primacia de la realidad
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES
Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL
TRABAJO
TEMA: PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD
DOCENTE: Lic. JORGE GUILLEN CACERES
INTEGRANTES DE GRUPO:
CALAPUJA MACHACA, DEYSI SILVIA
VALENCIA TEJADA, KATHERINE
MAMANI GUTIERREZ, AMALIA
SALINAS LINARES, YRIS
QUISPE MENDOZA, DAVID
SALAZAR APAZA, PAUL
HUARACHA LUQUE, DEYSI
AREQUIPA-PERU
2014
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.................................................................0
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA....................0
1.2 HIPOTESIS............................................................0
1.3 JUSTIFICACIÓN....................................................0
1.4 OBJETIVOS...........................................................0
1.4.1 General.....................................................................0
1.4.2 Específicos...............................................................0
1.5 METODOLOGÍA.....................................................0
1.6 RESULTADOS ESPERADOS................................0
6. CONCLUSIONES...........................................................
7. BIBLIOGRAFÍA..............................................................
INTRODUCCIÓN
Examinaremos la conceptualización del derecho laboral como un conjunto
de normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre
empleadores y trabajadores y de ambos con el estado, originado por una
prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, para
la producción de bienes y servicios.
La determinación de una relación laboral, y la aplicación del derecho
laboral, no siempre es tarea sencilla, ya que en muchas oportunidades la
existencia de la misma no siempre aparece clara, ya sea por factores
naturales que pueden difuminar o controvertir el carácter laboral de la
misma o por intenciones fraudulentas para evadir las cargas propias de
esta relación. En virtud de ello es que aparece el PRINCIPIO DE
PRIMACIA DE LA REALIDAD, que es el que permite determinar si una
relación entre dos partes deber ser considerada como laboral.
Es importante ver que, en cada caso, debe evaluarse cuidadosamente la
existencia de los elementos propios de un contrato de trabajo. En tanto la
valoración, dependerá de la forma como se ejecutaron los servicios así
como las pruebas que presenten las partes para determinar si estamos
ante un contrato de trabajo.
PALBRAS CLAVES
Hechos, realidad, primacía, derechos, contratos, empleador,
trabajador, laboralidad.
PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD
CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DEL DERECHO LABORAL
Conceptualizar sobre los principios del derecho laboral, con la finalidad de
dilucidar el alcance y trascendencia que estos ostentan y hacer una breve
referencia de la concepción de los principios genérales del derecho.
Para Guillermo Guerrero Figueroa, los principios del derecho constituyen la
base primordial de la organización jurídica laboral. Son los fundamentos
inspiradores y definitorios del sentido de las disposiciones de derecho
laboral con criterio diferente de las otras disciplinas jurídicas. Sirven
también de lineamientos “orientadores en la interpretación de sus normas,
y otros como fuentes de las mismas”.
Américo Pla Rodríguez, haciendo una síntesis de las nociones
doctrinales sobre dichos principios en su obra los Principios del Derecho
al Trabajo, concibe categóricamente que estos son “las líneas directrices
que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie
de soluciones por lo que puede servir para promover y encauzar la
aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y
los casos no provistos”.
EL PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE REALIDAD
CONCEPTOS
La conceptualización del analizado principio es, un aporte de la doctrina
Americana a la literatura universal del derecho laboral, porque han sido
algunos notables doctrinantes latinoamericanos, los encargados de
conceptualizarlo en su mayor extensión. Se observa que, a los juristas y
académicos como el Uruguayo Américo Plá Rodríguez y el Mejicano Mario
de la Cueva, se les debe el desarrollo conceptual de este principio.
Las posiciones doctrinales de los precitados juristas fueron y aún siguen
siendo citadas en distintas obras donde se aborda el estudio, de este
principio de derecho laboral.
Incluso, también se observa como los máximos Tribunales y Altas Cortes
de Latinoamérica, escudriñan en sus jurisprudencias los planteamientos
erigidos por dichos doctrinantes en torno a este principio fundamental del
derecho al trabajo. Por consiguiente, en el presente trabajo se mencionaran
teóricas más destacadas de los fallecidos maestros Mario de la Cueva y
Américo Plá Rodríguez relacionadas al principio de la primacía de la
realidad.
Doctrina Extranjera
Los juristas y académicos Mario de la Cueva y Américo Plá Rodríguez,
aportaron al derecho laboral universal el desarrollo conceptual del principio.
