¿qué es el populismo punitivo? una tipología basada en la

77V.15 - Nº 1 jan./abr. 2021 São Paulo - Brasil MICHELLE BONNER p. 77-102

DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v15i1p77-102

¿Qué es el populismo punitivo? Una tipología basada en la comunicación mediática

What is punitive populism? A typology based in media communication

M I C H E L L E B O N N E R a

University of Victoria, Departamento de Ciencias Políticas. Victoria, Columbia Británica – BC, Canadá

RESUMEN El populismo punitivo se refiere al uso que hacen los líderes políticos de la retórica y las políticas de mano dura contra el delito para ganar elecciones y apoyo popular. Sin embargo, esta definición básica no capta la variedad de formas en que se manifiesta esta práctica. Afinando el concepto, este artículo identifica tres tipos clave de populismo punitivo: autoritario, conflictivo y responsable (accountable). La tipología subraya la importancia que tienen los sistemas de medios de comunicación y la ideología política en la definición de cada tipo. Reflexionando sobre más de quince años de investigación sobre el tema, el artículo se centra en el desarrollo del concepto, con ejemplos ilustrativos de Argentina y Chile.Palabras clave: Populismo punitivo, medios de comunicación, ideología política, populismo penal, punitividad

ABSTRACTPunitive populism refers to political leaders’ use of tough-on-crime rhetoric and policies to win elections and popular support. Yet, this basic definition does not capture the range of ways the practice manifests itself. Refining the concept, this article identifies three key types of punitive populism: authoritarian, conflicted, and accountable. The typology highlights the intersecting importance of media systems and political ideology to the definition of each type. Reflecting on over fifteen years of research on the topic, the article is centred on concept development, with illustrative examples from Argentina and Chile.Keywords: Punitive populism, media, political ideology, penal populism, punitiveness

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a Profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la University of Victoria. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4942-0367. E-mail: [email protected]

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¿Qué es el populismo punitivo?

EL POPULISMO PUNITIVO se refiere al uso que hacen los líderes políticos de la retórica y las políticas de mano dura contra el delito para ganar elecciones y apoyo popular. Sin embargo, esta definición básica o fundamental no capta

la variedad de formas en que se manifiesta esta práctica. A menudo, el concepto trae a la mente a los líderes de la derecha política, especialmente los que llaman a la violencia contra los delincuentes, como la declaración del presidente brasileño Jair Bolsonaro de que “Un buen delincuente, es un delincuente muerto” (Wyatt, 2019, para. 3) o el llamamiento del presidente filipino Rodrigo Duterte a “Encontrarlos a todos y arrestarlos. Si se resisten, mátalos a todos” (“Rodrigo Duterte’s Lawless”, 2020, para. 2). Tal retórica atrae los titulares de los medios de comunicación; sin embargo, el populismo punitivo no siempre contiene un lenguaje tan extremo. Tampoco es una práctica exclusiva de la derecha política. Los estudiosos de la política criminal en Europa y Estados Unidos llevan mucho tiempo estudiando lo que denominan populismo penal utilizado por líderes políticos tan diversos como el presidente estadounidense George W. Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el presidente estadounidense Bill Clinton (Newburn & Jones, 2005). Además, las noticias sobre incidentes delictivos, como un asesinato espantoso, que actúan como catalizadores de una fuerte retórica y políticas de mano dura contra el delito en algunos países y por parte de algunos líderes políticos, no siempre provocan la misma respuesta en otros países o por parte de otros líderes.

Para mejorar nuestras comparaciones y profundizar en nuestra comprensión del populismo punitivo, necesitamos una tipología que capte mejor sus diferentes manifestaciones y el papel de los medios de comunicación. Este artículo identifica tres tipos clave de populismo punitivo: autoritario, conflictivo y responsable (accountable). La tipología subraya la importancia que tienen los sistemas de medios de comunicación y la ideología política en la definición de cada tipo.

El populismo punitivo está arraigado en una política de comunicación que favorece algunas voces en los debates públicos sobre la importancia política relativa del delito y las soluciones adecuadas. Por lo tanto, los sistemas de medios de comunicación (las regulaciones, la propiedad y las prácticas que dan forma a las noticias que se producen) son importantes para una tipología de populismo punitivo. Los sistemas mediáticos influyen en qué voces se escuchan con más frecuencia en estos debates públicos y, por tanto, crean incentivos o desincentivos para una retórica y unas políticas cada vez más punitivas. Los sistemas mediáticos, demostraré, diferencian el populismo punitivo autoritario y conflictivo del populismo punitivo responsable. Sin embargo, la ideología política también influye en la forma en que los líderes políticos responden a la dinámica de los medios de comunicación. Esto es lo que distingue al populismo autoritario del populismo punitivo conflictivo.


M I C H E L L E B O N N E R DOSSIER

El propósito de este artículo es el desarrollo de conceptos. Los conceptos desarrollados en este artículo se basan en más de quince años de investigación sobre el populismo punitivo en América Latina, incluyendo aproximadamente 200 entrevistas con personas que trabajan y comunican temas sobre el delito, punitividad y política criminal. Sin embargo, el objetivo de este artículo no es un análisis sistemático de estos datos, que he realizado en otros lugares utilizando métodos de estudios de caso comparativos y en profundidad (por ejemplo, Bonner, 2014, 2019a). En su lugar, el objetivo del artículo es ofrecer una tipología que mejore nuestra capacidad para clasificar las diferentes manifestaciones del populismo punitivo y perfeccione nuestra capacidad para identificar el papel de los medios de comunicación. Se utilizan ejemplos de Argentina y Chile para ilustrar los conceptos.

El artículo comienza con una breve descripción de la definición básica del populismo punitivo. Es decir, la definición que se mantiene constante independientemente de los adjetivos que se le pongan (Goertz, 2006). La siguiente sección expone las principales formas en que los sistemas mediáticos fomentan o desalientan el populismo punitivo. Esto se utiliza en la última sección, en combinación con la ideología política, para desarrollar los tres tipos de populismo punitivo (o conceptos de segundo nivel).

POPULISMO PUNITIVO: EL CONCEPTO CENTRAL El populismo punitivo, a veces denominado punitivismo populista o populismo

penal (Bottoms, 1995; Roberts et al., 2003), tiene sus orígenes conceptuales en el estudio de su auge, a partir de la década de 1980, en Estados Unidos, Europa y, posteriormente, Australia y Nueva Zelanda. El problema central de la mayoría de estos estudios era la necesidad de explicar el aumento del miedo de los ciudadanos al delito y el apoyo a la retórica y las políticas de mano dura en un momento en que los índices de delito estaban disminuyendo. Por supuesto, el populismo punitivo también es utilizado por los líderes en países donde la tasa de criminalidad es alta, como es el caso de muchos países de América Latina y África (Super, 2016; Wolf, 2017). En estos casos, el rompecabezas de la investigación se centra en explicar el apoyo público a las políticas punitivas que se sabe que, en el mejor de los casos, no hacen nada para disminuir el delito y, en el peor, lo aumentan y, en cualquiera de los casos, se asocian con el aumento de los abusos de los derechos humanos. Independientemente de que los países tengan una tasa de criminalidad alta o baja, las dos variables centrales vinculadas al concepto de populismo punitivo son la punitividad y el populismo.

