ddhh y clase media

ANTES DE QUE ANOCHEZCA. DERECHOS HUMANOSY CLASES MEDIAS EN ARGENTINA ANTES Y EN LOSINICIOS DEL GOLPE DE ESTADO DE 1976Before sunset. Human rights and middle classes in Argentina beforeand at the beginning of the 1976 coup dtat

Sebastin CARASSAIIndiana University (Estados Unidos) [email protected]

BIBLID [1130-2887 (2010) 54, 69-96]Fecha de recepcin: octubre del 2008Fecha de aceptacin y versin final: enero del 2010

RESUMEN: En este trabajo se analiza el tema de los derechos humanos en Argentina antesy durante el comienzo del golpe de Estado de 1976 (1970-1977). Se argumenta que la inexistenciade una conciencia social sobre tales derechos en la primera mitad de la dcada y el temprano yextendido consenso en torno a lo que ms tarde se llamar teora de los dos demonios son doselementos fundamentales a la hora de explicar la actitud de las clases medias no radicalizadaspolticamente ante el surgimiento del discurso de los derechos humanos en Argentina.

Palabras clave: derechos humanos, dictadura, clases medias, teora de los dos demonios, dcadade 1970.

ABSTRACT: This study explores the issue of human rights in Argentina in the period beforeand at the beginning of the 1976 coup dtat (1970-1977). It claims that the absence of a socialconscience about human rights in the first part of the decade and the early and huge consensusabout what later would be called the two demons theory are two essential elements to explainthe attitude of the middle classes not involved in political struggle toward the emergence of a humanrights discourse in Argentina.

Key words: human rights, dictatorship, middle classes, two demons theory, seventies.

Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 54, 2010, pp. 69-96

I. INTRODUCCIN1

Desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983, las organizaciones de dere-chos humanos en Argentina han ganado consenso social y paulatina aceptacin enamplios sectores sociales. El reconocimiento a las tareas que estos organismos han lle-vado a cabo en los ltimos treinta aos, entre las que se destaca la recuperacin porparte de sus abuelas de noventa nietos secuestrados o nacidos en cautiverio, ha tras-cendido las fronteras de afuera hacia adentro. En efecto, el respeto del que estos orga-nismos gozaron desde un comienzo en Europa y otras partes del mundo es hoy tambinun hecho local. Por tanto, quizs sea ste un momento histrico propicio para revisarel surgimiento del discurso sobre los derechos humanos en Argentina, una vez que hadejado de ser necesario resaltar tanto la denuncia de los crmenes y la necesidad deque sus responsables sean juzgados como la valenta de quienes, bajo el imperio de ladictadura militar (1976-1983), reclamaron que la verdad saliera a la luz. En este traba-jo se indaga la importancia que los derechos humanos tenan en la sociedad argentinade mediados de la dcada de 1970, analizando tanto la formacin, el discurso y las pri-meras acciones de las organizaciones de derechos humanos, como la recepcin de estatemtica por parte de las clases medias no radicalizadas polticamente2.

El anlisis de fuentes inexploradas hasta ahora como la correspondencia entre losorganismos de derechos humanos y el gobierno militar, las entrevistas realizadas amiembros representativos de esos organismos, el estudio de algunos consumos cultu-rales propios de las clases medias (peridicos y revistas) y varias encuestas de opininy entrevistas realizadas en la dcada de 1970 han permitido constatar a la vez la inexis-tencia de una conciencia social sobre los derechos humanos y un fuerte consenso, en

SEBASTIN CARASSAIANTES DE QUE ANOCHEZCA. DERECHOS HUMANOS Y CLASES MEDIAS

EN ARGENTINA ANTES Y EN LOS INICIOS DEL GOLPE DE ESTADO DE 197670


1. Este artculo forma parte de la tesis doctoral del autor, The Silent Majority. Politics andMemory: The Middle Classes in Argentina (1969-1982), que cuenta con el apoyo del Colegio de Artesy Ciencias (COAS), del Centro de Estudios Latinoamericanos (CLACS) y del Departamento de Historiade la Universidad de Indiana. Una versin abreviada de este artculo fue presentada en el panelArchaeologies of Human Rights en el Congreso Rethinking Inequalities, organizado por la LatinAmerican Studies Association, Ro de Janeiro, Brasil, 11-14 de junio de 2009. El autor desea agrade-cer la colaboracin de Laura Smit y Mara Sol Alato en la bsqueda de material para esta investiga-cin. Asimismo, agradece los comentarios de los evaluadores annimos de Amrica Latina Hoy, Revistade Ciencias Sociales.

2. Integran estas clases medias no radicalizadas polticamente todos aquellos miembros de lossectores medios de la sociedad (profesionales, empleados administrativos, pequeos comerciantes,pequeos empresarios y cuentapropistas) que no tuvieron una activa militancia poltica en la dcadade 1970. Estn incluidos, por lo tanto, no slo quienes se definan como apolticos o manifestaban pocapreocupacin por cuestiones polticas, sino tambin quienes, aun teniendo inters por la poltica, nomilitaron activamente en ninguna agrupacin o partido durante esa dcada. Cabe resaltar que la inves-tigacin general en el marco de la cual este artculo ha sido producido constituye un estudio de lasclases medias no militantes en la poca de la radicalizacin poltica y su posterior represin (1969-1982).Aun cuando no se aclare en el texto, cada vez que se haga mencin a los sectores medios o a las cla-ses medias debe entenderse que dichos trminos excluyen a los militantes de estas clases activamentecomprometidos en la lucha poltica de entonces (miembros de organizaciones polticas as como dearmadas).

cambio, en torno a lo que ms tarde se llamar teora de los dos demonios que des-cribe la lucha poltica de la dcada de 1970 como el enfrentamiento entre dos terro-rismos. Esta teora, habitualmente asociada a la restitucin democrtica de 1983, yaestaba fuertemente presente en la primera mitad de la dcada de 1970, y de ella parti-ciparon amplios y muy diferentes sectores de la sociedad poltica y civil, inclusive losprimeros organismos de derechos humanos (que luego devinieron sus principales detrac-tores). Las dos constataciones mencionadas resultan indispensables para comprendertanto la aceptacin por parte de los sectores medios del discurso oficial con el quela dictadura reaccion a las denuncias internacionales por violaciones a los derechoshumanos, como la resistencia que enfrentaron las organizaciones identificadas con sudefensa.

Excepto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movi-miento Ecumnico por los Derechos Humanos (MEDH), el resto de los organismos oasociaciones actualmente considerados de derechos humanos no naci bajo esa impron-ta. Tres organismos fueron en su origen una inevitable consecuencia de la desespera-cin. Movidos por la incertidumbre acerca del paradero de sus seres queridos, algunosfamiliares comenzaron espontneamente a reunirse dando nacimiento a la Comisin deFamiliares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Polticas (en septiembre de 1976),a Madres de Plaza de Mayo (en abril de 1977) y a Abuelas Argentinas con NietitosDesaparecidos (en noviembre de 1977)3. Otras dos organizaciones que actualmente seconsideran de derechos humanos, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la Liga Argentinapor los Derechos del Hombre (LADH), aun habiendo cumplido un papel importante enla resistencia a la represin militar, no comenzaron identificndose con su explcita defen-sa. El SERPAJ, fundado en Colombia en 1974, naci como una organizacin latinoame-ricana inspirada en el Evangelio y destinada a promover transformaciones socialespacficas. La LADH, de inspiracin comunista y ligada a ese partido, naci en 1937 conel objetivo de defender a sus presos polticos y sindicales. Finalmente, los organismoscreados desde finales de la dcada de 1970 en adelante, como el Centro de EstudiosLegales y Sociales (CELS) un desprendimiento de la APDH no son considerados en estetrabajo porque pertenecen ms bien a la historia que a la protohistoria de los derechoshumanos en Argentina.

En este sentido, la violacin cotidiana de estos derechos no comenz con el Procesode Reorganizacin Nacional iniciado en marzo de 1976. Crecientemente, desde finales dela dcada de 1960, la violencia poltica se fue instalando como una va extendidamen-te utilizada para dirimir posicionamientos polticos. Un chiste del humorista Quino ilus-tr esta situacin justamente el ao en el que se cumpla el vigsimo aniversario de ladeclaracin de los derechos humanos, ao que, por otra parte, haba sido declaradopor la Asamblea General de las Naciones Unidas el Ao internacional de los DerechosHumanos evento que pas desapercibido en Argentina y del que slo unos pocosmedios grficos se hicieron tibiamente eco. Quino retrataba a un escritor europeo del




3. A partir de 1980, esta organizacin pasar a denominarse simplemente Abuelas de Plaza deMayo.

siglo XVII en su gabinete de trabajo, con una vela alumbrando la escritura de su pluma,y el lector se enteraba de quin se trataba luego de leer la leyenda al pie del dibujo:

Enorme casualidad: la Declaracin Universal de Derechos Humanos fue aprobada en 1948por la Organizacin de Naciones Unidas (ONU) en Pars, la misma ciudad en la que casitres siglos antes Charles Perrault escribiera Caperucita Roja y otros cuentos tambin paranios (Quino, 1968).

Aun no haba terminado la dcada de 1960 y los derechos humanos en Argentina,tan pobremente presentes en la agenda poltica y la opinin pblica, eran vistos desdeel humor de Quino como otro cuento para nios.

