pro-pio Castles (2010, 146) no considera que haya que persuadir a la gente de que se quede en sus casas.

tiene en cuenta esto, el planteamiento de Pogge sobre las migraciones parece bastante poco razonable, incluso decepcionante en un autor comprometido con la lucha contra la pobreza en el mundo. No se les puede pedir a los potenciales migrantes que se queden a esperar los resultados de una convergencia de los niveles de bienes-tar global, una convergencia posible, pero de resultado incierto. Cualquier medio que, sin lesionar derechos vi-tales de terceros, sirva para atenuar los severos niveles de pobreza en el mundo ha de ser aplaudido e incluso apoyado con base en razones morales. O, parafraseando a Peter Singer (2009, 233), quien no ha dejado de apor-tar vigorosos argumentos en pro de la obligación moral de los ciudadanos de los países ricos de contribuir acti-vamente a mejorar la situación de quienes viven en los países más pobres del planeta: si mediante una serie de medidas podemos evitar que suceda algo moralmente malo sin sacrificar nada de significación comparable, es-tamos obligados a tomar tales medidas.

Pogge parece mostrarse ciego ante la evidencia de que las políticas migratorias restrictivas sirven fundamental-mente para proteger privilegios y preservar la prosperi-dad de un país. Nacer en un país o en otro es cuestión de buena suerte, pero este hecho fortuito no constituye el fundamento de ningún derecho. Muchas personas comienzan la vida con desventajas sociales y materiales inmerecidas por el simple hecho de nacer en un deter-minado país. Un infortunio que no es casual y por el que deben ser compensadas. Dentro de un Estado, esto po-dría ser prevenido por un sistema contributivo de fisca-lidad redistributiva y con programas de bienestar social. Pero en un mundo interdependiente y compuesto de paí-ses muy desiguales en riqueza y recursos, eso no basta. El actual sistema de Estados soberanos separados es, como admite Nagel (2008, 174), un obstáculo desafortunado para lograr implementar una justicia global. Pero sien-do ello realmente grave, cabría buscar fórmulas que fo-menten la cooperación interestatal en esta materia. Pero mientras se da con ellas y se ponen en marcha, tareas en sí nada minúsculas, ¿qué hacemos con las migraciones?

Bases para la gobernanza global de las migracionesCabe argüir que confinar a los individuos en un de-terminado espacio y restringir el acceso a los recursos disponibles en otros países suponen limitar las oportu-nidades básicas necesarias para llevar una vida digna. Si la igualdad de oportunidades para acceder a los bie-nes y recursos es un principio básico de la justicia,

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entonces, limitar la opción de migrar supone una inad-misible discriminación en función de una contingencia como la nacionalidad. Consideradas desde la perspec-tiva de la justicia distributiva, las restricciones que los países ricos imponen a la inmigración constituyen una forma ilegítima de intentar defender una participación desigual en los finitos recursos del planeta. Aun recono-ciendo la corrección de estas ideas, se estaría aún bien lejos de haber encontrado un planteamiento comparti-do capaz de hacerlas efectivas. Habrá que preguntarse entonces: ¿Cómo pueden gobernarse las migraciones in-ternacionales desde criterios de justicia?

El fenómeno migratorio presenta dificultades específi-cas que no pueden ser dirimidas mediante meros coro-larios de un planteamiento general. Ante las distintas políticas de acceso y permanencia en el territorio im-plementadas por los gobiernos, la respuesta ha de ser mucho más precisa porque afecta a aspectos cruciales de lo que entendemos por trato justo. Cuando se plan-tea la cuestión de las políticas encaminadas a contro-lar las fronteras para evitar el libre paso de personas conviene, sin duda, tener muy presente el fracaso casi permanente que cosechan prácticamente todos los Esta-dos que intentan ponerlas en marcha. En opinión de un reconocido especialista en la materia, como es Stephen Castles (2006, 52), este evidente fracaso se ve agravado “por la ausencia relativa de un gobierno global con res-pecto a la migración internacional, en contraste con el desarrollo de reglas e instituciones globales en otras áreas de relaciones económicas y políticas”. En todo caso, resultaría imprescindible contar con un marco de gobernanza tanto en el plano institucional como en el normativo, para luego poder actuar en el económico, algo que, desde luego, no es fácil de improvisar. Con-formar un nuevo marco capaz de cambiar los procesos estructurales que subyacen al fenómeno migratorio es una tarea aún más amplia que la que se pueda empren-der en esos tres ámbitos, ya que se requiere un “proyec-to social colectivo” en el que han de estar involucrados actores tanto gubernamentales como no gubernamen-tales que presionen y empujen para ponerlo en marcha (Young 2011, 154-159). Sin olvidar este punto, pasamos a continuación a analizar la situación y las posibilidades de acción que se abren en los tres niveles señalados.

El plano normativoEn este ámbito las carencias resultan evidentes. Los migrantes económicos, que sin duda constituyen la inmensa mayoría de las personas migrantes, carecen

de efectivos instrumentos de derecho internacional que los amparen de modo expreso. La amplia gama de convenios disponibles no cubren adecuadamente “los diversos riesgos especiales de abuso a los derechos hu-manos a los que los migrantes están expuestos con fre-cuencia” (Ghosh 2008, 40).

No es que en este punto esté todo por hacer, pues, ade-más de la normativa general sobre derechos humanos, para los migrantes económicos es de aplicación, y muy particularmente, la Convención sobre la Protección de los Dere-chos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que fue aprobada en 1990, aunque no entró en vigor hasta el año 2003 (¡se tardó casi 13 años en lograr el mínimo de 20 ratificaciones requeridas para hacer operativa esta Con-vención!). En 2009 este instrumento jurídico había sido ratificado únicamente por 41 países, todos ellos países fundamentalmente de emigración (y, eventualmente, de tránsito). El hecho de que no haya sido adoptado por ningún país receptor importante (y ninguno con un ín-dice de “desarrollo humano muy alto”) le resta gran parte de su potencial eficacia.

Y si disponer de unas reglas generales reconocidas por toda la comunidad internacional es un prerrequisito para el establecimiento de un régimen jurídico global, su implementación y supervisión requerirían además una agencia específica con autoridad efectiva sobre los países donde se asienta el grueso de los migrantes. La cooperación internacional en todo lo que a este tema se refiere es cada vez más necesaria “para la requeri-da compaginación de los distintos intereses en con-flicto y para restituir plenamente a las migraciones su función positiva en el desarrollo de las sociedades” (Livi 2012, 13).

De este modo, nos adentramos en el quid de la cuestión: “El problema no es la inmigración en sí misma, sino las condiciones de desigualdad bajo las cuales la ma-yoría de las migraciones norte-sur tienen lugar. Éstas llevan a la marginalización y explotación de muchos inmigrantes” (Castles 2010, 145-146). El objetivo, no lo perdamos de vista, no es poner punto final a las mi-graciones, sino ordenarlas desde principios de justi-cia: “Si hay un objetivo normativo, éste no debería ser reducir la migración, sino encontrar formas en las que pueda tener lugar bajo condiciones de igualdad y res-peto de los derechos humanos” (Castles 2010, 146). Ins-trumentos como la mencionada Convención podrían servir para ello, pero sería necesario que se implicasen mucho más activamente todas las instituciones de la comunidad internacional.

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Temas Varios

El plano institucional

En un mundo empeñado en eliminar todas las posibles trabas a los movimientos de capitales, bienes y servicios, sorprende ciertamente que no exista un organismo in-ternacional que tenga como misión propia regular —o, llegado el caso, incluso levantar— las restricciones a la mo-vilidad internacional de las personas. Mientras que para liberalizar los intercambios económicos se han dado pasos relevantes en las últimas décadas (dotando, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio de una capacidad reguladora vinculante), nada se ha hecho para gobernar las migraciones internacionales.13 Es en este terreno donde los Estados nacionales se resisten con más ahínco a ceder la más mínima parcela de su soberanía. Sin embargo, la aproximación a esta delicada cuestión siempre resultará estéril si se hace desde una lógica nacional estrecha. Tam-bién en esta materia se hace valer la idea de que no existen soluciones locales para problemas globales. Para salvar este impor-tante escollo sería preciso establecer un régimen migrato-rio global y dotarlo de un sólido soporte normativo.

En el actual marco de interdependencia global, la intensi-ficación de la cooperación intergubernamental se presen-ta como una opción obligada. Es difícil seguir confiando en las capacidades de las entidades estatales existentes para resolver el cúmulo de nuevas cuestiones surgidas en el contexto de la globalización. Como señala Habermas (1999, 105), ya “no cabe pensar un orden mundial y econó-mico más pacífico y justo sin instituciones internaciona-les con capacidad de acción”. Es precisamente de esto de lo que carecemos: de mecanismos eficaces de integración política de carácter supranacional. Antes esa anomia inter-nacional, una manera de avanzar en ese camino es proceder a la intensificación de la cooperación en ámbitos temáti-cos concretos, es decir, a la creación de regímenes regu-latorios sectoriales, por ejemplo, en cuestiones como las relativas al medioambiente, la salud humana o las migra-ciones. Es cierto que ni los entramados jurídicos e institu-cionales ni la legitimidad moral garantizan por sí mismos la resolución de los conflictos, pero sin ellos parece difícil que pueda ni siquiera plantearse una respuesta eficaz.

13 Desde 1951 opera la Organización Mundial para las Migraciones, pero se trata de una organización intergubernamental fuera del sistema de las Naciones Unidas que carece, aunque sea la principal agencia mundial en esta materia, de un mandato jurídico de protección de los migrantes. A diferencia de la Organización Mundial del Comercio, no posee verdadera capacidad reguladora y se limita a emitir infor-mes y marcar pautas de alcance estrictamente retórico. Su experien-cia acumulada podría servir, no obstante, como base para establecer una agencia con mayor nivel de responsabilidades, categoría jurídica

y capacidad ejecutiva, que a su vez diera soporte institucional a un acuerdo de eficacia global sobre las migraciones internacionales.

El plano económico de la gobernanza global

En muchos casos, no en todos ciertamente, la transgre-sión de las fronteras representa tan sólo un pequeño sín-toma de un mal pandémico llamado pobreza e injusticia global. Difícilmente se puede pretender controlar los movimientos migratorios internacionales sin medidas sustantivas que equilibren la distribución de riqueza y posibiliten la participación igualitaria de todos los países en los beneficios de la globalización. No se puede luchar con eficacia contra una grave enfermedad, y menos aún erradicarla, combatiendo sólo los síntomas. El “naciona-lismo metodológico” imperante conduce a trazar una ar-tificial “línea divisoria entre emigración e inmigración, que impide entender las condiciones de producción y re-producción de la inmigración a partir de las condiciones de partida” en las sociedades de origen (Llopis 2007, 107). Aunque en la etiología del complejo fenómeno migratorio se reúne una infinidad de causas, la pobreza de los países emisores es una de las más destacadas, sino la principal.

Con la implementación de algún sistema de gobernanza económica global, la libre circulación de personas podría representar un factor impulsor de la redistribución global que propiciase globalizar el bienestar y las oportunidades. Esto no es la mera expresión de un buen sentimiento. Una de las primeras implicaciones de la noción de justicia es la exigencia de poner punto final a las situaciones de injusti-cia activa, así como la de compensar a los perjudicados por el mal que se les haya causado. Y el hecho es que detrás de muchos desplazamientos humanos se encuentran situa-ciones de injusticia sistémica o estructural, que contribu-yen a agravar aún más la suerte de los más desprovistos del planeta, una injusticia que no debería quedar sin repara-ción. Es indiferente al respecto que estas injusticias, como tantas otras, sean fruto de una explícita voluntad de dañar, sino más bien de la desidia o del desinterés que mantiene incólume ciertos procesos y estructuras. Ello no hace decaer la obligación de compensación. Pero ¿cómo enfrentarse con las consecuencias negativas de la desigual distribución de la riqueza global? O dicho de manera algo más concreta, ¿cómo asignar costes de mitigación de tales efectos?

En el capítulo de las posibles compensaciones, existe una que habría que considerar seriamente. Se la debemos a Michael Dummett (2004, 82), quien propone que “mien-tras persista el inmenso contraste entre naciones ricas y pobres, la justicia, que exige que las ricas lo corrijan tan rápida y completamente como les sea posible, también exige que éstas no alcen o refuercen sus barreras contra la entrada de gente procedente de los países pobres”.

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Dicho de otro modo, una política de fronteras abiertas, además de constituir un modo de implementar el dere-cho humano a la libre circulación, representaría una de las posibles medidas compensatorias de las desigualda-des globales (Velasco 2012).

En un contexto en el que la brecha entre los niveles de riqueza de los diferentes países es descomunal, los Esta-dos nacionales ricos (o relativamente ricos) estarían legi-timados a seguir manteniendo la facultad de controlar la admisión de extranjeros sólo si satisfacen determinadas condiciones y, en concreto, si intervienen mediante al-guna suerte de impuesto redistributivo en una participa-ción más justa de los recursos planetarios, es decir, sólo si contribuyen de un modo significativo y en la medida de sus posibilidades al establecimiento global de la jus-ticia distributiva (Kymlicka 2006, 76-80). Existe también otra versión relativamente diferente de este argumento. La Tierra, nuestro planeta, es en su origen propiedad común de todos quienes integran la Humanidad, y esta condición —que no cuestiona, sin embargo, los derechos privados de usufructo— impone restricciones a su uso, entre las que se encontraría el que los Estados que infrau-tilizan sus tierras y demás recursos naturales tienen el deber, o bien de admitir los inmigrantes de los países con población con menos recursos per cápita, o bien de com-pensarlos por negarles el acceso (Blake y Risse 2006).14

Dicho de otro modo, en el actual estado de cosas, los Es-tados más desarrollados están obligados a contribuir a la redistribución de la riqueza en el mundo. No se trata de una mera responsabilidad moral, sino de una responsa-bilidad internacional derivada de la asunción integral de los derechos humanos (arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). La responsabilidad de actuar cuando un gobierno fracasa en satisfacer los de-rechos básicos de subsistencia se imputa de manera ge-nérica a la comunidad internacional, y de manera más concreta, a cada uno de los Estados particulares que la

14 Remitiéndose a una idea de Hugo Grocio, que luego hizo suya tam-bién Immanuel Kant (“la común posesión de la superficie de la Tie-rra”), el argumento de Blake y Risse es que todos los integrantes de la Humanidad tienen un igual derecho moral a los recursos físicos del planeta, y que de este presupuesto se derivan limitaciones normati-vas en los regímenes legítimos de propiedad, incluidos los regímenes de inmigración. Lo que estos autores plantean es, en el fondo, que los países no tienen una discrecionalidad ilimitada o incondicional en sus políticas de admisión de inmigrantes, sino que en este te-rreno tienen bastantes más deberes que los que convencionalmente se admiten. Las regulaciones que se establezcan han de incluir, en cualquier caso, las garantías necesarias para respetar el estatus de copropietario originario atribuido a cualquier ser humano.

componen.15 El modo de atender esa responsabilidad no está, sin embargo, prescrito de antemano (Beitz 2012, 194-206). La contribución a un sistema de transferencias internacionales compensatorias (una suerte de pago de impuestos globales) sería una opción, pero no es la única, ni tampoco es siempre la más eficaz. Una profunda re-forma de las prácticas comerciales vigentes que otorgue ventajas tangibles a los países más desfavorecidos sería otra posibilidad. Y en este mismo plano, otra opción por considerar seriamente sería la flexibilización de las res-tricciones inmigratorias en los países ricos como un me-canismo para garantizar efectivamente los derechos de subsistencia de los habitantes de los países más pobres del planeta. Aparte de los mencionados, pueden existir otros modos de atender la mencionada responsabilidad, pero, en cualquier caso, es obligatorio elegir uno de ellos.

El presupuesto que subyace a todo este planteamiento re-sulta bastante nítido: de una u otra manera, los Estados ricos han de dejar participar a los demás en el reparto del pastel común. De lo dicho se extrae una relevante conse-cuencia práctica en materia migratoria: no es obligato-rio abrir las fronteras, pero rehusar esta opción no está exento de coste. Para decirlo de un modo más gráfico, “el control de las fronteras se compra con la billetera” (Loewe 2012, 486). Así, de acuerdo con esta propuesta apenas es-bozada, los Estados mantendrían su tradicional discre-cionalidad en lo relativo al cierre de fronteras (uno de los pocos ámbitos en el que los Estados aún mantienen un cierto remanente de su ajada soberanía), pero el margen se reduciría con severidad y no les saldría gratis.

Una breve reflexión cosmopolitaVolviendo a la idea presentada al inicio de este artículo, los marcos son estructuras lingüísticas que conforman nuestro modo de ver el mundo y las cuestiones que en él se plantean. La noción de justicia global, así como las de interdependencia y cooperación, son ideas pode-rosas que podrían ayudar a conformar de una manera más positiva, no sólo nuestra percepción de las migra-

15 Aunque los Estados poseen una responsabilidad primaria de respetar, pro-teger y promover los derechos humanos en su ámbito de soberanía, la comunidad internacional tiene la responsabilidad derivada o secundaria de contribuir a que los estados satisfagan los derechos humanos de su po-blación. Eso sí, la responsabilidad secundaria se activa exclusivamente cuando un Estado particular incumple sus deberes. El desempeño de esta responsabilidad es gradual y flexible: va desde el hecho de pedir cuentas a los Estados hasta la activación de diferentes tipos de presión, pasando también a las acciones destinadas a apuntalar la capacidad de los estados para cumplir su misión (cf. Beitz 2012, 139-150).

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ciones internacionales, sino nuestro modo de afrontar-las. La teoría reciente sobre la justicia global tendría, sin embargo, que esforzarse por ofrecer respuestas más elaboradas a los retos planteados en esta materia. Las migraciones deben ser objeto de un tratamiento especí-fico por parte de quienes cultivan dicha teoría. Lo que aquí se ha presentado no es más que un anticipo de algo que podría y debería conformarse como un auténtico programa de investigación.

El abandono del denominado “nacionalismo metodo-lógico” constituye la condición previa para poder am-pliar la escala de análisis y apostar por una percepción de las cuestiones migratorias en consonancia con una concepción global de la justicia apta para un mundo, que es cada vez más el nuestro, en el que los individuos “comparten y son conscientes de compartir, directa o indirectamente, un mismo entorno natural finito” (Arnsperger y Van Parijs 2002, 105). En este contexto, un enfoque global aparece como una perspectiva perfila-da en ajustada respuesta estratégica a las necesidades de análisis de una nueva realidad social que traspasa las fronteras estatales. Si los trazos gruesos que vemos dibujados en los mapas y que sirven para delimitar el perímetro físico del territorio bajo control de un Es-tado nos generan la ilusión de un mundo fragmenta-do en unidades autónomas, conviene contrastar esta imagen tradicional con la representación de la Tierra que hace ya unas cuantas décadas nos proporcionaron los satélites artificiales. La potente imagen de nuestro planeta desplazándose por el espacio nos pone ante los ojos el hecho irrebatible de que la humanidad entera está embarcada en una única navegación que nos en-vuelve a todos, y, por ende, en un destino común.

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Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionalesJuan Carlos Velasco

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* Es resultado de una investigación independiente del Centro de Estudios de las Migraciones y Relaciones Interculturales y del Laboratorio de Antropo-logía Social y Cultural (España). La información procede de la base de datos que tiene la empresa ASEP.

v Doctor en Sociología, profesor titular del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de la Universidad de Almería, España. Entre sus últimas publicaciones se cuentan: Actitudes hacia los inmigrantes en España en época de expansión económica. Revista de Ciencias Sociales 19, n° 1 (2013): 70-80, y Aproximación etnográfica al estudio de relaciones interétnicas en educación física: estudios de caso en Francia y España. Gazeta de Antropologia 28 (2012). Correo electrónico: jcheca@ual.es

D Doctora en Antropología. Profesora del Área de Antropología de la Universidad de Almería y directora del Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la misma Universidad. Entre sus últimas publicaciones se cuentan: Deporte e integración: variables que intervienen en el contacto cultural de los jóvenes inmigrados en España. Revista de Psicología del Deporte 21, n° 2 (2012): 233-242. Correo electrónico: arjona@ual.es

Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007)*

RESUMEN El objetivo de este artículo es analizar las actitudes de la población española ante la inmigración desde 1997 hasta 2007. Los datos se obtienen a partir de la encuesta de actitudes y opiniones sobre la inmigración en España administrada por la empresa Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos (ASEP). Los resultados muestran que con el paso del tiempo se produce un incremento del sentimiento antiinmigrante. Las principales variables que explican el aumento de ese sentimiento son, por un lado, la amenaza, definida por el número de inmigrantes percibidos y la pérdida de la identidad nacional, y por otro, la competencia por los recursos económicos y sociales y la inversión estatal en materia de inmigración.

PALABRAS CLAVEEspaña, xenofobia, competencia, amenaza, inseguridad, inmigrantes.

Immigrants as Seen by the Spanish. Between Threat and Competition (1997-2007)

ABSTRACT The aim of this article is to analyze the attitude of the Spanish population towards immigration from 1997 to 2007. The information is obtained from the survey of attitudes and opinions regarding immigration in Spain administered by ASEP. The results show that, with the passage of time, an increase in anti-immigrant feelings has taken place. The main variables that explain this increase are on the one hand, the threat defined by the number of perceived immigrants and the loss of national identity, and, on the other hand, the competition for the economic and social resources and the state investment destined to immigration.

KEY WORDSSpain, xenophobia, competition, threat, insecurity, immigrants.

Os imigrantes vistos pelos espanhóis. Entre a ameaça e a concorrência (1997-2007)

RESUMOO objetivo deste artigo é analisar as atitudes da população espanhola diante da imigração desde 1997 até 2007. Os dados foram obtidos a partir da enquete de atitudes e opiniões sobre a imigração na Espanha administrada pela empresa Análises Sociológicas, Econômicas e Políticas (ASEP). Os resultados mostram que, com o passar do tempo, se produz um aumento do sentimento anti-imigrante. As principais variáveis que explicam o aumento desse sentimento são, por um lado, a ameaça, definida pelo número de imigrantes percebidos e a perda da identidade nacional; por outro lado, a concorrência pelos recursos econômicos e sociais e o investimento estatal em matéria de imigração.

PALAVRAS-CHAVEEspanha, xenofobia, concorrência, ameaçam, insegurança, imigrantes.

Fecha de recepción: 20 de septiembre de 2011Fecha de aceptación: 6 de julio de 2012Fecha de modificación: 19 de febrero de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.09

Juan Carlos Checa Olmosv – Ángeles Arjona GarridoD

Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 118-132.

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Introducción

En sólo unas décadas España ha dejado de ser un país emisor de población para convertirse en uno receptor.1 De modo que si en España los extranjeros alcanzaban a mediados de los no-venta la cifra de 542.314, una década después

la población asciende hasta los 1.370.657 extranjeros, y en la actualidad, según el último dato publicado —enero de 2012—, se sitúa en 5.736.258. O lo que es igual, se ha produ-cido el mayor incremento de población extranjera de toda la Unión Europea, que supera en porcentaje a otros países con mayor tradición migratoria como Italia o Francia.

Ahora bien, lo importante de este fenómeno no son tanto las cifras sino el eco que éstas ocasionan en la sociedad española. Así, por ejemplo, a lo largo de la década pa-sada los distintos barómetros de opinión, elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, sitúan la in-migración entre los cuatro primeros problemas del país, junto al desempleo, la vivienda y el terrorismo.

En el marco de esos discursos y prácticas se han establecido unas relaciones intergrupales tensas entre los miembros de la “mayoría” —entendida como población nacional— y la “minoría” —equiparada con parte de la inmigrada extran-jera2—, que derivan, en muchas ocasiones, en comporta-mientos xenófobos. Más concretamente, frente a la postura mayoritaria en 1996 a favor de la inmigración, al juzgarla como necesaria y no excesiva, más recientemente se apre-cia un mayor rechazo hacia el inmigrante (Cea D´Ancona 2009; Díez 2005; Pérez y Desrues 2005). Los sentimientos xenófobos alcanzaron puntos álgidos cuando se produjeron los diferentes procesos de regulación de inmigrantes (2001 y 2005). Momentos donde adquirió el calificativo de “emer-gencia social”, equiparado a otras “alarmas” como droga, delincuencia, etc. Percepciones y cogniciones sociales que se han traducido, evidentemente, en actitudes y compor-tamientos discriminatorios, hostilidad e incluso violencia.

Entre los más graves resaltan, por un lado, los ataques que sufrieron los magrebíes en El Ejido (Almería) los primeros

1 No obstante, en los dos últimos años, como consecuencia de la crisis económica que sufre España, el flujo de salida vuelve a ser más importante que el de entrada.

2 Delimitar la definición de población foránea no es un proceso simple, puesto que ésta no es homogénea en cuanto a la nacionalidad, el estatus legal, el género, etc. Diversidad que ha llevado, por un lado, a considerar a unos extranjeros outsiders e indeseables (llegados de países pobres), y a otros, insiders (provenientes del mundo rico), determinación que se sustenta en las propias políticas de inmigración y el componente identitario social.

días de febrero de 2000 (véanse, entre otros, Calvo 2000; Checa 2001; Checa, Arjona y Checa y Olmos 2010; Foro Cí-vico 2000; Martínez 2001), en los que muchos inmigran-tes fueron perseguidos, insultados y golpeados; a la vez que se quemaron sus casas, coches y negocios, por parte de la población española.3 Por otro, los chinos en Elche (Alicante) también sufrieron un ataque en sus negocios, con la quema de varios de éstos en un polígono industrial de la ciudad, como resultado de un proceso de competen-cia en la industria del calzado que los autóctonos consi-deran desleal (véase Cachón 2005). En suma, lejos de ser hechos aislados, los actos racistas se han ido sucediendo paulatinamente en España, aunque con manifestaciones y ataques a individuos, más que a colectivos.

En resumen, los objetivos de este artículo son, primero, comprobar la evolución del sentimiento antiinmigran-te en España a lo largo de una década (1997-2007), en la que se combinan períodos de recesión económica y bajas tasas de inmigración y expansión económica y altas tasas de inmigración. Y segundo, conocer cuáles son las principales variables que definen ese sentimiento.

Estructura teóricaSon varias las alternativas teóricas que pretenden definir el sentimiento antiinmigrante y discriminatorio (véase Wimmer 1997), pero en la actualidad las líneas de trabajo se centran principalmente en el sentimiento de amenaza y competencia por los recursos limitados.

El elemento central del modelo de competencia sostiene que las actitudes hacia el exogrupo ocurren cuando existe una lucha entre grupos por el poder, los recursos y la iden-tidad colectiva, lo que deriva en un sentimiento de ame-naza e inseguridad. Tales emociones actúan en cuanto a frustración y/o agresión, puesto que existe el argumento de que la cesión de derechos para los inmigrantes va en de-trimento de los autóctonos. De este modo, la percepción de amenaza determina un modelo instrumental de conflicto que diseña estrategias de discriminación para aumentar

3 Entre los agresores no sólo se identificaron a ejidenses, también a de-cenas de personas procedentes de ciudades y pueblos próximos, incluso algunos grupos de la extrema derecha y neonazis llegados de Madrid y otras capitales, bajo el reclamo de “Linchar al moro”. El desencadenante de estos actos tan violentos fue el asesinato de tres personas (dos hom-bres, en un acto, y una joven, en otro) a manos de dos marroquíes, en el período que va desde el 22 de enero hasta el 5 de febrero. Ahora bien, si-guiendo la literatura que analizó estos acontecimientos, se observa que en el conflicto subyacían otros elementos socioeconómicos y políticos que impulsaron un desenlace de esas magnitudes.

Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007)Juan Carlos Checa Olmos, Ángeles Arjona Garrido

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las oportunidades de los nacionales. La xenofobia, por tanto, no es más que un mecanismo de defensa “natural” ante los cambios percibidos como consecuencia de la in-corporación de los inmigrantes. Más aún, en contextos de crisis es cuando más se percibe al inmigrante como una amenaza y se refuerza la idea de que los derechos sociales han de restringirse para los foráneos. Por eso, hace más de medio siglo Sherif y Sherif (1953) mostraron que los con-flictos intergrupales y la exaltación de las diferencias se producen cuando los recursos escasean.4

Además, estas inquietudes no siempre son constantes, sino que varían atendiendo a diferentes escalas y varia-bles. La primera escala actúa en la esfera individual; la competición y amenaza se reflejan en los intereses par-ticulares, tales como trabajo, vivienda o servicios pú-blicos. De modo que la población con una posición más vulnerable en el sistema social presenta una actitud más negativa y discriminatoria hacia el exogrupo (véanse Quillian 1995 y 1996; Semyonov et al. 2004).

La segunda, de características colectivas, sostiene que la discriminación y el prejuicio exogrupal se funda-mentan en la amenaza de la identidad colectiva, que pone en peligro la homogeneidad cultural e identita-ria (Schiefer et al. 2010; Schwartz 2008; Stolcke 1993). Dicho de otro modo, estamos hablando de fundamen-talismo cultural (Stolcke 1993), puesto que su “ingre-diente” crucial es el supuesto de que la cultura y la identidad nacional se basan en una herencia históri-ca única, sólida e inalterable. Se da por hecho que las relaciones entre las distintas culturas resultan, por naturaleza, hostiles y recíprocamente destructivas, porque la cultura dominante es etnocéntrica por de-finición. Consecuentemente, las diferentes culturas deben mantenerse aisladas por su propio bien.

Así, en contextos de inmigración donde los distintos grupos coinciden en idioma, tienen la misma religión y presentan estatus socioeconómicos similares, se expresa una mayor simpatía, que por aquellos con los que ape-nas comparten contenido étnico, y el desconocimiento se constituye en un factor clave a la hora de crear o consoli-dar prejuicios y estereotipos negativos hacia el exogrupo. Por ello, no faltan autores que sostienen que en España los procedentes de Latinoamérica, antiguas colonias es-pañolas, son los “elegidos” frente a otros colectivos (Es-candell y Ceobanu 2009; Izquierdo, López y Martínez

4 Así lo demuestran los trabajos para Europa editados por Baumgarte y Favell (1995) y Quillian (1995).

2003), tanto por la administración —ya que el latino es el colectivo con mayor número de naturalizaciones y que alcanza la regularización— como por la sociedad, tal y como demuestran los barómetros y latinobarómetros elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En consecuencia, puesto que las doctrinas racistas de tinte biologicista están desacreditadas, el fundamen-talismo cultural contemporáneo afirma la nacionalidad como prerrequisito de la ciudadanía, en un patrimonio cultural compartido.

Ambos niveles —individual y grupal— se ven también afectados por diferentes variables, a saber: tamaño de la población, condiciones económicas y políticas.

El tamaño de la población ha sido la variable más estu-diada como elemento de amenaza. De modo que cuantas más personas tenga el exogrupo, mayor es el sentimiento de amenaza y competencia, lo que se traduce en discon-formidad étnica y discriminación (Quillian 1995 y 1996; Lahav 2004; Schneider 2008). Incluso, en los resultados de Semyonov et al. (2004) se destaca más el tamaño pobla-cional percibido que el real; es decir, en algunas ocasio-nes se puede producir xenofobia sin inmigrantes.

Las condiciones económicas también influyen nota-blemente en la percepción de la amenaza. De modo que cuando existen buenos escenarios económicos, el sentimiento negativo hacia los otros grupos se re-duce, puesto que las oportunidades son mayores y es menor la competencia en el mercado laboral (véanse Kunovich 2004; Pérez Yruela y Desrues 2005; Schnei-der 2008; Semyonov, Raijman y Gorodzeisky 2008). Dicho de otro modo, cuando las expectativas eco-nómicas son preocupantes se intensifica la compe-tencia y termina aflorando la impresión de peligro, traducida en prejuicios y sentimientos discriminato-rios, que se sustentan en un antagonismo étnico y en el declive de oportunidades.

El incremento de la xenofobia está también relacionado con las posiciones políticas y el sentimiento nacionalista (Escandell y Ceobanu 2009). Durante los últimos años, la sociedad en Europa Occidental padece niveles alarman-tes de desempleo en masa, acompañado de un descon-tento público generalizado con el sistema político, lo que ha generado oleadas de ataques violentos contra grupos socialmente vulnerables, que afecta, especialmente, a los inmigrantes. Apelando a la inquietud pública, como consecuencia de la crisis económica actual, han sido los partidos políticos fascistas los que más se han beneficia-do, hasta el punto de convertirse en uno de los fenómenos

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políticos más importantes de la actualidad5 (Betz 2004; Betz y Johnson 2004). Evidentemente, el incremento de dichos partidos en épocas de crisis tiene un refrendo con el aumento de ataques racistas (Koopmans 2004).

También, es bien sabida la relación existente entre la orientación política neofascista6 y el sentimiento nacio-nalista (Semyonov, Raijman y Gorodzeisky et al. 2006). Pero éstos no manifiestan de igual forma su animadver-sión por los inmigrantes. Golder (2003) distingue entre partidos neofascistas (autoritarios y elitistas) y populis-tas (Betz 2004). De modo que los primeros usan la raza como elemento fundamental para sostener la discrimi-nación sobre los inmigrantes; o lo que es igual, estamos ante partidos que promueven el racismo clásico. De ma-nera que, independientemente de la situación económi-ca, su discurso no varía.

Por su lado, los partidos populistas sustentan su rechazo a los inmigrantes en un “nuevo racismo” cultural, cuyo discurso señala que la población nacional es superior a la inmigrada, por ser portadores de patrones culturales desarrollados: democráticos, igualitarios, etc. O lo que es igual, la derecha radical de ideología populista y an-tielitista, abiertamente discriminatoria, apela al dere-cho de “preferencia nacional” (Betz y Johnson 2004). De manera que su meta es detener y revertir la erosión de los patrones establecidos de dominación étnica y polí-tica cultural. Incluso más, este fundamentalismo cul-tural se exacerba más en épocas de crisis; de ahí que en las sucesivas elecciones en Europa se hayan consolidado cada vez más estos partidos.

En cualquier caso, entre la ideología de estos partidos políticos neofascistas existe la coincidencia, indepen-dientemente de dónde se ponga el acento, en resaltar el antagonismo hacia aquello que no es nacional, funda-mentándose en la competencia individual (nos quitan el trabajo y reducen los salarios) y colectiva (se pierde la identidad nacional) (véanse Pain 2007; Semyonov, Raij-man y Gorodzeisky 2007; Skenderovic 2007; Van Spanje y

5 Eatwell (2000), entre otros, explica y enumera los acontecimientos que favorecen el nacimiento y la consolidación de los partidos políticos de derecha radical, a saber: economía postindustrial, disolución de las identidades por el incremento de la multiculturalidad, aparición de un cleavage sociocultural, descontento político, xenofobia, crisis económica y desempleo, contrafuerza al nacimiento de partidos ecologistas y de extrema izquierda y sistema electoral anticuado. No obstante, sigue sin estar claro cómo están relacionadas entre sí las diversas causas.

6 También llamados antiinmigrantes (Fennema 1997), extrema derecha (Golder 2003) o radicales populistas (Betz 1994).

Van der Brug 2009), que, por supuesto, se acentúa más, si cabe, en períodos de crisis económica (De Lange y Mudde 2005); hasta el punto que el resultado final es la creación de un clima de violencia, que se ha plasmado, en no pocos casos, en asesinatos y ataques a inmigrantes.

En suma, en las políticas se puede optar por promover la igualdad de derechos para todos o limitar las oportuni-dades socioeconómicas para los inmigrantes, en especial para aquellos cuya presencia no aumenta, supuestamen-te, el bienestar social de destino (irregulares o familiares reagrupados en edad no laboral).

Por otro lado, la concepción de la identidad nacional ha sido importante a la hora de definir la integración y los derechos de la ciudadanía extranjera (Florence y Marti-niello 2005), basada, sobre todo, en el ius solis, o nación cívica, y ius sanguinis, cimentado en la visión romántica de la nación cultural y ancestral. De modo que un sen-timiento exacerbado del particularismo acarrea mayores dosis de xenofobia, bajo la amenaza de perder la homo-geneidad cultural. La inmigración se percibe como un problema de orden social y de pérdida de identidad, en especial cuando la diversidad se hace más patente. De ahí que en países como España —cuya Constitución reconoce su multiculturalidad, sobre todo, a partir del plurilin-güismo—,7 la llegada de inmigrantes crea una identidad homogénea frente a éstos, que con anterioridad a su lle-gada no existía de manera tan clara, fundamentada, en última instancia, en su regularización administrativa y en un discurso que enfatiza la homogeneidad cultural.

Además, numerosos autores señalan que las actitudes exclusionistas hacia los inmigrantes también quedan definidas por el tipo de relación o contacto que se tiene con ellos (contact hypothesis) (véanse, entre otros, Allport 1954; Escandell y Ceobanu 2009; Pettigrew 1998). Más concretamente, la xenofobia es menor cuanto más in-tenso y duradero es el contacto, especialmente si existen los facilitadores de igual estatus, cooperación entre gru-pos y objetivos comunes, donde las fronteras simbólicas interétnicas quedan casi desdibujadas.

Por último, cabe señalar que todos los elementos y varia-bles referidos antes aparecen como denominadores co-munes en casi todas las investigaciones internacionales sobre xenofobia. No obstante, existen otras variables, de diferente calado, que también definen y actúan tanto en

7 El artículo 3 sostiene que la lengua oficial del Estado es el español, pero también reconoce la oficialidad de otras lenguas —por ejemplo, catalán, euskera o gallego— en el marco de sus estatus de autonomía.

Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007)Juan Carlos Checa Olmos, Ángeles Arjona Garrido

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la aparición como en la consolidación de la xenofobia, que por su carácter más localista la hemos omitido en esta parte teórica. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a di-mensiones demográficas —sexo, edad, nivel educativo y ámbito de residencia, principalmente—, microeconomía —situación económica familiar—, papel de los medios de comunicación, etc., que hacen variar tanto la medida como el concepto de xenofobia de un lugar a otro. De ahí que en el apartado de resultados se incluyan en el análisis de regresión variables de éste y de otros tipos, aunque sólo se presentan aquellas con significación estadística.

Método y datosLa empresa de opinión Análisis Sociológicos, Económi-cos y Políticos (ASEP) realiza encuestas, estadísticamente significativas y con los mismos ítems, sobre las actitudes de la población española, mayor de 18 años, hacia los in-migrantes extranjeros.8 La muestra está estratificada pro-porcionalmente atendiendo al número de inmigrantes asentados en las diferentes comunidades autónomas. Los datos se recogen de manera aleatoria. A su vez, para este texto, la matriz ha sido completada con las estadísticas oficiales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a población extranjera y tasa de paro.

En nuestro análisis longitudinal hemos elegido dos mo-mentos diferentes.9 El primero, 1997/1998, responde a un período donde se está inmerso en un tiempo de crisis económica y donde la población inmigrante es reducida; la muestra agregada para estos años es de 2.413 perso-

8 Con posterioridad al año 2007, esta empresa no ha realizado ninguna encuesta nacional con los mismos indicadores. Cea D Ancona (2009), siguiendo con la línea abierta por otros autores, aborda las dificultades que tiene la medición de la xenofobia a través de encuestas. Limitaciones que exceden a la propia técnica, ya que hablan, principalmente, del sesgo de deseabilidad social, definido, principalmente, por el estigma que conlleva su admisión, donde se censura e incluso penaliza cualquier declaración o conducta contraria a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. A pesar de esto, utilizamos los datos de la encuesta por dos motivos: primero, son los únicos que existen en España que ofrecen una evolución tan amplia; segundo, Juan Díez Nicolás, director científico de ASEP, publica un texto en el que demuestra cuantitativamente la fiabilidad y validez de los datos manejados por esta empresa, así como los índices creados (véase Díez 2009).

9 Si bien es cierto que ASEP realiza esta encuesta nacional desde 1991, no utilizamos los datos de los primeros seis años por varios motivos: uno, el número de inmigrantes y su porcentaje no son significativamente grandes, ya que este último no llega ni al 1%; dos, la situación económica en esos años no sufre grandes vaivenes, como ocurre en el período analizado; y tres, el cuestionario administrado se ha ido configurando y mejorando con el paso de los años, de manera que desde 1997 se repiten con exactitud aquellas variables que guían este trabajo.

nas. En el segundo, 2006/2007, la tasa de inmigración es alta, se ha pasado un proceso de regularización de in-migrantes y se alcanza el punto álgido de la expansión económica, donde empieza a vislumbrarse el proceso de estancamiento y posterior regresión; la muestra la for-man 2.405 personas.

Para medir las actitudes de los españoles ante los inmi-grantes se elige el índice de sentimiento antiinmigrante (Sem-yonov et al. 2006), construido a partir de los siguientes cuatro factores: “La inmigración provocará que España pierda su identidad” (De acuerdo=1); “Influencia de la inmigración en el paro” (Aumenta=1)”; “Influencia de la inmigración en los salarios de los españoles” (Dismi-nuye=1); e “Influencia de la inmigración en la delincuen-cia” (Aumenta=1). El índice oscila entre 0 y 4, donde 4 significa máxima actitud antiinmigrante.

En cuanto a las variables independientes, se tienen en cuenta los aspectos claves que resaltan Evans y Need (2002): amenaza, inseguridad y distancia social. Comple-tados con otros que hacen referencia a indicadores de polí-tica migratoria y derechos sociales (Cea D´Ancona 2009).

La amenaza se mide, por un lado, a partir del tamaño real de la población extranjera —tasa de extranjeros— y la población percibida (Quillian 1995 y 1996; Schnei-der 2008; Schlueter y Scheepers 2010; Semyonov et al. 2000); damos el valor (1) a quienes contestaron que los inmigrantes en España son demasiados. Y por otro, por la amenaza identitaria, visibilizada en la percep-ción de conflicto en las cuestiones de identidad, que ensalza lo étnico o lo cívico. Para ello, se toma la va-riable efectos que la inmigración tiene para la cultura española (malos o muy malos=1).

De la amenaza deriva la inseguridad, que se expresa a par-tir de dos elementos: uno, la material, cuantificada, por un lado, por la actitud ante que sólo deben admitirse inmigrantes cuando no haya españoles para desarrollar esa actividad (De acuerdo=1). Y, por otro, por la tasa de paro. Dos, la inseguridad política, referida a dos cuestio-nes relacionadas con la política migratoria y concesión de ciudadanía (Díez 2005): la primera, “Bastante com-plicada es la situación económica de los españoles como para destinar dinero para ayudar a los inmigrantes” (De acuerdo=1), y la segunda, “Actitud más adecuada ante los inmigrantes irregulares” (regularizarlos=1).

La distancia social, entendida como falta de interacción con inmigrantes, es operada por las tres dimensiones utiliza-das en el contacto intergrupal (Escandell y Ceobanu 2009), a

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saber: intenso, si se tiene una relación estrecha y afectiva (No=1); ocasional, si ha tenido alguna vez una conversa-ción larga (No=1); y en el lugar de trabajo, si se tiene rela-ción laboral con trabajadores inmigrantes (No=1).

Por último, las variables de carácter individual tienen también una enorme importancia a la hora de predecir el sentimiento antiinmigrante (Coenders y Scheepers 2008): sexo (hombre=1), edad (en años), nivel educativo (universitarios=1), ingresos (cuartil más bajo=1), orien-tación política (derecha=1), actividad (desempleado=1) y estado civil (casado=1).

No obstante, no queremos terminar este apartado meto-dológico sin señalar algunas limitaciones que presenta el texto:

Primera, la medición del sentimiento antiextranjero. A pesar de utilizar un instrumento empleado en parte de la literatura internacional, somos conscientes, tal y como sostiene Troyano (2010), de que si la xenofobia define identidades de forma negativa, ésta no se hace con los mismos referentes en España que en India, por ejemplo; ni tampoco éstos se mantienen constantes en el tiempo. De ahí que aunque se esté midiendo lo mismo, e inclu-so se obtengan resultados parecidos, puede que éstos no tengan el mismo significado.