Punitividad En una democracia, el sistema de justicia penal obliga a las personas a rendir

cuentas ante la ley. La rendición de cuentas consiste tanto en la exigencia de responder



y justificar los propios actos como en la aplicación de un castigo por parte del Estado si se comprueba la existencia de un delito. Al considerar el populismo punitivo, la cuestión que se plantea es qué es un castigo proporcionado y qué es excesivo. Los populistas punitivos piden lo que la mayoría de los estudiosos consideran un castigo mayor y excesivo. Puede venir en forma de más leyes que criminalicen más tipos de comportamiento, castigos más severos por infringir las leyes (como sentencias más largas, eliminación de las opciones de libertad condicional o reducción de la edad de responsabilidad penal), ampliación del número de policías en las calles, el alcance de los poderes policiales y una reducción de la supervisión. Estos cambios políticos pueden conducir a un mayor número de personas en las cárceles y a un aumento de la violencia policial. Lo que distingue las formas de castigo democráticamente legítimas y las que se consideran excesivas es tanto subjetivo (basado en la posición del observador) como el resultado de un proceso de comunicación (mediada) entre gobernantes y gobernados.

Muchos estudios sobre el populismo penal en Europa y Estados Unidos estudian la punitividad en términos de ley y el consiguiente aumento de la población carcelaria. En parte, esto se debe a que la población carcelaria es fácil de medir y puede utilizarse como indicador de la punitividad. Sin embargo, en todos los países, la policía es el primer agente que responde al delito. La policía tiene un amplio margen de maniobra para decidir cuándo y cómo aplicar las leyes. La retórica, y no solo las políticas, puede afectar a sus decisiones. Por lo tanto, el debate sobre la punición que sigue se centra en la policía.

Las democracias conceden a la policía el derecho legítimo a utilizar la fuerza, incluso mortal, para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho. Lo que distingue la violencia policial legal de la ilegal es la justificación que ofrecen y la aceptación de esa justificación por parte del Estado y la sociedad. La policía está autorizada a utilizar la fuerza letal si su vida o la de los demás está en peligro. Cuando se aplica esto se deja al oficial decidir y justificar, y a veces se crean leyes o protocolos policiales para ampliar el alcance de las acciones justificables. Por ejemplo, en 2018, en Argentina, el presidente Mauricio Macri aprobó cambios en los protocolos policiales sobre el uso de armas de fuego (Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego) que permiten a los agentes disparar a presuntos delincuentes que huyen (Rivas Molina, 2018). El presidente brasileño Bolsonaro intentó realizar cambios similares en el código penal de su país en 2019 (ampliando el artículo denominado excluyente de ilicitud) (Phillips, 2019).

Los estudios antropológicos han demostrado que el significado de la violencia (entendida como un acto ilícito) es culturalmente relativo (Whitehead, 2004). Los estudios criminológicos y algunos de ciencias políticas especifican que, en particular, la identidad y la ideología política del observador importan. Por ejemplo, el género, la edad, la clase y la identidad racial del observador, del agente y del presunto delincuente (o manifestante) importan para que el observador perciba que se ha producido un



acto ilícito y para que lo interprete como cometido por el agente de policía o por el presunto delincuente (o manifestante) (por ejemplo, Davenport et al., 2018; Loftus, 2007). La deferencia relativa del observador hacia la policía como institución también se corresponde con su aceptación de las justificaciones policiales de sus acciones (Harkin, 2015). Del mismo modo, la ideología política es importante. Los conservadores están más dispuestos a aceptar el uso de mayores niveles de violencia por parte de los actores estatales que los liberales, aunque las posiciones extremas tanto de la izquierda como de la derecha política también aceptan mayores niveles de violencia (Bonner, 2019b; Lakoff, 2002; Roché, 2007).

Por supuesto, la identidad propia, la aceptación de la autoridad y la ideología política tienden a ser relativamente consistentes. Así, los líderes políticos suelen justificar sus peticiones de aumento de las penas como respuesta al aumento del delito. Es difícil medir si el delito está aumentando realmente y, por lo general, no viene al caso. Los índices de delito miden las detenciones policiales y las categorías que la policía utiliza para documentar las detenciones. Por ejemplo, Hall et al. (1978) explicaron que cuando la policía de Inglaterra creó una nueva categoría llamada atracos, parecía que este acto delictivo se había disparado. Las encuestas de victimización, en las que se pide a los ciudadanos que informen de su propia experiencia con el delito, independientemente de que hayan llevado el asunto a la policía o no, tienden a informar en exceso de los robos y en defecto de los delitos violentos. A la inversa, las estadísticas de homicidios, aunque son más fiables que los índices de criminalidad o las encuestas de victimización, no nos dicen nada sobre otros tipos de delitos. Por último, las estadísticas sobre la violencia policial son, en la mayoría de los países, notoriamente inexistentes o incompletas. En consecuencia, si se basan en pruebas, tanto los partidarios como los detractores del aumento del castigo tienen que interpretar las estadísticas disponibles y, dadas sus deficiencias, dichas estadísticas son muy maleables a los diferentes argumentos. Además, los estudios sobre el populismo punitivo han demostrado que el miedo al delito es un predictor mucho más fuerte del éxito del populismo punitivo que los altos índices de delito (Roberts et al., 2003). Por ejemplo, en 2013, Honduras tenía la tasa de homicidios más alta de América Latina (84 por 100.000 habitantes) y Chile la más baja (3 por 100.000). Sin embargo, en 2014, el miedo al crimen era mayor en Chile (42,2%) que en Honduras (38,6%) (Bonner, 2019a).

Por lo tanto, la aceptación pública del delito como una de las principales preocupaciones políticas y la punición como la solución adecuada requieren que los líderes políticos y los medios de comunicación construyan el problema y la solución de esta manera. Las estadísticas sobre el delito pueden seleccionarse para reforzar esta narrativa, por ejemplo, eligiendo las tasas de victimización en lugar de las tasas de homicidio o eligiendo un marco temporal más corto (por ejemplo, la tasa del delito puede haber aumentado con respecto al año pasado pero haber disminuido significativamente con



respecto a hace dos años). Del mismo modo, los niveles más altos de punición pueden enmarcarse como aceptables recurriendo a los prejuicios relacionados con la identidad de los delincuentes percibidos. La estrategia populista también desempeña un papel en la forma de contar esta historia.

Populismo El populismo es un concepto difuso. Tiene muchos significados posibles y a veces

tiene connotaciones negativas o positivas según el gobierno al que se aplique y la perspectiva del usuario del término. Se ha aplicado a grandes movimientos liderados por líderes carismáticos, a un movimiento que emana del pueblo, o simplemente a una estrategia o lógica política utilizada por todos los líderes políticos en mayor o menor medida, independientemente de si lideran o representan un movimiento del pueblo o no (Laclau, 2007; Weyland, 2003).

El aspecto populista del populismo punitivo se refiere al populismo como estrategia política. El populismo punitivo utiliza la estrategia populista de dos maneras fundamentales. En primer lugar, la estrategia implica que el líder crea el pueblo a través de la representación retórica y simbólica de sus demandas heterogéneas, que han surgido de algún tipo de ruptura (como la aplicación de políticas económicas neoliberales). Estas demandas pueden incluir una amplia gama de preocupaciones de seguridad relacionadas con cuestiones como la precariedad del empleo, la disminución de los servicios sociales y un aumento real o percibido del delito. El líder conecta estas demandas dispares a través de la retórica, creando una “cadena equivalencial” (Laclau, 2007). A continuación, el líder utiliza lo que Laclau llama un “significante vacío” (una palabra o persona que simboliza las demandas del pueblo) para evocar esta cadena de demandas como la voluntad del pueblo. Un significante vacío que aglutine estas demandas a favor del populismo punitivo puede ser una persona (como el propio líder o una víctima de delincuencia) o puede ser un concepto vago (como seguridad, mano dura contra la delincuencia o incluso el derecho humano a la seguridad). El significante vacío más eficaz dependerá del contexto local.

