corredor de violencia: la frontera entre guatemala y hondurasel arresto de los presuntos capos de la...

Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras Informe sobre América Latina N°52 | 4 de junio 2014

International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 [email protected]

Tabla de Contenidos

Resumen ejecutivo .................................................................................................................... i

Recomendaciones ...................................................................................................................... iii

I. Introducción ..................................................................................................................... 1

II. Corredor de Violencia ....................................................................................................... 3

III. El salvaje este .................................................................................................................... 8

A. La llegada de los Zetas ............................................................................................... 8

B. De los Zetas a los Zetillas ........................................................................................... 11

C. Una historia de violencia ........................................................................................... 13

IV. Benefactores y matones .................................................................................................... 16

A. El otoño del patriarca ................................................................................................ 16

B. Lavado de activos ....................................................................................................... 18

C. Sicarios y narcotraficantes ......................................................................................... 20

V. Del control fronterizo al desarrollo .................................................................................. 23

VI. Conclusión ........................................................................................................................ 27

ANEXOS

A. Mapa de Guatemala ......................................................................................................... 28

B. Mapa de homicidios por municipio en Guatemala y Honduras ...................................... 29

C. Acerca de International Crisis Group ............................................................................... 30

D. Informes y boletines informativos de Crisis Group sobre América Latina desde 2011 ... 31

E. Consejo de administración de International Crisis Group .............................................. 32

International Crisis Group

Informe sobre América Latina N°52 4 de junio 2014

Resumen ejecutivo

Una de las áreas más peligrosas de América Central está ubicada a lo largo de la fron-tera de Guatemala con Honduras. La tasa de homicidios está dentro de las más altas en el mundo. La ausencia de seguridad pública efectiva ha permitido a traficantes poderosos ser las autoridades de hecho en algunas áreas, proporcionando trabajo y asistencia humanitaria pero también intimidando y corrompiendo a los funcionarios locales. La competencia creciente sobre las rutas y el arresto o muerte de los trafi-cantes principales ha dispersado a algunos grupos criminales, fortaleciendo a nuevos grupos a menudo más violentos. El presidente Otto Pérez Molina ha prometido forta-lecer las fronteras de Guatemala con fuerzas de tarea conjunta policiales y militares, pero el gobierno debe también emprender de inmediato esfuerzos integrales para instalar el Estado de Derecho y brindar oportunidades económicas a esta periferia largamente ignorada.

Durante la década anterior, las rutas de la droga a través de América Central co-menzaron a ser objeto de una competencia feroz. La ofensiva del gobierno mexicano contra los carteles forzó a los traficantes a enviar las drogas primero a América Cen-tral. Honduras es frecuentemente el punto de entrada elegido. Allí, el golpe de esta-do de 2009 debilitó las ya frágiles instituciones públicas dedicadas a la seguridad y la justicia. Su larga costa atlántica y remotos llanos interiores, con poca población o infraestructura, ofrecen el ambiente ideal para que las naves y avionetas con drogas operen sin ser detectadas.

Desde Honduras, las drogas pasan a Guatemala, en donde redes familiares de traficantes que trabajan con carteles mexicanos las transportan por tierra hacia los mercados de los Estados Unidos. Estas redes, que han operado tradicionalmente por debajo del radar corrompiendo funcionarios gubernamentales y cooptando apoyo popular, empezaron a ser atacadas como resultado de la lucha por las rutas y por la presión del gobierno. Fiscales fortalecidos, bajo el liderazgo de la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, y con la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –auspiciada por las Naciones Unidas– arrestaron tanto a los operadores mexicanos –especialmente a los miembros del violento cartel de los Ze-tas– como a los traficantes guatemaltecos más importantes, requeridos por cargos en los Estados Unidos. La captura de estos capos locales de la droga ha sacudido a las otrora poderosas organizaciones, permitiendo el surgimiento de una nueva genera-ción de criminales, a veces más violentos.

El arresto de los presuntos capos de la droga puede ser un éxito contradictorio para los residentes de algunas de las comunidades fronterizas. Una de las redes más duramente golpeadas es la de la familia Lorenzana en el departamento de Zacapa. El patriarca familiar, Waldemar Lorenzana, fue detenido en 2011 y extraditado a los Es-tados Unidos en marzo de 2014. Las autoridades también arrestaron a dos de sus hijos por cargos en los Estados Unidos, mientras que un tercero es un fugitivo con una recompensa de $200,000 sobre su cabeza. Los Lorenzanas niegan que el tráfico de cocaína sea la fuente de su riqueza, citando sus negocios legítimos como la exporta-ción de frutas. Algunos residentes de Zacapa se quejan de que las detenciones de Waldemar y de sus hijos han producido pérdida de empleos y desatado una lucha entre grupos desprendidos que buscan el predominio.

Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras

Informe sobre América Latina N°52, 4 de junio de 2014 Página ii

Estos grupos, menos conocidos pero aún poderosos, continúan no solo moviendo las drogas pero también creando otras empresas ilegales, como los préstamos extor-sivos y la venta al menudeo de las drogas, alimentando de esta manera la violencia. Su riqueza y poder de fuego los convierte en autoridades de hecho, admirados por algunos y temidos por muchos. Los residentes de los departamentos de Zacapa y Chiquimula asumen a menudo que la policía y los políticos locales han sido sobor-nados o intimidados por estos poderosos criminales. Un clima de desconfianza man-cha la política e inhibe a los periodistas y otros actores de la sociedad civil de exigir a los líderes locales una clara rendición de cuentas.

El gobierno de Pérez Molina ha creado fuerzas de tarea inter-institucionales para las áreas fronterizas que incluyen tropas militares, policía civil, fiscales y funcionarios aduaneros. Este es un primer paso hacia la recuperación de la seguridad en la fron-tera, siempre y cuando las unidades estén bajo control civil y respeten los derechos humanos. Instalar la seguridad en estas regiones, sin embargo, requiere también de la construcción de instituciones democráticas creíbles. La policía local debería ser depurada y supervisada, mientras que se les proporciona los recursos y el entrena-miento para arrestar a poderosos criminales. Se debería exigir a los políticos locales que informen acerca de las contribuciones a sus campañas y habilitar recursos públi-cos para actividades políticas, de manera que los electores puedan depender del go-bierno, y no de capos criminales, para servicios esenciales y asistencia humanitaria.

Se requiere con urgencia un cambio en la política nacional: el gobierno debería enviar no solo tropas y policías a las regiones fronterizas, sino también educadores, organizadores comunitarios, trabajadores sociales, médicos y trabajadores de la sa-lud. Guatemala y Honduras deberían aprender de las experiencias regionales, tales como los programas de desarrollo fronterizo en Colombia, Ecuador y Perú. Honduras, en donde los niveles de violencia son mayores y la capacidad institucional es más frá-gil, necesita con urgencia esta asistencia. Los donantes –especialmente los Estados Unidos– deberían poner sus recursos financieros, capacitación y asistencia técnica detrás de la seguridad pública y la prevención de la violencia en las fronteras, más que enfocarla principalmente en controles e interdicción.


Informe sobre América Latina N°52, 4 de junio de 2014 Página iii

Recomendaciones

Para prevenir una mayor violencia en las regiones fronterizas y fortalecer el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social

A los gobiernos de Guatemala y Honduras:

1. Implementar una estrategia de prevención de la violencia en el largo plazo, adap-tada a las comunidades de frontera, incluyendo medidas para:

a) fortalecer y restaurar la confianza local en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a través de medidas anticorrupción y de policía comunitaria;

b) mejorar el acceso a, y la eficiencia de la justicia en las área fronterizas, forta-leciendo iniciativas existentes, tales como los centros integrados de justicia en las capitales departamentales y la justicia de paz en las zonas rurales;

c) promover oportunidades educativas, de capacitación y recreacionales para la juventud local;

d) incentivar la inversión pública y privada para promover el crecimiento y gene-rar empleo; y

e) financiar programas de salud pública y de investigación, incluyendo encues-tas para determinar la extensión del abuso de drogas y la adicción.

2. Considerar el establecimiento de agencias nacionales y/o binacionales para coor-dinar la inversión pública y priorizar el desarrollo económico y social de las comu-nidades de frontera, incluyendo medidas para fortalecer las capacidades locales y para que los servicios sociales sean más integrales y eficientes, aprendiendo de los esfuerzos que han desplegado los países andinos.

Al gobierno y al congreso, así como a los partidos políticos, de Guatemala:

3. Implementar y fortalecer la Ley de Elecciones y Partidos Políticos de modo que los candidatos enfrenten sanciones duras si se exceden de los límites de gasto y no rinden cuenta de las donaciones.

4. Combatir la impunidad a nivel nacional y local, trabajando con la Comisión Inter-nacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para perseguir el lavado de dinero y los casos de corrupción en las comunidades fronterizas y entrenar a policías y fiscales en la investigación de crímenes financieros en estas regiones.

A las autoridades municipales en Guatemala y Honduras:

5. Trabajar con líderes comunitarios para implementar procesos transparentes de elaboración presupuestal (usando las leyes existentes que garantizan la transpa-rencia y el acceso a la información), e impulsar la participación ciudadana en las incitativas de prevención del crimen y la violencia.


Informe sobre América Latina N°52, 4 de junio de 2014 Página iv

A los donantes, gobiernos de la región e instituciones multilaterales:

6. Enfocar la asistencia no solo en el control de fronteras sino también en el forta-lecimiento de la capacidad local para prevenir el crimen y la violencia, a través de proyectos que promuevan la policía comunitaria y gobiernos municipales más efectivos y transparentes, y proporcionar educación, entrenamiento y empleo para la juventud en desventaja.

7. Los países andinos que enfrentan retos similares en materia de seguridad –Colombia, Perú y Ecuador– deberían compartir sus mejores prácticas y lecciones aprendidas, específicamente con relación a los esfuerzos para prevenir la violen-cia a través del desarrollo regional y el fortalecimiento de instituciones locales.

8. El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) debería fortalecer su política de seguridad fronteriza dentro del contexto de su más amplio plan de seguridad, impulsando el apoyo regional e internacional a iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales destinadas a las comunidades especialmente vulnerables al cri-men organizado.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 4 de junio de 2014

International Crisis Group

Informe sobre América Latina N°52 4 de junio de 2014


I. Introducción

Guatemala comparte su frontera de 1.687km con cuatro países: El Salvador, Hondu-ras, Belice y México1. El clima y la topografía de las regiones fronterizas varían desde las tierras altas secas del sudeste, a las llanuras selváticas del norte, a la escarpada Sierra Madre al oeste. Las poblaciones fronterizas reflejan la diversidad étnica del país: al este, la mayoría de los habitantes son ladinos; al oeste predominan los ma-yas. Ambos grupos han migrado al departamento de Petén, una región escasamente poblada al norte del país, en busca de tierras2.

Lo que tienen en común estas regiones es que históricamente han sido ignoradas por el gobierno. A los quince puntos de cruce oficiales se suman más de 100 infor-males, que incluyen carreteras lo suficientemente amplias para ser transitadas por pequeños camiones3. Para los residentes, las fronteras políticas prácticamente no existen: muchos cruzan a diario para trabajar, visitar a familiares o comprar y ven-der alimentos y otros productos básicos, como gasolina, a precios más baratos4. In-cluso en los pasos legales se controla poco la circulación de bienes o personas: el ser-vicio de aduanas no cuenta con el personal ni la tecnología (por ejemplo escáneres) necesarios para inspeccionar gran parte de las mercancías que ingresan al país; los ciudadanos de países centroamericanos pueden cruzar las fronteras con solo presen-tar su documento nacional de identidad5.

Los pasos fronterizos no oficiales se denominan, acertadamente, “puntos ciegos”; con escaso o nulo control gobernamental. Un oficial de policía de El Florido, en la frontera con Honduras, dijo que su subestación contaba con un solo vehículo que fun-cionara, y que a menudo no disponía de gasolina. Un oficial de Santa Rosa de Copán, Honduras, expresó preocupaciones similares, afirmando que su pequeña unidad no contaba con personal para perseguir contrabandistas: “Si envío a cuatro o cinco hom-bres a interceptar un camión que se dirige a un punto ciego, prácticamente me quedo

1 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Estados miembros: Guatemala (www. sela.org). 2 Los ladinos son guatemaltecos hispanoparlantes no indígenas. A lo largo de la frontera mexicana existen seis grupos lingüísticos mayas diferentes. “Mapa Lingüística de Guatemala”, Dirección Ge-neral de Educación Bilingüe Intercultural, Ministerio de Educación. 3 Ralph Espach y Daniel Haering, “Border Insecurity in Central America’s Northern Triangle”, Woodrow Wilson International Center for Scholars and the Migration Policy Institute, noviembre de 2012. Entrevistas de Crisis Group, Zacapa y Chiquimula, Guatemala, 18-19 de marzo, 1-4 de di-ciembre de 2013; Santa Rosa de Copán, Honduras, 5-9 de mayo de 2013. 4 Entrevistas de Crisis Group, ibid. Espach y Haering, “Border Insecurity”, op. cit., p. 5. 5 A menudo, los viajeros que ingresan en autobús o taxi no presentan sus documentos a los agentes, sino que el conductor lo hace por ellos. Entrevista por Skype de Crisis Group, Werner Ovalle, ex in-tegrante del Programa Regional de Seguridad Fronteriza para América Central (SEFRO), del Siste-ma de la Integración Centroamericana (SICA), 27 de noviembre de 2013. “Centroamérica reforzará controles migratorios”, Agencia EFE, 29 de agosto de 2013.


Informe sobre América Latina N°52, 4 de junio de 2014 Página 2

sin nadie aquí”6. Por toda Centroamérica, la seguridad a nivel local es “frágil, en el mejor de los casos”; en “la mayoría de las comunidades fronterizas alejadas de los principales pasos fronterizos de carretera no existe el Estado de derecho formal”7.

A nivel nacional se observan ciertos indicios de progreso, aunque Guatemala aún se enfrenta a enormes desafíos institucionales. Entre 2009 y 2014, la tasa global de ho-micidios se redujo de 46 a 34 por cada 100.000 habitantes8. El gobierno del presi-dente Otto Pérez Molina ha incorporado miles de nuevos oficiales a las fuerzas policia-les y ha creado escuelas de formación de oficiales9. El número de juicios y condenas ha aumentado gracias al dinamismo de la fiscal general, quien con la ayuda de la Co-misión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por las Naciones Unidas, ha redoblado los esfuerzos por investigar a funcionarios de alto ni-vel y poderosos criminales, empleando nuevas herramientas legales y de investigación.

Sin embargo, la tasa nacional de homicidios sigue estando un 30 por ciento por encima de la tasa del 2000, y sigue siendo el doble de la media para América Lati-na10. Tras registrar un descenso durante dos años, en 2012-2013 se mantuvo estable. En algunas regiones fronterizas, la violencia es más intensa que nunca: en 2013, los departamentos de Zacapa y Chiquimula registraron 84 y 80 homicidios por cada 100.000 habitantes respectivamente, más del doble de la media nacional.

La respuesta del gobierno a la inseguridad a lo largo de la frontera ha sido el des-pliegue de fuerzas de tareas combinadas que incluyen militares, policías, fiscales y agentes de aduanas. Pero estas iniciativas no hacen frente al problema más amplio de la inseguridad ciudadana en regiones en las que desde hace mucho tiempo el Es-tado no brinda seguridad publica, justicia ni oportunidades económicas. Tampoco existe un esfuerzo inter-institucional para coordinar la inversión pública y privada y los servicios públicos básicos.