El fin del gobierno militar de la Revolucin Argentina (1966-1973) y el retornoal orden constitucional por primera vez en dieciocho aos sin la proscripcin delperonismo pareci augurar el comienzo de un cambio de tendencia en el proceso deradicalizacin poltica. En efecto, el regreso del general Pern al poder a travs deltriunfo electoral de su candidato a presidente y delegado personal Hctor Cmpora,el 25 de mayo de 1973, pareci colocar en estado de latencia el creciente enfrenta-miento armado entre los grupos guerrilleros y las Fuerzas Armadas y de seguridad4.Sin embargo, la definitiva llegada de Pern al pas el 20 de junio y su posterior des-embarco en el gobierno el 12 de octubre, previa renuncia de Cmpora, aceleraron ladebacle. Prudencio Garca estima en aproximadamente mil las muertes y desapari-ciones ejecutadas por la fuerza paramilitar creada por el gobierno peronista en 1973,llamada Triple A (Alianza Antiterrorista Argentina), a lo que deben sumarse cien-tos de muertes perpetradas por la guerrilla, tambin antes del golpe5. Estos hechos




4. El gobierno de Cmpora llam a las organizaciones guerrilleras a una tregua, la cual fue sloparcialmente aceptada. La guerrilla no peronista ms importante, el Ejrcito Revolucionario del Pueblo(ERP), rechaz la convocatoria oficial. No dar tregua al enemigo, escribi el ERP en un comunicadotitulado Respuesta al presidente Cmpora. El ERP interpretaba que aceptar la tregua propuesta cons-titua un error puesto que significaba darle tiempo al enemigo a que se rearme y lance su contrao-fensiva. La lucha social y las organizaciones armadas estaban en una espiral ascendente. Detener eseproceso, pensaba el ERP, en aras de la unidad nacional proclamada por el gobierno, era como ence-rrar en una misma pieza al lobo y las ovejas recomendndoles a ambos mantener buena conducta(ERP, 2004: 111). El regreso de Pern al pas seal el fin de la tregua dentro del movimiento pero-nista. En un acontecimiento que pronto comenz a ser conocido como la masacre de Ezeiza, dere-cha e izquierda peronistas se enfrentaron dejando un saldo de ms de una decena de muertos ycentenares de heridos.

5. Pueden consultarse estas cifras en P. GARCA (1995: 58-65, para la Triple A, y 53-58, para laguerrilla). La investigacin de este autor resulta uno de los trabajos que ms seriamente consideranla delicada cuestin de las muertes y desapariciones en la dcada de 1970. El autor discute otras inves-tigaciones que proponen cifras diferentes a las suyas y fundamenta con documentacin y razonamientosverosmiles sus propias estimaciones. Establecer cuntas muertes pertenecen al perodo democrtico(1973-1976) y cuntas al perodo dictatorial (1976-1983) resulta fcil para el caso de la Triple A yaque, salvo alguna excepcin poco fundada, la gran mayora de los analistas coincide en que esta orga-nizacin actu casi ntegramente bajo el gobierno peronista. En cambio, resulta ms difcil establecer

ocupaban buena parte de los diarios nacionales y de las revistas de mayor circula-cin. Tambin tenan frecuente presencia en los noticieros radiales y televisivos. Sinembargo, la cuestin de los derechos humanos, la idea misma de la existencia de dere-chos invulnerables independientemente de la clase social a la que se perteneciera ola ideologa que se profesara, permaneci completamente ausente del debate pbli-co nacional y de las preocupaciones tanto de la sociedad civil como de los protago-nistas de la lucha poltica.

II. EL CLIMA DE GUERRA Y EL NACIMIENTO DE LOS PRIMEROS ORGANISMOS: LA APDHY EL MEDH

A mediados de 1975, a un ao de la muerte de Pern, el gobierno legal de su mujerhaba perdido toda legitimidad. Al caos social desatado por el drstico ajuste de pre-cios y tarifas que desemboc en una inflacin del 400% hecho que pas a la historiacomo rodrigazo, por ser Celestino Rodrigo el ministro de Economa se sum la sen-sacin cada vez ms extendida de que Argentina iba rumbo a una guerra civil abiertay desenfrenada, si es que ya no se encontraba en medio de ella. El director de La Opinin(el diario de la clase media ilustrada y progresista de entonces), Jacobo Timerman, escri-bi en dicho peridico al comenzar diciembre de 1975 una nota titulada La guerrade los argentinos en la que, mediante el recurso retrico de afirmar que los argenti-nos, como pueblo, no estaban en guerra, no slo conceda que la situacin fuese ya deguerra entre facciones de extrema izquierda y de extrema derecha, sino que a su vezimpela al gobierno a convocar a toda la sociedad a una guerra sin cuartel contra losbandos enfrentados. A pesar de las pomposas declamaciones de algunos funcionarios,escribi Timerman:

el pas, la Argentina, no est en guerra, no ejerce la guerra. Las batallas y los brbarosasesinatos que hoy ensangrentan el territorio y llenan de espanto a sus habitantes, tie-nen slo tres participantes: el Ejrcito, los delincuentes subversivos de izquierda, los




cuntas muertes produjo la guerrilla en uno y otro perodo (en total, para toda la dcada, PrudencioGarca afirma que la guerrilla perpetr 687 asesinatos). Un informe de la APDH que reproduce datospublicados por el peridico La Nacin el 8 de mayo de 1980, en el que se estima en 790 los muertosatribuidos a la guerrilla durante el perodo 1969-1979, indica que ms de la mitad tuvo lugar antesde 1976. La lista publicada por La Nacin suma errneamente un centenar de muertes al accionarguerrillero, ya que le atribuye asesinatos que se debieron al accionar de la Triple A y de las fuerzaslegales. Sin embargo, la periodizacin establecida por la APDH resulta verosmil (APDH, 1988: 30). Lacantidad de muertos por ao atribuidos al accionar guerrillero que se establece en dicho informe esla siguiente: 1969 = 1; 1970 = 4; 1971 = 24; 1972 = 26; 1973 = 49; 1974 = 120; 1975 = 179; 1976 =293; 1977 = 70; 1978 = 18; y 1979 = 7. Lamentablemente, no se cuenta con una desagregacin quepermita establecer cuntos de los 293 asesinatos de 1976 son anteriores al 24 de marzo, da del gol-pe militar. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la mayora de las bajas que produjo laguerrilla corresponden al perodo 1969-1976.

delincuentes subversivos de derecha. Si el pas no est an en guerra, es porque no fueconvocado. Los argentinos quieren la guerra contra los dos terrorismos, y saben que pue-den ganarla. Pero a una guerra se es conducido por las Fuerzas Armadas, despus de serconvocado por el Gobierno. Cuando el pueblo principal interesado en derrotar a losdos extremismos asesinos sea convocado a la guerra, y conducido en la guerra por sunatural conductor las Fuerzas Armadas, recin entonces se podr ganar esa guerra. Sise quiere transformar esta guerra en algo particular o algo partidario, se perder. Si se laconvierte en la guerra de todos los argentinos por la supervivencia de la vida civilizadaen la Repblica, se ganar. Del retardo en la convocatoria no es culpable el pueblo. Perose asombrarn las Fuerzas Armadas cuando comprueben la magnitud de la voluntad civilde combatir por el destino de la Nacin, precisamente junto a las Fuerzas Armadas(Timerman, 1975).

Si puede o no hablarse de guerra (revolucionaria o antisubversiva), para caracteri-zar los enfrentamientos armados de la dcada de 1970, ha sido una larga y a menudopolitizada discusin en Argentina despus de la dictadura. Los mismos actores fueronvariando su parecer en funcin de las estrategias adoptadas frente a la justicia. En losaos del terrorismo de Estado, los informes oficiales preferan hablar de bandas dedelincuentes subversivos, enfatizando la superioridad militar con la que contaban lasfuerzas estatales para reducirlas. Al enfrentar los juicios, los defensores de los coman-dantes no perdieron oportunidad de subrayar que los militares, en el contexto de unaguerra no convencional, haban enfrentado ejrcitos poderosos con capacidad cierta detomar el poder6. Al revs, los miembros de las organizaciones armadas, que durante ladcada de 1970 abusaron de una retrica blica y de la caracterizacin de sus luchasen trminos de guerra, abandonaron ese discurso y dicha caracterizacin, una vez quefue posible llevar ante la justicia a los principales responsables de la maquinaria de muer-te montada desde el Estado.

Durante la dcada de 1980 e inicios de la dcada de 1990, fue relativamente comnescuchar a personas de muy diferentes convicciones polticas caracterizar el enfrenta-miento de la dcada de 1970 como una guerra, trmino al que muchas veces se suma-ba el calificativo de sucia, indicando su carcter a la vez no convencional y feroz.Hoy quizs llame la atencin que en el ya citado informe Las cifras de la guerra suciauna investigacin a cargo de Graciela Fernndez Meijide y prologada por HoracioVerbitsky la APDH afirmara en 1988 que existe una discusin por darse seriamenteen Argentina, sobre si hubo o no una guerra, si sta debe ser o no calificada... (APDH,1988: 20). El hecho de que los autores de ese informe, claramente identificados conla lucha por los derechos humanos, se hayan propuesto un anlisis que no pretendezanjar ninguno de los trminos de dicha discusin indica hasta qu punto, an en laspostrimeras del gobierno de Ral Alfonsn, la discusin mencionada tena vigencia.Hoy, sin embargo, ha quedado ya prcticamente fuera de todo debate que aspire aser verosmil el hecho de que, acontecido el golpe, justamente unos meses despus




6. Para completar lo dicho a este respecto, vase tambin la siguiente nota al pie.

de enormes fracasos militares de la guerrilla, lo que sobrevino fue lisa y llanamenteuna cacera7. El comandante del III Cuerpo del Ejrcito, general Luciano BenjamnMenndez, as lo reconoci cinco meses despus de haberse producido el golpe, al afir-mar que la situacin en la lucha antisubversiva era anloga a la de los combatientesdespus de una batalla, en donde el que pierde, huye, como en el caso del extremis-mo, y el que triunfa, persigue. Nosotros somos los que perseguimos (La Opinin,1976). As, el Estado devino l mismo terrorista sin necesidad de recurrir a fuerzas ile-gales como la Triple A.