Estos símbolos representan emociones compartidas, que para el populismo punitivo suelen ser las emociones del miedo y la ira. A menudo, la experiencia de una víctima del delito se extrapola como una experiencia colectiva, no como una excepción. Por ejemplo, en Argentina, Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel fue secuestrado y asesinado en 2004, al menos inicialmente, simbolizó “la verdadera voz de la mayoría silenciosa” (de Vedia, 2004). El populismo punitivo ofrece entonces soluciones simples que apelan a nuestro deseo de orden y venganza (Valverde, 2006). Proporciona una salida a nuestra agresividad reprimida y basa la solución en ideas tradicionales de moralidad, no de



racionalidad (Hall et al., 1978; Lakoff, 2002; Matravers & Maruna, 2005). Es rupturista cuando, como suele ocurrir, enmarca la voluntad del pueblo como “el viejo orden institucional es ineficaz; el nuevo orden resolverá la inseguridad”.

El líder político confirma el significante vacío como la voluntad del pueblo a través de la retórica y, a veces, mediante referencias a las encuestas de opinión pública y a los resultados electorales como prueba (Weyland, 2003). Por ejemplo, en Chile, el presidente Piñera enmarcó su plan de seguridad 2020 como una respuesta a la opinión pública. Afirmó: “el delito es una de las principales preocupaciones de las familias chilenas y, en consecuencia, es también una de las principales prioridades de nuestro gobierno” (Gobierno de Chile, 2020, p. 9).

En segundo lugar, el líder populista punitivo utiliza la retórica para dividir a la sociedad en dos grupos irreconciliables, normalmente ciudadanos y delincuentes. Esto une al pueblo o a los ciudadanos contra un enemigo común. Del mismo modo, los populistas punitivos dividen a los líderes políticos en grupos binarios y de suma cero: los que son duros con la delincuencia y los que son blandos con la delincuencia. Enmarcan a estos últimos como si se preocuparan más por los delincuentes que por el pueblo. El presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) articuló claramente esta división: “Creo que se protege más a los delincuentes que a la policía o a la gente” (“Menem: No Queda Otra”, 1998, para. 1).

En resumen, la identificación del problema del delito y el proselitismo del aumento de las penas como solución implican una política de comunicación que se basa en la estrategia populista y se inscribe en determinados sistemas mediáticos. En cualquier democracia, el significado acordado de la violencia o el castigo legítimos y a quién se aplica surge a través del diálogo. Los líderes políticos, los jueces, los agentes de policía y algunos miembros de la sociedad civil pueden ofrecer argumentos a favor de niveles más altos de castigo que luego son aceptados o cuestionados por quienes prefieren niveles más bajos de castigo y violencia. Estos debates se producen en las legislaturas, en los tribunales y en las calles, pero se amplifican para su discusión entre el público en general (que proporciona información sobre las decisiones políticas) a través de los medios de comunicación. A su vez, las posturas dominantes que se encuentran en los medios de comunicación suelen tomarse como opinión pública y pueden llegar a influir en la elaboración de políticas. Como sostiene Habermas (2006), lo ideal sería que ese debate se produjera en unos medios de comunicación autorregulados e independientes y con una sociedad civil inclusiva que empodere a los ciudadanos cuyas voces se escuchan en estos medios. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los sistemas de medios de comunicación no ofrecen ese foro para el debate político. En los mercados mediáticos privatizados y desregulados, las prácticas periodísticas tienden a favorecer las voces punitivas.



SISTEMAS MEDIÁTICOS Y POPULISMO PUNITIVO Los medios de comunicación determinan qué temas marcan la agenda pública, qué

voces se escuchan y cómo se escuchan en los debates de política pública y en la toma de decisiones. En la ciencia política, los estudiosos de la democratización suelen celebrar los mercados de medios privatizados y desregulados como equivalentes a unos medios libres y los yuxtaponen a los medios autoritarios controlados por el Estado (Diamond, 1999; Levitsky & Way, 2002). Sin embargo, los estudiosos de los medios de comunicación detallan una serie de formas diferentes en que los países democráticos han organizado sus medios de comunicación (Guerrero, 2014; Hallin & Mancini, 2004), algunas de las cuales se acercan más que otras al ideal democrático de Habermas (2006). Además, muchos estudios han señalado los límites que el mercado impone a los medios de comunicación como una importante amenaza para la democracia (Entman, 1989; Guardino, 2019; Habermas, 2006). En América Latina, estos límites del mercado se entrelazan con los legados del autoritarismo (que determinan qué empresas de medios se beneficiaron de la privatización y la desregulación) y el clientelismo, que en conjunto afectan la forma en que los incentivos del mercado se manifiestan en la práctica (Bonner, 2019a; Guerrero, 2014).

En las décadas de 1980 y 1990, muchos países del mundo comenzaron a privatizar los medios de comunicación que seguían siendo estatales, a reducir o eliminar las subvenciones a algunos medios de comunicación y a desregular la propiedad de los medios y las normas de contenido (Bonner, 2019a; Guardino, 2019). En concreto, la desregulación incluyó la eliminación de las restricciones sobre el número de puntos de venta que podía poseer un grupo de medios, las regulaciones geográficas sobre la propiedad, los límites a los grupos de medios que poseían otros tipos de negocios, la propiedad en todos los formatos de medios, la propiedad y la publicidad extranjeras y las regulaciones de contenido, como las que garantizaban el contenido de las noticias locales o la diversidad de perspectivas políticas. En muchos países, esto condujo a un aumento de la concentración de la propiedad de los medios y a un cambio en las prácticas periodísticas.1 En conjunto, como se detalla en las siguientes secciones, estos cambios han favorecido las voces punitivas al aumentar la prominencia del delito como cuestión política, disminuir el papel de los medios de comunicación en la responsabilidad política y homogeneizar la voz del público como punitiva.

La prominencia del delito Como sostiene Habermas (2006), la “colonización de la esfera pública por los

imperativos del mercado” implica “redefinir la política en categorías de mercado” (p. 422). En concreto, “las cuestiones del discurso político se asimilan y son absorbidas por los modos y contenidos del entretenimiento” (p. 422). El delito es un ejemplo por excelencia de las noticias como entretenimiento.

1 Aunque las redes sociales han provocado algunas alteraciones

en la concentración de los medios y los flujos de noticias, no están totalmente separados

de los medios de comunicación de masas y reflejan los sistemas

desregulados basados en el mercado en los que han

surgido (Bonner 2019a; Guardino 2019; Valenzuela

et al., 2017). A efectos de este artículo, lo trato como parte de

los medios de comunicación de masas.



Las historias de delitos siempre han formado parte de las noticias. Sin embargo, cuando los mercados de los medios de comunicación se privatizan, se subvencionan menos y se regulan menos, la cantidad y la prominencia de las historias de delitos aumenta. Por ejemplo, en Argentina la privatización y desregulación de los medios de comunicación comenzó en 1989 con la Ley de Reforma del Estado (23.696/89) y se expandió lentamente a lo largo de la década de 1990 hasta 2003 (Bonner, 2019a). El análisis mediático de Fernández Roich (2017) encontró que a partir de 1995 la delincuencia comenzó a ocupar cada vez más espacio en los noticieros del prime time. De hecho, muchos periodistas, que cubren delitos, declararon haber visto cómo su trabajo pasaba de las últimas páginas de los periódicos y del final de los segmentos informativos a convertirse en noticias principales (entrevistas del autor). Del mismo modo, en Chile, el gobierno de Pinochet privatizó y desreguló los medios de comunicación al final del régimen y, con la democracia en 1990, el delito ocupó un lugar destacado en las noticias. Mientras que la seguridad ciudadana se consolidó como tema noticioso dominante entre 1991 y 1995, para 1996 era el segundo tema noticioso más reportado (Ramos & Guzmán de Luigi, 2000) y para 2002 era el tema noticioso más reportado en los canales de televisión abierta (Spencer Espinosa, 2005).