En razón a ello, y por vigencia de sus posiciones doctrinales, estas son de
obligado repaso
MANIFESTACIONES DOCTRINALES DE MARIO DE LA CUEVA Y
AMÉRICO PLÁ RODRÍGUEZ
Para el maestro Mejicano De La Cueva, la relación de trabajo reposa
esencialmente en la realidad de los hechos que la preceden, y no de lo
pactado entre el empleador y el trabajador, por ende, al desarrollarse una
relación laboral contractual, donde hay una persona natural que presta
servicios personales a otra, ya sea natural o jurídica, bajo continua
dependencia y subordinación, se estará en presencia de un contrato
realidad. Éste no nace del “acuerdo abstracto de voluntades, sino en la
realidad de la prestación del servicio y que es ésta y no aquel acuerdo lo
que determina su existencia”.
El contrato de trabajo, comenta De la Cueva, es el primer momento de la
vida laboral, esto abre paso a todo cuanto con ello se relaciona, pero no es
sino hasta el momento en que la labor empieza a prestarse cuando se está
frente a su existencia real como figura jurídica, ya que podrá existir acuerdo
de voluntades, coincidencia total entre los términos con la actividad que
vaya a realizarse, aceptación de las condiciones impuestas, por parte del
trabajador, pero no darse la relación de trabajo, al ser éste el efecto del
contrato o sea su ejecución.
Entonces, De la Cueva aludiendo a la concepción del citado principio,
establece que:
“La existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia
no de lo que las partes hubiesen pactado, sino de la situación real en
que el trabajador se encuentre colocado y es que, como dice Secelle,
la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de
una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva; cuya
existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento.
De donde resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una
relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya que,
si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la
realidad, carecerán de todo valor”.
Deberá protegerse el contrato que refleja la realidad de los hechos. Sobre
el particular continua diciendo De La Cueva que “el aspecto esencial en la
vida de las relaciones obrero-patronales, es la relación de trabajo, o sea, el
hecho mismo de la prestación de un servicio, el cual hecho determina, por
sí solo, la aplicación del derecho del trabajo, cualquiera que haya sido la
voluntad de las partes”, por ende, para procurar el amparo del derecho
laboral “no basta el contrato, sino que se requiere la prestación efectiva de
la tarea, y que ésta determina aquella protección aunque el contrato fuera
nulo o no existiera”.
Por su parte, Américo Plá, quien recogió la conceptualización realizada por
Mario de la Cueva, al ocuparse sobre la concepción del analizado principio
indica que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo
que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero,
es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. Agrega el citado
autor que: “en materia laboral importa lo que ocurre en la práctica más que
lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa
o lo que luzca en documentos, formularios, instrumentos de control”, en
pocas palabras, para el jurista, será válido lo que ocurra en la realidad por
encima de los acuerdos formales o aparentes contratos.
a) Para Plá, “el desajuste entre los hechos y la forma puede tener
diferentes procedencias”, las cuales pueden “Resultar de la
intención deliberada de fingir o simular una situación jurídica
distinta de la real. Diferencia que puede versar sobre todos los
aspectos del contrato las partes, las tareas, los horarios, las
retribuciones. Etc.
b)Provenir de un error, ya sea imputable a ambas partes o a una de
ellas.
c) Derivar de una falta de actualización de los datos. El contrato de
trabajo es un contrato dinámico en el cual van cambiándose
continuamente las condiciones de la forma como se presta en
servicio. Para que los documentos y las plantillas reflejen
fielmente todas las modificaciones producidas, deben ser
permanentemente actualizadas;
d)Originarse en la falta de cumplimiento de requisitos formales. Algunas
veces, para ingresar o ascender en un establecimiento se requiere la
formalidad del nombramiento por parte de determinado órgano de la
empresa o el cumplimiento de cualquier otro requisito que se había
omitido”.
En cualquiera de las dos hipótesis antes descritas, hay que tener
presente que siempre “los hechos predominan sobre las formas, por
tanto, no es imperioso entrar a analizar y pesar el grado de
intencionalidad o de responsabilidad de cada una de las partes. Lo que
interesa es determinar lo que realmente suceda en la relación laboral, lo
que podrá ser probado en la forma y por los medios de que se disponga
en cada caso. Pero demostrados los hechos, ellos no pueden ser
contrapesados o neutralizados por documentos o formalidades”.