Sin embargo, esto no quita realidad a que hacia finales de 1975 muchos actorespolticos pensaban y en algunos casos actuaban como si se tratara de algo no muy




7. En octubre de 1975, Montoneros fracas en una de sus operaciones militares ms osadas, elcopamiento del Regimiento 29 de Infantera de Monte, ubicado en la provincia de Formosa, perdiendoa casi la mitad de los afectados al operativo y demostrando claramente sus limitaciones organizativas.Hacia finales de 1975, el ERP perdi ms de medio centenar de sus hombres en el frustrado intento decopar, en Monte Chingolo, el arsenal 601 Viejo Bueno a juicio de G. PLIS-STERENBERG (2006) lamayor batalla de la guerrilla argentina. Estas derrotas, al mismo tiempo que exhiban la inferioridadmilitar de la guerrilla respecto del ejrcito que combatan, menoscababan la moral del resto de los com-batientes y simpatizantes, cuyo futuro dejaba de advertirse en el triunfo de la revolucin y comenza-ba a sospecharse en la muerte o la desaparicin. Al comenzar 1976, la guerrilla haba dejado de ser unproblema militar para pasar a constituirse en un problema solucionable dentro de los lmites del accio-nar policial. Ya en un temprano trabajo, A. GILLY consideraba este punto definitivamente cerrado, alafirmar que en vsperas del golpe militar, a comienzos de 1976, esas organizaciones (se refiere al ERPy a Montoneros) estaban prcticamente desmanteladas: como muchos observadores imparciales sos-tienen, planteaban al Estado un problema estrictamente policial, no militar (A. GILLY, 1984: 203).La amenaza militar que podan representar estas organizaciones hacia 1976 fue luego amplificada porlos defensores de los miembros de las Fuerzas Armadas para justificar el grado de represin al que sehabran visto obligados a recurrir. Sin embargo, en enero de 1976, el teniente general J. R. Videla futu-ro jefe de la primera Junta Militar que tomar el poder el 24 de marzo comunicaba oficialmente queel ataque al arsenal 601 y el consiguiente rechazo del intento demuestra la impotencia absoluta de lasorganizaciones terroristas respecto a su presunto poder militar, a lo que se agrega su nula captacinde voluntades populares. La derrota del oponente revel graves falencias organizativas y operativas,que muestran escasa capacidad combativa, y s gran peligrosidad en la delincuencia mayor, es decir,el secuestro, el asesinato, el robo, el atentado, la destruccin de la propiedad. El episodio de MonteChingolo indica la incapacidad de los grupos subversivos para trascender al plano militar. Su activi-dad se relega al ejercicio del terror, obvia evidencia de su debilidad (CLARN, 1976). En un mismosentido se pronunci unos meses despus el general Luciano Benjamn Menndez, al sealar que tan-to ERP como Montoneros pueden producir algunos atentados con bombas o asesinatos a sangre fra,que pueden parecer espectaculares, pero que no significa de ninguna manera un triunfo militar (LAOPININ, 1976). Es cierto que tambin pueden encontrarse declaraciones de las autoridades argenti-nas de entonces, especialmente en el exterior, en las que se extiende hasta principios de 1978 la ame-naza militar que representaba la guerrilla. Hacia finales de diciembre de 1977, por ejemplo, es habitualencontrar en la prensa declaraciones del presidente Videla o de sus ministros en las que aun afirmanque en el pas se est en guerra, o que la lucha armada contra las organizaciones del terrorismo estllegando a su fin (es decir, no ha terminado an). Esta extensin en el tiempo de la amenaza guerri-llera respondi a una estrategia del gobierno militar para contrarrestar las denuncias por violacionesa los derechos humanos que se hacan en su contra.

diferente a una guerra, latente o efectiva. Las fuentes disponibles, incluyendo la granmayora de los testimonios orales de los sobrevivientes de aquellos aos, alcanzan paraafirmar que el clima pre-golpe de Estado (al menos, desde la muerte de Pern en juliode 1974 en adelante) fue vivido por los protagonistas de la lucha y traducido por bue-na parte de la prensa como de guerra. Ello no fue del todo ajeno a los partidos pol-ticos, las agrupaciones estudiantiles y a una porcin considerable de la sociedad civil.Las batallas eran prcticamente diarias: copamientos, atentados, secuestros, desapa-riciones, allanamientos, enfrentamientos, crmenes polticos8. La disposicin a moriry a matar era inequvoca, y en las consignas emblemticas de las organizaciones arma-das (Pern o muerte, A vencer o morir, Patria o muerte, Libres o muertos,jams esclavos) no era difcil advertir cierto culto a la muerte y a morir en combate.

Las armas estaban no slo en la calle sino tambin en el Parlamento. La propia pre-sidencia de la Cmara de Diputados reparta armas a sus partidarios. Las sesiones par-lamentarias transcurran observadas por bandas de matones armados. Un diputadonacional, Hctor Sandler a quien haban dinamitado su estudio de abogaca, lleg adormir en el Congreso por temor a ser muerto si sala de l. Algunos partidos oposi-tores planearon exigir la renuncia de la presidenta Isabel Pern, lo que implicaba enlos hechos, y debido a una ley de acefalia sancionada a esos efectos, ceder el poder atalo Luder, un poltico leal a la autoridad militar. En el diagnstico de buena parte delos polticos, la situacin de anomia social reinante era consecuencia de la prdida delmonopolio de la fuerza por parte del Estado y su recuperacin no poda realizarse sinal menos la colaboracin protagnica de las Fuerzas Armadas.

Este clima generalizado de violencia poltica y caos social fue el que movi a algu-nos diputados, polticos y dirigentes sociales a formar la APDH, el 18 de diciembre de1975, an en democracia9. Los reclamos por gente desaparecida ya haban llegado a laprensa ese mismo diciembre, a travs de solicitudes firmadas por personalidades comoErnesto Sbato, Mara Elena Walsh y Florentina Gmez Miranda. Sin embargo, qui-zs haya sido el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) el que ms claramente hizo cono-cer al mundo que en Argentina se violaban sistemticamente los derechos humanos10.En su quinta asamblea realizada en Nairobi, Kenia, el CMI aprob el 8 de diciembrede 1975 la inclusin de Argentina, Brasil y Chile en un informe sobre violacin de




8. En febrero de 1975, mediante el Decreto 261, el Poder Ejecutivo orden neutralizar y/oaniquilar el accionar de los elementos subversivos que actan en la Provincia de Tucumn, en cuyosmontes estaba operando el ERP. En octubre del mismo ao, mediante el Decreto 2772, esa orden, des-pojada ya de la idea de neutralizar, se extendi a toda la nacin. El Poder Ejecutivo resolvi ani-quilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del pas. Con esto el gobiernonacional no haca ms que legalizar una ambicin compartida por el ya desaparecido Pern, que el 21de enero de 1974 haba declarado en un discurso que aniquilar cuanto antes a ese terrorismo crimi-nal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana (L. DE RIZ,1981: 68).

9. La APDH se constituir formalmente en Asociacin Civil el da 16 de septiembre de 1976.10. El CMI agrupaba para ese entonces las iglesias ortodoxa, luterana, reformista, bautista, meto-

dista y algunas pentecostales.

derechos humanos. En el informe se acusa al gobierno argentino por detenciones arbi-trarias, reclusiones sin juicio previo, negativa a conceder hbeas corpus, tortura e inti-midacin11. A ese informe se lleg gracias a la participacin de los pastores argentinosenviados a Nairobi, entre quienes estaba Arturo Blatezky. Hacia finales de 1975 l tomcontacto con los refugiados chilenos en las iglesias y hogares protestantes de Argentinay conoci de primera mano los testimonios sobre las torturas y los fusilamientos delrgimen de Pinochet12.

En febrero de 1976, las filiales locales de las iglesias agrupadas en el CMI formaronel Movimiento Ecumnico por los Derechos Humanos (MEDH)13. La APDH y el MEDHfueron cobrando creciente importancia. La primera reuni a personalidades muy cono-cidas, como Alicia Moreau de Justo su primera presidenta, el futuro presidente dela Nacin, Ral Alfonsn, el escritor Ernesto Sbato, el obispo Jaime de Nevares y elfuturo premio Nobel de la paz, Adolfo Prez Esquivel. El segundo, menos resonanteen sus nombres, realiz una importante labor especialmente al interior de las Iglesiasque lo integraban, abriendo en poco tiempo regionales en varias ciudades como Men-doza, Rosario, Crdoba, Baha Blanca y Neuqun.

III. LOS ORGANISMOS DE AFECTADOS: FAMILIARES, MADRES Y ABUELAS

Las organizaciones de afectados, todas surgidas con posterioridad al golpe, no habla-ban de derechos humanos ni pensaban en esos trminos. Uno de los primeros miem-bros de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Polticas, Hilda deVelazco, frente a la pregunta y ustedes, en esa poca, qu concepcin o conocimientotenan de los derechos humanos? respondi: Ninguno. No, porque en ese tiempo nose hablaba de derechos humanos. se es un trmino que surgi despus (De Velazco,2008)14. Chicha Chorobik de Mariani (2008), la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo,coment que las organizaciones de derechos humanos aparecen para m despus que




11. Ver Acusa a la Argentina el Consejo Mundial de Iglesias, Peridico La Opinin, 9 de diciem-bre de 1975.

12. De todos modos, como ha sido dicho, distintas violaciones a los derechos humanos yatenan una extensa historia en Argentina. Hacia 1967, por ejemplo, la utilizacin de la tortura comomtodo para extraer informacin de los presos polticos era algo tan conocido que en la famosahistorieta Mafalda la protagonista de la tira vea hombres trabajando en una calle, taladrando ygolpeando con martillo y pala el asfalto y para sorpresa de los operarios preguntaba: Qu estntratando de hacerle confesar a esta pobre calle? (QUINO, 2007: 250).

13. El MEDH naci el 27 de febrero de 1976, un mes antes del golpe de Estado. En un principiofue formado por diferentes voluntades cristianas, sin la proteccin de ninguna Iglesia. Fue el 9 de juliode ese mismo ao que varias Iglesias protestantes asumieron este movimiento como propio, dando cier-to encuadre y proteccin institucional a sus miembros.

14. En esta misma entrevista, el secretario de Familiares indic al autor: Si te pons a pensar,el nico derecho humano por el que nosotros luchbamos era el de la vida. Entonces, a m tampocome queda claro porque nosotros somos un organismo de derechos humanos (Buenos Aires, marzode 2008).

fundamos Abuelas [en noviembre de 1977]. Ah recin las empiezo a conocer. BuscaritaRoa, madre y abuela de desaparecidos, realiz un juicio an ms categrico:

Yo de derechos humanos no tena la menor idea [] Los derechos humanos empezarona surgir mucho despus del golpe de Estado. Ah empezaron los derechos humanos asurgir [] Yo creo que lo de los derechos humanos fue pasando unos dos o tres aosdespus de haber sido constituidas las Abuelas (Roa, 2008).