Este informe se propone llenar algunos vacíos en el conocimiento de una región poco estudiada que ha sufrido en forma desproporcionada el aumento del crimen organizado, en particular el narcotráfico. Está basado en reuniones con funcionarios del gobierno y expertos en Ciudad de Guatemala y San Pedro Sula y seis viajes reali-zados a lo largo de dos años a los departamentos de Zacapa y Chiquimula en Guate-mala, además de una visita al departamento de Santa Rosa de Copán en Honduras. Incluye entrevistas con funcionarios locales, policías, fiscales, educadores y empre-sarios en ambos países, pero ofrece información y análisis más detallado de Guate-mala, donde Crisis Group investiga sobre el terreno desde 2010.

6 Entrevistas de Crisis Group, El Florido, 9 de mayo de 2013; Santa Rosa de Copán, 7 de mayo de 2013. 7 Espach y Haering, “Border Insecurity”, op. cit., p. 5. 8 Las estadísticas sobre homicidios en Guatemala citadas en este informe están basadas en datos de la Policía Nacional Civil recogidos por el analista Carlos Mendoza en su blog, “The Black Box”, Cen-tral American Business Intelligence (CABI), ca-bi.com/blackbox. 9 Véase el segundo informe anual del gobierno, “Informe del Segundo Año”, Secretaría de Planifica-ción y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Tomo II, 2013-2014, p. 17. Existe en realidad una sola escuela de oficiales, que cuenta con el apoyo de universidades (nota de traducción). 10 En el 2000, la tasa de homicidios de Guatemala fue de 26 por cada 100.000 habitantes; entre 2000-2004, fue en promedio de 31 por cada 100.000; entre 2005-2009, 44 por cada 100.000. En 2013, el promedio en las Américas fue de 16 por cada 100.000. “Global Study on Homicide”, UN Office on Drugs and Crime (UNODC), p. 22.



II. Corredor de violencia

“Algunos de los lugares más peligrosos de Centroamérica”, escribió la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en 2012, “yacen en una línea entre la costa noroeste de Honduras y la costa suroeste de Guatemala”11. En 2012-2013, los departamentos más violentos de Guatemala fueron los ubicados a lo largo de la costa del Pacífico (Escuintla) o del Atlántico, y de la frontera con Honduras (Izabal, Zacapa and Chiquimula). En Honduras, algunos de los departamentos más violentos durante el mismo periodo fueron los situados a lo largo de la costa del Atlántico (Cortés, Atlántida), la frontera con Guatemala (Ocotepeque y Copán) y en el interior (Yoro y Olancho)12.

Cortés en Honduras y Escuintla en Guatemala son regiones industrializadas con grandes puertos, en las que la rivalidad entre bandas callejeras genera mucha violen-cia. San Pedro Sula, en Cortés, tiene fama de ser la ciudad más violenta del mundo, con 193 homicidios por cada 100.000 habitantes en 201313. Sin embargo, el corredor también incluye extensas zonas rurales en las que, si bien también se registran altos índices de homicidio, no existe la violencia pandillera ni hay un nivel significativo de delincuencia callejera. Los departamentos colindantes de Zacapa y Chiquimula registraron 502 homicidios en 2013 – una tasa combinada de 81 por cada 100.000 habitantes, más del doble del total para Guatemala14.

Al otro lado de la frontera, en Honduras, la tasa de homicidios ha sido muy volá-til. Los departamentos colindantes de Copán y Ocotepeque registraron un total de 533 homicidios en 2012, lo que representa una tasa combinada de 102 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la tasa nacional de 85 por cada 100.000. Sin embargo, en 2013 registraron 181 homicidios menos que el año anterior, lo que re-dujo su tasa combinada de homicidios a 71 por cada 100.000 habitantes, ligeramente por debajo de la tasa nacional de 79.

En el departamento de Gracias a Dios, a lo largo de lo se conoce como la Costa de Mosquitos, el número de homicidios aumentó de solo cuatro en 2009 a dieciséis en 2012 y 54 en 2013. Los habitantes de esta región escasamente poblada, con pocas ca-rreteras (se accede a ella principalmente por avioneta o barco), son fundamental-mente indígenas o afro-indígenas, conocidos como garífunas. La municipalidad de Ahuas, Gracias a Dios, fue noticia en mayo de 2012, cuando agentes antinarcóticos estadounidenses a bordo de un helicóptero de los Estados Unidos dispararon contra una embarcación fluvial, causando la muerte de cuatro de sus pasajeros15.

11 “Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe: una evaluación de las amenazas”, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) septiembre de 2012, p. 37. 12 Véase el mapa en el anexo B, más adelante. Los datos sobre Honduras provienen del Observato-rio de la Violencia, Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los totales y promedios fueron calculados por Crisis Group. En adelante, Observatorio de la Violencia. Para sus boletines mensuales y anuales, véase http://iudpas.org/ observatorio. 13 Ibid., febrero de 2014, p. 5. Si bien la cifra total de homicidios en Honduras se redujo en 2013, aumentó en San Pedro Sula, cuya tasa de 174 por cada 100.000 habitantes en 2012 la convirtió en la ciudad más violenta del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, un think-tank con sede en México. www.seguridadjusticiaypaz.org.mx. 14 Calculado en base a datos de Carlos Mendoza, op. cit. 15 Véase Mattathias Schwartz, “A Mission Gone Wrong”, The New Yorker, 6 de enero de 2014.



Los asesinatos en estas comunidades no suelen tener repercusión mediática ni ser investigados por organizaciones de derechos humanos, lo que dificulta establecer si son obra de grupos del crimen organizado, individuos o las fuerzas de seguridad. No obstante, la correlación con las rutas del narcotráfico es evidente: las regiones más violentas (aparte de las grandes ciudades) de Guatemala y Honduras se extienden a lo largo de la costa o la frontera.

La mayor parte de la cocaína destinada al mercado estadounidense es transportada por vía marítima hacia la costa del Pacífico de Guatemala, y por vía marítima o aérea hacia la costa del Caribe de Honduras y Guatemala16. Honduras se ha convertido ade-más en la principal zona de aterrizaje de narcoavionetas provenientes de Sudamérica; según cálculos de Estados Unidos, en 2012 “el 75 por ciento de las narcoavionetas cargadas con cocaína provenientes de Sudamérica aterrizaron primero en Hondu-ras”17. Las escasamente pobladas sabanas y selvas al este de Honduras son ideales para ocultar pistas de aterrizaje clandestinas; algunos vuelos se dirigen a la Costa de Mosquitos, y otros a las llanuras de Olancho y Yoro18. Muchos de ellos se originan en Venezuela, que si bien no es uno de los principales países productores de cocaína, se ha convertido en un importante punto nodal para los vuelos del narcotráfico19.

Si bien la región ha sido una de las rutas importantes de la cocaína proveniente de Sudamérica desde los años 80, el narcotráfico no siempre ha estado asociado a la violencia extrema. Los transportistas que mueven cargamentos ilegales hacia México a través del norte de Centroamérica por lo general han preferido operar bajo el radar, evitando la atención no deseada cultivando vínculos con las poblaciones locales y corrompiendo a las autoridades locales20. “En general, [a los traficantes] les interesa mantener la violencia al mínimo”, dijo un analista político de la Universidad Francisco Marroquín que ha realizado investigaciones a lo largo de la frontera oriental. “Nece-sitan el apoyo y la protección de la población, que funciona como sus ojos y oídos”21.

A lo largo de la última década, la violencia ha coincidido con cambios externos que han afectado al negocio, trastocando las rutas e intensificando la competencia. “La violencia asociada al narcotráfico suele estar relacionada con conflictos por rutas y territorios (tanto en zonas rurales como urbanas), más que con el tráfico en sí mis-mo”22. Por un lado, el mercado de destino de la mayor parte de la cocaína transportada a través de Centroamérica ha ido en declive: el consumo de cocaína en los Estados

16 “Delincuencia Organizada Transnacional”, ONUDD, op. cit., p. 32. 17 “2014 International Narcotics Control Strategy Report”, Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, Departamento de Estado de los Estados Unidos, vol. 1, p. 192 (en adelante INCSR). Sin embargo, el Secretario de Estado Adjunto William R. Brownfield dijo a un diario de Honduras que el número de narcoavionetas se había reducido en un 80 por ciento en los últimos doce o dieciocho meses. “‘Llegada de narco avionetas a Honduras bajó 80%’: William Brownfield”, La Prensa, 12 de febrero de 2014. Este descenso podría deberse, entre otras cosas, a la política que autoriza a las autoridades hondureñas a derribar avionetas sospechadas de portar dro-ga. Véase James Bargent, “US Halts Honduras Cooperation over Narco-Plane Shoot Down Law”, InSight Crime, www.insightcrime.org, 1 de abril de 2014. 18 “Detectan 200 narcopistas en La Mosquitia hondureña”, El Heraldo, 9 de agosto de 2013. 19 2013 INCSR, vol. 1: Country Report, Venezuela, pp.313-314. Véase Crisis Group, Informes sobre América Latina N°39, Guatemala: narcotráfico y violencia, 11 de octubre de 2011, p. 7; y N°38, Violencia y política en Venezuela, 17 de agosto de 2011. 20 “Delincuencia Organizada Transnacional”, ONUDD, op. cit., p. 11. 21 Entrevista de Crisis Group, Miguel Castillo Girón, Ciudad de Guatemala, 15 de agosto de 2012. 22 Espach y Haering, “Border Insecurity”, op. cit, p. 13.



Unidos se ha reducido drásticamente desde finales de los años 8023. Por el otro, la presión gubernamental ha ido en aumento. La ofensiva del gobierno mexicano con-tra los narcotraficantes, especialmente desde 2006, ha hecho que sea muy difícil para los carteles del narcotráfico importar cocaína directamente desde Sudamérica, por lo que se han visto obligados a hacerlo a través de Centroamérica24. Esto ha con-vertido al Triángulo Norte de Centroamérica en el cuello de botella a través del cual ha de pasar casi toda la cocaína proveniente de Sudamérica y destinada a los Estados Unidos vía México.

La creciente presión también ha trastocado el negocio en la región. Hasta hace unos años, Guatemala era una de las principales zonas de aterrizaje de narcoavione-tas. Un oficial de la Administración de Drogas y Narcóticos de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se refirió al departamento del Petén, conveniente-mente ubicado entre dos fronteras con México, como un “cementerio” de narcoavio-netas, consideradas desechables por los narcotraficantes y a menudo destruidas tras ser descargadas25. Funcionarios estadounidenses y guatemaltecos afirman que la inter-dicción en gran medida puso fin a este tráfico aéreo ilegal26. Muchos vuelos fueron desviados a Honduras, lo que obligó a los traficantes a introducir sus mercancías en Guatemala por tierra, a menudo en pequeñas cantidades escondidas en camiones, autobuses o autos. “Nuestro problema aéreo se convirtió en un problema terrestre”, dijo la viceministra de Antinarcóticos de Guatemala. “Los traficantes se vieron obli-gados a cambiar sus planes de vuelo”27.

La costa del Caribe y los bosques tropicales de Honduras ofrecen las mismas ven-tajas que Petén: escasa población, infraestructura o presencia del estado. Según al-gunos analistas, tras el golpe que derrocó al presidente Zelaya en 2009 el interior de Honduras se tornó especialmente atractivo. El gobierno de facto, asediado por los manifestantes, concentró a las tropas en la capital. La seguridad pública a nivel local, que siempre había sido débil, se sumió en el caos. Estados Unidos, preocupado por proporcionar ayuda a un régimen ilegítimo e irresponsable, suspendió la ayuda no

23 “Delincuencia Organizada Transnacional”, ONUDD, op. cit., Gráfico 10, p. 17. Los mercados con-solidados de Norteamérica y Europa parecen estar en declive, mientras que el consumo parece ir en aumento en América Latina, África y Asia. En 2004-2005 los usuarios norteamericanos representa-ron el 49 por ciento del total del consumo de cocaína; en 2011, representaron el27 por ciento. El porcentaje de usuarios en América Latina ha aumentado del 15 por ciento al 21 por ciento. “World Drug Report 2013”, ONUDD, p. 38. 24 World Drug Report 2013, op. cit., pp. 18-19. Informe de Crisis Group, Guatemala: narcotráfico y violencia, op. cit., p. 7. 25 Declaración, Michael A. Braun, jefe de operaciones, Administración de Drogas y Narcóticos de los Estados Unidos (DEA), Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Cámara de Represen-tantes, 9 de noviembre de 2005. 26 Si bien al principio fueron prestados, los helicópteros bimotor “Super Huey” fueron donados a Guatemala en octubre de 2013, y ahora son pilotados y mantenidos por guatemaltecos. Entrevista de Crisis Group, Elmer Sosa, Sub Director de la Dirección General de Análisis de Información Anti-narcótica (SGAIA), 22 de noviembre de 2013. “Helicópteros equipados apoyan lucha antinarcótica”, Ministerio de Gobernación, 7 de octubre de 2013. 27 Entrevista de Crisis Group, Eunice Mendizábal, Ciudad de Guatemala, 21 de marzo de 2013. Se-gún el 2013 INCSR, op. cit., en 2012 Estados Unidos solo detectó siete aeronaves sospechosas de portar drogas ingresar en Guatemala, frente a 60 en 2009. La mayor parte de las drogas que ingre-san de contrabando a Centroamérica lo hacen por vía marítima; en los últimos tiempos las rutas atlánticas han cobrado relativa importancia frente a las rutas pacíficas. “World Drug Report 2013”, ONUDD, p. 42.



humanitaria, incluida la ayuda antinarcóticos28. Esto provocó una “fiebre del oro de la cocaína” cuando los narcotraficantes se apresuraron a tomar el control de las rutas a través de la región29.

El tráfico por sí solo no explica la violencia a lo largo de la frontera entre Guatemala y Honduras y las regiones fronterizas. La frontera occidental también es porosa, y tiene una larga historia de contrabando no solo de drogas, sino también de bienes de consumo desde México, como la gasolina de contrabando, que se vende abiertamen-te en contenedores de plástico a lo largo de la autopista. Ambas fronteras son además puntos de cruce de migrantes centroamericanos de camino a los Estados Unidos30. Y sin embargo, los departamentos occidentales de Guatemala, mayoritariamente indígenas, registran tasas de homicidio por debajo de la media nacional: en 2013 la tasa en San Marcos y Huehuetenango fue de catorce y de diez homicidios, respecti-vamente, por cada 100.000 habitantes.

Solo unos pocos municipios situados a lo largo de la frontera occidental con México registran tasas de homicidio por encima de la media nacional31. En cambio, todos los 21 municipios de Chiquimula y Zacapa registran tasas elevadas, incluido Esquipulas, en la frontera con Honduras y El Salvador. Este municipio es famoso por atraer a miles de peregrinos que visitan el municipio cada año para ver una imagen tallada en madera oscura, de 400 años de antigüedad, conocida como el “Cristo Negro”. Es-quipulas también fue sede de negociaciones entre cinco presidentes de países cen-troamericanos en 1986, que concluyeron con acuerdos para poner fin al conflicto armado y promover la democracia en la región. No obstante, es uno de los munici-pios más violentos, con una tasa promedio de 128 homicidios por cada 100.000 ha-bitantes en 2012-2013.