El expuesto concepto sobre la primacía de la realidad elaborada por el
maestro Uruguayo, se fundamenta en los siguientes criterios: a) buena
fe; b) dignidad Humana; c) desigualdad de las partes y d) autonomía de
la voluntad de las partes.
a) Buena fe. Con relación a éste, Plá explica que “la realidad refleja
siempre necesariamente la verdad. La documentación puede reflejar
la verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o
esconder la verdad”, y muy a pesar que no siempre la oposición entre
“los hechos y los documentos provenga de la mala fe, lo cierto es que
la afirmación de la primacía de los hechos, es decir, de la verdad
sobre la ficción; sirve para cubrir tanto aquellas divergencias
inspiradas intencionalmente, como las procedentes de simple error
involuntario, sin necesidad de obligar a la discriminación precisa del
grado de intencionalidad existente en cada caso.
b)Dignidad humana. En lo referente a la dignidad humana el autor
señala:
“Dado que el efecto principal del contrato es la prestación de la
actividad humana, parece claro que ese hecho que en algún grado
participa de la dignidad procedente de la actividad humana debe
prevalecer sobre un elemento puramente elemental y especulativo,
como puede ser el texto de un contrato, el derecho laboral regula la
actividad humana, que aunque pueda originarse en la obligación
emergente de un contrato, se desprende luego de su texto para
adquirir vida independiente”.
c) Desigualdad. En lo tocante a la desigualdad de las partes, lo cual se
constituye en el sentido contrario del derecho a la igualdad, el jurista
comentado hace alusión a ello, para resaltar que cada “trabajador no
suele tener independencia para discutir de igual a igual con su
empleador, para que el documento que refleje el contenido del
contrato se ajuste plenamente a la realidad. La forma de corregir toda
posible anomalía en ese sentido consiste justamente en darle
prioridad a lo que ocurre en la práctica”.
d) Interpretación racional de la voluntad de las partes. Por último, Plá
sobre este criterio como fundamento del principio objeto de estudio,
recalca:
“Se ha entendido siempre que en materia de contratos
consensuales, la modificación que en la práctica se va operando
en la forma de cumplimiento de un contrato revela una forma de
expresión del consentimiento tácito para modificar el contenido del
pacto primitivo. En esta materia, lo que ocurre es que los hechos
revelan la voluntad real de las partes, ya que si el contrato se
cumple de determinada manera es porque las dos partes
consienten en ello. Y ese consentimiento tácito pero
indiscutiblemente, válido y claro debe prevalecer sobre el texto
escrito primitivo por ser posterior, y sobre cualquier documento
procedente de una sola de las partes, por ser bilateral”.
Repasadas las más destacadas manifestaciones teóricas de este
principio, edificadas por los maestros Mario de la Cueva y Américo Plá
Rodríguez, se entrará a examinar inmediatamente algunos conceptos
realizados por otros doctrinantes extranjeros sobre este principio
fundamental del derecho laboral. A la par, se referenciarán los efectos y
alcances jurídicos reconocidos en las legislaciones a la cual pertenecen
los autores.
DOCTRINA NACIONAL PERUANA
El jurista peruano Miguel Ángel Silva Ormeño sobre el principio estudiado
precisa que, “es aquel por el cual en caso de divergencia entre lo que
ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe
darse prevalencia a lo que surge en la práctica; aclara que en él se busca
establecer la existencia o no de una relación laboral, a fin de protegerla a la
luz de normas jurídicas imperantes”.
Por aplicación de este principio, de acuerdo a Javier Arévalo Vela:
“Los documentos donde consta la celebración de contratos civiles,
mercantiles o de cualquier otra naturaleza, no tienen más que un valor
probatorio de presunción el que pueden perderlo, si al verificarse lo
ocurrido en la práctica se demuestra que la suscripción de dichos
documentos ha servido para un fraude o simulación orientados a eludir
el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación
laboral. En este caso de deberá declarar la existencia de un contrato de
trabajo y reconocer al trabajador los derechos que le corresponden con
arreglo a la ley”.
Sobre los alcances y efectos jurídicos, comenta Silva que este
principio es trascendental en el establecimiento y determinación de la
relación laboral oculta, “la misma que como tal, tiene elementos que van a
servir para identificarla, que son: la prestación personal, el pago de una
remuneración y la subordinación”. Además resalta “que en los casos en los
que estemos frente a estos tres elementos, la relación contractual existente
no puede ser otro que una de naturaleza laboral (no obstante que se
pretenda hacer creer que es una relación contractual de naturaleza civil o
de otro tipo) y para ello resulta muy útil el principio de la primacía de la
realidad”.
Como resultado ineludible de la aplicación del mencionado principio,
comenta Arévalo, se presenta una presunción de existencia de relación
laboral, la misma que fue recogida en el párrafo artículo 4º de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, cuando esta norma establece que:
“En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados,
se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”
Silva explica que, “el tema de la veracidad (o principio de primacía de la
realidad) es un instrumento procesal que debe utilizar el magistrado al
momento de resolver un conflicto dentro de un proceso (entiéndase
laboral); por ello para aplicar este principio no se tiene como base
subjetividades, sino cuestiones objetivas, por ello una vez que los hechos
son demostrados, estos no pueden ser neutralizados por documentos o
formalidad alguna”.