Las tres organizaciones Familiares, Madres y Abuelas comenzaron con reunio-nes espontneas de gente que, sin conocerse, se entera que padece la misma situacine intenta realizar acciones conjuntas o ayudarse en las individuales. Sus primeras tareasconsistieron en tomar testimonios de las desapariciones, entrenarse en el arte de rea-lizar hbeas corpus, congregarse en tribunales de a decenas para que la gente que losviera preguntara por qu estaban all, escribir cartas desde el Papa para abajo (DeVelazco, 2008)15 y, ms adelante, organizar las colectas para publicar solicitadas en losdiarios con las listas de detenidos-desaparecidos16. De a poco, siempre custodiados yamenazados por el poder estatal, se organizaron y manifestaron como pudieron, movi-lizados por la desesperacin de no saber nada sobre sus seres queridos. Nunca nosconsideramos un organismo de derechos humanos, explica la fundadora de Abuelasrefirindose a los comienzos, ramos las abuelas que buscbamos a nuestros nietos ya nuestros hijos. Y utilizbamos toda la ciencia y todo lo que encontrbamos por todoslos lados para trabajar en eso (Chorobik, 2008). Indudablemente, sus reclamos eranen s mismos una reivindicacin del derecho a la vida. Sin embargo, lo que interesa subra-yar para los fines de este trabajo es que la cuestin de los derechos humanos era esca-samente relevante en la primera mitad de la dcada de 1970. No slo la sociedad engeneral, sino los propios afectados por el terror estatal, guardaban poca o nula fami-liaridad tanto con la letra como con el espritu de la Declaracin Universal de 1948.Fue entonces cuando la desaparicin de personas se convirti en pieza central del engra-naje represivo estatal y, fundamentalmente, cuando ello trascendi internacionalmen-te que los derechos humanos comenzaron a cobrar alguna relevancia, por lo dems,como se ver, fuertemente resistida por amplios sectores de la sociedad.

En casi todos los casos, los familiares que terminaron agrupndose en las res-pectivas organizaciones de afectados comenzaron la bsqueda de sus seres queridos enforma individual, recorriendo tribunales; juzgados de menores; iglesias; dependenciaspoliciales y militares; autoridades municipales, provinciales y nacionales; y hasta casascunas y hospitales. Quienes se enteraban de la existencia de la APDH, el MEDH o la LADHtambin acudan a ellas, y muchos se conocieron en estos organismos. De hecho,




15. Estas cartas fueron dirigidas primero a Pablo VI y luego tambin a Juan Pablo II.16. La primera solicitada con una nmina de detenidos-desaparecidos data de septiembre de 1977,

en el Peridico La Prensa. La mayora de las solicitadas llev por ttulo Slo pedimos la verdad. Ver,por ejemplo, la de fin de ao de 1977, Por una Navidad en paz, slo pedimos la verdad, en La Nacin,10 de diciembre de 1977.

Familiares funcion durante largo tiempo en un espacio cedido por la LADH. Sin embar-go, tampoco estos organismos contaban con informacin acerca del paradero de losdetenidos-desaparecidos y fue varios meses despus de producido el golpe que la mayo-ra de los afectados comenz a tener noticia de que, muy probablemente, sus familia-res estuvieran en centros clandestinos de detencin. Paradjicamente, mucha de estainformacin provena del exterior; les llegaba de afuera o la conocan cuando ellos mis-mos viajaban y se encontraban con exiliados que les contaban lo que estaba sucedien-do en la Escuela de Mecnica de la Armada y en otros centros similares. La prensainternacional y la actitud tomada por gobiernos y personalidades del mundo culturaly poltico del exterior fueron determinantes para que las organizaciones de afectadosse asumieran finalmente como de derechos humanos. Segn Prez Gallart, vicepresi-denta de la APDH, tambin fue en el extranjero que a comienzos de 1979 los exiliadosargentinos en Europa instalaron el nmero de 30.000 detenidos-desaparecidos, algoque luego se convirti no slo en smbolo de la ferocidad del terror estatal sino tam-bin en un indicador de las posiciones polticas de los ciudadanos comunes17.

IV. EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SUS INICIOS: LA APDH Y EL MEDH

El cuestionamiento ms comn que habitualmente se hizo a los organismos de dere-chos humanos consisti en atribuirles parcialidad o miopa en la defensa de los mis-mos. La acusacin sigui siempre la misma lgica, si bien menos ahora que antes. Conexpresiones tales como la media memoria, los derechos humanos de los subversi-vos, los derechos humanos para un solo lado, entre otros, se trat de deslegitimarsu lucha echando un manto de sospecha revanchista sobre el mvil de sus denuncias.El anlisis de los primeros documentos de las dos organizaciones que nacieron iden-tificadas con la defensa de los derechos humanos permite aseverar que, al menos ensus inicios, no slo la condena a la violencia poltica fue imparcial y absoluta, sino tam-bin que, de algn modo seguramente no deseado, estos organismos contribuyeron a




17. La Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas (CONADEP) constat en 1984 algomenos de 9.000 casos de detenciones-desapariciones. Aun cuando la propia comisin dej constanciade que el nmero real seguramente superaba los casos por ella denunciados, el nmero de 30.000 quefinalmente se impuso no se apoya sobre documentos ni denuncias concretas. Las propias organiza-ciones de derechos humanos son conscientes de que 30.000 es un nmero que se impuso, un nme-ro de fantasa, un nmero que se invent (S. PREZ GALLART, 2008). Sin embargo, an hoy no refrendaresa cifra pblicamente en Argentina, incluso en foros acadmicos, genera suspicacias. Cuando el regre-so de la democracia, un modo habitual de conocer qu posicin se tena sobre los aos de violencia yterror que se dejaban atrs era la pregunta: para vos, cuntos desaparecidos hubo?. Decir 30.000implicaba estar en contra de los militares; decir cualquier otra cifra inferior, estar a favor de ellos.De algn modo, de lo que se trataba era de mesurar la dimensin de la tragedia: decir 30.000 signifi-caba afirmar que lo sucedido tuvo las caractersticas de un horror inimaginable e implicaba una posi-cin moral de condena a los verdugos. Transcurridos ya tantos aos, persistir en esa posicin puedecolaborar a ensombrecer la verdad histrica, cuya bsqueda anim el inicio de los reclamos por losderechos humanos en Argentina.

consolidar lo que en el regreso de la democracia se conocer como teora de los dosdemonios.

La primera declaracin de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,de la que se hicieron eco algunos peridicos nacionales18, dice en su punto III:

El terrorismo indiscriminado amenaza a todos, a cualquiera, en cualquier lugar o momen-to, en nombre de la desesperacin o del clculo, de cierta causa o de cierta fuerza. Seafianza como hecho cotidiano. Pretende condicin de razn y de derecho. Se erige enconvocatoria y en excusa para ms terrorismo, ms represin, ms violacin del derechoa la vida, a la libertad y a la seguridad individuales (APDH, 1975).

La expresin genrica terrorismo indiscriminado abarcaba tanto las acciones vio-lentas de extrema izquierda como de extrema derecha y esto se explicita en los docu-mentos de la APDH mediante la aclaracin de cualquier signo o de todo signo luegode mencionar la palabra terrorismo.

La preocupacin por la violencia cotidiana inst a los miembros de la APDH a hablare intentar persuadir al gobierno militar, por todos los medios, sobre la necesidad defrenar todo terrorismo. Pocos das despus de sucedido el golpe, la APDH inform alpresidente Videla sobre una reunin mantenida con el general Dalatea.

Durante el cambio de ideas, los miembros de la APDH, en coincidencia con el Gral. Dalatea,hicieron mencin a la necesidad de una clara posicin por parte del Gobierno y de lasFuerzas Armadas ante todo lo que sea terrorismo de cualquier signo (APDH, 1976a, nfa-sis del autor).

En agosto repetirn el mismo diagnstico en otra carta dirigida al presidente dela Nacin; la sociedad aparece aqu como permanentemente amenazada por la vio-lencia terrorista de distintos signos (APDH, 1976b, nfasis del autor)19. El voca-bulario para exigir al gobierno el cese del terror, de cualquier signo, es claramentems leve que el utilizado por los decretos del gobierno peronista; sin embargo, nodeja de llamar la atencin por su severidad. Al hacer conocer estas denuncias, dicenen la primera carta enviada a Videla, deseamos expresar nuestro ferviente deseo deque se eliminen todos los focos [de terrorismo] que de cualquier signo existenen nuestra patria (APDH, 1976a, nfasis del autor). Los nombres que integraban laAPDH impiden realizar una lectura equvoca del verbo eliminar. Resulta evidente quela Asamblea exige que esa eliminacin se haga por vas legales y garantizando el debi-do proceso a quienes se hallaran inculpados. Sin embargo, que la primera organiza-cin de derechos humanos fundada en el pas pida al gobierno militar, en uno de susprimeros documentos, que elimine los terrorismos de todo signo es un indicador




18. Ver La Razn, 6 de enero de 1976 y La Nacin, 28 de marzo de 1976.19. Esta carta se public en agosto de 1976 (APDH, 1976c) y fue muy importante porque recin

a partir de ella la APDH comenz a tomar notoriedad pblica.

tanto de la radicalizacin del lenguaje, como de la sensacin generalizada de hasto dela violencia existente al promediar la dcada.

La APDH, aun en los confusos primeros das del gobierno militar, era conscientede que la dictadura persegua fundamentalmente a militantes de izquierda y quizsporque an no poda imaginarse al propio Estado secuestrando, asesinando y des-apareciendo gente pareci suponer que segua operando la Triple A o alguna otraorganizacin paramilitar de derecha. El reclamo que se reitera en sus primeros docu-mentos es que haya una persecucin ecunime contra ambos terrorismos. En la car-ta-informe a Videla del 29 de marzo de 1976 se lee: Los miembros de la Asamblea,participantes, indicaron que el terrorismo llamado de izquierda o ultra izquierda eracombatido pero no pasaba lo mismo con el terrorismo de derecha (APDH, 1976a).Queda, sin embargo, suficientemente claro que la condena era a toda violencia.Cuando mencionaban a las vctimas del terror escriban: trabajadores, estudiantes,empresarios, sacerdotes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, hombresy mujeres sencillos de nuestro pueblo (APDH, 1976b). Los miembros de las FuerzasArmadas y de seguridad vctimas del terrorismo no lo eran del de derecha sinodel de izquierda.

No muy distinto fue el espritu que anim las primeras declaraciones del MovimientoEcumnico por los Derechos Humanos. A raz del asesinato de los padres Jos Tedeschiy Francisco Soares, los cristianos que llamaron a la conformacin de este movimientose preguntaban un mes antes del golpe de Estado: Se llegar, en esta escalada a poneren peligro la vida de otros pastores y hasta la de los propios obispos que van elevandosu voz contra la violencia en todas sus formas? (Blatezky, 2002: 13, nfasis del autor).Una vez constituido el MEDH, la voluntad de levantar la voz contra toda violencia comointrnsecamente deshumanizante se volvi cada vez ms ntida. En su primer documento,este movimiento realiz el siguiente diagnstico de la situacin inmediatamente ante-rior al golpe:

Vivimos en una poca en que la violencia inquieta profundamente [] Nos preocupahondamente que las convicciones polticas y sociales traten de imponerse al conjunto pormedios tan deshumanizantes (Blatezky, 2002: 15).