No está claro por qué el impacto de la criminalidad violenta es más alto en las comunidades de la frontera oriental de Guatemala con Honduras, que en la frontera occidental con México32. El contrabando fluye a través de las dos fronteras. Ambas regiones tienen un alto porcentaje de población joven y elevados niveles de desem-pleo, dos factores a veces asociados con la violencia33. Ambas son pobres: las tasas

28 Según el 2010 INCSR, vol. 1: Country Report, Honduras: “La falta de recursos de los organismos de aplicación de la ley en Honduras, cuya atención está centrada en cuestiones de seguridad interna relacionadas con la crisis política, y la suspensión de la ayuda de EEUU contribuyeron directamente al aumento del flujo y tránsito de drogas por parte de narcotraficantes” (traducción de Crisis Group). 29 “Delincuencia Organizada Transnacional”, ONUDD, op. cit., p. 19. 30 Visita de Crisis Group, San Marcos 17-21 de mayo de 2012. Ralph Espach, Javier Meléndez Qui-ñonez, Daniel Haering, Miguel Castillo Girón, “Organizaciones criminales y tráfico ilícito en las comunidades fronterizas de Guatemala”, Center for Naval Analysis (CNA), diciembre de 2011, pp. 58-60. 31 En 2013, los más violentos fueron La Democracia en Huehuetenango, con 21 homicidios, una ta-sa de 46,5 por cada 100,000 habitantes; Ayutla, incluido el paso fronterizo de Tecún Umán, en San Marcos, con 23, una tasa de 59, y Malacatán, con 37, una tasa de 34. Muchos municipios en esta región no registraron ningún homicidio. Huehuetenango registró diez en 2012; San Marcos once. 32 No todos los tipos de homicidios son más frecuentes en el este: los linchamientos son más habi-tuales en el oeste. De los 94 linchamientos fatales ocurridos en Guatemala en 2011-2013, 31 tuvie-ron lugar en Huehuetenango. “Linchamientos en el 2013”, Grupo de Apoyo Mutuo, n.d. Para perio-dos anteriores, véase el blog de Carlos Mendoza, “Linchamientos en Guatemala”. 33 Los datos de 2011 indican que el subempleo en zonas urbanas era del 41 por ciento en Chiquimula y del 48 por ciento en Zacapa; el subempleo en zonas rurales era del 51 por ciento y del 37 por ciento respectivamente. Estas tasas son mejores que las tasas nacionales de subempleo en zonas urbanas y rurales del 50 y 55 por ciento. “Pobreza y Desarrollo: Un Enfoque departamental, Encuesta Nacio-



de pobreza extrema en Chiquimula y Zacapa están entre las más elevadas del país34. Muchos residentes han migrado a los Estados Unidos, dejando atrás a sus hijos para ser criados por madres solteras, o por otros familiares. Sin embargo, ninguna de las dos regiones se ha visto afectada por la violencia pandillera, que en general en Guatema-la aún se limita a las grandes ciudades.

Las diferencias más notables entre las dos zonas son étnicas y culturales: las tie-rras altas occidentales de la Sierra Madre son mayoritariamente indígenas; no así la región oriental, más cálida y seca, alrededor de la Sierra de las Minas: más del 90 por ciento de la población de Zacapa y Chiquimula es ladina o no indígena. Algunos ana-listas señalan que, a diferencia de la cultura comunal/agrícola que predomina en las regiones indígenas, estas regiones orientales ladinas se caracterizan por la ganadería y un “código de honor” individualista que tolera la cultura de la justicia privada35. Las redes familiares que supuestamente han dominado el narcotráfico en Guatemala desde los años 80 están formadas por ladinos con apellidos europeos como Vargas, Mendoza, Lorenzana, León u Ortiz36. Las comunidades mayas no han tenido un pa-pel protagónico.Las comunidades de las zonas altas occidentales cultivan la amapola y venden su producto a compradores mexicanos o ladinos37.

Asimismo, en la zona oriental es común la posesión y el uso de armas de fuego. “El estereotipo del oriental es alguien con sombrero y una pistola en su cinto”, dijo un fiscal que ha trabajado en la región. “No respetan la ley; prefieren resolver las disputas entre ellos a la fuerza”38. No existen datos confiables sobre la posesión de armas en las diferentes regiones39, pero las cifras de mortalidad sugieren que su po-sesión y uso están generalizados: tanto en Zacapa como en Chiquimula las heridas de bala son la segunda causa de muerte después de los infartos40.

nal de Condiciones de Vida (ENCOVI), Instituto Nacional de Estadística, noviembre de 2011, p. 17, disponible en www.ine.gob.gt. 34 Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2011, Chiquimula tenía la segun-da tasa de pobreza extrema más elevada del país (28 por ciento) y Zacapa la tercera (25 por ciento). Solo Alta Verapaz, un departamento mayoritariamente indígena al norte del país tenía peores nive-les de pobreza extrema (38 por ciento). El este sufre sequías que agravan la pobreza y el hambre. 35 Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, 9 de diciembre de 2013. Véase también Car-los Mendoza y Claudia Méndez Arriaza, “7 Mitos Sobre la Violencia Homicida en Guatemala”, elPe-riódico, 27 de enero de 2013; y Carlos Mendoza, “¿Cuál es la relación entre violencia homicida y narcoactividad en Guatemala? Parte I”, Panóptico: un blog sobre violencia y seguridad. Plaza Pú-blica, www.plazapublica.com.gt, 19 de mayo de 2014. 36 Informe de Crisis Group, Guatemala: narcotráfico y violencia, op. cit., p. 12. 37 Entrevista de Crisis Group, fiscales, San Marcos, 12 de mayo de 2011. 38 Entrevista de Crisis Group, Guatemala oriental, 9 de marzo de 2013. 39 Jorge A. Restrepo y Alonso Tobón García (eds.), Guatemala en la encrucijada: Panorama de una violencia transformada, Small Arms Survey y Centro de Recursos para el Análisis de Conflic-tos (CERAC, 2011), p. 74. 40 A nivel nacional, las armas de fuego fueron responsables del 10 por ciento de todas las muertes en 2012, pero en Zacapa lo fueron del 16 por ciento y en Chiquimula del 19 por ciento. “Caracteriza-ciones República de Guatemala”; “Caracterizaciones Departamentales, Zacapa and Chiquimula”, Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012. Los departamentos con los porcentajes más elevados de muertes por armas de fuego son Petén (22 por ciento) y Escuintla (19 por ciento).



III. El salvaje este

A. La llegada de los Zetas

En marzo de 2008 estalló un tiroteo en Río Hondo, Zacapa, a lo largo de la autopista que conecta la capital de Guatemala con la costa del Caribe. “Era como una guerra”, dijo un testigo. “No cesaban los disparos; estallaban los autos”. Murieron once hom-bres, y más tarde las autoridades confiscaron un pequeño arsenal de armas, inclui-dos diez rifles de asalto y dos lanzagranadas, además de $325.000 en efectivo41. El objetivo del ataque era Juan José “Juancho” León, quien murió junto con sus guar-daespaldas. Los asaltantes – catorce de los cuales fueron posteriormente capturados y condenados en un tribunal de alto riesgo – eran presuntos miembros del cartel me-xicano de los Zetas42. Siete de ellos eran guatemaltecos, incluido un ex miembro de los Kaibiles, la unidad élite del Ejército de Guatemala; siete eran mexicanos, incluido un desertor del ejército que había pertenecido al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especia-les (GAFE) y fue uno de los 31 líderes fundadores del cartel mexicano de los Zetas43.

Los asesinatos en Río Hondo fueron una de las primeras –y más dramáticas– operaciones de los Zetas en Guatemala. No está claro porqué apuntaron a León. Se-gún una versión, los traficantes locales habrían invitado al grupo a eliminarlo, o le habrían permitido hacerlo, porque estaba robando cargamentos de droga44. Otra versión afirma que los Zetas ya estaban operando en el departamento norteño de Cobán y tomaron la iniciativa de castigarlo por robar uno de sus cargamentos, o simplemente quisieron eliminar a un rival por el control de Zacapa, una zona clave45. También es posible que hayan apuntado a León y su red debido a sus vínculos con el cartel del Golfo mexicano, organización criminal de la que eran sicarios y de la que se independizaron en 2007, convirtiéndose en sus enemigos acérrimos46.

Cualesquiera que fueran los motivos del asesinato de León, la presencia de los carteles mexicanos combatiendo en territorio guatemalteco demostró hasta qué pun-to la región oriental se había convertido en una zona clave muy disputada para el tráfico transnacional de cocaína. Incluso antes de que los Zetas comenzaran a operar en Guatemala, las redes familiares que supuestamente habían transportado drogas ilegales a través del país desde los años 80 –en particular los Lorenzana y los Men-doza– estaban siendo desafiadas. Para la década del 2000, comenzaban a surgir

41 A. Sas, J. Revolorio, R. Quinto, “Cae supuesto narco chapín durante balacera en Zacapa”, elPerió-dico, 26 de marzo de 2008. 42 Gustavo Villagrán y Paola Herrera, “Dictan sentencia contra integrantes de Los Zetas por masa-cre en Zacapa”, Noticias de Guatemala, noticias.com.gt, 10 de septiembre de 2010. 43 “Juzgan por matanza en Guatemala a 14 supuestos ‘zetas’; 7 son mexicanos”, Agencia EFE, 28 de julio de 2010; “De militar a narcotraficante, la historia de Daniel Pérez Rojas ‘el Cachetes’”, Agencia Guatemalteca de Noticas (AGN), 8 de julio de 2013. Los tribunales guatemaltecos han aprobado el pedido de extradición de Pérez por parte de las autoridades mexicanas. Pérez se enfrenta a cargos en el estado de Morelia. “CC autoriza la extradición a México del supuesto narco Daniel Pérez Rojas”, Emisoras Unidas, 11 de julio de 2012. 44 Julie López, “Guatemala: The Changing Face of Drug Trafficking”, InSight Crime, www.insightcrime. org, 30 de julio de 2013. 45 Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, 30 de enero de 2014. 46 Véase “Grupos de poder en Petén: territorio, política y negocios”, p. 87, un estudio sobre el crimen organizado y la política en el departamento más al norte de Guatemala publicado anónimamente en julio de 2011 y disponible en la página web issuu.com.



nuevos y agresivos grupos que ignoraban los acuerdos que habían dividido los terri-torios de forma pacífica en el pasado47.

Uno de estos era Otto Herrera, quien en 2003 integró la lista de los traficantes y blanqueadores de dinero más buscados del mundo elaborada por la Oficina del Fis-cal General de los Estados Unidos48. Herrera, hijo de un trabajador bananero y pro-veniente el noreste de Guatemala, fue un vínculo clave entre los carteles colombia-nos y mexicanos hasta su detención en Bogotá en 2007 y posterior extradición a los Estados Unidos. Otro de ellos era Juancho León, quien supuestamente aspiraba a controlar el tráfico en la región. “Era una imitación del Chapo Guzmán, dijo en refe-rencia al líder del cartel mexicano de Sinaloa una fuente oficial del este de Guatemala. “Quería manejar los otros carteles, controlar todos los cargamentos”49. Sin embargo, su organización se desintegró a los pocos años de su muerte. Un presunto aliado, Giovanni España, supuestamente el capo de Chiquimula, fue emboscado y asesinado junto con cuatro guardaespaldas en 201050. El hermano de León, Haroldo, y sus guardaespaldas también fueron muertos a balazos en Petén en mayo de 201151.

Los Zetas sembraron el caos en un mundo criminal ya convulsionado. Los Loren-zana y otras presuntas redes familiares, en particular los Mendoza en los departamen-tos de Izabal y Petén en el noreste, y el grupo Ortiz López (Chamalé) en el suroeste, a lo largo de la costa del Pacífico y la frontera con México, habían sobrevivido desde los 80 manteniendo un perfil bajo y cultivando el apoyo de la comunidad. Ese modo de operar estaba en crisis: el mercado de la cocaína se reducía y la competencia au-mentaba. Al mismo tiempo, los cargamentos se hicieron más vulnerables a los robos durante los viajes por tierra hacia Mexico y Estados Unidos52.

Otra fuente de preocupación para las viejas redes del narcotráfico era la creciente presión del gobierno. Durante años las autoridades habían hecho poco o nada por investigar a los traficantes, ni siquiera a aquellos requeridos por los Estados Unidos. Durante casi veinte años después del arresto y extradición del ex alcalde de Zacapa Arnoldo Vargas, acusado de narcotráfico, en 1992, no hubo más detenciones de im-portantes narcotraficantes requeridos por Estados Unidos. Los capos del narcotráfi-co guatemaltecos detenidos durante ese periodo fueron capturados fuera del país: Byron Berganza fue detenido en El Salvador en 2003, Otto Herrera en Colombia en 2007, Jorge Mario “el Gordo” Paredes en Honduras en 2008, y Ottoniel Turcios en Belice en 2010. Todos ellos fueron condenados a penas de prisión, que actualmente cumplen en Estados Unidos53.

47 “Grupos de Poder”, op. cit, p. 57; “Carteles se reacomodan tras captura de Herrera”, Prensa Libre, 16 de julio de 2007. 48 Julie López, “Eight-year manhunt lands international drug traffickers in DC courts”, Woodrow Wilson Latin American Program, n.d., p. 1 (disponible online en español en Plaza Pública, www. plazapublica.org, 17, 25 de mayo, 1 de junio de 2012. 49 Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 30 de enero de 2014. 50 “Asesinan a supuesto narco y sus guardias”, Prensa Libre, 26 de junio de 2010. 51 “Asesinan a hermano de Juancho León en Petén”, elPeriódico, 14 de mayo de 2011. 52 Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Ciudad de Guatemala, 9 de diciembre de 2013. 53 Estos traficantes también tienen vínculos con Zacapa. Frank Smyth, “Even Court-Approved Ex-traditions Have a Troubled, Bloody History in Guatemala”, InSight Crime, www.insightcrime.org, 5 de julio de 2012. Sobre Herrera, véase Julie López, “Eight year manhunt”, op. cit. Paredes y Turcios estuvieron vinculados con Herrera, pero más tarde con el cartel de los Zetas. Claudia Méndez Arria-za, “Cómo cayó Byron Berganza ‘Si te equivocas, es tu problema’”, elPeriódico, 8 de octubre de 2005; Karen Cardona, “Cae ‘el Gordo’ Paredes”, La Hora, 3 de mayo de 2008; Luis Ángel Sas,



Pero a partir de 2010, grupos de tareas especiales seleccionados y apoyados por la DEA estadounidense llevaron a cabo una serie de arrestos que decapitaron a los que supuestamente eran los principales grupos del narcotráfico en Guatemala54: Mauro Salomón Ramírez (“León del Mar”) y Juan López Ortiz (Chamalé), quienes supues-tamente operaban a lo largo de la costa del Pacífico y la frontera con México, fueron detenidos en 2010 y 2011; Walther Overdick (el “Tigre”), sospechoso de narcotráfico basado en el departamento norteño de Alta Verapaz, fue arrestado en abril de 2012; Mario Ponce, basado en el departamento de Izabal, en el noreste, fue capturado en Honduras en 2011; y Walter Montejo Mérida (el “Zope”) en junio de 2012. Todos ellos supuestamente trabajaban para el cartel mexicano de Sinaloa, con la notable excepción de Overdick y Ponce, quienes presuntamente trabajaban para los Zetas55.

