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MEXICAN ENERGY LAWFebruary / Febrero 2015

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MEXICAN ENERGY LAWFebruary / Febrero

2015

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Inicia un nuevo año en el que el escenario energético internacional se muestra convulso. El desplome de los precios del petróleo en el último semestre apenas está siendo digerido por las economías del planeta. México, además de encontrarse inmerso en una grave crisis polí-tica y social, se verá afectado por este fenómeno dado el enorme peso que todavía tienen los ingresos petroleros en el fondeo del presupuesto federal.

El segundo número de Mexican Energy Law no podía ser ajeno a esta coyuntura y recoge, en una sección de “No-ticias” (página 3), información sobre el impacto que des-afortunadamente tendrá la caída del precio del petróleo en el desarrollo de la Ronda Uno de licitaciones de con-tratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Esta sección incluye también una nota que da cuenta del fallo de la Comisión Federal de Electricidad a favor de Abengoa para que le venda energía eléctrica durante 25 años a través de la mayor central de ciclo combinado en la historia del país, que se habrá de construir en la fronteriza Ciudad Juárez.

En nuestra sección de “Artículos”, Mexican Energy Law se congratula de contar en esta ocasión con la lucidez y la elegante pluma del Doctor Mario Melgar Adalid, quien retoma el reciente inicio del deshielo de las rela-ciones entre Estados Unidos y Cuba para hacer un pri-mer análisis de sus implicaciones para el futuro de la energía en el Golfo de México (página 5).

Por su parte, Alejandra Bueno ofrece un recuento rigu-roso del nuevo marco jurídico mexicano en materia de contenido nacional en el sector de los hidrocarburos, enfatizando el delicado equilibrio que la política públi-ca debe lograr entre incentivar el desarrollo de la indus-tria nacional y promover de manera efectiva la inversión extranjera (página 7).

Finalmente, José María Lujambio escribe sobre el de-nominado “paquete verde” ordenado por el decreto de reformas constitucionales en materia energética, que sigue pendiente de ser aprobado por el Congreso de la Unión (página 13).

Esperamos que, con su edición de febrero de 2015, Mexican Energy Law contribuya a que los clientes y ami-gos de Cacheaux, Cavazos & Newton cuenten con in-formación y análisis de utilidad para tomar decisiones en un año que arranca complicado pero que no deja de resultar prometedor.

Muchas gracias.

Nota del editor:Editor´s Note:The international energy scene began the year in tur-moil. The collapse of oil prices in the second half of 2014 is just now being processed by the world’s econo-mies. In addition to being immersed in a serious politi-cal and social crisis, Mexico will be affected by this phe-nomenon because of its heavy reliance on oil revenues to fund its federal budget.

This situation could not be ignored in the second is-sue of Mexican Energy Law and, therefore, in a section titled “News” (page 3) we have included information on the impact that the drop in oil prices will unfortunately have on the development of Round One bidding for hy-drocarbons exploration and production contracts. This section also includes a note on the contract awarded by the Mexican Federal Electricity Commission to Aben-goa for the sale of electricity for 25 years through the largest combined cycle plant in Mexico’s history, to be built on the border in Ciudad Juárez.

Mexican Energy Law is pleased to feature the insights and elegant writing of Dr. Mario Melgar Adalid in the “Articles” section of this issue. He reviews the recent thawing of the icy relationship between the United States and Cuba and analyzes its initial implications for the future of energy in the Gulf of Mexico (page 5).

Additionally, Alejandra Bueno offers a detailed account of the new Mexican legal framework on national con-tent in the hydrocarbons sector, emphasizing the deli-cate balance of public policies incentivizing the devel-opment of the domestic industry with the effective promotion of foreign investment (page 7).

Lastly, José María Lujambio writes about the “Green Act” ordered by the decree of constitutional reforms on energy, which is pending approval by the Federal Congress (page 13).

We hope that the February 2015 issue of Mexican Energy Law provides clients and friends of Cacheaux, Cavazos & Newton with useful information and analysis as they make decisions during a year which has had a com-plicated start but which nonetheless continues to be promising.

Thank you.



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El 20 de junio de 2014, la Mezcla Mexicana del Petró-leo se llegó a cotizar en los $102 dólares por barril, mien-tras que el West Texas Intermediate y la Mezcla Brent del Mar del Norte se cotizaban en $107 y $145 dólares. A partir de entonces, los precios han descendido de mane-ra dramática, tendencia que se agudizó cuando la OPEP anunció en noviembre que no recortaría su producción petrolera. El pasado 20 de enero los precios de dichas mezclas se ubicaron en $38, $46 y $48 dólares, respecti-vamente. Estas cifras representan una caída promedio de 62% desde que inició la caída de los precios del petróleo a mediados del año pasado.

Ésta y otras circunstancias han propiciado que el gobier-no mexicano se encuentre reconsiderando el calendario de licitaciones de la Ronda Uno. En diciembre de 2014 el proceso había arrancado formalmente con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las bases de lici-tación para los primeros 14 bloques, correspondientes a campos en aguas someras. Durante el mes de enero, Juan Carlos Zepeda, Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), anunció en diversas entrevistas que los siguientes bloques a licitar podrían sufrir varia-ciones en sus fechas y alcances como respuesta a la caída ininterrumpida de los precios del petróleo. Indicó que la CNH emitiría un dictamen técnico y la Secretaría de Energía determinaría los ajustes correspondientes. Des-de luego, se espera que se revisen las licitaciones para la exploración y extracción en campos de lutitas y aguas profundas, pues la producción en esos campos implica mayores costos y es menos rentable con precios bajos.

A pesar de la inestabilidad causada por la caída de los pre-cios del petróleo, a mediados de febrero, muchas compa-ñías, expertos, y representantes de los gobiernos de Texas y México se dieron cita en el primer Mexico Shale Summit, llevado a cabo en San Antonio, Texas. Durante el evento, la mayoría de los presentes coincidieron en que es razo-nable, a causa del bajo precio en que cotiza el petróleo en el mercado, esperar un retraso en el proceso licitatorio en los campos de lutitas. A pesar de ello, los expertos ex-presaron confianza en que este tiempo adicional podría representar una oportunidad para que México desarrolle la infraestructura requerida y prepare el capital humano que la actividad de exploración y producción demandará en esos campos.