Las historias de delitos ofrecen el clásico drama de los buenos y los malos. Atraen a grandes audiencias a un bajo coste. Además, la policía proporciona un suministro constante de historias que llenan la creciente demanda de noticias de la televisión que transmite las 24 horas del día (a partir de la década de 1990) y las noticias de Internet y las redes sociales (a partir de la década de 2000). En países como Argentina, donde el clientelismo y la polarización política se cruzaron con estos cambios en las estructuras y prácticas de los medios de comunicación, las noticias sobre delitos proporcionaron un medio tanto para aumentar los beneficios como para criticar a la oposición. El aumento de la cantidad y la prominencia de las noticias hacen que el delito y la inseguridad se conviertan en una cuestión que marca la agenda a la que los líderes políticos deben responder. Su repetición a lo largo del tiempo prepara a las audiencias para utilizar el delito como medida de la eficacia de los líderes políticos a la hora de votar. Esto hace que los líderes políticos se preocupen por la forma en que sus políticas sobre el delito (o la falta de ellas) se presentarán en los medios de comunicación, contribuyendo a la mediatización de la formulación de políticas sobre el delito (las políticas sobre el delito se eligen en función de cómo se presentarán en los medios de comunicación).

Dada la importancia del delito como vía para obtener la cobertura de los medios de comunicación y el apoyo del público, no es de extrañar que un número cada vez mayor de candidatos políticos hagan del control del delito una parte importante de sus campañas. Los populistas punitivos utilizan el crimen como un significante vacío que une al pueblo contra el otro criminal. En Argentina, para 1999, las voces de mano dura contra el delito dominaban en las noticias (Fernández Roich, 2017) y Seri y Kubal



(2019) revelan un cambio posterior en las políticas públicas entre 2001 y 2012 a favor de las políticas de mano dura contra el delito.

Responsabilidad política Lo ideal sería que la retórica y las políticas populistas punitivas tuvieran que rendir

cuentas de sus consecuencias. Ciertamente, algunos académicos sostienen que, debido a la naturaleza emocional de la política criminal, esta debería eliminarse del debate público (Schumpeter, 1943/2003; Tonry, 2007). Sin embargo, es mejor que los debates sobre política criminal sigan siendo públicos para evitar una posible reacción de aquellas personas que podrían sentir que sus preocupaciones están siendo ignoradas. Sin embargo, es esencial que los actores políticos sean responsables de las ideas que expresan en dichos debates y de sus consecuencias. Si bien es posible que los líderes políticos, los actores estatales y la sociedad civil pidan rendición de cuentas a los populistas punitivos, si sus voces no se escuchan o se silencian en los medios de comunicación, entonces el peso de esas voces en la toma de decisiones de las políticas públicas suele disminuir (Bonner, 2019a, Guardino, 2019).

El periodismo de investigación es una forma clave de exigir rendición de cuentas de la retórica y las políticas populistas punitivas. Los periodistas, que dedican mucho tiempo a una historia y utilizan muchas fuentes diferentes, estarán en mejor posición para exponer las consecuencias de la retórica y las políticas populistas punitivas, exigir respuestas y, si es necesario, identificar y pedir la activación del castigo apropiado. En Argentina, en la década de 1990, hubo un florecimiento del periodismo de vigilancia que destapó muchos titulares de violencia y corrupción policial (Bonner, 2019a; Waisbord, 2000). Este periodismo mantuvo en jaque la retórica punitiva del presidente Menem y contribuyó a importantes reformas policiales de la notoriamente violenta Policía Provincial de Buenos Aires en 1998-1999 y 2004-2007. Estas reformas fueron posibles, en parte, gracias a casi una década de cobertura crítica y de investigación sobre la violencia y la corrupción policial (que preparó a las audiencias para ver la reforma policial como algo necesario), combinada con, en cada caso, un incidente dramático de violencia policial.

Sin embargo, el periodismo de investigación es costoso. Dedicar a un periodista a la investigación cuesta dinero y a menudo hay costes asociados al propio trabajo (como el tiempo y los viajes). Cuando los medios de comunicación se basan más en el mercado, con menos implicación del Estado en la regulación, la propiedad o las subvenciones, los medios buscan aumentar su capacidad de obtener beneficios. Aunque el periodismo de investigación puede atraer a la audiencia, también lo hacen las historias de delitos que hacen hincapié en el drama, y este último es mucho menos costoso. Las historias de delitos que se basan en la policía y las víctimas como fuentes primarias son



especialmente rentables, ya que un periodista puede producir muchas historias de este tipo rápidamente y a un bajo costo.

Por tanto, como se ha señalado anteriormente, el periodismo de investigación en Argentina comenzó a decaer a finales de la década de los noventa, con una importante caída tras la crisis económica de 2001. La cobertura del crimen se volvió más abundante, episódica y visual. Por ejemplo, un ex editor de la sección policial de Clarín (el diario nacional más vendido de Argentina), que supervisó muchas historias de investigación críticas sobre la violencia y la corrupción policial en la década de 1990, señaló que hubo un rediseño del periódico alrededor de 2001/2002 que redujo el número de palabras por artículo y aumentó la importancia de las fotografías, una práctica típica del periodismo sensacionalista (entrevista con el autor). Tanto él como otros periodistas observaron un descenso significativo del interés de la prensa por las historias sobre la violencia policial o la corrupción. Así, mientras los gobiernos pudieron llevar a cabo las reformas policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante este período, con la ayuda de la anterior cobertura crítica de la policía, otros líderes políticos fueron ganando una creciente cobertura mediática por sus políticas de mano dura contra la delincuencia. Esto contribuyó al desmantelamiento de muchas de las reformas realizadas a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por los gobiernos posteriores a cada período de reformas. Más que revertir las reformas, los gobiernos posteriores aplicaron políticas cada vez más punitivas. Por ejemplo, un funcionario de comunicación de la provincia explicó que el gobernador Daniel Scioli (2007-2015) decretó la emergencia en seguridad en la provincia en 2014 para aumentar rápidamente la cantidad de policías en la calle y así demostrar que el gobierno estaba respondiendo al miedo de los ciudadanos al delito (entrevista con el autor). Las noticias dejaron de prestar atención a las consecuencias de esas políticas en términos de violencia y corrupción policial.

Del mismo modo, los periodistas de Chile hablaron de la falta de interés de los medios de comunicación en las historias de investigación sobre las infracciones policiales. Explicaron que hay oportunidades ocasionales de escribir tales historias, pero las describieron como excepcionales. Lo más habitual es que los periodistas confíen en la policía como fuente principal para las historias de delincuencia, a veces corroboradas con las perspectivas de las víctimas o de los fiscales (especialmente si están en la escena del delito). Así pues, el punto de vista de la policía constituye el marco de la mayoría de las noticias sobre delitos.