Con relación a la consagración legal del principio dentro del
ordenamiento jurídico Peruano, Silva manifiesta que este principio no fue
recogido directamente en la Constitución; que antes del año 2000 dicho
principio sólo gozaba de un reconocimiento jurisprudencial y doctrinal, y
que a partir del año 2012 se viene expidiendo la normatividad que lo
acoge, la cual de acuerdo al autor la componen:
El “artículo 3 del Decreto Legislativo N° 910 Ley General de
Inspecciones de Trabajo”; “desarrollado por el artículo 3 del Decreto
Supremo 020-2001-TR”. También “en el artículo 9 Reglamento de la Ley de
Inspecciones de Trabajo norma modificada por el D.S. 010-2004-TR se
recoge el principio; y actualmente es reconocido por el artículo 2 de la Ley
N° 28806 nueva Ley General de Inspecciones de Trabajo y el artículo 3 de
su Reglamento aprobado por D.S. 019-2006-TR.
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA
REALIDAD
Al tocar este tema abarcaremos con un viejo aforismo civilista que "las
cosas son lo que su naturaleza y no su denominación determina". Así,
el llamado PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD constituye un
mecanismo de preservación del ordenamiento jurídico laboral basado en la
indisponibilidad de gran parte de las normas laborales.
Dicho mecanismo obra, viciando de nulidad aquellos acuerdos que
pretenden desconocer el ordenamiento laboral de manera tal que, si la
realidad práctica y los acuerdos no coinciden, se tomará en consideración
la primera.
Esto no significa que no haya autonomía de la voluntad en el ámbito
laboral, sino que la habrá para establecer condiciones que mejoren los
mínimos, que las normas laborales reconocen al trabajador y de esta
manera, dos personas podrían celebrar formalmente un contrato (bajo
cualquier denominación) que se tradujera materialmente, en la práctica, en
una prestación con todas las características que definen al contrato laboral.
Asimismo, la naturaleza jurídica del principio versa sobre dos puntos muy
importantes:
a). Mecanismo de preservación del ordenamiento jurídico
laboral.- Consiste en que el propio ordenamiento jurídico cuenta con un
conjunto de reglas y principios en virtud de los cuáles aquél prevalece
frente a posibles eventos que pretendan desconocerlos, pues el
fundamento es el carácter imperativo o indisponible de mayor parte de
normas laborales cuya consecuencia son los actos (del empleador o
incluso acuerdo de partes) que pretendan desconocer el ordenamiento
laboral indisponible o que pretendan encubrir situaciones vedadas por el
propio ordenamiento, carecen de validez.
b). Prevenir el fraude en la relación laboral (MARTIN VALVERDE).- Las
situaciones de fraude que puede darse son:
Simulación absoluta (Art. 190 Código Civil): Las partes crean la apariencia
de un contrato que no tienen intención de celebrar (intención de
beneficiarse indebidamente de prestaciones de seguridad social).
Simulación relativa (art. 191 Código Civil): Los sujetos ocultan bajo la
apariencia de un contrato un propósito negocial distinto (contrato de
locación de servicios que oculta contrato de trabajo)
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
INSPECCIONES
El principio de PRIMACIA DE LA REALIDAD DESDE EL PUNTO DE
VISTA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INSPECCIONES (aprobado
por Decreto Supremo No 020-2001-TR) desarrolla este principio (hay otras
normas que recogen al principio sin definirlo), indicando que "en aplicación
al principio de primacía de la realidad se presume, salvo prueba en
contrario, la existencia de un vínculo de naturaleza laboral" (artículo 9.1),
cuando, entre otros supuestos, "se comprueba las manifestaciones de los
elementos esenciales del contrato de trabajo, y en el caso específico de la
subordinación, manifestaciones tales como la existencia de un horario de
trabajo, la reglamentación de la labor, el dictado de órdenes o la sanción en
el desempeño de la misma, entre otras".
En el aspecto procesal laboral, el trabajador debe acreditar la existencia
del contrato de trabajo (artículo 27,1 de la Ley Procesal Del Trabajo,
recogiendo una larga tendencia legislativa y jurisprudencial), sin perjuicio
de las facultades de investigación que tienen los jueces para apreciar la
real naturaleza del contrato vigente entre las partes. Al respecto, debemos
indicar que los magistrados laborales han resuelto, en el Pleno
Jurisdiccional Laboral 2000, que, ante la divergencia entre un contrato de
trabajo y uno de locación de servicios, debe privilegiarse por el primero si,
en la realidad, se aprecian los elementos esenciales, como son la
remuneración, la prestación personal y la subordinación.
CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Existe una serie de consideraciones que se debería tomar en cuenta para
apreciar, en cada caso, si nos encontramos o no ante una relación laboral,
estos criterios son los indicios de laboralidad.
a). Primer criterio de Valoración.- Consiste en el tipo de ocupaciones
típicamente laborales sobre los que verse el contrato de locación de
servicios. Así, dichas labores deberán responder a una naturaleza tal que
no implique un poder de dirección del comitente el que se refleje en la
dación de órdenes y directrices que supongan una supeditación de las
actividades del locador.
b). Segundo criterio de valoración.- Un contrato de locación de servicios
es que la prestación debe ser ejecutada en forma eventual y no exclusiva.
Es decir, los contratos de locación de servicios deben ser temporales en
tanto permiten cubrir necesidades eventuales o accidentales, o dicho de
otro modo, son de suma utilidad en tanto permitan atender requerimientos
coyunturales de las entidades estatales, sin que ello importe la
configuración de un contrato de trabajo.
c). Tercer criterio de valoración.- "Exclusividad". En los contratos de
locación de servicios, los servicios suelen ser para diversas empresas;
en cambio, en los contratos laborales, hay exclusividad.
Así, teniendo en cuenta lo indicado, observamos que la desnaturalización
del contrato de locación de servicios, se apreciaría cuando nos
encontramos ante la presencia de rasgos que impliquen subordinación.
Estas pistas que mencionamos son las que constituyen los rasgos
sintomáticos y manifestaciones de la relación laboral.
CONCLUSIONES
• PRIMERO: Este principio es importante para aclarar los casos en los
cuales se pretende con ciertas figuras contractuales de tipo civil o
comercial, encubrir o simular una relación laboral, pues basta con
probar los elementos esenciales que la comportan, sobre todo la
dependencia y subordinación, para que el juez entre a declarar su
primacía, y de este modo, reconocer los derechos y garantías laborales.
• SEGUNDO : El principio de primacía de la realidad se aplica en los casos
donde se aprecie una disconformidad entre la práctica (hechos) y el
contrato (formalidad) suscrito.
• TERCERO: Debemos, tener siempre presente que el Estado, por la
naturaleza de su objeto (función pública) y el fin que persigue
(satisfacer el interés público), debe ser eficiente y eficaz, por lo que
debe contar con servidores idóneos. Así, debe exigir que estos
desempeñen sus funciones de manera honesta y proba, incluso,
relegando su interés particular al interés común.
ANEXO
EXP. N.° 03146-2012-PA/TC
PIURA
HIPÓLITO CHERO
NAMUCHE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2012, la Sala del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía Ramírez
y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hipólito
Chero Namuche contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 376, su fecha 27 de
junio de 2012, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de agosto de 2011, el recurrente interpone demanda de
amparo contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri),
representado por su Jefa Zonal de Piura doña Lenka Vanessa Ruiz Zeballos,
solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario del que fue objeto; y que, en
consecuencia, sea repuesto en el cargo que venía ocupando, así como se abone
los costos del proceso. Refiere que el 4 de mayo de 2009 suscribió un contrato
con Cofopri denominado “Contrato Estándar de Servicios de Consultoría” con la
posición contractual denominada “Soporte de Brigada”, cargo perteneciente al
Área de Diagnóstico y Saneamiento Integral de la emplazada, vínculo contractual
que se mantuvo ininterrumpidamente hasta el 31 de julio de 2011, toda vez que
desde el 1 de agosto de dicho año ya no se le permitió ingresar al que fuera su
centro de trabajo, pese a que no se le expresó razón alguna para ello. Sostiene
que si bien suscribió contratos civiles (contrato de consultoría) en los hechos se
presentaron todos los elementos típicos de un contrato de trabajo, habiendo
desarrollado labores de carácter permanente, por lo que en aplicación del principio
de la primacía de la realidad se configuró una relación laboral de naturaleza
indeterminada y en consecuencia solamente podía ser despedido por una causa
justa prevista en la ley.