Los arrestos no se limitaron a los extraditables que enfrentaban cargos en Esta-dos Unidos. Para fines de 2012 los fiscales anunciaron que habían capturado a la mayoría de los capos de los Zetas que operaban en Guatemala, dejando al grupo desorganizado y sin líderes56. La ofensiva comenzó bajo el presidente Álvaro Colom, quien en diciembre de 2010 declaró el estado de sitio y desplegó cientos de tropas para combatir a los Zetas en el departamento de Alta Verapaz. Varias docenas de presun-tos miembros de los Zetas fueron arrestados, aunque aparentemente ninguno de los principales operadores57.

En mayo de 2001, Colom volvió a declarar el estado de sitio en el departamento de Petén tras la masacre de 27 trabajadores agrícolas en Los Cocos a manos de un grupo liderado por “Z-200”58. Varias semanas después, los Zetas atacaron de nuevo,

“EEUU busca a Otoniel Turcios, vinculado con “El Gordo” Paredes”, elPeriódico, 14 de mayo de 2008; R. González/K.Reyes, “Juez beliceño resuelve hoy situación jurídica de Turcios”, elPeriódico, 28 de octubre de 2010. 54 Edgar Gutiérrez, “Temporada de caza en Guatemala”, El Faro, www.elfaro.net, 8 de mayo de 2011. 55 Estos arrestos aparentemente fueron asistidos por los Equipos de Asesores de Apoyo en el Extranje-ro (FAST, por sus siglas en inglés) de la DEA, que trabajan con agentes guatemaltecos cuyos ante-cedentes han sido previamente investigados. Charlie Savage, “D.E.A. Squads Extend Reach of Drug War”, The New York Times, 6 de noviembre de 2011; Gladys Galeano, “Capturan a Mauro Salomón Ramírez Barrios en un pozo”, elPeriódico, 3 de octubre de 2010; “Capturan a capo del narcotráfico Juan Ortiz, alias ‘Chamalé’”, Prensa Libre, 30 de marzo de 2011. Mariela Castañón, “MP: Vinculan a supuesto narco como aliado de los ‘Zetas’”, La Hora, 3 de abril de 2012; “Capturan a presunto narco Mario Ponce en Honduras”, Noticias de Guatemala, 2 de mayo de 2011; “Guatemala extraditará a presunto capo a EU”, El Universal, 11 de junio de 2012. Ponce fue condenado y sentenciado en Miami. “Guatemalan Narcotics Trafficker Sentenced to 25 Years in Prison”, Oficina del Fiscal Gene-ral de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, 22 de agosto de 2012. Overdick se declaró inocente en la presentación de cargos en Nueva York. “Suspected Guatemalan trafficker extradited to U.S.”, Reuters, 12 de diciembre de 2012. Ortiz López, extraditado en mayo de 2014, ha declarado también que es inocente. Véase “Tribunal autorizó extraditar a EU a supuesto narcotraficante gua-temalteco”, Agencia EFE, 29 de febrero de 2012 y “DEA’s Highest Ranking Guatemalan Drug Traf-ficker Extradited To Face Federal Drug Charges”, Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, Distrito Medio de Florida, 23 de mayo de 2014. Montejo fue extraditado en marzo de 2013: “Wálter Montejo, alias ‘el Zope’, es extraditado hacia Estados Unidos”, Prensa Libre, 7 de marzo de 2013. 56 Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 18 de septiembre de 2012. 57 La declaración de estado de sitio por parte del presidente, que debe ser ratificada por el congreso, permite a las autoridades suspender ciertas libertades civiles y llevar a cabo arrestos sin orden judi-cial. Véase Asier Andrés, “Congreso ratifica el Estado de Sitio en Alta Verapaz”, elPeriódico, 23 de diciembre de 2010. 58 Álvaro Montenegro, “Masacre fue coordinada por Z200 desde México”, elPeriódico, 24 de enero de 2014. Z200, quien supuestamente dirigió los asesinatos desde México, fue posteriormente arres-tado allí. Véase también Informe de Crisis Group, Narcotráfico y violencia, op. cit., p. 2.



asesinando y descuartizando a un auxiliar fiscal en Cobán. Las autoridades reaccio-naron rápidamente, y en un mes la policía había arrestado a más de una docena de sospechosos. En junio de 2012, un tribunal de alto riesgo condenó a 36 miembros de los Zetas, todos guatemaltecos a excepción de uno, por su participación en ese homi-cidio y otros delitos59. En febrero de 2014, el tribunal condenó a nueve miembros de los Zetas –seis guatemaltecos y tres mexicanos– a más de 100 años cada uno por la masacre de los trabajadores agrícolas60.

En octubre de 2013, las autoridades de Guatemala y México asestaron otro golpe a los Zetas con la captura en México de Gerardo Jaramillo, alias el Yankee, presun-tamente uno de los cabecillas del grupo en Guatemala y al parecer vinculado a la masacre de Petén y otros delitos en Zacapa y Chiquimula61. Su detención facilitó in-formación que condujo al descubrimiento de un arsenal de armas, incluidos rifles de asalto, varios lanzagranadas, cargadores, 2.000 rondas de municiones de varios ca-libres, chalecos antibalas y pasamontañas62. Seis años después de que los Zetas ocu-paran los titulares en Guatemala por primera vez con el asesinato de Juancho León, suscitando inquietud acerca de la posibilidad de que estuvieran trayendo las guerras de la droga de México a Guatemala, las autoridades se atrevieron a declarar victoria. El canciller Fernando Carrera afirmó: “Los Zetas no están en Guatemala, los captu-ramos y los echamos”63.

B. De los Zetas a los Zetillas

El estilo agresivo de los Zetas rompió con el modelo que había permitido a las redes familiares sobrevivir durante décadas. En lugar de cultivar paulatinamente el apoyo de la comunidad y sobornar a funcionarios y policías locales, intentaron tomar el control de las rutas de la droga por la fuerza. “Este es un país pequeño; todo el mun-do sabe quiénes son los traficantes”, dijo un analista político. “Para operar, los trafi-cantes necesitan alcaldes y policías dispuestos a mirar hacia otro lado; necesitan que la comunidad les facilite información. Ese no era el estilo de los Zetas, y no fueron bien recibidos”64.

Su llamativa violencia también concentró la atención de las autoridades, incluidos fiscales a quienes una serie de reformas recientes otorgaron mayor capacidad para realizar tareas de inteligencia a través de informantes, escuchas telefónicas y agentes encubiertos. Esta capacidad se centró en capturar a los grupos más violentos, inclui-

59 Byron Vásquez y Mynor Toc, “Tribunal condena a prisión a 36 integrantes de los zetas”, Prensa Libre, 28 de junio de 2012. Solo uno de los Zetas condenados en relación con este caso es mexicano. “Condenan a 36 ‘zetas’ en Guatemala con penas de dos a 158 años de cárcel”, Proceso, 28 de junio de 2012. Los tribunales de alto riesgo, creados en 2009 en el marco de reformas legislativas pro-puestas por la CICIG, cuentan con recursos y medidas de seguridad adicionales para juzgar casos sensibles contra figuras del crimen organizado o poderosos ex funcionarios. Véase Luis Ángel Sas, “Reforman ley de procesos penales de mayor riesgo”, elPeriódico, 16 de noviembre de 2009. 60 “Sentencian a más de 100 años a zetas por masacre en Petén”, Siglo21, 21 de febrero de 2014. 61 Entrevista de Crisis Group, Ministerio Público, 18 de septiembre de 2012. Miriam Wells, “Zetas’ Top Guatemala Operative Captured in Mexico”, InSight Crime, www.insightcrime.org, 15 de octu-bre de 2013. 62 “Incautan más armas a grupo vinculado a zetas”, Prensa Libre, 30 de octubre de 2013. 63 Eva Saiz, “Entrevista, Canciller de Guatemala: Los Zetas no están en Guatemala, los capturamos y los echamos”, El País, 10 de febrero de 2014. Algunos analistas no están de acuerdo. Véase Julie López, “Zetas: ¿realidad o ficción en Guatemala?”, La Opinión, 14 de febrero de 2014. 64 Entrevista de Crisis Group, Miguel Castillo Girón, Ciudad de Guatemala, 22 de agosto de 2011.



dos los Zetas, quienes se convirtieron en una prioridad debido al daño que causaban a la población en general65. Si bien los fiscales creen que aún puede haber pequeños grupos de Zetas liderados por mexicanos operando en los departamentos de Petén, Huehuetenango y Alta Verapaz, su poder es limitado. Algunos analistas piensan que incluso entre 2008 y 2011 (cuando la preocupación alcanzó su punto máximo) el número de integrantes e influencia del grupo fueron exagerados: algunos criminales identificados como Zetas por los medios pueden haber sido aspirantes, que adopta-ron la etiqueta del cartel sabiendo que generaría más terror66.

“No hubo un desplazamiento de los Zetas de México”, afirmó un analista mexi-cano que trabaja en Guatemala, quien señaló que la principal preocupación del cartel en los últimos años ha sido la de defender su territorio en México, y no la de tomar el control de nuevas rutas. “Es posible que hayan querido establecer una franquicia aquí, pero generalmente han trabajado mediante intermediarios”, como supuesta-mente Walther Overdick en Alta Verapaz, a quien las autoridades estadounidenses acusan de transportar drogas para los Zetas67. Los Zetas tampoco han desatado en Guatemala las sangrientas guerras territoriales que han costado la vida a miles de mexicanos, como la batalla entre los Zetas y el cartel del Golfo por el control de Nue-vo Laredo, o entre los carteles de Sinaloa y Juárez por Ciudad Juárez68. La elimina-ción de líderes mediante el asesinato o el arresto ha generado la competencia interna por el liderazgo o la fractura de las redes en grupos más pequeños. En lugar de ma-sacres, el resultado ha sido numerosos asesinatos individuales que a menudo no son denunciados69.

“Estamos ante la decadencia de los viejos grupos”, dijo un catedrático e investiga-dor. “Las viejas redes fueron trastocadas por los Zetas, y ahora los Zetas se han desin-tegrado en Zetillas. Son grupúsculos, no grandes operadores”70. No obstante, afirmó un investigador del gobierno, “los grupos pequeños pueden ser peores”. Los grupos más grandes que han consolidado su poder son capaces de controlar a sus miem-bros; los grupos más débiles no. “La puja por el poder entre grupos disidentes explica en gran medida la violencia en el este”, dijo71.

65 Entrevista de Crisis Group, Ministerio Público, Ciudad de Guatemala, 16 de octubre de 2013. Los fiscales señalan que también han actuado rápidamente contra otros grupos que amenazan el orden público. Tras el asesinato de ocho agentes policiales en una estación en Salcajá, Quetzaltenango, en junio de 2013, más de una docena de miembros del grupo presuntamente responsable fueron arres-tados en las siguientes seis semanas. Las escuchas telefónicas ayudaron a los investigadores a ubicar al líder del grupo, Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias “el Guayo Cano”, en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, en el sudeste de México, donde fue capturado el 4 de octubre de 2013. Su grupo, según informes de prensa vinculado con el cartel del Golfo, estaba basado en Huehuetenango, un departamento en la frontera mexicana, pero transportaba drogas desde Zacapa, afirmaron los fiscales. 66 Entrevista de Crisis Group, funcionario de gobierno, 6 de marzo de 2013. 67 Entrevistas de Crisis Group, David Martínez-Amador, Ciudad de Guatemala, 7 de septiembre de 2012, 21 de noviembre de 2013. Sobre Overdick, véase “Manhattan U.S. Attorney Announces Arrest of Guatemalan Drug Trafficker Linked to Los Zetas Cartel”, Oficina del Fiscal General de los Esta-dos Unidos, Distrito Sur de Nueva York, 3 de abril de 2012. 68 Para cobertura de la violencia en estas ciudades, véase Steven Dudley, “Zetas Leader’s First Task: Hold Nuevo Laredo”, 7 de agosto de 2013, y Patrick Corcoran, “Is Violence Returning to Ciudad Juarez?”, 23 de agosto de 2013, ambos en InSight Crime, www.insightcrime.org. 69 Entrevista de Crisis Group, Miguel Castillo Girón, Ciudad de Guatemala, 15 de agosto de 2013. 70 Entrevista de Crisis Group, Daniel Haering, Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2013. 71 Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 16 de octubre de 2013.



A menudo son los más implacables –antiguos guardaespaldas o sicarios– quienes ganan estas luchas internas72. En palabras de un funcionario del gobierno, la menta-lidad de los transportistas se ha transformado de “hombres de negocios a sicarios”73. Uno de los presuntos nuevos líderes criminales en el este es Jairo Orellana Morales, capturado tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad en mayo de 201474. Nacido en Zacapa, se dice que comenzó su carrera como sicario para la familia Lorenzana75. En agosto de 2013, el Tesoro estadounidense lo identificó como un narcotraficante que transportaba cocaína para los Zetas76. En una investigación publicada en un diario fue apodado “el rey del tumbe” por robar cargamentos a sus rivales. También siguien-do el ejemplo de los Zetas, según se afirma, diversificó sus operaciones para incluir el secuestro y la extorsión77.

Orellana presuntamente también operó en Honduras, robando cargamentos a los dos grupos que se supone que dominan el tráfico de cocaína en el país: los Valles y los Cachiros78. Esto casi le cuesta la vida en noviembre de 2012, cuando sicarios su-puestamente enviados por traficantes hondureños intentaron asesinarlo en una clí-nica de cirugía plástica ubicada en la exclusiva zona 15 de Guatemala, donde estaba recibiendo tratamiento. Según información publicada en la prensa, logró escapar por una ventana, pero los sicarios asesinaron a varios de sus guardaespaldas, incluidos un ex inspector de policía y un ex soldado buscado por desertor. Los investigadores hallaron más de 100 cartuchos usados en la clínica y el estacionamiento de esta79.