Segunda, y como consecuencia de lo anterior, los resul-tados son válidos para este tiempo, y al no tener datos del período de crisis económica actual, no se puede decir que la actitud sea la misma, ni son iguales los elementos que la definen con respecto a lo ocurrido en la recesión de finales del siglo pasado.

Resultados Lo primero que resulta del estudio longitudinal es el in-cremento paulatino del sentimiento antiinmigrante en España. Si en 1997 la media era de 1,4, en 2007 se sitúa en 2,1 (véase el gráfico 1). O lo que es igual, se identifica cada vez más al inmigrante como generador de desem-pleo, delincuencia, bajada de salarios y enemigo de la identidad cultural.

Incluso, la evolución responde a tres momentos distintos dentro de la propia década analizada. En un primer mo-mento, 1997-1999, el sentimiento se mantiene casi constan-te, alrededor del 1,4. Con la entrada del nuevo milenio, se produce un impulso, y el rechazo llega hasta el 2,1. Por últi-mo, desde 2004 hasta 2007 la tendencia es a incrementarse

hasta llegar al 2,4, aunque en el último año el sentimiento se reduce. Por tanto, en España las actitudes hacia el exo-grupo no experimentan un incremento lineal.

Fuente: base de datos ASEP. Elaboración propia.

Más aún, el incremento del sentimiento antiinmigran-te también se ve reflejado en las diferentes variables utilizadas en el análisis. En primer lugar, en la tabla 1 se observa el incremento de la tasa de extranjeros en Es-paña. De modo que si en 1997 los extranjeros suponen el 1,6% de la población, en 2007 la cifra alcanza el 10%. No obstante, la amenaza percibida se incrementa en mayor medida que la población real, puesto que en el bienio 1997/1998, el 26,8% de los españoles pensaban que los inmigrantes eran demasiados, y en 2006/2007 esa opi-nión la mantenía el 61,9%.

El sentimiento de amenaza también aumenta sobre los patrones culturales. En 1997/1998, el 17,4% opinaba que la migración provoca efectos perversos sobre la cultura, por-centaje que se incrementa hasta el 36,5% en 2006/2007.

El incremento de la inseguridad económica también apa-rece con el paso del tiempo. Si en 1997/1998 el 45,5% con-sideraba que sólo se debían admitir inmigrantes cuando no hubiera españoles para desarrollar los trabajos, el porcentaje asciende al 57,5% en 2006/2007; tendencia que contrasta con la evolución real de la tasa de paro; en 1997/1998 los parados alcanzaban el 20,1% de la población activa, y en 2006/2007 la tasa descendió hasta el 9,9%.

De igual modo, la inseguridad de carácter político tam-bién se ha ido incrementando a lo largo de los años. Si en 1997/1998 el 41,6% estaba en contra de destinar dinero para

2,5

2,0

1.5

1.0

0.5

01997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 1. Evolución del índice de sentimiento anti-inmigrante en España (1997-2007)

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la integración social de los inmigrantes, la situación se acentúa hasta llegar al 57,9% una década después. Tam-bién, si el 29% de los españoles estaba a favor en 1997/1998 de la regularización de los inmigrantes, el porcentaje desciende hasta situarse en el 8,8% en 2006/2007. Por tanto, y como consecuencia de todo lo anterior, una parte importante de los españoles se posiciona con una concepción de la nación étnica, en vez de una cívica.

Por último, el contacto intergrupal, si bien aún es redu-cido, está aumentando. Así, por ejemplo, en el bienio 1997/1998, el 94,4% de los españoles no tenía ningún tipo de amistad con algún inmigrante, el 78,2% no había man-tenido ninguna conversación y el 95,9% declaraba no com-partir trabajo con inmigrantes. Una década después las cifras se suavizan algo: sólo el 20% declara tener amistad con algún inmigrante, el 72,3% no ha mantenido ninguna conversación y el 72,5% sigue sin compartir trabajo.

En cuanto a las variables individuales, destaca la reduc-ción sustancial de población que declara tener ingresos bajos (13,6% en 1997/1998 y 3,9% en 2006/2007), situación que se corresponde con el progreso económico que expe-

Tabla 1. Evolución de las estadísticas descriptivas de las variables del análisis (%)

Variables 1997/1998 2006/2007

Amenaza

Población real (Tasa) 1,6 10

Población percibida (Demasiadas) 26,8 61,9

Evaluación de los efectos en nuestra cultura (Malos) 17,4 36,5

Inseguridad

Admisión de inmigrantes sólo cuando no haya españoles (De acuerdo) 45,5 57,5

Tasa de paro 20,1 9,9

Dinero para inmigrantes (No) 41,6 57,9

Regularizar inmigrantes (Sí) 29 8,8

Contacto intergrupal

Amistad intensa (No) 94,4 79,9

Ocasional (No) 78,2 72,3

Contacto lugar de trabajo (No) 95,9 72,5

Sociodemo

gráficas

Sexo (hombre) 48,3 48,5

Edad media 45 46,1

Nivel educativo (universitario) 7,5 8

Ingresos (bajos) 13,6 3,9

Actividad (desempleado) 9,5 5,6

Orientación política (derecha) 17,3 17

Estado civil (casado) 63,5 63,5

Fuente: base de datos de ASEP. Elaboración propia.

rimenta el país en esa década, en la que se pasa de las mayores tasas de desempleo a una de las más bajas.

En un segundo paso del análisis sobre el sentimiento antiinmigrante, se han estimado, en función de las va-riables individuales y contextuales, dos modelos de re-gresión (véase la tabla 2). En el modelo 1 examinamos el papel que cumplen las variables que generan amenaza e inseguridad, así como el contacto intergrupal. En el mo-delo 2 añadimos las variables individuales.

En el primero, bienio 1997/1998, se observa que tanto las variables de la amenaza como las de inseguridad son buenas predictoras del sentimiento. Más concretamen-te, y por este orden: la amenaza percibida, destinar dine-ro a las políticas de integración, efectos negativos sobre la cultura de origen y permitir la entrada de inmigrantes cuando no haya españoles para realizar las actividades, todas ellas con signo positivo sobre el sentimiento an-tiinmigrante. Es decir, cuanto mayores puntuaciones alcanzan éstas, más dosis de xenofobia se produce. Con menor peso aparece la población real, y con signo nega-tivo, regularizar a los inmigrantes. En las variables del

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contacto sólo aparece con significación estadística el contacto ocasional, de manera que cuanto más veces se tenga una conversación larga con un inmigrante, menor será la percepción negativa que se tendrá sobre el grupo.

En 2006/2007, las variables amplían su peso a la hora de explicar el sentimiento hacia el exogrupo. Para este pe-ríodo sobresale el rechazo a destinar dinero a la política de integración de los inmigrantes, seguido por la ame-naza poblacional percibida, la cultural, y aceptar inmi-grantes cuando no haya españoles para el desempeño. Ahora, con signo negativo vuelve la regularización, y con menor peso con respecto a la fecha anterior, la tasa de paro. Y en el contacto intergrupal, las relaciones inten-sas con inmigrantes aparecen por primera vez con signi-ficación estadística, de modo que cuanto más intenso es el contacto, más se reduce la xenofobia.

En consecuencia, son más importantes la amenaza percibida —creada por diferentes agentes e institucio-nes— y la competencia económica y política a la hora de crear sentimientos hacia los inmigrantes, que la pobla-ción real o la tasa de paro. Incluso cuando las tasas de

inmigración son relativamente bajas, como ocurre en 1997/1998, o durante el decrecimiento del paro durante toda la década.

En el segundo modelo, con las variables individuales, los datos correspondientes a amenaza, inseguridad y contacto intergrupal se mantienen casi constantes. En 1997/1998, las siguientes variables son predictores del sentimiento negativo hacia el exogrupo: la edad, la orientación política, viaja fuera, el nivel educativo —con signo negativo—, estado civil, sexo y desempleo. O lo que es igual, al aumentar la edad, cuando se tiene ideología de derechas, no se viaja nunca fuera del país, se tiene menor nivel educativo, se está casado, se es hombre y está desempleado, es cuando se presentan las mayores dosis de sentimiento antiinmigrante.

En 2006/2007, ser hombre y estar desempleado son las va-riables sociodemográficas más importantes a la hora de predecir el sentimiento hacia el exogrupo, a pesar de que es el momento en que existe menor tasa de desempleo en el período analizado. También en esta fecha, los niveles de estudios e ingresos pierden su capacidad de predicción.

Tabla 2. Efectos de las variables independientes sobre el sentimiento anti-inmigrante

Variables1997-1998 2006-2007

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2

Amenaza

Población real 0,030** 0,022** 0,038** 0,034**

Población percibida 0,190* 0,186* 0,320* 0,312*

Efectos sobre cultura 0,170* 0,162* 0,218* 0,220*

Inseguridad

Inmigrantes cuando no haya españoles 0,168* 0,162* 0,100* 0,098*

Tasa de paro 0,001*** 0,002*** -0,030** -0,032**

Destinar dinero a inmigrantes (No) 0,179* 0,177* 0,377* 0,378*

Regularizar -0,082 -0,073* -0,103* -0,098*

Contacto intergrupal

Intenso (No) 0,004*** 0,008*** 0,104* 0,107*

Ocasional (No) 0,031** 0,026** 0,018** 0,026**

Lugar de trabajo (No) -0,020*** -0,021*** -0,026*** -0.026***

Individuales

Sexo (hombre) 0,031** 0,044**

Edad media 0,097* 0,023*

Nivel educativo (universitario) -0,045** -0,017***

Ingresos (bajos) 0,028*** -0,027***

Actividad (desempleado) 0,019** 0,040**

Orientación política (derecha) 0,061** 0,024**

Estado civil (casado) 0,038** -0,005***

Coeficiente R2 0,393 0,418 0,384 0,392

Fuente: base de datos ASEP. Elaboración propia. *P < 0.00; **P < 0.05; *** P <0.200

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Discusión y conclusionesDesde principios de los noventa del siglo pasado, España ha recibido un importante flujo de inmigrantes, diverso en cuanto al origen. Este artículo analiza la imagen que los in-migrantes extranjeros tienen en España, ya que las opinio-nes y actitudes sobre los inmigrantes representan nuevas formas de racismo y xenofobia. Para ello se han elegido va-rios momentos: uno, en situación de crisis económica y re-ducidas tasas de inmigración; dos, en el punto álgido de la expansión económica y consolidación de las migraciones.

Más específicamente, y siguiendo las premisas teóricas, el artículo examina la siguiente proposición: la visión negativa hacia los inmigrantes se acentúa con el aumen-to de la población extranjera (sentimiento de amenaza), así como con la diferencia (cultural) entre los nacionales y extranjeros. También se hace más pronunciada entre los individuos que tienen una situación socioeconómica vulnerable, así como entre quienes ostentan una ideolo-gía política conservadora.

Lo primero que los datos han demostrado es que la hos-tilidad hacia los inmigrantes se ha ido incrementando con el paso del tiempo: si en 1997/1998 el índice tenía 1,4 como media, en 2006/2007 llega a 2,4. Ahora bien, esta tendencia no se explica únicamente por el incremento de la población real en poco tiempo; ésta sólo es el desencade-nante al principio de la llegada de los flujos, puesto que la diferencia entre la predicción del sentimiento en 1997/1998 no dista mucho una década después; por tanto, el sen-timiento responde a prácticas discursivas cotidianas y/o institucionalizadas. La construcción de la inmigración a través de su número como una invasión no es per se, sino que responde a una construcción simbólica producto de alocuciones provenientes de diversos actores y escenarios sociales en los que destacan, especialmente, los discursos políticos (Zapata-Barrero 2009) y medios de comunicación (Checa y Arjona 2011; Igartua y Muñiz 2004; Lorite 2007; Van Dijk 2003). Para referirse al número de inmigrantes, normalmente, se hace referencia a metáforas que poco tienen que ver con la cuantificación de los flujos. De este modo, se define la llegada de inmigrantes como oleadas, avalanchas, invasión, etc., denominaciones que promue-ven la idea de que son demasiados y que provocan hostili-dad y miedo. Sumado a que los inmigrantes se hacen cada vez más visibles cuando instalan sus propios negocios, lugares de culto, ocupan espacios públicos, etc., aumen-tando su percepción como amenaza.

De esta forma, el inmigrante es el otro, y esto lleva a pensarlo como diferente, que en unos casos se traduce

en miedo por hiperextranjerización; por eso, algunas comunidades autónomas con poca tasa de inmigración presentan un sentimiento antiinmigrante mayor que otras donde residen más inmigrantes (Díez 2005; Escan-dell y Ceobanu 2009). O lo que es igual, la inmigración es vista como un problema, antes que como un fenómeno propio de la sociedad internacional, que, a lo sumo, aca-rrea grandes retos.

Por ello, el Colectivo Ioé (1995) encontró —en su estudio del discurso de los españoles sobre los inmigrantes, en relación con el número de inmigrantes y la situación económica— que el discurso se resumía así: primero los nacionales, cuando no alcanza para todos, o como ellos mismos lo recogen en una frase: “Ojo, primero los espa-ñoles, después veremos. ¡Que estamos en España!”.

Pero la amenaza trasciende lo numérico para consoli-darse también en lo identitario. Tal y como nos recuerda Worchel (1998), cualquier tipo de identidad grupal sirve de base para el conflicto, que se inicia en el momento que se adscribe a un “contenido étnico” con base en estereo-tipos. Algunos inmigrantes (más unos que otros) pasan a conceptualizarse como “culturalmente incompatibles”. Se distinguen por la exageración de las diferencias cul-turales, a través del prejuicio sutil, frente a las genéti-cas. Se percibe la cultura como un rasgo heredado del que nadie puede desprenderse, o lo que es igual, existe “una concepción genealógica y, por tanto, racial, de la cultura y su transmisión” (Todd 1996, 343). No obstan-te, tal y como muestra el Colectivo Ioé (1995), en España este discurso toma varias formas: primero, en calidad de cosmopolitismo etnocéntrico, el cual sostiene que las diferencias fundamentales no se establecen entre ciuda-danos de uno u otro país, sino entre grupos con distinto grado de civilización, especialmente los procedentes de los países musulmanes, y segundo, etnocentrismo loca-lista, que desarrolla un discurso identitario cerrado, en el cual la asimilación cultural y legal es un requisito; de ahí que los inmigrantes irregulares sufran las mayores dosis de rechazo.

De este modo, los inmigrantes se enfrentan al rechazo abierto o a una “integración” subordinada, puesto que las creencias de los otros son, casi siempre, vistas como elementos de fundamentalismo, lo que equivale a focos de conflicto o de choque, sobre todo si se trata de musul-manes, que se toman como el arquetipo a través del cual se piensa en la inmigración. Por eso, la mejor respuesta a esta situación es la asimilación cultural y la negación del pleno derecho de la ciudadanía; incluso por aquellos que no se consideran racistas.

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De ahí que parte de la población española sostiene que la llegada continua de población extranjera provo-ca efectos negativos en la cultura nacional, y que no debe destinarse dinero para su integración, ni debe ser regularizada. Más aún, en los discursos de algu-nos partidos políticos sobresalen estructuras semán-ticas que resaltan la diferencia de apariencia, cultura y conducta; o la desviación de las normas y de los valores, que toman forma en lemas del tipo “defiende tu identi-dad”, “defiende tus derechos”. Todo esto alentado con una conciencia nacionalista basada especialmente en lo étnico. Se exige para otros lo que incluso no tiene ni el propio nacional.

La identidad española se ha configurado en oposición al “otro”, y se ha definido a partir de dimensiones de naturaleza abstracta y simbólica, más que de cuali-dad. O lo que es igual, los patrones culturales que se definen como propios y que dibujan la identidad espa-ñola —tales como el idioma, las creencias religiosas, gastronomía o festividades, entre otros—, no sólo no son propios, puesto que son visibles en muchos otros lugares de fuera del Estado español, sino que parte de la población nacional no se identifica con ellos; de ahí que la naturaleza de la identidad nacional sea impre-cisa. Más aún, en el marco del Estado español, varios territorios reivindican para sí una identidad singular, no sólo con base en el idioma, como puede ser el caso del catalán, euskera o gallego, sino también basados en costumbres y tradiciones. En suma, la propia Cons-titución española reconoce la diversidad lingüística y cultural del país.

El sentimiento de amenaza, en tiempos de crisis eco-nómica, se ve complementado sobre todo por el de competencia sobre los recursos limitados, tales como el empleo, la vivienda, la sanidad, etc., lo que lleva también a magnificar la presencia de los inmigrantes. De ahí que un número importante de españoles opine que sólo deben aceptarse inmigrantes cuando no se en-cuentren españoles para hacer su trabajo. Atendiendo a lo anterior, se supone que la estabilidad económica se verá afectada en épocas de crisis al reducirse las po-sibilidades en el mercado laboral, menoscabando la calidad de los empleos. Más aún, como apunta Martí-nez (1998), en el mercado de trabajo, en épocas de creci-miento económico, existe una sustitución de la mano de obra local por la extranjera, especialmente en aque-llos trabajos del mercado secundario donde también se produce una complementariedad laboral. De esta manera, la competencia por los recursos con los in-migrantes sólo queda reducida a ciertos estratos de la

población nativa. Sin embargo, en etapas de recesión la competencia alcanza a un número mayor de pobla-dores autóctonos, tal y como ocurre en la actualidad, cuando un gran número de españoles que han perdido su trabajo ahora lo buscan en segmentos laborales ocu-pados por los inmigrantes desde hace dos décadas. Al-gunos de estos segmentos son agricultura, servicios de proximidad —cuidado de ancianos y niños, limpieza doméstica, etcétera— y construcción. Por esto, Rinken y Velasco (2010), en un estudio cualitativo para Anda-lucía, sostienen que se ha reducido el discurso solida-rio y funcionalista —los inmigrantes son necesarios—, para aumentar otro excluyente y desconfiado.

No obstante, en nuestro caso hemos comprobado que en el período analizado esta situación es secundaria a la hora de manifestar el sentimiento negativo hacia el exo-grupo. En 1997 España estuvo sometida a una crisis eco-nómica que llevó la tasa de paro a cifras muy elevadas, pero mantenía una de las tasas de extranjería más bajas en la Europa de esos años; con una xenofobia más reduci-da que en períodos posteriores, especialmente en el bie-nio 2006/2007, cuando se alcanzaron mayores niveles de crecimiento económico y menores tasas de desempleo de la historia, pero, por el contrario, la tasa de inmigración superó más del 10% de la población.10

Realidad que se ve ratificada cuando la tasa de paro real en el primer período no tiene significación estadística a la hora de predecir la variabilidad del sentimiento antiin-migrante, y sí sucede posteriormente. Proponemos que la explicación de esta realidad tiene mucho que ver con el papel que han desempeñado los medios de comunicación de masas en este período, puesto que en éste son casi in-calculables los encuadres noticiosos que hacen referen-cia a los inmigrantes, utilizando conceptos como los de avalancha. Por eso, Igartua y Muñiz (2004) encuentran una correlación positiva y significativa entre el núme-ro de noticias publicadas por los diarios de información general y el porcentaje de encuestados que indican los problemas de la inmigración para el país. Asociación que pone de manifiesto que la cobertura informativa se puede convertir en un factor fundamental a la hora de considerar el fenómeno migratorio como un problema y, por extensión, en una fuente de prejuicios y estereotipos que derivan en racismo.

10 Señalamos que la crisis actual (2008-2013) presenta indicadores macro y microeconómicos peores que los alcanzados en la de 1996-1997, reflejando una crisis más profunda. No obstante, teniendo en cuenta los barómetros del CIS, la inmigración aparece, en la actualidad, como el décimo cuarto problema de los españoles.

Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007)Juan Carlos Checa Olmos, Ángeles Arjona Garrido

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También, la variable individual de desempleado tiene mayor peso en las etapas de expansión económica, con mayor tasa de inmigración. Esta situación responde a que, en un principio, el mercado laboral que ocupan los inmigrantes (agricultura y construcción, princi-palmente) es complementario del desempeñado por los propios. Incluso, la discriminación laboral sobre los primeros permite a estos últimos acceder a empleos para los cuales inicialmente no tienen la cualificación. Sin embargo, con el paso del tiempo los inmigrantes han ido ocupando otros nichos laborales (sector servi-cios) que sí han comportado competencia con la pobla-ción original, en especial con aquellos que presentan mayores desventajas (por ejemplo, nivel educativo bajo). Más aún, un número importante de la población nacional percibe la competencia también en los bene-ficios del Estado de Bienestar —vivienda, educación o sanidad—; por eso, de manera minoritaria destinarían dinero para el proceso de integración de los inmigran-tes o los regularizarían.

La “problematización” de la inmigración tiene a su vez una de sus raíces en los partidos políticos. Es cierto que en España existen diversos partidos políticos de extre-ma derecha con un claro discurso antiinmigración, entre los que destacamos España 2000 y Democracia Nacional, pero ninguno ha alcanzado representación política ni en los parlamentos regionales ni en los na-cionales. En sus programas electorales se puede leer que la inmigración masiva11 resulta problemática, fun-damentalmente en etapas de recesión económica (So-lana 2009) como la que sufre España en la actualidad. En algunos de estos discursos se culpa a la inmigración del deterioro del Estado Social: reciben del Estado más de lo que aportan, incrementan los índices de violen-cia y delincuencia, quitan los trabajos a los españoles y reducen sus sueldos. Pero también sostienen que la inmigración es un peligro para la identidad nacional y cultural del país y, por ello, genera inevitablemente conflictos interétnicos. Ante esta situación proponen como solución el cierre de fronteras y la expulsión de los inmigrantes irregulares, forzar la asimilación de los patrones culturales españoles, e incluso limitar los derechos de los inmigrados.

Partiendo de la base que estas propuestas son propias de partidos políticos de extrema derecha sin represen-tación parlamentaria, el papel de estos discursos anti-

11 En ambas formaciones sostienen que una tasa inferior al 5% de población extranjera es aceptable, pero que el incremento de esta cifra genera desajustes en todos los campos de la sociedad.

inmigrantes en España no debería ser influyente. Pero el problema reside en que algunas de estas propuestas son recogidas en los programas electorales de otros partidos que no sólo tienen representación política en el Parlamento, sino que ocupan el poder en la mayoría de las administraciones locales y regionales, así como en el Gobierno nacional. Éste es el caso del Partido Po-pular, que en su programa electoral incluyó exigir un contrato de integración a los inmigrados, en el que éstos demostraran conocimiento cultural e histórico de España; expulsar a los que han entrado de forma irre-gular; limitar las reagrupaciones, etc. Más aún, con su llegada al poder han reducido sus derechos, como facilitar un acceso universal y gratuito al sistema sani-tario para los indocumentados, reduciéndolo al uso de los servicios de urgencia, pero no de especialistas.12 De manera que los inmigrantes deben pagar la consulta de médicos privados.

Es cierto que se opta por esta medida en períodos de crisis, justificada por el Gobierno con base en el aho-rro económico, pero esta acción, u otras, tales como limitar la reagrupación familiar, derechos ya alcanza-dos por los inmigrantes, se incluyen dentro del ideario político sobre inmigración. Sobre este punto, podemos referirnos a lo que Zapata-Barrero (2009) ha llamado gobernance hypothesis, para mostrar que si el Gobierno afrontara la integración de los inmigrantes de forma inclusiva, ofreciendo una ciudadanía cívica —derechos humanos—, en vez de credencialista —estar regula-do—, dejara de transmitir a la población los esfuerzos que se realizan en el control de los flujos o abandonara las estrategias de asimilación, el sentimiento negativo hacia el exogrupo sería aún mayor. Por eso, cuando se han producido los diferentes procesos de regulariza-ción masiva, los barómetros del CIS han mostrado que la inmigración se ha convertido en uno de los principa-les problemas que tiene el país.

Por último, las actitudes hacia el exogrupo se funda-mentan en prejuicios y estereotipos que se construyen y consolidan por la falta de contacto intergrupal. Para la mayoría de los españoles los resultados han mostra-do que, aunque existe un incremento, las relaciones son reducidas, tanto en lo afectivo como en el contacto oca-sional. Esta ausencia no se debe tanto a la ausencia de

12 Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, e incluso algunas regidas por el PP, están incumpliendo la ley, al amparo de que las competencias en materia sanitaria son transferidas a las comunidades autónomas. También, muchos médicos están haciendo objeción de conciencia ante tal situación.

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espacios comunes, sino que es fruto de la instrumentali-zación del inmigrante como agente que degrada. Esto lo podemos comprobar, sobre todo, a través de los matrimo-nios mixtos. Si bien es cierto que —según los resultados que ofrece la fuente estadística del Movimiento Natural de Población (MNP) elaborada por el INE— el número de parejas entre españoles e inmigrantes va aumentando paulatinamente, no lo es menos que el lugar de elección de los cónyuges empieza a estar cada vez más consoli-dado, a saber: las mujeres españolas contraen mayo-ritariamente con parejas europeas, y los hombres, con latinoamericanas y europeas.

En definitiva, y de acuerdo con los resultados de la percepción que la sociedad española muestra sobre los inmigrantes, existen tres “tipos ideales” de personas (Cea D´Ancona 2009): el utilitarista, el diferencialis-ta y el pluralista. El utilitarista refleja una concep-ción instrumental y económica de la migración. Los inmigrantes son percibidos únicamente como fuerza de trabajo que debe ser utilizada, siempre y cuando no exista población nacional para realizar esas activi-dades. El diferencialista pone el acento en cuestiones culturales, es decir, no entiende a los inmigrantes sin su contenido étnico, cuya respuesta es un marcado et-nocentrismo y ataque a la homogeneidad.

Por último, el grupo pluralista, cada vez más minori-tario, presenta valores tolerantes y de reconocimiento de la población extranjera. De este modo, la pobla-ción española xenofílica (Cea D´Ancona 2009; Cea D´Ancona y Valles 2012) se adscribe a este tipo de ideal a través de unos discursos que asocian la inmigración a un fenómeno de necesidad, especialmente en épocas de bonanza (Rinken y Velasco 2010). Por ello, y como apuntan Cea D´Ancona y Valles (2012), se distinguen tres dimensiones: una vinculada a la carencia, en cuyo discurso aparecen los conceptos de pobreza —hambre o subsistencia, como ejes principales—, desarraigo —tristeza— y prosperidad —supervivencia—. En una línea similar, Retis (2004) habla de discursos de com-pasión cuando estudia la opinión que los medios de comunicación transmiten de algún colectivo latino,13 e incluso, el Colectivo Ioé (1995) se refiere a esta dimen-

13 Más concretamente, descubre que este sentimiento de empatía sobresale con los ecuatorianos, en especial a partir del accidente en el que murieron doce personas de esta nacionalidad tras ser arrollado su coche por un tren, cuando iban a trabajar a las explotaciones agrícolas murcianas, puesto que tras este suceso ponen énfasis, y se visibilizan las pésimas condiciones laborales que padecen. Sin embargo, los colombianos, a partir de los titulares periodísticos, infunden temor.

sión como un discurso igualitarista paternalista, y Rinken y Velasco (2010) lo llaman solidario y funciona-lista. La segunda dimensión se relaciona con aspectos laborales: mano de obra barata, trabajadores explo-tados o estrategias para ganarse la vida. Y la tercera dimensión se refiere a la riqueza, o bien por su apor-tación cultural, a través del posible mestizaje, o bien por el beneficio económico que aportan los inmigrados a las arcas del Estado o la posibilidad de movilidad so-cial ascendente que facilitan a la población nacional (Pajares 2010).

Y, evidentemente, aunque nuestros datos no recogen de manera específica las diferencias por orígenes, las actitudes de los españoles varían en función de la pro-cedencia de los inmigrantes, tal y como muestran otras investigaciones (véanse, entre otros, Díez 2005; Lorite 2007; Pérez Yruela y Desrues 2005). Los latinoamerica-nos, debido a las similitudes culturales por el idioma y la religión, como apuntábamos más arriba, son los elegidos (Izquierdo, López y Martínez 2003), puesto que gozan de mayores dosis de xenofilia, tanto de la población como de las acciones políticas. Actitudes que en ciertas ocasiones están siendo empañadas por las noticias que se ofrecen de las bandas latinas o de la prostitución. De igual modo, los europeos también son bien vistos, hasta el punto que algunos dejan de ser in-migrantes, para ser llamados turistas o guiris, y otros, en especial los llegados del Este, por su capacidad de asimilarse a nuestras pautas culturales; aunque como en el caso anterior, las continuas noticias sobre actos delictivos cometidos por bandas llegadas desde Rusia, Bulgaria o Rumania están empeorando su percepción. Por último, los africanos son el colectivo peor valorado, a partir de la distancia cultural que se les atribuye, por un lado, y por ser el colectivo que mayor irregularidad presenta, por otro. De ahí que, como consecuencia, los inmigrantes irregulares generen un mayor rechazo que los regulados.

En resumen, en sociedades cada vez más multiétnicas se deben hacer esfuerzos para potenciar la visión pluralis-ta, a sabiendas de que tanto los medios de comunicación como los discursos políticos deben cambiar totalmente sus estrategias, puesto que, para ambas fechas, la ame-naza percibida —identitaria y poblacional—, junto a las posibles acciones políticas —regularizar—, son los prin-cipales ejes explicativos del sentimiento antiinmigran-te, y casi con independencia de la situación económica real. En caso contrario, tal y como ha ocurrido hasta la actualidad, se irán sucediendo actos xenófobos hacia co-lectivos o individuos.

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* Este artículo es resultado de la investigación de la tesis doctoral “Propuesta de un modelo para evaluar la e-inclusión. El caso colombiano”, financiada por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y la Universidad del Magdalena, Colombia.

v Magíster en Informática por la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Profesora asistente de la Universidad del Magdalena (Colombia) y miem-bro del Grupo de investigación y desarrollo en organizaciones, sistemas y computación (GIDOSC) de la misma universidad (Grupo reconocido por Col-ciencias). Coautora, junto con Jenny Marcela Sánchez Torres, de La sociedad de la información: génesis, iniciativas, concepto y su relación con las TIC. UIS Ingenierías 11, n° 1 (2012): 113-128. Correo electrónico: mpgonzalez@unimagdalena.edu.co

D Doctora en Economía y Gestión de la Innovación y Política Tecnológica por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Profesora asociada de la Uni-versidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo de investigación en gestión y organización (Griego) de la misma universidad (grupo reconocido por Colciencias). Coautora, junto con Mayda Patricia González Zabala, de Análisis de variables e indicadores empleados para medir la sociedad de la información. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería 30, n° 3 (2012): 433-446. Correo electrónico: jmsanchezt@unal.edu.co

Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011*

RESUMENColombia ha puesto en marcha diferentes estrategias orientadas a desarrollar la Sociedad de la Información (SI) buscando mejorar el crecimiento económico y la participación de los ciudadanos. Para comprender las acciones adelantadas, se realizaron tres tipos de análisis: los sectores que apoyan, su población objetivo, y si tienen asociados elementos de e-inclusión, es decir, elementos que permitan la inclusión de la población en la SI. Los resultados evidencian que se están apoyando los sectores de educación, gobierno, competitividad y cultura; la población beneficiaria son los ciudadanos; específicamente, hay cuatro iniciativas que se enfocan en tres grupos vulnerables: minorías étnicas, discapacitados y población de bajos recursos; y las iniciativas se enfocan en generar las condiciones necesarias para desarrollar la SI.

PALABRAS CLAVESociedad de la Información, e-inclusión, políticas públicas, brecha digital, Colombia.

Fecha de recepción: 7 de octubre de 2011Fecha de aceptación: 5 de julio de 2012Fecha de modificación: 15 de marzo de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.10

Mayda Patricia González Zabalav – Jenny Marcela Sánchez TorresD

Analysis of Information Society Inclusion Strategies of the Colombian Government Proposed Between 2000 and 2011

ABSTRACTColombia has implemented various strategies to develop an Information Society —IS— aiming to improve economic growth and citizen participation. In order to better understand these actions, three analyses were proposed: i) supporting sectors of society; ii) the target population; and iii) the elements of e-inclusion, i.e. elements that allow the inclusion of the population in the IS. The results show that the sectors supported are: education, government, competitiveness, and culture; citizens are the target population of Colombian initiatives; specifically, there are four initiatives which target three vulnerable population groups: ethnic minorities, disabled people, and low income groups; and the efforts of the Colombian government have focused on a creating the conditions necessary for developing IS.

KEY WORDSInformation society, strategies, e-inclusion, Colombian government, analysis.

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Análise das estratégias do Governo colombiano para a inclusão dos cidadãos na Sociedade da Informação propostas desde 2000 até 2011

RESUMOA Colômbia vem implementando diferentes estratégias orientadas ao desenvolvimento da Sociedade da Informação (SI) ao buscar o melhoramento do crescimento econômico e da participação dos cidadãos. Para compreender as ações superadas, realizaram-se três tipos de análise: os setores que apoiam, sua população-alvo, e se têm associados elementos de e-inclusão, ou seja, elementos que permitam a inclusão da população na SI. Os resultados evidenciam que se estão apoiando os setores de educação, governo, competitividade e cultura; a população beneficiária são os cidadãos; especificamente, há quatro iniciativas que se enfocam em três grupos vulneráveis: minorias étnicas, pessoas com necessidades especiais e população de baixa renda; e as iniciativas se enfocam em gerar as condições necessárias para desenvolver a SI.

PALAVRAS-CHAVESociedade da Informação, e-inclusão, políticas públicas, brecha digital, Colômbia.

Las Tecnologías de Información y Comunica-ciones (TIC) han venido transformando so-cial, económica y culturalmente el mundo. Su desarrollo ha generado nuevas posibili-dades y transformado aspectos como las mo-

dalidades de comunicación entre personas, la manera de hacer los negocios entre las empresas y la forma de trabajar, entre otros. Este cambio se ha dado, antes que todo, como resultado del desarrollo y uso de apli-caciones en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la educación, con el desarrollo del e-learning, o en el gobierno, con la realización de trámites como el pago de impuestos (e-gobierno) (Sánchez, González y Sán-chez 2012). Este fenómeno se ha denominado como una nueva sociedad, la Sociedad de la Información (SI), en donde surgen nuevas opciones para el incremento de la productividad, el desarrollo económico y social, en especial en los países desarrollados, así como una es-trategia de progreso de los países en vía de desarrollo (Sánchez 2006).

Dado el propósito de la SI, varios países del mundo han buscado superar las brechas sociales, económi-cas y de oportunidad de la población a través de la implementación de este modelo de sociedad, con lo cual la SI se constituye en una estrategia para el de-sarrollo, el progreso y la prosperidad de la población (Cepal 2005; Sánchez 2006; Katz y Rice 2002). Para la implementación de la SI se han tomado acciones en-caminadas a incentivar la incorporación de TIC y el uso de internet en los diferentes ámbitos de la socie-

dad, así como a desarrollar iniciativas conjuntas en los ámbitos supranacional y regional.1

Uno de los esfuerzos más importantes en este sentido se dio en la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informa-ción — CMSI” (UTI y Naciones Unidas 2003). En este evento, 175 países, incluido Colombia, firmaron la “Declaración de Principios de Ginebra”, la cual promulga que:

Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, […] declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compar-tir la información y el conocimiento, para que las per-sonas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. (CMSI 2003)

Por su parte, en la misma cumbre, la sociedad civil propuso su visión y objetivos alineados con la “Declaración de Prin-cipios de Ginebra” estableciendo como compromiso:

1 Ver: Sánchez, González y Sánchez (2012), eLAC (2008), European Commission (2008), eLAC (2007), UTI y Naciones Unidas (2003) y CMSI (2003).

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[…] el constituir sociedades de la información y la comunicación centradas en la gente, incluyentes y equita-tivas. Sociedades en las que todas y todos puedan crear, utilizar, compartir y diseminar libremente la infor-mación y el conocimiento, así como acceder a éstos, con el fin de que particulares, comunidades y pueblos sean habilitados y habilitadas para mejorar su cali-dad de vida y llevar a la práctica su pleno potencial. (CMSI 2003, énfasis de las autoras)

En otras palabras, existe consenso en buscar, no sólo el crecimiento económico y las mejoras en la productividad, sino que todas las personas y comunidades puedan acceder, participar y aprovechar las oportunidades y beneficios de la SI, con el fin de que se puedan desarrollar de forma plena y sostenible. Sin embargo, se ha detectado que a pesar de los compromisos conjuntos y los esfuerzos realizados, el desa-rrollo de la SI es desigual en su impacto social y económico en los distintos países y regiones (Becerra 2003).

Esta situación se debe a que 1) existen heterogeneidades eco-nómicas y sociales entre los países, y dentro de cada uno de ellos; y 2) las acciones adelantadas para impulsar la SI varían entre los países.2 En consecuencia, la posibilidad de incorpo-rarse a la SI y acceder a sus beneficios está mediada por las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales existentes.3 Así mismo, cabe destacar que el desarrollo des-igual de la SI puede llevar a que se generen nuevas brechas o se ahonden las existentes (Salazar 2003 y 2004; Díaz et al. 2003), por lo cual es importante conocer los esfuerzos que se han hecho en Colombia para desarrollar la SI.

En este orden de ideas, y dada la importancia de la SI, desde los años noventa varios organismos supranaciona-les y nacionales se han interesado en proponer sistemas de evaluación para medir su avance, con el fin de hacer com-paraciones en el tiempo y entre regiones, así como para brindar elementos que permitan hacer ajustes a las políti-cas implementadas (Bianco et al. 2003a; Lugones et al. 2003). Por ejemplo, en la “Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información” (CMSI 2006a) y en el “Compromiso de Túnez” (CMSI 2006b) se hizo explícita la necesidad de ir evaluando los acuerdos establecidos en la Cumbre mundial de la SI.

Colombia no es ajena a los cambios que se han generado ni a los compromisos establecidos; por lo cual ha dise-ñado y puesto en marcha estrategias orientadas a la in-corporación de dicho modelo de sociedad (Departamento

2 Al respecto, ver: Comisión Europea (2008), Cepal (2007) y Bianco et al. (2003b).3 Ver: Calderón et al. (2008), Cepal (2007) y Chen y Wellman (2004).

Nacional de Planeación [DNP] 1998). En este sentido, el Gobierno nacional ha definido como visión para el año 2019 la premisa enunciada así: “todos los colombianos conectados e informados, haciendo uso eficiente y pro-ductivo de las TIC para mejorar la inclusión social y la competitividad” (Ministerio de Tecnologías de la Infor-mación y las Comunicaciones [MinTIC] 2010a).

De lo anterior surgen dos inquietudes: 1) conocer qué estra-tegias ha implementado el Gobierno colombiano en el pro-ceso de asumir y desarrollar la SI como modelo de sociedad; y 2) conocer cómo esas estrategias apuntan a la inclusión social. Para dar respuesta a las preguntas planteadas se rea-lizó, en el marco de la tesis doctoral Propuesta de un modelo para evaluar la e-inclusión. El caso colombiano (González 2010), una in-vestigación conformada por dos etapas: 1) identificación de acciones adelantadas por el Gobierno colombiano en pro de la incorporación de la SI como modelo de sociedad, para lo cual se revisaron como fuentes primarias los documentos oficiales disponibles en el el sitio oficial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min-TIC), identificando los propósitos, población objetivo y alcance de las inciciativas propuestas en el período de estu-dio, y 2) análisis de los resultados obtenidos en relación con la inclusión social de los ciudadanos a la SI, para lo cual se identificaron, a través de una revisión teórica, los factores que viabilizan la inclusión digital. A continuación se pre-sentan el marco teórico que sustenta el análisis propuesto, los resultados y las conclusiones obtenidas, así como la bi-bliografía que sustenta el presente trabajo investigativo.

La Sociedad de la Información (SI)De acuerdo con Castells (2006), el surgimiento de la SI se da a finales de los años sesenta y a mediados de los años se-tenta, a partir de la convergencia de tres procesos indepen-dientes: 1) la crisis económica y el agotamiento del patrón de acumulación característico del desarrollo industrial, manifestado en conflictos obreros que llevaron al debili-tamiento de la productividad del trabajo (Bergonzelli y Co-lombo 2006); 2) el surgimiento de los movimientos sociales y culturales que cuestionaron la cultura precedente, tales como el feminismo, el ecologismo, el antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, y 3) la revolución de la tecnología de la información (TI), lo cual permitió que se diera una redefinición histórica de las relaciones de poder, de producción y de experiencia sobre las que se basan las sociedades. Cabe destacar que dichas ideas se enmarcan en fundamentos positivistas, en donde se asocian el progreso, el bienestar y la ausencia de conflicto como variable funcio-nal (Becerra 2003; Banegas 2003).

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Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos Mayda Patricia González Zabala, Jenny Marcela Sánchez Torres

Por su parte, Becerra (2003) establece que entre las causas del origen de la SI se encuentran el agotamiento y la pos-terior modificación de las estrategias de crecimiento, con el salto tecnológico. Asimismo, es importante destacar que todas las teorías del cambio social que han trabajado en explicar y denominar la transición de un orden indus-trial a un nuevo orden social han encontrado en común el atribuir a las TIC un rol importante y decisivo en los nuevos tipos de comunicación asociados a ellas, a pesar de que difieren en las formas y características de dicho orden social (Commission to the Council et al. 2007).

La SI ha sido definida como “la sociedad que considera que el motor del desarrollo social y económico está en la información y el conocimiento, a través de la implanta-ción y el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en todos los ámbitos”, en donde “todos los ámbitos” hace referencia a promoción y gestión, administración digital, formación y divulgación, e in-fraestructuras y telecomunicaciones (Sánchez 2006, 50). Entre los aspectos que la caracterizan, identificados por Sánchez, González y Sánchez (2012), están:

• Su principal recurso y elemento central es la informa-ción; en ella se sustentan la economía y las relaciones sociales que estructuran la sociedad, mediante el uso de las TIC.

• Cambio en los hábitos de las personas, en su forma de trabajar, en las relaciones interpersonales y en las comunicaciones.

• La SI afecta a la economía, la sociedad y las organi-zaciones.

• El concepto de SI está asociado al uso de las TIC.• Desde el ámbito empresarial se desarrollan nuevas

habilidades para gestionar adecuadamente tanto los recursos tecnológicos para obtener la información como la información misma.

• Desde el punto de vista político, rompe las fronteras y los límites culturales, sociales, económicos, etcétera.

La inclusión en la Sociedad de la InformaciónLa inclusión en la SI ha sido denominada como e-inclusión o inclusión digital (e-inclusion o digital inclusion),4 y se enfoca en el aprovechamiento de los beneficios que ofrece la SI por parte de todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones de salud, economía, edad, género o ubicación geográfica (European Commission 2007).

4 Ver: Dijk (2005), Hargittai (2002) y DiMaggio et al. (2004).

La e-inclusión también es denominada por algunos autores como la segunda brecha digital, dado que apunta al aprove-chamiento de las TIC y la participación de las personas que tienen acceso a ellas (Trucano 2010; European Commission 2009), llevando a un segundo nivel la brecha digital (digital divide), la cual se enfoca en el acceso a las TIC e internet.5 De acuerdo con Mancinelli (2007), la brecha digital tiene tres facetas: la brecha digital temprana o brecha de acceso, la cual considera la brecha entre quienes tienen y no tienen acceso; la brecha digital primaria o brecha de uso, que se concentra en los que tienen acceso pero no son usuarios; y la brecha digital secundaria o brecha de calidad de uso, que mira las diferencias entre la participación de los que tienen acceso y los usuarios.