“La caída de los precios del petróleo impacta a la

Ronda Uno”

NOTICIASNEWS

“The impact of the fall in oil prices on Round One”

In June of 2014, the Mexican Crude Oil Blend was be-ing sold at $102 dollars per barrel, while the West Texas Intermediate and the North Sea Brent Blends were being sold at $107 and $145 dollars. Since then, prices have de-creased dramatically, which accelerated when the OPEC announced that it would not cut its oil production. On January 20th, the prices of those blends were $38, $46 and $48 dollars, respectively. These figures represent an aver-age drop of 62% from the time that oil prices began to drop in the middle of last year.

This and other circumstances have caused the Mexican government to reconsider the timing of the Round One bidding process. In December 2014, the process was formally launched with the publication in the Official Journal of the Federation of the bases for bidding on the first 14 blocks which are all located in shallow waters. In January, Juan Carlos Zepeda, President of the National Hydrocarbons Commission (Comisión Nacional de Hidro-carburos, “CNH”), announced in various interviews that bidding on such blocks could be subject to changes in dates and scope, as a response to the continuing drop in oil prices. He indicated that the CNH will issue a techni-cal opinion on this issue, and that the Department of En-ergy (Secretaría de Energía, “SENER”) will determine the corresponding adjustments in timing. It is expected that the bids for exploration and extraction in shale fields will be reviewed, because production in those fields means higher costs and is less profitable when oil prices are low.

Despite the instability of the markets caused by the drop in oil prices, in February many companies, consultants, officials and experts from Texas and Mexico attended the first Mexico Shale Summit which was held in San Antonio, Texas. Most of the speakers agreed that it is likely and reasonable to expect a delay in the bidding of onshore unconventional fields, as a result of the sharp drop in oil prices. However, many experts remained confident that such delay would only serve to give Mexico additional time to invest and develop the infrastructure and the hu-man capital formation required to successfully begin the exploration and production activities in those fields



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“Abengoa desarrollará la mayor central de ciclo combinado en México”

El pasado 9 de enero, la empresa española Abengoa emitió un comunicado de prensa en el que informó que fue seleccionada por la Comisión Federal de Electri-cidad (CFE) para desarrollar el proyecto “Norte III”, consistente en una central de ciclo combinado para la generación de energía eléctrica a partir de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con una capacidad de 924 MW, esta planta constituye la mayor de su tipo en México y es la segunda que desarrolla Abengoa para la CFE después de “Centro Morelos”, actualmente en construcción y con una capacidad de 640 MW.

Abengoa, compañía líder en soluciones tecnológicas para los sectores de energía y medio ambiente, se en-cargará de la ingeniería, el diseño y la construcción de la central, y posteriormente de su operación y manteni-miento en los próximos 25 años, a través de la figura de la producción independiente de energía (IPP). Se prevé que la central se encuentre lista para entrar en operación en 30 meses. Durante la etapa de construcción, el pro-yecto creará hasta 2,000 empleos directos e indirectos a través de una inversión de alrededor de 700 millones de dólares. “Norte III” generará electricidad suficiente para abastecer al equivalente de 500,000 hogares.

Con sede en Sevilla, Abengoa está presente en México desde hace más de 30 años y cotiza en las bolsas de Nue-va York y Madrid. En esta última, sus acciones subieron 17.38% una vez que se conoció el fallo de la licitación de la CFE. A mediados de 2014, había impugnado el primer fallo para “Norte III”, que originalmente había declarado ganadora a Iberdrola.

NOTICIASNEWS

“Abengoa to develop the largest combined cycle plant

in Mexico”

On January 9th, the Spanish company Abengoa issued a news release to announce that it was selected by the Federal Electricity Commission (Comisión Federal de Electricidad, “CFE”) to develop the “Norte III” project in Ciudad Juárez, Chihuahua. The project involves the construction of a combined cycle plant for electricity generation from natural gas. With a capacity of 942 MW, this plant will be the largest of its type in Mexico and the second plant that Abengoa develops for the CFE, following “Centro Morelos”, which has a capacity of 640 MW and is currently under construction.

Abengoa, a leading company in technology solutions in the energy and environmental sectors, will be in charge of the plant’s engineering, design and construction, as well as its operation and maintenance, during the next 25 years by means of an independent power produc-tion (IPP) contract. It is anticipated that the plant will be ready for operation in 30 months. During the con-struction stage, the project will generate up to 2,000 direct and indirect jobs following an investment of ap-proximately 700 million dollars. “Norte III” will gen-erate sufficient electricity to supply the equivalent of 500,000 homes.

With its headquarters in Seville, Abengoa has had a presence in Mexico for more than 30 years and is quoted on the New York and Madrid stock exchanges. In the latter, its stocks rose 17.38% when news of the award of the CFE contract was made public. In mid 2014, Aben-goa appealed the first contract award ruling for “Norte III”, which had originally been awarded to Iberdrola.



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Dr. Mario Melgar Adalid Dr. Mario Melgar Adalid

La reanudación de relaciones diplomáticas entre Es-tados Unidos y Cuba, después de más de cincuenta años de guerra fría, tendrá efectos en el escenario económico de las regiones caribeña y del Golfo de México. Se trata de la noticia internacional más importante de 2014. Aun cuando falta un largo camino por recorrer, todo indica que el embargo de Estados Unidos cederá a una norma-lización completa de relaciones diplomáticas, comer-ciales y políticas entre los dos países.

El campo energético del Golfo de México habrá de transformarse, si bien en el largo plazo. Varios factores impedirán que empresas estadounidenses o globales acudan de inmediato a las aguas del Golfo en la juris-dicción cubana a explorar yacimientos que los geólogos consideran que podrían producir miles de millones de barriles. A pesar de los esfuerzos desplegados en 2012 y 2013 por la española Repsol y por la malasia Petronas, entre otras compañías, los resultados han sido hasta el momento magros. Conforme a Jorge Piñón, Director del Programa Energético Latinoamericano y del Caribe de la Universidad de Texas en Austin, estas dificultades han desalentado a otras empresas a iniciar exploracio-nes en esta zona. Adicionalmente, la caída casi libre del precio del petróleo ha provocado que los proyectos en el Golfo resulten demasiado onerosos, impracticables comercialmente. En todo caso irán primero los proyec-tos de compañías estadounidenses en aguas mexicanas, al amparo de la apertura energética mexicana derivada de la ambiciosa reforma estructural que abrió el campo energético a las empresas extranjeras. No obstante, la caída de los precios del petróleo tendrá un efecto poco deseable para el arranque inmediato de los proyectos de inversión energética en México.