El Procurador Público de Cofopri propone la excepción de incompetencia
por razón de la materia y contesta la demanda argumentando que desde el 4 de
mayo de 2009 hasta el 31 de julio de 2011, el demandante se encontraba bajo el
régimen de servicios de consultaría, es decir, bajo un vínculo de naturaleza civil, y
que nunca existió un vínculo laboral. Afirma que el actor no ha acreditado la
desnaturalización de sus contratos de servicios de consultoría, por tanto no se ha
producido un despido arbitrario, sino que el vínculo existente entre las partes se
extinguió cuando venció el plazo contractual respectivo. Sostiene que el
demandante únicamente prestó sus servicios profesionales, como consultor, de
manera independiente para el Proyecto de Consolidación de los Derechos de
Propiedad Inmueble (PCDPI), que fue un proyecto subvencionado por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIFR), siendo de pleno conocimiento
de los ex consultores que se trata de un Proyecto de Inversión Pública sujeto a los
términos y condiciones del Convenio de Préstamo N.º 7368-PE, que es limitado en
el tiempo y que se sujeta a una fuente de financiamiento agotable.
El Tercer Juzgado Especializado Civil de Piura, con fecha 30 de noviembre
de 2011, declara improcedente la excepción propuesta; y con fecha 3 de enero de
2012 declara fundada la demanda, por estimar que en virtud al principio de
primacía de la realidad se concluye que en los hechos se configuró una relación
laboral de naturaleza indeterminada, por cuanto el actor fue contratado para
prestar servicios en actividades relacionadas con la función principal de la parte
demandada, habiendo efectuado las mismas bajo subordinación y dependencia, y
percibiendo una remuneración mensual; por tanto, al haberse comprobado la
existencia de un contrato de trabajo, el cese unilateral efectuado
por Cofopri vulnera el derecho constitucional del trabajo del recurrente.
La Sala revisora, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por
considerar que el demandante fue contratado como consultor sujeto a las normas
de selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial,
contratación que se enmarca propiamente dentro de las disposiciones del Código
Civil, quedando demostrado por ende con los contratos de servicios de consultoría
individual y sus respectivas adendas que el demandante ha mantenido una
relación de servicios a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo
establecido en la última cláusula adicional que suscribió, esto es el 31 de julio de
2011, por lo que habiéndose cumplido el plazo de duración de su contratación de
servicios, la extinción de la relación jurídica del demandante se produjo en forma
automática, conforme lo señala el artículo 2.1 del contrato celebrado entre las
partes.
En su recurso de agravio constitucional el demandante cuestiona la
sentencia de vista con argumentos similares a los expuestos en la demanda.
FUNDAMENTOS
1. Delimitación del petitorio
El demandante solicita su reposición porque afirma que ha sido despedido
arbitrariamente, puesto que pese a que celebró contratos civiles en los
hechos se configuró una relación laboral de naturaleza indeterminada por
haberse presentado todos los elementos típicos de un contrato de trabajo; por
lo que solicita que a través del presente proceso se ordene su reincorporación
a Cofopri como trabajador a plazo indeterminado. Alega que se han vulnerado
sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso.
2. Consideraciones previas
En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo
relativas a la materia laboral individual privada, establecidos en los
fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente
vinculante, este Tribunal considera que, en el presente caso, corresponde
evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario conforme
señala en su demanda.
3. Sobre la afectación del derecho al trabajo
3.1. Argumentos del demandante
El actor sostiene que se ha vulnerado su derecho al trabajo, toda vez que al
haberse desnaturalizado los contratos que suscribió con la emplazada, en los
hechos se configuró una relación laboral a plazo indeterminado, motivo por el
cual no correspondía que sea despedido argumentándose el vencimiento del
plazo fijado en los contratos civiles que en realidad encubrieron una relación
laboral, sino que solamente podía ser despedido por una causa justa prevista
en la ley. Afirma el recurrente que Cofopri era el responsable de la
administración, el pago y demás obligaciones derivadas de su contratación.
3.2. Argumentos de la demandada
La parte demandada argumenta que los contratos de consultoría que
suscribió con el demandante eran de naturaleza civil y que contaban con el
financiamiento del Banco Mundial. Refiere que nunca existió entre las partes
una relación laboral y por ello resulta legalmente válido que el vínculo
contractual que mantenían se extinga por el vencimiento del plazo, como ha
ocurrido en el caso de autos.
3.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
3.3.1. El artículo 22º de la Constitución Política del Perú establece que: “El trabajo
es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de
realización de una persona”; mientras que el artículo 27º prescribe que: “La
ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.
En tal sentido, cabe resaltar que el contenido esencial del derecho al trabajo
implica dos aspectos: El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y,
por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer
caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una
política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien
hay que precisar que la satisfacción de este aspecto implica un desarrollo
progresivo y según las posibilidades económicas del Estado. El segundo
aspecto trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser
despedido salvo por causa justa.