Es importante mencionar que la conceptualización sobre qué es la e-inclusión aún está en construcción, y hay pocos trabajos investigativos y pocas fuentes de litera-tura publicada sobre el tema. Autores como DiMaggio et al. (2004), Warschauer (2004), Dijk y Hacker (2003) y Hargittai (2002) coinciden en que no existe ya una única brecha digital, sino muchas brechas digitales que se so-lapan entre sí. En este sentido, persiste la necesidad de crear un marco teórico con el fin de entender la e-inclu-sión (Verdegem 2011). Al respecto, Almuwil, Weerakko-dy y El-Haddadeh (2011) han hecho una recopilación de cinco teorías y modelos adaptados a la e-inclusión.

La primera teoría es la propuesta de Bradbrook y Fisher (2005), conocida como las cinco Cs de la inclusión o mo-delo en escala. En ésta, los autores proponen como claves para la inclusión: la conectividad o el acceso a internet; las capacidades, entendidas como las habilidades para el uso de las TIC; el contenido; la confianza en el uso de las TIC, y la continuidad. La segunda propuesta es la de Dijk, siendo sus trabajos los más antiguos y citados sobre el tema. El autor propone cuatro criterios clave para la e-inclusión: el acceso motivacional asociado al interés por el uso de las TIC; el acceso material, que se enfoca en analizar la disponibilidad de acceder a TIC, en especial a internet; el acceso de habilidad asociado a las habilida-des que las personas tienen para hacer uso de las TIC; y el acceso de uso, referido al uso significativo de las TIC (Dijk 2006; Dijk y Hacker 2003).

La siguiente propuesta identificada es el modelo de re-cursos digitales, que permite determinar la exclusión. Los aspectos clave son: acceso a TIC, habilidades y ac-titudes frente al uso de TIC, y el acceso que las perso-

5 Sobre el tema, ver: Díaz et al. (2003) y Dijk (2005).

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nas tienen a las tecnologías (Hesper 2008). La cuarta es el perfil ASA y la teoría de utilidad relativa, propuesta por Verdegem y Verhoest (2008). Esta teoría busca esta-blecer medidas de integración y determinar perfiles de población, específicamente, grupos homogéneos. Pro-pone como criterios de inclusión el acceso a las TIC, las habilidades y la actitud hacia la tecnología. La última

propuesta es el índice de e-inclusión, el cual pretende medir el progreso en el desarrollo de las TIC y el avance de la e-inclusión. Está estructurada en tres componen-tes: acceso a internet, su uso, y su impacto en la socie-dad (Bentivegna y Guerrieri 2010). Una síntesis de las propuestas identificadas por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de los modelos y teorías de e-inclusión identificados por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh

Teorías y modelos Descripción Criterios clave

1Las 5 Cs de la e-inclusión

(Bradbrook y Fisher 2005)

Identifica cinco criterios que influyen en la e-inclusión. Este modelo también es conocido como modelo de escala.

• Conectividad (acceso).

• Capacidad (habilidades).

• Contenido.

• Confianza (autoeficacia).

• Continuidad.

2

Modelo de los cuatro tipos sucesivos de acceso.

(Dijk 2006; Dijk y Hacker 2003)

Se caracteriza por proponer cuatro tipos sucesivos de acceso, los cuales son denominados obstáculos o barreras en el camino de la información y la sociedad en red.

• Acceso motivacional: interés en el uso de TIC.

• Acceso material: disponibilidad de PC e internet.

• Acceso de habilidades: falta de conocimientos informáticos.

• Acceso de uso: falta de oportunidades de uso significativo.

3Marco de los recursos digitales

(Hesper 2008)

Revisa los marcos que determinan la exclusión, tales como los factores que no son fáciles de superar por sí mismos, o por la opción digital (escoger si se usa la tecnología). Esta propuesta plantea cuatro categorías.

• Acceso a TIC.

• Habilidades.

• Actitudes.

• Grado de acceso a las tecnologías.

4El perfil ASA y la teoría de utilidad relativa

(Verdegem y Verhoest 2008)

Se articula en torno al concepto de unidad relativa, que trata de establecer medidas de integración. El método permite identificar fácilmente grupos homogéneos de población (perfil ASA).

• Acceso a TIC.

• Habilidades.

• Actitud hacia la tecnología.

5Índice de e-inclusión: enfoque múltiple

(Bentivegna y Guerrieri 2010)

El índice pretende medir el progreso en el desarrollo de las TIC y el avance de la e-inclusión. Se estructura en tres componentes (acceso, uso e impacto en la calidad de vida) y en doce subíndices.

• Acceso a internet: redes de trabajo.

• Uso de internet: autonomía, intensidad, habilidades.

• Impacto de internet: e-educación, e-salud, e-trabajo, e-gobierno, e-economía, e-cultura y comunicaciones.

Fuente: adaptado de Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh (2011).

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Se puede apreciar que todas las propuestas identificadas por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh sugieren consi-derar los aspectos de acceso a TIC e internet, y las habilida-des en el manejo de tecnología; a su vez, cuatro de las cinco propuestas plantean tener en cuenta los aspectos motiva-cionales y de actitud frente a las TIC y su uso significativo. Aspectos tales como el contenido y el impacto de internet sólo son contemplados por una propuesta. La síntesis de los aspectos relacionados con la e-inclusión identificados por las propuestas en estudio se presenta en la tabla 2.

Cabe destacar que la anterior síntesis fue realizada si-guiendo los aspectos generales de las propuestas; asi-mismo, será tomada en consideración para realizar el análisis de las iniciativas que adelanta el Gobierno co-lombiano, las cuales se presentan a continuación.

Identificación de acciones adelantadas por el Gobierno colombiano en pro de la incorporación de la SI como modelo de sociedadEl Estado colombiano, consciente de que las TIC son un elemento importante para incrementar la compe-titividad del país y que son una inversión que se paga a sí misma, ha desarrollado políticas y planes orien-tados a establecer las acciones que permitan su incor-

poración y aprovechamiento como una herramienta dinamizadora del desarrollo económico y social del país; tales políticas han incluido desde la regulación de las telecomunicaciones y de los servicios relaciona-dos con internet e incentivos a las empresas para inno-var hasta la modernización del Estado y la prestación de servicios en línea (Ministerio de Comunicaciones República de Colombia y Departamento Nacional de Planeación 2000).

Los primeros esfuerzos se dieron en 1997, cuando se co-menzaron a desarrollar iniciativas tales como:

• “Lineamientos para un Política Nacional de Informá-tica”, donde se establecen los lineamientos para la po-lítica en el sector (República de Colombia 1997).

• “Bases para una Política Nacional de Informática”, que establece las bases para la política en mención, y que fue creada con la participación del sector privado en el Foro Permanente de Alta Tecnología (República de Colombia 1998).

• El Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002, “Cambio para Construir la Paz”, propone el uso de las teleco-municaciones como apoyo para incrementar la pro-ductividad y la competitividad (DNP 1998).

• La Agenda de Conectividad, cuyo objetivo es masifi-car la TI para impulsar el desarrollo social y econó-mico de Colombia (Ministerio de Comunicaciones República de Colombia y Departamento Nacional de Planeación 2000).

Tabla 2. Síntesis de los aspectos considerados en los modelos y teorías en estudio

Modelos /teoríasLas 5 Cs de la e-inclusión

Modelo de los cuatro tipos sucesivos de

acceso

Marco de los recursos

digitales

El perfil ASA y la teoría de utilidad

relativa

Índice de e-inclusión:

enfoque múltipleAspectos

Acceso a internet – TIC X X X X X

Acceso motivacional —actitud frente a las TIC—: Confianza

X X X X

Contenido X

Continuidad X

Impacto de internet X

Habilidades X X X X X

Uso significativo X X X X

Fuente: elaboración propia con base en Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh (2011), Bentivegna y Guerrieri (2010), Bradbrook y Fisher (2005), Dijk (2006), Dijk y Hacker (2003), Hesper (2008), Verdegem y Verhoest (2008).

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• La Directiva Presidencial No. 02 de 28 de agosto de 2000 (República de Colombia 2000) instrumenta el obligatorio cumplimiento de la Agenda de Conectivi-dad por parte de todas las entidades públicas, a través de la estrategia “Gobierno en Línea” (Ministerio de Comunicaciones República de Colombia y Departa-mento Nacional de Planeación 2000).

El Gobierno, con el fin de recoger el esfuerzo realiza-do y orientarlo estratégicamente, establece la creación de un Plan Nacional de Tecnología de Información y de Comunicación —Plan TIC— liderado por el Ministerio de Comunicaciones, que busca ser una estrategia para generar el modelo de desarrollo denominado “la Socie-dad del Conocimiento (SC)”, a través del trabajo en cua-tro ejes transversales: comunidad; gobierno en línea; investigación, desarrollo e innovación, y marco nor-mativo, regulatorio e incentivos; y cuatro verticales: educación, salud, justicia y competitividad empresa-rial (Ministerio de Comunicaciones 2008b). El Plan TIC fue concebido a través del Plan de Gobierno 2006-2010 (Ministerio de Comunicaciones 2006).

Posteriormente, mediante el Decreto 1151 de 2008, se establecieron los lineamientos generales de la Estra-tegia de Gobierno en Línea, los cuales son de obligato-rio cumplimiento para todas la entidades que hacen parte de la administración pública del país (Minis-terio de Comunicaciones 2008a). Por último, con el objetivo de atender los cambios que habían surgido, el Ministerio de Comunicaciones se convirtió en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-municaciones, a través de la Ley 1341 de 30 de julio de 2009. En esta ley se creó el marco normativo del sector y se promueve “el acceso y uso de las TIC a través de la masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y en especial for-talecer la protección de los derechos de los usuarios” (Congreso Nacional 2009).

Así mismo, en octubre de 2010 se lanzó el Programa Vive Digital, el cual busca promover el acceso, uso y apropia-ción de las TIC en los diferentes sectores y por todos los actores de la sociedad que conforman el país, para lo cual pretende proponer políticas y programas orientados a conseguir dichos objetivos de forma progresiva y sosteni-ble (MinTIC 2010b).

En relación con las acciones orientadas a promover el acceso y los servicios de TIC, el Ministerio ha desarro-llado proyectos sociales y planes orientados a generar una infraestructura de inclusión digital en el país

(MinTIC 2011a; MinTIC 2011b). Dichos proyectos tienen un ámbito de aplicación nacional, y en la actualidad se encuentran en ejecución. En la tabla 3 se presenta la descripción general de los proyectos, y luego se desa-rrolla el análisis de dichas propuestas.

Análisis de las iniciativas adelantadas por el Gobierno colombianoPara el análisis de las iniciativas que ha puesto en mar-cha el Gobierno colombiano se tomaron en consideración tres elementos: 1) el sector al cual pretende apoyar; 2) la población beneficiaria de cada iniciativa, y 3) la síntesis de los aspectos considerados por los modelos y teorías identificados por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh (2011). A continuación se presentan los resultados obte-nidos en cada uno de los análisis.

Análisis respecto al sector que pretenden apoyarPara realizar el presente análisis se identificaron los secto-res de la sociedad que cada una de las iniciativas pretende apoyar. En este sentido, se encontró que sólo cuatro inicia-tivas apuntan a fortalecer sectores a través de las TIC. Los sectores en los cuales se están desarrollando las propuestas son: educación, gobierno, competitividad y cultura. Éstos son apoyados a través de los programas Computadores para Educar (CPE), Gobierno en Línea, Mipyme Digital y Tele-centros de Información, respectivamente. Es importante resaltar que el resto de las iniciativas se orientan a apoyar el desarrollo de infraestructura. En la tabla 4 se presenta la relación entre los sectores y las iniciativas.

Análisis respecto a la población beneficiaria Considerando que el objetivo del Gobierno nacional es que los colombianos hagan uso de las TIC para mejorar la inclusión social, es importante analizar a qué pobla-ción objetivo se enfocan las iniciativas propuestas. Para realizar el análisis se tomaron como punto de partida los grupos poblacionales vulnerables determinados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comu-nicaciones (2010b), los cuales son: mujeres y hombres cabezas de familia, desplazados, reinsertados, desmovi-lizados, minorías étnicas, desempleados, personas con discapacidad, comunidad LGTB. También se consideró analizar la población de bajo nivel económico.

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Tabla 3. Iniciativas del Gobierno colombiano para la SC

Tipo Iniciativa Propósitos

Social

Computadores para Educar (CPE) (Ministerio de Comunicaciones 2000)

• Proveer infraestructura.

• Implementar estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de TIC.

Gobierno en Línea (Congreso Nacional 2009)

• Proveer servicios del Estado en línea.

• Facilitar la participación del ciudadano.

• Construir un Estado más eficiente, transparente y participativo.

Compartel (Ministerio de Comunicaciones 2004)

• Permitir el acceso a internet y telefonía rural a zonas apartadas del país y en los estratos bajos.

Mipyme Digital (Ministerio de Comunicaciones 2008b)

• Promover el uso de TIC para apoyar los procesos operativos de las mipymes.

• Mejorar la productividad y competitividad.

Apropiación

Vive Digital Regional (MinTIC 2010c)

• Apropiación de TIC por parte de los ciudadanos.

• Apoyar con TIC los proyectos regionales de innovación y desarrollo tecnológico.

Telecentros de Información (MinTIC 2011c)

• Realizar procesos de asistencia, capacitación en alfabetización digital y apropiación de TIC.

• Asesorar el uso, la gestión y el aprovechamiento de las TIC y de la información.

• Rescatar las lenguas indígenas del país.

Ciudadano Digital (MinTIC 2010d)

• Formar y certificar a las personas en el uso y apropiación de TIC, específicamente internet.

• Busca que los ciudadanos usen de forma productiva las TIC en la vida diaria, y la generación de oportunidades.

Tecnología para la Inclusión (MinTIC 2010e)

• Dar acceso a la información y a la comunicación a las personas con discapacidad, así como proveer la infraestructura necesaria para el acceso.

Internet Sano (MinTIC 2011d)

• Prevenir y debilitar la pornografía, la explotación y el turismo sexual con menores. Esta estrategia se enmarca en la Ley 679 del 3 de agosto de 2001, expedida por el Congreso de la República de Colombia, y el Decreto 1524 del 24 de julio de 2004.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Comunicaciones (2000; 2004; 2008b), Congreso Nacional (2009), MinTIC (2010c), MinTIC (2011c), MinTIC (2010d), MinTIC (2010e) y MinTIC (2011d).

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Tabla 4. Relación entre iniciativas y sectores de la sociedad que son apoyados

IniciativaSector

e-educación e-gobierno Competitividad Cultura Otros

Computadores para Educar (CPE) X

Gobierno en Línea X

Mipyme Digital X

Telecentros de Información X

Compartel X

Vive Digital Regional X

Ciudadanos Digitales X

Tecnología para la Inclusión X

Internet Sano X

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Comunicaciones (2000; 2004 y 2008b), Congreso Nacional (2009), MinTIC (2010c), MinTIC (2011c), MinTIC (2010d), MinTIC (2010e) y MinTIC (2011d).

Una vez precisada la población en estudio, se procedió a identificar cuál era la población objetivo explícitamen-te definida en cada una de las iniciativas. Los resul-tados de esta actividad evidenciaron que la iniciativa Ciudadano Digital manifiesta que está dirigida a todos los ciudadanos y brinda condiciones especiales a todos los grupos poblacionales en condición de vulnerabili-dad bajo estudio. Las iniciativas de CPE y Compartel expresan que están dirigidas a cubrir las necesidades de la población o de sectores con bajos niveles económi-cos. En relación con el grupo poblacional de minorías étnicas, se identificó que la iniciativa de Telecentros de Información se enfoca en atender a dicha población a través de proyectos que permitan la conservación de su lengua nativa. En cuanto a la iniciativa denominada Tecnología para la Inclusión, ésta se enfoca en las per-sonas con discapacidad.

También se pudo establecer que, si bien el conjunto de las iniciativas apuntan a mejorar las condiciones de la población en relación con las TIC, en su mayoría, no están orientadas a atender a un grupo poblacional específico, sino a toda la población en general. En la tabla 5 se puede apreciar la relación entre los elemen-tos bajo estudio.

Análisis respecto a los aspectos considerados por los modelos y teorías en estudio

Para realizar este análisis se vinculó cada proyecto con los aspectos relacionados con la e-inclusión. Esta activi-dad permitió detectar que los programas CPE y Gobierno en Línea abordan aspectos de acceso a las TIC, contenido, impacto de internet y uso significativo; siendo éstas las iniciativas que más aspectos contemplan. Las iniciativas de Telecentros de Información, Ciudadanos Digitales y Tecnología para la Inclusión se enfocan en el aspecto de habilidades, mientras que el contenido es contemplado por las iniciativas de CPE, Gobierno en Línea, Tecnología para la Inclusión e Internet Sano.

Asimismo, se detectó que la mayoría de las iniciati-vas, seis de ocho, están enfocadas en facilitar el acceso a las TIC y en generar las condiciones que permitan un uso significativo para los ciudadanos. También se pudo observar que aspectos relacionados con la motivación y la continuidad no son considerados por ninguna de las iniciativas desarrolladas por el Gobierno. En la tabla 6 se puede apreciar en detalle la relación entre las iniciativas y los aspectos relacionados con la e-inclusión.

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Temas Varios

Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos Mayda Patricia González Zabala, Jenny Marcela Sánchez Torres

Tabla 5. Relación entre iniciativas y población beneficiaria

Iniciativa

Grupos en riesgo en Colombia

Computadores para Educar (CPE)

X X

Gobierno en Línea X

Compartel X X

Mipyme Digital X

Vive Digital Regional X

Telecentros de Información

X X

Ciudadanos Digitales X X X X X X X X X

Tecnología para la Inclusión

X X

Internet Sano X

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Comunicaciones (2000; 2004 y 2008b), (Congreso Nacional 2009), MinTIC (2010c), MinTIC (2011c), MinTIC (2010d), MinTIC (2010e) y MinTIC (2011d).

Consideraciones finales

En Colombia existe la intención manifiesta de incorpo-rar la SI como modelo de sociedad, con la finalidad de mejorar la competitividad del país y la inclusión social, por lo cual ha incorporado en su agenda diferentes políti-cas públicas orientadas a promover e incentivar su desa-rrollo en los diferentes ámbitos de la sociedad (Congreso 2009; Ministerio de Comunicaciones 2008b); así mismo, ha participado en iniciativas y proyectos conjuntos, tales como la Cumbre de la Sociedad de la Información y Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de Améri-ca Latina y el Caribe, y ha puesto en marcha diferentes iniciativas con el fin de atender las necesidades del país.6

Un análisis de dichas iniciativas permitió evidenciar que la mayoría de estas propuestas están enfocadas en

6 Ver: UTI y Naciones Unidas (2003), CMSI (2003), eLAC (2007) y Con-greso (2009).

proveer infraestructura de TIC y acceso a internet en las diferentes zonas del país, lo cual muestra el inte-rés del Gobierno en generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la SI. De igual manera, se detectó que los sectores de la sociedad que han comenzado a apoyarse en TIC son el educativo, el gubernamental, el cultural, y la competitividad. Dichas iniciativas son puntuales y no apoyan todas las dimensiones y los di-versos aspectos del sector.

Por otra parte, al analizar las iniciativas en relación con los usuarios, se encontró que éstas se orientan a la pobla-ción en general, y sólo cuatro iniciativas se enfocan ex-plícitamente en trabajar con población en condición de vulnerabilidad, de manera específica, con minorías ét-nicas, personas con discapacidad y nivel socioeconómi-co bajo. También se detectó que otros tipos de población vulnerable, tales como los desplazados, reinsertados, desmovilizados, LGTB, y mujeres y hombres cabezas de familia, sólo son considerados, explícitamente, por la iniciativa Ciudadano Digital.

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Tabla 6. Relación entre iniciativas y aspectos relacionados con la e-inclusión

Iniciativa

Aspectos relacionados con la e-inclusión

Ciudadanos Digitales X X X

Compartel X

Computadores para Educar (CPE) X X X X

Gobierno en Línea X X X X

Internet Sano X X

Mipyme Digital X X

Tecnología para la Inclusión X X X

Telecentros de Información X X

Vive Digital Regional X X

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Comunicaciones (2000; 2004 y 2008b), Congreso Nacional (2009), MinTIC (2010c), MinTIC (2011c), MinTIC (2010d), MinTIC (2010e) y MinTIC (2011d).

Lo anterior evidencia la necesidad de ir enfocando dichas iniciativas en el fortalecimiento de la participación de los ciudadanos en condición de vulnerabilidad, con el fin de ir generando procesos de inclusión digital; sobre todo si se considera que, dadas las condiciones del país, existen otros grupos de riesgo o vulnerables, los cuales tienen o presentan condiciones de desigualdad de diversos tipos:

• Institucional: que se da cuando existe poca o nula presencia del Estado o de los servicios que éste debe-ría ofrecer; cuando el desarrollo institucional local o regional no atiende a las necesidades básicas de la po-blación; cuando existen desequilibrio en la economía de mercado, dificultades de comunicación y relacio-nes de dependencia, y asentamientos en zonas de di-fícil acceso, rurales dispersas o urbanas marginales.

• Ambiental y del entorno: se presenta cuando no hay un manejo adecuado y sostenible del medioambiente; cuando hay presencia de cultivos ilícitos que ahondan los problemas económicos, sociales y culturales; con-diciones de extrema pobreza, expansión de la violencia armada y el desplazamiento forzoso, la falta de docu-mentación, y el contrabando en zonas de frontera.

• Salud: se da cuando existen problemas de seguri-

dad alimentaria, de desnutrición, y los altos índi-ces de mortalidad.

• Cultural: se manifiesta en situaciones de discrimina-ción, extinción biológica, social y cultural, afectacio-nes a la integridad, a la capacidad de perdurar y a la falta de legitimidad en el contexto de la sociedad.

• Educativo: que se presenta con bajos índices de es-colaridad y baja calidad, así como en las dificulta-des frente a los procesos de aprendizaje (Colombia Aprende 1999).

Finalmente, en un tercer análisis respecto a si estas ini-ciativas tienen elementos de e-inclusión, se determinó que se han orientado a proveer acceso a las TIC y a promo-ver su uso significativo. Los aspectos de contenido y de impacto de internet también fueron considerados. En re-lación con la generación de habilidades, se encontró que existen tres iniciativas que abordan dicho aspecto, y que una de ellas se orienta a trabajar con población en condi-ciones de vulnerabilidad. Por otra parte, ninguna de las iniciativas bajo estudio se ha enfocado en mirar aspectos motivacionales, lo cual deja ver la necesidad de abordar dicho tema, con el fin de tener elementos que permitan poner de manifiesto los intereses de la población.

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Temas Varios

Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos Mayda Patricia González Zabala, Jenny Marcela Sánchez Torres

Cabe destacar que para desarrollar el último análisis se realizó una síntesis de los factores claves propuestos en los cinco modelos y teorías identificadas por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh (2011). Así mismo, se puso de manifiesto que la e-inclusión es un tema aún por explo-rar, en el cual hay pocos estudios e investigaciones, y su conceptualización está por construirse.

En síntesis, se pueden apreciar los esfuerzos que el Go-bierno colombiano ha adelantado en el impulso a la SI, generando las condiciones necesarias para comenzar su implementación y desarrollo. De igual manera, ha es-timulado la creación de nuevas dinámicas en aspectos claves para el país, como la educación, el gobierno, la competitividad y la cultura. Así mismo, ha comenzado a enfocarse en poblaciones vulnerables, con el fin de ir subsanando las brechas de oportunidad existentes.

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* Investigación presentada para optar al grado de Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile.v Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile. Administrador público de la Universidad de Chile. Entre sus más re-

cientes publicaciones se cuentan: Conceptualización del otro en la guerra de Afganistán: en los límites de la subjetividad. Ponencia presentada en el 6º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. ALACIP y FLACSO, Ecuador, 2012, y La violencia como forma política. Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Ciencia Política. Sociedad Argentina de Análisis Político y Universidad Católica de Córdoba, Argentina, 2011. Correo electrónico: leyton.tomas@gmail.com

Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados*

RESUMENEste trabajo busca establecer continuidades y rupturas entre los discursos relacionados con la guerra de Afganistán de intelectuales, políticos y soldados. Los soldados fueron interrogados a través del Diario de la Guerra Afgana filtrado por Wikileaks, y la construcción conceptual del discurso de los políticos se basó en las Estrategias de Seguridad Nacional y otros documentos pertinentes. Uno de los hallazgos más importantes es la forma de nombrar al enemigo. Mientras que los soldados utilizan la palabra talibán, los políticos usan terrorista y los intelectuales utilizan la palabra “insurgentes” demostrando heterogeneidad y poca penetrabilidad discursiva entre los actores.

PALABRAS CLAVETalibán, insurgencia, terrorismo, análisis del discurso.

Continuities and Ruptures in the Discourses of the Afghan War: Intellectuals, Politicians, and Soldiers

ABSTRACTThis work seeks to establish continuities and ruptures between the discourses related to the war in Afghanistan by intellectuals, politicians, and soldiers. Soldiers were questioned through the Afghan War Diary filtered by Wikileaks, and the conceptual construction of the discourse of politicians was based on the National Security Strategy and other relevant documents. One of the most important findings is the naming of the enemy. While soldiers use the word Taliban, politicians use terrorist, and intellectuals use the word “insurgents”, showing heterogeneity and little discursive penetration among actors.

KEY WORDSTaliban, insurgency, terrorism, discourse analysis.

Continuidades e rupturas nos discursos da guerra do Afeganistão: intelectuais, políticos e soldados

RESUMOEste trabalho procura estabelecer continuidades e rupturas entre os discursos relacionados com a guerra do Afeganistão de intelectuais, políticos e soldados. Estes foram interrogados através do Diário da Guerra Afgã filtrado pelo Wikileaks, e a construção conceitual do discurso dos políticos se baseou nas Estratégias de Segurança Nacional e em outros documentos pertinentes. Uma das descobertas mais importantes é a forma de nomear o inimigo. Enquanto os soldados utilizam a palavra “talibã”, os políticos usam “terroristas”, e os intelectuais utilizam a palavra “insurgentes”, o que demonstra heterogeneidade e pouca penetrabilidade discursiva entre os atores.

PALAVRAS-CHAVETalibã, insurgência, terrorismo, análise do discurso.

Fecha de recepción: 7 de octubre de 2011Fecha de aceptación: 7 de mayo de 2012Fecha de modificación: 4 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.11

Tomás Leytonv

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El hecho de no pensar lo que pensaban los nazis impide también pensar lo que hacían y, en consecuencia, veda toda política real de prohibición del retorno de ese accionar. Mientras no se lo piense, el pensamiento nazi permanecerá entre nosotros impensado y, por consiguiente, indestructible. (Badiou 2009, 15)

La guerra de Afganistán

Las acciones militares que han marcado con mayor fuerza lo que va de siglo sin duda son dos conflictos bélicos particulares: uno en Irak y el otro en Afganistán. Ambos han sido, de una u otra forma, vinculados a las redes

terroristas que han causado estragos en la seguridad en Occidente desde el 11 de septiembre de 2001. Durante toda la primera parte del despliegue de tropas en Afga-nistán e Irak, se trabajó bajo la consigna de combatir el terrorismo internacional, pues por ese entonces se pro-clamó, por parte de Estados Unidos, y posteriormente por la OTAN, la Guerra contra el Terrorismo (WoT, por su sigla en inglés: War on Terrorism), y en Afganistán, específicamente, la operación Paz Duradera (Enduring Freedom). Se sabía que se combatía contra un enemigo difícil, pero se tenía confianza en el potencial tecnoló-gico de comienzos del siglo XXI.

Es indiscutible que la situación de Afganistán hoy en día es problemática, y difícilmente dejará de serlo en el corto plazo; así lo ilustran un tibio retiro de tropas y los constantes atentados, así como un incierto futuro sobre la misión de Naciones Unidas. Por su parte, la “exportación” de opio sigue siendo un problema irre-suelto, al igual que la desarticulación de Al Qaeda. A esto se suma la publicación de cerca de 76.000 docu-mentos que conforman el Diario de la Guerra Afgana (Afghan War Diary) (AWD 2010) filtrado por Wikileaks, que corresponden a reportes de guerra escritos por los soldados en el campo de combate. Éstos revelaron que la construcción de discursos sobre la guerra es una cuestión política, y que hay muchas verdades que la retórica maquilla o simplemente omite.

Es por ello que esta investigación busca establecer conti-nuidades y rupturas entre los discursos de intelectuales, políticos y soldados relacionados con la guerra de Afga-nistán entre 2004 y 2009, para lo que se articulará en tres ejes. En primer lugar, se analizará cómo han variado los discursos de los intelectuales en lo que se refiere a la concepción de la guerra y se verá cómo se ha pasado de una concepción más clásica de la guerra, muy presente en Von Clausewitz (2005), a nuevas formas de guerra,

como la Netwar propuesta por Arquilla y Ronfeldt (2001). A continuación se presentará el discurso de los políticos sobre la guerra y cómo las Estrategias de Seguridad Na-cional de Estados Unidos (NSS) de 2002, 2006 y 2010 han ido construyendo puntos de continuidad y de cambio entre sí sobre la visión que se tiene de esta guerra. Por último, se analizarán las construcciones conceptuales más recurrentes entre los soldados en cuanto a estrategia y forma de referirse al enemigo. Para esto, se analizarán los AWD para determinar las regularidades conceptuales presentes, con el fin de articular un discurso propio de los soldados como tercer actor por analizar.

Marco de referenciaEl primer elemento que debe ser situado teóricamente en esta investigación son los discursos. Éstos no son meras construcciones exclusivamente lingüísticas, sino que poseen elementos estructurales, políticos y socioculturales (Van Dijk 1989). Es decir, los discursos no son sólo relatos objetivos sobre hechos, sino tam-bién un conjunto de enunciados intencionados y con-textualizados. Para Foucault, aunque los enunciados sean “diferentes en su forma, dispersos en el tiem-po, constituyen un conjunto si se refieren a un solo y mismo objeto” (Foucault 1979, 51).

Para el análisis del discurso resulta relevante consi-derar tanto su estructura interna como los elementos que le son externos: el contexto, el público objetivo y el emisor, que determinan su configuración (Van Dijk 2008). En este caso, la guerra es el objeto y también el contexto (sobre todo en el caso de los soldados) de los discursos. Difieren los emisores y difieren los espacios geográficos de su génesis, pero todos son enunciados sobre la guerra de Afganistán, lo que los constituye en un discurso. Pero el discurso “no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de domi-nación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault 1992, 12). El poder de generar discursos que a la postre terminan teniendo unidad y continuidad su-ficiente para mantenerse en el tiempo.

El rol de las continuidades y rupturas es relevante para poder dilucidar ese mensaje que el discurso vehicula; por ello es pertinente interrogar a las formas inmediatas de continuidad (Foucault 1979, 4), “con arreglo a qué leyes se forman; cuáles son los acontecimientos discursivos sobre cuyo fondo se recortan, y si, finalmente, no son, en su individualidad aceptada y casi institucional, el efecto

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de superficie de unidades más consistentes” (Foucault 1979, 42). Es decir, ahí donde parece haber un discurso unificado y continuo entre distintos actores, es necesa-rio preguntarse de manera sistemática por las rupturas, o incluso por otras regularidades, otros órdenes del dis-curso más allá del aceptado.

Pero esta investigación, además de preocuparse por los discursos, se enmarca también en lo que Van Dijk llama investigaciones de contexto. En general, aún “hay pocos libros en lingüística, estudios del discurso y ciencias sociales que usen la noción de contexto en cuanto a li-mitaciones y consecuencias del discurso, sino que la ma-yoría de dichos estudios se enfocan en el discurso mismo y no en la naturaleza compleja de sus contextos”1 (Van Dijk 2008, vii). Por tanto, lo que se busca, sin dejar de considerar los discursos como objeto de estudio, es dar relevancia al contexto, no sólo definido como relativo al texto y dejando como único foco de la investigación el discurso (Van Dijk 2008, vii).

En definitiva, se quiere considerar al contexto, por un lado, como “un constructo teórico necesario para inter-pretar expresiones significativas del discurso que están ‘fuera’ de [la representación del] texto mismo” (Van Dijk 1982, 419), y, por otro lado, significa tomarlo como un fenómeno en sí, cuya existencia no depende de otro fe-nómeno con base en el cual sólo presta un servicio para su interpretación. Dar un lugar relevante al contexto, en este caso particular, significa intentar, a través de los discursos sobre la guerra, comprender los conflictos bélicos. Y viceversa, a través del estudio del contexto, comprender la significación, la articulación, las con-tinuidades y rupturas de los discursos como objetos de estudio mismos.

Como primera consecuencia de este enfoque está la necesidad de no pasar por alto algunas definiciones relativas al contexto bélico en lo que respecta a su na-turaleza y estructura propias. Respecto a la naturaleza de la guerra y sus consecuencias sociales, Wolfgang So-fsky afirma que “la destrucción de vidas humanas y ob-jetos es un proceso social. La guerra engendra formas de lo social, de creación y disolución de grupos socia-les, que sólo le son propias a ella”. Por ello, en “socie-dades de guerra” —las que son básicamente el producto de las relaciones sociales en un contexto de conflicto bélico— de lo que se trata es “del choque del mutuo sentimiento de enemistad; enemistad que, durante la

1 Todas las traducciones del inglés son del autor.

guerra, domina sobre todas las demás formas sociales: tanto las relaciones de poder como las estructuras de parentesco, laborales o de la comunidad” (Sofsky 2004, 112). De esta manera, se entiende que la guerra tiene formas propias que pueden ser estudiadas a través de sus discursos, formas sociales que sólo se darían en el contexto extremo donde la vida es lo que está en juego.

Pero la guerra afgana reviste formas que le son propias, y una de ellas es el terrorismo. Al respecto, resulta útil la distinción entre terrorismo como lógica y terrorismo como método. El primero es una muestra de violencia por la violencia, sin una razón detrás (Wieviorka 1992). El terrorismo como método, por su parte, es aquel “uti-lizado por un actor político que, por debilidad o por cálculo, se mantiene dentro de un espacio político de-terminado, o busca penetrar en él, a través del terror” (Wieviorka 1992, 172).

Material y métodosPara realizar un análisis pormenorizado de discursos de intelectuales, políticos y soldados sobre la guerra de Afganistán, se procedió de distintos modos. Para el caso de los intelectuales, se realizó una revisión bi-bliográfica sobre la guerra, particularmente de la es-cuela norteamericana más cercana al Gobierno, pues sería la que, en definitiva, tendría mayor influencia e interrelación con los distintos actores políticos. La técnica de análisis de datos empleada fue el Análisis de Contenido, entendida como “una técnica de inves-tigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comuni-cación” (Berelson 1952, 18).

Para la aproximación a los discursos de los soldados se seleccionó una muestra de documentos del Afghan War Diary (AWD), dado que el análisis de los casi 76.000 documentos resultaría demasiado costoso en cuanto a tiempo. Para determinar dicha muestra se utilizó la nomenclatura propia de los AWD. En primer lugar, se escogieron aleatoriamente 488 documentos entre un total de 3.190, que describen acciones ocurri-das en la región “RC CAPITAL”. Con esto se buscó tener una visión panorámica del total de hechos descritos, así como lograr cubrir eventos políticos por ocurrir, éstos casi exclusivamente en la zona capital. Sin em-bargo, entendiendo que los AWD detallan información que muchas veces reviste poca significancia para esta investigación, y que el análisis de una guerra no puede ser sólo político, se procedió a complementar la cifra

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Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de AfganistánTomás Leyton

antes referenciada con la totalidad de los documentos que correspondían al tipo “Murder” y “Assassination” (100 y 48, respectivamente). En estas categorías se des-criben acciones militares con consecuencias fatales, cuestión propia de un conflicto bélico. De esta manera, el total de documentos por analizar ascendía a 636. Sin embargo, luego de revisarlos se encontraron 47 que no contenían más información que “ver documento ad-junto”, pero éste no se encontraba disponible. Por ello, la muestra real de documentos analizados en profun-didad asciende a 589.

Finalmente, se seleccionaron fuentes que representa-ran la visión oficial de Estados Unidos. Dado el alcance temporal de esta investigación, se tomaron las Estra-tegias de Seguridad Nacional (NSS 2002, 2006 y 2010). Se consideró el año 2010 porque, aunque está fuera del tiempo definido para este trabajo, refleja en gran parte los cambios del discurso oficial que se evidencian en los últimos años transcurridos durante la guerra. Asimismo, es la primera NSS de la era Obama, quien fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz. Las NSS fueron complementadas con otros dos documentos, el NMSP-WOT de 2006 y la National Strategy for Combating Te-rrorism (NSCT), también de 2006.

Para los documentos de soldados y políticos se reali-zó un análisis de contenido utilizando el software Nvivo 9.0. Las variables utilizadas fueron agrupadas en Referencia al Otro y Estrategia. En la primera ca-tegoría, las referencias al otro podían ser: otro como “enemigo”,2 otro “violento” (no necesariamente ene-migo) y otro “neutral”.3 Con “Estrategia” se revisó di-rectamente la hipótesis de si existiría un cambio de nomenclatura, y por tanto de estrategia, desde una Guerra contra el Terrorismo (WoT) hacia una de Con-trainsurgencia (COIN).4

2 Enemigo incluyó palabras como taliban, terrorist e insurgent (y sus diferentes abreviaciones o errores de deletreo en los AWD). Violento incluye palabras como murderer, assassin, bomber, entre otras. Neutro refiere a palabras como suspect, man, person, subject.

3 Inicialmente, la variable aliado fue incluida; no obstante, la obtención de resultados relevantes en este punto requiere ampliar el alcance actual de la investigación, puesto que no fue pensada originalmente de este modo.

4 La investigación original incluyó como categorías la Alusión a Valores/Principios (sólo están presentes de manera significativa en los discursos políticos), Prevención (como posible estrategia, la que no tuvo resultados significativos, salvo en los discursos políticos) y Aliados (que diferenciaba el trato entre aliados connacionales, internacionales y locales). Sin embargo, éstas son parte de una nueva investigación cuyos resultados son sólo preliminares.

Intelectuales: caducidad de la guerra moderna

Al Qaeda no revestía los mismos cánones de los enemigos combatidos durante el siglo XX, y una vez que los taliba-nes fueron despojados del Estado afgano, comenzaron a disiparse rápidamente por el Medio Oriente establecien-do redes cada vez más amplias (Rashid 2002), y cuanto menos focalizadas, más difíciles de combatir por parte de las fuerzas occidentales. Así lo expresaba un funcio-nario de inteligencia de Estados Unidos: “es difícil para nosotros combatir las células porque ellas tienen muchos líderes diferentes, distintos procesos de pensamiento; no es como el enemigo al que estemos acostumbrados a combatir, no está estructurado” (Grant 2006, 6).

Al combatir contra un enemigo articulado reticularmen-te, se produce un quiebre en la forma clásica de com-prender la guerra entre Estados, aunque desde algunos años atrás ya se habían arrojado luces suficientes sobre el tema. En 2001 dos investigadores de la corporación Re-search And Development (RAND) publicaron un libro que resultó premonitorio respecto de algunos de los cambios necesarios en las estrategias militares producto del nuevo escenario internacional, tanto en cuestiones políticas como en las específicas de la guerra. Así, al configurar el escenario, hay cambios relevantes en la comprensión de la guerra que afectan particularmente el caso de Afga-nistán. El primero de ellos es la Netwar; el segundo es la denominación de insurgentes, que, sumado a la com-prensión de la articulación en red de Al Qaeda, tiene con-secuencias tanto en la representación del otro como en las estrategias militares (Arquilla y Ronfeldt 2001).

NetwarEl concepto de Netwar (Guerra-red) difiere del empleado por el Ejército estadounidense Netwars (Network War-fare Simulation System), toda vez que “la Netwar es de menor intensidad, como contraparte en el nivel social, para nuestro concepto militar de Cyberwar”5 (Arquilla y Ronfeldt 2001, ix). En términos teóricos, y con una mira-da más global sobre los conceptos de Ronfeldt y Arquilla, el término Netwar se inserta en la noopolítica, que es la política del conocimiento; es decir, aquella donde el rol de la información se muestra preponderante y determi-nante. La Netwar se convierte entonces en el correlato

5 Cyberwar fue un concepto desarrollado en 1993 que se enfocaba en el dominio militar.

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militar de esta nueva forma de entender la política, y al mismo tiempo es vista como una forma bélica de menor intensidad que la Cyberwar.

En términos empíricos, la Netwar produjo un replantea-miento de las estrategias militares pensadas en forma arcaica bajo el axioma de “gana el que tiene la bomba más grande” (Pisani 2002, 18). Al respecto, hay que con-siderar que, dado que Netwar es un concepto que viene desde mediados de los noventa y que la publicación de Networks and Netwars es de 2001, no se han incorporado a la teoría nuevos hechos bélicos como la guerra de Afganis-tán ni la de Irak. Sin embargo, la relevancia de la com-prensión temprana de los fenómenos relacionados con ésta es evidente en la estrategia militar ulterior. Así, los autores notan que:

La Netwar es un concepto deducido. […] Una vez acu-ñado, el concepto ayuda a mostrar que la evidencia está aumentando en el incremento de las formas de organi-zación en red, y en la importancia de las “estrategias de información” y “operaciones de información” en todo el espectro de los conflictos, incluso entre los étnico-nacionalistas, terroristas, guerrilleros, delincuentes y activistas. (Arquilla y Ronfeldt 2001, 20)

Una forma errada de entender al enemigo

El segundo elemento relevante dentro del desarrollo mismo de la guerra, es que una forma errada de en-tender al contendor dificulta la adopción de formas bélicas (estrategias y tácticas) eficientes. Se trata, en definitiva, de la concepción errónea del enemigo que subyace a la WoT. Esta concepción defectuosa se refiere a que “el extendido uso y las connotaciones narrativas del término WoT han cultivado un extenso y erróneo paradigma intelectual para lidiar tanto con el terroris-mo como con las insurgencias” (Roper 2008, 92). Dicho paradigma equívoco muestras sus grietas al pensar lo absurdo que resulta plantear una guerra contra una táctica, como es el terrorismo. Al mismo tiempo, cual-quier estrategia sería inadecuada, toda vez que estaría en el marco de una guerra contra una de las muchas for-mas que puede adoptar el combate.

En este punto, la representación de la realidad proyec-tada por un paradigma intelectual erróneo que reduce al adversario a mero terrorista —no aprehendiendo su complejidad y generando una estrategia mal plantea-da a priori— ha traído las consecuencias por todos co-

nocidas en el transcurso de la guerra: una aplastante invasión y un progresivo estancamiento. Para subsa-nar dicho error, lo que se hizo fue más que un mero cambio de nomenclatura, de terroristas hacia insur-gentes, pues se repensó por completo lo que se estaba haciendo tanto en Afganistán como en Irak. Produc-to de esta corrección en los cursos de acción nace la COIN, que define al enemigo como insurgente, y ya no como terrorista.

Consecuencias tácticas de la organización en redLa discusión teórica sobre la guerra no se agotó al des-cubrir que la insurgencia operaba como redes (Edwards 2002); el paso siguiente fue estudiar estas redes y distin-guir cuáles eran los puntos nodales en los que confluía la información (Jones 2009). Así, se diseñó una estrate-gia de individuos de alto valor y de objetivos de alto valor (HVI y HVT, por las siglas en inglés: High-Value Individuals y High-Value Targets).