La presión ejercida sobre los periodistas para que produzcan más historias con mayor frecuencia, exacerbada por los informativos de televisión de 24 horas e Internet (incluidas las redes sociales), también los hace más susceptibles de reproducir materiales de relaciones públicas (RP) de forma acrítica. Como reconocen los académicos de las relaciones públicas, estas no son necesariamente malas para la democracia, siempre y cuando los periodistas las utilicen para contrastar la información proporcionada con otras



fuentes, a fin de garantizar su veracidad e identificar otras posibles perspectivas. Si no se comprueban, las relaciones públicas benefician a los actores políticos con recursos para producir material de alta calidad y regularidad (por ejemplo, Moloney, 2006; Molotch & Lester, 1974). Las consecuencias de esto son especialmente llamativas en Chile.

A diferencia de Argentina, donde los periodistas confían menos en la policía como fuente y más en las víctimas de los delitos y en los tribunales, en Chile la policía es la principal fuente para las noticias. A su vez, los Carabineros (la única policía uniformada de Chile), tienen un departamento de comunicación bien financiado y sofisticado. El departamento trabaja proactivamente para gestionar su imagen a través de una cuidadosa gestión de las entrevistas, proporcionando comunicados de prensa y artículos bien escritos, así como clips de imagen y audio de alta calidad preparados para el uso de los periodistas (Bonner, 2019a). Dado que muchos medios de comunicación masiva dependen de las historias regulares y abundantes sobre el delito y los periodistas tienen poco tiempo para producir muchas historias, hay pocos incentivos para que los periodistas busquen otras perspectivas o desafíen los marcos de las historias que ofrece la policía (Bonner, 2019a).

Por tanto, reducir el populismo punitivo no consiste necesariamente en silenciar o excluir esas voces. Más bien, es importante para la democracia que se escuche una pluralidad de voces y que las ideas populistas punitivas rindan cuentas ante sus consecuencias. Los cambios en las estructuras de los medios de comunicación han reducido las posibilidades de que los periodistas amplíen las voces críticas o investiguen las consecuencias de la retórica y las políticas punitivas.

La homogeneización de la opinión pública Para los populistas punitivos, la opinión pública es fundamental. Es lo que da

legitimidad a sus ideas como ideas del pueblo. Sin embargo, la opinión pública rara vez es uniforme. Lo ideal es que los medios de comunicación masivos ofrezcan una plataforma para debatir una pluralidad de perspectivas, especialmente en cuestiones polémicas, y que, como resultado de este debate público, se pueda comunicar a los líderes políticos una posición más unificada sobre la cuestión para que se tenga en cuenta en las decisiones políticas. Sin embargo, no todas las voces se escuchan en los medios de comunicación. En algunos sistemas de medios de comunicación, se establecen subvenciones y regulaciones estatales para garantizar que se escuche una gama de voces más amplia de lo que normalmente sería rentable. Cuando el beneficio, por encima de los objetivos o las políticas democráticas, estructura el sistema de medios de comunicación, la presión sobre los periodistas consiste en utilizar sustitutos de la opinión pública (que son rápidos) en lugar de utilizar una amplia variedad de fuentes con diferentes perspectivas (lo que requiere mucho tiempo). Los sustitutos más comunes,



especialmente en cuestiones de delito, son las encuestas de opinión pública y las voces selectivas de los ciudadanos o de la sociedad civil. Ambos representantes tienden a homogeneizar la opinión pública como punitiva.

Las encuestas de opinión pública han aumentado su popularidad en las últimas décadas y son de calidad variable. Las encuestas deliberativas de alta calidad hacen que los encuestados se reúnan en pequeños grupos en los que se les proporciona información, pueden hacer preguntas y discutir las ideas antes de responder a la encuesta. Estas encuestas son caras, consumen mucho tiempo y rara vez se realizan. Las encuestas de opinión pública, reproducidas en los medios de comunicación, son más bien rápidas y de bajo coste. No ofrecen información a los encuestados ni oportunidades para que hagan preguntas o discutan. Como resultado, la mayoría de las encuestas reflejan las impresiones de los encuestados más que una opinión informada. Estas impresiones pueden provenir de la experiencia personal, pero es más frecuente que se obtengan de los medios de comunicación. Así, las encuestas de opinión pública tienen una relación circular con los medios de comunicación que, cuando las prácticas mediáticas favorecen las voces punitivas, pueden reforzar la popularidad de las ideas punitivas. De hecho, las encuestas deliberativas han demostrado que la gente es menos punitiva de lo que sugieren las encuestas populares (Green, 2008).

Las encuestas de opinión pública, como medio para conocer la opinión pública, se utilizan con notable frecuencia en Chile. Si bien comenzaron a utilizarse en la década de 1950 en el país, su frecuencia y uso público aumentaron significativamente cuando se incorporaron expertos en marketing para colaborar en el plebiscito de 1988. Con la democracia y la expansión de las relaciones públicas en Chile, las encuestas de opinión pública se hicieron más frecuentes y se informaron en los medios de comunicación (Cordero, 2009). Por ejemplo, entre 1957 y 1989, se realizaron 153 encuestas (la mayoría alrededor del momento del plebiscito). En cambio, entre 1990 y 2006 se realizaron 845 (Cordero, 2009). Aunque desde 1999 los medios de comunicación hacen cada vez más sus propias encuestas, la mayoría son realizadas por fundaciones o centros de investigación con fondos suficientes para producirlas.

En cuanto al populismo punitivo, dos tipos de encuestas han sido especialmente significativas. En primer lugar, las encuestas de victimización, especialmente las producidas por el centro de estudios conservador Paz Ciudadana, son reportadas regularmente. Estas encuestas preguntan a la gente si ha sido víctima de un delito. A diferencia de la mayoría de las encuestas de victimización, las realizadas por Paz Ciudadana incluyen tanto los delitos como los intentos de delito (Dammert, 2009). Al publicarse con frecuencia en los medios de comunicación, parecen confirmar que el delito es una de las principales preocupaciones de la política pública. En segundo lugar, las encuestas anuales de opinión pública, publicadas en los medios de comunicación, piden a los encuestados que evalúen la confianza que tienen en diferentes instituciones.



Estas encuestas han colocado repetidamente a Carabineros como la primera o una de las principales instituciones en las que los chilenos tienen más confianza. Estas encuestas se utilizan para reforzar la legitimidad de la policía y su poder político relativo en comparación con los líderes políticos, que ocupan un lugar mucho más bajo en estas encuestas.

Para personalizar las historias (y añadir dramatismo), los periodistas con poco tiempo y recursos también utilizan entrevistas con víctimas de delitos u organizaciones de la sociedad civil centradas en la seguridad como sustitutos de la opinión pública. Las víctimas del crimen son especialmente convenientes, ya que a menudo se encuentran en la escena del crimen o tienen páginas de Facebook de fácil acceso. Además, aportan más dramatismo que las organizaciones de la sociedad civil orientadas a la seguridad. Los periodistas que confían en la producción regular y abundante de historias sobre el delito proporcionadas por la policía, también aprecian que estas fuentes suelen reforzar (más que desafiar) la perspectiva policial, por lo que no ofenden a una importante fuente de noticias diarias. Además, se invita a la audiencia a identificarse con la víctima, lo que los populistas punitivos pueden utilizar como el significante vacío que une a los ciudadanos contra los delincuentes (Laclau, 2007).