C. Una historia de violencia

Desde hace mucho tiempo, Guatemala oriental se ha caracterizado por la falta de control del gobierno central, sumada a una historia de caudillismo y rebelión. A mediados del siglo XIX, ladinos insurgentes basados en las montañas del este de Guatemala se enfrentaron con el gobierno nacional, tanto liberal como conserva-dor80. A mediados del siglo XX, las montañas orientales volvieron a albergar rebel-des, esta vez oficiales del ejército convertidos en guerrillas de izquierda tras el golpe

72 Edgar Gutiérrez, “Temporada de Caza”, op. cit. 73 Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, 9 de diciembre de 2013. 74 Óscar F. Herrera, “Jairo Orellana Morales fue detenido luego de enfrentamiento armado”, elPe-riódico, 16 de mayo de 2014. 75 Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, 30 de enero de 2014. 76 “Treasury Designates Guatemalan Trafficker Allied with Los Zetas”, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, centro de prensa, 20 de agosto de 2013. 77 José Rubén Zamora, “‘El Rey del Tumbe’ y las extorsiones”, elPeriódico, 11 de febrero de 2013. 78 Zamora, “El Rey del Tumbe”, op. cit. Véase también InSight Crime, www.insightcrime.org, para información de fondo sobre los “Valles”, quienes supuestamente operan en el departamento de Co-pán, y los “Cachiros” con base en Colón, pero cuyo territorio se extiende hasta Gracias a Dios y Olan-cho. En su primera extradición de un sospechoso de narcotráfico a EEUU, en mayo de 2014 Hondu-ras envió a Carlos Arnoldo Lobo a Miami, Florida. EEUU calificó a los “Cachiros” de organización narcotraficante en 2013. “Treasury Targets ‘Los Cachiros’ Drug Trafficking Organization in Hondu-ras”, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, centro de prensa, 19 de septiembre de 2013. 79 “Orellana habría robado droga”, Prensa Libre, 24 de noviembre de 2012. 80 Rafael Carrera, el caudillo que dominó Guatemala durante gran parte del siglo XIX, lanzó una rebelión contra los liberales desde las montañas orientales, pero posteriormente él mismo tuvo que enfrentarse a insurgentes del “agitado y anárquico” este. Ralph Lee Woodward, Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871 (Athens, 1993), p. 192; Douglass Sullivan-Gonzalez, Piety, power and politics: religion and nation formation in Guatemala, 1821-1871 (Pittsburgh, 1998).



de estado, auspiciado por la CIA, contra el gobierno reformista del Coronel Jacobo Árbenz. Esta rebelión, ocurrida en 1960, marcó el comienzo de un conflicto armado que se cobró decenas de miles de vidas a lo largo de los siguientes 36 años81.

Los abusos más infames de los derechos humanos –incluidas masacres de indí-genas que una comisión de la ONU consideró “actos de genocidio”– ocurrieron en el altiplano occidental durante los años 80, pero las campañas de pacificación en el este durante los 60 y los 70 también fueron brutales. La fuerza aérea lanzó bombas in-cendiarias contra aldeas remotas sospechosas de albergar terroristas, mientras que escuadrones de la muerte paramilitares aterrorizaron a los pueblos, “desaparecien-do” a estudiantes, sindicalistas, periodistas y otras personas sospechosas de simpati-zar con la izquierda82. Un elemento clave de las operaciones contrainsurgentes fue-ron los comisionados militares, a menudo terratenientes, políticos, industriales, guardaespaldas o estudiantes conservadores, que recibían entrenamiento y armas de los militares, además de documentos de identidad que les facultaban para detener e interrogar sospechosos y reclutar a jóvenes locales para el servicio militar. Básica-mente eran, en palabras de un ministro de defensa de aquella época, los “ojos y oí-dos” del Ejército83. Los “civiles armados” también eran, según una “nota de inteli-gencia” del Departamento de Estado, “una fuente potencial de poder político para derechistas y militares ambiciosos”84.

A partir de los años 80, algunos de estos comisionados usaron sus conexiones po-líticas y militares para transportar drogas ilegales a través de Guatemala. Si bien hasta finales de los 90 la mayor parte de la cocaína se transportó directamente desde Sudamérica a Florida, los narcotraficantes ya usaban Centroamérica como una ruta menos directa, pero más segura. Los oficiales militares y de inteligencia y sus socios comisionados constituían una red establecida y bien conectada. “En los años 80 apa-recieron cientos de pequeñas pistas de aterrizaje en zonas rurales, a menudo cerca de bases militares”85. Guatemala volvió a tener un gobierno civil democráticamente elegido en 1986, pero las fuerzas armadas –penetradas por redes criminales dedica-das a su propio enriquecimiento y a eliminar a sus rivales políticos– siguieron siendo la institución dominante durante muchos años86.

81 Hay una extensa literatura sobre el conflicto armado. Sobre su origen histórico y evolución, véase Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Guatemala: Nunca Más, vol. III: El entorno histórico, 1998, pp. 26-68, que describe la rebelión militar de 1960 y el movimiento guerri-llero en el este. Sobre las víctimas, véase Daniel Rothenberg (ed.), Guatemala, Memory of Silence: The Guatemalan Truth Commission Report (New York, 2012), p. 179. En 1999, la comisión de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas presentó un informe que registraba 42.275 víctimas y, basándose en sus propios cálculos y otros estudios, estimaba que 200.000 habían perdido la vida en el conflicto. 82 “Memory of Silence”, op. cit., pp. 15, 72. Guatemala fue pionera en emplear la táctica de la “desa-parición” de sospechosos, que después usaron los militares en países como Argentina y Chile. 83 Nunca Más, vol. 3, op. cit., p. 51. 84 “Subject: Guatemala: A Counter-Insurgency Running Wild?”, Subsecretario de Estado Adjunto Thomas L. Hughes al Secretario de Estado, 23 de octubre de 1967, Archivo Nacional de Seguridad, Universidad George Washington, documento 4. 85 “Organizaciones Criminales y Tráfico Ilícito”, CNA, op. cit., pp. 11-12. Sobre la participación de los militares guatemaltecos en el narcotráfico, véase Frank Smyth, “The Untouchable Narco-State: Guatemala’s military defies the DEA”, The Texas Observer, 18 de noviembre de 2005. 86 Susan C. Peacock y Adriana Beltrán, “Hidden Powers in Post-Conflict Guatemala, Illegal Armed Groups and the Forces behind them”, Washington Office on Latin America, 2003. Grupos crimina-les dentro de las fuerzas armadas y policiales también fueron vinculados con delitos como el secues-tro y el robo de autos. Militares activos y retirados siguieron eliminando a sus presuntos adversa-



Los comisionados militares son el “quién es quién” de los narcotraficantes gua-temaltecos87. Se afirma que Waldemar Lorenzana fue uno de ellos, al igual que Ar-noldo (“Archie”) Vargas, el ex alcalde de Zacapa extraditado a los Estados Unidos por cargos de tráfico de cocaína88. Otro del este fue Byron Berganza, detenido en El Sal-vador en 2004 y expulsado directamente para ser enjuiciado en Estados Unidos89. Según algunos informes, Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, recientemente ex-traditado y en otros tiempos considerado el traficante más poderoso del oeste, tam-bién fue uno de ellos90.

Estos traficantes a menudo se labraron una reputación de benefactores públicos y protectores frente a otros criminales más violentos. En un perfil publicado en una revista se describe a Vargas, quien fue arrestado durante su segundo mandato, como un político de presencia “carismática” con fama de mostrar “generosidad con los po-bres”, y cortejado por los partidos políticos nacionales por su habilidad de generar “una fuente inagotable de votos”91. Chamalé es un pastor evangélico que construyó varias Iglesias mientras supuestamente blanqueaba dinero. Tras su arresto, un cho-fer de microbús local dijo a investigadores: “Podía ser narco y lo que sea, pero por lo menos con Ortiz la delincuencia se controlaba”92.

La familia Lorenzana de Zacapa posiblemente sea el presunto clan narcotraficante más arraigado a nivel local. Waldemar Lorenzana, de 74 años, fue extraditado a los Estados Unidos en marzo de 2014, tres años después de su captura, acusado de transportar droga para el cartel de Sinaloa. Dos de sus hijos han sido arrestados y un tercero permanece prófugo, con una recompensa de $200.000 por su captura93. Otro de sus hijos y una hija han sido designados traficantes por el Tesoro de los Es-tados Unidos, lo que significa que hacer negocios con ellos o cualquiera de las muchas empresas familiares podría conllevar sanciones penales o multas. La familia Loren-zana niega las acusaciones, afirmando que las fuentes de su riqueza son la ganadería y la agricultura94. En su pueblo, La Reforma, muchos vecinos aún los ven como gana-deros exitosos que ayudaron a sus vecinos menos afortunados.

rios políticos a través de redes conocidas como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguri-dad (CIACS). La ONU estableció la CICIG para desmantelar estas redes en 2oo7. Informe de Crisis Group sobre América Latina N°36, Caminar sin muletas: un balance de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 31 de mayo de 2011. 87 “Delincuencia Organizada Transnacional”, ONUDD, op. cit., p. 42. 88 “Organizaciones Criminales y Tráfico Ilícito”, CNA, op. cit., diciembre de 2011, p. 12. Sobre Vargas, véase Smyth, “The Untouchable Narco-State”, op. cit. 89 Berganza también fue informante de la DEA en Guatemala, como salió a la luz durante su juicio en EEUU. Véase “Cómo cayó Byron Berganza”, op. cit. 90 “Delincuencia Organizada Transnacional”, ONUDD, op. cit., p. 42. 91 “El largo recorrido de Arnoldo Vargas: desde Manzanote hasta las rejas”, Crónica, 17 de enero de 1992, p. 17. 92 “Organizaciones criminales y tráfico ilícito”, CNA, op. cit., pp. 55, 58. 93 Mike McDonald, “Suspected Guatemalan drug trafficker extradited to U.S.”, Reuters, 18 de marzo de 2014. 94 “Treasury Designates Lorenzana Family Members and Businesses Allied with the Sinaloa Cartel”, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, centro de prensa, 14 de noviembre de 2012. “‘Siempre hemos servido a Dios y a la gente’: Ovaldino Lorenzana Cordón asegura que su padre es hombre de bien”, Nuestro Diario, 30 de abril de 2011.



IV. Benefactores y matones

A. El otoño del patriarca

El pueblo de La Reforma está situado en Huité, uno de los municipios más pobres de Zacapa95. Se trata de una colección de edificios de un piso comunes y corrientes ubi-cados a lo largo de unas cuantas calles asfaltadas rodeadas por los campos irrigados de melón y sandía que son la principal fuente de empleo en la zona. Lo que lo hace inusual es un alto muro que se extiende a lo largo de una de sus calles, con torres de vigilancia desde donde los guardias de seguridad pueden observar la calle. Tras este muro, con sus ornamentadas rejas pseudo-góticas, vive la familia Lorenzana, vene-rada por algunos vecinos como benefactores públicos, denostada por otros como narcotraficantes que lavaron las ganancias obtenidas de la cocaína invirtiendo en un consorcio de empresas de construcción y transporte, gasolineras y un negocio de ex-portación de fruta96.

Es difícil saber cuántos de los negocios legales e ilegales acumulados por la fami-lia más célebre de La Reforma aún quedan en pie. Su imperio provincial se ha visto sacudido en los últimos dos años por el arresto de Waldemar Lorenzana y sus dos hijos y la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones a cualquiera que haga negocios con ellos97. Los vecinos de Zacapa dicen que los Lorenzana han vendido el negocio de exportación de fruta que generaba empleo local y han abandonado la ma-yoría de sus obras benéficas, como el apoyo a una clínica que supuestamente atendía gratuitamente a los pobres98. Analistas del gobierno dudan que la familia haya aban-donado el narcotráfico, aunque su alcance e influencia parecen haberse reducido99.

Incluso aquellos que condenan a los Lorenzana por traficantes afirman que la familia ha ayudado a su comunidad. “Proporcionaban empleo”, dijo el dueño de un restaurante de la capital del departamento, “y no solo a los trabajadores del campo. Empleaban a ingenieros y a otros profesionales”. “El viejo es un caballero que ha sido muy generoso”, dijo un político local de otro pueblo100. Un funcionario que trabaja en la prevención del delito dijo que sus compañeros realizaron una encuesta infor-mal en la que pedían a los residentes de Huité que nombraran un líder local al que admiraran, y “el 98 por ciento nombró a Lorenzana. Aún lo ven como el patriarca; sin él, sienten que no hay nadie que les ayude”101.

95 “Cifras para el Desarrollo Humano: Zacapa”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Guatemala, Colección estadística departamental, 2011, p. 6. Zacapa tiene diez municipios. Huité es el segundo más pobre, según el índice de desarrollo humano del PNUD, basado en ingresos, sa-lud y educación. Véase también “Zacapa: Plan de Desarrollo Departamental, 2011-2025”, SEGE-PLAN, p. 16. Según el SEGEPLAN, la tasa de matriculación en la escuela secundaria en Huité del 25 por ciento, muy por debajo de la media nacional y departamental del 40 por ciento, y más de una tercera parte de la población sufre desnutrición crónica. 96 Visita de Crisis Group, La Reforma, Zacapa, 8 de diciembre de 2013. Julie López, “Narcotráfico: El ocaso de los Lorenzana”, Plaza Pública, www.plazapublica.com.gt, 30 de abril de 2011. 97 Luis Castro, “Cae Elio Lorenzana tras un operativo en Zacapa”, Siglo 21, 9 de noviembre de 2011. Byron Vásquez y Jerson Ramos, “Detenido otro Lorenzana”, Prensa Libre, 18 de septiembre de 2013. 98 Entrevistas de Crisis Group, Zacapa, 20 de septiembre de 2012, 9 de marzo de 2013, 2, 8 de diciem-bre de 2013. 99 Entrevista de Crisis Group, funcionario de gobierno, 16 de octubre de 2013. 100 Entrevistas de Crisis Group, Zacapa, 20 de septiembre de 2012. Un video anónimo manifiesta gratitud al capo, www.youtube.com/watch?v=ZHvJVZSnT3E. 101 Entrevista de Crisis Group, Zacapa, 2 de diciembre de 2013.



Algunos también dijeron que el declive de los Lorenzana había sembrado el caos. Waldemar y su familia mantenían un cierto orden entre los traficantes de la región que restringía la violencia a los ajustes de cuentas internos, lo que la hacía más pre-decible, explicaron102. “Zacapa siempre ha sido un lugar violento”, dijo un trabajador social. “Pero ahora la gente común tiene miedo. Hay muchos más jóvenes que quie-ren ganar dinero rápidamente y mueren en el intento”. “Antes sabíamos quiénes eran los narcos”, dijo el dueño del restaurante. “Ahora podrías estar hablando con un traficante y no saberlo. Jóvenes de los que nunca habías oído hablar de repente son capos”103.

Si bien la fuente de su riqueza es el crimen transnacional, el poder e influencia de los traficantes del este se remonta a relaciones tradicionales arraigadas en la historia de Guatemala: la figura del terrateniente que es a la vez empleador y hombre fuerte de la política local104. Los terratenientes y empresarios locales ligados a las redes criminales se conocen como “los señores”, según una investigación sobre comunida-des fronterizas realizada en 2011, y algunos vecinos los ven como defensores de los intereses locales. Si bien a ojos del gobierno nacional participan en actividades ilega-les, a nivel local estas redes “tradicionalmente han proporcionado seguridad contra los delincuentes y la delincuencia común”105.

Los Lorenzana –junto con las familias Mendoza, León y Ortiz (Chamalé)– se con-sideran algunas de las redes criminales familiares más antiguas e influyentes106. Pero cuánto territorio llegaron a controlar, o buscaron controlar, es motivo de discusión. Algunos analistas afirman que, al contrario que los carteles mexicanos, que han lu-chado ferozmente por controlar su territorio, los grupos guatemaltecos son más flui-dos y prefieren colaborar o cooptar a sus rivales antes que enfrentarse a ellos. Como transportistas, se ocupan principalmente de mover su cargamento ilegal de una frontera a otra, empleando rutas y métodos que varían según las necesidades107. Si bien en los últimos años los Lorenzana han transportado drogas principalmente pa-ra el cartel mexicano de Sinaloa, según algunos analistas, son contratistas indepen-dientes, no miembros del cartel. “En Guatemala no hay grandes carteles”, dijo un in-vestigador criminal, explicando que los transportistas no necesitan dominio territo-rial, sino alianzas y apoyo a nivel local108.