Sin embargo, se demostró que dicha estrategia era poco efectiva, al evidenciarse el bajo impacto producido cuan-do el HVI “Abu Musab Zarqawi, el líder de Al Qaeda en Irak, fue asesinado en 2006” (Jones 2009, 6). Se conti-nuó profundizando en el entendimiento de las redes de la insurgencia, y actualmente se distinguen tres tipos de blancos: “nodes”, “hubs” y “cores”, “los primeros son combatientes, terroristas, y otros operativos; los segun-dos corresponden a los responsables de planificación, operaciones financieras, comunicaciones y provisión de material; y los terceros serían los teóricos y líderes caris-máticos” (Gompert 2007, 49).

De esta manera, los cambios que ha habido en el dis-curso intelectual se manifiestan en la conceptualiza-ción del enemigo y en la estrategia para enfrentarlo. Al comienzo, el enemigo eran los terroristas, que se agru-paban en redes. En términos de Wieviorka (1992), lo que se conoce como personas que utilizan el terrorismo como lógica de acción. Contra este enemigo se com-batió con una estrategia de HVI y HVT, pensando que éstos eran los puntos nodales de la organización terro-rista. Sin embargo, la experiencia y la teoría demos-traron que la correcta conceptualización del enemigo era como insurgente, y que éste utilizaba el terrorismo como método de acción. Contra esta nueva forma que adquiría el enemigo se diseñó la estrategia que distin-gue nodes, hubs y cores, centrando el foco de la acción militar en los segundos (Gompert 2007).

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Temas Varios

Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de AfganistánTomás Leyton

Soldados: Afghan War Diary (AWD)

La conformación del discurso de los soldados tiene con-diciones de enunciaciones muy características y del todo disímiles de los demás discursos en algunos pun-tos. En el caso de los AWD, es un superior quien exige la elaboración de los reportes de campo a los soldados, pero son los soldados quienes retienen para sí la facul-tad de relatar los hechos. Ellos son los que en última instancia proveen la información que existe de la gue-rra y son los que deciden —respaldados por su propia cognición y estado anímico— qué contar y qué callar.

Un elemento significativo del momento de enuncia-ción de los AWD es provisto por la forma de redacción que poseen. Ésta se encuentra llena de abreviaturas, por ejemplo, talibán es sencillamente “Tab” o inclu-so “TB”; insurgente se encuentra muchas veces como “INS” y frases completas como “no hay información adicional” se reducen a NFI (iniciales de No Further In-formation). También se encuentran llenos de acrónimos que refieren a tecnicismos militares, así como una es-critura lacónica y con una detallada oscilación. Esto se explica en gran medida por el contexto en que son escritos estos reportes, ya que “con frecuencia provie-nen de unidades de campo que han estado todo el día bajo fuego u otras condiciones estresantes, y ven la es-critura de los reportes como un asqueroso trabajo de papelería” (AWD 2010).

El primer hallazgo de relevancia respecto a los AWD consiste en la intermitente exhaustividad de las des-cripciones. Al respecto, se puede establecer la siguien-te relación: mayor exhaustividad cuando hay personal o material de Estados Unidos involucrado. Esto signifi-ca que cuando hay explosivos en las cercanías de algún edificio estadounidense o algún vehículo resulta da-ñado, la exhaustividad de los reportes aumenta de un modo significativo; lo que se verifica en la extensión, así como en la cantidad y el tipo de información provis-ta por parte de los soldados. También aumenta el nivel de detalle cuando hay involucrado personal de la ISAF (International Security Assistance Force) o de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte); sin em-bargo, es menor que cuando hay personal o material de Estados Unidos.

La exhaustividad va decreciendo paulatinamente, en la medida que se incluye la palabra talibán o alguna refe-rencia directa a la acción del enemigo. Lo mismo suce-de cuando hay personal de policía o inteligencia afgano herido o muerto. Menor aún es el nivel de detalle cuan-

do la inteligencia o la policía afgana6 se hacen cargo del caso. Cuando mueren civiles no políticos y cuando no hay muertos, los reportes no suelen superar los cinco renglones. Esto permite establecer distintos niveles de preocupación, siendo el más alto el connacional, luego el internacional y, por último, el local.

Otro elemento destacable es la aparente objetividad de los reportes. Los soldados son muy cautelosos, no suelen hacer conjeturas y parecen buscar la objetividad refirién-dose sólo a hechos probados. Parecen dejar la interpre-tación para los rangos militares más altos. No catalogan todo incidente como causado por el enemigo, e incluso la prudencia llega a niveles que podrían rozar con la in-visibilización. Así se evidencia cuando en un reporte,7 el soldado que escribe detalla que al asesinado “se le disparó dos veces en la cabeza y luego fue decapitado, debido a su apoyo a las Fuerzas de la Coalición” (AWD 2010, CJTF-82). A pesar de sus vínculos y de la forma en la que fue dejado el cuerpo —pues se sabe que la decapitación de cuerpos muertos es una práctica muy usual entre las acciones desarrolladas por los talibanes—, no se hace referencia alguna a la persona que ejecutó los hechos, no se nom-bra ni de manera neutra (como persona) ni como un actor violento (asesino). Aunque sí se establecen posibles cau-sas del homicidio, al atribuirlo al apoyo a las fuerzas de la coalición, no hay una sola pista o mención sobre quién realizó el acto homicida.

Hay casos como el anterior que tienen indicios suficien-tes para hacer pensar que el enemigo estaría tras los even-tos; sin embargo, se mantiene la prudencia, y a menos que sea un hecho probado o testimoniado, no se cataloga como tal. Pero hay eventos que son descritos por dos sol-dados, como es el caso del asesinato del gobernador de Gozara del Oeste. Esto nos abre hacia otro elemento im-portante para el análisis, y es la incertidumbre acerca del contenido de los discursos, si se tiene en cuenta la sub-jetividad propia de los soldados para narrar los hechos. Respecto a quién pudiera haber ejecutado el asesinato, el primer soldado dice que “la falta de información adicio-nal permite especular sobre el origen de los atacantes, si acaso eran militantes talibanes, quienes sostienen una insurgencia contra el Gobierno, o es atribuible a un cri-men común” (AWD 2010, 207th ARSIC). De este modo, re-fiere claramente a la posibilidad de que los atacantes sean talibanes, mientras que el otro relato da como cierto el

6 NDS: Dirección Nacional de Seguridad. ANP: Policía Nacional Afgana. ANA: Ejército Nacional Afgano.

7 Que corresponde a la identificación AFG20070313n653 (AWD 2010).

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Gráfico 1. Cantidad de muertos en Afganistán (2004-2009)

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1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

0

Mue

rtos

Mes Talibán Aliados

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de The Guardian (2010).

hecho, responsabilizando por el homicidio a “un núme-ro desconocido de insurgentes” (AWD 2010, CJTF-82). En consecuencia, este tipo de divergencias muestra nueva rupturas, esta vez dentro de los AWD, y a cargo de la sub-jetividad inalienable de cada soldado.

El uso del condicional como muestra de un lenguaje am-biguo es bastante generalizado en los AWD, al igual que las palabras “no identificado” o “desconocido” (unidentified y unknown), lo que difiere de la forma de escritura que tiene, por ejemplo, el discurso político, que se analizará a conti-nuación. Esto se muestra consistente con el carácter “obje-tivo” al que parecieran aspirar los reportes del AWD.

Políticos: seguridad y terrorismo La mayor presencia de documentos de 2006 se explica por-que éstos reflejan el cambio en la estrategia militar lleva-da a cabo en Afganistán, así como el desarrollo mismo de la guerra en ese año, caracterizado por un aumento drás-tico en la cantidad de muertos, como lo muestra el grá-fico 1. Aumento que, sin embargo, es significativamente menor que el que dejó la muerte de Osama Bin Laden.

El mencionado cambio estratégico se refleja en el Natio-nal Military Strategic Plan for the War on Terrorism (NMSP-WOT), que en febrero de 2006 anunció “la culminación de im-portantes reflexiones y debates dentro del Gobierno y las Fuerzas Armadas” (NMSP-WOT 2006, 2). Este docu-mento plasma los principales cambios en la estrategia militar que propone el Departamento de Defensa (DoD). Del mismo modo, presenta una forma de hacer plausi-ble y coordinar los lineamientos ya propuestos en la NSS, NSCT (ambos a cargo del Presidente), en la Estrategia de Defensa Nacional (a cargo del DoD) y en la Estrategia Mi-litar Nacional (a cargo del Pentágono).

Referencia al otro

NeutroRespecto a las referencias al otro como Neutro, el mayor porcentaje lo encontramos en los AWD, con un 0,0559% respecto del total de palabras que se podían encontrar en dicho documento, lo que equivale a 79 referencias a algún tipo de adversario en forma neutra. Particularmente, en lo referente a los AWD, cuando no se tiene certeza sobre quién ha ejecutado las acciones, se suelen utilizar palabras como asesino (assassin, murderer), pistolero (gunman), artillero (gunner) (que forman parte de la categoría “Violento”), pero también se utilizan sujeto desconocido (unknown suspect), hombre no identificado (unidentified man), sujeto (subject), entre otras, que forman parte de la categoría Neutro.

ViolentoRespecto a la cantidad de alusiones al otro como Vio-lento, las variaciones no son significativas frente a la categoría Neutro. Las diferencias son un aumento en la NSCT, que pasó de cero incidencias en Neutro a dos en Violento, así como una disminución en las Estrategias de Seguridad Nacional, exceptuando la de 2006, que se mantuvo igual. Cabe destacar también la variación en el NMSP-WOT, que pasó de dos alusiones en Neutro a cero en Violento; no obstante, estas variaciones no se conside-ran estadísticamente significativas y resultaría irrespon-sable atribuirles mayor importancia, dado el contexto de enunciación de cada una de ellas.

EnemigoSin duda, los resultados más interesantes están en la ca-tegoría Enemigo (como lo muestra el gráfico 2), pues la cantidad de referencias provistas por los AWD —si bien

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Temas Varios

Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de AfganistánTomás Leyton

es mayor respecto al número de alusiones en el mismo documento hacia Neutro o Violento—, al ser compara-da con los documentos emanados del Gobierno, resulta mucho menor. Pero resulta interesante que los documen-tos que presentan más heterogeneidad son precisamente los AWD, que son escritos por soldados bajo el contexto de guerra ya descrito. Lo anterior se suma a la creencia de que los soldados, dadas las condiciones estresantes en que se encuentran, se hallan más desprovistos de su sub-jetividad y tienden a la mera reproducción ideológica de los discursos políticos que provienen de sus superiores.

La palabra insurgencia se utiliza sólo tres veces en la NSS de 2006, una de ellas bajo la forma de un sinónimo de contraterrorismo, a saber, contrainsurgencia, que ha tenido un gran desarrollo como concepto utilizado por teóricos, mas no ha tenido correlato empírico entre los dirigentes políticos que continúan diseñando estrategias bajo las formas de terrorismo y contraterrorismo. Se ob-serva que la discusión teórica sobre la contrainsurgencia como estrategia más adecuada que la Guerra contra el Terrorismo se menciona sólo en una ocasión, en la NSS de 2006, y su contexto de enunciación la homologa al contraterrorismo. Esto demuestra la escasa influencia del discurso intelectual sobre el político, en cuanto a la forma de entender la estrategia adoptada.

Distinta es la situación de los AWD, en los que sí se ha utilizado insurgente para referirse al enemigo, más que terrorista. Cuando se tiene alguna certeza de que las ac-ciones fueron perpetradas por quien se considera como enemigo, se suele utilizar la palabra talibán o insurgen-tes. La palabra más utilizada para referirse al enemigo en los AWD es talibán, con 163 veces, casi el doble de las 84 que presenta la palabra insurgente.

Conclusiones: continuidades y rupturasLos principales resultados de esta investigación aportan evidencia en tres ámbitos relevantes. El primero de ellos se refiere directamente directo a los soldados estadouni-denses. La evidencia refleja un discurso susceptible de ser neutro y precavido de hacer afirmaciones que puedan involucrar al enemigo en acciones violentas que se pre-sencian en el campo de batalla.

En esta dirección apuntan los hallazgos sobre el aparente desasimiento respecto del contexto en los reportes, pues no existen alusiones a misiones, tácticas, estrategias u ob-jetivos, y se utiliza un lenguaje lacónico con intermitente exhaustividad (que varía según haya aliados connaciona-les, internacionales o locales), cuyo detalle suele referirse a datos sobre vehículos, armas, forma de muerte y lugares. En el mismo sentido, se encuentra la cantidad de alusiones implícitas al enemigo (bajo las categorías de “violento” y “neutro”) respecto de la cantidad de muertes atribuidas al mismo, y la presunta susceptibilidad de categorizar toda acción violenta como acción enemiga producto del contex-to de guerra en el que se generan los diarios.

El segundo elemento se refiere a las continuidades y rup-turas de los discursos, pues para poder dilucidar ese men-

NeutroEnemigo Violento

AWD NMSP- WOT

NSS 2002

NSS 2006

NSCT NSS 2010

1,80%1,60%

1,00%

1,40%1,20%

0,00%

0,80%0,60%0,40%0,20%

Gráfico 2. Porcentaje de palabras que hacen referencia a Otro, según fuente

Fuente: elaboración propia con base en análisis de contenido realizado a la fuentes que menciona.

Estrategia

Este elemento ya ha sido esbozado previamente y se re-fiere al cambio de nomenclatura para denominar al ene-migo, es decir, de terrorista a insurgente. Este cambio ha sido mencionado por diversos académicos; sin embargo, si analizamos brevemente la NSS del año 2010, la palabra que se utiliza para denominar al enemigo continúa sien-do terrorista, tal como lo evidencia la tabla 1.

Tabla 1. Cantidad de palabras que refieren a Estrategia, según fuente

Fuente Terrorismo InsurgenciaAWD 22 84

NMSP-WOT 193 4NSCT 262 0

NSS 2002 90 0NSS 2006 119 3NSS 2010 48 1

Fuente: elaboración propia con base en análisis de contenido realizado a la fuentes que menciona.

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saje que el discurso vehicula, el rol de las continuidades y rupturas resultó relevante (Foucault 1979). Existen con-tinuidades internas en los discursos, más que rupturas, que dan coherencia al contenido. Se evidenció una mayor coherencia interna en los documentos del Gobierno y una mayor heterogeneidad en los AWD, expuesta en el ejemplo donde había dos reportes de un mismo hecho.

Respecto al discurso político, existe continuidad entre los documentos del Gobierno en la forma de denominar al enemigo (y su consecuente estrategia para enfren-tarlo); todos ellos hablan de terrorismo, ya sea Bush u Obama el emisor. Sin embargo, no se puede obviar que las menciones al enemigo en la NSS de 2010 bajaron de un modo revelador, lo que puede significar que la prime-ra estrategia de la era Obama no buscaría sustentar el discurso sobre seguridad exclusivamente en el temor al terrorismo internacional.

Por otro lado, se advierten rupturas en el discurso in-telectual a través del tiempo, tanto en las formas de intervención como en la manera de entender la acción del enemigo: de una invasión agresiva y acción ulte-rior moderada centrada en HVI y HVT, se pasó a una estrategia agresiva de Contrainsurgencia. Se transi-tó también desde una forma de entender al enemigo como organizado en redes jerárquicas susceptibles de ser desarticuladas al eliminar sus líderes, hacia redes autoorganizadas capaces de sobrevivir “sin cabeza”. De ser sujetos que ejercen la violencia con una base fun-damentalista asentada en diferencias culturales, a ser sujetos que utilizan el terrorismo como método de ac-ción con arraigo ideológico y político (Wieviorka 1992); es decir, de terroristas a insurgentes.

El discurso político entiende el terrorismo del enemigo como lógica de acción (Wieviorka 1992) y busca despojar al enemigo de cualquier atisbo de racionalidad en su ac-tuar que pueda conducir a la población a identificarse con dichas razones. No es, como se ha visto, una defi-nición aleatoria o producto del azar, es una elección in-tencionada, como diría Foucault (1992). Pues es en estos discursos donde se ve más fuerte que los discursos son “aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault 1992, 12).

Por su parte, la utilización del término insurgente en el discurso intelectual busca dar un sentido estratégico-po-lítico al adversario. Provee una razón a la violencia perpe-trada y valida al enemigo mediante esta denominación, convirtiéndolo en un objeto de estudio, para luego diseñar las formas más eficientes de combatirlo. El discurso inte-

lectual, por su contexto de enunciación y su público obje-tivo, está más asido al discurso político que el de los AWD.

Los soldados, que son quienes viven la guerra de frente, utilizan una palabra cuya connotación encuentra mayor sentido en las sociedades orientales que occidentales. Talibán es un concepto con historia, con sentido políti-co, cultural y religioso. Es una palabra que se origina en las tierras en las que se combate y que allá encuentra su mayor arraigo, a diferencia de insurgente o terrorista, que son conceptos que tienen más sentido en Occidente. De las tres palabras para referirse al enemigo, talibán es la que le reconoce mayor subjetividad, al estar su significa-ción impregnada de elementos culturales e identitarios.

Asimismo, se evidencian rupturas entre los documentos al analizar el espacio dedicado a valores y amenazas, pues mientras que en los documentos políticos ocupa espacio considerable, en los diarios de guerra el poco espacio del que se dispone es utilizado en detalles sobre los muertos: quiénes eran, las circunstancias de la muerte, lazos políti-cos, incluso familiares. También se habla de armas, vehí-culos y cuestiones materiales relacionadas, y muchas veces se omite, o “no existe información adicional” (No Further In-formation o NFI), sobre quiénes ejecutaron los actos.

También se busca poner de relieve, al realizar análisis del discurso, la importancia de los factores externos. En los discursos, tanto el emisor como el público objetivo y el contexto son importantes a la hora de configurar sus formas (Van Dijk 2008). Esto se puede ver en la relativa lejanía entre el discurso político y el de los soldados, que-dando en un punto intermedio el intelectual, puesto que muchas veces sirve de insumo y/o dialoga con el discur-so político (así lo muestran las mismas referencias del discurso intelectual al discurso político), y por otro lado, se sirve del discurso de algunos “soldados de alto rango” como insumo para elaborar el suyo.

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* Este artículo es resultado de la investigación doctoral del autor, titulada "La acción colectiva rural y la dinámica reticular de los actores sociales en el altiplano poblano, un estudio de caso".

v Doctor en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, Colegio de Postgraduados (Colpos), México. Actualmente es consultor y docen-te en la Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente (UEMA), España. Sus investigaciones están orientadas al Desarrollo Rural Sustentable. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: El espacio rural portugués en el marco de la política agrícola común europea: algunas implicaciones para la agricultura familiar. Revista Economía, Sociedad y Territorio 12, n° 39: 473-492, 2012. Correo electrónico: morin@colpos.mx

La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicos*

RESUMEN El trabajo tiene como objetivo aproximarse a una formalización lógica de la acción colectiva rural que posibilite medir la intensidad de la dinámica de cambios de un sistema productivo como consecuencia de la sinergia de sus formas de capital social en torno a un objetivo común. Para dicha formalización se identificaron y cuantificaron las distintas formas de capital social que emergen de los actores sociales vinculados a un sistema productivo hortícola. Se concluye que las relaciones de cooperación y confianza, el nivel de organización y las instituciones informales son expresiones de capital social que en su estado sinérgico posibilitan concretar objetivos comunes dentro de un sistema productivo, tomando forma a través de un índice.

PALABRAS CLAVEModelo matemático, acción colectiva, agricultura, capital social.

The Rural Collective Action in the Dynamics Productives Systems

ABSTRACT The objective of this article is to present an approach to a logical formalization of collective rural action that makes it possible to measure change dynamics intensity in a productive system as a consequence of the synergy of social capital structures working towards a common goal. To this end I have identified and quantified the various forms of social capital that emerge from the social actors linked to a horticultural productive system. I conclude that the relations of cooperation and trust, the level of organization, and the informal institutions are expressions of social capital that, in their synergistic state, make it possible to advance common objectives within a productive system and take the shape of an index.

KEY WORDSMathematical model, collective action, agriculture, social capital.

A ação coletiva rural nos sistemas produtivos dinâmicos

RESUMOEste trabalho tem como objetivo aproximar-se a uma formalização lógica da ação coletiva rural que possibilite medir a intensidade da dinâmica de mudanças de um sistema produtivo como consequência da sinergia de suas formas de capital social sobre um objetivo comum. Para essa formalização, identificaram-se e qualificaram-se as diferentes formas de capital social que emergem dos atores sociais vinculados a um sistema produtivo hortícola. Conclui-se que as relações de cooperação e confiança, o nível de organização e as instituições informais são expressões de capital social que, em seu estado sinérgico, possibilitam concretar objetivos comuns dentro de um sistema produtivo, ganhando forma por meio de um índice.

PALAVRAS-CHAVEModelo matemático, ação coletiva, agricultura, capital social.

Fecha de recepción: 1º de noviembre de 2012Fecha de aceptación: 19 de abril de 2013Fecha de modificación: 2 de mayo de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.12

Diosey Ramón Lugo-Morinv

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Introducción

Desde el punto de vista de las ciencias so-ciales, la aproximación al entendimiento de un fenómeno social conlleva una com-binación de teoría, objetivos e hipótesis. Invariablemente, la colección de datos, su

análisis y discusión de resultados requieren como punto de partida la construcción de un modelo sintético que re-fleje la realidad social y que tenga su fundamentación en procesos lógicos y teóricos (Gracia y Burillo 1978).

En esta situación, el avance de la matemática dentro de la sociología ha sido centrado en aspectos organiza-tivos de datos con una deficiencia basal en un marco teórico-conceptual firme. Lo anterior ha originado una desintegración del conocimiento que ha provocado que la ciencia social no tenga herramientas analíticas para afrontar los desafíos futuros. Autores como Nash (1953), Simon (1955) y Field (1985) han desarrollado modelos matemáticos para explicar los fenómenos sociales con un fuerte componente práctico pero descuidando as-pectos teóricos y conceptuales. En la actualidad, Sethi y Somanathan (2006) y Medina (2007) han tratado de acortar esa brecha con modelos predictivos más cerca-nos a la realidad social.

Naturalmente, todo modelo puede perfeccionarse, bien en cuanto a sus propios mecanismos, bien en cuanto a las teorías en que se fundamenta. La posible perfección no debe olvidar los objetivos para los que el modelo fue concebido, y esto requiere el conocimiento de sus límites sociales y aplicabilidad (Gracia y Burillo 1978).

En la realidad social hay una variedad de situaciones para el surgimiento de discontinuidades y procesos de autoor-ganización en el sentido de los modelos científicos. En ella encontramos procesos, con un alcance espacio-tem-poral naturalmente limitado, centrados en la conducta colectiva de grandes cuasi grupos, cuyos elementos —in-dividuos, presupuestos o incluso organizaciones— pue-den estar cultural o normativamente regulados respecto del aspecto de la conducta que nos interesa, y que actúan en constante interferencia mutua, pero no están organi-zados, es decir, su conducta no está coordinada con arre-glo a un plan de acción (Mayntz 2002).

Ante lo señalado, el presente trabajo tiene como objetivo aproximarse a una formalización lógica de la acción colec-tiva rural que posibilite medir la intensidad de la dinámica de cambios de un sistema productivo como consecuencia de la sinergia de sus formas de capital social en torno a

un objetivo común, particularmente, el acceso a nuevos esquemas de financiamiento y comercialización de los pe-queños productores de hortalizas de Acatzingo.

El trabajo se divide en cinco secciones: la primera es una parte introductoria donde se examinan brevemente la im-portancia y el uso de los modelos matemáticos en las cien-cias sociales, así como el objetivo del trabajo; la segunda sección muestra el marco analítico que sustenta el estu-dio; en la tercera sección se describe la metodología de la investigación; la cuarta expone los resultados y discusión; la quinta y última sección presenta las conclusiones.

Marco analítico

El actor y el sistema productivo

Los sistemas sociales son abiertos y están sometidos a un constante proceso recursivo con su entorno. Los pro-cesos internos de los sistemas y la interacción con su entorno generan nuevas propiedades y se transforman dando como resultado la evolución y el desarrollo (Burns, Baumgartner y DeVille 2002; Akerlof 1997).

De acuerdo con Crozier y Friedberg (1990), los actores so-ciales en su totalidad son, dentro de las restricciones que les impone el sistema, quienes disponen de un margen de libertad, que emplean de manera estratégica en sus interacciones con los otros. Ésta es la razón, según Estra-da (2008), por la que los individuos no buscan maximizar la utilidad sino tener una utilidad razonable: en lugar de pagar un precio óptimo, hablamos de un precio justo, y en lugar de vender al mejor precio, las ventas son realiza-das a un precio que termine con el stock.

La interacción actor-sistema insiste en el reconocimien-to del estado incompleto del conocimiento y de la na-turaleza contradictoria de las acciones políticas y de los arreglos institucionales. En cuanto las políticas, inclu-so involuntariamente, exijan la aparición de las nuevas orientaciones de valor, modelos, estrategias, o la redis-tribución extensa, la estabilidad total del sistema puede estar amenazada (Burns, Baumgartner y DeVille 2002).

Así, consideramos que el actor social es una entidad que dispone de los medios para decidir y actuar conforme a sus decisiones y capacidad de respuesta en referencia a un sistema específico. El sistema productivo puede ser visto como un mecanismo que influye en las transfor-maciones permanentes de las localidades y regiones, que

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trata de responder a las exigencias del mercado a través de redes sociales y la identidad cultural de los actores sociales de un territorio específico. En este sentido, la dinámica relacional entre los actores sociales adquiere relevancia dentro de los sistemas productivos.

La acción colectivaPara Giraud (1993), la acción colectiva es una concepción de lo organizado con dinámicas sociales locales fundadas sobre relaciones de poder y de interés. En la misma orien-tación teórica, Crozier y Friedberg (1990) señalan que la acción colectiva se presenta como la traducción de relacio-nes de fuerza provenientes de las relaciones de poder entre actores o grupos de actores. Este modelo coloca la inteli-gibilidad de la acción en las lógicas de los actores y en las situaciones de interacción, lo que permite pensar las di-námicas del conjunto social más allá de las características de los intercambios; aunque Crozier y Friedberg (1990) no dan una explicación satisfactoria acerca de la moviliza-ción de los recursos de la acción ni del vínculo social que se desarrolla en el curso de una acción colectiva. Los auto-res concluyen que la acción colectiva es una construcción social generada por actores relativamente autónomos, para el logro de objetivos comunes con orientaciones di-ferentes, pero potencialmente dispuestos a cooperar.

Según Ostrom y Ahn (2003), existen dos grandes corrien-tes teóricas en la acción colectiva: la primera se denomi-na de primera generación. Estas teorías señalaban que para superar la incapacidad de los individuos para resolver los problemas se requería la intervención de una autori-dad externa, la provisión de incentivos selectivos o la pri-vatización; criticaban la creencia de que los individuos con intereses comunes actuarían voluntariamente para hacer realidad dichos intereses. Concluyen que los individuos son atomizados, egoístas y racionales, que no podían lo-grar beneficios conjuntos cuando se los dejaba solos, así todos se fueran a beneficiar, contribuyendo o no al esfuer-zo. En la segunda se reconoce la existencia de múltiples tipos de individuos. Concluyen que existe una proporción importante de individuos que, según la teoría de los jue-gos, tienen funciones utilitarias no egoístas: que tienen en cuenta los intereses de otras personas, así como los pro-pios, al tomar decisiones, orientándose a nuevos tipos de asuntos, entre ellos, el capital social.

Las posturas de Ostrom y Ahn (2003) y Crozier y Fried-berg (1990) posibilitan la construcción de un marco ana-lítico de la acción colectiva rural de los actores sociales vinculados a un determinado sistema productivo, en un

contexto donde las racionalidades toman cuerpo y lógi-ca en la teoría de las decisiones interactivas. La teoría de las decisiones interactivas nace de los esfuerzos de John Von Neumann y Oskar Morgenstern, con el propó-sito de confrontar las limitaciones de la teoría económi-ca neoclásica. Estudia el comportamiento estratégico cuando dos o más individuos interactúan y cada deci-sión individual resulta de lo que él (o ella) espera que los otros hagan. También, permite analizar problemas de optimización interactiva (Morgenstern 1976; Monsalve 2002; Soto y Valente 2005).

En la teoría, los participantes pueden ser dos o más; bási-camente, existen dos formas distintas de aproximarnos al análisis de una situación de interacciones entre indi-viduos. La primera es la teoría de juegos no cooperativos, en la que, básicamente, un conjunto de individuos, cada uno con estrategias a su disposición, reciben asignaciones de pagos o recompensas por llevar a cabo tales estrategias. La característica no cooperativa consiste en la manera como eligen y en lo que saben de los otros individuos cuando eligen: en general, se supone que los indivi-duos toman sus decisiones independientemente unos de otros, aunque conociendo a sus oponentes y las posibles estrategias que tienen a su disposición. El dilema del pri-sionero ilustra bien la teoría. La historia de este juego es como sigue: dos individuos son detenidos porque come-tieron cierto delito. Ambos son separados en celdas di-ferentes e interrogados individualmente. Ambos tienen dos alternativas: cooperar uno con el otro (no confesar) o no cooperar (confesar el delito). Ellos saben que si nin-guno confiesa, cada uno irá a prisión por dos años. Pero si uno de los dos confiesa y el otro no, entonces al que confiesa lo dejaran libre y al otro que no confiesa lo con-denarán a diez años de prisión. Si ambos confiesan, los dos irán a prisión por seis años.

La pregunta es: ¿Qué harán los detenidos? ¿Coopera-rán entre sí (no confesarán) o se traicionarán el uno al otro (confesarán)? Estudiando las cuatro posibilidades del juego, observamos que el único acuerdo creíble es la opción (-2, -2). Sin embargo, la estructura no coopera-tiva del juego predice que uno o ambos se traicionaran, debido a que siguen intereses individuales y egoístas. De acuerdo con Monsalve (2003), en situaciones simi-lares a ésta es que la competencia egoísta puede condu-cir a estados que son inferiores (en cuanto al beneficio personal y social) a los estados cooperativos, pero que estos últimos no podrán implementarse, a menos que existan reforzamientos externos (normas formales o informales) que obliguen a las partes a cumplir con el acuerdo de cooperación.

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Temas Varios

La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicosDiosey Ramón Lugo-Morin

La segunda es la teoría de juegos cooperativos. Aquí todavía tenemos los mismos agentes egoístas, pero ahora se asume que, si pueden obtener algún beneficio de la coo-peración, no dudarán en formar alianzas. Por supuesto, bajo una estructura como la de juegos no cooperativos, un acuerdo de cooperación puede no ser la solución, de manera que los individuos deben tener una estructura de información diferente si queremos un comportamiento lógico. Su aplicación se puede apreciar en la imagen 1.

Imagen 1. El juego cooperativo

Una visión integradora de la cooperación y la compe-tición puede incentivar y acrecentar el estado del co-nocimiento individual, lo que permite estimular la innovación, dado que genera tensión creativa dentro de las organizaciones. Además, se puede percibir cómo individuos con racionalidad paramétrica se pasan a una racionalidad estratégica en función de las redes sociales que establecen.

Las redes sociales y las relaciones entre actores de un sistema productivo

Las redesLas redes sociales son el resultado de la relación de los grupos humanos que sostienen dos o más personas con la finalidad de ayudarse, realizar negocios, intercambiar información o llevar a cabo cualquier actividad articu-lada con sus intereses para acceder a escenarios compe-titivos (Podolny y Baron 1997). Los rasgos familiares, de negocios o de producción son los que más comúnmente se encuentran en las redes sociales que se efectúan entre los integrantes de la sociedad (González y Basaldúa 2007).

Para Lugo-Morin et al. (2010), las redes sociales represen-tan un espacio relacional donde los actores sociales cons-truyen relaciones diferenciadas, en el marco de múltiples procesos (por ejemplo, de negociación, subordinación, cooperación o conflicto). El análisis de redes sociales ha experimentado un rápido crecimiento. Sin embargo, su uso en el ámbito rural no ha tenido la misma dinámica, y su utilización es vista como “novedosa y paradigmáti-ca” (Murdoch 2000, 407). El estudio de las redes sociales en el ámbito rural debe considerar los siguientes aspec-tos: el límite de una red, los datos, el tipo de relación, la recolección-tratamientos de datos, los elementos de la red y los subgrupos, posiciones (similitud estructural) y roles (Lugo-Morin 2011).

Con el análisis de redes sociales se puede avanzar en la comprensión de fenómenos sociales “micro” (campesi-nos) y “meso” (comunidades, sistemas agroproducti-vos locales), es decir, aquellos fenómenos que derivan de los actores sociales en los que se presentan simultá-neamente interacciones individuales, instituciones y estructuras sociales observables de manera empírica. Con el análisis de redes se observarán las interaccio-nes de instituciones formales e informales (procesos de negociación, cooperación, subordinación), y se deve-larán conflictos, manifestaciones culturales y estrate-gias de solidaridad, amistad y familiares, en el marco

A

C D C

B

I

I I I I

D

R1 R2 R3 R4

En la imagen 1 se muestran dos individuos. El individuo I se mueve primero y puede elegir entre el movimiento A o B. El individuo II, según el movimiento del individuo I, elige el movimiento C o D. En función de las opciones elegidas por ambos individuos, se llega a los posibles re-sultados R1, R2, R3 o R4. En este tipo de juego está defini-do el conjunto de reglas que fijan las posibles jugadas en todo momento, incluidos qué individuo tiene que mover, la probabilidad de cada una de las opciones si los movi-mientos se hacen de forma aleatoria y el conjunto de re-sultados finales que relacionan una ganancia con cada una de las formas de terminar el juego.

La convergencia entre los dos ramales que sustenta la teoría de las decisiones interactivas puede derivar en un equilibrio que alcanzan los individuos que actúan con cierta rivalidad, a la vez que presentan dependencia entre ellos. De este modo, los competidores cooperan en ciertas actividades y compiten en el mismo nego-cio simultáneamente. De acuerdo con Nash (1953), las teorías de los juegos cooperativos y no cooperativos son complementarias: cada una ayuda a justificar y clari-ficar la otra. Estos primeros postulados fueron los que llevaron a Nalebuff y Brandenburger (1997) a desarrollar el concepto de coopetición.

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de estructuras sociales diferenciadas que los influyen, condicionan o permiten (Lugo-Morin 2010).

O bien, desde el modelo de Axelrod (1984 y 1997), donde el concepto de vecindad es determinante. Desde la pers-pectiva de Barabási (2002), estos arreglos siguen una lógica preferencial, en la cual nuevos actores que se añadan a una red se conectarán con actores con mayores niveles de conectividad.

Los indicadores apropiados, de acuerdo con el objetivo de la investigación y con el marco analítico, son los siguien-tes: densidad, equivalencia estructural, centralidad y agujeros estructurales.

Densidad: uno de los principales atributos estructurales de una red social es la densidad de relaciones, que puede ser interpretada como una medida de la intensidad de los vínculos entre los actores (Porras 2001; White y Harary 2001). En el caso particular de una red perteneciente a un sistema productivo, esta medida calcula el número de vínculos. El índice de densidad es indicativo de los víncu-los más importantes.

Equivalencia estructural: esta medida indica la posición social de los actores y puede ayudar a establecer los patrones de competencia y de concentración de poder, así como identificar los espacios de cooperación (Brei-ger 1995). Su utilización determina el grado de si-militud de la estructura de vínculos de los distintos actores (Herrero 2000; Rodríguez 2005). En el análisis de equivalencia estructural, los bloques constituyen-tes de la estructura social son posiciones sociales. Las posiciones son definidas a partir de regularidades en los modos de relación entre actores, no a partir de los atributos de los actores mismos. El coeficiente de co-rrelación de Pearson es una opción para presentar el número de vínculos comunes como proporción de los vínculos totales reportados por cada actor.

Centralidad: se refiere a la importancia relativa de un actor dentro de la red social. En este caso, el análisis de centralidad permite identificar actores individua-les que concentran el poder relacional dentro de las redes sociales. El poseer mayor número de vínculos suele interpretarse como una fuente de capital social. Las conexiones que establece un actor son vistas como un activo valioso, permitiéndole al actor tomar posi-ción en la estructura de intercambios entre los agentes (Burt 2004). Para el estudio se consideró la centralidad de grado de Freeman, que mide el número de relacio-nes que posee cada actor (Freeman 2000).

Agujeros estructurales: la idea de que existan agujeros en la estructura de interacción social en redes de indi-viduos representa simplemente el desinterés mutuo entre los actores sobre sus actividades, y su formación es natural en toda red social. El concepto representa una especie de introspección estructural que aísla los flujos de información de los individuos ubicados en lados opuestos del agujero. De esta manera, los nodos que los aprovechen tienen la oportunidad de interme-diar en el flujo de información, generando oportuni-dades de control sobre la información que poseen los actores anidados en cada extremo, conexión que sin su participación no existiría. Esto por definición es, para aquellos que sepan sacar ventaja, capital social (Veláz-quez y Rey 2007). Así, aquellos actores cuyas relaciones atraviesan los agujeros estructurales tienen ventajas competitivas, por la capacidad de acceder a más in-formación, de ejercer algún grado de control sobre los grupos desconectados.

Las relacionesEntre las interacciones de los actores sociales surge un sinnúmero de relaciones, tales como negociación (Ste-vens 1958; Battaglia 2003), cooperación (Miller 2007), subordinación (Rubio (2004 y 2006; Falcón 2006), con-fianza (Herreros 2004; Luna y Velasco 2005), parentesco (Espronceda 2001) y conflicto (Laca 2006; Bernard 1950). Estas relaciones son abordadas y explicadas en detalle en el trabajo de Lugo-Morin (2013), el cual identifica y exa-mina las formas de capital social que se establecen en los sistemas territoriales rurales.

Se precisa que todo individuo o grupo puede establecer conexiones; estas conexiones sustentan su permanencia en un marco institucional formal e informal. En esta ló-gica, Lugo-Morin (2013) señala que toda relación social es susceptible de generar capital social.

Metodología de la investigación La investigación se realizó en Acatzingo, municipio del valle de Tepeaca. Este valle tiene una importancia estratégica, por ser una de las zonas productoras de hortalizas más importante de Puebla (México). Está conformado, según Rappo y Vázquez (2006), por trece municipios: San Francisco Mixtla, Santa Isabel Tlane-pantla, Cuautinchán, Tzicatlacoyan, Tecali de Herrera, Acatzingo, San Salvador de Huixcolotla, Tepeaca, Cua-piaxtla de Madero, Tecamachalco, Santo Tomás Hueyot-lipan, Tochtepec y Los Reyes de Juárez.

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Temas Varios

La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicosDiosey Ramón Lugo-Morin

Acatzingo se encuentra en el centro del estado de Puebla (México), a 2160 msnm, entre las coordenadas 18º 58’ Norte y 97º 46’ Oeste; el clima, según la cla-sificación de Holdridge (1978), es (A) C w’’) (w) b (i’)g templado subhúmedo, con lluvias en verano, tempe-ratura media anual de 19,5 ºC y precipitación media de 788,3 mm. Tiene una extensión territorial de 12.500 hectáreas, de las cuales el 70,6% es superficie agríco-la aprovechable; la población económicamente activa (PEA) del sector primario es de 4.901 (Rappo y Vázquez 2006). De las cifras reportadas, se desprende que exis-ten unas 250 unidades de producción rural (UPR) que se dedican a la producción de hortalizas; esta cifra es consistente con los hallazgos del trabajo de campo de Lugo-Morin (2010).

La comercialización de la producción hortícola se realiza principalmente en la central de abasto de Huixcolotla, la cual emplea como sistema de venta una variante de la subasta holandesa. Es decir, un sistema de venta basado en la competencia directa, donde el ofertante comien-za subastando con un alto precio, que es rebajado hasta que llega al precio mínimo aceptado para esa venta. La central de abasto se ubica de manera estratégica en la re-gión, dinamizando económicamente la región con unos 25 mil empleos directos de 36 municipios. Los pequeños productores están conformados en 136 sociedades ejida-les. De acuerdo con Lugo-Morin (2010), para el año 2009, la central de abasto despachó diariamente a los mercados regionales y nacionales unas 2.000 toneladas de horta-lizas, y para los mercados internacionales, unas 1.000 toneladas; con un monto mensual de 480 millones de pesos, lo que representa un valor de producción anual de 5.760 millones de pesos.

El sistema productivo no cuenta con financiamiento y está integrado por tres componentes: el proceso produc-tivo agrícola, los bienes y servicios para la producción y la comercialización, que interactúan estableciendo redes sociales asimétricas y simétricas.

La investigación empleó la técnica del estudio de caso y se centró en el análisis del sistema productivo hortícola del municipio de Acatzingo y los actores sociales vincula-dos. El análisis valoró los emprendimientos de acción co-lectiva del sistema productivo, empleando herramientas analíticas capaces de identificar y comprender la natura-leza de dichos emprendimientos, tales como las decisio-nes interactivas y las redes sociales.

Entre los meses de junio de 2008 y octubre de 2009 se realizó trabajo de campo en el municipio de Acatzingo

utilizando la metodología cualitativa. Bajo esta meto-dología, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a diversos actores del sistema hortícola local: pequeños productores, proveedores de bienes y servicios y co-mercializadores; así como cuestionarios sociométricos y observación participante. Las entrevistas se orienta-ron a identificar las relaciones en el sistema hortícola y la red social de los actores sociales participantes. Los cuestionarios midieron las relaciones identificadas, así como la frecuencia de interacción. La información fue sistematizada y analizada de acuerdo con las varia-bles de estudio.

En un primer momento se identificaron y delimitaron los actores sociales y el tipo de relaciones que establecían. Con base en las observaciones exploratorias realizadas en campo y la revisión de literatura, el límite de la red se es-tableció según la perspectiva nominalista. En un segun-do momento se estableció la dimensionalidad de la red a través de varios niveles de análisis: 1) la densidad; 2) la equivalencia estructural; 3) la centralidad de los actores que participan en la red, y 4) los agujeros estructurales.

Elementos para la formalización lógica de la acción colectiva ruralUn modelo matemático expresa relaciones y varia-bles, así como relaciones entre variables, para estudiar comportamientos de sistemas productivos ante situa-ciones difíciles de observar en la realidad. Una de las formas de representar esta sinergia es a través de un índice, que representa convencionalmente el grado o intensidad de relación de una cualidad o un fenóme-no determinado. El patrón de vínculos establecidos en un determinado sistema de referencia, sobre un actor en particular, permite fijar importantes propiedades estructurales de una red. De acuerdo con Burt (1982), la existencia de las relaciones obliga a formular los in-tereses como relativos y sometidos a las limitaciones y oportunidades ofrecidas por la estructura en la que los individuos están inmersos. Al mismo tiempo que los actores están condicionados por la estructura social concreta en que se hallan, la (re)producen por medio de sus interacciones cotidianas. Así, pues, aparece un bucle entre la acción y las relaciones existentes, dado que la acción puede consistir en crear una relación, modificando con ello la red, que a continuación tendrá una influencia en la acción, y así sucesivamente.

Lo anterior posibilita que las distintas formas de capi-tal social (normas informales, relaciones de confianza

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y cooperación, así como el grado de organización) que emergen de un sistema productivo sean determinantes de su desempeño socioeconómico. En este sentido, se desarrolló el índice de acción colectiva rural (IACr), que mide la intensidad de la dinámica de cambios de un sistema productivo como consecuencia de la sinergia de sus formas de capital social en torno a un objetivo común, en este caso, el acceso a nuevos esquemas de financiamiento y comercialización por parte de los pe-queños productores de hortalizas de Acatzingo. Su re-presentación matemática, es la siguiente:

IACr = f (Va , Vb , Vc , Vd , Ve )

El índice de acción colectiva rural (IACr) está dado por una relación simple que se establece en dos planos: mi-cro-meso. En el primer caso se ubican estimadores de acción individuales, y en el segundo, los estimadores de acción colectiva.