En este momento Cuba produce 50,000 barriles diarios de petróleo y se sustenta en Venezuela para disponer de otros 100,000 barriles diarios del hidrocarburo. Lo

The restoration of diplomatic relations between the United States and Cuba after more than 50 years of cold war will have an economic impact on the Caribbean re-gion and the Gulf of Mexico. Such development was actually the most important international news of 2014. Although a long road lies ahead, it appears that lifting the U.S. embargo against Cuba will result in a complete normalization of diplomatic, commercial and political relations between the two countries.

It is expected that the energy field in the Gulf of Mex-ico will undergo a transformation over the long term. Various factors will prevent U.S. or global companies from immediately accessing Gulf waters within the ju-risdiction of Cuba to explore deposits, which geologists believe may produce billions of barrels of oil. Despite efforts carried out in 2012 and 2013 by Repsol (Spain) and Petronas (Malaysia), among other companies, re-sults have been meager up to this point. According to Jorge Piñón, Director of the Latin American and Carib-bean Energy Program at the University of Texas at Aus-tin, these difficulties have dissuaded other companies from beginning exploration in this zone. Additionally, the sharp decrease in the price of oil has caused proj-ects in the Gulf to become too onerous and commer-cially unfeasible. In any case, the first projects will be carried out by U.S. companies in Mexican waters fol-lowing the opening of the energy industry in Mexico to foreign companies resulting from the ambitious struc-tural energy reform. Nevertheless, the drop in oil prices will have an undesirable effect on the immediate com-mencement of energy investment projects in Mexico.

At present, Cuba produces 50,000 oil barrels on a dai-ly basis and depends on Venezuela to supply another 100,000 barrels per day. The most logical step for Cuba would be to seek autonomy and try to cease its depen-dence on Venezuelan oil, specifically at a time when the

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-CUBA, TRIÁNGULO ENERGÉTICO

UNITED STATES - MEXICO - CUBA: ENERGY TRIANGLE

ARTICULOSARTICLES



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lógico es que Cuba busque su autonomía y trate de no depender tanto del petróleo venezolano, menos aún en el momento actual en que los precios del crudo siguen a la baja. Pero a Cuba irán primero otros proyectos: turis-mo, infraestructura, rehabilitación de la planta produc-tiva, agroindustrias, antes de que las compañías globa-les incursionen en el mercado energético de ese país. Y antes habrá un largo debate en el Congreso de Estados Unidos para derogar las leyes del bloqueo a Cuba.

© http://www.energiahoy.com/estadounidenses-descubren-millones-de-litros-de-petro-leo-en-fondo-del-golfo-de-mexico/

© http://www.banderas-mundo.es

price of oil continues to drop. In any event, the first projects to be seen in Cuba will be in tourism, infra-structure, restoration of the manufacturing, and agri-cultural industries, before global companies enter the Cuban energy market. For the latter to occur, a long de-bate must take place in U.S. Congress in order to repeal current laws on the embargo against Cuba.



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Buscando que México desarrolle su propia indus-tria extractiva petrolera, el nuevo marco jurídico del sector ha incluido un porcentaje mínimo de contenido nacional en asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. El objetivo es establecer una participación mínima de la industria mexicana en la actividad industrial y de esta manera fortalecer a las empresas nacionales y propiciar su crecimiento y desa-rrollo en el sector energético.

Las reglas de contenido nacional en esta industria son variadas: en Noruega y Colombia, por ejemplo, no exis-ten reglas o porcentajes fijos, mientras que Brasil ha es-tablecido parámetros mucho más elevados que lo que se determinó para México. La experiencia de Brasil ha re-sultado importante y fue analizada por los legisladores mexicanos. Muchos consideraron que la participación mínima de la industria local sería una manera directa de propiciar el impulso a una industria energética brasileña sólida y especializada. En Brasil la regulación sobre este tema es sumamente detallada y específica por región y por actividad, promoviendo claramente la inversión extranjera en investigación y desarrollo. En el área de “Pre-sal” para la producción en aguas ultra profundas, el requerimiento de contenido nacional fue elevado hasta 55%, y aunque la producción se ralentizó, la industria brasileña creció y se especializó. La inversión privada en estas actividades, sumada a la inversión pública en desarrollo de tecnologías concretas, es una fórmula que se aplicó cuidadosamente junto a las políticas de conte-nido nacional.

Existe, sin embargo, consenso en la industria y entre los analistas del sector en que metas muy ambiciosas y re-glas muy rígidas desalentarían la participación de la in-versión extranjera en el sector y, por lo tanto, causarían una disminución en la producción esperada, tal como en

In hopes that Mexico will develop its own oil extrac-tion industry, the new legal framework for the energy sector provides the minimum percentage of national content required for entitlements and contracts for exploration and production of hydrocarbons. The pur-pose of such requirement is to establish the minimum Mexican national content for industrial activities and thereby strengthen domestic companies and propel their growth and development in the energy sector.

The rules on national content in the energy industry vary throughout the world. For instance, in Norway and Colombia, there are no rules or fixed percentages, while Brazil establishes parameters that are much higher than those established by Mexico. The experience in Brazil has been significant and was analyzed carefully by Mex-ican legislators. Many believed that minimum partici-pation by the local industry in Brazil would be a direct way to encourage a solid and specialized energy indus-try in that country. Brazilian regulation on this subject matter is very detailed and specific to each region and activity, and it promotes foreign investment in research and development. For deep water production in the “Pre-sal” layer, the national content requirement was raised to 55% and, although production slowed down, the Brazilian industry grew and became specialized. Private investment in these activities, coupled with public investment in the development of specific tech-nologies, was a carefully crafted formula that worked well in combination with the national content policies.

Nevertheless, there was consensus in the industry and among sector analysts that highly ambitious goals and rigid rules would discourage foreign investment, result-ing in a reduction in anticipated production, as was the case in Brazil. The Mexican legislature was tasked with finding a delicate balance between promoting invest-

CONTENIDO NACIONAL EN PROYECTOS DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS

NATIONAL CONTENT OF THE PROJECTS IN THE MEXICAN HYDROCARBONS SECTOR

Alejandra Bueno Alejandra Bueno

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realidad ocurrió en Brasil. El legislador en México tuvo que darse a la tarea de encontrar ese delicado equilibrio entre promover la participación y el florecimiento de una industria nacional en el sector, sin desincentivar la inversión extranjera.