Por ejemplo, en Argentina, la confianza de los periodistas y del público en la policía es mucho menor que en Chile. Así, la mayoría de los periodistas que cubren historias de delito señalaron que las víctimas de los delitos son fuentes importantes y, a menudo, centrales para sus historias. El caso de Juan Carlos Blumberg es emblemático de cómo este tipo de cobertura contribuye a la construcción de un apoyo homogéneo de la opinión pública a las medidas de mano dura contra el delito. En marzo de 2004, el hijo de Blumberg, Axel, de 23 años, fue secuestrado y asesinado. Tras otros secuestros mediáticos similares, Blumberg obtuvo una importante plataforma mediática para expresar su dolor en público y movilizar a cientos de miles de personas en una serie de protestas que exigían mayor seguridad mediante políticas de mano dura. El diario nacional argentino La Nación describió la primera de estas protestas como “la verdadera voz de la mayoría silenciosa” (de Vedia, 2004). Aunque muchos de los asistentes a estas protestas estaban preocupados por la seguridad, no veían necesariamente el punitivismo como la respuesta (entrevistas del autor). Sin embargo, la voz de Blumberg fue tomada como representante de la opinión pública y el presidente Néstor Kirchner respondió a esta construcción de la opinión pública aprobando tres leyes de mano dura en abril de ese año. Lo que resulta particularmente interesante en este caso, es que, si los periodistas hubieran profundizado en la historia y diversificado sus fuentes, habrían encontrado (como finalmente se reveló a través de la justicia casi una década después) que la Policía Federal Argentina, incluyendo miembros de la Brigada Antisecuestros de la institución, estuvieron involucrados en el secuestro y asesinato de Axel (“Caso Axel”, 2014; Guerrero, 2013). Así, al utilizar a las víctimas del delito como apoderados de la opinión pública,



se amplifica su dolor y su comprensible deseo de venganza, favoreciendo respuestas punitivas que pueden no hacer nada para reducir el delito o, posiblemente, aumentar el delito y los abusos de los derechos humanos al proporcionar a la policía, que puede estar involucrada en el delito, mayores poderes con menos supervisión.

UNA TIPOLOGÍA DE POPULISMO PUNITIVO: AUTORITARIO, CONFLICTIVO Y RESPONSABLE

Los cambios en las estructuras y prácticas de los medios de comunicación han sido importantes para el auge del populismo punitivo, pero la ideología política de los líderes también se ha combinado con estos cambios para crear diferentes tipos de populismo punitivo. Así, fundamento esta tipología de populismo punitivo en estas dos dimensiones: los sistemas mediáticos y la ideología política. Los líderes de la derecha y de la izquierda política se comprometen de forma diferente con el poder de los medios de comunicación para establecer y enmarcar la agenda criminal, lo que da lugar a dos formas de populismo punitivo: autoritario en la derecha política y conflictivo en la izquierda política. En lo que sigue, desarrollo cada uno de estos conceptos de segundo nivel, terminando con el concepto alternativo de populismo punitivo responsable. Como ocurre con todas las tipologías, se trata de tipos ideales y los países concretos no encajarán perfectamente en cada categoría, sino más bien en gradaciones.

Populismo punitivo autoritario El populismo punitivo autoritario se da cuando los líderes políticos no solo utilizan

la retórica y las políticas de mano dura contra el delito para ganar las elecciones y el apoyo popular, sino que están dispuestos a permitir altos niveles de violencia policial con este objetivo. Los líderes podrían alentar abiertamente la violencia a través de leyes o declaraciones públicas, como la afirmación de Bolsonaro de que “Estos tipos [los delincuentes] van a morir en las calles como cucarachas, y así es como debe ser” (Wyatt, 2019, para. 5). O bien, la violencia policial podría habilitarse más tranquilamente mediante el aumento del número de policías en las calles, el aumento de sus poderes y la disminución de la supervisión. Es más probable que el populismo punitivo autoritario surja en países democráticos con un sistema de medios de comunicación principalmente privado y relativamente no regulado y no subsidiado, debido a la dinámica descrita en la sección anterior. Ciertamente, los regímenes autoritarios pueden utilizar los medios de comunicación estatales o los medios censurados por el Estado para unir al pueblo detrás de ellos en una lucha contra un enemigo político que puede ser enmarcado como delictivo. Sin embargo, estos regímenes generalmente quieren que el público crea que tienen la delincuencia común bajo control. Por lo tanto, es probable que la cobertura



mediática del delito en los regímenes autoritarios se silencie. Este fue el caso de Chile bajo Pinochet y de Argentina durante el último régimen militar (Bonner, 2019a).

Por el contrario, en los sistemas democráticos de medios de comunicación basados en el mercado, es muy difícil que incluso los gobiernos que tienen la delincuencia bajo control puedan hacer tal afirmación. Por ejemplo, un funcionario de comunicación del Ministerio del Interior y Seguridad de Chile explicó que cuando los medios de comunicación informan sobre un incidente delictivo, también informan de que la gente tiene miedo de que el delito esté aumentando. “Pero no se la avisamos que no es cierto. La delincuencia es igual que el año pasado, pero hay sensación de inseguridad, y crece. La sensación es real pero lo demás no” (entrevista al autor). Los gobiernos responden a la construcción mediática de una opinión pública cada vez más temerosa del delito y partidaria de soluciones de mano dura, independientemente de las estadísticas.

Sin embargo, la ideología política también influye en las reacciones de los gobiernos. Es decir, los líderes políticos de la izquierda y la derecha no van a responder necesariamente de la misma manera a las construcciones de los medios de comunicación sobre la delincuencia y sus soluciones. En particular, como sostiene Bobbio (1996), un valor intrínseco que divide a la izquierda y la derecha políticas es la cuestión de la igualdad. Bobbio explica que la derecha política considera la desigualdad socioeconómica como algo natural y como aquello que permite a las sociedades lograr grandes cosas. En términos de control del delito, esta perspectiva acepta jerarquías de bondad que diferencian entre individuos y entre comunidades. Es decir, los delincuentes nacen como malas personas, que suelen vivir en determinadas comunidades, y requieren un castigo para cambiar su comportamiento y proteger a las personas buenas (Lakoff, 2002; Reiner, 2016). Como descubrió Holland (2013) en su estudio de caso de El Salvador, los partidos políticos de la derecha política suelen ser los primeros en defender las políticas de mano dura contra el delito, especialmente si la izquierda política defiende la protección de los derechos humanos y la derecha está dividida en cuestiones económicas. A medida que los partidos de la izquierda y la derecha política convergen gradualmente en las políticas de mano dura contra la delincuencia, los partidos de la derecha política necesitan encontrar formas de distinguirse mejor en su territorio tradicional. En combinación con la preferencia de los medios de comunicación por el dramatismo y la polarización, los populistas punitivos ganan apoyo y sus políticas pueden ser cada vez más autoritarias.

Por ejemplo, en Argentina, en la década de los 90, el presidente conservador Menem utilizó un lenguaje colorido para apoyar sus políticas de mano dura contra la delincuencia. En una entrevista de 1998, explicó que “la delincuencia es una nueva modalidad en el campo de la subversión”, a lo que respondió “tolerancia cero. Mano dura. No hay otra, no hay otra…Yo lo veo así” (“Menem: No Queda Otra”, 1998, para. 1). Sin embargo, entre 1998 y 2012 hubo una creciente convergencia política entre los principales partidos políticos en liza a favor de las políticas de mano dura contra el crimen (Seri



& Kubal, 2019). En 2015, los tres principales candidatos presidenciales se presentaron con plataformas de mano dura contra el delito. Esta convergencia, combinada con la preferencia de los medios de comunicación por las voces de mano dura contra el delito, probablemente contribuyó a que el presidente conservador Mauricio Macri (2015-2019) diera una respuesta aún más punitiva al delito que Menem. Inmediatamente después de su elección, Macri elevó la delincuencia común a la categoría de emergencia, decretando el Estado de Emergencia de Seguridad Pública (Decreto 228, 2016-2018) en el que aumentó el número de policías en las calles, sus poderes y movilizó a los militares en funciones policiales. Correpi, una organización de base con datos fiables sobre asesinatos policiales en Argentina, documentó 693 casos durante la presidencia de dos mandatos de Menem y 1.833 durante la presidencia de un mandato de Macri (Correpi, 2019).