Estimadores de acción individualIACr = Estimadores de acción colectiva

donde los estimadores de acción individual van a com-prender el estimador de las relaciones que generan capi-tal social en los actores y el estimador de la organización del sistema, exceptuando al actor más central de la red. Se expresa matemáticamente como sigue:

Estimadores de acción individual = Va * Vd

Los estimadores de acción colectiva van a comprender el estimador de todas las relaciones que se generan en el sistema, exceptuando aquellas que generan capital social y el estimador de la organización del sistema que puede ser dado por la centralidad de los actores de la red. Se expresa matemáticamente como sigue:

Estimadores de acción colectiva = Vb * Vc

Para ambos casos, el efecto no es aditivo simple, sino que es un efecto potenciado, por lo que se cambia lo que po-dría ser resuelto con una suma por un producto de ambos factores. Dicha relación se va a mover entre valores posi-tivos o mayores que 1 (> 1) y valores negativos o menores que 1 (< 1). Un aspecto de relevancia en los emprendimien-tos de acción colectiva son las medidas de control social, que están dadas en este caso por las normas informales y que requieren ser ponderadas. En ausencia de medidas de control, la acción colectiva difícilmente se activa, por lo que se debe incluir un factor de ponderación, que es

Ve, lo cual vendría a darle un sentido social al modelo. La expresión matemática en su conjunto es la siguiente:

IACr = [(Va * Vd) / (Vb * Vc)] * Ve

donde

IACr = Índice de acción colectiva rural

Va = Estimador de las relaciones que generan capital social en los actores

Vb = Estimador de todas las relaciones que se generan en el sistema, exceptuando aquellas que generan capital social

Vc =Estimador de la organización del siste-ma que puede ser dado por la centralidad de los actores

Vd

=Estimador de la organización del siste-ma, exceptuando al actor más central de la red

Ve = Ponderador dicotómico de una o varias normas informales (norma informal)

Si IACr es positivo o > 1

Indica que la acción colectiva en el sis-tema productivo puede ser un elemento dinamizador, debido a un número im-portante de interacciones en el sistema. La sinergia de sus distintas formas de capital social posibilita acercarse a su objetivo en común.

Si IACr es negativo o < 1

Indica que existen restricciones de ac-ción colectiva en el sistema productivo que pueden obstaculizar la cohesión dentro del sistema, debido a un núme-ro poco significativo de interacciones. La poca sinergia de sus distintas formas de capital social posibilita alejarse de su objetivo en común.

Si IACr es igual a 0

Indica que existen muy pocas o nulas posibilidades de que el sistema pro-ductivo pueda ser un ente dinamiza-dor, debido a la ausencia de normas informales. O que hay una confusión acerca de la naturaleza de las relacio-nes existentes y que están resultando inocuas, en el sentido de su eficiencia para potenciar resultados.

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La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicosDiosey Ramón Lugo-Morin

Resultados y discusión

En Acatzingo la producción hortícola es diversificada, con alrededor de dieciocho cultivos (Oeidrus 2009). El sistema productivo hortícola está integrado por tres componentes: el proceso productivo agrícola, los bienes y servicios para la producción y la comercialización. En el primero se identifican pequeños productores, que tie-nen una edad entre los 30 y 65 años, con un promedio de 3,5 hectáreas por unidad productiva. Entre los elementos que integran la unidad se encuentran: la propiedad de la tierra, el conocimiento local, la fuerza laboral y los recur-sos económicos, que les permiten cierta autonomía en lo que refiere a qué, cuándo, cómo y cuánto producir.

La actividad hortícola descansa en la familia y la contra-tación de fuerza de trabajo. En el segundo componente se identifican diversos actores sociales; casas comercia-les, viveros, despachos de certificación sanitaria, orga-nizaciones gubernamentales; la mayoría de los actores mencionados se ubican muy cerca de los centros de pro-ducción, cuentan con capital y cierto nivel de especializa-ción, lo que les permite atender la demanda de servicios y bienes. Por último, está el componente de la comercia-lización, que agrupa dos tipos de capital: el comercial (permite soportar las transacciones de compra-venta de productos sin realizar inversión), con intermediarios lo-cales, y el empresarial (no sólo soporta las operaciones de compra-venta de productos, sino que también se emplea para realizar inversiones, tales como infraestructura, tecnología y transporte), con empacadoras y exportado-ras, así como tiendas de autoservicios, tales como Soria-na, Wal-Mart y Chedraui.

Dentro de los tres componentes que articula el sistema hortícola, se identificaron dos emprendimientos de ac-ción colectiva: el componente proceso productivo, y una restricción, el componente de comercialización. Lo ante-rior da cuerpo a la acción colectiva rural, que se construye en una atmósfera de procesos sociales donde predomi-nan la negociación, cooperación y subordinación, entre otras relaciones.

En el primer emprendimiento se identificaron dos grupos, que, siguiendo la lógica del dilema del pri-sionero, establecen que la estrategia dominante pasa por no esforzarse en cooperar. Sin embargo, dicha es-trategia no lleva a una solución óptima, debido a los intereses de cada grupo, lo que conduce finalmente a cooperar. Los resultados del análisis de redes sociales en las medidas centralidad de grado y equivalencia in-dican que los espacios cooperativos son viables. Pre-

dominan las relaciones de negociación, cooperación, subordinación, y en menor proporción, la confianza. Los resultados son sugerentes respecto a los señala-mientos de Borch y Girard (2009), al indicar que las decisiones estratégicas de los actores emergen de mo-delos específicos de intercambio.

El segundo emprendimiento está referido a la conforma-ción de pequeñas sociedades en torno al recurso hídrico que es empleado para riego, en sociedades que se rigen por normas informales donde priman los espacios coope-rativos. Sin embargo, dichos espacios no son constantes fuera de la sociedad de riego. La interdependencia y las normas informales son elementos asociados al grado de autonomía que puede tener un pequeño productor. Pre-dominan las relaciones de confianza y cooperación, que son articuladas por el grado de respeto que ha ganado la sociedad históricamente. De acuerdo con González-Bailón (2009), la interdependencia es el mecanismo básico por el cual las redes afectan procesos sociales: es una conexión que hace que los agentes tengan en cuenta distintas medidas e influencias. Esta interdependencia —aunque toma diversas formas y crea diversas posicio-nes estructurales, dependiendo de la ubicación dentro de la estructura global— lleva a que los agentes puedan activar (o no) los mecanismos que permiten que las redes satisfagan su papel dentro del sistema.

La restricción a la acción colectiva vincula el segundo em-prendimiento con el componente de comercialización, indicando cómo, en contextos distintos, cambia la estruc-tura relacional. Las relaciones de cooperación que se esta-blecen alrededor del recurso hídrico arrojan una densidad de 0,6667, mientras que en un contexto distinto, como lo es el proceso de comercialización, los mismos nodos en la central de abasto cambian la relación, y su densidad baja considerablemente (0,0667). Estos actores, a pesar de per-tenecer a un mismo territorio, detentan una diversidad de comportamientos racionales que no coinciden entre los distintos componentes que integran al sistema hortícola de Acatzingo. De acuerdo con Crozier y Friedberg (1990), los actores en su totalidad son quienes, dentro de las res-tricciones que les impone el sistema, disponen de un mar-gen de libertad que emplean de manera estratégica en sus interacciones con los otros.

Del análisis de los emprendimientos y restricción de la acción colectiva, con base en la teoría de las decisiones interactivas y el enfoque de redes sociales, en el caso con-creto de estudio se identificaron y cuantificaron las dis-tintas formas de capital social, con base en el trabajo de Lugo-Morin (2013).

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Arreglos asociados a la formalización lógica de la acción colectiva ruralEl índice se calculó con base en los hallazgos del trabajo de campo. Se identificaron seis tipos de relaciones:

1. Negociación (151) 2. Confianza (4) 3. Cooperación (54) 4. Parentesco (2) 5. Conflicto (1) 6. Subordinación (8)

De las relaciones mencionadas previamente, se conside-rarán dos: confianza y cooperación, así como la organi-zación del sistema, que viene dada por la centralidad de la red (0,3472), donde el actor más central tiene un valor numérico de 46 en términos absolutos.

Se identificó al menos una norma informal (respeto) que se deriva de las pequeñas sociedades del agua. Para obtener el valor de Va se suman los valores de las relaciones confianza y cooperación. Con referencia a Vb, se suman los valores de las relaciones negociación, parentesco, conflicto y subordi-nación. El valor de Vc viene dado por la centralidad de la red. El valor de la variable Vd se extrae del actor más central de la red. Finalmente, se indica la ausencia (0) o presencia (1) de la norma informal en términos binarios, que para el presente estudio será el “respeto”. Un resumen de los datos obtenidos se puede observar en la tabla 1.

El índice de acción colectiva rural (IACr) obtenido para el sistema es de 47,43. Esta expresión numérica, dada en términos absolutos, indica que la acción colectiva en el sistema productivo puede ser un elemento dinamizador, debido a un número importante de interacciones en el sis-tema. Además, la sinergia de sus distintas formas de ca-pital social posibilita acercarse a un objetivo común, que

Tabla 1. Cálculo del índice de acción colectiva rural

AlcanceValor de las relaciones que generan los actores sociales (Valores absolutos)

Valor de la organización del sistema que puede ser dado por la centralidad de los actores

IACr

Micro 58 (Va) 162 (Vb)

= 47,43Meso 0,3472 (Vc) 46 (Vd)

IACr = [(58 * 46) / (162 * 0,3472)] *1

Nota: condición de la norma informal: presente (1).

Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados en campo y apoyo del programa informático UCINET 6 (Borgatti, Everett y Freeman 2002).

para el caso concreto de este estudio se ubica en encontrar nuevos esquemas de financiamiento y comercialización, en el marco de la producción hortícola de los pequeños productores del sistema. En un esquema de análisis más amplio, los procesos relacionales en el ámbito territorial pueden ser percibidos claramente, debido a que los terri-torios son reflejos de las configuraciones de sus respecti-vos sistemas, lo que posibilita, en el nivel territorial, idear soluciones estructurales a los problemas estructurales.

El alcance que tiene la construcción del índice nos lleva a la siguiente interrogante: ¿en qué medida deberíamos definir un sistema relacional con sus propias propiedades estruc-turales y sus efectos funcionales al nivel micro-meso?

Apoyándonos en la teoría relacional de Donati (1993), el cambio social devela las realidades sociales, cuyo motor son los actores (individuales o colectivos) que están en relación entre sí dentro de un contexto determinado, el cual intenta captar (cambio social) el tiempo social de las relaciones. En un primer momento, el cambio social es entendido como el producto de una infinitud de microac-ciones individuales, que pueden comprenderse, antes que explicarse, con referencia a los sujetos individua-les. En un segundo momento, tenemos que el elemento común fundamental que genera el sentido es la estructu-ra o el sistema productivo, porque “quien” obra el cambio social es la estructura o el sistema social.

Los datos empíricos muestran que los actores establecen y mantienen redes sociales con la finalidad de construir un sistema de arreglos que les permita obtener un lugar en la estructura o sistema productivo. Estos reacomodos de los actores sugieren que los sistemas productivos poseen un mecanismo de estabilidad que los lleva a un estado de per-manencia o desaparición, de acuerdo con el tiempo de la relación social. Es decir, si las relaciones son duraderas, es posible considerar la permanencia del sistema; si, por el

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La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicosDiosey Ramón Lugo-Morin

contrario, las relaciones son de poca duración, se puede es-perar la desaparición del sistema, en términos de cambios.

Otro aspecto de relevancia está referido al concepto de capital social; su manejo tanto empírico como conceptual posibilita una amplia aplicabilidad de la acción colectiva en el medio rural. De acuerdo con Ostrom y Ahn (2003), el concepto de capital social pone el acento sobre varios factores que no son nuevos, pero que en general fueron pasados por alto durante el auge de la economía neoclásica y las teorías de la elección racional: confianza, cooperación, redes y formas de parti-cipación civil, que bien podrían traducirse en organización y reglas o instituciones tanto formales como informales. La contribución de la perspectiva del capital social consiste en que incorpora estos factores aparentemente diversos al marco de la acción colectiva. La evolución del concepto de ca-pital social muestra dos tendencias relacionadas, pero rela-tivamente distintas. La primera se denomina minimalista, y la segunda, expansionista. Estas tendencias coinciden en parte con los señalamientos de Donati (1993), quien, aunque no hace alusión de un modo directo al capital social, expone y explica los distintos niveles estructurales.

La primera tendencia, la utilización minimalista del capital social, se encuentra con mayor frecuencia en el análisis de redes sociales en las que el capital social se entiende como el acceso de las personas a redes personales favorables. A tra-vés de la visión minimalista, es común entender el capital social como: I) perteneciente a los individuos y II) como una conexión con las personas que quizá pueden ayudar como la forma primaria. En la segunda tendencia, el reconocimien-to del papel del capital social en la resolución de problemas de acción colectiva tiene implicaciones importantes tanto para la teoría de la acción colectiva como para las políticas públicas. El modelo tradicional de la acción colectiva supo-ne la existencia de individuos atomizados que buscan metas egoístas de corto plazo que llevan a cada individuo a no cola-borar en un grado eficientemente integral con los proyectos colectivos (Ostrom y Ahn 2003). Según esta visión, los indi-viduos no abordan de manera voluntaria una multitud de proyectos que benefician la colectividad en las esferas priva-da y pública, porque esperan a que los demás lleven a cabo las costosas acciones necesarias para beneficiarlos a todos.

Partiendo de la elaboración teórica de Ostrom, entre otros autores, se amplía el concepto de capital social, de tal ma-nera que hoy en día ha llegado a resultar atractivo tanto para los teóricos como para los generadores de políticas. Primero, localizan explícitamente los conceptos de capital social en el marco de la acción colectiva. Segundo, abordan problemas importantes de políticas públicas con la perspectiva de capi-tal social/acción colectiva. Tercero, reconocen la existencia

de múltiples tipos de individuos como principio central del modelaje. Por lo tanto, lo que determina el nivel de éxito de una acción colectiva es una configuración total de factores, formas de capital social, en un contexto concreto.

Por último, la aplicación del IACr dota al análisis de una inter-pretación relacional que permite avanzar en el dinamismo de un sistema productivo que emerge de una sociedad rural cada vez más asimétrica, caracterizada por la implosión/ex-plosión de las relaciones sociales, en un diverso tiempo social de las relaciones; un tiempo que reduce o amplía las relacio-nes como ninguna sociedad lo ha hecho antes. Estas conside-raciones muestran la importancia del índice de acción.

ConclusionesLas variadas formas de capital social encontradas en el caso concreto de estudio posibilitaron la formalización lógica a través de un índice de la acción colectiva rural. Entre las formas de capital social se identificaron: organización, instituciones informales, relaciones de cooperación y con-fianza, así como otros tipos de relaciones (negociación, parentesco, conflicto y subordinación) que emergen como procesos relacionales catalizadores dentro del sistema, que pueden afectar positiva o negativamente la sinergia del proceso relacional en su totalidad o al sistema en cuestión.

La formalización lógica de la acción colectiva rural permitió examinar la dinámica relacional entre los actores sociales del sistema productivo hortícola, en un marco de iniciati-vas, restricciones y redes sociales. De lo que se trata es de avanzar en la existencia del capital social como variable po-tenciadora de un ambiente de aprendizaje donde las inte-racciones y experiencias (conocimiento tácito y codificado) de los actores sociales del medio rural pueden consolidar estructuralmente su sistema productivo. Este complejo de relaciones, redes, estructuras y reglas emerge para la con-secución del objetivo común.

El modelo propuesto pretende dar capacidad analítica a los incentivos y restricciones de acción colectiva de los actores sociales asociados a un sistema productivo agrícola, una vez identificados. Aunque el estudio es preliminar, los re-sultados constituyen un paso adelante en la medición de la acción colectiva. Esto permite articular una agenda de investigación propicia, en un marco donde el medio rural está en constante cambio, y posibilita despejar las incerti-dumbres en torno a los sistemas productivos rurales, situa-ción que animaría al sector gubernamental para diseñar e instrumentar políticas agrícolas y rurales en consonancia con los desafíos que hoy enfrenta el campo.

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El dolor crónico en la historia• Javier Moscoso – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

Participación política de desmovilizados: Universidad Nacional de Colombia y Naciones Unidas, 28 de abril de 2013

• Francisco Leal Buitrago – Universidad Nacional de Colombia / Universidad de los Andes, Colombia

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El dolor crónico en la historia*

Javier Moscosov

Introducción

John J. Bonica definió el dolor crónico como una forma maléfica que impone al enfermo, a su familia y a la sociedad un grave estrés emocio-nal, físico, económico y sociológico. El concepto implica que el dolor ya no funciona como señal

y que adquiere en consecuencia la característica de una afección autónoma que debe considerarse en sí misma como una enfermedad. Al contrario de lo que ocurre con el dolor agudo, el dolor crónico no atraviesa culturas ni períodos históricos; no es un fenómeno universal ni en la historia ni en la cultura (Kleinman et al. 1992, 3).1 Por supuesto que la existencia de un sufrimiento persisten-te, que se manifiesta a lo largo de intervalos temporales continuos, no atañe en exclusividad a la práctica médi-ca del siglo XX. Los dolores de cabeza o de espalda, los de los miembros amputados, las llamadas causalgias o neuralgias, han existido siempre. Pero eso no quiere decir que podamos considerar “enfermos” a quienes en el pasado hayan sufrido semejantes padecimientos. Aun cuando estuviéramos tentados a pensar que la cronici-dad del dolor puede haber afectado a la humanidad en su conjunto a lo largo de la historia, no sucedería lo mismo con la idea, extraña, de que quienes sufrieron esos males fueron también enfermos de eso.

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.13

El presente artículo pretende sugerir que el surgimiento de la medicina del dolor y, de modo más general, la nueva po-lítica del dolor que aparece a mediados del siglo XX no están relacionados con la sustitución de marcos teóricos, o con la modificación y objetivación del objeto de estudio, sino con otras condiciones culturales relacionadas con la acotación de la experiencia. Al contrario de la interpretación más ex-tendida, que hace de la aparición de la medicina del dolor la conclusión inevitable de las dificultades y obsolescencias de un modelo teórico agotado, me gustaría sugerir aquí una alternativa de mayor imbricación cultural. De mane-ra general, quisiera plantear cómo la medicalización del dolor crónico no ha dependido tan sólo de factores internos dentro de la práctica hospitalaria y la teoría clínica, sino también, y sobre todo, de la formación y categorización de grupos humanos. Aun cuando la relación entre el dolor y la guerra no requiere ulteriores clarificaciones, la medicali-zación del dolor no sólo tuvo como protagonistas a los ciru-janos de campaña, sino a grupos de población militar que había que reintegrar a la vida civil.

Dolor crónicoEn una publicación de 1982, Patrick D. Wall y Ronald Melzack decían escribir para ilustrar un tipo de dolor

* Este texto está inspirado en el capítulo VIII de mi libro Historia cultural del dolor, publicado en 2011 por la editorial Taurus, y en 2012, en su traduc-ción al inglés, por la editorial Palgrave-Macmillan.

v Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de investigación de Historia y Filosofía de las Ciencias en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Correo electrónico: javier.moscoso@cchs.csic.es

1 “Unlike acute pain, chronic pain (lasting for months or years) is not a ubiquitous experience. Nor has it been shown to be universal, crossing cultures and historical epochs”.

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intratable y crónico que había atormentado a miles de seres humanos a lo largo de la historia (Wall y Melzack 1996 [1982], 36 y ss.). El texto de estos dos ilustres neuro-fisiólogos partía de una distinción inicial entre el dolor agudo, que había sido desde antiguo uno de los signos visibles de la enfermedad, y el dolor crónico, que descri-bían como una enfermedad en sí misma o, de manera más precisa, como un conjunto de síndromes lesivos. En la década de 1980, muchos miembros de la comunidad científica —fisiólogos, neurólogos o anestesistas— re-conocían que mientras que el primero, el agudo, podía mantener un grado de utilidad —al menos en cuanto permitía anticipar la presencia de alguna condición subyacente—, el segundo (el crónico) sólo podía inter-pretarse como un desorden que causaba una gran canti-dad de sufrimiento al paciente, a su entorno familiar y a la sociedad en su conjunto, sin que su presencia pudiera justificarse por razonamiento clínico alguno (Bonica y Albe-Fessard 1976, 17. Citado por Natas 1996, 22). A par-tir de la segunda mitad del siglo XX, el espacio material de esta nueva enfermedad había comenzado a poblarse con rapidez. La medicina había empezado a distinguir entre el dolor útil y el sufrimiento inútil, entre el dolor de laboratorio y el sufrimiento clínico, entre el dolor pe-riférico y el dolor central, entre el dolor de los miembros y el dolor de las vísceras. Si bien la distinción entre do-lores agudos y crónicos ya estaba presente en la fisiolo-gía romántica, hizo su aparición explícita en la segunda mitad del siglo XX. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, fundada en 1973, dependía tanto de esta distinción entre lo transitorio y lo crónico que cabe decir que cuando el dolor alcanzó plena visibilidad en el ámbito de la investigación clínica, ya no lo hizo como un único objeto, sino como varios.2

2 La definición de dolor que proporciona la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) merece ser citada por extenso: “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage. Note: The inability to communicate verbally does not negate the pos-sibility that an individual is experiencing pain and is in need of ap-propriate pain-relieving treatment. Pain is always subjective. Each individual learns the application of the word through experiences related to injury in early life. Biologists recognize that those stimuli which cause pain are liable to damage tissue. Accordingly, pain is that experience we associate with actual or potential tissue damage. It is unquestionably a sensation in a part or parts of the body, but it is also always unpleasant and therefore also an emotional experience. Experiences which resemble pain but are not unpleasant, e.g., pric-king, should not be called pain. Unpleasant abnormal experiences (dysesthesias) may also be pain but are not necessarily so because, subjectively, they may not have the usual sensory qualities of pain.

Many people report pain in the absence of tissue damage or any likely pathophysiological cause; usually this happens for psychologi-cal reasons. There is usually no way to distinguish their experience from that due to tissue damage if we take the subjective report. If

En lo que concierne a su desarrollo clínico, el sufrimien-to humano se disolvió en una tipología de seres inter-medios o síndromes lesivos (Wall y Melzack 1996 [1982], 284 y ss.). Algunos de entre ellos, como la causalgia, el miembro fantasma o la neuralgia del trigémino, ya eran viejos conocidos de la medicina, aunque no siempre con esos nombres. Otros muchos, sin embargo, aparecie-ron al socaire de las nuevas parcelaciones y condujeron, también, a la multiplicación de los marcos teóricos y las hipótesis explicativas. En 1986, la Asociación para el Es-tudio del Dolor propició la primera gran clasificación de los llamados “síndromes de dolor crónico”.3 La fibrositis, el síndrome de la boca ardiente o la tendinitis comen-zaron a convivir con la diversificación de la migraña o del dolor de espalda persistente. El mundo se llenaba de nuevos pobladores: la alodinia, la anestesia dolorosa, la disestesia, la hiperalgesia, la hiperestesia, la parestesia, la neuritis o el dolor periférico describían realidades que hasta entonces sólo habían tenido una existencia lite-raria, ocultas en los relatos incompletos, a veces increí-bles, de los seres humanos afectados.

El interés clínico y académico por este nuevo objeto propició que en 1967 se fundara la Sociedad de Dolor In-tratable. La revista Pain, dependiente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, comenzó a pu-blicarse en 1974 (Natas 1996). Para sus protagonistas, la aparición de esta nueva medicina parecía la culminación de un proceso, el último capítulo de una secuencia na-rrativa que había llevado a los seres humanos desde la lógica de la resignación a la tecnología de la resistencia. Después de la abolición del sufrimiento quirúrgico a mediados del siglo XIX, y de la introducción masiva de analgésicos en la cultura del consumo del siglo XX, ra-zonaban estos médicos, faltaba por encontrar un trata-miento eficaz para combatir el sufrimiento asociado a la enfermedad incurable o terminal, pero también a la ar-tritis reumatoide, a la neuralgia facial o a los síndromes postraumáticos, es decir, a las distintas variedades de la agonía física prolongada o intratable que había afligido a la humanidad entera desde los tiempos más remotos. Los cirujanos y neurólogos siempre interpretaron su his-toria de ese modo: como resultado de la proliferación de fenómenos anómalos que el marco teórico heredado pa-

they regard their experience as pain and if they report it in the same ways as pain caused by tissue damage, it should be accepted as pain. This definition avoids tying pain to the stimulus. Activity induced in the nociceptor and nociceptive pathways by a noxious stimulus is not pain, which is always a psychological state, even though we may well appreciate that pain most often has a proximate physical cause”.

3 Esta primera clasificación se publicó en la revista Pain. Merskey (2002 [1986]).

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recía incapaz de explicar, pero también como la culmi-nación necesaria de un proceso histórico más amplio que incluía la llegada de la mirada humanitaria al lecho del dolor y de la muerte.

Aun cuando el valor diagnóstico del dolor agudo nunca estuvo cuestionado, el sufrimiento (crónico o terminal) se disolvía en una familia de experiencias que sobrepasa-ba con creces, cuando no contradecía, los elementos teó-ricos sobre los que se había constituido la relación entre la lesión y el daño. Ése siempre fue el primer problema:

Los médicos están dispuestos a admitir muy rápida-mente que el dolor es una reacción de defensa, una advertencia afortunada que nos pone en aviso sobre los peligros de una enfermedad. ¿Pero a qué llamamos una reacción de defensa? ¿De defensa contra quién?, ¿contra qué? ¿Contra el cáncer que con tanta frecuencia pro-duce síntomas cuando ya es demasiado tarde? ¿Contra las afecciones cardíacas, que se desarrollan siempre en silencio? (Leriche 1949 [1937], 30)

Así pretendía el cirujano René Leriche repudiar la falsa concepción que asociaba la presencia del dolor a un mal necesario y que, sobre todo en Francia, había sido la base de la investigación fisiológica desde comienzos del siglo XIX. La semiótica de los lamentos, la traducción de los gestos expresivos en signos clínicos, había permitido, entre otras cosas, hablar del sufrimiento animal o del dolor en la infancia, pero siempre se mostró incapaz de explicar cuál podía ser la advertencia que proporcionaba una neuralgia de trigémino, o de qué podía proteger el sufrimiento que acompañaba un carcinoma.

Desde el punto de vista clínico, tanto los casos de lesio-nes sin síntomas como los de síntomas sin enfermedad, o al menos sin enfermedad visible, evidenciaban un tri-ple proceso de ocultación relacionado con la perspectiva experimental y con la práctica clínica. La materializa-ción institucional del dolor crónico, su comprensión al mismo tiempo médica, clínica y cultural, dependió de la inversión de ese triple proceso de ocultación que limi-taba el testimonio del paciente, que no atendía al dolor terminal y que mostraba aun menos interés por resol-ver o paliar el sufrimiento de grupos marginales y cla-ses desfavorecidas, incluida en esta categoría la clase no menor del enfermo desahuciado.

Por una parte, los manuales de fisiología publicados en la segunda mitad del siglo XIX apenas se referían a los dolores viscerales, es decir, a todos aquellos que no se acomodaban fácilmente a las prácticas de laborato-

rio y a sus procedimientos mecánicos de objetivación y manipulación experimental. Aun cuando estos dolores internos fueran mucho menos excepcionales que los externos, la fisiología prefirió concentrarse en el estu-dio de lo infrecuente, mientras que lo cotidiano —los dolores que se sienten en el órgano o los que resulta-ban de la estimulación del sistema nervioso central— adquiría tintes de excepcionalidad. En segundo lugar, los esfuerzos de objetivación de la enfermedad habían arrumbado las cualidades narrativas del paciente, junto con todos sus recursos retóricos. El testimonio del paciente, apenas verbalizado, casi siempre dramá-tico, sólo se hacía comprensible desde la lógica de la enfermedad mental. No ocurría, como ahora, que al sufrimiento físico se le reconociera una dimensión psi-cológica, sino que el enfermo de dolor crónico termina-ba con frecuencia sus días en el olvido o en el cuaderno de notas de un psiquiatra (Jewson 1979). En 1919, James Mackenzie distinguía dos métodos de aproximación a la enfermedad: el propio del laboratorio, que buscaba la comprensión de los signos de la enfermedad a través de su reproducción experimental, y el que dependía de la medicina hospitalaria, que entendía el síntoma en relación con la vida del paciente (Mackenzie 1919, 31-32 y 67). Para John Ryle, uno de los exponentes de la nueva medicina social, el médico no debía ver la enfermedad en el cuerpo del paciente, sino entender a cada enfermo en el contexto de su enfermedad. Su aproximación clínica no dependía de procedimientos mecánicos de objetivación, sino de la educación de los sentidos (del médico) y la acumulación de testimonios (de pacientes). Por un lado, la medicina hospitalaria debía descansar en el examen minucioso, el interroga-torio exhaustivo y la descripción detallada de los expe-rimentos que la propia naturaleza operaba de manera espontánea en el organismo humano. Por el otro, la misma resistencia al tratamiento que el paciente vivía como un infierno debía conducir al médico a la redefi-nición de sus fines y propósitos (Ryle 1948 [1928], cap. 3, 438; Ryle 1935, 35-36).4

Por último, pero no menos importante, la desigual dis-tribución del daño entre sectores diferentes de la pobla-ción también condujo a la invisibilidad social y al olvido clínico de grandes grupos humanos. Esa última forma de ocultación no sólo afecta a la historia de la medici-na, sino que constituye un fenómeno de mucho mayor alcance relacionado con la elaboración cultural del dolor crónico, que tuvo una incidencia especial en los cuerpos

4 Sobre Ryle (Porter 1993). Véase también Garro (1992).

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y en los modos de existencia de los sectores de población más desprotegidos.5 El aspecto de los hijos de las clases trabajadoras de Londres, por ejemplo, era “pálido, de-licado, enfermo […], muchos padecían enfermedades de los órganos nutritivos relacionados con la nutrición, curvatura y distorsión de la columna y deformidad en las extremidades” (Picard 2006, 232). También el cuerpo del trabajador se avejentaba y encorvaba de manera pre-matura. Al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, cada vez aparecen más testimonios relativos a la forma en la que cada profesión parecía otorgar los signos de la reiteración mecánica y monótona de las acciones de la vida laboral. No sólo que cada oficio tuviera una “fisio-logía” —según habían escrito algunos viejos tratadistas románticos, y que parecían dispuestos a confirmar al-gunos cronistas modernos—, sino que los movimientos reiterados de la actividad profesional, unidos al uso de sustancias químicas, deformaban el cuerpo del trabaja-dor hasta el extremo de producir lesiones morfológicas.

Aun cuando de todas las enfermedades se pueda decir, de manera casi tautológica, que han sido “construidas”, lo que la enfermedad crónica debe a su contexto social es todavía más determinante. El dolor crónico ocupa un espacio, y no menor, en muchas condiciones intratables o incurables. Al mismo tiempo, aparece de manera re-currente en enfermedades nerviosas de larga duración, tanto si a esas enfermedades se les atribuye un origen or-gánico como psicológico. Estas evidencias históricas su-gieren que la ausencia o presencia de la expresión “dolor crónico” no permite por sí sola esclarecer la naturaleza de la enfermedad. El problema no depende de la existen-cia de un nombre —que, por otra parte, no pasó a tener un uso extendido hasta la década de 1970—, sino de la forma en la que el paciente interpreta sus síntomas y de la manera en la que pudieron encuadrarse en un contex-to médico y cultural que los hiciera significativos (Bas-zenger 1998, 63 y ss.). La distinción entre el dolor agudo y el dolor crónico, sobre la que Wall y Melzack intentaban explicar que el surgimiento de la medicina del dolor no es una prerrogativa del siglo XX, y que tampoco permite explicar por sí sola el desarrollo de la medicina paliativa (Morris 1998, cap. 4). La medicalización social del dolor crónico no depende tan sólo de la presencia de un nom-bre, sino del modo en el que el ser humano dialoga, de manera reiterativa, con su dolor físico.6 Lo que confiere cre-dibilidad y valor emocional a la narración que el paciente

5 Sobre las polineuritis, sobre todo las ligadas al alcoholismo, véase Sournia (1986); véase también Moriceau (2002).

6 Sobre la experiencia y la voz del enfermo, véase Rieder (2003, 215-230), y sobre la anorexia, Albano (2003, 51-67) y Shuttleton (2003, 68-91).

hace de sus síntomas no es la adecuación a un marco teó-rico que siempre se muestra insuficiente, mucho menos aún la correspondencia siempre cuestionada entre lesión y dolor, sino la semejanza con otras narraciones de lo mismo (Kleinman et al. 1992, 9).

La militarización

Tiempo antes de que Wall y Melzack desarrollaran su nueva teoría del dolor, el neurólogo y escritor norteame-ricano S. Weir Mitchell (1829-1914) había encontrado material de estudio en la experiencia vivida durante la Guerra Civil. En parte como respuesta emocional a un conflicto en el que murieron más de seiscientos mil soldados, y en parte también por la introducción de las balas cónicas giratorias. Mitchell se enfrentó a las consecuencias materiales de un episodio nacional en el que medio millón de hombres regresaron a casa mutilados. Para cuando comenzó a escribir su trata-do sobre el miembro fantasma, sobre la causalgia y la neuritis ascendente, unos quinientos mil hombres habían resultado heridos, y de los sobrevivientes, mu-chos regresaron desahuciados.7 Como a otros muchos médicos y cirujanos, la excepcionalidad del conflicto le brindó la posibilidad de convivir con una enorme variedad de lesiones en nervios periféricos. Sus difi-cultades provenían de tres lugares distintos. En pri-mer lugar, Mitchell debía buscar antecedentes clínicos para determinar si el fenómeno había sido descrito con anterioridad. En segundo lugar, el cirujano con-sideraba imprescindible buscar un remedio paliativo, un tratamiento que pudiera producir una mejora sig-nificativa en la condición de los heridos. Por último, pero no menos importante, debía valorar la naturale-za de los casos observados, ya fuera para considerarlos como ejemplos de trastornos psicogénicos, de lesiones orgánicas o, lo que sería aún peor, del deseo soterrado por parte del soldado de exagerar sus síntomas. Este último problema tenía una especial relevancia, puesto que la ausencia de elementos diagnósticos que pudie-ran considerarse objetivos facilitaba que los síntomas fueran encuadrados con frecuencia en el contexto de la enfermedad mental. Incluso, Mitchell describe en ocasiones a los heridos de este modo: “el soldado se convierte en un cobarde y el hombre más fuerte apenas está algo menos nervioso que la niña más histérica” (Mitchell, Morehouse y Keen 1864, citado por Meldrum

7 Sobre el caso de George Dedlow, véase el magnífico artículo de Goler (2004). En relación con el contexto histórico, véase Faust (2009).

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2003, 2471).8 Tiempo atrás, el doctor Joinville hubiera dicho que los soldados “gritaban como parturientas” (Dauzat 2007, 73). El paciente se vuelve histérico, “si podemos usar el único término capaz de ilustrar los hechos” (Mitchell, Morehouse y Keen 1864, 103, citado por Cervetti 2003).9 En el caso de la causalgia, Mitchell sabe bien que el temperamento del paciente se tornaba progresivamente irritable. El sonido de un periódico, un pequeño soplo de aire, las vibraciones producidas por una banda de música o el golpeteo de los pies al ca-minar incrementaban el dolor y disparaban la angus-tia (Mitchell, Morehouse y Keen 1864, 102-103).

A comienzos del siglo XX, otro cirujano militar, William Livingston, también defendió que los estudios sobre pro-ducción, transmisión y recepción de señales nerviosas habían escamoteado la razón al paciente hasta el punto de que sus gestos y palabras sólo podían comprenderse desde la lógica de la enfermedad mental. La ausencia de correlación entre el estímulo y la respuesta ponía la carga de la prueba en el enfermo, cuyas quejas parecían falsas o excesivas en relación con cualquier estímulo que pudiera desencadenarlas: “Yo sabía que algunos exage-raban sus quejas y asumí que, una vez hubiera identi-ficado la causa de su dolor, sería capaz de determinar, a partir de la naturaleza de sus lesiones orgánicas, si sus lamentos eran reales o debidos a algún factor psicológi-co”, escribió Livingston (1998 [1957], 87 y 4).10 El interés de este profesor de la Universidad de Oregón en el dolor provenía de sus experimentos con modelos animales, y sobre todo, de su experiencia como médico militar du-rante la Segunda Guerra Mundial. Allí, como jefe de la División de lesiones nerviosas periféricas del Hospital Naval de Oakland, aprendió que para el paciente, la se-

8 “The soldier becomes a coward, and the strongest man is scarcely less nervous than the most hysterical girl”.

9 (Mitchell, Morehouse y Keen 1864, 103), citado por Nancy Cervetti (2003): “As the pain increases, the general sympathy becomes more marked. The temper changes and grows irritable, the face becomes anxious, and has a look or weariness and suffering. The sleep is restless, and the constitutional condition, reacting on the wounded limb, exasperates the hypersthetic state, so that the rattling of a newspaper, a breath of air, another’s step across the ward, the vibra-tions caused by a military band, or the shock of the feet in walking, give rise to increase pain. At last the patient grows hysterical, if we may use the only term which covers the facts”.

10 “The complaints of these patients seemed to be excessive in relation to any cause I could identify. Their symptoms did not remain con-fined to the distribution of any single somatic nerve or spinal seg-ment, and in some cases they spread beyond the injured limb to other extremities or distant internal organs […] I knew that patients some-times exaggerated their complaints of pain but I assumed that when I had identified the cause of their pain I could tell from the nature of the organic lesion whether their pain complaints were real or due to psychological factors”.

veridad del dolor era mucho más significativa que las opiniones expertas sobre lo que el paciente debería sentir o sobre la forma en la que los impulsos ascendían por sus nervios. Consciente de las dificultades, Livingston defendió que el dolor no se entendiera como una enti-dad científicamente establecida, sino como un concepto flexible y dinámico que debía incluir tanto elementos psicológicos como sensoriales (Livingston 1943, 62).

Tanto para Mitchell como para Livingston, el argumento más convincente a favor de la realidad del síndrome do-loroso del miembro fantasma no dependía de una nueva definición del dolor, y ni siquiera de una reestructuración de la práctica médica (Bailey y Moersch 1943). Lo que per-mitía mantener los relatos de los soldados en el esquema propio de la racionalidad clínica, incluso en aquellos casos más extraordinarios, era la notable semejanza de los casos Livingston (1943, 9).11 La condición inicial para que el ma-lestar subjetivo adquiriera relevancia clínica dependía de la capacidad de acotar la experiencia dilatada del pacien-te, de modo que las vivencias individuales pudieran com-pararse. Para que el malestar se estableciera no sólo como enfermedad, sino también como una condición aceptada socialmente, la cronicidad debía abandonar el ámbito de la experiencia privada y encuadrarse en una experiencia colectiva susceptible de adecuarse a la misma estructura narrativa de otro conjunto de males. Por sí sola, la mera incurabilidad no determinaba nada, pues siempre hubo enfermedades crónicas que, o bien no fueron medicali-zadas, o bien no afectaban a la consideración social del paciente.12 Por el mismo motivo, no a todo malestar ha correspondido históricamente un contexto clínico signi-ficativo (Szabo 2009).13

Lo que no fue nunca aplicable a los segmentos de pobla-ción proletaria de la Europa industrial sí encontró aco-modo en una población itinerante que ya vivía de acuerdo con parámetros excepcionales. Me refiero, por supuesto, a la población militar. Desde los tiempos del emperador romano Marco Aurelio —que escribió sus Meditaciones con los cadáveres aún calientes de los legionarios roma-nos— hasta los cirujanos militares de la Segunda Guerra Mundial, la historia del dolor ha estado siempre ligada al enfrentamiento sangriento y al hospital militar. Mit-chell sabe bien que el final de la Guerra Civil no supone

11 Más adelante, Wall y Melzack (1996 [1982], 62) consideraron un error la división del dolor propio del miembro fantasma en orgánico o psíquico.

12 Véase Rousseau et al. (2003). Véase también el clásico de Rosenberg y Golden (1997); y Cassell (2004 [1991], 47). Los diabéticos o los hiperten-sos no están permanentemente enfermos.

13 Véase también Lewis (2007).

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tan sólo la reconciliación de los contendientes, sino la formación de una memoria colectiva a partir de los trozos de los heridos y mutilados de guerra.

Al contrario que otros enfermos de dolor crónico e intra-table, como los enfermos de cáncer —una enfermedad que durante el mundo moderno afecta especialmente a las mujeres—, los soldados heridos en el frente consti-tuyen un grupo social que debe ser restituido, y su dolor no puede ser eludido. Aun cuando los grandes nombres relacionados con el surgimiento de la medicina del dolor eran cirujanos o anestesistas militares —incluidos, por supuesto, Mitchell y Livingston, pero también el propio John Bonica—, la relación entre la formación de un nuevo tipo de dolor, el intratable, y un nuevo grupo humano, el enfermo de dolor crónico incurable —representado por la población militar, por los cientos de soldados heridos en los campos de batalla—, sigue siendo terreno inexplora-do. Sin embargo, es preciso reconocer que la agrupación de síntomas relacionados con el dolor fue también ligada al proceso, igualmente esencial, de creación de un grupo, de una clase de los que hasta entonces no pertenecían a ninguna. El dolor crónico intratable y el enfermo de ese dolor se relacionan en el espacio público del hospital mi-litar. Allí, bajo la experiencia dramática de la guerra, los heridos no construyen su enfermedad, pero sí permitie-ron que la reiteración sistemática de sus síntomas los convirtiera, por primera vez en la historia, en genuinos enfermos de dolor crónico.

Conclusiones

He intentado sugerir cómo la medicina del dolor y, de modo más específico, la aparición de unidades y espe-cialidades relacionadas con el dolor crónico intratable no dependían de cuestiones nominales ni de revoluciones teóricas. No es ni la distinción entre el dolor agudo y el dolor crónico, ni la aparición de la Gate Control Theory o de la noción pragmática del Pain Clinic, la que puede considerar-se responsable de este desarrollo clínico. Por el contrario, he intentado proponer cómo la nueva conceptualización del dolor dependió, en buena medida, de la puesta en valor de un grupo humano, los heridos en la Guerra Civil americana, o en las dos guerras mundiales del siglo XX, cuyos síntomas no podían quedar ni culturalmente olvida-dos ni socialmente relegados. Sólo esa puesta en valor, que no tuvieron por ejemplo los enfermos de cáncer, permitió que sus “anomalías” pasaran a ser significativas, sin caer tampoco en la esfera de la enfermedad mental. Lo que los protagonistas vieron en los años sesenta del pasado siglo como el inicio de su cambio de modelo, más bien parece-

ría entonces la conclusión, o al menos una de ellas: antes de que el dolor crónico pasara a ser una enfermedad, el enfermo de dolor crónico intratable debía convertirse en enfermo. Su drama, el drama de estos pacientes, debía re-solverse no desde la lógica del olvido o del abandono, sino la de la resistencia y la reconciliación.