De este modo, el documento condenaba la violencia de las organizaciones guerri-lleras. Seguidamente, alertaba sobre la violencia que se le opona: Nos preocupa asmismo la violencia de la represin (Blatezky, 2002: 15). La severa y decidida conde-na del MEDH a toda violencia se fundaba en el Evangelio que, a juicio de los firmantes,abre a la realidad del amor [] siendo sus mtodos de lucha la no-violencia activa(Blatezky, 2002: 15). El camino del MEDH era el de Gandhi, no el de Santucho.

A partir de julio de 1976, las Iglesias protestantes brindaron su proteccin y mar-co al movimiento ecumnico iniciado por algunos cristianos unos meses antes. Ms ins-titucionalizados, stos profundizaron y extendieron la misma prdica que anim suconvocatoria de febrero. Asumieron la defensa de los derechos humanos, a los que juz-gaban por encima de cualquier tipo de connotacin ideolgica, poltica, econmica,




social o creencia religiosa. Explcitamente condenaron la violencia de toda ndole, sinimportar la ideologa que la justificara. Desde hace ya un tiempo penosamente largo,declar el MEDH al promediar el ao, la poblacin argentina ha experimentado de asom-bro en asombro, una avalancha de crmenes y todo tipo de violencia, sin que nada ninadie pareciera poder ponerle trmino (Blatezky, 2002: 20). Al igual que en los docu-mentos de la APDH, la mencin de la violencia o del terrorismo siempre es acompaa-da por las expresiones de todo tipo o de diverso signo. Los primeros documentosdel MEDH hablan de la avalancha de crmenes y atentados, de diverso signo, que afec-tan prcticamente a todos los sectores de la vida nacional (Blatezky, 2002: 16), as comodel peligro que constituyen:

las falsas opciones, ya sea de derecha como de izquierda, que pretenden ofrecer falsassoluciones a los cristianos y especialmente a los jvenes en determinadas circunstanciasy que fundamentalmente son sutiles intentos para dividir a la iglesia y reproducen exhor-taciones que hablan del dramtico momento que vive el pas y la Iglesia, signado porlas ms variadas formas de violencia (MEDH, 1976, nfasis del autor).

Basta de crmenes! Ni una muerte ms entre argentinos! (Blatezky, 2002: 20)fue la exclamacin inequvoca que suscribieron quienes se congregaron en torno a estemovimiento. Puede no sorprender que siendo cristianos quienes integraban este movi-miento, se llamara a la paz y se condenara a la violencia en todas sus formas. Sin embar-go, no pocos sacerdotes y militantes cristianos haban tomado hace ya varios aos elcamino de las armas o de su justificacin, siguiendo el ejemplo del sacerdote colom-biano Camilo Torres. El discurso del MEDH, especialmente el expresado en sus infor-mes cuyo destino era principalmente las parroquias de las diversas Iglesias que lointegraban era pacifista y tena por objeto apelar al fundamento cristiano de quieneshaban optado por la violencia. El MEDH (1976) dice en su primer editorial La vidaes un sagrado don de Dios que nada ni nadie puede tener razn alguna de aniquilar,haciendo eco del llamado del papa Pablo VI si quieres la PAZ, defiende la VIDA. stetambin fue difundido en los documentos del movimiento con las palabras paz y vidaen maysculas.

Dicho discurso fue acompaado en ambas organizaciones por una prctica com-prometida en la defensa de los derechos humanos y la denuncia concreta de sus vio-laciones por parte del Estado. Sin embargo, tambin se pronunciaron con nombre yapellido en contra de algunos atentados perpetrados por la guerrilla. El 12 de mayode 1977, a propsito del ataque sufrido por el ministro de Relaciones Exteriores, viceal-mirante Csar Augusto Guzzetti, el MEDH escribi a Videla indicando que dicho orga-nismo ve en este acto una vctima ms de la violencia que nos envuelve y que desdehace tiempo est privndonos del fundamental derecho a la vida (MEDH, 1977: 33).Unos das despus, la APDH dirigi su propia carta condenando el ataque. Siendo lanorma de la APDH no manifestarse ante cada uno de los casos de la escalada terroris-ta que se suceden casi sin interrupcin, escribi la Asamblea a Videla, en esta opor-tunidad nuestra entidad considera que es su deber hacer or su posicin y expresar su




pesar ante el hecho (APDH, 1977a)20. Indudablemente, las dimensiones y alcances dela tragedia vivida por los familiares de detenidos-desaparecidos obligaron a ambos orga-nismos a ocuparse exclusivamente de esos casos. El trabajo jurdico (presentacin dehbeas corpus, defensa de los presos y de sus familiares, tramitacin de permisos parasalir del pas) y la enorme empresa de documentacin y archivo que llevaron adelan-te (un insumo clave para la futura CONADEP y para el enjuiciamiento a las juntas mili-tares), fueron acompaados en muchas ocasiones por apoyo econmico, moral ypsicolgico a las vctimas y sus familiares21.

Este compromiso tard en obtener un reconocimiento social amplio y durante lar-go tiempo fue severamente cuestionado por amplios sectores de la sociedad, especial-mente por las clases medias que no participaron activamente en la radicalizacin polticade la primera mitad de la dcada (cuyos posicionamientos y manifestaciones se anali-zarn en la prxima seccin). El pastor Arturo Blatezky, uno de los fundadores del MEDH,narra de este modo la resistencia que tuvieron en sus propias comunidades para insta-lar la necesidad de una militancia a favor del respeto por los derechos humanos:

Si en la Iglesia catlica el problema fue que haba muy pocos obispos comprometidos endefensa de los derechos humanos y haba muchos obispos que fueron cmplices, en lasIglesias protestantes, que venimos de la impronta de la Ilustracin, fue al revs: todaslas conducciones de nuestras Iglesias se comprometieron de entrada en el tema de losderechos humanos, en el MEDH o en la APDH; las Iglesias de la Reforma, todas: meto-distas, luteranos, reformados, valdenses, discpulos de Cristo, todas. Nuestro problemajustamente era la clase media. En ese momento ramos comunidades de clase media []y la clase media es no me jodas (Blatezky, 2008).

V. LAS CLASES MEDIAS, LA PRENSA Y EL DISCURSO OFICIAL

Uno de los aspectos menos estudiados de la dcada de 1970 y, a la vez, ms suje-to a inculpaciones genricas, corresponde al papel de la sociedad civil en general y delas clases medias en particular. Poco se ha hecho en el camino concreto de investigar




20. En sus comunicaciones con el gobierno militar, la APDH sola dejar sentada su posicin impar-cial de condena a la violencia. Esta Institucin, escribieron al gobierno un ao despus, desde sufundacin, el 18 de diciembre de 1975, ha manifestado reiteradamente su repudio a todo tipo de terro-rismo y se ha consagrado a la defensa de los derechos humanos, sin distinciones de ninguna naturale-za (APDH, 1978). En otra carta anterior a Videla, en diciembre de 1976, al haber finalizado sus Jornadaspor los Derechos Humanos, la APDH reproduca una editorial del peridico Adelante, de noviembrede ese ao, en el que se deca: Si la guerrilla lo hace [haciendo referencia a violar los derechos huma-nos] y lo hace que cargue con esa responsabilidad ante el pas y el mundo (APDH, 1976d). Esta car-ta fue muy importante porque a partir de ella la APDH comenz a tomar notoriedad pblica.

21. Puede citarse, a modo de ejemplo singular, la campaa Por un hijo ms realizada por elMEDH, que consisti en ofrecer a las familias de sus comunidades cristianas apadrinar algn hijo depadres desaparecidos.

no slo la actitud o el pensamiento de estos sectores, sino tambin las condiciones bajolas cuales aqullos debieron tener lugar. Ello se intentar analizar en esta seccin, enlo que refiere a la recepcin, por parte de los sectores medios, de la naciente cuestinde los derechos humanos.

No puede entenderse la actitud que asumieron amplios sectores de las clases mediasno movilizadas polticamente si no se atiende el efecto que en ellas produjo el procesode creciente radicalizacin poltica que tuvo lugar en la primera mitad de la dcada de1970: las manifestaciones violentas; los copamientos de instalaciones militares; las tomasde fbricas, edificios pblicos y privados; los secuestros; los atentados y los crmenespolticos. A mediados de 1972, una investigacin realizada por IPSA pregunt a los argen-tinos cules eran los hechos sociales que ms les haban llamado la atencin en losltimos das. El 75% mencion asesinatos, asaltos y acciones de la guerrilla; slo un12% se refiri a los problemas habitualmente considerados sociales como la vivien-da, la universidad, entre otros (Revista Gente, 1972)22. La investigacin verific tam-bin, en comparacin con estudios anteriores, un endurecimiento en las posiciones dela opinin pblica respecto a la cuestin de la violencia, ya que ms de un 30% exi-ga penas mximas o de muerte para los responsables de las acciones guerrilleras; un23%, ms moderado, apoyaba las acciones de la dictadura de Lanusse al respecto opeda encontrar a los culpables y condenarlos de acuerdo a la ley23.

Segn otra encuesta de ese mismo ao, el primer tema que preocupaba a los argen-tinos era el costo de vida, el segundo el de los deportes y el tercero, la poltica nacio-nal (Revista Gente, 1974a). Un ao despus, en 1973, el costo de vida pas a un segundolugar, el retorno de Pern encabez las preocupaciones y apareci un tercer tema: lossecuestros y la violencia. Para 1974, ao del mundial de ftbol en Alemania, el ftbolascendi a primer lugar, la violencia y el problema interno del peronismo al segundo yel costo de vida al tercero. Estos datos demuestran que la preocupacin en torno al pro-blema de la violencia poltica no hizo ms que crecer en la primera mitad de la dca-da de 1970.