3.3.2 Siendo así, en el presente caso se debe determinar si la prestación de
servicios del demandante, en aplicación del principio de primacía de la
realidad, puede ser considerada un contrato de trabajo a plazo
indeterminado, porque de ser así, el demandante sólo podía ser despedido
por causa justa prevista en la ley. Así tenemos que en la STC N.° 1944-
2002-AA/TC, se estableció que mediante el referido principio “[...] en caso de
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los
documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede
en el terreno de los hechos” (fundamento 3).
3.3.3 Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las
partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en
los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los
siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en
que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura
organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un
horario determinado; d) prestación de cierta duración y
continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante
para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante;
y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones
anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones
y de salud.
3.3.4 En el presente caso, con los contratos de locación de servicios, sus
cláusulas adicionales, términos de referencia y anexos (fs. 3 a 37), se
corrobora que el demandante prestó servicios para la parte emplazada
desempeñando la función de consultor. Y atendiendo a las labores que
debía realizar el demandante, detalladas en el documento denominado
“Anexo A”, en el que se señala que era contratado para: “Realizar la
búsqueda de títulos archivados en el Registro de. Encargarse de la
Impresión de Partidas Registrales. Realizar el fotocopiado de la
documentación registral que se requiera. Apoyar a los Consultores Legales
en la recopilación de documentos de otras entidades. Apoyar a los
Consultores Técnicos en los trabajos de campo. Apoyar en el ingreso de
información a la Base de Datos. Clasificar y archivar la documentación
recopilada en campo. Otras actividades que le sean asignadas” (fojas 10, 25
y 36); se concluye que el demandante efectuaba labores que son de
naturaleza permanente, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo
2º del Decreto Legislativo N.º 803, Cofopri es el “(…) organismo rector
máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva
y rápida un Programa de Formalización de la Propiedad y de su
mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional, centralizando las
competencias y toma de decisiones a este respecto”.
Respecto al elemento de subordinación, se advierte que el demandante
debía rendir cuentas respecto de los viáticos que la emplazada le asignaba
para la comisión de servicios que efectuaba como parte de las funciones
para las que fue contratado (f. 48); asimismo, se aprecia el Oficio N.º 1105-
2011-COFOPRI/OZPIU, de fecha 15 de abril de 2011, dirigido al
demandante, mediante el cual se le pone en conocimiento el cumplimiento
de la Directiva N.º 007-2009/COFOPRI, sobre “Normas y Procedimientos del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI, para el
Otorgamiento y Control de Viáticos para funcionarios, servidores y personas
contratadas, acreditándose que el demandante estuvo sujeto a un horario de
trabajo impuesto por la parte emplazada, tal como se desprende también del
Informe N.º 64-2009-COFOPRI/OZPIU, de fecha 2 de julio de 2009 (f. 81 a
84) y del oficio de fojas 67.
De otro lado, a fojas 214 obra el Informe Final de Actuaciones Inspectivas de
fecha 15 de agosto de 2011, realizadas por la Autoridad de Trabajo a la
emplazada como consecuencia de la denuncia externa presentada por
varias personas, entre ellas el consignándose en el considerando segundo
de los hechos verificados que “(…) Se verificó (…) que los denunciantes
mantuvieron un vínculo de naturaleza Civil con la inspeccionada, sin
embargo se puede llegar a verificar que la prestación fue personal del
servicio, existió subordinación y una remuneración como contraprestación
de parte de la inspeccionada por lo que en aplicación del Principio de la
Primacía de la Realidad, podría encontrarse bajo los alcances del art. 04 del
Decreto Supremo N.º 003-97-TR (…)”, y afirmándose en la primera
conclusión del citado informe que “(…) se acredita la existencia de un
vínculo entre los denunciantes y la inspeccionada (…)”
3.3.5 Por tanto, en aplicación del principio de primacía de la realidad, los hechos
prevalece sobre las formas y apariencias del contrato civil con el que se
pretendía encubrir una relación laboral; siendo esto así, queda establecido
que entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral y no civil,
por lo que el actor solo debió ser despedido por comisión de falta grave; en
consecuencia, la emplazada, al haber despedido al demandante sin haberle
expresado la existencia de una causa justa relacionada con su capacidad o
conducta laboral, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues lo
ha despedido arbitrariamente.
4. Sobre la afectación del derecho al debido proceso
4.1 Argumentos del demandante
El actor sostiene que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, por
cuanto en virtud de la aplicación del principio de primacía de la realidad era
un trabajador a plazo indeterminado, y en consecuencia únicamente procedía
su despido luego de seguirse un procedimiento en el cual se le haya imputado
una causa justa prevista en la ley.