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Participación política de desmovilizados: Universidad

Nacional de Colombia y Naciones Unidas, 28 de abril de 2013*

Francisco Leal Buitragov

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.14

* El texto fue presentado en el segundo foro sobre las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, organizado por la Univer-sidad Nacional de Colombia y Naciones Unidas, Bogotá, 28 de abril de 2013.

v Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes, Colombia. Correo electrónico: frleal@uniandes.edu.co

El proceso que se adelanta entre delegados del Gobierno y de las Farc en busca de una paz se convirtió en el caballito de batalla de la política nacional al inicio de la coyuntura electoral. Este hecho se debe al escenario de

polarización política alimentado desde el Gobierno an-terior, que se manifiesta ahora en el veto que figuras públicas plantean a la participación política de gue-rrilleros que se desmovilicen. Este problema y los fac-tores que lo rodean requieren una explicación para su comprensión, en una sociedad anestesiada frente a la violencia y radicalizada en medio de odios, privilegios e insensibilidad ante los problemas sociales en el país.

Sobre esta base, y apoyado en investigaciones académi-cas, planteo inicialmente razones históricas que expli-can por qué, a lo largo de la historia del país, la política ha estado mediada por la violencia, con el propósito de entender el surgimiento de guerrillas, su vigencia y de-

gradación, y la necesidad de poner fin a esta situación mediante una búsqueda de paz que incluya formas de participación política para quienes se desmovilicen.

Luego de esa explicación, abordaré el tema de la par-ticipación política. El objetivo de la participación es abrir nuevos espacios que permitan controlar los fac-tores de inseguridad que subsistan en el país. Esta meta responde a la necesidad de fortalecer el Estado, para que adquiera la capacidad de institucionalizar los conflictos y negociar los intereses, en lugar de ser un factor más de conflicto.

En Colombia la política ha generado numerosos con-flictos, que con frecuencia sobrepasan la capacidad de la sociedad para controlarlos. Esta tendencia se agra-vó, por cuanto su recurrencia facilitó el surgimiento de grupos de delincuencia organizada, como las gue-rrillas, los narcotraficantes y los paramilitares, que se

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mantienen y reproducen por la facilidad con que delin-quen frente a los pocos riesgos que corren.

En el país persisten factores sociales que generaron condiciones favorables para que los procesos históricos desembocaran en la situación mencionada. La perma-nencia de esos factores fue facilitada por la forma como evolucionó la sociedad, en especial por el papel que des-empeñaron los grupos dirigentes en la modernización capitalista, ocurrida desde mediados de los años cuaren-ta del siglo pasado. Al respecto, señalaré seis factores que son sobresalientes.

1. Regionalización acentuada, dispersa y con tendencia endógena, que ha dificultado una integración políti-ca para la formación de una nación claramente defi-nida. En este ambiente, no se han creado referentes nacionales fuertes y estables. Esta debilidad política de la nación ha impedido el fortalecimiento de es-tructuras nacionales, como el Estado, los partidos po-líticos y la sociedad civil.

2. Debilidad política del Estado, que se expresa en la poca capacidad para generar credibilidad en sus ins-tituciones, es decir, legitimidad. Esta situación se concreta en la limitada posibilidad de administrar los conflictos sociales para que no desemboquen en vio-lencias. La debilidad estatal se ocultó durante más de un siglo en un bipartidismo premoderno, absorbente y sectario. La Iglesia católica, también absorbente y premoderna, sirvió de complemento a la sustitución distorsionada de funciones estatales.

3. Fragilidad de la sociedad civil, con pocas organizacio-nes hasta hace unas seis décadas, casi todas en repre-sentación de intereses de las élites. La proliferación posterior de esas organizaciones ha sido dispersa, y además tienen escasa capacidad de expresarse para crear efectos destacados. Las dificultades para ejercer liderazgos, debido a amenazas derivadas de la delin-cuencia organizada, han limitado también el fortale-cimiento de la sociedad civil.

4. Concentración extrema de la riqueza y el ingreso, y consecuente polarización entre pobreza y riqueza sin cambios significativos. Esta situación fue amortigua-da por el crecimiento de clases medias producto de la tardía modernización capitalista y la urbanización acelerada. Pero esta amortiguación tendió a estancar-se desde los años noventa. La exclusión social de gran parte de la población es el corolario de este factor.

5. Reproducción permanente del campesinado pobre y excluido, debido a la existencia de amplias fronteras agrarias, aisladas y dispersas, que mediante coloni-zaciones espontáneas, consecuencia de la presión de

los terratenientes, cumplieron el papel de válvula de seguridad para los conflictos sociales hasta hace pocas décadas. Esa clase campesina facilitó, al menos entre 1965 y 1985, la existencia de guerrillas.

6. Incapacidad de formular políticas sociales integrales —pero también de implementar las aprobadas— para incorporar a sectores excluidos y romper la tendencia de concentración de la riqueza y el ingreso. Esto ha facilitado la continuidad de acumulación de capital sin regulaciones y la permanencia de privilegios, entre los que sobresalen los de los terratenientes. Su representación política sobredimensionada, frente la población diversificada, ha contribuido a esta incapa-cidad de integración.

En un ambiente que incluía los seis factores menciona-dos, a mediados del siglo pasado comenzó un tardío y caótico proceso de modernización capitalista en la socie-dad. Sus dos décadas iniciales exhibieron el sectarismo bipartidista, en el período conocido como “La Violencia”, que provocó masacres e inesperados cambios sociales, además de alimentar la debilidad del Estado. Comenzó entonces una dispersa, rápida y desorganizada urbaniza-ción, y una inestable diversificación de la sociedad.

En medio de la violencia, y con el fin de acabar con ese caos, sectores liberales de las clases dirigentes forza-ron un proyecto de modernización del Estado a través del régimen del Frente Nacional, entre 1958 y 1974. Esta modernización política se apoyó en un bipartidismo ex-cluyente, que careció de proyecto de nación al reflejar los intereses de unas élites cobijadas aún por el exclusivo modelo oligárquico latinoamericano ahora agotado.

El proceso de modernización social y política integró y transformó antiguos problemas no resueltos en la so-ciedad —en particular el de tierras—, a los que se les agregaron los producidos por los nuevos cambios, sin que se plantearan soluciones efectivas. En búsqueda de soluciones, los grupos dirigentes trataron de incorporar sin éxito los conflictos sociales al nuevo régimen, para articular los intereses dispersos en la sociedad. Mediante este régimen, la burocratización y el clientelismo susti-tuyeron al sectarismo como motor de reproducción del bipartidismo, al expandir el aparato del Estado como medio de integración frente a la diversificación de inte-reses y el aumento de conflictos.

Este modelo de integración social supuso, además, que al suprimir la oposición democrática se limaban las asperezas políticas del bipartidismo y se disminuían los conflictos. Pero la diversificación social creció por

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fuera de un establecimiento limitado en su influencia a partir de la pérdida de las ideologías de pertenencia al bipartidismo, creando sus propios medios de protes-ta y oposición. La inestabilidad social desbordó así el control de las normas legales, a medida que su aplica-ción equiparó las protestas sociales con la subversión nacida de los rezagos de “La Violencia”, los estímulos de la Guerra Fría y la ausencia de una oposición regu-lada. La estabilidad formal de las instituciones sirvió de amortiguador, e hizo pensar que los problemas so-ciales eran controlables con la continuidad de facto del Frente Nacional y la improvisada pero persistente re-presión oficial.

El contexto social y político en el que confluyó el país en los años ochenta estimuló el crecimiento del nar-cotráfico, mediante las necesidades campesinas en las zonas de colonización, su protección interesada por parte de la subversión y la penetración mafiosa en la economía nacional. El narcotráfico se convirtió en po-tenciador de problemas existentes, como la debilidad del Estado y la consecuente impunidad, la corrupción estimulada por el clientelismo y el aumento del gasto público, la acumulación capitalista desregulada y la diversificación de la violencia.

La ineficacia militar frente a la subversión indujo a los terratenientes a organizar grupos de paramilitares, con la anuencia del Ejército. Surgieron alianzas según regiones e intereses de grupos y sectores sociales, le-gales e ilegales, y aumentaron la delincuencia y las acciones terroristas, entre las que sobresale el exter-minio de la Unión Patriótica. Las confrontaciones re-sultantes desembocaron en la ambivalente coyuntura de 1989 a 1991, que culminó con una nueva Constitu-ción que reconoció una sociedad emergente, afirmó la descentralización y permitió la apertura del modelo de desarrollo. El día de la elección de la Asamblea Consti-tuyente se produjo el fiasco de la toma militar de “Casa Verde”, centro de operaciones del Secretariado de las Farc. El fin de la Guerra Fría y la aceptación estatal de su debilidad mediante negociaciones con los narcotra-ficantes rubricaron la nueva situación.

El temor por parte de quienes detentan privilegios, a que el nuevo régimen de la Carta del 91 se tradujera en un sistema político más democrático, indujo el inicio de cambios constitucionales e hizo resurgir los conflictos políticos en el establecimiento, el cual se reacomodó de acuerdo con las condiciones creadas por la apertura eco-nómica y el narcotráfico en expansión. La injerencia de Estados Unidos se hizo más ostensible, motivada por el

fin de la Guerra Fría y su concepción prohibicionista y represiva contra las drogas. Así, este problema se volvió prioritario para la seguridad hemisférica.

La debilidad del Estado se expresó entonces en confu-sas alianzas para doblegar al grupo más desafiante de narcotraficantes, el cartel de Medellín, incluso con el apoyo de sus competidores, el cartel de Cali, lo cual confluyó en una confrontación indiscriminada del Gobierno con narcos y guerrillas. Ese enfrentamiento trajo consigo la dispersión del narcotráfico, a medida que el establecimiento disimulaba sus vínculos con los narcotraficantes y éstos buscaban la protección de guerrillas y paramilitares, sus nuevos socios antagó-nicos. Estos últimos grupos se expandieron a la som-bra de la incapacidad estatal para confrontar a una subversión ya degradada.

La fragilidad política del gobierno de Samper, entre 1994 y 1998, derivada del descubrimiento de vínculos del establecimiento con los narcotraficantes, inhibió la posibilidad de retomar los intermitentes procesos de paz iniciados en 1982 y de buscar el control civil sobre la política militar de orden público intentado en el Go-bierno anterior. Esta situación fortaleció las guerrillas, al amparo de los réditos brindados por el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, y además, los partidos de izquierda mostraron incapacidad para definir una oposición democrática. Por su parte, los paramilitares también se fortalecieron, secundados por sectores em-presariales y la permisividad de la Fuerza Pública. El Ejército sufrió entonces sus mayores derrotas frente a la subversión. Se impulsó así el sometimiento del con-trol territorial y de las autoridades locales a la compe-tencia entre guerrillas y paramilitares. La disyunción política entre el Gobierno Nacional y los gobiernos re-gionales y locales adquirió mayor visibilidad.

El final de la larga estabilidad macroeconómica y la ex-pansión del conflicto armado interno reforzado por el desastre del Caguán mostraron que la violencia había dejado de ser funcional para muchos intereses domi-nantes. En el proceso del Caguán entre Gobierno y gue-rrilla, la arrogancia de las Farc les hizo creer que eran invencibles frente a la escasa capacidad política oficial, arruinando la mejor oportunidad de su larga historia para alcanzar una paz. Pero en ello influyó también la desconfianza estimulada por el exterminio de la Unión Patriótica. Con ello, la sociedad asumió enormes cos-tos en vidas y recursos, y aumento de la delincuencia y el narcotráfico, además de frustrarse la posibilidad de fortalecimiento de la democracia.

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Documentos

Participación política de desmovilizados: Universidad Nacional de Colombia y Naciones Unidas, 28 de abril de 2013 Francisco Leal Buitrago

En estas circunstancias, la dirigencia del país, inmersa en una sociedad atomizada y con organizaciones políti-cas con poca legitimidad, amedrentada por el terroris-mo y con escaso liderazgo, claudicó ante el modelo de intervención del Plan Colombia liderado por la política hemisférica de Estados Unidos. La presión oficial de este país obligó a la Fuerza Pública a reorganizarse y adquirir mayor capacidad operativa, aunque con distorsiones de-rivadas de la política punitiva contra las drogas.

El desprestigio del proceso del Caguán influyó en el contundente triunfo del candidato presidencial que ofrecía mano firme contra la subversión. El prolonga-do gobierno de Uribe, inaugurado en 2002, se enfren-tó con decisión pero con poca claridad a los problemas políticos, económicos y de seguridad del país. En el campo político, el Presidente subordinó al Congreso a sus requerimientos. Sus propuestas no buscaron elimi-nar las distorsiones institucionales sino acentuarlas, como ocurrió con la reelección presidencial. En ella, su contrincante, el Polo Democrático Alternativo, di-lapidó luego el mayor capital político obtenido por la izquierda en el país. Y, a su vez, la necesidad del Pre-sidente de mantener su capital político ayudó a que lo esencial se tornara secundario; además, el realce gu-bernamental de la autoridad sobre la libertad hizo aún más vulnerable a la democracia.

En el campo de la seguridad, pese a la falta de precisión en la publicitada “Política de seguridad democrática”, el Presidente supo aprovechar los cambios operativos ante-riores para arreciar la ofensiva militar en contra de las Farc y confrontar sus medios terroristas, bandoleriles y de sabotaje. La obsesiva presión presidencial por resul-tados medidos en muertes enemigas indujo a actos de-lictivos por parte de la Fuerza Pública. Por su parte, los paramilitares recibieron trato preferencial frente a las guerrillas, amparados por sus alianzas con dirigentes políticos regionales. La improvisación oficial en el largo y publicitado proceso de su desmovilización hizo más vi-sibles sus alianzas políticas y provocó la fragmentación y posterior reproducción de antiguos grupos, aumentando la inseguridad en comarcas y ciudades.

En el actual Gobierno, cuyo presidente supo sacar venta-ja política de su corto y eficiente paso por el Ministerio de Defensa, se abrieron espacios hacia el exterior. Pero hubo continuidad en el uso de medios militares frente al déficit de recursos políticos para hallar una esquiva paz. Ese énfasis militar contrastó con algunas reformas sociales que, aunque limitadas, son valiosas, dados los fracasos anteriores. Por otro lado, las conversaciones del

Gobierno con las Farc se mantuvieron en secreto en sus comienzos. Pero una vez se conocieron, el expresidente Uribe hizo más visible su frustración al no haber podido introducir el caudillismo en un país con una larga histo-ria de formalidad democrática. Sus obsesivas críticas al gobierno de Santos y su coalición se enfocaron entonces en el proceso que se adelanta en La Habana.

El recuento anterior, de un país que ha llevado su histo-ria en medio de violencias, sirve de apoyo para tratar el punto dos de la agenda entre el Gobierno y las Farc. Se trata de la participación política por parte de eventuales desmovilizados de la guerrilla.

El actual panorama internacional es diferente al de hace poco más de dos décadas, cuando Colombia apareció ante el mundo por causa del narcotráfico y la violencia. En ese tiempo, las élites continuaban con indultos y amnistías cada vez que se agotaba uno de los tantos conflictos ar-mados. Pero los efectos de la finalización de la Guerra Fría, como el realce de organismos multilaterales y los traumas causados por las guerras, situaron en el pri-mer plano de las relaciones internacionales los DDHH y el DIH, además de normas y mecanismos para buscar y mantener la paz. Se quebró así el desgastado dogma for-mulado por Von Clausewitz (1992), cuando afirmó que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”.

De lo que se trata ahora es de entender que la guerra es el fracaso de la política en su búsqueda de paz, pues hoy su objetivo central es evitar la guerra institucionalizando los conflictos y negociando los intereses presentes en la sociedad. Esta premisa debería ser el eje de las conversa-ciones en La Habana, ya que éstas no son un sometimien-to por parte de las Farc. De ahí la necesidad de buscar la participación política de quienes se desmovilicen, pero no mediante amnistías o indultos, sino a través de recur-sos internacionales y nacionales expresados en modelos de justicia transicional.

El acto legislativo, Marco Legal para la Paz, ha sido ava-lado por varios organismos nacionales consultados. Aunque es un marco normativo que ha recibido críti-cas, parece apropiado como mecanismo para lograr un equilibrio entre la búsqueda de una paz negociada y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Hoy no se trata solamente de dictar sentencias condenatorias y privativas de la libertad, sino de buscar mecanismos al-ternativos que faciliten poner fin a conflictos armados, sin llegar a la impunidad. Los derechos de las víctimas, olvidados en indultos y amnistías pasados, y en las des-movilizaciones de paramilitares, son ahora la prioridad.

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Reconocerlos, mediante la divulgación de la verdad y la búsqueda de reparación por parte de los victimarios, hace parte de los medios transitorios de justicia. Tam-bién debe haber garantía de no repetición, incluida una rendición de cuentas por parte de las Farc. Así mismo, entre la multitud de casos que hacen imposible su inves-tigación, seleccionar algunos destacados es imprescindi-ble para llegar a una justicia razonable, en aras de una paz. Esto hace parte de una labor pedagógica de huma-nización del conflicto, no sólo para las víctimas sino para una sociedad anestesiada ante las tragedias, en la que priman ideologías radicales y vendettas.

Esta concepción no inválida las investigaciones de deli-tos de lesa humanidad y crímenes de guerra —es decir, ataques planeados o generalizados contra la población civil—, que tienen mayor trascendencia y requieren una definición. Además, le daría validez a principios de in-vestigación y justicia que no caerían en jurisdicción de la Corte Penal Internacional al no llegar a la impunidad. Este organismo tiene jurisdicción en el país a partir de noviembre de 2002 para delitos de lesa humanidad, y desde noviembre de 2009 para crímenes de guerra.

Pero el problema más grave no es jurídico, sino político e ideológico. Si bien las Farc se han ganado un repudio ge-neralizado por sus desmanes y crímenes, y por su descaro al negar hechos repudiables en contra de las leyes, éste se ha acrecentado por conveniencia política del Gobierno anterior y por la del ahora expresidente y sus huestes. Quienes repudian esta guerrilla sin que medien inte-reses políticos, y comprendan la trágica situación de la sociedad colombiana, su reacción frente a un eventual éxito en las negociaciones sería de tranquilidad y de aceptación a la participación política de desmovilizados.

Pero no ocurre lo mismo con quienes han incorporado en sus opiniones y actuaciones públicas posiciones radica-les y sentimientos de odio y venganza que contribuyen a alimentar la polarización de la opinión pública. Infor-tunadamente, el gobierno del presidente Santos no ha tenido la capacidad política suficiente para definir una posición de gobierno que busque al menos frenar el efec-to de esos intereses desbocados. Algunas declaraciones de sus funcionarios sobre el proceso de paz no han sido afortunadas para ese objetivo fundamental. Aunque un poco tarde, esta ambivalencia ha comenzado a corregir-se, pero no lo suficiente.

Un ejemplo al respecto es el del Ministro de Defensa, que ha oficiado de facto como portavoz del Gobierno, en lugar de un vocero adecuado, como sería el Ministro del Inte-rior. Pero lo peor es que lo ha hecho a rajatabla contra la guerrilla, sin tomar una posición política apropiada que subordine su ideología y sus conveniencias personales frente a las fuerzas bajo su mando. Por eso no es de extra-ñar el tono de las declaraciones públicas de sus subordi-nados, que en cada frase incluyen adjetivos ya saturados, como terroristas, narcotraficantes, bandidos, y otros tantos del mismo calibre. ¿Cómo puede pues ambientar-se en la sociedad una eventual paz con las Farc —como cuota inicial para proseguir con otras manifestaciones de inseguridad pública— si las autoridades fomentan la esquizofrenia que existe en este país fragmentado?

Las formas de una posible participación política son muy diversas y podrían caber en los recursos que brin-da la justicia transicional. Unos pocos ejemplos sobre la materia: nuevos movimientos y partidos; cupos tran-sitorios en órganos de representación popular; con-mutación de penas por beneficios a las víctimas o a la sociedad; penas cortas con posibilidades posteriores de participación; e indultos a penas por delitos menores. Así, pues, no hay que olvidar que, por definición, la imaginación política es de hecho fértil, sin necesidad de que se desquicie, como ha ocurrido en el país.

Además de formas de participación política y otras medidas que serían refrendadas por la voluntad popular mediante mecanismos adecuados previstos en la Constitución, sería conveniente una reforma de fondo para inducir un sistema de partidos efectivo y democrático, que es inexistente. Ha-bría que incluir allí un nuevo sistema electoral, así como reformas al régimen político para hacer más funcional la democracia. Sin esos cambios no tendría presentación abrir las puertas a una participación de guerrilleros desmo-vilizados en un campo minado por el clientelismo, la co-rrupción, las alianzas con criminales, y, lo peor, por ciertos delincuentes que ejercen la política. En ese caso, sería ofre-cerles en bandeja de plata a los exguerrilleros la tentación de continuar delinquiendo.

Referencia 1. Von Clausewitz, Carl. 1992. De la guerra. Bogotá: Edito-

rial Labor.

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Documentos

Participación política de desmovilizados: Universidad Nacional de Colombia y Naciones Unidas, 28 de abril de 2013 Francisco Leal Buitrago

Debate

183-190La comprensión del fenómeno religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales• Ángela Iranzo Dosdad – Universidad de los Andes, Colombia

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Los científicos sociales han reconocido con cierta reserva la presencia pública y la revitalización de las religiones y espiritualidades en el mundo desde los años setenta; y a modo de progresión ascendente, durante los ochenta, noventa,

y tras los atentados del 11-S, hasta la actualidad. Como dijese Casanova (1999), hoy somos testigos y parte de un mundo de “religiones desprivatizadas”. Las identidades, creencias y prácticas religiosas no sólo se manifiestan como experiencias íntimas, subjetivas y simbólicas de la vida privada de las personas, como sugería el paradigma moderno de la secularización; lo religioso y espiritual habita la esfera de lo público, presentando un ser (forma de pensar y de actuar) que en su complejidad participa en las controversias y los desafíos de nuestro tiempo.

La era moderna se inauguró con el descubrimiento de la “ausencia de Dios”, ofreciendo la idea de un mundo descentrado, compuesto por una pluralidad de esferas autónomas de la vida, en el que Dios podía seguir exis-tiendo pero se abstenía de participar activamente. Eran los hombres quienes, desplegando su fuerza hercúlea, resolvían sus propios asuntos. Sin embargo, procesos diversos impulsados por la propia modernidad (racio-nalización instrumental, individualización, burocra-tización, tecnificación, entre otros) han contribuido a la erosión de valores como la solidaridad, la frater-nidad, la justicia o un cierto sentido de trascendencia, que, paradójicamente, parecen encontrar una oportu-nidad de recuperación en las religiones y espirituali-dades del siglo XXI.

La comprensión del fenómeno religioso

y sus desafíos a las Ciencias Sociales*

Por Ángela Iranzo Dosdadv

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.15

* Este documento presenta los principales temas de debate y las conclusiones del encuentro “Lo religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales”, llevado a cabo el 16 de mayo de 2013 en la Universidad de los Andes. El evento fue moderado por Carlos Andrés Manrique y participaron como ponentes Mar-garita Cepeda, Fabián Salazar y Ángela Iranzo.

v Doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Profesora asistente del Departamento Cien-cia Política y directora del Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad de los Andes (Colombia). Participó en el Encuentro con la ponencia “Desafíos de las lecturas postseculares de la secularización en el siglo XXI”. Correo electrónico: a.iranzo26@uniandes.edu.co

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 183-190.

Zygmunt Bauman, en conversaciones con la soció-loga Citlali Rovirosa-Madrazo, arrojaba valiosas luces para iluminar posibles causas por las que lo religioso cobra fuerza y sentido en las complejas interacciones sociales de nuestro tiempo: “El Estado social ha sido la última encarnación de la idea moderna de comu-nidad, es decir, la materialización institucional de esa idea en su forma moderna de ‘totalidad imagi-nada’, forjada a partir de la conciencia y la acepta-ción de la dependencia recíproca, el compromiso, la lealtad, la solidaridad y la confianza” (Bauman 2010, 85). Siguiendo a Bauman, el adelgazamiento social del Estado o el hoy mal llamado “Estado de bienestar” no es más que un dispositivo de control y vigilancia de los desposeídos, ya no de protección, una versión del panóptico de Bentham; pues los derechos sociales se han convertido en servicios externalizados, y la responsabilidad de cohesión social y justicia ha sido trasladada del Estado a los propios individuos, en una carrera de competencias con base en sus capacidades y recursos. Por lo tanto, la crisis del Estado social, así como la posible crisis de la democracia representativa liberal, la muerte de las ideologías, la ansiedad de vivir en un mundo “sin sentido”,1 la “sociedad del riesgo” fruto de las dinámicas globalizadoras (Beck 2002), los flujos migratorios y la inevitable convivencia con “el otro” —y también las formas de vida social desterri-torializadas que la misma globalización ofrece (Beck 2009)— podrían ser algunas de las causas explicativas de la revitalización de las religiones y espiritualidades desde finales del pasado siglo.

Esta revitalización de lo religioso y espiritual atraviesa, por tanto, muchas de las problemáticas a las que se enfrentan hoy las disciplinas de Ciencias Sociales. Por ello, la necesidad de comprenderlas en su complejidad les exige no sólo incorporar lo religioso como un factor con potencialidad explicativa, sacando a la religión del exilio académico al que ha estado sometida (Petito y Haztopoulos 2003), sino realizar un ejercicio reflexivo de mayor hondura que fondee hasta los fundamentos epistemológicos de las Ciencias Sociales mismas.

Se presenta así un doble desafío que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes quiso empezar a explorar mediante la organización de uno de los Encuentros de la Facultad, celebrado el pasado 16 de mayo, sobre el tema “Lo religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales”. En este espacio se encontraron una

1 Véanse, por ejemplo, Laïdi (1997) y Berger y Luckmann (1997).

polifonía de voces, desde académicos de Filosofía y Ciencia Política de la Universidad hasta teólogos, estu-diantes y representantes de comunidades religiosas y espiritualidades tan diversas como anglicanos, cató-licos, evangélicos, krishnas, budistas, musulmanes, cristianos ortodoxos, fe baharí (bahaísmo), espiritua-lidad yoruba y espiritualidad nueva era, entre otros.

Una de las principales conclusiones que surgió de las reflexiones propuestas por los conferencistas y del debate, se manifestó en la propia naturaleza del encuentro. Dicho en otras palabras, la necesidad de recrear de forma continuada espacios de producción de conocimiento donde miradas diversas, creyentes y no creyentes —sean laicos, ateos o agnósticos—, inte-ractúen, compartan y comprendan, en un esfuerzo hermenéutico a través de la palabra. Un espacio que para Hannah Arendt (2001) constituiría una mani-festación en sí de la política, al entenderla como un ejercicio de libertad desplegada en la esfera pública mediante la acción entre los otros, mediante el uso de la palabra en un locus de pluralidad que nos diferencia como humanos. Sin embargo, esta conclusión fue el resultado de tres reflexiones diversas que, motivadas por inquietudes de naturaleza diferente, navegaron finalmente hacia un mismo puerto.

La verdad de la ciencia y la verdad de la creencia: caminos de búsqueda a través de la palabra

Poner en relación ciencia y religión significa para la mayoría de académicos, intelectuales y educated people ejemplificar una relación que se caracteriza por ser derivativa, sustitutiva y, en última instancia, disyun-tiva. Toda posible convivencia en un mismo cuerpo-mente de ciencia y creencia religiosa o espiritualidad queda rechazada a priori o sometida al sufrimiento de la incoherencia. Pese al surgimiento y ya larga anda-dura de las posturas postmodernas y críticas hacia los postulados del racionalismo cartesiano, éstas son todavía secuelas de un paradigma cognitivo que, siguiendo a Weber, interpreta el conocimiento racional moderno como el estadio final de un proceso evolutivo que ha transitado previamente por el mito, las grandes religiones monoteístas universalistas y la metafísica.

Por lo tanto, el propio desplazamiento de la fe por la razón, del conocimiento revelado por el conocimiento científico, reside en los fundamentos de las Ciencias

La comprensión del fenómeno religioso y sus desafíos a las Ciencias SocialesÁngela Iranzo Dosdad

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Debate

Sociales modernas. Los científicos sociales podían lanzarse a la búsqueda de la verdadera Verdad, aquella científicamente probada, sin incertidumbre, abdi-cando a los designios de las explicaciones ultramun-danas y providencialistas. Comprender y explicar el mundo social se convertía en una tarea exclusiva del hombre, por y para el hombre, a través de su capa-cidad racional, despojada de todo halo de religio-sidad. Sin embargo, este firme postulado, por muchos naturalizado —aun sin conocer los puntos de sutura donde racionalidad religiosa y racionalidad secular se encuentran—, se quiebra cuando la filósofa Margarita Cepeda2 cita al físico alemán Albert Einstein, el cien-tífico por antonomasia del siglo XX, para responder a una pregunta: ¿Cuál es la verdad del creyente y cuál la del científico agnóstico?

La ciencia sólo pueden crearla los que están profunda-mente imbuidos de un deseo profundo de alcanzar la verdad y de comprender las cosas. Y este sentimiento brota, precisamente, de la esfera de la religión. (Eins-tein 2000, 40)La experiencia más hermosa que tenemos a nuestro alcance es el misterio. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y de la verdadera cien-cia. (Einstein 2000, 10)

La verdad vislumbrada por Einstein diluye, por tanto, el conflicto entre ciencia y religión, al apuntar a un espíritu de búsqueda, de apertura; a un compromiso activo por perseguir el misterio, abrazarlo e intentar comprenderlo desde la humildad de un ser habitante de un inmenso universo. El sentido de curiosidad por el mundo es la semilla del conocimiento científico; un conocimiento al que exhortan textos sagrados como la Tora, la Biblia o el Corán, entre otras enseñanzas, para entender el funcionamiento del entorno natural y social, en huida de actitudes ociosas, de ignorancia y meramente materialistas.

La verdad no puede ser sino una actitud de búsqueda, compartida por creyentes y no creyentes, a través de la palabra, pese a las particularidades de ambos procesos. Curiosamente, aquí pensadores de la Teoría Crítica —desde Adorno hasta Habermas— y del pensa-miento postmoderno —como Rorty y Vattimo— se encuentran y reconcilian con el sentido religioso de

2 Margarita Cepeda es Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Colombia y profesora asistente del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes (Colombia). Participó en el Encuentro con la ponencia “El Dios de la Palabra”.

la revelación (a través del logos) de las religiones del Libro (judaísmo, cristianismo e islam), al defender la naturaleza postmetafísica del mundo que creyentes y no creyentes habitamos. Estos pensadores, mediante su crítica postmoderna a la crítica moderno-ilustrada a la religión, no sólo la deslegitiman sino que reivin-dican la potencialidad del ejercicio hermenéutico como única forma posible de componer verdades (Rorty y Vattimo 2005); un ejercicio ya presente en los textos sagrados, donde el misterio divino es revelado a los profetas, quienes asumen el compromiso de difundirlo a la humanidad a través de la palabra.

De este modo, el creyente, no es presentado como cono-cedor de “la Verdad”; por el contrario, ser un ser creyente implica el reconocimiento de una naturaleza humana quebrada, fragmentada, dotada de racionalidad y libre albedrío pero privada de capacidad para alcanzar el logos último, escondido para la inteligibilidad humana. De ahí que teólogos como Reinhold Niebuhr, a través del llamado realismo cristiano o esperanzado, respondiesen al optimismo de las desmedidas pretensiones del racio-nalismo liberal en el período de entreguerras del siglo XX, reclamando el sentido de finitud del ser humano, la relatividad de sus verdades, el reconocimiento de su humildad, y el esfuerzo constante de mantener una relación de fraternidad con otras naciones y culturas mediante el cumplimiento del mensaje de amor divino (Niebuhr 1941 y 1943).

Por lo tanto, el rechazo desde la ciencia y la creencia religiosa a la existencia de verdades absolutas —o, por lo menos, admitir la incapacidad humana de cono-cerlas— sitúa a creyentes y no creyentes como agentes racionales que renuncian a la posesión exclusiva del conocimiento. Ambos engendran racionalidades compatibles y, en su afán de búsqueda, susceptibles de hallar soluciones compartidas a los problemas de nuestro tiempo mediante el uso de la palabra. Como lo expresase Cepeda: “La necesidad urgente de darle la palabra al que piensa de otro modo […] Esa palabra que se dirige a otro y con la que otro nos interpela, un otro quizá radicalmente otro y a un mismo tiempo otro de nosotros mismos, otro del otro que somos para él” (Cepeda 2013, s. p.).3 Desde esta perspectiva, lo más humano —y lo más divino— es la palabra, y la única verdad susceptible de ser creada —siempre bajo

3 Margarita Cepeda. Cita textual de la ponencia presentada en los En-cuentros de la Facultad de Ciencias Sociales, “Lo religioso y su desafío a las Ciencias Sociales”, 16 de mayo de 2013, Universidad de los Andes, Bogotá (Colombia).

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la fragilidad de su naturaleza incompleta y fragmen-tada— es aquella que emerge del diálogo, de los cruces, choques y encuentros entre palabras.

La secularización: inconsistencias de una de las categorías maestras de las Ciencias SocialesPoner en relación ciencia y religión invita asimismo a prestar atención a la “secularización” como una de las categorías maestras de las Ciencias Sociales. Esta noción ha ejercido como causa legitimadora del naci-miento moderno de las propias Ciencias Sociales, además de convertirse — prácticamente hasta nues-tros días— en vértice epistemológico de los científicos sociales en su labor explicativa.

En su dimensión conceptual, y como categoría de análisis, la “secularización” ha sido objeto de contro-versias desde su naturalización paradigmática en las Ciencias Sociales en los años cincuenta.4 Sin embargo, pese a los permanentes ejercicios de revisión,5 el paradigma moderno de la secularización ha mantenido un fuerte anclaje en las Ciencias Sociales, en general.6 Éste se presenta como un patrón explicativo con capa-cidad de predecir las relaciones causa-efecto entre los procesos de modernización en el mundo y el lugar de lo religioso/espiritual en las vidas de las personas y colectividades sociales. Los principales presupuestos contenidos en esta fórmula se refieren a: 1) la erosión de las creencias, los símbolos y prácticas religiosos, hasta su posible desaparición; 2) la progresiva privati-zación de las religiones, anulando su función en la esfera pública; y, 3) la diferenciación en las complejas sociedades modernas, que, una vez perdido el mono-polio cosmovisional religioso, se rigen por un orden de esferas diferenciadas autónomas (derecho, economía, ciencia, política, moralidad), de acceso horizontal y autogobernadas por sus propias leyes.

4 Si bien irrumpe en la esfera científica europea del siglo XIX bajo las formulaciones de pensadores como A. Comte, K. Marx, M. Weber y É. Durkheim.

5 Véase, por ejemplo, Shiner (1967), donde el autor explica hasta seis formas de entender la secularización.

6 Cabe señalar que si bien disciplinas como la Sociología han realiza-do ejercicios de revisión crítica sobre su validez explicativa desde los años setenta del siglo XX, en otras áreas de conocimiento como la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, se ha mantenido una asunción acrítica del paradigma moderno de la secularización hasta comienzos del siglo XXI.

No obstante, la propia evidencia empírica histórica, en especial desde los años setenta, ha desvelado las fisuras e inconsistencias de la tradicional interpreta-ción moderna de la secularización, abocándola a un necesario ejercicio de revisión crítica. Lo religioso y espiritual no han desaparecido, sino que siguen muy presentes, bajo nuevas formas y funciones, en socie-dades con indudables notas de modernidad. De este modo, el reconocimiento de la convivencia entre reli-giosidades y modernidades, y el interés de explicarla, ha llevado a un giro interpretativo de la secularización a través de tesis como “el excepcionalismo europeo” (Davie 2007, 86), “las modernidades múltiples” (Eisenstadt 2000), “la desecularización del mundo” (Berger 1999) o “las religiones públicas” (Casanova 1999), que adquirieron un notable eco durante los años noventa del pasado siglo.

Sin embargo, no por ello ha dejado de ser objeto de debate en estos primeros años del siglo XXI. Antropó-logos, sociólogos, filósofos, politólogos e internacio-nalistas, junto a teólogos, han empezado a especular sobre la potencialidad explicativa de una nueva cate-goría, lo postsecular, para aproximarse de forma más acertada a la comprensión de lo religioso y espiritual en un mundo tardo-moderno, para unos, y postmoderno, para otros. Entre los diversos intentos de repensar la secularización desde lo postsecular, la propuesta habermasiana ha sido tomada como referente primero y eje de la discusión.

Habermas presentar una propuesta de lo postsecular como una nueva ética política o un nuevo proyecto normativo para afrontar desafíos actuales como la convi-vencia política bajo el pluralismo cultural y religioso en las sociedades contemporáneas, y la repolitización de la política tras la crisis de deshumanización y barbarie resultante del triunfo moderno de la razón instrumental. Para ello, el filósofo alemán llama a un reconocimiento e inclusión de los valores religiosos en la esfera pública, pero bajo la condición de que los creyentes traduzcan sus valores y experiencias religiosas a un lenguaje secular que se presupone accesible a todos (Habermas 2008 y 2011). En definitiva, el potencial semántico de la reli-gión, en otro tiempo vértice de la cohesión social y las normas socialmente vinculantes, queda subsumido por la ética discursiva habermasiana, que reconoce la palabra del creyente en el acto deliberativo pero anula su particularidad semántica y simbólico-expresiva.

Algunas voces críticas han calificado esta lectura postsecular como “una narrativa de la restauración” al

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presentar una fórmula de acomodación entre lo reli-gioso y lo no religioso sin cuestionar muchos de los presupuestos epistemológicos de la modernidad, ni tampoco el marco político del liberalismo (Shakman 2012). Con la exigencia de “traducción” a los creyentes, Habermas sigue presuponiendo la existencia de dos paradigmas cognitivos que acogen la dicotomía razón/fe, inmanente/trascendente, conocimiento racional/conocimiento revelado. Fred Dallmayr, por el contrario, cuestiona esta ruptura epistémica seña-lada por Habermas advirtiendo que cuando uno va a los textos sagrados de las diferentes religiones observa que dios o los dioses no revelaron un paradigma cogni-tivo sino un mensaje de amor; “es un llamamiento al corazón, más que al intelecto, al ser humano en su conjunto, más que al sujeto conocedor/cognitivo” (Dallmayr 2012, 969). Además, este lenguaje religioso es perfectamente comprensible por todos y no tiene por qué necesitar traducción. A su vez, el filósofo alemán parece presuponer la existencia real de un lenguaje racional secular, neutro, accesible a todos, creyentes y no creyentes (“la lingua franca del proceso legislativo”). ¿Realmente existe este lenguaje? ¿No exige de traduc-ción e interpretación para su comprensión, al igual que el religioso? ¿No excluye cosmovisiones y formas vivenciales de lo religioso y espiritual este lenguaje?

En definitiva, la relación de intersubjetividad entre creyente y no creyente se asienta sobre un paradigma cognitivo en el que el otro desaparece tragado por el sujeto cognoscente. “La alteridad del otro, al final, no es respe-tada porque queda apresada o subsumida en mi aprecia-ción cognitiva”; en otras palabras, “el otro no es tomado plenamente como sujeto sino que queda a merced de mi conocimiento y asunciones” (Mardones 1998, 84). Se hace así necesario profundizar en el sentido de la inter-subjetividad en las relaciones con los otros. Siguiendo a Emmanuel Lévinas, la relación con el otro no se puede plantear como un sistema de correspondencia; es una relación asimétrica donde hay que respetar la alteridad y diferencia. “Sólo tras el respeto a la alteridad y diferencia del otro, se puede establecer una relación de correspon-dencia; es el esquema asimétrico del amor que justifica al otro” (Lévinas 1987, 37).

La crítica a la propuesta de Habermas se ha comple-tado como miradas más rupturistas desde una lectura postmoderna de lo postsecular. Éstas no formulan propuesta normativa alguna pero instan a una urgente relectura intercultural e interreligiosa de la seculariza-ción, si se quiere mantenerla hoy como una categoría de análisis válida de las Ciencias Sociales. Para Talal

Asad (2003), la relectura postsecular debe advertir —y no ocultar— que la secularización es una categoría lingüística que, como todo lenguaje, encierra un poder de definir qué es religión, un poder de decidir qué formas de religiosidad participan legítimamente en el espacio público, y un poder de trazar los horizontes normativos de lo posible e imposible, deseable e inde-seable en la vida colectiva. Además, es un concepto y una categoría que se construyen en la experiencia histórica de la formación de los Estados modernos y la dominación colonial.

Por ello, en conclusión, una lectura postsecular de la secularización requiere una mirada postcolonial y una interpretación intercultural que la despoje de la expe-riencia de violencia y dominación contenida en su propia genealogía histórica y política. No ha de basarse en la mera tolerancia, sino en la verdadera búsqueda del pluralismo intersubjetivo.

Los hacedores de Ciencias Sociales: la apertura del diálogo académico a lo religioso y espiritual Los dos postulados derivados de las reflexiones previas —hallar el fundamento de la verdad en el lenguaje y basar la convivencia pública entre creyentes y no creyentes en una interacción postsecular intercultural e interreli-giosa— ponen a prueba su capacidad de ser traducidos a la práctica en esta tercera reflexión.

De acuerdo con la naturalización de los postulados del paradigma moderno de la secularización, todavía hoy algunos actores sociales y políticos consideran conve-niente que las religiones, iglesias y espiritualidades limiten su esfera de acción a la “paz espiritual” o al ámbito de lo personal. Sin embargo, “la religión no puede ser un asunto privado porque el hombre no es un mero individuo y la religión afecta a la totalidad del hombre”.7 La propia etimología latina del término religión presenta dos acepciones, relegere y religare, advirtiendo esta última sobre la naturaleza inheren-temente social de lo religioso como vehículo de cohe-sión intersubjetiva y normativa de las colectividades. El fenómeno religioso, si bien contiene una dimen-

7 Panikkar (2001), citado por Salazar (2011). Fabián Salazar es Teólogo por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y Magíster en Teo-logía por la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia). Participó en el Encuentro con la ponencia “Caracterización de los estudios de las religiones en Colombia y sus retos a las Ciencias Sociales”.

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sión vinculada a la intimidad particular de cada ser humano (relegere), es esencialmente comunitario; el propósito de las religiones es ofrecer un código de vida personal para orientar la vida en sociedad, en todas sus esferas, de acuerdo con los preceptos dictados por su/s dios/es o fuerzas sobrenaturales.

De ahí que las religiones y espiritualidades difícil-mente puedan quedar al margen de la comprensión y explicación de problemáticas y desafíos actuales en el mundo, tan diversos como los conflictos armados y la construcción de paz; la pobreza y las desigualdades; la cultura de participación ciudadana, los procesos elec-torales, el reconocimiento de derechos en sociedades multiculturales; la legislación de asuntos como el aborto, la eutanasia o el matrimonio de personas del mismo sexo; los derechos de las mujeres y las niñas; las reivindicaciones de los movimientos sociales transnacionales; la gobernanza global; los retos de seguridad global; las propuestas de justicia cosmo-polita, y los desafíos medioambientales, entre otros. Los actores religiosos, en su compleja diversidad, son parte constitutiva de estos procesos, así como posi-bles fuentes de comprensión, respuestas y soluciones. Sin embargo, reconocerlo implica para los científicos sociales un acercamiento a los actores religiosos —y no sólo a sus líderes, sino también a las comunidades de base—, no como meros objetos de estudio ajenos a su entorno, sino a través de un encuentro dialógico, guiado por el interés real de comprender su cosmo-visión y comportamiento, donde son esenciales el respeto a su particularidad religioso/espiritual y su correspondiente agencialidad.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu decía que la ciencia es “un inmenso aparato de construcción colectiva colec-tivamente utilizado” (2003). Si somos parte de un mundo postmetafísico donde ni ciencia ni creencia poseen el monopolio exclusivo del conocimiento, las Ciencias Sociales han de reconocer la participación de los actores religiosos y espirituales, entre otros, en los procesos de construcción del conocimiento. Un conocimiento que, en última instancia, busca comprender las problemá-ticas actuales y proponer nuevos enfoques y respuestas que puedan contribuir a solucionarlas.