En octubre de 1974, la presidenta Isabel Pern convoc a una multisectorial de laque participaban todos los partidos polticos, los empresarios y los gremios, para tra-tar el tema de la violencia. Gente, la revista de mayor circulacin de aquellos aos(lleg a vender medio milln de ejemplares semanales), se pregunt qu qued de esareunin y en su respuesta incluy cien testimonios que coincidan en una sola voz: Noa la violencia (Revista Gente1974b). Entre muchos otros, all se incluan declaracio-nes de polticos, como Horacio Thedy y Amrico Ghioldi; de conductores de televi-sin como Mirtha Legrand; de actores como Guillermo Bredeston y Graciela Borges;de intelectuales como Flix Luna; de humoristas como Landr; de escritores como JorgeLuis Borges; de periodistas como Bernardo Neustadt y de modelos como SusanaGimnez y Jorge Martnez. Un ao despus, hacia finales de 1975, Miguel Tejada Valle,




22. El asesinato de Sallustro fue mencionado por el 34% de los entrevistados, el del generalSnchez por el 28% y la ola de asaltos y terrorismo por el 13%. Un 13% no contest la pregunta.

23. Un 25% no contest.

un simple lector, preguntaba a la guerrilla: Qu quieren colocando bombas en lasplazas y matando nios inocentes? [] Qu ganan emboscando y matando policasy militares? Es que todava no se dieron cuenta de que son minora? (Revista Gente,1975). Este malestar social en torno al problema de la violencia poltica que, por otraparte, hacia 1975 la opinin pblica vinculaba fundamentalmente con la accin gue-rrillera, en menor medida con las Tres A, y muy escasamente con las fuerzas legalesfue una pieza central en la estrategia de legitimacin que desarroll la dictadura y expli-ca, en buena medida, por qu an hoy buena parte de la clase media recuerda que,en su momento, el golpe fue recibido con alivio24.

Una investigacin sobre la vida cotidiana de las clases medias argentinas realizadapor Guillermo ODonnell durante los primeros aos despus del golpe (aunque publi-cada ya largamente avanzada la democracia) constat que casi invariablemente los entre-vistados coincidan, por un lado, en que nada poda ser peor que el caos del perodoprevio, de modo que el orden que el rgimen ofreca [] era mejor que el caos ante-rior y, por el otro, en que la tarea de los argentinos era la de trabajar duro y evitarque regrese aquella poca de caos, violencia e incertidumbre insoportables, en la quela demagogia irresponsable del gobierno que el golpe haba venido a reemplazarhaba abierto las puertas a la subversin (ODonnell, 1997: 154-155). Dentro de laspreocupaciones de los entrevistados abundaban las de ndole econmica y, en cambio,estaba ausente la referencia a los derechos humanos25.

La prensa en general aun la ms sofisticada en trminos intelectuales y profe-sionales no acompa los primeros meses del golpe de un modo extremadamente di-smil al de los entrevistados en dicha investigacin. La prestigiosa revista de anlisispoltico Confirmado finaliz el ao 1976 afirmando que la opinin pblica en gene-ral advierte que en este aspecto de la vida nacional [se refiere al econmico], al mar-gen del de la seguridad, por supuesto, es en el que con mayor coherencia se ha




24. En efecto, la mayora de las doscientas personas que el autor entrevist para su investiga-cin sobre las clases medias no radicalizadas polticamente de la cual este artculo representa un pri-mer resultado recuerda la llegada del golpe como un evento, por un lado, anunciado, previsible oinevitable y, por el otro, como una promesa de orden, de tranquilidad y de fin de la violencia. Aunquela memoria que las clases medias guardan de aquellos aos no sea el tema de este artculo, no deja deser un dato importante que, ms de treinta aos despus del golpe, aun cuando casi la totalidadde mis entrevistados condena hoy la barbarie de la represin, muchos respondan a la pregunta culfue su primera sensacin cuando se dio el golpe, qu fue lo primero que pens? diciendo cosas talescomo que se acaba la violencia, que llegaba el orden o que ya no se poda seguir as. Algunos(los menos) recuerdan que lo vivieron con esperanza, pero, en cualquier caso, la enorme mayoracomparte que la primera reaccin fue de alivio.

25. Las preocupaciones de ndole econmica estaban plenamente justificadas. El ya menciona-do rodrigazo haba golpeado fuertemente a la clase media disminuyendo drsticamente su poderadquisitivo y sus efectos no dejaran de ser visibles por un largo tiempo. Al respecto, un reconocidoeconomista escribi: El 4 de junio de 1975 figurar, seguramente, en el libro negro de la clase mediacomo el comienzo del holocausto. Ese da, el Ministro de Economa de la Nacin, ingeniero CelestinoRodrigo, descarg el golpe ms formidable a su supervivencia de cuantos registra su laboriosa histo-ria de cinco dcadas (M. DIAMENT, 1975).

actuado (Confirmado, 1976). Tal como el director del Buenos Aires Herald de aque-llos aos reconoci, casi toda la poblacin incluidos los periodistas vio en el golpeuna salvacin (Ulanovsky, 2005: 76). De algn modo, el deseo de orden que se fue acre-centando durante casi todo el gobierno peronista encontr en la dictadura militar unarespuesta eficaz, y amplios sectores de la sociedad civil y poltica reconocieron en elnuevo gobierno la firmeza y capacidad necesarias para garantizarlo. Pero an ms queel orden, importaba la seguridad fsica, la cual muchos juzgaban mltiplemente ame-nazada. Todas las voces amigas flotan envueltas en lamento, escribi Toms EloyMartnez en su regreso al pas en 1975, en un informe especial titulado El miedo delos Argentinos.

No he odo sino frases abatidas. Nadie sabe hacia dnde el pas navegar maana, a qutabla de salvacin encomendarse, en qu rincn de la noche recuperar la fe que se haperdido durante el da. Y, lo que es ms grave: casi todos quieren partir, no en busca deprosperidad sino de seguridad (Martnez, 1975).

Y ms adelante agregaba: Nadie en Buenos Aires, Crdoba o Tucumn (y msque nadie, los inocentes) tena la certeza de amanecer vivo al otro da. Las balas per-didas rayaban a todas horas el aire de la Nacin (Martnez, 1975). La inseguridad, segnMartnez, no era un sentimiento circunscripto a unos pocos sino que se extenda a todala sociedad, especialmente a los inocentes, y a toda hora del da.

El prisma a partir del cual fueron ledas las cuestiones en torno a los derechos huma-nos supuso la misma concepcin que ms tarde recibir el nombre de teora de losdos demonios. El recuerdo tan ntido y an nada lejos en el tiempo de la violenciapoltica impactando en la vida cotidiana de las personas tuvo un peso significativo enla forma en que buena parte de la sociedad comenz a familiarizarse con la problem-tica de los derechos humanos que, como tema en s mismo, ingres a la opinin pbli-ca concomitantemente con las denuncias internacionales conocidas en la segunda mitadde 1976. Cabe recordar que todava en la sexta asamblea que la Organizacin de EstadosAmericanos (OEA) realiz en Santiago de Chile a comienzos de junio de ese ao, loscasos que ms preocupaban eran los de Chile y Cuba26. Cuando las denuncias, espe-cialmente las del resto del mundo, cayeron concretamente sobre el gobierno argenti-no, buena parte de la sociedad reaccion recordndole a quienes denunciaban o hacaneco de esas denuncias que, en un contexto de dos violencias enfrentadas, la preocupa-cin por la violacin de los derechos humanos no poda recaer exclusivamente sobreuna de ellas. Este razonamiento era la aplicacin a una materia nueva los derechoshumanos de uno anterior, ampliamente compartido, que llamaba a no olvidar los ase-sinatos perpetrados por la guerrilla. Todava en la desfalleciente democracia del gobier-no de Isabel Pern, Toms Eloy Martnez sealaba que:




26. Ver La OEA encara el debate sobre los derechos humanos en el hemisferio, en La Opinin,9 de junio de 1976.

la mala memoria es una epidemia frecuente entre los argentinos, pero ahora est a la vis-ta que esta forma de olvido unilateral que reserva la amnesia para ciertas vctimas, cons-tituye un agravio a las otras vctimas y hasta un encumbramiento de los otros asesinos:los del director del diario El Da de La Plata, David Kraiselburd; del ex ministro delInterior, Arturo Mor Roig; del capitn Viola y su pequea hijita; de los policas y oficia-les de las Fuerzas Armadas ultimados a mansalva. Es el olvido de lo que ocurri ayer mis-mo, de lo que an hoy est ocurriendo (Martnez, 1975).

Estas afirmaciones no provenan de ningn sector con simpatas hacia el gobiernoo las Fuerzas Armadas, sino de un periodista que en mayo de 1975 haba debido aban-donar el pas amenazado por la Triple A y un ao antes haba publicado La pasin segnTrelew, libro en el que relat el fusilamiento en 1972 de diecisis guerrilleros prisione-ros del rgimen militar de Lanusse y cuya tercera edicin, cada Isabel Pern, fue inci-nerada por el III Cuerpo del Ejrcito en Crdoba.

La campaa presidencial de 1976 en los Estados Unidos (pas cuya imagen se habavisto seriamente enlodada a raz de la guerra de Vietnam) hizo del tema de los dere-chos humanos uno de sus principales ejes. El presidente electo, James Carter, an antesde asumir el poder en enero de 1977, haba puesto de manifiesto que el voto (deter-minante) de su pas en los organismos internacionales (entre los que se cuentan lasNaciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Interna-cional, el Banco Mundial y la OEA) estara sujeto al respeto de los derechos humanosen los pases aspirantes a la ayuda, fuese sta militar o financiera. De hecho, la Cmarade Representantes de Washington haba puesto en funcionamiento, antes de finalizarel ao 1976, un subcomit de Asuntos para Organismos Internacionales, que tena entresus tareas la organizacin de audiencias destinadas a determinar la situacin de los dere-chos humanos en varios pases, entre los que se contaba Argentina. A comienzos dediciembre de 1976, trascendi la noticia de que el futuro presidente Carter agregaraa todas las representaciones diplomticas de Estados Unidos una suerte de especialis-ta en derechos humanos. Frente a ello, el filsofo Leiser Madanes escribi para la pren-sa argentina una extensa nota en la que finalizaba diciendo:

Quiz sirva destacar que la decisin norteamericana de instituir agregados de DerechosHumanos en sus Embajadas es un tanto tarda, al menos en nuestro Hemisferio. Dehaberse tomado cuando se inici la dialctica de la subversin y de la antisubversin, esposible especular con que se hubiera evitado el deterioro que en materia de respeto delHombre se produjo en la regin (Madanes, 1976).