Así, la Ley de Hidrocarburos (LH), publicada en el Dia-rio Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014, establece en su artículo 46 que el conjunto de ac-tividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen en territorio nacional a través de asigna-ciones y contratos deberá alcanzar un determinado gra-do de contenido nacional, excluyendo de ese mandato a las actividades de exploración y extracción en aguas profundas y ultra profundas.

Conforme a la LH, la Secretaría de Economía (SE) di-señará la metodología para medir el contenido nacional en la industria de los hidrocarburos, y estará a cargo de la verificación anual de su cumplimiento. Para el esta-blecimiento de la metodología, se usarán los siguientes conceptos: a. los bienes y servicios contratados, con-siderando su origen; b. la mano de obra nacional y de trabajo calificada; c. la capacitación de la mano de obra nacional; d. la inversión en infraestructura física local y regional, y e. la transferencia de tecnología. Así, el 13 de noviembre de 2014, la SE publicó en el DOF la Meto-dología para Medir el Contenido Nacional en Asigna-ciones y Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los Permisos en la Indus-tria de Hidrocarburos (la Metodología).

Por su parte, los asignatarios y contratistas deberán cumplir individualmente y de forma progresiva con un porcentaje mínimo de contenido nacional que la Secre-taría de Energía (SENER), con la opinión de la SE, es-tablezca en las asignaciones y contratos.1 Dichos instru-mentos deberán incluir un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, incluyendo pla-zos y etapas aplicables. La meta de contenido nacional deberá ser incluida desde las bases de licitación y, una vez aprobadas las propuestas de cumplimiento de los participantes, formarán parte de los contratos de explo-ración y extracción como obligaciones del contratista. Estas obligaciones iniciarán en el momento en que el plan de exploración de los contratos sea aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

ment and growing the national industry in this sector, without discouraging foreign investment.

As a result, the Hydrocarbons Law (“LH” for its acro-nym in Spanish), published in the Official Journal of the Federation on August 11, 2014, provides in its Article 46 that the total of hydrocarbons exploration and extrac-tion activities performed on national territory through entitlements and contracts must reach a certain level of national content, except for exploration and extraction activities in deep or ultra-deep waters.

In accordance with the LH, the Department of Econo-my (Secretaría de Economía, “SE”) shall design the meth-odology used to measure national content in the hy-drocarbons industry and will be in charge of verifying annual compliance as to such. The following elements shall be used in creating such methodology: a) goods and services contracted, taking into consideration their origin; b) qualified labor; c) training for domestic labor; d) investment in local and regional physical infrastruc-ture; and e) technology transfer. On November 13, 2014, the SE published the Methodology to Measure National Content in Entitlements and Contracts for the Explo-ration and Extraction of Hydrocarbons and for Permits in the Hydrocarbons Industry (the “Methodology”) in the Official Journal of the Federation.

For their part, title-holders and contractors must indi-vidually comply, in a progressive manner, with a mini-mum percentage of national content that the Depart-ment of Energy (Secretaría de Energía, “SENER”), with input from the SE, establishes for entitlements and contracts.1 Such documents must include a schedule for compliance with the national content percentage requirement, including applicable terms and phases. The national content requirement must be disclosed at the commencement of the bidding process and, once the proposed bids are approved, such national content requirement must form part of the exploration and extraction contracts that are awarded in the form of a binding obligation on the contractor. Such obligations will commence at the time the exploration plan under such contracts is approved by the National Hydrocar-bons Commission (Comisión Nacional de Hidrocarburos, “CNH”).

1 El Titulo Quinto del Reglamento de la LH, publicado en el DOF el 31 de octubre de 2014, establece los parámetros de colabora-ción que en materia de contenido nacional deberán implementar la SENER y la SE.

1 The Fifth Title of the LH Presidential Rules, published in the Official Journal of the Federation on October 31st, 2014, establi-shes guidelines for the collaboration that must be implemented by SENER and the SE with respect to national content.



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Para arrancar la denominada “Ronda Uno”, el 11 de di-ciembre de 2014 la CNH dio a conocer las Bases de Licitación CNH-R01-C01/20142 de los primeros con-tratos de producción compartida para 14 bloques en aguas someras. Con la Metodología y dichas Bases ya se cuenta con una idea bastante clara de las reglas a ser aplicadas para medir el contenido nacional, que habrán de implementarse en la ejecución de los primeros con-tratos de exploración y extracción.3

Ahora bien, conforme al artículo vigésimo cuarto tran-sitorio de la LH, a partir de 2015 los proyectos de ex-ploración y extracción de hidrocarburos deberán con-tar con un mínimo de contenido nacional de 25% y anualmente esta cifra deberá incrementarse hasta llegar a 35% para 2025. Si bien estos parámetros son ciertos para la fase exploratoria y extractiva de los proyectos, en las bases de licitación y los modelos de contrato para los primeros 14 bloques se ha determinado iniciar con 13% el requerimiento de contenido nacional en las fases exploratorias de los citados proyectos para posterior-mente iniciar con un 25% en su fase extractiva. En este contexto, llama la atención que el 13% para la fase ex-ploratoria que se estableció en las bases de licitación es inferior al mínimo que determinó la propia LH. Los modelos de contratos de producción compartida objeto de la primera licitación establecen que el contra-tista deberá entregar a la SE periódicamente un reporte que incluya la información sobre el contenido nacional conforme al procedimiento previsto para llevar a cabo la verificación correspondiente. Para esto se guiarán por la Metodología, la cual establece que el porcentaje re-querido de contenido nacional se obtendrá de dividir la suma del valor de los bienes, servicios, mano de obra, capacitación a los trabajadores nacionales, transferen-cia de tecnología e infraestructura, entre los gastos de bienes, servicios, mano de obra y capacitación de traba-jadores, tal como puede apreciarse en los cuadros que la SE ha preparado al respecto:

For the start of “Round One,” on December 11, 2014, the CNH published the Bidding Guidelines CNH-R01-C01/20142 for the first production sharing contracts for 14 blocks in shallow waters. The Methodology and Guidelines provide a clear idea of the rules to be ap-plied in order to measure national content with respect to the first exploration and extraction contracts.3

In accordance with the 24th transitory article of the LH, as of 2015, the first hydrocarbons exploration and extraction contracts must meet the minimum na-tional content requirement of 25%. Each year, this figure must be increased until it reaches 35% in 2025. The rules have been established for the exploration and extraction phases of these projects, but the bid-ding guidelines and the contract models for the first 14 blocks establish a 13% national content requirement in the exploration phase of such projects, to subsequently commence with a 25% requirement in the extraction phase. It is interesting to note that the 13% require-ment established in the bidding guidelines is less than the requirement established by the law.