Volviendo a la concepción de la política como diálogo entre diferentes que defendiese Hannah Arendt, este diálogo entre Ciencias Sociales y religiones ha de ser entendido como un encuentro entre personas reales, con sus cursos de experiencias racionales y emocio-nales particulares, y no sólo como un encuentro entre

conceptos resultantes de paradigmas cognitivos que se presuponen ontológicamente excluyentes. El verda-dero reto consiste, entonces, en reconocer las diferen-cias entre creyentes y no creyentes, para ponerlas al servicio de un objetivo de mayor altura: la correspon-sabilidad ante el desafío de responder de forma crítica a los problemas que subyugan a millones de personas en el mundo.

Las diferentes áreas de conocimiento que componen las Ciencias Sociales, la Teología y los actores religiosos y espirituales deben aprender a dialogar, sin refugiarse en sus respectivas torres de poder. Es posible intentar la búsqueda del consenso sin imposiciones dogmáticas —sean éstas religiosas o seculares—, de manera que cada posición ofrezca lo mejor que tiene para responder a los desafíos contemporáneos, al mismo tiempo que se enriquecen mutuamente a través de un enfrenta-miento intelectual sincero.

Durante siglos, las relaciones entre las comunidades religiosas han estado marcadas, muchas veces, por la celosa defensa de su doctrina ante la percepción de sentir amenazada su identidad, por el hecho de reconocer al “otro” religioso. El mismo celo y la misma desconfianza caracterizaron las relaciones entre los científicos sociales y los actores religiosos a lo largo del siglo XX. Sin embargo, la propia historia de las religiones ha sido una historia de encuen-tros, influencias y préstamos, como lo muestran los vínculos entre judaísmo, cristianismo e islam —a pesar de las malentendidas “esencias”, que, en opinión de algunos, las convierten en objetos de permanente choque, incomprensión y enfrenta-miento violento—. En definitiva, un encuentro inte-lectual sincero podría contribuir a esclarecer qué une a las religiones y qué las separa; del mismo modo que, en la actualidad, un ejercicio de diálogo intelec-tual reflexivo podría evidenciar los puntos reales de sutura y ruptura entre ciencia y creencia.

Los llamamientos a la participación democrática, los enfoques interculturales, la comprensión del “otro” desde su propia voz, son principios que colman los escritos académicos en la actualidad. Sin embargo, en numerosas ocasiones, lo hacen sin predicar con el ejemplo y abrir la labor académica a la participa-ción de actores externos a la universidad. Es posible que la reivindicación de diálogos inter- e intra- esté en boga como resultado de la crítica postmoderna; no obstante, la exigencia de diálogo se presenta hoy como una novedad y un desafío académico para las Ciencias

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Sociales en su pretensión de contribuir a la compren-sión del mundo social como una realidad vivencial compuesta de racionalidades múltiples.

A modo de conclusión Las tres reflexiones expuestas parecen indicar que ha cobrado auge en los últimos años el debate sobre la autoridad y legitimidad de los márgenes del conoci-miento proporcionados hasta ahora por las Ciencias Sociales. Sus fundamentos epistemológicos modernos quedan cuestionados cuando los actores religiosos y espirituales irrumpen en la esfera pública como un otro, una alteridad, que reclama públicamente su potencial explicativo, así como su participación activa en los procesos democráticos de toma de decisiones. Las religiosidades y espiritualidades son parte de la polifonía de voces que componen la esfera pública de las sociedades contemporáneas desde sus particu-lares visiones de mundo, sensibilidades y comporta-mientos, diferenciados de la racionalidad totalizadora característica de la modernidad.

Por lo tanto, promover espacios inclusivos de encuentro es un reto para académicos y políticos en relación con la cuestión religiosa en este nuevo milenio. Escuchar la palabra del “otro” constituye en sí una ética y una episte-mología orientadas a la apertura de procesos de diálogo como único camino posible para la construcción de verdades humanas. Todo parece indicar que comprender al y junto al otro religioso o espiritual, en su dimensión social, se presenta como uno de los desafíos actuales de las Ciencias Sociales. Confiemos en que este primer Encuentro, celebrado en la Universidad de los Andes, halle continuidad en otros proyectos académicos como evidencia de la necesidad e importancia de acercar las Ciencias Sociales a la comprensión del fenómeno reli-gioso y espiritual tanto en el tiempo presente como en perspectiva histórica.

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e introductor de embajadores [1716]• Renán Silva – Universidad de los Andes, Colombia

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v Doctor en Historia por la Universitè de Paris I, Panthéon-Sorbonne, Francia. Profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, Colombia. Correo electrónico: rj.silva33@uniandes.edu.co

La globalización —y sobre todo la conciencia que de ella se tiene hoy—, y el propio ascenso del capitalismo chino como una de las mayores fuerzas históricas de un mundo que ya no es bipolar, han obligado a los histo-

riadores a volver los ojos hacia otros momentos de las relaciones que Occidente ha tenido con el gran imperio oriental, tierra del “cielo celeste”. Varios libros así lo comprueban. Señalemos por ejemplo el gran libro sobre el siglo XVII visto a escala (casi) global de Timothy Brook, titulado Vermeer’s hat: The seventeenth century and the dawn of the global world, aparecido en 2008, que, como sus obras

anteriores, nos muestra no sólo el carácter conectado de gran parte de la historia mundial, sino el papel de China como “centro del mundo” y como lugar de consumos y refinamientos que hacían de esa sociedad un lugar de exquisiteces y altas elaboraciones intelectuales, expul-sadas tal vez de la imaginación histórica reciente por el predominio de la representación que sobre esa sociedad ha dejado la idea de “despotismo oriental”, una idea reforzada para nosotros por la “Revolución Cultural” comunista de finales de los años cincuenta y años sesenta, con sus condenas de todo lo que escapara a la regla y medida del comunismo maoísta.

Discurso sobre la teología natural de los chinos –Carta del Sr.

Leibniz sobre la filosofía china al Sr. N. De Rémond, Consejero

del Duque Regente e introductor de embajadores [1716]

Renán Silvav

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.16

De Leibniz, Gottfried Wilhelm. 2007 [1734]. Discurso sobre la teología natural de los chinos –Carta del Sr. Leibniz sobre la filosofía china al Sr. N. De Rémond, Consejero del Duque Regente e introductor de embajadores [1716]. Buenos Aires: Prometeo

Libros – Biblioteca Internacional Martin Heidegger [263 pp.].

Discurso sobre la teología natural de los chinosRenán Silva

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Lecturas

Se trata de una reacción normal, aunque tardía, pero cada vez más profunda, contra la estrechez de miras en que por mucho tiempo —por más de dos siglos— nos ha mantenido a los historiadores el “Estado/nación” como marco limitado en el que se han planteando los problemas de la sociedad, la política y la cultura, no sólo para los siglos XIX y XX, lo que de hecho no parece una elección afortunada, sino para los siglos anteriores, pues los “países”, una unidad política formada en época reciente —en un lapso que no va más allá de los finales del siglo XVIII y muy pronto en crisis—, terminaron convertidos en el marco social, cultural y espa-cial en el que debía plantearse de “manera obvia” casi cual-quier problema de los que analizan los historiadores, lo que llevó a verdaderas paradojas, como las de separar la historia de España de la de Portugal, o las de estudiar como reali-dades separadas las historias de los pueblos indígenas del sur y norte de América, o analizar dejando por fuera sus relaciones, las colonizaciones ibéricas, de tal forma que los problemas estudiados de Brasil y del resto de Suramérica terminaron planteándose por fuera de toda conexión.1

El gran cosmopolitismo y la preocupación por los seres humanos de toda la Tierra, que fueron características de la Ilustración del siglo XVIII, parecen tener grandes ante-cedentes en los propios siglos XVI y XVII, por lo menos al tenor de este texto de Gottfried Leibniz (1646-1716), publi-cado en una edición cuidadosa y trabajada, y precedido de una amplísima introducción de los editores, tan amplia que por momentos desborda los términos mismos del análisis propuesto por Leibniz y pone el texto del gran filósofo en el marco de una problemática que puede no ser exactamente la suya, o por lo menos estar presentada en un lenguaje que no le corresponde.

Lo que ponen de presente este texto de Leibniz y la infor-mada presentación que lo acompaña —que incluye a su vez una amplia bibliografía actualizada—, es que la China era desde el siglo XV materia de alto interés cultural para los pensadores europeos, y no simplemente por razones de intercambio comercial, de proyectos de dominación o

1 La reacción contra esas tendencias del análisis histórico ha empezado des-de finales del siglo XX y fue notoria, al decir de los comentaristas, en el Congreso Internacional de Historia de Oslo en 1999, en donde el punto de la “global history” fue central en la agenda. En relación con lo que hoy designamos como América Latina, la reacción ha sido ejemplar. Véase, por ejemplo, la obra fundamental en este campo de Serge Gruzinski (2004) —hay traducción en castellano—, escrita bajo el enfoque de las “historias conectadas”. Gruzinski multiplica en sus análisis las relaciones, los pun-tos de encuentro, las interferencias, los préstamos culturales, las apropia-ciones mestizas y todo lo que permite entender de qué manera los mundos de la Monarquía católica (c. 1580-1640) eran mundos mezclados, interde-pendientes, que conectaban Europa, las Américas lusa y castellana, las Filipinas, partes de la India y de la China y el África.

cosas parecidas; sino que también lo era por razones de tipo intelectual, por reconocimiento de los altos valores de su sistema de escritura, y en buena medida por admiración de muchas gentes de letras y gobernantes hacia emperadores del período Ming a quienes se consideró, al parecer con buenas razones, como príncipes tolerantes. China era en aquel entonces objeto de la mirada de los más importantes pensadores europeos de esas épocas: Malebranche y Spinoza también se interesaron por ese universo cultural “extra/europeo”, aunque hacían una valoración diferente de la de Leibniz respecto de una cultura y sociedad como la china.2

Cualquiera sea el caso, la importancia del texto que comen-tamos es mayúscula, para comprender de qué manera la filo-sofía y la reflexión occidentales —europeas en este caso— no son simplemente un episodio de etnocentrismo, sino que se encuentran también hechas de una sabia meditación sobre la cultura y la tolerancia, incluido, claro, el reconocimiento de la tradición y grandeza de lejanas culturas que en épocas pasadas y presentes han sido capaces de aportar en igualdad de condiciones a la ciencia y a la cultura como patrimonio universal de la humanidad.

Leibniz empieza por reconocer los altos valores de la sociedad china y su tradición de tolerancia —valores que el recuerdo de la época comunista ha oscurecido por completo—, así como su permanente miedo ante los extranjeros y su tendencia al encierro. Sólo que esa tendencia no es la única característica de esa sociedad, y de hecho, se ve ella misma contrarrestada por otros tipos de energías culturales que hicieron posible intercambios muy tempranos con Europa y con sociedades vecinas como la india, con la que por largas épocas intercambió mercancías, ciencia, filosofía y matemáticas.

Reconocer la entidad y la importancia de la cultura china lleva a Leibniz, sin ninguna actitud etnocéntrica, a hablar de “teología natural” —desde luego haciendo uso de una etiqueta occidental y escolástica—, una designación a la que acude para mostrar el alto significado racional de los problemas que los discípulos de Confucio y de otras doctrinas religiosas chinas se han planteado y en torno a los cuales han desarrollado agudos pensamientos que cubren todos los ángulos de la reflexión que Occidente ha designado como filosofía, en sus más distintas variedades.

2 Las informaciones y los textos en los que se apoya Leibniz para hacer su comentario provienen de los medios misioneros católicos jesuitas, pero no son su única vía de información. Su correspondencia de largos años con misioneros católicos que se encontraban en China y el acceso a los textos chinos de los que se podía echar mano en ese momento parecen ser un expediente amplio de información, a pesar del desconocimiento existente sobre la China en la Europa de ese momento.

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Posiblemente por razones estratégicas, pero no sólo por ellas, Leibniz no discute el problema de las ceremonias ni de los ritos religiosos en China —lo que por motivos de dogma y política podía resultar problemático en ese momento—, sino que se centra en sus doctrinas y princi-pios —de manera particular, el gran pensador alemán se ocupará de las doctrinas de origen confuciano—, dejando de lado el núcleo que el catolicismo y Roma encontraban mucho más problemático en la cultura religiosa de esa sociedad, y a partir del cual observaba la cultura inte-lectual china como “exótica” y alejada de lo que sería un marco civilizado y racional.

A pesar de que para pensar ese núcleo de reflexión que designa como “teología natural” y sobre el que centra su atención Leibniz debe en gran medida interpretar las formu-laciones chinas sobre la base de sus propias categorías —lo que se explica en parte, dice Leibniz, por lo poco que se sabe de esa sociedad—, con el peligro que ello entraña, no se trata de ninguna asimilación que arrase con el núcleo de creencias en torno a las cuales discute, reduciéndolas a un error o prejuicio, y Leibniz señala en su comentario que “todas estas expresiones de los chinos admiten un buen sentido”, refi-riéndose a materias tan comprometedoras para un creyente, como él lo era, como las que tienen que ver con Dios, la materia primera del universo, el cielo, etcétera.

No podemos saber cuán históricamente fundado era el conocimiento que Leibniz tenía de la sociedad china —de su religión, de su Estado y en general de su cultura—. Parece que muchas de sus apreciaciones sobre la relación entre idea y representación a partir de la escritura ideográfica china, lo mismo que sus ideas sobre las correspondencias exis-tentes entre sus descubrimientos matemáticos y el I Ching, no tienen a la luz del conocimiento presente mayor validez. Pero la importancia del texto puede estar en otra parte: en el gesto de apertura, en el cosmopolitismo, en la apertura al diálogo, en el esfuerzo de comprensión, sin ningún tipo de consideración falsamente amistosa o “populista”, un esfuerzo realizado por fuera de toda actitud de condescen-dencia, planteado en el terreno en que deben plantearse las relaciones entre iguales.

Durante un larguísimo tiempo, toda consideración “occi-dental” sobre las culturas que no pertenecían a su propia área cultural se hizo sobre la base del rasero cultural propio, usando como marco de análisis verdades consideradas como eternas y ajenas a la historia, inscritas en la propia natu-raleza humana civilizada, que siempre había distinguido a Occidente, al tiempo que se consideraba a las demás forma-ciones culturales no occidentales como el producto de evolu-ciones problemáticas, productos exóticos que padecían

desde su raíz el defecto de haber sido construidos al margen de la gran civilización occidental.

Hace algo más de medio siglo, luego de iniciado el proceso de descolonización de lo que restaba de las viejas pose-siones coloniales de los imperios de ayer, se impuso la reflexión sobre la significación de esas culturas que pare-cían inspirarse en otros principios de racionalidad y de valoración, en lógicas que dejaban de lado lo que se consi-deraba como distintivo de esa “Grecia prolongada” hasta el presente, que se valoraba no como la civilización occi-dental, sino como la civilización misma, la civilización por antonomasia. Se impuso entonces a la consideración de los analistas el reconocimiento de la grandeza de civi-lizaciones y pueblos —en Asia, en África, en América precolombina— que por años habían sido poco o nada apreciados o lo habían sido solamente como exotismo que debería protegerse de su cercana destrucción.

En ese momento se impuso también, a veces como culpa insuperable, la denuncia del viejo etnocentrismo, rápi-damente transformado en denuncia del “eurocentrismo”, lo que arrastró a muchos académicos occidentales que se dedicaban al análisis cultural a vivir sus propios valores culturales como una tradición que merecía, sin matices de ninguna clase, el rechazo y la condena. Se formó entonces una actitud populista de alabanza de toda forma cultural “no occidental”, formas a las que se consideró sin matices como alternativas y portadoras per se de una riqueza y humanidad, que no siempre los analistas nos revelaban, al mismo tiempo que se procedía a la crítica o al repudio de toda forma cultural occidental (con inde-pendencia de que se tratara del humanismo, de la lógica, de la teoría de los derechos humanos o de las ciencias), cultura de la que se sospechaba su complacencia con los valores de la dominación y del racismo.

Lo que resulta ser una profunda lección en las observaciones de Leibniz sobre la China y lo que les otorga tanta actua-lidad, no es su contenido, que en gran medida debe encon-trarse ya superado, sino esa actitud visible que induce a que el reconocimiento de la grandeza de otras formas de pensa-miento ajenas a las de su tradición, se pueda acompañar de elementos críticos, y, sobre todo, no exija una actitud injusta de desprecio respecto de la cultura propia, como ha sido tan frecuente en el último medio siglo de análisis cultural.

Referencia 1. Gruzinski, Serge. 2004. Les quatre parties du monde. Histoire

d’une mondialisation. París: Editions de La Martinière.

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v Doctor en Ciencia Política por la Université Catholique de Louvain, Bélgica. Profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, Colombia. Correo electrónico: hfazio@uniandes.edu.co

En los ochenta y noventa, no fueron pocos los académicos que se enfrascaron en prolon-gadas discusiones sobre la supuesta “crisis” de la historia. En los inicios del nuevo siglo, la situación parece ser bien distinta. Una

mirada somera al estado actual de la disciplina muestra numerosos visos de renovación y confirma que es fuerte el interés por ensanchar el campo temático e interpreta-tivo. En efecto, en un puñado de años, la historiografía ha registrado el nacimiento y la consolidación de un conjunto de nuevas perspectivas históricas.

Muy llamativo es el hecho que varios de estos enfoques confluyen en torno a preocupaciones similares: cons-tituyen esfuerzos por incorporar ciertas reflexiones y ciertos presupuestos suscitados por los acalorados debates académicos que se han librado en torno a la globalización; se caracterizan por el desarrollo de pers-pectivas que buscan trascender el marco nacional como lugar privilegiado tradicional del análisis histórico; se preocupan por elevar el nivel de la reflexión sobre algunos tópicos frecuentes de la disciplina y se piensan como perspectivas que se ubican por fuera de las tradi-

ciones historiográficas nacionales, razón por la cual persiguen la interacción con profesionales provenientes de distintas partes del mundo.

A la luz de estos intereses compartidos se han ido consoli-dando enfoques históricos e historiográficos, que hoy se reconocen bajo los rótulos de historia transnacional, historia conectada, historia cruzada, historia global, historia compartida (shared), etcétera.

Como ocurre habitualmente en la historiografía, en un primer momento, los historiadores intentaron poner los cimientos de sus enfoques mediante la publica-ción de ensayos teóricos y metodológicos, los cuales, además de servir para estampar sus diferencias con los procedimientos habituales en la disciplina, ofrecían justificaciones sobre la necesidad social e intelectual de los nuevos enfoques, exponían sus antecedentes y filiaciones intelectuales y sugerían ciertas indicaciones sobre cómo debía ser abordado el trabajo histórico a partir de estos lineamientos. Las reacciones en contra no tardaron en llegar. Rápidamente se alzaron voces que ponían en duda estas propuestas, con el argumento de

A World Connecting: 1870-1945

Hugo Fazio Vengoav

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.17

De Rosenberg, Emily (ed.). 2012.A World Connecting: 1870-1945. Londres: The Belknap Press of Harvard University Press [1168 pp.].

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que representaban interesantes disquisiciones teóricas y metodológicas, pero que escasa era su utilidad o perti-nencia en el trabajo histórico.

Por fortuna, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros momentos en la disciplina, cuando la discusión nunca trascendió el plano de la abstracción, en esta ocasión numerosos han sido los historiadores que asumieron el desafío y se lanzaron a historiar con base en estos nuevos presupuestos y perspectivas. Como ilustración se pueden citar los recientes trabajos de Gruzinski (2012), que han demostrado la vitalidad de la historia conectada; de Werner y Zimmermann (2004), quienes han demostrado la pertinencia del enfoque cruzado cuando se analizan temas de naturaleza binacional; Osterhammel y Petersson (2005) e Iriye (2013) le han dado nuevos asideros a la historia transnacional, y Bayly (2004) construyó una gigantesca historia global para explicar el nacimiento del mundo moderno.

Como ilustración de la plena factibilidad de este tipo de operaciones históricas, un grupo de historiadores publicó recientemente el libro A World Connecting: 1870-1945. Desde un comienzo el editor se preocupa por dejar en claro que el libro no representa ninguna metateoría de la historia. El propósito es mucho más simple: la construcción de una historia del mundo marcada por una interconexión global constante. De más está decir que, no obstante las mil y tantas páginas que comprenden la monumental obra, no se pretende cubrir la totalidad de temas, regiones y pueblos del mundo, sino exponer aquellos grandes procesos histó-ricos mundiales cuya comprensión se alcanza mejor a partir de un esquema global.

No puedo dejar de recalcar la importancia de la periodi-zación propuesta. Se ha convertido en un lugar común entre los especialistas considerar el período que se extiende entre 1870 y 1914 como una fase de extendida globalización que habría contribuido enormemente a la compactación del mundo. En contraste, los años que separan las dos guerras mundiales han sido analizados como una etapa de desglobalización, es decir, de fraccio-namiento de la sistematicidad antes alcanzada. Es muy interesante que si bien estos autores reconocen las parti-cularidades que tuvo el período de entreguerras, mues-tran que las conexiones siguieron siendo persistentes.

Los autores se valieron de un conjunto de elementos para imaginar la unidad temporal y espacial de esta mundialidad: primero, aquellas décadas fueron un período en el que se asistió a una fuerte compresión

del tiempo y del espacio como resultado de las grandes innovaciones en las comunicaciones y en los trans-portes. Ello lleva a concluir que si con anterioridad los procesos históricos podían desarrollarse independientes los unos de los otros, las transformaciones de tiempo y espacio minaron los anteriores aislamientos y pusieron en una estrecha interdependencia a todos los colec-tivos humanos. Segundo, la acelerada movilidad de personas, bienes e ideas actuó como un sincronizador de experiencias, reduciendo aún más las brechas que antes separaban a unas comunidades de otras. Tercero, el poder hegemónico que detentó Occidente favoreció la irrupción de sistemas modernos de estatalidad. Sobre este punto cabe destacar que el libro recusa la identifi-cación de la historia mundial con Occidente. El énfasis se desplaza más bien en la dirección de comprender la naturaleza de aquellos procesos que afectaban al mundo en su totalidad, varios de los cuales terminaron expli-cando la ascendencia de Occidente durante buena parte de este período. Cuarto, los autores destacan las interac-ciones y las variadas intersecciones entre lo global y lo local, tema que alcanza su máxima figuración y noto-riedad por el énfasis que los autores ponen en la movi-lidad y en la conformación de complejas redes de alcance global, que se intercalan en razón de las condiciones de tiempo, lugar y circunstancia.

Sólo cuando se acomete un ejercicio tal se entiende la historicidad de la modernidad como productora de homogeneidad y de diferencia. Quinto, la prominencia que comenzaron a adquirir las ciudades globales, fuerzas centrípetas de la globalización y de estímulo de políticas generalizadas de urbanización. Sexto, la proliferación de tecnologías de producción y consumo que favorecieron la movilidad de factores, además de desempeñar un impor-tante papel en el desencadenamiento de distintas formas de violencia. Séptimo, el poder del nacionalismo y de las ideologías raciales, formas de esencialismos y parti-cularismos que se forjaron de manera transnacional. Por último, la violencia sin igual de las nuevas formas de autoritarismo que golpeó por igual a todos los conti-nentes y que fue uno de los procedimientos más usuales para la construcción de un centro vital en los Estados y que sirvió igualmente para acentuar la emergencia de los movimientos anticoloniales.

Sobre estos fundamentos analíticos y conceptuales se desarrollan los cinco capítulos que comprende la obra. Se inicia con un escrito de Charles S. Maier sobre la invención y el desarrollo del Estado moderno. En esta oportunidad, el célebre historiador norteameri-cano vuelve sobre una tesis que en trabajos anteriores

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Lecturas

A World Connecting: 1870-1945Hugo Fazio Vengoa

había esbozado y que en esta oportunidad desarrolla in extenso. Su tema es el asunto de la territorialidad. En su argumentación, Maier sostiene que los finales de los sesenta del siglo XX marcaron la finalización de un inmenso período, porque fue en el fragor de esos años cuando se puso término a una tendencia que había predominado en el mundo durante los últimos cien años, la cual se caracterizaba por un fuerte énfasis en delimitar la territorialidad de los Estados, con lo cual se activaba el espacio nacional dentro de unos confines determinados, a lo que se sumaba una obse-siva propensión en la dirección de demarcar fronteras de todo tipo, fueran nacionales, de clase, privadas, públicas, etcétera. De tal suerte que el período que cubre el libro comprende los momentos axiales en la configuración estatal: el nacimiento, con las “guerras de construcción nacional”, fenómeno que se extendió a escala global; en los finales del siglo XIX e inicios del XX el centro de la atención giró en torno a los asuntos de gubernamentalidad; las últimas décadas del período se caracterizaron por la proliferación de ciertas formas autoritarias de estatalidad territorial. En síntesis, todo éste fue un extenso período en que los Estados se recrearon de diversas maneras pero siempre encontraron su fundamento en la compactación de un dominio territorial, proceso que continuaría hasta finales de la década de los sesenta.

El capítulo segundo, escrito por Tony Ballantyne y Antoinette Burton, constituye otra importante faceta de la mundialidad, representada por la conformación de grandes imperios y por las resistencias que produ-jeron dichas formas de dominio. El capítulo constituye un excelente ejemplo de aquello que se reconoce en la historiografía como la “nueva historia imperial”, que recusa la idea de que el imperio es una construcción europea implantada “afuera”, pues es analizado como un “sistema imperial” y como una globalidad imperial, que deben ser abordados desde distintos ángulos. Especial interés ponen los autores en la reorganización territorial del espacio geográfico de los imperios británico, japonés y otomano, para lo cual las metrópolis se valieron de instituciones imperiales, como las misiones religiosas y los ejércitos, pero también de los modernos medios de comunicación y transporte y de las configuraciones que suponían los nuevos modelos económicos. Todo ello dio lugar a fuertes y desiguales interrelaciones dentro de los imperios y entre ellos, lo que hizo posible la emergencia de redes transnacionales anticoloniales.

El tercer capítulo, escrito por Dirk Hoerder, analiza el tema de las migraciones de masas en el mundo, y

no sólo el muy trillado caso de los desplazamientos de los europeos allende sus fronteras. Para el autor, los ferrocarriles, las ciudades portuarias y los barcos a vapor desempeñaron un importante papel para que las migraciones pudieran alcanzar el carácter masivo que se le reconoce. Destaca que también intervinieron en ello las prácticas coloniales, la interconexión econó-mica, las crisis, los proyectos de vida y el mejor cono-cimiento que se tenía de lugares lejanos. El trabajo de Hoerder remata con una serie de ejemplos y conside-raciones que ilustran la complejidad de los fenómenos de aculturación, cuestionan la concepción del Estado como un “contenedor” e ilustran la interacción entre lo global y lo local que provoca la migración.

El capítulo cuarto, escrito por Steven C. Topik y Allen Wells, se centra en el tema de las cadenas mercantiles que se forjaron en estas décadas, sobre todo gracias a la revolución agrícola que aportaba el grueso del comercio mundial (cereales, café, azúcar, té), y que produjo profundas transformaciones sociales en todo el mundo. El incremento de la producción de alimentos y los modernos sistemas de transporte facilitaron el crecimiento de las ciudades y de las clases trabajadoras, las cuales a su vez implicaron una demanda en cons-tante aumento de productos agrícolas e industriales. Éste, empero, no es el único aspecto que interesa a los autores. También fueron éstas las décadas en las que se masificaron nuevas producciones: hierro y acero, ferrocarriles, automóviles, aviones, barcos, subma-rinos, radios, cables, caucho. En este sentido, a los autores les preocupa analizar cómo estimularon estas nuevas ramas industriales la producción de recursos energéticos y minerales, nada de lo cual hubiera sido posible sin una correspondiente movilidad de capitales por los distintos confines del planeta. Los circuitos económicos, de tal suerte, alcanzaron niveles de siste-maticidad nunca antes vistos.

El último capítulo, de Emily Rosenberg, se interesa por ilustrar la variedad de corrientes sociales y culturales transnacionales que sirvieron para afirmar y también para trascender los estados estados y los imperios. Esta historia transnacional se detiene en el examen de cinco grandes áreas: las instituciones multilaterales interna-cionales, las redes sociales transnacionales (el anticolo-nialismo, las religiones), los centros de exhibición (como las ferias mundiales, las competiciones deportivas, los zoológicos y los museos), la afiliación epistémica basada en la experiencia, y los medios y el consumo masivos (los espectáculos, el cine, el turismo y el consumo de masas). Con esta información y este análisis detallados, la autora

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concluye que la homogenización y la diferenciación, lo global y lo local, el trans o el internacionalismo y el nacionalismo, la razón y el espectáculo, no constituyen opuestos sino complementos que operan en una tensión creativa entre sí en esta era de redes transnacionales.

En síntesis, éste es un excelente libro que muestra la manera como se ha ido conformando el mundo en su significación histórica, la forma como se ha vuelto una “unidad operativa”; en este sentido, constituye un importante referente para la comprensión de momentos cruciales de los siglos XIX y XX. No queda más que esperar con sumo interés la publicación de una nueva historia del mundo que se prolonga hasta nuestro presente, la cual está prevista para diciembre de 2013.

Referencias1. Bayly, Christopher. A. 2004. El nacimiento del mundo moder-

no. Madrid: Siglo XXI.

2. Gruzinski, Serge. 2012. Las cuatro partes del mundo: historia de una mundialización. México: Fondo de Cultura Económica.

3. Iriye, Akira. 2013. Global and Transnational History: The Past, Present and Future. Hampshire: Palgrave MacMillan.

4. Osterhammel, Jürgen y Niels Petersson. 2005. Storia della globalizzazione: dimensioni, processi, epoche. Bolonia: Il Mulino.

5. Werner, Michael y Bénédicte Zimmermann. 2004. De la comparaison à l’histoire croisée. París: Seuil.

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Oscar Almario García – Universidad Nacional de Colombia, sede MedellínLuz Stella Álvarez – Universidad de Antioquia, ColombiaJuan Andrade Blanco – Universidad de Extremadura, EspañaJorge Luis Arellanez Hernández – Universidad Nacional Autónoma de México Magdalena Barros Nock – CIESAS, MéxicoYann Basset – Universidad del Rosario, Colombia Luis Alberto Beccaria – CEPALAlice Beuf – Instituto Francés de Estudios Andinos, Colombia Jorge Blanco – Universidad de Buenos Aires, Argentina Antonio Bolívar – Universidad de Granada, España Felipe Botero – Universidad de los Andes, ColombiaInmaculada Buendía Martínez – Universidad de Castilla, EspañaJosé Joaquín Brunner – Universidad Diego Portales, ChileLeonardo Cavalcanti – Universidad de Barcelona, EspañaDolors Cendra Comas d’Argemir – Universidad Rovira i Virgili, EspañaJuliana Cristina Cubides – Universidad Nacional de ColombiaLuis Dallanegra – Conicet, Argentina Ricardo Azael Escobar– Pontificia Universidad Javeriana, ColombiaAriadna Estévez – Universidad Nacional Autónoma de MéxicoFernando Estrada – Universidad Externado de ColombiaFrancisco Erice Sebares – Universidad de Oviedo, EspañaJoaquín Fortanet – Universidad Autónoma de Barcelona, España Sonia Frías – Universidad Nacional Autónoma de México María Verónica Gago – Universidad de Buenos Aires / Conicet, ArgentinaSonia Cristina Gamboa – Universidad Industrial de Santander, Colombia Juan Gabriel Gómez Albarello – Universidad Nacional de ColombiaAlberto Harambour – Universidad Diego Portales, ChileDaniel Hermelin – Universidad EAFIT, Colombia Marta Ibañez Pascual – Universidad de Oviedo, EspañaRafael Ibáñez Rojo – Universidad Autónoma de Madrid, España María Eugenia Ibarra Melo – Universidad del Valle, ColombiaDaniel Loewe – Universidad Adolfo Ibáñez, Chile Daniel Fernando López – Universidad de los Hemisferios, EcuadorLuz María López Montaño – Universidad de Caldas, ColombiaFelipe Martínez-Pinzón – College of State Island, IslandiaLuis Bernardo Mejía Guinand – Universidad de los Andes, ColombiaLeonardo Montenegro Martínez – Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ColombiaDiego Fernando Montoya – Universidad EAFIT, Colombia Ilana Mountian – Universidade federal de Minas Gerais, BrasilGonzalo Muñoz – Universidad Diego Portales, Chile Rafael Palacios Bustamante – Fundación Instituto de Estudios Avanzados, Venezuela Mariano Daniel Perelman – Universidad de Buenos Aires / Conicet, ArgentinaAlejandro Pizzi – Universidad de Valencia, España Marco Aurelio Prado – Universidade federal de Minas Gerais, Brasil Alicia Puleo – Universidad de Valladolid, España María Fernanda Ramírez Brouchoud – Universidad EAFIT, ColombiaDavid J. Robinson – Syracuse University, Estados Unidos José Manuel Robles – Universidad Complutense de Madrid, España Rosa Isabel Roig Vila – Universidad de Alicante, EspañaRocío Rueda Ortiz – Universidad Pedagógica Nacional, Colombia Enrique Santamaría – Universidad de Barcelona, España Cristina Santamarina Vaccari – Centro de Estudios Sociales y de Opinión, EspañaFrancisco Sierra Caballero – Universidad de Sevilla, EspañaNinna Nyberg Sørensen – Dansih Institute of International Studies, CopenhagueCatalina Tabares Ochoa – Universidad de Antioquia, ColombiaAnna Tous Rovirosa – Universidad Autónoma de Barcelona, EspañaCarlos Eduardo Valderrama – Universidad Central, ColombiaCarolina Vanegas – Universidad de Buenos Aires, Argentina

La Revista de Estudios Sociales agradece la colaboración especial de las siguientes personas como árbitros de este número:

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No. 45: enero- abril de 2013

DOSSIER: SERVICIO DOMÉSTICO Y DESIGUALDAD SOCIAL

Poblete, Lorena y Ania Tizziani. Presentación, 9-14.Solano, Sergio Paolo y Roicer Flórez Bolívar. Política y

trabajo. Debates sobre las normas jurídicas y las rela-ciones laborales de servidumbre en el Bolívar Grande (Colombia) en el siglo XIX, 16-28.

Plata Quezada, William Elvis. El sindicato del servicio doméstico y la obra de Nazareth: entre asistencia-lismo, paternalismo y conflictos de interés, Bogotá, 1938-1960, 29-41.

Pérez, Inés. De “sirvientas” y eléctricos servidores. Imágenes del servicio doméstico en las estrategias de promoción del consumo de artículos para el hogar (Argentina, 1940-1960), 42-53.

Pereyra, Francisca. El acceso desigual a los derechos labo-rales en el servicio doméstico argentino: una aproxima-ción desde la óptica de las empleadoras, 54-66.

Gorbán, Débora. El trabajo doméstico se sienta a la mesa: la comida en la configuración de las relaciones entre empleadores y empleadas en la ciudad de Buenos Aires, 67-79.

Devetter, François-Xavier. ¿Por qué externalizar las tareas domésticas? Análisis de las lógicas desigualitarias que estructuran la demanda en Francia, 80-95.

Carpenedo, Manoela y Henrique Caetano Nardi. Mulheres Brasileiras na divisão internacional do trabalho reprodutivo: construindo subjetividade(s), 96-109.

Abrantes, Manuel. A Matter of Decency? Persistent Tensions in the Regulation of Domestic Service, 110-122.

Gutiérrez-Rodríguez, Encarnación. Trabajo doméstico-trabajo afectivo: sobre heteronormatividad y la colo-nialidad del trabajo en el contexto de las políticas migratorias de la UE, 123-134.

OTRAS VOCES

Hurtado, Daniel. El concepto de lo político: la necesidad de un criterio (inevitablemente transitorio), 136-143.

Saus, María Alejandra. Infraestructura ferroviaria y ciudad: su cambiante correspondencia espacial desde los paradigmas de la ciencia, la historiografía urbana y el urbanismo, 144-157.

Martín, Juan Guillermo y Julieta de Arango. Panamá Viejo: una experiencia exitosa de gestión patrimo-nial, 158-169.

Índice cronológico

Botero, Mary Luz. Prácticas descriptivas de los enviados especiales de la prensa francesa a Colombia. Narrativa de una experiencia sensible en un marco intercul-tural, 170-184.

No. 46: mayo-agosto de 2013

DOSSIER: SOLIDARIDAD EN PERSPECTIVA FILOSóFICA

Arango, Rodolfo. Presentación, 9-12.Domènech, Antoni. La metáfora de la fraternidad repu-

blicano-democrática revolucionaria y su legado al socialismo contemporáneo, 14-23.

Hoyos, Luis Eduardo. Cooperación, solidaridad y egoísmo racional. Acerca de la relación entre moralidad y racio-nalidad, 24-30.

De Zubiría, Santiago. Hacia una visión no fundaciona-lista del concepto de solidaridad: liberalismo y solida-ridad en Richard Rorty, 31-42.

Arango, Rodolfo. Solidaridad, democracia y derechos, 43-53.

Niederberger, Andreas. Democratic Solidarity: Why Do Democracies Owe Support to Democracy Movements? 54-62.

Herrera, Carlos Miguel. El concepto de solidaridad y sus problemas político-constitucionales. Una perspectiva iusfilosófica, 63-73.

Carvajalino Guerrero, Jinú. Solidaridad de intereses: la transformación del derecho social como dominación en Lorenz von Stein, 74-85.

Pisarello, Gerardo. Solidaridad e insolidaridad en el cons-titucionalismo contemporáneo: elementos para una aproximación, 86-97.

Sierra, Rosa. Solidaridad e integración regional. La forma ciudadana de la solidaridad en la comunidad política supranacional, 98-108.

Cortés Rodas, Francisco. La posibilidad de la justicia global. Sobre los límites de la concepción estadocéntrica y las probabilidades de un cosmopolitismo débil, 109-118.

OTRAS VOCES

Campos Cabral, Valentina y Patricia Ávila-García. Entre ciudades y presas. Oposición campesina al trasvase de agua y la defensa del río Temascaltepec, México, 120-133.

Buchely, Lina Fernanda. La melancolía y el estado. Reflexiones desde el psicoanálisis aplicado, 134-144.

Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 200-204.

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Índice cronológico, de autores, temático

Vela, Jordi de San Eugenio. Del Estado-nación al Estado-marca. El rol de la diplomacia pública y la marca de país en el nuevo escenario de las relaciones interna-cionales, 145-157.

De Luca Romina, Tamara Seiffer y Juan Kornblihtt. Gasto social y consolidación de la sobrepoblación relativa en Venezuela durante el chavismo (1998-2010), 158-176.

No. 47: septiembre-diciembre de 2013

TEMAS VARIOS

Lux, Martha y Ana Pérez. Presentación, 9-10.

DOSSIER

Rueda Laffond, José Carlos. ¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española, 12-24.

Monsiváis Carrillo, Alejandro. La democracia como polí-tica pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático, 25-38.

Sánchez Calderón, Fabio Vladimir. Hacia la multiplicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas, 39-50.

Solé, Carlota, Olga Serradell y Teresa Sordé. Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España, 51-66.

Eizagirre, Andoni. Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología, 67-78.

Formichella, María Marta y Silvia London. Empleabi-lidad, educación y equidad social, 79-91.

Groisman, Fernando y María Eugenia Sconfienza. Indi-gentes urbanos: entre la estigmatización y la exclu-sión social en la ciudad de Buenos Aires, 92-106.

Velasco, Juan Carlos. Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionales, 107-117.

Checa Olmos, Juan Carlos y Ángeles Arjona Garrido. Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007), 118-132.

González Zabala, Mayda Patricia y Jenny Marcela Sánchez Torres. Análisis de las estrategias del Gobierno colom-biano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011, 133-146.

Leyton, Tomás. Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados, 147-156.

Lugo-Morin, Diosey Ramón. La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicos, 157-168.

Índice de autores

Abrantes, Manuel (No. 45)Arango, Rodolfo (No. 46)Ávila-García, Patricia (No. 46)

Botero, Mary Luz (No. 45)Buchely, Lina Fernanda (No. 46)

Caetano Nardi, Henrique (No. 45)Campos Cabral, Valentina (No. 46) Carpenedo, Manoela (No. 45) Carrillo, Alejandro Monsiváis (No. 47)Carvajalino Guerrero, Jinú (No. 46)Checa, Juan Carlos (No. 47)Cortés Rodas, Francisco (No. 46)

De Arango, Julieta (No. 45)De Luca, Romina (No. 46)De Zubiría, Santiago (No. 46) Devetter, François-Xavier (No. 45)Domènech, Antoni (No. 46)

Eizagirre, Andoni (No. 47)

Flórez Bolívar, Roicer (No. 45)Formichella, María Marta (No. 47)

Garrido, Ángeles Arjona (No. 47)González, Mayda Patricia (No. 47)Gorbán, Débora (No. 45)Groisman, Fernando (No. 47)Gutiérrez-Rodríguez, Encarnación (No. 45)

Herrera, Carlos Miguel (No. 46)Hoyos, Luis Eduardo (No. 46)Hurtado, Daniel (No. 45)

Kornblihtt, Juan (No. 46)

Leyton, Tomás (No. 47)London, Silvia (No. 47)Lugo-Morin, Diosey Ramón (No. 47)

Martín, Juan Guillermo (No. 45)

Niederberger, Andreas (No. 46)

Pereyra, Francisca (No.45)Pérez, Inés (No. 45)Pisarello, Gerardo (No. 46)

202

Plata Quezada, William Elvis (No. 45)Poblete, Lorena (No. 45)

Rueda Laffond, José Carlos (No. 47)

Sánchez, Fabio Vladimir (No. 47)Sánchez, Jenny Marcela (No. 47)Saus, María Alejandra (No.45)Sconfienza, María Eugenia (No. 47)Seiffer, Tamara (No. 46) Serradell, Olga (No. 47)Sierra, Rosa (No. 46)Solano, Sergio Paolo (No. 45) Solé, Carlota (No. 47)Sordé, Teresa (No. 47)

Tizziani, Ania (No. 45)

Vela, Jordi de San Eugenio (No. 46)Velasco, Juan Carlos (No. 47)

Índice temático

Acción católica (Plata Quezada, No. 45)Acción colectiva (Campos Cabral y Campos Cabral, No.

46; Lugo-Morin, No. 47)Actores no estatales (Cortés Rodas, No. 46)Acumulación de capital (De Luca, Seiffer y Kornblihtt, No. 46)Afecto (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45)Agricultura (Lugo-Morin, No. 47)Ambivalencia social (Eizagirre, No. 47)Amenaza (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47) América Latina (Sierra, No. 46)Amigo-enemigo (Hurtado, No. 45) Análisis del discurso (Leyton, No. 47)Análisis narrativo (Botero, No. 45)Artefactos domésticos (Pérez, No. 45)Asociacionismo (Solé, Serradell y Sordé, No. 47)Ausencia del estado (Buchely Ibarra, No. 46)

Branding (Vela, No. 46)Brecha digital (González Zabala y Sánchez Torres, No. 47)Brunkhorst (Sierra, No. 46)

Cadena global de los cuidados (Carpenedo y Caetano Nardi, No. 45)

Cambio de régimen (Niederberger, No. 46) Capital social (Lugo-Morin, No. 47)

Carl Schmitt (Hurtado, No. 45)Ciencia (Eizagirre, No. 47)Ciudad (Saus, No. 45) Ciudad de México (Campos Cabral y Campos

Cabral, No. 46)Ciudadanía (Solé, Serradell y Sordé, No. 47)Código de Policía (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45) Colombia (González Zabala y Sánchez Torres, No. 47)Colonialidad (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45)Comida (Gorbán, No. 45) Competencia (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47)Comunidad política (Sierra, No. 46)Concertaje forzoso (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45)Condiciones laborales (Pereyra, No. 45)Confianza (Eizagirre, No. 47) Conflicto social (Campos Cabral y Campos Cabral,

No. 46)Constitucionalismo (Pisarello, No. 46)Consumo (Pérez, No. 45)Cooperación (Hoyos, No. 46)

Democracia (Arango, No. 46; Cortés Rodas, No. 46; Niederberger, No. 46; Pisarello, No. 46; Monsiváis Carrillo, No. 47)

Democracia fraterna (Domènech, No. 46)Derecho (Abrantes, No. 45)Derecho público (Herrera, No. 46) Derecho social (Carvajalino Guerrero, No. 46)Derechos humanos (Arango, No. 46; Cortés Rodas, No.