Populismo punitivo conflictivo El populismo punitivo conflictivo es cuando los líderes políticos utilizan una retórica

y unas políticas de mano dura contra el delito para ganar elecciones y apoyo popular, pero simultáneamente las combinan con una retórica y unas políticas que abogan por cambios socioeconómicos destinados a prevenir el delito. Algunos ejemplos notables han sido el eslogan del Primer Ministro del Partido Laborista del Reino Unido, Tony Blair, de “Duro con el delito, duro con las causas del delito”, o la presidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet:

Otra lección que hemos aprendido como país es que no basta con hacernos cargo del delito sólo desde el control. Sin duda que tenemos que hacer eso, pero no es suficiente. Lo hemos hecho, y hasta ahora no ha sido suficiente. Tenemos, entonces, paralelamente que mejorar las condiciones de vida en los barrios, hacer frente al delito y la violencia e invertir lo suficiente en prevención. (Gobierno de Chile, 2014, p. 3)

El populismo punitivo conflictivo es más probable que surja en las democracias con un sistema de medios de comunicación basado en el mercado (debido a la dinámica descrita anteriormente) y de los líderes políticos de la izquierda política.

Según Bobbio (1996), la ideología política de la izquierda se define por su concepción de la desigualdad socioeconómica como algo construido socialmente, y no como algo natural. Las personas nacen iguales, pero a través de diversos factores socioeconómicos y políticos, especialmente la distribución del trabajo, se convierten en desiguales. El objetivo de la democracia es cambiar estas estructuras políticas y socioeconómicas para que apoyen una mayor igualdad. Aplicado al control del delito, esto podría significar: reducir la vigilancia policial y aumentar los programas sociales; redefinir el delito para



reducir su alcance y su focalización injusta en ciertos grupos de la sociedad (por ejemplo, sobre la base de la clase o la racialización) o incluso perseguir algunas formas de policía comunitaria que impliquen asociaciones coigualitarias entre la policía y los miembros de la comunidad (Arias & Ungar, 2009; Reiner, 2016).

Estas políticas no producen una retórica fácil y no se ajustan bien a los marcos y prácticas de la prensa en los medios de comunicación basados en el mercado. Las ideas son demasiado complejas y no son coherentes con las voces dominantes que se escuchan en los medios de comunicación sobre temas de delito, es decir, la policía y las víctimas. Peor aún, las ideas pueden parecer irrespetuosas cuando se yuxtaponen al dolor expresado por las víctimas del delito. Así, en este contexto mediático, para ganar elecciones y apoyo popular, los líderes políticos de la izquierda se benefician de adoptar una retórica y unas políticas de mano dura contra el delito, al menos en casos simbólicos (Newburn & Jones, 2005). Con la creciente competencia de los partidos políticos de la derecha, la retórica de la izquierda se hace cada vez más coherente con las políticas populistas punitivas.

Por ejemplo, mientras la presidenta Bachelet (2006-2010; 2014-2018) enfatizaba la importancia de las políticas preventivas, ella amplió significativamente el número y los poderes de la policía. En 2008, su gobierno presentó un proyecto de ley, convertido en ley durante su segundo mandato en 2017 (Ley 20.931) que, entre otras cosas, aumentaba las facultades policiales y disminuía la veeduría judicial. Los actores judiciales afirman que el proyecto de ley contribuyó a un aumento de los casos de violencia policial innecesaria denunciados ante los tribunales militares, que se duplicaron de 675 en 2004 a 1.797 en 2011 (Universidad Diego Portales, 2015). En 2014, Bachelet también se comprometió, a través de la ley 20.801, a aumentar el número de funcionarios de Carabineros en 6.000 en un plazo de cuatro años. Con más policías en las calles, hay más oportunidades para la violencia policial.

Se pueden encontrar ejemplos similares en una gran variedad de países, como Estados Unidos, Gran Bretaña, El Salvador y Argentina. Por ejemplo, mientras que los siguientes gobiernos abogaban por políticas socioeconómicas preventivas, el primer ministro británico Blair aprobó en 1998 una ley sobre la delincuencia y el desorden que algunos académicos califican de represiva (Wacquant, 2004). El presidente del FMLN de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014), introdujo una ley punitiva contra las pandillas y movilizó a miles de militares para ayudar a la policía (Lineberger, 2011). En Argentina, Correpi ha documentado 3.657 asesinatos policiales (con un promedio de aproximadamente 305/año) bajo los gobiernos de izquierda de los Kirchner (2003-2015); más que la presidencia de mano dura de Menem (693 asesinatos policiales, con un promedio de aproximadamente 69/año) y más próximo (aunque notablemente menor) que bajo Macri (2015-2019) (1.833 asesinatos policiales, con un promedio de aproximadamente 458/año) (Correpi, 2019).



En resumen, el populismo punitivo conflictivo es más común en la izquierda política. Tiende a moderar la retórica de la mano dura contra el delito haciendo énfasis en la misma necesidad de utilizar medidas socioeconómicas para reducir el delito. Aunque se realicen esfuerzos de cambio socioeconómico, las políticas de mano dura contra el delito que se persiguen pueden ser tan punitivas como las que se encuentran en la derecha política.

Populismo punitivo responsable El populismo punitivo responsable es cuando el sistema de medios de

comunicación funciona de tal manera que proporciona controles a los líderes políticos que deciden utilizar la retórica y las políticas de mano dura contra el delito para ganar las elecciones y el apoyo popular. En particular, las estructuras y prácticas de dicho sistema de medios de comunicación permitirán que se escuche una pluralidad de voces sobre el problema y las soluciones al delito. Fomenta el periodismo que examina y debate las consecuencias de la retórica y las políticas punitivas y reclama respuestas y castigos cuando procede. Hasta cierto punto, esto es un ideal. Sin embargo, su mayor aproximación se encuentra en los países del norte de Europa y en los objetivos de muchos movimientos de reforma democrática de los medios de comunicación en América Latina.

Green (2008) ofrece uno de los estudios más evocativos que pone de relieve cómo los sistemas de medios de comunicación pueden afectar al populismo punitivo. En su libro, Green compara cómo los medios de comunicación cubrieron los respectivos asesinatos de niños contra niños en Inglaterra en comparación con Noruega. Descubrió que los periodistas de Inglaterra recurrían en gran medida a la policía y a las víctimas como fuentes de información para sus reportajes. La cobertura informativa del asesinato de un niño contra otro fue amplia, tanto en cantidad como en duración, y los encuadres fueron cada vez más punitivos. Los medios de comunicación situaron el incidente como parte de una ola de delincuencia juvenil fuera de control que requería una respuesta punitiva, incluida la reducción de la edad de responsabilidad penal. En cambio, en Noruega, la policía no fue la fuente principal y los periodistas se basaron en la información sobre el caso procedente de los proveedores de servicios sociales. La noticia se enmarcó como un trágico accidente al que los trabajadores sociales y otros profesionales de la salud ayudaban a la comunidad a superar y prevenir otras tragedias de este tipo en el futuro. La historia desapareció rápidamente de las noticias. No se proporcionó ninguna plataforma para los populistas punitivos. De hecho, muchos estudios han demostrado que el norte de Europa, en general, tiene niveles relativamente más bajos de populismo punitivo en comparación con Estados Unidos o Gran Bretaña (Cavadino & Dignan, 2006; Lacey, 2008).