102 La captura del patriarca y dos de sus hijos no han llevado a la familia a retirarse del negocio. Otros miembros permanecen activos, según Julie López, quien ha escrito extensamente sobre el narcotráfico en Guatemala. Véase “Los Lorenzana se quedan sin Patriarca. ¿Quién tomará su lu-gar?”, Soy 502, www.soy502.com, 18 de marzo de 2014. 103 Entrevistas de Crisis Group, Zacapa, 20 de septiembre de 2012. 104 Entrevista de Crisis Group, Matilde González, Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guate-mala, 8 de octubre de 2012. 105 “Organizaciones criminales ytráfico ilícito”, CNA, op. cit., pp. 4, 52-54. 106 Steven S. Dudley, “Drug Trafficking Organizations in Central America: Transportistas, Mexican Cartels and Maras”, Woodrow Wilson International Center for Scholars, working paper series on U.S.-Mexico Security Collaboration, mayo de 2010, p. 8; “Delincuencia Organizada Transnacional”, ONUDD, op. cit., p. 24. 107 Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, David Martínez Amador, 21 de noviembre de 2013. “Delincuencia organizada transnacional”, ONUDD, op. cit., p. 11. 108 Entrevista de Crisis Group, Ministerio Público, 16 de octubre de 2013.



B. Lavado de activos

Un estudio sobre las comunidades fronterizas en Zacapa, San Marcos y Petén con-cluyó que el narcotráfico había brindado beneficios tangibles, no solo para aquellos directamente involucrados en actividades criminales, sino también para la comuni-dad en general: “La creciente diversidad económica en estas comunidades –la inver-sión en nuevos tipos de cosechas y servicios– y las tasas de escolaridad en aumento apuntan a la emergencia de una pequeña clase media, incluso dentro de comunida-des relativamente aisladas”. Si bien los autores reconocieron que no podían deter-minar el grado en qué este crecimiento estaba relacionado con el blanqueo de dinero, “los ciudadanos locales parecen asumir abiertamente que esto es al menos en parte el caso”109.

Se desconoce cuánto dinero del narcotráfico contribuye a las economías locales. Los residentes de Zacapa y Chiquimula señalan las modernas gasolineras y almace-nes que han aparecido a lo largo de ciertas autopistas como un indicador del lavado de dinero. Otros dicen que los narcotraficantes son dueños de discotecas, complejos residenciales y centros comerciales110. Incluso el crecimiento del cultivo del tomate en el este se atribuye, al menos en parte, al dinero del narcotráfico. También se men-cionan las empresas de construcción, muchas de las cuales participan en licitaciones públicas111.

Pero el narcotráfico además genera actividades menos benignas que pueden en-gendrar mayor violencia, especialmente a medida que los grupos se escinden en fac-ciones más violentas. Un funcionario local en Zacapa dijo que los préstamos ilegales se habían convertido en una forma habitual de lavar las ganancias, con el uso de sica-rios para forzar los pagos. En Zacapa y Chiquimula, los vecinos y funcionarios dije-ron que el narcomenudeo estaba en alza. Un detective de homicidios de la región dijo que en la mayoría de los casos que había manejado, tanto la víctima como el agresor estaban involucrados en el negocio de la droga, cada vez más a nivel local112. Los tra-ficantes callejeros, muchos de ellos mujeres, que huyen con la mercancía o no entre-gan las ganancias, a menudo aparecen muertos, según un funcionario local113.

El uso de drogas duras como la cocaína, que solía estar mal visto, ahora es “cultu-ralmente aceptable”, afirmó un educador en una pequeña localidad. Un ex adicto activo en un grupo local de Narcóticos Anónimos dijo que las drogas ilegales estaban de moda entre los estudiantes de clase media114. Sus comentarios se hicieron eco en Zacapa, donde un funcionario local dijo que las drogas eran tan fáciles de vender como lo era comprar dulces115. Pero la información sobre el consumo de drogas en

109 “Organizaciones criminales y tráfico ilícito”, CNA, op. cit., p. 5. 110 Entrevistas de Crisis Group, Zacapa, 20 de septiembre de 2012; Chiquimula, 18-19 marzo de 2013. 111 “Organizaciones criminales y tráfico ilícito”, CNA, op. cit., p. 50. El gobierno recientemente im-plementó una ley de recuperación de activos, sin embargo aún no tiene la capacidad de investigación ni los conocimientos técnicos necesarios para rastrear fondos ilegales, un desafío incluso para los países desarrollados. “Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica: lavado de dinero y sus impli-caciones en la seguridad regional”, Fundación Konrad Adenauer y Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia (laRED), junio de 2012. Este estudio analiza nuevas leyes y políticas para combatir el lavado de dinero, y señala las “enormes dificultades para obtener información confiable y públicamente comprobable” sobre el lavado de dinero a fin de medir su impacto económico (p. 6). 112 Entrevistas de Crisis Group, Chiquimula, 9 de septiembre de 2012, Zacapa, 2 de diciembre de 2013. 113 Entrevista de Crisis Group, Zacapa, 2 de diciembre de 2013. 114 Entrevistas de Crisis Group, Chiquimula, 18, 19 de marzo de 2013. 115 Entrevistas de Crisis Group, 1-2 de diciembre de 2013.



Guatemala es fundamentalmente anecdótica. La oficina gubernamental encargada de lidiar con del abuso de drogas solo cuenta con financiamiento para programas educativos, no para investigación116.

El arresto de grandes capos de la droga ha vuelto a los traficantes más discretos, según un fiscal, pero siguen siendo influyentes. “Antes iban en caravanas de autos con guardaespaldas que portaban armas automáticas a la vista”, dijo. “Eso ya no se ve, pero todo el mundo sabe quiénes son”117. El director de una escuela dijo que los traficantes aún eran vistos como triunfadores, admirados por jóvenes que carecen de oportunidades. “Aquí no hay buenos empleos”, dijo. “El narcotráfico ofrece dinero, una vida mejor”118. Los traficantes y sus socios en el negocio además tienen el dinero necesario para sobornar a la policía y otras autoridades y así poder mover las drogas y lavar las ganancias. Se asume que la colaboración de la policía con el crimen orga-nizado está generalizada. “Policía, narcos: son lo mismo”, dijo un educador119. Un periodista afirmó que eran pocos los vecinos que llamarían a la policía para denun-ciar una actividad criminal, ya que se consideraba que la policía no podía hacer na-da, o había sido sobornada. “¿Para qué pedir más policía?” preguntó un funcionario local, expresando lo que dijo que era un sentimiento popular. “Los mismos policías solo generan más inseguridad”120.

Se afirma que el financiamiento de campañas es una forma de lavar dinero, ade-más de comprar influencia política. Un ex funcionario electo dijo que dejó la política porque las campañas se habían vuelto demasiado costosas. Los traficantes locales contribuyen en efectivo y en especie: “Proveen los carteles, el transporte y el perso-nal de campaña”. El ex funcionario añadió que tras dejar la política intentó fundar una empresa de construcción, pero en esa industria también abunda el dinero del narcotráfico: “Es imposible competir. Siempre habrá alguien que ofrezca un precio más bajo”121.

La influencia del crimen organizado –y otros poderosos grupos de interés– en la política local rara vez se denuncia. Una ley electoral aprobada en 2007 restringe los gastos de campaña, pero el Tribunal Supremo Electoral no la aplica con rigor, y las potenciales sanciones son meramente nominales122. Algunas ONG como Acción Ciu-dadana calculan los gastos de las campañas nacionales en base a los anuncios de tele-visión, pero monitorear el gasto a nivel local, especialmente en las localidades fron-terizas, resulta difícil y peligroso123. Muchos dan por sentado que los narcotrafican-

116 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SEC-CATID) realiza encuestas sobre el uso de drogas en las escuelas en zonas urbanas de ciertos depar-tamentos, pero no ha llevado a cabo ningún estudio nacional o regional a largo plazo para medir las tendencias. Entrevista de Crisis Group, SECCATID, 20 de noviembre de 2013. Algunos funcionarios afirman que, por lo general, el consumo de cocaína en el país es bajo comparado con otros países. Véase Marta Sandoval, “¿Qué drogas se consumen en Guatemala?”, elPeriódico, 10 de julio de 2011. 117 Entrevista de Crisis Group, Zacapa, 9 de marzo de 2013. El fiscal afirmó que la Ley de Armas y Municiones promulgada en 2009, que requiere que se registren las armas y prohíbe que se porten a la vista ostentosamente, también había obligado a los traficantes y sus guardaespaldas a ser más discretos. 118 Entrevista de Crisis Group, Zacapa, 4 de septiembre de 2012. 119 Entrevista de Crisis Group, Chiquimula, 18 de marzo de 2013. 120 Entrevista de Crisis Group, Esquipulas, 3 de diciembre de 2013. 121 Entrevista de Crisis Group, diciembre de 2013. 122 Véase Crisis Group, Boletín informativo sobre América Latina N°24, Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia, 16 de junio de 2011, pp. 11-12. 123 Entrevista de Crisis Group, Acción Ciudadana, 24 de octubre de 2013.



tes financian campañas, especialmente a nivel local, pero pocos, o nadie, lo denun-cian. La vicepresidenta Roxana Baldetti expresó a reporteros en diciembre de 2013: “Hay alcaldes que sabemos que trabajan para el narcotráfico y si revisamos el mapa, son alcaldes que están precisamente en las áreas fronterizas, y, ¿quién pone el di-nero para esas campañas? El narcotráfico. Eso no es ninguna magia”124.

C. Sicarios y narcotraficantes

El periodista Luis de Jesús Lima fue abatido a tiros justo antes del amanecer, cuando salía de la estación de radio en Zacapa donde presentaba un programa matinal125. Las cámaras de seguridad muestran a dos hombres a bordo de una motocicleta en la escena, aunque las imágenes no permiten identificarlos, ni tampoco el número de patente. El ataque tuvo todos los rasgos del sicariato: los asesinos actuaron con una eficacia brutal, y no hubo ningún intento de robar o confrontar a sus víctimas. “Fueron directamente a por él; fue muy rápido, muy preciso”, dijo su viuda, Rebeca Pérez126.

Si bien los investigadores afirman que han identificado a los probables sicarios –uno o dos de ellos fueron posteriormente asesinados– no tienen suficientes pruebas para perseguir al autor intelectual; abundan los rumores, pero nadie ha presentado pruebas127. Se han descartado los problemas personales o económicos como posibles motivos del crimen, y se sospecha que Lima fue asesinado a causa de algo que sabía o dijo. La estación desalentaba el debate en vivo de temas polémicos, pero fuera de la radio el veterano periodista de 68 años criticaba abiertamente la corrupción. “La mi-tad de Zacapa probablemente sepa o sospeche quién fue [el autor intelectual]”, dijo un fiscal, “pero no pueden o no quieren decirnos nada, ya sea porque no pueden de-mostrarlo, o porque tienen miedo”128.

En 2013, cuatro periodistas fueron asesinados en Guatemala. Todos ellos fueron baleados por asesinos que huyeron rápidamente, sin robar a la víctima. Tres de los cuatro fueron asesinados en departamentos fronterizos del este: dos en Jutiapa, en la frontera con El Salvador, y uno (Lima) en Zacapa. En abril de 2014, aún no se ha-bía resuelto ninguno de estos casos129. El asesinato de cuatro periodistas en un país con más de 5.000 homicidios al año podría ser atribuido simplemente a la violencia generalizada, pero una ONG guatemalteca advierte que la agresión contra periodis-tas va en aumento: en 2013 registraron 57 agresiones físicas o amenazas, y 26 en los primeros cuatro meses de 2014. La organización responsabiliza a las autoridades por algunas de estas agresiones, pero señala que el Estado ya no es la única, o ni siquiera la principal amenaza a la libertad de expresión: “La presencia del crimen organizado y de grupos de narcotraficantes ha agravado la inseguridad de los periodistas, en espe-cial de quienes ejercen su labor en los departamentos y el principal efecto es la censura 124 Pavel Gerardo Vega, “Baldetti, la CICIG, los alcaldes y el narcotráfico”, elPeriódico, 11 de diciem-bre de 2013. Presionada, se negó a nombrar a los alcaldes que supuestamente habían aceptado di-nero del narcotráfico, aunque dijo que ni ella ni su partido lo habían hecho. 125 Erick de la Cruz, “Asesinan a locutor Luis Lima,” Prensa Libre, 6 de agosto de 2013. 126 Entrevista de Crisis Group, Zacapa, 1 de diciembre de 2013. 127 Entrevista de Crisis Group, unidad de derechos humanos del Ministerio Público, Ciudad de Gua-temala, 3 de febrero de 2014. 128 Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 3 de febrero de 2014. 129 “¡Silencio! Periodistas en Línea de Riesgo: Avances del estado de situación de la prensa en Gua-temala”, Observatorio de los Periodistas, Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CE-RIGUA), enero-abril de 2014, pp. 16-17; y “Estado de situación de la libertad de expresión en Gua-temala durante el 2013”, CERIGUA, p. 3.



y la autocensura”. También señaló que las amenazas contra periodistas que trabajan fuera de las grandes ciudades rara vez se divulgaban por miedo a represalias130.

También es posible que los periodistas sean reacios a denunciar las amenazas o a colaborar con las investigaciones porque ellos mismos reciben sobornos de políticos locales vinculados con el crimen organizado, lo que los hace vulnerables al chanta-je131. Fuentes en Zacapa y Chiquimula afirmaron que los sobornos son de conoci-miento público. Negarse a cooperar puede ser peligroso. Un periodista local dijo que desde que se negó a trabajar con un poderoso político local, él y su familia habían re-cibido amenazas telefónicas132.

Asimismo, el caso de Lima pone de manifiesto las dificultades que enfrentan la policía y los fiscales, en especial en las regiones periféricas. Dado que las oficinas de distrito son vulnerables a la corrupción y la intimidación, las unidades de la capital están a cargo de ciertas investigaciones sensibles, como las relacionadas con el nar-cotráfico y los delitos contra periodistas. Los viajes a Zacapa y otras zonas domina-das por el crimen organizado se mantienen en secreto, incluso dentro del Ministerio Público, por miedo a la infiltración. Los fiscales prefieren no pernoctar, de modo que cada visita requiere un viaje de dos horas. Incluso tomando estas precauciones, las visitas de los investigadores a veces son monitoreadas. Un fiscal relató que al llegar a Zacapa en un viaje supuestamente confidencial se encontró con los abogados del sospechoso, tanto en la escena del crimen como en los tribunales. Cuando los oficia-les de la PNC le advirtieron que estaba en peligro se fue, asegurándose de tomar una ruta alternativa. Los fiscales que viven en la región corren aún mayor riesgo: “Los criminales los conocen a ellos y a sus familias y saben dónde viven”133.