46; Niederberger, No. 46) Derechos laborales (Pereyra, No. 45) Derechos sociales (Arango, No. 46; Pisarello, No. 46)Desigualdad social (Devetter, No. 45) Diplomacia pública (Vela, No. 46) Diseño institucional (Monsiváis Carrillo, No. 47)Disposiciones civiles (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45)

Educación (Formichella y London, No. 47)Egoísmo (Hoyos, No. 46)E-inclusión (González Zabala y Sánchez Torres, No. 47)Empleabilidad (Formichella y London, No. 47)Empleadores (Gorbán, No. 45)Empleo doméstico (Pereyra, No. 45)Enviados especiales (Botero, No. 45)Epistemología (Saus, No. 45)Equidad social (Formichella y London, No. 47)Escala (Sánchez Calderón, No. 47)Espacio (Sánchez Calderón, No. 47)España (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47; Rueda

Laffond, No. 47) Estado social (Carvajalino Guerrero, No. 46;

Herrera, No. 46)

Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 200-204.

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Índice cronológico, de autores, temático

Estado-nación (Vela, No. 46)Etnicidad (Abrantes, No. 45)Exclusión social (Groisman y Sconfienza, No. 47)

Ferrocarril (Saus, No. 45)Filosofía de los asuntos internacionales (Niederberger,

No. 46)Filosofía política (Herrera, No. 46)Francia (Devetter, No. 45)Fraternidad (Domènech, No. 46; Pisarello, No. 46)Fundacionalismo (De Zubiría, No. 46)

Gasto social (De Luca, Seiffer y Kornblihtt, No. 46)Género (Abrantes, No. 45; Solé, Serradell y Sordé, No. 47)Gestión cultural (Martín y De Arango, No. 45) Gobernanza global (Velasco, No. 47)

Habermas (Sierra, No. 46)Heteronormatividad (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45)Historia (Plata Quezada, No. 45; Sánchez Calderón,

No. 47)Historia social (Rueda Laffond, No. 47)Historiografía (Saus, No. 45; Sánchez Calderón, No. 47)

Indigentes urbanos (Groisman y Sconfienza, No. 47)Informalidad (Groisman y Sconfienza, No. 47)Injusticia estructural (Arango, No. 46)Inmigración (Solé, Serradell y Sordé, No. 47)Inmigrantes (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47)Inseguridad (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47)Insurgencia (Leyton, No. 47)Integración (Sierra, No. 46)

Jerarquías (Gorbán, No. 45) Justicia global (Cortés Rodas, No. 46; Velasco, No. 47)

Liberalismo (De Zubiría, No. 46)Literatura (De Zubiría, No. 46)Lógicas de demanda (Devetter, No. 45) Lorenz von Stein (Carvajalino Guerrero, No. 46)

Marca de país (Vela, No. 46)Mediación (Botero, No. 45)Medios de comunicación (Botero, No. 45)Melancolía (Buchely Ibarra, No. 46)Memoria (Rueda Laffond, No. 47) Metáfora cognitiva (Domènech, No. 46)Migración (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45)Migraciones internacionales (Velasco, No. 47)Modelo matemático (Lugo-Morin, No. 47)Moralidad (Hoyos, No. 46) Movimientos sociales (Carvajalino Guerrero, No. 46)

Mujeres (Gorbán, No. 45) Mujeres inmigrantes (Carpenedo y Caetano Nardi,

No. 45)

Nacionalismo metodológico (Velasco, No. 47)

Obra de Nazareth (Plata Quezada, No. 45) Organización internacional del Trabajo (Abrantes,

No. 45)

Panamá Viejo (Martín y De Arango, No. 45)Participación (Monsiváis Carrillo, No. 47)Partido comunista (Rueda Laffond, No. 47)Patrimonio cultural (Martín y De Arango, No. 45)Periodismo intercultural (Botero, No. 45)Pluralismo (Eizagirre, No. 47)Política pública (Monsiváis Carrillo, No. 47) Políticas públicas (González Zabala y Sánchez Torres,

No. 47)Político (Hurtado, No. 45)Posible (Hurtado, No. 45)Precariedad del estado (Buchely Ibarra, No. 46)Presente (Sánchez Calderón, No. 47)Procesos de subjetivación (Carpenedo y Caetano Nardi,

No. 45) Profesional (Hurtado, No. 45)Psicoanálisis (Buchely Ibarra, No. 46)Publicidad (Pérez, No. 45)

Racionalidad (Hoyos, No. 46)Rebeldía (Hurtado, No. 45) Redescripción (De Zubiría, No. 46)Reforma social (Carvajalino Guerrero, No. 46)Relación campo-ciudad (Campos Cabral y Campos

Cabral, No. 46)Representación (Monsiváis Carrillo, No. 47)Representaciones (Pérez, No. 45)Resistencia (Carpenedo y Caetano Nardi, No. 45)Responsabilidad (Arango, No. 46)Riesgo (Eizagirre, No. 47)Rorty (De Zubiría, No. 46)

Servicio doméstico (Abrantes, No. 45; Devetter, No. 45; Gorbán, No. 45; Pérez, No. 45; Plata Quezada, No. 45)

Servidumbre (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45)Siglo XX (Sánchez Calderón, No. 47)Sindicalismo católico (Plata Quezada, No. 45) Sistema Cutzamala (Campos Cabral y Campos Cabral,

No. 46) Soberanía estatal (Cortés Rodas, No. 46) Sobrepoblación relativa (De Luca, Seiffer y Kornblihtt,

No. 46)

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 200-204.

Socialismo republicano (Domènech, No. 46)Socialización (Solé, Serradell y Sordé, No. 47) Sociedad de la Información (González Zabala y Sánchez

Torres, No. 47)Solidaridad (Arango, No. 46; De Zubiría, No. 46;

Herrera, No. 46; Hoyos, No. 46; Pisarello, No. 46; Sierra, No. 46)

Solidaridad de intereses (Carvajalino Guerrero, No. 46)

Talibán (Leyton, No. 47)Teoría normativa (Monsiváis Carrillo, No. 47) Terrorismo (Leyton, No. 47) Trabajadoras (Gorbán, No. 45)

Trabajo doméstico (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45)Trabajo reproductivo (Carpenedo y Caetano Nardi, No. 45)Trasvase de agua (Campos Cabral y Campos Cabral, No. 46)

Unidad doméstica (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45)Unión Europea (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45)Urbanismo (Saus, No. 45)Utilitarismo (Hoyos, No. 46)

Venezuela (De Luca, Seiffer y Kornblihtt, No. 46)

Xenofobia (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47)

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Políticas éticas

Publicación y autoría

La Revista de Estudios Sociales hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los An-des, encargada del soporte financiero de la publicación. Se encuentra ubicada en el Edificio Franco, Of. GB-615. La dirección electrónica de la revista es http://res.uniandes.edu.co/ y su correo res@uniandes.edu.co El teléfono de contacto es el 3394999, extensiones 4819.

Cuenta con la siguiente estructura: un director, un editor, un asistente editorial, un comité editorial y un comité científico que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la revista. Los miembros son evaluados anualmente en función de su reconocimiento en el área y de su producción académica, visible en otras revistas nacionales e internacionales.

Los artículos presentados a la revista deben ser originales e inéditos y estos no deben estar simultá-neamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. Si el manuscrito es aceptado, los editores esperan que su aparición anteceda a cualquier otra publi-cación total o parcial del artículo. Si el autor de un artículo quisiera incluirlo posteriormente en otra publicación, la revista donde se publique deberá señalar claramente los datos de la publicación origi-nal, previa autorización solicitada al editor de la revista.

Así mismo, cuando la revista tiene interés de publicar un artículo que ya ha sido previamente publicado se compromete a pedir la autorización correspondiente a la editorial que realizó la pri-mera publicación.

Responsabilidades del autor

Los autores deben remitir sus artículos a través del siguiente enlace y enviarlo al siguiente correo electrónico: res@uniandes.edu.co en las fechas establecidas por la revista para la recepción de los artículos. La revista tiene normas para los autores de acceso público, que contienen las pautas para la presentación de los artículos y reseñas, así como las reglas de edición. Se puede consultar en: http://res.uniandes.edu.co/page.php?c=Normas+para+los+autores y en la versión impresa de la revista.

Si bien los equipos editoriales aprueban los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta la evaluación realizada por pares, los autores son los responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo.

Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Si se utiliza material que no sea de propiedad de los autores, es responsabilidad de los mismos asegurarse de tener las autorizaciones para el uso, repro-ducción y publicación de cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, etc.

También aceptan someter sus textos a las evaluaciones de pares externos y se comprometen a tener en cuenta las observaciones de los evaluadores, así como las del Comité Editorial, para la realización de los ajustes solicitados. Estas modificaciones y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas por el autor en el plazo que le sea indicado por el editor de la revista. Luego que la revista reciba el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su completa aprobación.

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 205-207.

Cuando los textos sometidos a consideración de la revista no sean aceptados para publicación, el edi-tor enviará una notificación escrita al autor explicándole los motivos por los cuales su texto no será publicado en la revista.

Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

El Comité editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documen-tación que le es solicitada en el plazo indicado. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo.

Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, la utilización de los derechos patrimoniales de au-tor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, para incluir el texto en la revista (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y se respetan los derechos de pro-piedad intelectual de terceros.

Revisión por pares/responsabilidad de los evaluadores

A la recepción de un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista. El equipo editorial establece el primer filtro, teniendo en cuenta formato, calidad y pertinencia, y después de esta primera revisión, se definen los artículos que iniciarán el proceso de arbitraje. Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de pares académicos anónimos y al concepto del equipo editorial. El resultado será comunicado al autor en un período de hasta seis meses a partir de la recepción del artículo. Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el editor deberá informar al autor dicha situación.

Todos los artículos que pasen el primer filtro de revisión serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores pares, quienes podrán formular sugerencias al autor, señalando referencias significativas que no hayan sido incluidas en el trabajo. Estos lectores son, en su mayoría, externos a la institución y en su elección se busca que no tengan conflictos de interés con las temáticas sobre las que deben conceptuar. Ante cualquier duda se procederá a un remplazo del evaluador.

La revista cuenta con un formato que contiene preguntas con criterios cuidadosamente defini-dos, que el evaluador debe responder sobre el artículo objeto de evaluación. A su vez, tiene la responsabilidad de aceptar, rechazar o aprobar con modificaciones el artículo arbitrado. Duran-te la evaluación, tanto los nombres de los autores como de los evaluadores serán mantenidos en completo anonimato.

Responsabilidades editoriales

El equipo editorial de la revista, con la participación de los Comités Editorial y Científico, es respon-sable de definir las políticas editoriales para que la revista cumpla con los estándares que permiten su posicionamiento como una reconocida publicación académica. La revisión continua de estos paráme-tros asegura que la revista mejore y llene las expectativas de la comunidad académica.

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Políticas éticas

Así como se publican Normas editoriales, que la revista espera sean cumplidas en su totalidad, tam-bién deberá publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situa-ción lo amerite.

El equipo es responsable, previa evaluación, de la escogencia de los mejores artículos para ser publi-cados. Esta selección estará siempre basada en la calidad y relevancia del artículo, en su originalidad y contribuciones al conocimiento social. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado la justificación que se le da al autor deberá orientarse hacia estos aspectos.

El editor es responsable del proceso de todos los artículos que se postulan a la revista, y debe desa-rrollar mecanismos de confidencialidad mientras dura el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo.

Cuando la revista recibe quejas de cualquier tipo, el equipo debe responder prontamente de acuerdo a las Normas establecidas por la publicación, y en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la resolución del problema.

Cuando se reconozca falta de exactitud en un contenido publicado, se consultará al Comité Editorial, y se harán las correcciones y/o aclaraciones en la página Web de la revista.

Tan pronto un número de la revista salga publicado el editor tiene la responsabilidad de su difusión y distribución a los colaboradores, evaluadores y a las entidades con las que se hayan establecido acuer-dos de intercambio, así como a los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internaciona-les. Igualmente, el editor se ocupará del envío de la revista a los suscriptores activos.

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 208-209

tipo de artículos, fechas y modalidades de recepción

La revista de Estudios sociales (RES) publica artículos inéditos en español, inglés o portugués que presenten resultados de investigación en ciencias sociales y reflexiones o revisiones teóricas que aporten a debates relevantes en este campo. La revista publica también reseñas y ensayos bibliográficos con orientación crítica sobre temas propios de disciplinas como antropología, historia, sociología, ciencia política, filosofía, psicología, estudios culturales. En casos excepcionales se incluyen artículos que ya han sido publicados, siempre y cuando se reconozca su pertinencia dentro de las discusiones y problemáticas abordadas en la revista, y su contribución a la consolidación del diálogo y el intercambio de ideas en los debates vigentes de la academia.

Las fechas de recepción de artículos de tema abierto y para dossier se informarán en las respectivas convocatorias. Los artículos deben ser remitidos a través del formulario que se encuentra en la página web http://res.uniandes.edu.co o enviados al correo electrónico res@uniandes.edu.co. Los artículos presentados no deben estar en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. La recepción de un texto se acusará de inmediato y los resultados de la evaluación se informarán en un plazo máximo de seis meses.

Evaluación de artículos y proceso editorial

Al recibir un artículo el Comité Editorial revisa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista. Posteriormente los artículos son sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores pares, quienes pueden formular sugerencias al autor. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores se mantienen en el anonimato. La decisión final de publicar o rechazar los artículos es tomada por el Comité Editorial, con base en los informes presentados por los evaluadores; esta decisión es comunicada al autor por medio de un concepto escrito emitido por el Editor de la Revista.

Las observaciones de los evaluadores, así como las del Comité Editorial, deberán ser tenidas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados en el plazo estipulado por la revista. La fecha de publicación informada por los editores se cumplirá, siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación solicitada en el plazo indicado. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. No obstante, la revista se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo menores. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

Parámetros para la presentación de artículos

Es requisito indispensable que en el momento de la remisión los artículos cumplan con los parámetros establecidos por la Revista de Estudios Sociales:

- Estar escritos en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, con interli-neado 1 ½ , paginado, en papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm. Las notas a pie de página deben estar en Times New Roman 10 y a espacio sencillo.

- Tener una extensión entre 7.000 y 10.000 palabras en total, incluidos los resúme-nes y las palabras clave, la bibliografía y las notas a píe de página, entre otros.

- Tener resumen del artículo en español, no superior a 120 palabras, y su respec-tiva traducción al inglés. El título del texto debe ser presentado igualmente en ambos idiomas.

- Tener entre tres y seis palabras clave que identifiquen el artículo, tanto en inglés como en español. Las palabras clave deben reflejar el contenido del documento, y por ello es necesario que señalen las temáticas precisas del artículo, rescatando las áreas de conocimiento en las que se inscribe y los principales conceptos. Se reco-mienda revisar los términos y jerarquías establecidos en los listados bibliográficos (THESAURUS), y buscar correspondencia entre títulos, resúmenes y palabras clave.

- Estar escritos en un lenguaje académico accesible a públicos de diferentes disciplinas.

- En un archivo aparte incluir los datos de los autores: títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenecen, últimas dos publicaciones y correo electrónico.

- En ese mismo archivo incluir la información de procedencia del artículo. En caso de que éste sea resultado de una investigación, la información del proyecto del que hace parte y el nombre de la institución financiadora.

reglas de edición

- La primera vez que se use una sigla o abreviatura, ésta deberá ir entre parén-tesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la sigla o abreviatura.

- Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos.

- La Revista de Estudios Sociales utiliza una adaptación del formato autor-date style del Chicago Manual of Style para presentar las citas y referencias incluidas en el artículo. Deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos (coma, punto, dos puntos, paréntesis, etc.) y la información requerida. El listado bibliográfico debe incluir las referencias que han sido citadas dentro del texto (en una relación 1 a 1), enumeradas y en orden alfabético. Es indispensable incluir los nombres completos

de los autores y/o editores en cada una de las referencias.

A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias entre la forma de citar dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista bibliográfica (B).

Libro de un solo autor:T: (Abello 2003)B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana.

Libro de dos o tres autores:T: (Drennan, Herrera y Uribe 1989, 27)B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera y Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana. Tomo 1. Bogotá: Universidad de Pittsburgh – Universidad de los Andes.

Parámetros para la presentación de artículos

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Parámetros para la presentación de artículos

- Los artículos que incluyan fuentes de archivo deben presentar las referen-cias en notas a pie de página numeradas, de manera que faciliten al lector la identificación y el acceso a los documentos en el archivo correspondien-te. Es necesario indicar: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha, y otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo del archivo con la abreviatura entre paréntesis, y después, sólo la abreviatura. Al final del texto, deben recogerse todas las referencias prima-rias en un listado separado del bibliográfico.

- Presentar los cuadros, tablas, imágenes y gráficas numerados al final del documento, y para el caso de imágenes o gráficas muy pesadas, en archivo aparte (jpg o tiff 300 dpi y 240 pixeles). Es responsabilidad del autor ges-tionar y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran.

- Es necesario que dentro del texto se indique el lugar donde se ubica cada cuadro/tabla/imagen/gráfico. Esta instrucción se presenta entre paréntesis, de

la siguiente manera:

[Insertar Cuadro 1 aquí]

- Estos recursos deben incluirse en número moderado y buscando siempre que sean claros, legibles y pertinentes para la argumentación del artículo.

ParámEtros Para la PrEsEntaCión dE rEsEñas- Estar escritas en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, pagina-

do, en papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm.

- Tener una extensión de entre 4 y 12 páginas (espacio doble).

- Incluir datos completos del texto reseñado (autor, título, fecha, ciudad, editorial y páginas totales).

- Incluir los datos del autor: títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenece y correo electrónico.

- Se espera que las reseñas no solamente den cuenta del contenido del libro, sino que incorporen una perspectiva crítica y analítica.

indiCaCionEs Para los autorEs- Cada autor recibirá dos ejemplares de cortesía de la Revista de Estudios Sociales.

- Los autores y/ o titulares de los artículos aceptados autorizan la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transforma-ción y distribución) a la Universidad de los Andes/ Facultad de Ciencias Sociales, para incluir su escrito o artículo en la Revista de Estudios Sociales (versión impresa y versión electrónica).

- En caso de que un artículo quiera incluirse posteriormente en otra publi-cación, deben señalarse claramente los datos de la publicación original en la Revista de Estudios sociales, previa autorización del Comité Editorial de la Revista.

Cuatro o más autores:T: (Laumann et al. 1994)B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael y Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

Capítulo de libro:T: (Saldarriaga 2004, 32-33)B: Saldarriaga, Lina María. 2004. Aprendizaje cooperativo. En Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, eds. Enrique Chaux, Juanita Lleras y Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes.

Artículo de revista:T: (Aguilar 2008)B: Aguilar, Sandra. 2008. Alimentado a la nación: género y nutrición en México (1940-1960). Revista de Estudios Sociales 12: 101-108.En caso de que la revista tenga volumen y número, se citará de la siguiente manera:Apellido, Nombre. Año. Título. Nombre de la revista volumen, no. #: Páginas. Ejemplo:Guttman, Allen. 2003. Sport, Politics and the Engaged Historian. Journal of Contemporary History 38, n°. 3: 363-375.

Documentos recuperados de internet:T: (Sabo 2000)B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organización Panamericana de La Salud, <www.bvs-psi.org.br> (Recuperado el 2 abril de 2008).

Artículo de prensa:T: (Martin 2002)B: Martin, Steve. 2002. Sports-interview Shocker. New Yorker, 6 de mayo.T: (Arango 2008)B: Arango, Rodolfo. 2008. Oposición inmadura. El Espectador, 6 de agosto.

Reseña de libro:T: (Duque 2008)B: Duque, Juliana. 2008. Reseña del libro Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178.

Tesis o disertación:T: (Amundin 1991, 22-29)B: Amundin, Mats. 1991. Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena. Disertación doctoral, Universidad de Estocolmo.

Ponencias:T: (Doyle 2002)B: Doyle, Brian. 2002. Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59. Ponencia presentada en el Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, junio 19-22, en Berlín, Alemania.

Nota: en ningún caso se utiliza op. cit., ibid. o ibidem.

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224.ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 210-211.

tyPE oF artiClEs, submission datEs and GuidElinEsThe revista de Estudios sociales (RES) publishes unpublished articles in Spanish, English and Portuguese which present research results in the social sciences and theoretical reflections and reviews which contribute to relevant debates in this field. The journal also publishes critically oriented bibliographic reviews and essays on themes appropriate to disciplines such as anthropology, history, sociology, political science, philosophy, psychology and cultural studies. In exceptional cases articles are included which have already been published, always and when their relevance is demonstrated within the discussions and questions addressed in the journal and they contribute to the consolidation of the dialogue and the exchange of ideas in the current debates of the academy.

Submission deadlines for open topic articles and issue-specific topics will be provided in the corresponding calls for papers. In order to submit an article to the RES, it should be sent directly by way of the form for sending articles which is found at the web page http://res.uniandes.edu.co or by e-mail to: res@uniandes.edu.co. The arti-cles submitted should not be in the process of being evaluated nor have publishing commitments with any other publication. Receipt of a text will be acknowledged immediately, and the results of the evaluation will be made known in a period of a maximum of six months.

Editorial PoliCyWhen we receive an article, the Editorial Committee assesses if it meets the basic characteristics required by the journal. Afterwards, all the articles will be submitted to a process of arbitration with peer evaluators being in charge who can make suggestions to the author. During the evaluation, the names of the authors as well as those of the evaluators will be anonymous. The final decision of publishing or rejecting the articles is made by the Editorial Committee, based on the reports presented by the evaluators. This decision is communicated to the author by way of a written account sent by the Editor of the RES.

The observations of the evaluators, as well as those of the Editorial Committee, must be taken into account by the author, who will make the requested adjustments within the time set by the editor of the Journal. The Editorial Committee reserves the final word on the publication of articles and the issue in which said articles will be published. This decision will be informed to the author as soon as it is known, provided that the author has submitted all requested documentation within the set times. During the editing process, authors may be consulted by the editors to resolve certain questions. However the Journal reserves the right copy edit the text for minor errors. Both during the evaluation and editing processes, e-mail will be the most used means of commu-nication with the author.

ParamEtErs For tHE submission oF artiClEsIt is required that the articles sent comply with the established parameters for the magazine for their submission:

- Be written in Word format, in Times New Roman font Size 12, Line spacing 1 ½, paginated, in letter-size paper and with margins of 2.5 cm. The footnotes should be in Times New Roman 10 and single-spaced.

- Have a length of between 7.000 and 10.000 words, including summaries, key words and footnotes.

- Have a summary of the article in Spanish, of no more than 120 words, and itscorres-ponding translation into English. The title of the text should be similarly presented in both languages.

- Have between 3 and 6 key words which identify the article, in English as well as in Spanish. It is necessary that both groups be included in the form for sen-ding articles. The key words should reflect the contents of the document and it is therefore necessary thatthey point out the precise themes of the article, covering the areas of knowledge in which they fall and the principle concepts. It is recommended that the terms and hierarchies in the bibliographical lists (THESAURUS) be reviewed and correspondence between titles, summaries and key words be sought.

- Be written in language accessible to audiences from different disciplines.

- Author information must be included in an additional document and must include name, address, phone number, e-mail, academic titles, institutional affiliation, cu-rrent position, current studies, and publications in books and journals.

- Said page must also indicate what investigation the article is a result of and how it

was funded.

EditinG rulEs- The first time an acronym or abbreviation is used it should go between parentheses

after the complete expression. Subsequent times only the acronym or abbreviation will be used.

- Quotations over four lines long must be placed in long form, single-spaced, in 11 point font and with reduced margins.

- The “Revista de Estudios Sociales” uses and adaptation of the Chicago Manual of Style author-date style for presenting citations and references included in the article. The required punctuation details (comma, period, colon, parentheses, etc.) and the required information should be observed. The bibliographical list should include the references which have been cited in the text (in a 1 to 1 relationship), enumerated and in alphabetical order. It is essential that the complete names of the authors and/

or editors be included in each one of the references.

Examples are presented below which show the differences between the form of cita-tion within the text (T) and the form of citation in the bibliographical list (B).

Book by a single author:T: (Abello 2003)B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de losAndes – Alfaomega Colombiana.

Book by two or three authors:T: (Drennan, Herrera and Uribe 1989, 27)B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera and Carlos Alberto Uribe. 1989. Caci-cazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana. Tomo 1. Bogotá: Pittsburg University -Universidad de los Andes.

Parameters for the Submission of Articles

211

Parameters for the Submission of Articles

Presentations:T: (Doyle 2002)B: Doyle, Brian. 2002. Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59.Paper presented at the Annual International Meeting for the Society of Biblical Litera-ture, Junio19-22, in Berlin, Germany.

Note: In no case should Ibid, ibidem or op. cit. be used.

- Articles which include source files should present the references in numbered foot-notes, in such a way that will facilitate the reader’s identification and access to the documents in the corresponding file. It is necessary to indicate: Abbreviation of the file, Section, Source, vol./leg.’t., f. off. (place, date and other relevant information). The first time the complete name of the file is cited with abbreviation between parentheses and subsequently just the abbreviation. At the end of the text, all the primary references should be gathered in a list separate from the bibliography.

- Tables, graphics and illustrations, should be presented on a separate page at the end of the text. Images must be submitted in high quality digital format. Obtaining the publication authorization of figures which require it is responsibility of the author.

- It is necessary to indicate within the text the place where each table/graphic/illustration is located. This instruction is placed between parentheses, in the following manner:

[Insert Table 1here]

-A moderate use of tables, graphics and illustrations is recommended.

ParamEtErs For tHE submission oF rEViEws- Be written in Word format, in Times New Roman 12, paginated and in letter-size

paper. margins of 2.5 cm.

- Have a length of between 2 and 6 pages (single-spaced).

- Include complete information about the reviewed text (author, title, date, city, pu-blisher and total pages).

- Author information must be included in the same document: name, academic titles,

institutional affiliation, current position, current studies, and e-mail.

dirECtions For autHors- Each author will receive 2 courtesy copies of the Revista de Estudios Sociales.

- The authors and/or holders of the accepted articles authorize the use of author’srights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to the Universi-dad de los Andes/Social Sciences faculty, for the inclusion of their writing or article in the Revista de Estudios Sociales (print version and electronic version).

- If the article is to be used afterwards in another publication, the original publication in Revista de Estudios Sociales must be clearly stated, and authorization must have been previously requested to the RES.

Four or more authors:T: (Laumann et al. 1994)B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael and Stuart Michaels. 1994.The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States.Chicago: University of Chicago Press.

Book chapter:T: (Saldarriaga 2004, 32-33)B: Saldarriaga, Lina Maria. 2004. Aprendizaje cooperativo. En Competencias ciuda-danas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas acadé-micas, eds. Enrique Chaux, Juanita Lleras and Ana María Velásquez. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional-Universidad de los Andes, 102-135.

Magazine article:T: (Aguilar 2008)B: Aguilar, Sandra. 2008. Alimentado a la nación: género y nutrición en México (1940-1960). Revista de Estudios Sociales 12: 101-108.In the event that the journal has a volume and number, it will be cited in the following manner:Last Name, First Name, Title. Name of the journal volume, no. #: Pages. For example: Guttman, Allen. 2003. Sport, Politics and the Engaged Historian. Journal of Contempo-rary History 38, no. 3: 363-375.

Documents downloaded from the internet:T: (Londoño 2005, 70)B: Londoño, Luz María. 2005. La corporalidad de las guerreras: una mirada sobrelas mujeres combatientes desde el cuerpo y el lenguaje. Revista de EstudiosSociales 21: 67-74,< http://res.uniandes.edu.co> (Downloaded August 31, 2005).

Press article:T: (Martin 2008)B: Martin, Steve. 2002. Sports-interview Shocker. New Yorker, May 6.T: (Arango 2008)B: Arango, Rodolfo. 2008. Oposición inmadura. El Espectador, August 6.

Book review:T: (Duque 2008)B: Duque, Juliana. 2008. Review of the book Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, by Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178.

Thesis or dissertation:T: (Amundin 1991, 22-29)B: Amundin, Mats. 1991. Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena. Doctoral dissertation, University of Stockholm.

N Claudia Steiner ..................................................................... 11

PE : ,

Pablo Jaramillo ..................................................................... 13

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Liu Xin .................................................................................... 27L W C :

George E. Marcus ................................................................. 59

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Lieselotte Viaene .................................................................. 85R A A: T “” B U

André Cicalo ........................................................................ 113“S, , ”: L S “()”

Sebastián Gómez Ruíz ...................................................... 135L ,

Janeth Rojas Contreras ..................................................... 157

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Wilhelm Londoño .............................................................. 181R . H ,

Ismael Apud ........................................................................ 213

RR : D D. G, B, E U R,

Jairo Tocancipá-Falla ......................................................... 239

Í: , .............................................................. N .....................................

ANTÍPODAREVISTA DE ANTROPOLOGIA

Y ARQUEOLOGÍAN° 16 ENERO - JUNIO 2013

ISSN 1900 – 5407http://antipoda.uniandes.edu.co

ISSN (versión electrónica) 2011-4273

REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FACULTAD

DE CIENCIAS SOCIALESUNIVERSIDAD DE LOS ANDES

PUBLICACIÓN SEMESTRAL

Dirección postal: Carrera 1 este No. 18ª – 12Edi� cio Franco, bloque GbPiso 6, o� cinas 601 y 603

Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: 57.1.339.4949Exts. 3483 o 4808

Telefax: 57.1.3324056

R E V I S TA D E A N T R O P O L O G I A Y A R Q U E O L O G I A

16

ISSN 0121-5612Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias SocialesUniversidad de los Andeshttp://colombiainternacional.uniandes.edu.co 78 m

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2013

EDITORIALLaura Wills-Otero

ANÁLISIS

De la Guerra de los Treinta Años a la yihad en el siglo XXI:el conflicto religioso, ¿preludio de la secularización?

Khatchik DerGhougassian

Doble ronda electoral y apoyo al presidente. El caso de PerúRodrigo Salazar-Elena

Hacia un marco constructivista realista para el análisis de las relaciones internacionales desde las periferias

Lucas Becerra

Mercosur: The Role of Ideas and a More Comprehensive RegionalismSergio Caballero Santos

Democracia y liberalismo político. La perspectiva de Martha NussbaumGabriel Enrique Arjona Pachón

A abertura do conceito de sociedade civil: desencaixes, diálogos e contribuições teóricas a partir do Sul Global

Luciana Ballestrin y Cristiana Losekann

Discurso del presidente federal Joachim Gauck sobre “Reconciliación y cultura de la memoria en Alemania”

Joachim Gauck

DOCUMENTOS

Tema abierto

50Carta a los lectores

Artículos Tema abierto

Rafael Gaune, Universidad Andrés Bello, ChileEl jesuita como traductor. Organización, circulación y dinámicas de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile, 1593-1598

Felipe Arias Escobar, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia“Con total desprecio de todo lo terreno”. El contexto de producción de la Novena para el Aguinaldo (1784)

Alexander O’Byrne H., Universidad Nacional Autónoma de México, MéxicoEl desabastecimiento de géneros agrícolas en la Provincia de Cartagena de Indias a fines del período colonial

Elisa Sevilla, FLACSO, Ecuador, yAna Sevilla, FLACSO, EcuadorInserción y participación en las redes globales de producción de conocimiento: el caso del Ecuador del siglo XIX

Salvador Gómez García, Universidad Complutense de Madrid, España, yJosé Cabeza, Universidad Rey Juan Carlos, EspañaOír la radio en España. Aproximación a las audiencias radiofónicas durante el primer franquismo (1939-1959)

José Carlos Rueda Laffond, Universidad Complutense de Madrid, EspañaEscritura de la historia en televisión: la representación del Partido Comunista de España (1975-2011)

Gabriela Scodeller, Universidad de Buenos Aires, Argentina(Des)encuentros en las experiencias de formación político-sindical en los años sesenta en Argentina

Martha Cecilia Herrera, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia, yJosé Gabriel Cristancho Altuzarra, Universidad Pedagógica Nacional, ColombiaEn las canteras de Clío y Mnemosine: apuntes historiográficos sobre el Grupo Memoria Histórica

Espacio estudiantil

María Fernanda Lanfranco González, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ChileLa teoría sobre la naturaleza del hombre y la sociedad en el pensamiento de Robert Owen como base del socialismo británico (1813-1816)

Reseñas

Renán Silva, Universidad de los Andes, ColombiaGruzinski, Serge. L’Aigle et le Dragon. Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle. París: Fayard, 2012.

Julian Andrei Velasco Pedraza, Universidad Nacional Autónoma de México, MéxicoFradkin, Raúl O., compilador. La ley es tela de araña. Ley, justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009.

Hugo Fazio Vengoa, Universidad de los Andes, ColombiaPurcell, Fernando. ¡De película! Hollywood y su impacto en Chile 1910-1950. Santiago: Taurus, 2012.

NotilibrosAcerca de la revistaNormas para los autores

InformesConmutador:

339 4949 ext. 2525 – 3716Teléfono directo y fax:

332 4506Cra 1a # 18A-10

Bogotá, Colombiahcritica@uniandes.edu.co

Tarifas en ColombiaEjemplar$30.000

Librería Uniandes y librerías nacionalesPara suscripción nacional e internacional ver:

http://www.libreria.uniandes.edu.co

Revista del Departamento de

Historia de la Facultad

de Ciencias Sociales de

la Universidad de los Andes

7

Co-herencia Revista de HumanidadesUniversidad EAFIT - Departamento de HumanidadesISSN 1794-5887 - Vol. 10, No. 18 (enero - junio) 2013

Medellín, Colombia

Contenido

13-40

45-77

79-103

En diálogo con Weber.Sobre La tiranía de los valores de Carl Schmitt José Luis Villacañas Berlanga

El laboratorio de periodismo.La práctica universitaria de la idea fundacional de PulitzerCarlos Mario Correa Soto

A la zaga de lo político.La agenda mediática de la Ley de Víctimas yRestitución de TierrasAna Cristina Vélez López

Ciudadanía y tecnopolítica electoral. Ideales y límites burocráticos a la participación digitalVíctor F. Sampedro Blanco José Manuel Sánchez Duarte Monica Poletti

Sistemas intertextuales transmedia: exploraciones conceptuales y aproximaciones investigativasDiego Fernando Montoya Mauricio Vásquez Arias Harold Salinas Arboleda

La investigación en comunicación.Los límites y limitantes del conocimiento Sergio Roncallo-DowEnrique Uribe-JongbloedIsabel Calderón-Reyes

Entre el afuera y el adentro. La configuración del campo académico y sus fronteras desde las prácticas comunicativas de científicas negras en ColombiaTania Pérez BustosDaniela Botero Marulanda

105-136

137-159

161-187

189-220

D

O

S

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I

E

R

Volumen 48 (2), julio-diciembre 2012 issn 0486-6525

Revista Colombiana de Antropología

Bogotá-Colombia

Calle 12 nº 2-41, Bogotá-Colombia Teléfono: 4440544 Línea gratuita en Bogotá: 0180003426042; fuera de Bogotá: 018000119811

Correo electrónico: rca.icanh@gmail.com

Precio de venta al público: $20.000.oo

Religión y sociedad

Introducción: Religión y sociedad María Teresa salcedo

PrácTicas y MoviMienTos religiosos - Teoría social y eTnografías

La metamorfosis ritual: la identidad religiosa en la Amazonia Jean-Pierre goulard

Cuando Cristo “se metió” a El Islote: culto evangélico, atmósfera ritual e interacciones sociales en un territorio insular del Caribe colombiano

andrea leiva esPiTia

Tejiendo vínculos: tres mecanismos socioadaptativos desplegados por el movimiento Sai Baba en Argentina

rodolfo Puglisi

En el evangelio y en el partido: trayectorias políticas de pastores en el Gran Buenos Aires

Marcos andrés carbonelli

riTual, aPrendizaJe y subJeTividades en conTexTos religiosos

Ejercitar el kamish. Etnografías acústicas del islam y desafíos de lo sonoro en la construcción de subjetividades

Juan carlos casTrillón valleJo

New Age en Colombia y la búsqueda de la espiritualidad indígena Jean-Paul sarrazin

Aportes para un análisis multidimensional de la eficacia performativa ritual. Imprevistos en una ceremonia umbanda argentina

Manuela rodríguez

La fe es por el oído: oralidad, memorismo y catecismo en Colombia a co-mienzos del siglo xx

césar david salazar JiMénez

cuesTiones de MéTodo - exceso

La fuerza de la debilidad dionisíaca Michel Maffesoli

De lo religioso a lo virtual. Explosiones del imaginario y recomposiciones del creer hoy

fabián sanabria

reseñas

Sueños, kharisiris y curanderos. Dinámicas sociales de las creencias en los Andes contemporáneos, de Alison Spedding

gonzalo zavala córdova

Ayahuasca Weaving Destinies, de Jimmy Weiskopf Juan álvaro echeverri

Religión catódica. Catálogo, por María Belén Sáez de Ibarra y José Alejandro Restrepo (editores)

bruno Mazzoldi

75

xix

Luis Fernando Gómez R.Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia

Cleófilas y La Llorona: heroínas latinas en contra de la marginalizaciónpatriarcal en el cuento de Sandra Cisneros “El arroyo de La Llorona”

espacio abiertoJuan Pedro AlonsoUniversidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

La construcción del morir como un proceso: la gestión del personal de salud en el final de la vidaMary Luz Sandoval RobayoUniversidad de Caldas, Manizales, ColombiaUniversidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina

Habitus productivo y minería: el caso de Marmato, Caldas

Sandra Patricia Arenas GrisalesUniversidad de Antioquia, Medellín, ColombiaUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil Memorias que perviven en el silencio

María Dilia Mieles BarreraUniversidad del Magdalena, Santa Marta, ColombiaGraciela TononUniversidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, ArgentinaSara Victoria Alvarado SalgadoCinde, Universidad de Manizales, Manizales, Colombia

Investigación cualitativa: el análisis temático para el tratamientode la información desde el enfoque de la fenomenología social

Gabriel Rueda-DelgadoPontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia Los aportes de la teoría de la acción comunicativa y sus conceptos auna contabilidad para el entendimiento y la integración de la sociedad

Revista de Antropología y Sociología, publicada por la Facultad de Ciencias Sociales de laPontificia Universidad Javeriana. No.75 enero-junio de 2013, ISSN 0120-4807.

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica

Presentación 7

Jefferson Jaramillo Marín y Juan Pablo Vera LugoPontificia Universidad Javeriana 13Etnografías desde y sobre el Sur global. Reflexiones introductorias

controversiaMauricio CaviedesPontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 37Metodologías que nos avergüenzan: La propuesta de una investigación en doble-vía y su efímera influencia en la antropología

María Macarena OssolaUniversidad Nacional de Salta, Salta, Argentina 61La autoridad etnográfica interpelada. Tensiones contemporáneas sobre la(s) escritura(s) de la otredad

Jérémie VoirolLaboratorio de Antropología Cultural y Social (LACS), Université de Lausanne 79¿Cómo practicar la etnografía? Hacia una teoría pragmática y política de la descripción

Diego Fernández VarasPosicionarse y relacionarse en la práctica de la etnografía (¿del sur?). Liminalidad del trabajo de campo con la comunidad Mhuysqa de Cota, Cundinamarca

Pablo F. Gómez MontañezUniversidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia 131Esbozo de una Antropología de lo Muisca Desde Una Perspectiva Del Sur: Paralelos Y Tránsitos

horizontesSandra Patricia Martínez BasalloUniversidad del Valle, Cali, Colombia 155Hacia una etnografía del Estado: reflexiones a partir del proceso de titulación colectiva a las comunidades negras del Pacífico colombiano

Jesús Moreno ArribaUniversidad Veracruzana, Veracruz, México 187La gestión comunitaria de recursos naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, México: ¿una alternativa posible al discurso desarrollista y a la globalización capitalista?

otras vocesRachel SiederCentro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México 219Legalidades Subalternas cosmopolitas y los retos de Etnografía Comprometida

Guilherme Lavinas Jardim FalleirosUniversidade de São Paulo 249Para llegar a ser y no ser humano a través de la participación etnográfica en el centro de Brasil

investigación jovenJuan Roberto Rengifo GutiérrezFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina 275Experiencia, etnicidad y conocimiento en etnografías argentinas recientes del Gran Chaco (2000-2011)

espacio abiertoJavier L. CristianoUniversidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 303Los escritos de Alfred Schütz desde la perspectiva de una teoría de la creatividad de la acción

Ana María Henao AlbarracínUniversidad Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris, Francia 327Usos y significados sociales de la fotografía post-mortem en Colombia

entrevistaJefferson Jaramillo y Carlos Del CairoPontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 357Ethnography and social theory. Interview to the sociologist Javier Auyero

reseñaDany Mahecha RubioUniversidad Nacional de Colombia, sede Amazonia 379Perspectivas antropológicas sobre la Amazonia contemporánea. Por Margarita Chaves y Carlos del Cairo (compiladores)

Revista Latinoamericana de Educaciónhttp://vys.uniandes.edu.co

Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación es una publicación académica, arbitrada, electrónica, de frecuencia semestral, de acceso gratuito, que se dedica al estudio y al diálogo sobre preguntas y problemas en la pedagogía, en la gestión y en las políticas educativas, con énfasis en los temas que son de interés particular para la educación en Latinoamérica.

VOL 4, NO 1 (2013)EDITORIALAnne Marie Truscott de Mejía

ARTÍCULOSLa reforma curricular de la enseñanza media en Córdoba (Argentina): análisis crítico de su “discurso pedagógico” desde la perspectiva de B. Bernstein Ana Maria Brigido, Claudia Daniela Giacobbe

Taller Los jóvenes y el bicentenario (Museo Colonial, 2010). Una experiencia alternativa de enseñanza/aprendizaje de la historia Sebastián Vargas Álvarez

El profesorado como proyecto profesional. Prácticas y perspectivas de los actores en el inicio Roxana Mercado, Paola Saporiti, Andrea Coronda

La motivación y el concepto de autorregulación: Teoría e implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje de inglés en Colombia Beatriz Peña Dix

OTROS ARTÍCULOS¿Qué supone la evaluación de la innovación docente en el contexto de un curso integrador? Una experiencia en la construcción de un sistema de evaluación en la Universidad de los Andes Gary Alberto Cifuentes, Daniel Francisco Santamaría Rodríguez, Jaime Andrés Gutiérrez Herrera, Eric Fernando Rodríguez López, José Darío Díaz Velasco, Luz Ángela Gómez

RESEÑASReseña de S. Ball, M. Maguire y A. Braun, "How schools do policy: Policy enactments in secondary schools María Cecilia Bocchio