Mientras que el estudio de Green utiliza el análisis del discurso, el trabajo de Hallin y Mancini (2004) sobre los sistemas de medios de comunicación revela que el contraste en la cobertura de las noticias está relacionado con las diferentes estructuras y prácticas de los medios de comunicación en Inglaterra y Noruega. Los medios de comunicación de Inglaterra, basados en el mercado, son similares a los descritos anteriormente en este artículo. Hallin y Mancini (2004) lo denominan sistema mediático “liberal”. En cambio, Noruega tiene lo que Hallin y Mancini (2004) llaman un sistema de medios “corporativista democrático” (capítulo 6). Para resumir esto último brevemente, en el sistema corporativista democrático los medios de comunicación se conciben como una institución social que contribuye a la democracia; no son solo negocios privados. Las regulaciones y los subsidios se utilizan para garantizar la inclusión de voces que son importantes para la democracia pero que no son necesariamente rentables. Esto se hace, por ejemplo, mediante medios de comunicación subvencionados para determinados grupos de la sociedad o garantizando la inclusión de segmentos de noticias sobre estas perspectivas en los medios de comunicación de masas, especialmente en la radiodifusión pública. Los periodistas cuentan con fuertes asociaciones profesionales, con la correspondiente seguridad laboral y buenos salarios. También hay leyes de acceso a la información muy estrictas. En este sistema, los periodistas compiten entre sí para producir noticias de calidad y tienen protección legal y laboral para escribir las noticias tal y como las ven, incluso si estas noticias desafían las perspectivas políticas de sus editores o de los propietarios de los medios de comunicación. Por supuesto, el norte de Europa no ha sido inmune a las presiones mundiales para privatizar y desregular los medios de comunicación, por lo que este sistema no es tan sólido como en el pasado (que nunca fue perfecto). Sin embargo, ofrece un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden organizarse de manera que puedan mantener a raya el populismo punitivo ofreciendo una pluralidad de perspectivas y fomentando el periodismo de investigación y de calidad.

Ciertamente, la transferencia de estas prácticas a otros países requiere una estrecha comprensión de las formas en que podrían combinarse con las prácticas de los medios de comunicación existentes. En América Latina, los académicos llaman la atención sobre la importancia del clientelismo, los legados del autoritarismo y el periodismo de denuncia (Guerrero, 2014; Porto, 2011; Samet, 2019). Dicho esto, muchos movimientos de reforma de los medios de comunicación democráticos en América Latina han reclamado versiones de las estructuras y prácticas que se encuentran en los sistemas de medios de comunicación corporativos democráticos. Por ejemplo, en Argentina, en 2004, se formó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, argumentando que “la comunicación es, por definición, un bien público” que es fundamental para la democracia y “requiere de una comunicación pluralista en todos los sentidos,



que reconozca la diversidad de formas, de perspectivas, de estéticas, de posiciones políticas e ideológicas” (Coalición por una Radiodifusión Democrática, n.d., p. 3). Entre sus 21 demandas, pedían un mejor acceso a la información, la protección de los periodistas y los medios de comunicación frente a las presiones comerciales y estatales, una normativa que garantice la diversidad y la pluralidad de perspectivas, procesos accesibles y diversos para la distribución de las licencias de radiodifusión, una normativa que reduzca la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y que “los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales” (p. 7). En 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobó un importante paquete de reformas de los medios de comunicación que se basaba en muchas de las ideas de la coalición. Por supuesto, el paquete de reformas no estuvo exento de deficiencias (como el continuo control gubernamental de la asignación de la publicidad estatal) y muchos de sus objetivos no se alcanzaron (Becerra, 2015). Sin embargo, las reformas permitieron una conversación sobre cómo se organizan los medios de comunicación y las consecuencias para la democracia (aunque esta conversación en Argentina está muy polarizada políticamente).

En Chile, las peticiones de reforma de los medios de comunicación han sido parte de las muchas demandas de los manifestantes durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019. Tales demandas no son nuevas. Ha habido frecuentes críticas sobre cómo el sistema de medios de comunicación de Chile favorece las voces de dureza contra el delito (Dastres et al., 2005; Ramos & Guzmán de Luigi, 2000) y los defensores de estas críticas han pedido un cambio. Por ejemplo, la ex presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares (2015-2017), pidió una reforma estructural del sistema de medios de comunicación de Chile que incluya un mejor acceso a la información, una menor concentración de los medios de comunicación y regulaciones que

amplíe (medios de comunicación) su diversidad y garantice medios de carácter público, y el fomento y fortalecimiento de medios del llamado tercer sector, locales, sociales y sin fines de lucro, porque en la medida que esa regulación exista tendremos prensa más libre, más responsable y cada vez más al servicio de la democracia y los derechos de las personas. (“Colegio de Periodistas”, 2016, para. 3)

En resumen, desafiar el populismo punitivo no debería implicar, idealmente, silenciar estas voces. Por el contrario, el debate democrático exige su inclusión, pero también que las ideas y sus consecuencias se examinen en relación con otras ideas y que se rindan cuentas. Los sistemas de medios de comunicación influyen en la forma en que se desarrollan estos debates públicos y en la probabilidad de que surja un populismo punitivo responsable.



CONCLUSIÓN El populismo punitivo supone un reto importante para el control eficaz del

delito y la protección de los derechos humanos. Por este motivo, es importante que no rechacemos de forma preventiva la aplicabilidad del término a unos gobiernos en detrimento de otros, sino que perfeccionemos el concepto para captar mejor las dinámicas que contribuyen a las diferentes manifestaciones de la estrategia política. La tipología presentada aquí ofrece tres formas: autoritaria, conflictiva y responsable. Al hacerlo, el artículo destaca el importante papel de los sistemas mediáticos y la ideología política. Los conceptos de nivel secundario nos permiten afinar nuestra comprensión de la práctica y generar nuevas preguntas de investigación.

Por ejemplo, la ideología política nos permite diferenciar entre el populismo punitivo autoritario y el conflictivo. Utilizando esta tipología, la investigación podría comparar los dos tipos de populismo punitivo para comprender mejor cómo interactúan entre sí. Dicha investigación podría explorar si existen estrategias comunicativas que permitan a los populistas punitivos conflictivos reducir el punitivismo de los populistas punitivos autoritarios o si la relación es siempre la inversa.

La tipología también invita a un análisis más profundo del papel de los diferentes sistemas de medios de comunicación en las diversas formas de populismo punitivo. Futuras investigaciones podrían explorar cómo los líderes de la izquierda afrontan los retos y las posibilidades de comunicar la necesidad de políticas socioeconómicas preventivas en sistemas de medios de comunicación basados en el mercado. Del mismo modo, la investigación podría revelar cuándo y cómo tienen éxito los movimientos para cambiar los sistemas de medios de comunicación de manera que apoyen más el populismo punitivo responsable. O, más modestamente, la investigación podría identificar las posibilidades y limitaciones de los periodistas para perseguir el populismo punitivo responsable en los sistemas de medios de comunicación basados en el mercado y si tales esfuerzos animan a los populistas punitivos conflictivos a alejarse del punitivismo.

En resumen, la tipología que aquí se ofrece pretende abrir una conversación. Anima a los investigadores a ir más allá del populismo punitivo como estrategia política (su definición principal) para explorar las diversas formas en que la estrategia se combina con los sistemas de medios de comunicación y la ideología política para producir diferentes manifestaciones e incentivos para su uso. M

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Artículo recibido el 11 de febrero de 2021 y aprobado el 29 de marzo de 2021.

¿qué es el populismo punitivo? una tipología basada en la

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