Estos temores están bien fundados: en 2005, hombres armados dispararon y ma-taron a un fiscal y un juez en Chiquimula, en dos incidentes aparentemente separa-dos. Los fiscales comenzaron a comer en la oficina y a variar las rutas de regreso a sus casas. “Cualquier vehículo con vidrios polarizados y con hombres en el interior nos parece sospechoso”, dijo uno de ellos134. Más recientemente, un fiscal que traba-jaba en Chiquimula fue una de las siete personas asesinadas por hombres armados en Huehuetenango, un departamento en la frontera con México. El ataque tuvo to-dos los rasgos del sicariato del crimen organizado: hombres fuertemente armados aparentemente persiguieron a dos vehículos y los incineraron con las víctimas en su interior135. El caso aún no está resuelto, y no está claro si el objetivo era la fiscal, quien según una publicación local el año anterior había escapado de un ataque su-

130 “¡Silencio!”, op. cit., pp. 7, 9. 131 Entrevista de Crisis Group, fiscales, 4 de febrero de 2014. 132 Entrevista de Crisis Group, 2 de diciembre de 2013. 133 Entrevista de Crisis Group, Ministerio Público, Ciudad de Guatemala, 4 de febrero de 2014. 134 Eddy Castillo, “Operadores de justicia en Chiquimula temen por sus vidas”, elPeriódico, 17 de mayo de 2005. 135 Informes de prensa sugirieron que el blanco era un empresario ligado al blanqueo de dinero. El presidente y el ministro de gobernación culparon a los conflictos entre grupos de narcotraficantes rivales en el estado fronterizo de Huehuetenango, donde se dice que operan los carteles de los Zetas y Sinaloa. Las autoridades creen que los asesinos podrían ser miembros del mismo grupo que ase-sinó a nueve policías en Salcajá (véase arriba). No está claro por qué la fiscal Yolanda Olivares y una funcionaria de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente iban en uno de los autos. “Los negocios de Palacios, quien murió carbonizado en Huehuetenango”, elPeriódico, 28 de di-ciembre de 2012; Steven Dudley, “Guatemala Massacre Opens Window into Elite’s Ties to Orga-nized Crime”, InSight Crime, www.insightcrime.org, 14 de febrero de 2013; Gerson Ortiz, “Captu-rados podrían estar implicados en caso de fiscal”, elPeriódico, 16 de julio de 2013.



puestamente de los Zetas136. En respuesta a la pregunta de cuál era el mayor desafío que enfrentaba el Ministerio Público, la ex fiscal general Claudia Paz y Paz contestó: “Garantizar las condiciones de seguridad necesarias para jueces, fiscales y sujetos procesales. Sobre todo en los departamentos de frontera”137.

Garantizar que los fiscales en los departamentos fronterizos no sean corrompidos es otro de los desafíos. La oficina antinarcóticos del Ministerio Público en Chiquimula se ha visto repetidamente sacudida por escándalos. En enero de 2013, las autorida-des detuvieron a un auxiliar fiscal, acusado de autorizar la salida de camiones carga-dos con precursores químicos –usados para fabricar drogas ilícitas, incluida la co-caína– del puerto de Santo Tomás, sin ser inspeccionados; en febrero de 2013, arres-taron a otros dos fiscales de la misma oficina bajo cargos de facilitar la entrada de precursores químicos. En enero de 2013, un chofer de la unidad y un agente de la policía antinarcóticos fueron detenidos cuando se pudo comprobar mediante escu-chas telefónicas que estaban informando a traficantes locales sobre los agentes anti-narcóticos y sus casos138.

136 Véase “Matan a agente fiscal del Ministerio Público de Chiquimula en Huehuetenango”, Mi Chi-quimula, michiquimula.com, 24 de diciembre de 2012, que afirma que el año anterior Olivares ha-bía sido víctima de un ataque fallido a manos de sicarios supuestamente contratados por los Zetas. 137 Araceli Osorio, “Entrevista: Claudia Paz y Paz Bailey”, Info Sur Hoy, www.infosurhoy.com, 12 de febrero de 2014. 138 “Tres capturados por facilitar envío de precursores químicos”, 29 de febrero de 2012; “Capturan a fiscales por colaborar en el ingreso de precursores químicos”, 29 de enero de 2013, ambos Minis-terio Público; Coralia Orantes, “Banda pasaba datos a narcos”, Siglo21, 3 de abril de 2013.



V. Del control fronterizo al desarrollo

En abril de 2014, el presidente Pérez Molina anunció la creación de la Fuerza de Tarea Chortí (que lleva el nombre de una población maya del este de Guatemala y Hondu-ras) para reforzar la seguridad en seis departamentos del este y el noreste: Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Izabal, Alta Verapaz y Petén. Se espera que entre en fun-cionamiento a finales de 2014, y contará con 200 oficiales de policía y 195 soldados, además de fiscales y agentes de aduanas, encargados de llevar a cabo “operaciones inter-institucionales” para “prevenir, combatir, desarticular y erradicar acciones criminales”139. Su sede estará en Izabal, en una propiedad confiscada de Mario Pon-ce, quien actualmente cumple condena en Estados Unidos, bajo una ley de recupera-ción de activos promulgada en 2010. La propiedad, llamada El Triunfo, incluye una mansión rodeada de columnas con imponente vistas al paisaje circundante140.

Esta iniciativa está inspirada en la fuerza de tarea Tecún Umán (así llamada en honor a un rey maya quiché que luchó contra los conquistadores españoles), que comenzó a funcionar a lo largo de la frontera con México en julio de 2013141. La idea es crear una fuerza móvil, bien entrenada, formada por miembros cuyos anteceden-tes hayan sido investigados (vetted) que instale retenes, monitoree los pasos ciegos, y preste apoyo a las autoridades judiciales en las investigaciones criminales. El go-bierno afirma que el despliegue de estas fuerzas de tarea conjuntas militares y poli-ciales en la capital y en los municipios colindantes de Mixco y Villa Nueva ha reduci-do el número de homicidios y otros delitos142.

No obstante, un mejor control fronterizo por sí solo no será suficiente para poner fin a la inseguridad en el violento este. Otros países han implementado iniciativas más integrales para lidiar con el desorden en las zonas fronterizas. En 2011, el presi-dente colombiano Juan Manuel Santos lanzó su Plan “Fronteras para la Prosperi-dad”, gestionado por una unidad especial del ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de promover el desarrollo social y económico a lo largo de la frontera, donde viven numerosas comunidades indígenas y afrocolombianas que sufren altos niveles de pobreza y violencia a manos de diversos grupos armados ilegales, incluidas las gue-rrillas, los paramilitares y las nuevas bandas criminales conocidas como BACRIM143.

Para abril de 2014, Colombia había asignado $32 millones a proyectos en unas 77 municipalidades que abordan una amplia gama de cuestiones, entre ellas infraes-tructura, educación, desarrollo agrícola y gobernabilidad144. Si bien aún está en sus

139 José Pablo Coyoy, “Oficializan Fuerza de Tarea para combatir delitos en frontera Guatemala-Honduras”, AGN, 16 de abril de 2014. El gobierno también está considerando crear una fuerza de tarea separada basada en Petén. “Nueva Fuerza de Tarea podría implementarse en Petén”, CERI-GUA, 29 de abril de 2014. 140 Visita de Crisis Group, Morales, Izabal, 7 de mayo de 2011. Miriam Wells, “Guatemalan Authori-ties Seize Luxury Narco-Mansions”, InSight Crime, www.insightcrime.org, 23 de abril de 2013. 141 Gerardo Rafael, “Fuerza de Tarea Tecún Umán, lista para combatir el crimen”, Diario de Centro América, 17 de junio de 2013. The U.S. supplies equipment and training for these units. “U.S. Army Supports New Guatemalan Inter-Agency Task Force”, Stand To! The Official Focus of the Army, 5 de julio de 2013. 142 “Informe del Segundo Año”, op. cit., p. 85. 143 Véase Informe de Crisis Group sobre América Latina N°41, Desmantelamiento de los nuevos grupos armados ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento, 8 de junio de 2012. 144 “Plan de Fronteras para la Prosperidad”, presentación de power point, Plan de Fronteras para la Prosperidad, Presentación General, abril de 2014, comunicación por correo electrónico, 14 de mayo de 2o14. $8 millones fueron consignados directamente por el ministerio de Relaciones Exteriores, y



inicios, el plan parece estar teniendo un impacto positivo, especialmente en las co-munidades marginalizadas donde la presencia del Estado es prácticamente inexis-tente. En el largo plazo, los proyectos están diseñados para ser gestionados a nivel local145. Aún no se ha abordado el problema de cómo involucrar a las autoridades lo-cales en iniciativas de seguridad que en gran medida siguen estando en manos de los militares.

Ecuador y Perú están implementando un plan conjunto a lo largo de una tensa frontera que ha sido fuente de conflictos durante más de 150 años, incluida una breve guerra en 1995146. Según lo establecido en un tratado firmado en 1998, se creó, con el apoyo de donantes, una entidad internacional para implementar un plan de desarro-llo centrado en la provisión de infraestructura, educación y atención sanitaria a las comunidades ubicadas dentro de un radio de 40km de la frontera147. Ambos países han invertido más de $220 millones en infraestructura –desde carreteras hasta cen-tros comunitarios– lo que a su vez ha atraído la inversión privada. Al igual que la iniciativa colombiana, el plan no aborda la seguridad. En cambio, los militares han lanzado sus propios esfuerzos conjuntos. Los ministros de defensa de Ecuador, Perú y Colombia se reunieron en mayo de 2014 para coordinar las operaciones contra el contrabando de drogas, armas y combustible, entre otras cosas, y contra la minería ilegal148. Si bien se dice que esta iniciativa incluye un componente comunitario, no está claro cómo participarán o se beneficiaran las poblaciones locales.

Centroamérica cuenta con instituciones que podrían organizar los esfuerzos por brindar seguridad y desarrollo a las comunidades fronterizas vulnerables. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) incluye un programa de seguridad fronte-riza financiado en gran parte por la Unión Europea, cuyo propósito es promover la seguridad, la eficacia y la eficiencia a lo largo de las regiones fronterizas149. En 2011, los siete miembros del SICA acordaron el desarrollo de un programa ambicioso para organizar los esfuerzos regionales, centrado en cuatro ejes: el combate al delito, la prevención de la violencia, la rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria, y el fortalecimiento institucional. Asimismo, prometieron armonizar las estrategias de seguridad, intercambiar información y experiencias, e identificar necesidades y recursos financieros150. La iniciativa atrajo promesas de financiamiento, aunque

$24 millones provinieron de proyectos conjuntos con otros ministerios, municipios y gobernacio-nes. La cooperación internacional ha sido limitada, pero algunas fundaciones apoyan iniciativas concretas. Entrevista de Crisis Group, consultor, Bogotá, 14 de mayo de 2014. “Gobierno lanzó sal-vavidas para zonas de frontera por $930.000 millones en 2014”, La República, 10 de mayo de 2014. 145 Entrevista de Crisis Group, consultor, Bogotá, 14 de mayo de 2014. 146 James Brooke, “Peru and Ecuador Sign Truce in Effort to Halt Border War”, The New York Times, 2 de marzo de 1995; “Así fue la última guerra”, BBC, 3 de marzo de 2008. 147 “Plan Binacional Perú-Ecuador”, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador, febrero de 2014. En agosto de 2013 el plan se amplió para cubrir a los niños y las condiciones sani-tarias en la frontera. Julio Rojas Julca (viceministro de Poblaciones Vulnerables de Perú), “Avanza plan binacional Perú-Ecuador”, El Peruano, 17 de agosto de 2013. 148 “Ecuador, Colombia y Perú impulsan una inédita agenda de seguridad”, Agencia EFE, 13 de mayo de 2014. 149 El programa Seguridad Fronterizo (SEFRO) consiste fundamentalmente en el fomento de la ca-pacidad y el intercambio de información. Véase “Resultados SEFRO 2012”, Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, San Salvador, 30- 31 de mayo de 2013, disponible en www.sela.org. 150 “Estrategia de Seguridad de Centroamérica”, Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, junio de 2011.



principalmente en forma de préstamos para proyectos nacionales151. Pero el SICA no cuenta con la capacidad administrativa necesaria para gestionar iniciativas regiona-les, y no parece tener suficiente respaldo político de los responsables de formular po-líticas a nivel nacional para llevar adelante grandes iniciativas. Incapaz de movilizar suficientes recursos para su programa de seguridad dentro o fuera de la región, su influencia es más retórica que real152.

Desde 2008, el Congreso de los Estados Unidos ha destinado alrededor de $800 millones en ayuda de seguridad por toda Centroamérica, a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Esta iniciativa financia pro-gramas de interdicción de drogas, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, y prevención de la violencia a través del trabajo con jóvenes en situación de riesgo. La idea es crear programas piloto que puedan ser sostenidos y replicados por los gobiernos de la región, como es el caso de las comisarías modelo en Guatemala y Honduras153.

La CARSI no se centra específicamente en las zonas fronterizas, pero sí financia algunos programas en el este de Guatemala que apuntan a brindar formación profe-sional y otras oportunidades a los jóvenes. También entrena y financia unidades es-peciales para investigar la actividad de las pandillas. Una de ellas está basada en Jala-pa, en la frontera con El Salvador, y hay planes de establecer otra en Chiquimula. En Guatemala y Honduras existen unidades formadas por agentes cuyos antecedentes han sido investigados por la DEA, quienes intercambian inteligencia y colaboran en operaciones como en la incautación de $2 millones en efectivo ocultos en un vehícu-lo que se dirigía a la capital proveniente del este de Guatemala. La CARSI además promete fomentar la colaboración regional, por ejemplo promoviendo la llegada de asesores e instructores policiales a Guatemala y Honduras154.

Desde los 90, Guatemala, Honduras y El Salvador han cooperado a lo largo de sus fronteras comunes mediante el Plan Trifinio. Sin embargo, este plan no tiene un componente de seguridad, sino que está centrado principalmente en la infraestruc-tura y el desarrollo comunitario, en especial en iniciativas como la reforestación y la preservación de la cuenca hidrográfica. Los esfuerzos más visibles de prevención del

151 El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prometieron más de $1000 millones. Peter J. Meyer y Clare Ribando Seelke, “Central America Regional Security Initiative: Back-ground and Policy Issues for Congress”, Servicio de Investigación del Congreso (CRS), 6 de mayo de 2014, p. 22. 152 Entrevista por Skype de Crisis Group, Werner Ovalle, exfuncionario del SICA, 27 de noviembre de 2013. Kevin Casas-Zamora, “The Security Summit in Central America: On the Modest Meaning of Shared Responsibility”, Brookings Institution, 30 de junio de 2011; Espach y Haering, “Border Insecurity”, op. cit., p. 11. 153 Meyer y Seelke, “Central American Regional Security Initiative”, op. cit, pp. 26-30. Estos pro-gramas de seguridad al principio formaban parte de la Iniciativa Mérida, un programa de ayuda desarrollado para apoyar el combate al crimen organizado en México. Se derivaron a la CARSI en 2010. Sobre los programas de comisarías modelo, véase Informe de Crisis Group sobre América La-tina N°43, Reforma Policial en Guatemala: Obstáculos y Oportunidades, 20 de julio de 2012, pp. 17-19. Estos programas están siendo replicados en Honduras, donde EEUU ha financiado una co-misaría modelo en Tegucigalpa. “Assistant Secretary William R. Brownfield Announces New Pro-grams to Improve Security”, Embajada de EEUU en Honduras, comunicado de prensa, 26 de marzo de 2012. 154 Correo electrónico a Crisis Group, funcionarios de EEUU, 19 de mayo de 2014. Las unidades de investigación especializadas se conocen como Unidades de Acción Nacional Contra el Desarrollo de Pandillas (PANDA). “Decomisan en Guatemala 2,26 millones de dólares en efectivo sin declarar”, Agencia EFE, 5 de mayo de 2014.



delito en los tres países dependen en gran medida de la fuerza militar. Pérez Molina, un ex general cuya campaña se basó en la promesa de mano dura contra el crimen, tiene las fuerzas de tarea conjunta policiales y militares; el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández tiene a los Tigres, una fuerza híbrida policial y militar; el ex presidente Mauricio Funes aumentó el número de tropas en El Salvador y envió soldados a las calles para ayudar a combatir el delito, una política que su sucesor, Salvador Sánchez Cerén, ha prometido continuar155. Este tipo de programas suelen ser populares entre poblaciones asediadas por el delito en busca de alivio inmediato, pero no hacen frente al vacío institucional que ha permitido que prosperen las orga-nizaciones criminales.