El ya mencionado director del Peridico La Opinin, quizs el diario de mayorcompromiso con la denuncia de las torturas y de las represiones sufridas por los pre-sos polticos en las crceles argentinas en la primera mitad de la dcada de 1970, envia finales de septiembre una carta al senador norteamericano Donald Fraser quien, ensu carcter de presidente del subcomit de Asuntos para Organismos Internacionalesde la Cmara de Representantes de los Estados Unidos, haba participado de una serie




de audiencias destinadas a conocer la situacin de los derechos humanos en Argentina.Luego de aclarar que su diario se ha ocupado en todo momento de ese problema yque lo ha hecho siempre con objetividad, sin parcialidad, preocupado por los dere-chos humanos de todos los habitantes del pas, Timerman adverta sobre el peligroque significara escuchar testimonios parciales, lo que cre[a] esta[ba] ocurriendo enesa subcomisin (Timerman, 1976). La carta contina planteando concretamente laoposicin entre dos violencias, introduciendo un argumento novedoso que ayuda a com-prender el xito que tendr posteriormente la teora de los dos demonios. La Opininha condenado todas las violencias, seal Timerman, y en varias ocasiones ha sub-rayado que condenar uno solo de los extremos, ya sea del terrorismo de izquierda oel de derecha, significa ser cmplice del otro extremo (Timerman, 1976). A seis mesesde tener nuevas autoridades27, en un contexto en el que las bombas de la guerrillaurbana haban producido y an producan espanto en buena parte de la sociedady en el que el barbarismo en su represin no pasaba de ser para muchos un rumor,denunciar que el propio Estado estaba violando los derechos humanos, sin previa-mente denunciar lo hecho por el terrorismo de izquierda, bastaba para sospecharcomplicidad entre este ltimo y el denunciante.

Esta misma complicidad es la que atribuiran posteriormente las autoridades argen-tinas a algunos organismos internacionales en los foros a los que acudan a defendersus posiciones. As, terrorismo y derechos humanos en Argentina, casi desde elmismo surgimiento del segundo concepto, fueron presentados a la opinin pblicacomo cuestiones ntimamente relacionadas. El ministro de Relaciones Exteriores argen-tino, vicealmirante scar Montes, seal en 1977 a la 32. Asamblea de las NacionesUnidas que: Los grupos terroristas escudados en una pretendida defensa de los dere-chos humanos, recurren a intencionadas acusaciones para presentar a esos pases comovioladores de tales derechos con esos pases haca referencia a los elegidos porel terrorismo (La Opinin, 1977b).

Tambin fue similar la forma oficial de contrarrestar las denuncias. A mediados de1977, en la sptima asamblea de la OEA en la isla de Granada, los cancilleres de Argentina,Chile y Uruguay (todos pases sobre los que pesaban imputaciones similares) se defen-dieron de las acusaciones acusando al terrorismo y a la subversin de haber originadola violencia en el hemisferio.

El periodismo sensacionalista, de gran impacto en las clases medias urbanas, no sedistingui de la prensa seria en el modo de reaccionar frente a las denuncias interna-cionales. Cuando en noviembre de 1976 llegaron a Argentina Lord Averbury, RobertDriman y Patricia Feeney, integrantes de Amnesty International, con el objeto de obser-var el trato recibido por los presos polticos en el penal de Villa Devoto, la revista Gentese preguntaba:

Qu dice de esto Amnesty International?: Mientras tres miembros de Amnesty Interna-tional se preocupaban por el estado de los guerrilleros detenidos en Villa Devoto, una




27. El hecho de que fueran militares no representaba nada nuevo para la sociedad argentina y,para una parte de ella, tampoco necesariamente nada malo.

bomba de la guerrilla sembraba muerte y terror en la Jefatura de Polica de La Plata. Sinembargo, Amnesty International no habl de los derechos humanos de las vctimas deeste atentado. Prefiri un silencio sospechoso (Gente, 1976b).

Ante cualquier denuncia de violacin de derechos humanos en Argentina, la pri-mera respuesta de buena parte de la prensa, seria o sensacionalista, consisti en llamarla atencin sobre la violencia subversiva. As lo hizo el diario La Opinin al comen-zar el ao 1977 cuando, tras un fallido atentado al presidente Videla y toda su comiti-va en aeroparque, pidi a los primeros ministros de Austria y Holanda, y dems firmantesde un telegrama dirigido a las Naciones Unidas reclamando por los derechos humanosen Argentina, que exijan tambin que se respeten los derechos humanos del presidentede la Nacin Argentina, los de los miembros de su comitiva y los de la tripulacin delavin presidencial (La Opinin, 1977a). El argumento que sigue a este pedido es elde siempre: los dos demonios.

Slo este gesto [el de exigir que se respeten tambin los derechos humanos de quieneshaban sido vctimas del atentado] revelar su reconocimiento de que en la Argentina exis-te un partido de la violencia que no reconoce fronteras ideolgicas y que conspira con-tra el conjunto del pas. Este partido, se exprese por uno u otro extremo, es el responsabledel atentado de ayer, como lo es del secuestro del dirigente scar Smith y de los cad-veres de obreros, estudiantes, miembros de las Fuerzas Armadas, abogados y policas quean forman parte de nuestra lgubre historia cotidiana (La Opinin, 1977a).

La respuesta oficial del gobierno argentino a las primeras denuncias por violacio-nes a los derechos humanos fue atribuirlas a una campaa antiargentina de despresti-gio internacional orquestada por guerrilleros exiliados o por aliados locales o extranjeros.En una nota de la revista Gente, con fragmentos de entrevistas a ciudadanos en dis-tintos lugares del pas, puede verse hasta qu punto dicha respuesta era compatible conel parecer de buena parte de la sociedad. La opinin ms extendida fue que el gobier-no argentino respetaba los derechos humanos y que la violencia haba sido importadade otros pases por ideologas que no guardaban relacin con el ser nacional. No esun pas violento, afirm Irma Carbonaro, una licenciada tucumana de 50 aos, slohay violencia en algunas regiones del pas. Pero eso le basta a la prensa extranjera paraenlodarnos. Se respetan los derechos humanos. Un jefe de relaciones pblicas salte-o, Juan Carlos Abdala Ibez, luego de aclarar que por su trabajo estaba en contac-to con miles de personas por mes, afirm que desde marzo [mes del golpe] las veoms tranquilas. Estamos en orden. Hacia el pas que siempre quisimos, pero las comi-siones de derechos humanos patean en contra. Un mdico pediatra chaqueo,Fernando Alonso, acept que circunstancialmente hay violencia, pero aclar que elpas no es violento. En un proceso de reorganizacin como el que vivimos, tal vez pue-da lesionarse algn derecho. Eso no significa que se haya institucionalizado el atrope-llo (Gente, 1976a). La conclusin de la revista es elocuente:




Afortunadamente los argentinos no se engaan. Los ataques de afuera no los doblegan.Estn sanos, juntos, y avanzan hacia objetivos concretos. De algo sirven los negros ttu-los de la prensa extranjera: sirven, a veces, para mirarnos hacia adentro y saber dndeestamos parados (Gente, 1976a).

Un razonamiento similar a ste, que atribuye a la comunidad internacional el deseode engaar a los argentinos y que, al mismo tiempo, advierte sobre la ineficacia deesa campaa porque sabemos dnde estamos parados, puede encontrarse tambinen el editorial del Peridico La Opinin tras el atentado fallido a Videla, menciona-do anteriormente. All se dice: A diferencia de los firmantes del telegrama a la ONU,los argentinos tienen claro lo que ocurre (La Opinin, 1977a). Gente y La Opininson ejemplos significativos ya que, pese a estar en veredas opuestas respecto a muchosaspectos ideolgicos y polticos y, adems, realizar dos formas notablemente distintasde periodismo, tuvieron ms elementos de unin que de desunin en lo que respec-ta al tema de los derechos humanos en sus inicios. La aprobacin de sus respectivosconsumidores a los posicionamientos que estos medios adoptaron puede leerse en lascartas de lectores que esos mismos medios de comunicacin publicaban28.

La declaracin de la XXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Ar-gentina fue uno de sus primeros documentos despus del golpe, titulado Reflexincristiana para el pueblo de la Patria. sta se sum a la visin de los hechos que enfa-tizaba la campaa antiargentina y pona de relieve la existencia de dos violencias enfren-tadas. Creemos conocer el accionar de fuerzas ocultas, en las que entran en juegointereses de todo orden, decan los obispos a ms de un ao del golpe, las que handesatado contra Argentina una campaa internacional que nos hiere, como argenti-nos que somos, y por nada quisiramos vernos involucrados ni usados en reclamos deorigen desconocido y muchas veces harto dudosos en s mismos (Conferencia Epis-copal Argentina, CEA, 1977). El documento tena tambin frases valientes, como lasque manifestaban que los obispos sentan inquietud ante las numerosas desaparicio-nes y secuestros, ante el hecho de que muchos presos, segn sus declaraciones o lasde sus familiares, habran sido sometidos a torturas y ante las largas detenciones sinque el detenido pueda defenderse o saber las causas de su prisin (CEA, 1977). Peroal mismo tiempo de estas inquietudes, comparta tanto el diagnstico del gobierno mili-tar sobre la situacin nacional como sus objetivos. Comprendemos la difcil empre-sa que en la prctica significa custodiar el bien comn, reconocan los obispos, heridopor una guerrilla terrorista que ha violado constantemente la ms elemental conviven-cia humana y, por tanto, esos mismos derechos (CEA, 1977).




28. A fines de 1976, la revista Gente publica una carta de un lector, Diego Mantilla, que recla-ma a Amnesty International que publique las listas interminables de bombas, traiciones, muertes, quenosotros conocemos, asesinatos como el del General Cardoso [] Snchez, Duarte Hardoy, Berdina;Manchala, Formosa, Azul, Monte Chingolo: nombres y hechos inscriptos con sangre generosa en laspginas de nuestra historia (GENTE, 1976c).

Los obispos tambin comprendan cmo la custodia del bien comn puede entraren aparente colisin con determinados derechos de la persona (CEA, 1977). Concedanque:

cuando se viven circunstancias excepcionales y de extraordinario peligro para el ser nacio-nal, estas leyes [para luchar contra la guerrilla] podrn ser tambin excepcionales y extraor-dinarias, sacrificando, si fuese necesario, derechos individuales en beneficio del bien comn(CEA, 1977).