4.2 Argumentos de la parte demandada
Argumenta que el actor no era un trabajador a plazo indeterminado y, por
tanto, no requería que se le siga el procedimiento de despido previsto en el
Decreto Supremo N.º 003-97-TR.
4.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
4.3.1. El artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú establece que:
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.”. Al respecto
este Tribunal, en más de una oportunidad, ha establecido que el derecho al
debido proceso es aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede
administrativa e incluso entre particulares, y supone el cumplimiento de
todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben
observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos,
incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos
ante cualquier acto que pueda afectarlos.
4.3.2. A su vez, el artículo 22º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR dispone que:
“Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada,
que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es
indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y
debidamente comprobada”. Y el artículo 31º de la referida norma legal
establece que: “El empleador no podrá despedir por causa relacionada con
la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por
escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para que pueda
defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo aquellos
casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o
de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su
deficiencia”.
4.3.3. Es por ello que habiéndose acreditado en autos que el actor era un
trabajador con una relación laboral de naturaleza indeterminada,
solamente podía ser despedido conforme a lo señalado en el fundamento
supra, por lo que al no haber sido así la demandada ha vulnerado su
derecho al debido proceso.
4.3.4. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso se ha
configurado un despido arbitrario, vulneratorio de los derechos al trabajo y
al debido proceso del actor, reconocidos en los artículos 22º y 139º de la
Constitución; por lo que la demanda debe estimarse.
4.3.5 Teniendo presente que existen reiterados casos en los que se estima la
demanda de amparo por haberse comprobado un despido arbitrario, el
Tribunal estima pertinente señalar que cuando se interponga y admita una
demanda de amparo contra una entidad del Estado que tenga por finalidad
la reposición del demandante, ello debe registrarse como una posible
contingencia económica que ha de preverse en el presupuesto, con la
finalidad de que la plaza que ocupaba se mantenga presupuestada para,
de ser el caso, poder actuar o ejecutar en forma inmediata la sentencia
estimativa.
En estos casos, la Administración Pública, para justificar el mantenimiento
de la plaza presupuestada, tendrá presente que el artículo 7º del Código
Procesal Constitucional dispone que “El Procurador Público, antes de que el
proceso sea resuelto en primer grado, está facultado para poner en
conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando
considere que se afecta el derecho constitucional invocado”.
Con la opinión del procurador público, puede evitarse y preverse gastos
fiscales, ya que la Administración Pública puede allanarse a la demanda (si
es que la pretensión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal
Constitucional es estimable) o proseguir con el proceso.
5. Efectos de la sentencia
5.1. En la medida en que en este caso se ha acreditado que Cofopri ha vulnerado
el derecho constitucional al trabajo y al debido proceso, corresponde ordenar
la reposición del demandante como trabajador a plazo indeterminado en el
cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el
plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga
las medidas coercitivas previstas en los artículos 22º y 59º del Código
Procesal Constitucional.
5.2. Asimismo, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal
Constitucional, la entidad emplazada debe asumir los costos procesales,
los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente
sentencia.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación del
derecho al trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido de
que ha sido objeto el demandante.
2. ORDENAR que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
(Cofopri) reponga a don Hipólito Chero Namuche como trabajador a plazo
indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar
nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución
aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.° y 59.º del
Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales.
Publíquese y notifíquese.
GLOSARIO
• Aforismo: Frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como
regla en alguna ciencia o arte.
• Contractual: Que procede de un contrato o se deriva de él.
• Difuso: Que carece de claridad o precisión o se percibe de esta
forma, generalmente por estar lejos o por ser muy extenso.
• Vedada: aplica al lugar acotado por ley, especialmente aquel en el q
ue no se permite cazar o pescar.
• Instaurar: Establecer o fundar una cosa, especialmente una
costumbre, una ley o una forma de gobierno.
BIBLIOGRAFÍA
GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. Principios Fundamentales del
derecho al trabajo. Santa Fe de Bogotá.
PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del derecho del trabajo. 2ª ed.
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DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 2ª Ed. Porrúa.
México
SILVA ORMEÑO, Miguel Ángel. El principio de la primacía de la realidad.
En: Derecho y cambio social.
ARÉVALO VELA, Javier. Los principios del derecho al trabajo. En:
Actualidad laboral.
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. Ley de
productividad y competencia laboral.
NEVES MUJICA, Javier. Introducción al derecho de trabajo segunda
edición.