The model production sharing contracts that are the subject matter of the first request for proposals estab-lish that the contractor must periodically deliver a re-port to the SE, which includes information on national content in accordance with the proceeding established for the verification of such national content. The fore-going will be conducted in accordance with the Meth-odology, which establishes that the percentage of na-tional content required is determined by dividing the sum of the value of the goods, services, labor, training of Mexican workers, transfer of technology and in-frastructure, by the cost of goods, services, labor, and training of workers in accordance with the illustrations below published by the SE:

2 De carácter público y disponibles para consulta en www.ronda1.gob.mx. 3 Los primeros contratos serán por un periodo de 25 años (inclu-

yendo de 3 a 5 años en su fase exploratoria), prorrogables hasta en dos ocasiones por cinco años cada una. La extensión de los 14 bloques a licitar en aguas someras en las provincias geológicas de Cuenca Salina y Macuspana será de entre 116 y 500 km2 por bloque para un total de 4,200 km2 a licitarse.

2 Available for consultation at www.ronda1.gob.mx. 3 The first contracts will have a term of 25 years (including 3 to 5

years for the exploration phase), with the possibility to extend on two occasions for 5-year terms each time. The extension of the 14 blocks up for bids in shallow waters in the geological areas of Cuenca Salina and Macuspana will be between 116 and 500 km2 per block for a total of 4,200 km2 up for bidding.



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La gran interrogante para los operadores e inversionis-tas extranjeros es: ¿cómo dar cumplimiento a estas nor-mas?, es decir, ¿cómo encontrar a la posible contraparte mexicana, a los proveedores, a los socios, a la mano de obra calificada, certificada? Para tal efecto, la LH prevé en su artículo 125 que será responsabilidad de la SE, con la opinión de la SENER, definir las estrategias para el fomento de la inversión directa en la industria de los hidrocarburos, con especial atención a pequeñas y me-dianas empresas. Así, el citado precepto define que la estrategia para el fomento industrial de cadenas pro-ductivas deberá: a. identificar los sectores industriales y las regiones en que se enfocará la estrategia; b. inte-grar, administrar y actualizar un registro de proveedores nacionales de la industria de hidrocarburos; c. imple-mentar programas para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales a partir de la detección de opor-tunidades de negocios; y d. incluir programas de apoyo para asistencia técnica y financiera.

The main question faced by operators and foreign in-vestors in the energy industry is how to comply with these regulations. In other words, how can they iden-tify the Mexican counterpart, the suppliers, business partners, and qualified/certified labor? To such effect, Article 125 of the LH provides that it is the responsi-bility of the SE, with the opinion of the SENER, to define the strategies for promoting direct investment in the hydrocarbons industry, specifically for small and mid-size businesses. Similarly, such law provides that the strategy for promotion of industrial supply chains must: a) identify the industrial sectors and regions to be targeted; b) integrate, administer and update the regis-try of national suppliers in the hydrocarbons industry; c) implement programs for the development of national suppliers and contractors once business opportunities have been identified; and d) include support programs for technical and financial assistance.



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De igual manera, la LH prevé la creación del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hidro-carburos Nacional, encabezado por la SE e integrado por la SENER, la CNH, la Comisión Reguladora de Energía, y con la participación de instituciones acadé-micas y organismos empresariales. La organización y funcionamiento del citado Consejo quedaron delinea-das en el Título Cuarto del Reglamento de la LH.

Además, la LH en su artículo 127 establece la creación de un Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, con el objeto de implementar las políticas de fomento industrial del sector de los hidrocarburos y promover el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales a través de esquemas de financiamiento y de programas para la capacitación, investigación y certificación.

Una evaluación periódica de las políticas de contenido nacional, que por su propia naturaleza se espera que sean flexibles, idealmente deberá contemplar esquemas de ajuste de la Metodología de tal suerte que los reque-rimientos mínimos favorezcan el desarrollo del sector en su conjunto sin que desalienten la inversión extranje-ra. Idealmente, el gobierno mexicano deberá ir alinean-

Similarly, the LH provides for the creation of a Consul-tative Council for the Promotion of the National Hy-drocarbons Industry, headed by the SE and comprised of the SENER, the CNH, and the Energy Regulatory Commission, with the participation of academic insti-tutions and business chambers. The organization and operation of this Consultative Council is provided for in the Fourth Title of the LH Presidential Rules.

Further, Article 127 of the LH establishes the creation of a Trust for the Promotion of National Suppliers and Contractors in the Energy Industry in order to imple-ment industrial promotion policies in the hydrocarbons sector and to promote development and competition of local and national suppliers and contractors through financing structure and programs for training, research and certification.

A periodic evaluation of the national content policies, the same which are expected to be flexible given their nature, should provide for modification of the Meth-odology in such a manner that the minimum require-ments benefit the development of the sector without dissuading foreign investment. Ideally, the Mexican government must align its national content objectives with financing policies that increase investment in re-

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do los objetivos de contenido nacional con las políticas de financiamiento para que aumente la inversión en in-vestigación y desarrollo, y se favorezca la formación de recursos humanos altamente capacitados en el sector, impulsando la asociación entre empresas locales y ex-tranjeras.

La creciente industria extractiva y de servicios petro-leros mexicana debe darse a la tarea de convertirse en la primera opción de proveeduría de las compañías ex-tranjeras. Es una situación en la que todos pueden ga-nar ya que, para estas últimas, las ventajas económicas provienen de la reducción de los costos operativos y de logística que se pueden derivar de la proximidad a los proveedores y la asistencia técnica local. La clave del éxito de estas políticas residirá, pues, en que sean flexi-bles y sujetas a revisión periódica, de manera que no se aparten de sus objetivos y sean razonables y positivas para el sector en su conjunto.

search and development and promote the creation of a highly skilled workforce in this sector, facilitating part-nerships between local and foreign companies.

The growing domestic petroleum industry in Mexi-co must endeavor to become the number one supply choice for foreign companies. This is a situation where everyone can win. For foreign companies, economic benefits derive from reduction in operational and logis-tics costs that arise from close proximity to suppliers and local technical assistance. The key to the success of these policies will depend on whether they are flexible and subject to periodic review in such a manner that they do not deviate from their intent and that they are reasonable and positive for the sector as a whole.