Al mismo tiempo, y un tanto contradictoriamente, agregaban que deba proce-derse siempre en el marco de la ley y bajo su amparo para una legtima represin (CEA,1977). La ambigedad del documento y su letra, innegablemente consustanciada conla retrica oficial como cuando indica que la pobreza corre el peligro de convertir-se en un fermento de la subversin marxista no impidi que los dos organismos dederechos humanos nacionales, la APDH y el MEDH, lo hicieran propio. La primera lo apo-y contundentemente y el segundo lo reprodujo ntegro en uno de sus boletines y enviuna carta al presidente de la CEA, el cardenal Primatesta, manifestando su total adhe-sin (APDH, 1977b y MEDH, 1977: 26-32).

El orden de aparicin de las violencias que la opinin pblica de entonces acep-taba distaba de ser el que la guerrilla pretenda establecer para justificar su accionar.Para sta, la violencia del sistema era anterior a la violencia revolucionaria y se habaejercido explcitamente, mediante los fusilamientos que siguieron a la destitucin dePern en 1955 o la muerte de estudiantes y obreros en rebeliones como las del cordo-bazo o el tucumanazo en 1969 y 1970 respectivamente, pero mucho ms importantepara su argumento tambin se ejerca cotidianamente, de manera menos explcita, atravs de la pobreza, el hambre, la desocupacin y dems injusticias sociales. La vio-lencia de abajo, as, quedaba plenamente justificada por la existencia de una violen-cia anterior y permanente, la de arriba.

El periodismo y buena parte de la sociedad, en cambio, inverta este orden.Los editores de La Opinin prologaron el informe ya citado de Toms E. Martnezescribiendo:

Lenta, sigilosamente, el miedo se adue de los argentinos a mediados de 1974, pero yaantes haba iniciado su lucha por alcanzar el dominio del cuerpo y el alma de estos millo-nes de seres: fue hacia 1971, cuando las guerrillas de ultraizquierda se lanzaron a la masa-cre, con el lema segn el cual la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Tresaos ms tarde, las bandas armadas del ministro Jos Lpez Rega sumaban su impuni-dad, su barbarie, al enorme concierto de muertes en que se iba transformando el pas(Martnez, 1975).

Cuatro aos antes, Panorama, una de las revistas de crtica poltica ms prestigio-sas del momento, haba dedicado su portada a quien consideraba el personaje del ao1970, El Terrorismo, en exclusiva alusin a las organizaciones guerrilleras (Panorama,1971). La sociedad no distingua las violencias verticalmente de arriba y de abajo,




sino horizontalmente, de izquierda y de derecha. Para una gran mayora de ella, la pri-mera haba antecedido a la segunda.

VI. CONCLUSIN

Hacia 1976, la violencia poltica en Argentina era una ley, no una excepcin, y laconciencia en torno a la existencia de derechos reivindicables en tanto seres humanosera una excepcin, no una ley. Enraizada en la cotidianidad, la violencia poltica for-maba parte del paisaje habitual de las grandes urbes y de algunas zonas rurales y, excep-to que sobresaliera por alguna caracterstica sensacionalista, era una noticia ms en elconcierto de informacin que reunan los peridicos y los noticieros. Su crnica podaescucharse casi con la misma frecuencia con la que se oa el pronstico del tiempo. Lamuerte era ordinaria, parte del paisaje cotidiano hecho que reforz el clima de gue-rra mencionado ms arriba. Con mucho acierto, un analista poltico de la revistaNuevo Confirmado escribi en junio de 1973 (esto es, antes de entrar en operacionesla Triple A) que:

los hechos de violencia, creaban, adems, un crculo que haca finalmente ociosa todacrtica moral de tipo humanstico: a un atentado correspondan acciones represivas, tam-bin violentas, y en muchos casos torturas (Pandolfi, 1973).

La crtica moral de tipo humanstico estaba fuera de toda posibilidad; no for-maba parte de lo que los actores sociales podan pensar, precisamente porque desdehaca largo tiempo los derechos se reclamaban o negaban en funcin de posicionesideolgicas o polticas y no del reconocimiento de una humanidad comn. Fue se elescenario en el que, tres aos despus del informe recin citado (es decir, sumados yavarios centenares ms de actos de violencia poltica), el surgimiento de una preocu-pacin y, posteriormente, de un discurso sobre los derechos humanos, encontr fuer-tes resistencias no slo en la sociedad sino tambin, como se vio, en los sectores delperiodismo que se ubicaban dentro del campo progresista de entonces.

Es injusta, adems de histricamente falsa, la visin que asume que la teora delos dos demonios nace en el Estado y se extiende a la sociedad civil. Al contrario, antesde convertirse en una teora explcita, impulsada desde el Estado, los dos demoniosestaban ya presentes en el modo en que buena parte de la sociedad, especialmente sussectores medios, viva aquellos aos de violencia y represin. Que los propios organis-mos de derechos humanos hayan explcitamente suscrito esta visin como se demues-tra en sus primeros documentos y comunicados es un indicador de hasta qu puntola condena a los dos terrorismos, los dos extremismos, las dos violencias y, enltima instancia, a los dos demonios gozaba de un amplio consenso.

Hacia el final de la dictadura, unos meses antes de que los militares abandonaranel gobierno, el MEDH emiti una declaracin pblica en la que condensaba su visinsobre lo acontecido durante los aos de plomo. All expona acabadamente un pensa-miento que fue madurando a lo largo de la dcada: Lo que no podemos admitir es




que el Estado haya desarrollado un terrorismo tanto o ms cruel, inhumano y sofisti-cado que el que pretenda combatir (MEDH, 1983: 74). En septiembre de 1984, el fis-cal del juicio a las juntas militares, Julio Strassera, dijo en su alegato que:

los guerrilleros secuestraban, torturaban y mataban. Qu hizo el Estado para comba-tirlos? Secuestrar, torturar y matar en una escala infinitamente mayor y, lo que es msgrave, al margen del orden jurdico instalado por l mismo (Strassera, 1984).

Un ao despus, cuando la CONADEP afirm que a los delitos de los terroristas,las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el com-batido (CONADEP, 2007: 11), qued consumada la teora de los dos demonios. Sinembargo, su germen tena ms de diez aos de historia en la sociedad argentina y habamadurado muy fructuosamente en el discurso pblico de los aos que antecedieron algolpe. Tampoco el lugar de espectador inocente que la teora de los dos demonios otor-g al grueso de la sociedad fue obtenido al finalizar el proceso militar. La APDH, porejemplo, en sus intervenciones situaba a la mayora de la sociedad en el terreno de lainocencia29. En su primera declaracin, tres meses antes del golpe, afirm que esta rea-lidad [la de la violencia] golpea las conciencias limpias de la inmensa mayora (APDH,1975). La imagen de una ciudadana inocente en medio de dos violencias terroristas nopertenece a la dcada de 1980 sino que es anterior a 1976.

Con la salida de Terence Todman de la Secretara de Estado, en abril de 1978, larelacin del presidente Carter con el gobierno argentino en lo que respecta a los dere-chos humanos qued casi exclusivamente en manos de la diplomtica Patricia Derian,una crtica extrema de la poltica argentina en el rea. En Europa, los comits de boi-cot contra la copa mundial de ftbol que se celebrara a mediados de ese ao en el pashaban logrado un protagonismo notable difundiendo los horrores de la represin. Eneste contexto, el evento futbolstico fue visto por el discurso oficial y por buena partede la sociedad y de la prensa como la ocasin de cerrar la boca a esa vieja campaa atravs de miles de testigos directos y cientos de millones de indirectos espectadores(Confirmado, 1978). Lejos de Argentina inventada por la campaa antipatria, metin-dose de lleno en Argentina real se pensaba, los visitantes y los teleespectadorespodrn testificar no slo sobre la eficiencia argentina en el Mundial 78, sino tambinsobre la realidad poltica y social del pas. Se har justicia (Confirmado, 1978).

El gobierno lanz varias campaas publicitarias basadas en la sensibilidad de unsector importante de las clases medias que, como se vio en este artculo, vivi los lti-mos estertores del gobierno de Isabel Pern como un caos social, poltico y econmi-co al que los militares pusieron fin. Argentina es libertad. Pudimos perderla!, decala publicidad oficial desde las calles y desde los medios de comunicacin a mediadosde 1978. Tal vez el eslogan ms memorable, lucido inscripto en calcomanas en las sola-pas de muchos ciudadanos, fue el que responda a las acusaciones sobre violaciones a




29. Tambin lo haca, otro ejemplo, el periodista y escritor Toms Eloy Martnez en el informeya citado.

los derechos humanos apelando al ser argentino que, segn la doctrina oficial, esasacusaciones lesionaban. El eslogan rezaba Los argentinos somos derechos y huma-nos (nfasis del autor). El extendido diagnstico de una sociedad esencialmente ino-cente en medio de fuegos cruzados junto a la casi completa ausencia de una nocin dederechos humanos en la primera mitad de la dcada de 1970 haban ya creado condi-ciones inmejorables para que esta ofensiva publicitaria tuviese un eco favorable.

La nocin de los derechos humanos, por haber carecido de relevancia y haber esta-do ausente de las preocupaciones de los actores civiles y polticos antes del golpe de1976, fue determinada de antemano a quedar simblicamente asociada a los reclamosde los familiares de los desaparecidos. Como consecuencia de ello, contina siendo anhoy, para muchos de los entrevistados en el marco de esta investigacin, una demandacircunscripta a la dcada de 1970 y vinculada principalmente a los directamente afec-tados por la violencia estatal de aquel tiempo. Veinticinco aos de democracia no hansido suficientes para lograr independizarla del contexto en el que surgi como discur-so. La gran mayora de la sociedad desconoce que algunas organizaciones vinculadascon la defensa de esos derechos realizan acciones para denunciar su violacin con-temporneamente. El trabajo de stas, que en sus inicios debi enfrentar la carencia deesa idea en la sociedad civil y, a causa de ello, tuvo dificultades para legitimarse, hoyenfrenta un desafo tanto o ms difcil, que consiste en desacoplar la nocin misma dederechos humanos de la dcada de 1970 y sumar a la sociedad civil a comprometerseen su defensa.

VII. BIBLIOGRAFA

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