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A partir del decreto de reformas constitucionales en materia energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013, el artí-culo 25 de la Constitución mexicana establece que, bajo criterios de sustentabilidad, se sujetará a las empresas al uso de los recursos productivos en beneficio general, cuidando su conservación y el medio ambiente. Además se señala que la ley implementará una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya ver-tientes sectoriales y regionales.

Por su parte, el artículo décimo séptimo transitorio del mismo decreto contiene el mandato para el Con-greso de la Unión de realizar las adecuaciones al marco jurídico para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos del sector energético, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en la eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, baja generación de residuos y emi-siones, así como la menor huella de carbono en dichos procesos. En materia de electricidad, se determinó que la ley establecería a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y de reduc-ción de emisiones contaminantes. Para esto, el órgano reformador de la Constitución dio al Congreso un plazo de 365 días naturales a partir de la entrada en vigor del propio decreto de reformas.

Catorce meses después de la reforma constitucional, el Poder Legislativo federal ha cumplido de manera parcial e incompleta con estas exigencias. Dentro del conjunto de leyes reglamentarias que se publicaron en el DOF el 11 de agosto de 2014 se encuentra la Ley de la Industria Eléctrica que, para la diversificación de fuentes, la se-guridad energética y la promoción de energías limpias, contiene la regulación de las obligaciones respectivas a cargo de los suministradores y los grandes usuarios fi-nales de electricidad, que serán acreditadas a través de

As a result of the decree of constitutional reforms in the energy sector was published in the Official Journal of the Federation (Diario Oficial de la Federación, “DOF”) on December 20th, 2013, Article 25 of the Mexican Constitution establishes that, under criteria of sustain-ability, companies shall be subject to the use of pro-ductive resources for the general benefit, ensuring its conservation and the protection of the environment. It is also determined that the law must implement a national policy for sustainable industrial development that includes sectorial and regional aspects.

Also, the 17th Transitory Article of that decree contains the mandate for Mexico’s Federal Congress to amend the legal framework to establish the bases on which the State will ensure the protection and care of the environ-ment in all the processes of the energy sector, through the incorporation of criteria and best practices in the efficient deployment of energy and natural resources, the decrease in the generation of greenhouse gases and precursors, low generation of waste and emissions, as well as the lowest carbon footprint in those processes. In the electricity field, it was determined that the law would establish obligations regarding clean energy and reduction of polluting emissions to the participants of the electricity industry. The constitutional amending body gave Congress 365 calendar days from the date the reforms came into effect to implement these policies.

Fourteen months after the constitutional reform, the Federal Legislative branch has partially and incompletely fulfilled these requirements. Within the set of regula-tory laws that were published in the DOF on August 11th, 2014, the Electricity Industry Law provided for the diversification of sources, energy security, and the pro-motion of clean energy, containing regulations govern-ing the respective obligations of electricity suppliers and large end users, which will be credited through the use of certificates. Other new laws clearly linked with this man-date in fact arise from other specific transitory articles:

SOBRE EL “PAQUETE VERDE”ON THE “GREEN ACT”

José María Lujambio José María Lujambio

ARTICULOS



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certificados. Otras nuevas leyes claramente vinculadas con el mandato que nos ocupa en realidad se despren-den de otros artículos transitorios específicos:

a) Del décimo octavo, la Ley de Energía Geotérmi-ca, que establece reglas para el aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo para la genera-ción eléctrica u otros fines, bajo un régimen espe-cial de permisos y concesiones que atiende a las peculiaridades de ese recurso, y

b) Del décimo noveno, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que crea a dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-NAT) con el objeto de proteger a las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos, a través de la regulación y super-visión de la seguridad industrial y operativa, el desmantelamiento y abandono de instalaciones, y el control integral de residuos y emisiones conta-minantes.

Por otro lado, el 31 de octubre de 2014 el DOF publicó los reglamentos de las nuevas leyes energéticas, y en el paquete se incluyeron el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones, y reformas a diversos reglamentos vigen-tes por lo que hace a emisiones contaminantes, gestión integral de residuos y evaluación del impacto ambiental, entre otros.

Si bien todas estas normas suponen avances significati-vos, durante los pasados meses ha existido la expectati-va de que se aprobaría un “paquete verde” de medidas legislativas que dieran cabal cumplimiento a las dispo-siciones constitucionales. A diferencia del resto de los contenidos de la reforma constitucional, el Presidente de la República no presentó ninguna iniciativa al res-pecto, a pesar de que servidores públicos federales lo anunciaban en diversos foros. Esto constituye una señal preocupante. No es un secreto que en el gobierno fe-deral se considera que, si las energías renovables van a aumentar el costo de la energía eléctrica, su promoción es contraria al objetivo de la reforma eléctrica. El plan-teamiento pugna con el discurso público que el gobier-no ha utilizado para argumentar a favor de la reforma y además parte de premisas equivocadas: es obvio que no todas las energías limpias presentan los mismos costos y algunas ya son claramente competitivas frente a fuen-tes fósiles, y la reestructuración del sector eléctrico no

a) From the 18th Article, the Geothermal Energy Law, which establishes the rules for the use of subsoil thermal energy for electricity generation or other purposes, under a special regime of per-mits and concessions that considers the special characteristics of this resource, and

b) From the 19th Article, the Law of the National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection in the Hydrocarbons Sector, which creates this agency of the Department of the Environment and Natural Resources (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “SEMAR-NAT”) with the purpose of protecting the peo-ple, the environment and the facilities in the hydrocarbons sector, through the regulation and monitoring of industrial and operational safety, the dismantling and abandonment of facilities, and the comprehensive control of waste and pol-luting emissions.

On the other hand, on October 31st, 2014 the DOF pub-lished the presidential rules of the new energy laws, and the package included the Rules of the General Law of Climate Change for the National Register of Emissions, and reforms to various current regulations on polluting emissions, waste management, and environmental im-pact assessment, among others.

While all these standards represent significant progress, during the past few months there has been an expecta-tion that Congress would pass a "Green Act" to pro-vide full compliance with the constitutional provisions. Unlike the rest of the contents of the constitutional reform, Mexico’s President did not submit any initia-tive in this regard, despite the fact that federal officials were announcing such in various forums. This is a wor-risome sign. It is no secret that the federal government believes that renewable energy will increase the cost of electricity so its promotion is contrary to the purpose of the energy reform. This approach conflicts with the public discourse that the government has used to argue in favor of the reform, and is based on erroneous prem-ises: it is clear that not all clean energy sources have the same costs, and some are already clearly competitive with fossil fuels, and the restructuring of the electricity sector should not be construed by itself to decrease the cost for end users.

For sure, public policy should find a way to efficiently internalize the environmental costs imposed by the use of fossil fuels, especially in power generation. Clean



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tendría qué implicar por sí misma la disminución de los costos para los usuarios finales.

En definitiva, la política pública tendría que hacerse car-go de encontrar la manera de internalizar de la manera más eficiente los costos que impone al medio ambiente la utilización de combustibles fósiles, sobre todo en la generación eléctrica. Las obligaciones de energías lim-pias son un buen primer paso en este sentido pero pare-ce que hace falta algo más. Prueba de ello es la avalancha de solicitudes de permisos de generación eléctrica con fuentes renovables que recibió la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por parte de desarrolladores que pre-fieren conservar los beneficios regulatorios del régimen anterior, sustentado en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), así como la sensa-ción de incertidumbre ante el futuro que se percibe en la industria de las energías renovables. Hay que decir, en todo caso, que esta incertidumbre será mitigada cuan-do el próximo mes de marzo la Secretaría de Energía (SENER) establezca el porcentaje de suministro y con-sumo limpio que será obligatorio para el primer año de instrumentación del nuevo esquema (2018).

¿Qué más hace falta para cumplir con los preceptos constitucionales? Al menos lo siguiente:

1. La instrumentación efectiva de obligaciones de reducción de emisiones contaminantes, cuyo cumplimiento también pueda acreditarse a tra-vés de certificados. Originalmente, la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal contenía algunas disposiciones en este sentido pero fueron eliminadas en el pro-ceso legislativo. Sin duda, la instrumentación de un incentivo de esta naturaleza es harto complica-da y su carácter transversal impacta a numerosas actividades económicas más allá de la industria eléctrica. Pero no es una tarea imposible. Como lección, valdría la pena echar un vistazo a los pro-gramas estadounidenses de fijación de topes de emisiones acompañados de mecanismos de mer-cado para garantizar su cumplimiento.

2. Mejores normas en materia de eficiencia energéti-

ca. México ya cuenta desde 2008 con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), cuyo eje principal son obligaciones de in-formación a ser transparentada frente a la Comi-sión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y frente al público. ¿Por qué no pensar además en

energy obligations are a first step in the right direc-tion, but it appears that something is missing. Proof of this is the flood of applications for renewable genera-tion permits that the Energy Regulatory Commission (Comisión Reguladora de Energía, “CRE”) received from developers who prefer to retain the benefits of the pre-vious regulatory regime, based on the Law for Deploy-ment of Renewable Energy and Financing the Energy Transition (“LAERFTE” for its acronym in Spanish), as well as the feeling of uncertainty about the future that is perceived in the Mexican renewable energy industry. It must be said, however, that this uncertainty will be mitigated next month when the Department of Energy (Secretaría de Energía, “SENER”) establishes the percent-age of supply and clean consumption that will be man-datory in the first year of implementation of the new scheme (2018).

What else is needed to comply with the constitutional provisions? At minimum, the following:

1. The effective implementation of obligations for the reduction of polluting emissions, whose compliance can also be proven through the use of certificates. Originally, the initiative of the Electricity Industry Law presented by the Fed-eral Executive contained some provisions in this regard but they were eliminated in the legislative process. Undoubtedly, the implementation of an incentive of this nature is very complicated, and its cross-sectional character impacts numerous economic activities beyond the electricity indus-try. But it is not an impossible task. As a lesson, it would be worthwhile to take a look at U.S. pro-grams for setting emissions ceilings accompanied by market mechanisms to guarantee compliance.

2. Better energy efficiency standards. Since 2008, Mexico has had a Law for the Sustainable De-ployment of Energy (“LASE” for its acronym in Spanish), whose main purpose is creating obliga-tions of transparent information before the Na-tional Commission for the Efficient Use of En-ergy and the public. Why not think about stricter standards of efficiency in highly energy-intensive activities, whose non-compliance could be sanc-tioned? Similarly, the experience of the federal regulation of the United States would be an inter-esting guide for national legislation.

In the absence of a presidential initiative on these mat-ters, the National Action Party (Partido Acción Nacional,



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estándares estrictos de eficiencia en actividades con una gran intensidad energética, cuyo incum-plimiento sea sancionable? Igualmente, la expe-riencia de la regulación federal en los Estados Uni-dos sería una guía interesante para la legislación nacional.

Ante la ausencia de una iniciativa del Ejecutivo Federal sobre estos temas, el Partido Acción Nacional (PAN) adoptó la bandera verde de la reforma energética. Des-de principios de mayo de 2014 se conoció un proyecto ambicioso que fue apoyado técnicamente por el Centro Mario Molina y la organización Climate Works. Sin em-bargo, finalmente este instrumento no se incluyó en el paquete de leyes energéticas que entraron en vigor el pasado agosto. Luego, el 21 de octubre de 2014, diversos legisladores del PAN presentaron la iniciativa de Ley de Transición Energética (LTE) en la Cámara de Diputa-dos, la cual fue enviada a estudio de las Comisiones Uni-das de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Natu-rales hasta el 27 de noviembre, y luego dictaminada de manera apresurada para finalmente ser aprobada por el Pleno de la Cámara el 15 de diciembre, día en que con-cluyó el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. La minuta apenas pasó al Senado de la República para continuar el proceso legislativo. Así, el Congreso de la Unión está en falta desde hace más de un mes.

El esfuerzo que supone la minuta es loable. Quizá su mayor virtud es que ordena a la SENER establecer una participación mínima de energías limpias en la gene-ración eléctrica de 25% en 2018, 30% en 2021, 35% en 2024 (meta ya contenida en la Ley General de Cambio Climático), 45% en 2036 y 60% en 2050. La gran duda es si se trata de objetivos realistas dado el contexto actual. En todo caso, el documento presenta deficiencias que los senadores tendrían que corregir. Así, por ejemplo:

• El objeto de la ley, incluido en su artículo 2, es con-fuso y reiterativo e incluso más amplio que lo que en realidad regula la LTE. En efecto, en el proyecto no se detalla la manera en que las externalidades serán incorporadas a los costos de operación y expansión de la industria eléctrica, lo que en principio corres-pondería a la CRE con el apoyo técnico de otras de-pendencias. Y se habla de reducción de emisiones contaminantes pero el cuerpo de la ley no incluye propiamente las obligaciones que ordena el transi-torio constitucional.

• El énfasis de la LTE se encuentra en instrumentos

programáticos que deberán incluir contenidos plau-

“PAN”) took the green cause to heart in the energy re-form. Since early May 2014, an ambitious project came to light, which was technically supported by the Mario Molina Center and the organization Climate Works. Nevertheless, this instrument was not included in the package of energy laws that came into effect last Au-gust. Later, on October 21st, 2014, various PAN legis-lators presented the initiative of an Energy Transition Law (“LTE” for its acronym in Spanish) to the Chamber of Deputies, which waited until November 27th, when it was sent for analysis by the Joint Committees of En-ergy and Environment and Natural Resources, and then handed down in haste to be finally approved by the full House on December 15th, the day which concluded the regular session of Congress. The bill was sent to the Senate to continue the legislative process. Thus, the Federal Congress has been delaying this matter for two months.

The effort behind the bill is commendable. Perhaps its greatest virtue is that it directs the SENER to establish a minimum participation of clean energy in power gen-eration of 25% in 2018, 30% in 2021, 35% in 2024 (tar-get already contained in the General Law of Climate Change), 45% in 2036 and 60% in 2050. The larger question is whether this is a realistic objective given the current situation. In any case, the document has deficiencies that senators should correct. For example:

• The purpose of the law, included in its Article 2, is not only confusing and repetitive but also more ex-tensive than what the LTE really intends to regu-late. Indeed, the project does not detail the manner in which externalities will be incorporated into the costs of operation and expansion of the electricity industry, which in principle would be the charge of the CRE with technical support from other agen-cies. Also, it mentions the reduction of polluting emissions, but the body of the law does not include the actual obligations ordered by the constitutional transitory article.

• The emphasis of the LTE is found in programmatic tools that will include plausible contents, but with insufficient normative weight, as well as the support for financing activities aimed at energy sustainabil-ity, which will always depend on the uncertain allo-cation of resources in the federal budget.

• The LAERFTE is repealed because that law made sense under the organization of the electricity in-dustry established by the previous legal framework.



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sibles pero con un peso normativo insuficiente, así como en apoyos para el financiamiento de activida-des orientadas a la sustentabilidad energética que siempre dependerán de la incierta dotación de re-cursos en el presupuesto federal.

• Se abroga la LAERFTE, ordenamiento que tenía sentido bajo la organización de la industria eléctrica configurada por la también abrogada Ley del Servi-cio Público de Energía Eléctrica. Sin embargo, no se dota de manera decidida a la CRE de suficientes atribuciones específicas para promover la genera-ción eléctrica limpia con los instrumentos regulato-rios a su alcance.

• Se abroga la LASE rescatando la mayor parte de sus actuales contenidos y avanzando sobre todo en es-quemas de participación voluntaria en la eficiencia energética pero, lamentablemente, no en regulacio-nes que castiguen directamente la ineficiencia.

• Se deja a la SEMARNAT el establecimiento de lí-mites a las emisiones por tecnología de generación eléctrica, obligaciones que deberían preverse a nivel legislativo junto a las correspondientes sanciones y, preferentemente, acompañadas de mecanismos de mercado que incentiven su cumplimiento.

© www.nuevamineria.com/revista/proyectos-ernc-en-el-sing-suman-mas-de-6-000-mw/

Nevertheless, the LTE does not confer the CRE with enough specific authority to promote clean power generation with its available regulatory in-struments.

• The LASE is also repealed, picking up most of its current content and progressing especially in schemes of voluntary participation in energy ef-ficiency but, unfortunately, not in regulations that directly sanction inefficiency.

• The SEMARNAT would establish limits on emis-sions by different electricity generation technolo-gies, but those obligations should be established at the statutory level, together with the corresponding sanctions and, preferably, accompanied by market mechanisms that encourage compliance.

• The legislative drafting deserves a deep review since one can observe some confusion between energy and environmental concepts, and a redun-dancy of normative contents within the law and regarding other laws. Also, there should be more clarity on the functions of each of the agencies and entities involved (for example: there would be four bodies entrusted to promote clean distrib-uted generation in accordance with Article 10, and the SENER would exercise their powers “through” the CRE according to Article 14, section XXIV).



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• La técnica legislativa amerita una revisión profunda pues se observan algunas confusiones entre concep-tos energéticos y ambientales; existe una redundan-cia de contenidos normativos en el propio ordena-miento y en relación con otras leyes; además de que podría haber mayor claridad sobre las atribuciones de cada una de las dependencias y entidades involu-cradas (sólo como muestras: habría cuatro órganos encargados de promover la generación limpia distri-buida conforme al artículo 10, y la SENER ejercería facultades “a través” de la CRE según el artículo 14, fracción XXIV).

Esperamos entonces que el Senado de la República tome en serio su papel de colegisladora y al final de esta historia México cuente con una legislación de avanzada, acorde con los compromisos que el Estado mexicano habrá de asumir en la histórica Conferencia de las Par-tes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se celebrará en París a finales de 2015.

We hope that the Senate takes seriously its role as leg-islator and, at the end of this story, Mexico will have an innovative law, in line with the commitments that the Mexican government will take in the historic Confer-ence of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change, which will be held in Paris at the end of 2015.

Sources of information and disclaimer: The following sources of information, among others, have been used for preparing this document: Official Journal of

the Federation, Chamber of Deputies’ Parliamentary Gazette, and website of the Department of Energy. Mexican Energy Law does not constitute legal or any kind of advice, and should not be used for purposes other than as purely informative

for the general public. For more information on Mexican Energy Law or any of the issues mentioned therein, or to inquire about legal services, please contact any of

the attorneys that form the energy practice at CCN: http://ccn-law.com/en/practice-areas/energy.

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Fuentes de información y aviso legal: En la preparación de este documento se han utilizado, entre otras, las siguientes fuentes de información: Diario Oficial de la Federación, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y portal de Internet de la Secretaría de Energía. Mexican Energy Law no constituye asesoría jurídica ni de ninguna otra índole, y no debe utilizarse

para fines distintos a los meramente informativos al público en general. Para más información sobre Mexican Energy Law o los temas tratados en éste, o consulta

sobre nuestros servicios jurídicos, favor de ponerse en contacto con cualquiera de los abogados que integran la práctica energética de CCN, cuyos datos

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