155 La Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) fue creada en 2013 bajo una ley que promovió Hernández cuando era presidente del Congreso Nacional. “TIGRES élite será un híbrido policial-militar”, La Tribuna, 10 de mayo de 2013. Sobre El Salvador, véase Ronan Graham, “El Salvador’s military has grown 50 per cent under Funes”, InSight Crime, www. insightcrime.org, 8 de diciembre de 2011; “Presidente electo de El Salvador sacará el Ejército a las calles”, Telesur, www.telesurtv.net, 29 de mayo de 2014.



VI. Conclusión

La historia reciente de Guatemala y otros países que se enfrentan al crimen organi-zado sugiere que emplear fuerzas de élite para capturar a los grandes capos no basta para garantizar la seguridad pública a largo plazo. En lugar de reducir el crimen vio-lento, es posible que lo agraven al generar conflictos dentro de los grupos criminales, o entre grupos rivales, por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Las fuerzas de seguridad y los fiscales de Guatemala han logrado importantes avances, capturando a poderosos traficantes locales y extraditándolos a los Estados Unidos. Además, los tribunales domésticos han condenado a narcotraficantes violentos, in-cluidos a los líderes del violento cartel de los Zetas. Si bien estos esfuerzos han sido necesarios, aún distan de ser suficientes. El gobierno sigue sin hacer frente al vacío que permite a los criminales operar con impunidad. Los traficantes y otros crimina-les poderosos prosperan en ausencia de actores públicos y privados creíbles y legíti-mos, capaces de brindar seguridad, empleo y esperanza para el futuro. Los ciudada-nos que residen a lo largo de la frontera, en especial la frontera entre Guatemala y Honduras, han sido los más castigados por la violencia y la corrupción que generan las redes internacionales del narcotráfico.

Los líderes nacionales, empresarios y donantes deben implementar urgentemente iniciativas destinadas no solo a asegurar la frontera, sino también a generar una pre-sencia positiva del Estado capaz de brindar seguridad, además de servicios esencia-les y oportunidades económicas, a los sufridos residentes. Los líderes guatemaltecos deberían además priorizar el fortalecimiento de los sectores policial y judicial, en co-laboración con la CICIG, cuyo mandato posiblemente tenga que ser ampliado. Este tipo de iniciativas demanda un esfuerzo político sostenido y probablemente beneficie a todo el país.

Guatemala y Honduras no son los únicos países latinoamericanos cuyas fronteras ignoradas constituyen refugios para narcotraficantes y otros criminales. En Perú, un programa de desarrollo conjunto ha fomentado el crecimiento económico a lo largo de la frontera con Ecuador, mientras Colombia se ha embarcado en un ambicioso plan que será implementado en regiones que albergan una letal combinación de gue-rrillas, paramilitares y bandas criminales emergentes. Estas naciones deberían inter-cambiar experiencias y conocimientos con líderes centroamericanos que enfrentan dificultades para desarrollar sus propias estrategias de seguridad. Estados Unidos y otros países interesados en combatir el crimen organizado internacional deberían aumentar la ayuda a las castigadas comunidades fronterizas, e incluir medidas para fortalecer las instituciones locales y prevenir la violencia mediante la educación y la formación profesional. Hasta el momento, la mayor parte de la ayuda ha estado en-focada en el control fronterizo y la interdicción de drogas. Poner fin al derramamien-to de sangre a lo largo de la frontera entre Guatemala y Honduras exige un enfoque más integral que combine la seguridad pública y el desarrollo económico.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Brussels, 4 de junio de 2014



Anexo A: Mapa de Guatemala



Anexo B: Mapa de homicidios por municipio en Guatemala y Honduras

Fuentes Guatemala: Policía Nacional Civil (PNC) e Instituto Nacional de Estadística (INE). Honduras: Policía Nacional y tasas elaboradas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y

su Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS). Mapa elaborado por Carlos A. Mendoza, CABI.



Anexo C: Acerca del International Crisis Group

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con cerca de 125 funcionarios en cinco continentes, que combina el análisis sobre el te-rreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos graves.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno. Cuenta con equi-pos de analistas políticos con su sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurren-cia de conflictos violentos. Con base en la información y las evaluaciones sobre el terreno, produce in-formes analíticos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman decisiones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group también publica CrisisWatch, un boletín mensual de 12 páginas, que actualiza sucintamente con regularidad la coyuntura en las situaciones de conflicto o conflicto poten-cial más sensibles del mundo.

Los informes y los boletines informativos de Crisis Group son distribuidos por correo electrónico y también se publican simultáneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.org. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en mate-rial de políticas.

El Consejo de Administración de Crisis Group –cuyos miembros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación– participa de forma di-recta en la promoción de los informes y recomendaciones de la organización, buscando su consideración por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis Group es codirigido por Mark Malloch-Brown, ex Subsecretario General de las Naciones Unidas y Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Thomas Pickering, ex embajador de Estados Unidos. Su presidenta y direc-tora ejecutiva desde julio de 2009 es Louise Arbour, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y fiscal principal en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.

La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y la organización cuenta con ofici-nas o representación en 26 localidades: Bagdad/Suleimaniya, Bangkok, Beijing, Beirut, Bishkek, Bogotá, Buyumbura, Cairo, Ciudad de México, Dakar, Dubái, Estambul, Gaza, Islamabad, Jerusalén, Johannes-burgo, Kabul, Londres, Moscú, Nairobi, Nueva York, Seúl, Toronto, Trípoli, Túnez y Washington DC. Cri-sis Group cubre en la actualidad cerca de 70 zonas de conflicto actual o potencial en cuatro continentes. En África, estos países incluyen Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Madagascar, Nigeria, República Centroafricana, República De-mocrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda y Zimbabue; en Asia, Afga-nistán, Birmania/Myanmar, Cachemira, Corea del Norte, Estrecho de Taiwán, Filipinas, Indonesia, Ka-zajstán, Kirguizistán, Malasia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Leste, Turkmenis-tán y Uzbekistán; en Europa, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Cáucaso Norte, Chipre, Geor-gia, Kosovo, Macedonia, Serbia y Turquía; en el Oriente Medio y África septentrional, Argelia, Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel-Palestina, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Sahara Occidental, Siria, Túnez y Yemen; y en América Latina y el Caribe, Colombia, Guatemala y Venezuela.

En 2014, Crisis Group recibe apoyo financiero, o está en proceso de renovar su relación con, una amplia gama de gobiernos, fundaciones institucionales y fuentes privadas. Crisis Group recursos de los siguientes departamentos y organismos gubernamentales: Agencia Australiana para el Desarrollo Inter-nacional, Agencia Austriaca para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, Ministerio Canadiense de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional, Centro Canadiense de Investigación y Desarrollo Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores, de Francia, Ministerio de Relaciones Exterio-res de Holanda, Instrumento de Estabilidad de la Unión Europea, Deutsche Gesellschaft für Internationa-le Zusammenarbeit (GIZ), Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Cooperación Irlan-desa para el Desarrollo, Principado de Liechtenstein, Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxembur-go, Agencia de Nueva Zelanda para el Desarrollo Internacional, Real Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Real Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Suiza, Departamento para el Desarrollo Inter-nacional del Reino Unido y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo.

Crisis Group además mantiene relaciones con las siguientes fundaciones e instituciones privadas: Adessium Foundation, Carnegie Corporation of New York, The Elders, Henry Luce Foundation, Humanity United, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations, Open Society Initiative for West Africa, Ploughshares Fund, Rockefeller Brothers Fund, Stanley Founda-tion y VIVA Trust.

Junio de 2014



Anexo D: Informes y boletines informativos de Crisis Group sobre América Latina desde 2011

Caminar sin muletas: un balance de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guate-mala, Informe sobre América Latina N°36, 22 de junio de 2011.

Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia, Boletín sobre América Latina N°24, 16 de junio de 2011.

Post-quake Haiti: Security Depends on Rese-ttlement and Development, Boletín sobre América Latina/Caribe N°25, 28 de junio de 2011.

Romper los nexos entre crimen y política local: Las elecciones de 2011 en Colombia, Informe Sobre América Latina N°37, 25 de julio de 2011.

Violencia y política en Venezuela, Informe sobre América Latina N°38, 17 de agosto de 2011.

Preservar la seguridad en Haití: La reforma poli-cial, Boletín sobre América Latina/Caribe N°26, 8 de septiembre de 2011.

Guatemala: narcotráfico y violencia, Informe sobre América Latina N°39, 11 de octubre de 2011.

Preservar la seguridad en Haití: La reforma poli-cial, Boletín sobre América Latina/Caribe N°26, 8 de septiembre de 2011.

Más allá de las ganancias fáciles: las fronteras de Colombia, Informe sobre América Latina N°40, 31 de octubre de 2011.

Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Ar-mados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012.

Elecciones en Venezuela: peligrosas incerti-dumbres, Informe sobre América Latina N°42, 26 de junio de 2012.

Reforma Policial en Guatemala: Obstáculos y Oportunidades, Informe sobre América Latina N°43, 20 de julio de 2012.

Towards a Post-MINUSTAH Haiti: Making an Effective Transition, Informe sobre América Latina y el Caribe N°44, 2 de agosto de 2012.

Colombia: ¿por fin la paz?, Informe sobre Amé-rica Latina y el Caribe N°45, 25 de septiembre de 2012.

Governing Haiti: Time for National Consensus, Informe sobre América Latina y el Caribe N°46, 4 de febrero de 2013.

Totonicapán: Tensión en las tierras indígenas de Guatemala, Informe sobre América Latina N°47, 6 de febrero de 2013.

El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el Estado de Derecho en México, Informe sobre América Latina N°48, 19 de marzo de 2013.

Venezuela: una casa dividida, Boletín sobre América Latina N°28, 16 de mayo de 2013.

Justicia en el cañón de un arma: las milicias civi-les en México, Boletín sobre América Latina N°29, 28 de mayo de 2013.

Justicia transicional y los diálogos de paz en Colombia, Informe sobre América Latina N°49, 29 de agosto de 2013.

La justicia a prueba en Guatemala: el caso Ríos Montt, Informe sobre América Latina N°50, 23 de septiembre de 2013.

¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálo-gos de paz en Colombia, Informe sobre Amé-rica Latina N°51, 26 de febrero de 2014.

Venezuela: punto de quiebre, Boletín sobre América Latina N°30, 21 de mayo de 2014.



Anexo E: Consejo de administración de International Crisis Group

CO-DIRECTORES

Lord (Mark) Malloch-Brown Ex Subsecretario General de las Naciones Unidas y Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Thomas R Pickering Ex Subsecretario de Estado de los Estados Unidos; Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Rusia, India, Israel, Jordania, El Salvador y Nigeria

PRESIDENTA Y DIRECTORA EJECUTIVA

Louise Arbour Ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y fiscal principal en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda

VICE-CHAIRS

Ayo Obe Experto jurídico, Lagos, Nigeria

Ghassan Salamé Decano, Escuela de Relaciones Internacionales de París, Ciencias Políticas

CONSEJO DIRECTIVO

Cheryl Carolus Ex alta comisionada de Sudáfrica ante el Reino Unido; ex secretaria general del ANC

Maria Livanos Cattaui Ex secretaria general de la Cámara de Comercio Internacional

Frank Giustra Presidente y director ejecutivo deFiore Capital

George Soros Presidente de Open Society Institute

Pär Stenbäck Ex ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia

OTROS MIEMBROS DEL

CONSEJO

Morton Abramowitz Ex secretario de Estado adjunto delos Estados Unidos y embajador en Turquía

Kofi Annan Ex secretario General de las Naciones Unidas; premio Nobel de Paz (2001)

Nahum Barnea Columnista principal de Yedioth Ahronoth, Israel

Samuel Berger Presidente, Albright Stonebridge Group LLC; ex consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos

Emma Bonino Vicepresidenta del Senado; ex ministra de Comercio Internacional y Asuntos Europeos de Italia y Comisionada Europea para Ayuda Humanitaria

Micheline Calmy-Rey Ex presidente y Ministra de Relaciones Exteriores de la Confederación Suiza

Wesley Clark Ex comandante supremo aliado de la OTAN, Europa

Sheila Coronel Toni Stabile, profesora de prácticas de periodismo investigativo; directora, Toni Stabile Center for Investigative Journalism, Columbia University, Estados Unidos

Mark Eyskens Ex primer ministro de Bélgica

Joschka Fischer Ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania

Lykke Friis Ex Ministra de Clima y Energía y de Igualdad de Género de Dinamarca; ex prorectora de la Universidad de Copenhagen

Jean-Marie Guéhenno Profesor Arnold Saltzman de práctica profesional en relaciones Internacionales y asuntos públicos, Columbia University; ex secretario general adjunto de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas

Lena Hjelm-Wallén Ex viceprimera ministra y ex ministra de Relaciones Exteriores de Suecia

Mo Ibrahim Fundador y presidente de Mo Ibrahim Foundation; fundador de Celtel International

Asma Jahangir Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad religiosa o de creencias; presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán

Wadah Khanfar Cofundador, Al Sharq Forum; ex director general, Al Jazeera Network

Wim Kok Ex primer ministro de los Países Bajos

Ricardo Lagos Ex presidente de Chile

Joanne Leedom-Ackerman Ex secretaria internacional de International PEN; novelista y periodista, Estados Unidos

Lalit Mansingh Ex secretario de Relaciones Exteriores de la India, embajador ante los Estados Unidos y alto comisionado ante el Reino Unido

Benjamin Mkapa Ex presidente de Tanzania

Laurence Parisot Presidente, Confederación Francesa de Empresas (MEDEF)

Karim Raslan Fundador, Director y CEO de KRAGroup

Paul Reynolds Presidente & director ejecutivo, Canaccord Financial Inc.

Javier Solana Ex alto representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguri-dad Común de la Unión Europea, ex secretario general de la OTAN y ex ministro de Relaciones Exteriores de España

Liv Monica Stubholt Vicepresidente senior de Estrategias y Comunicaciones, Kvaerner ASA; ex Secretaria de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega

Lawrence H. Summers Ex director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos y ex secretario del Tesoro de EEUU; presi-dente emérito de la Universidad de Harvard

Wang Jisi Rector, Escuela de Estudios Interna-cionales, Peking University; mimbro, Comité Asesor en Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de China

Wu Jianmin Vicepresidente Ejecutivo, Instituto Chino de Innovación y Estrategia de Desarrollo; Miembro, Comité Asesor en Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de China; Ex embajador de China ante la ONU (Gi-nebra) y Francia

Lionel Zinsou Director Ejecutivo, PAI Partners



CÍRCULO DEL PRESIDENTE

Es un distinguido grupo de grandes donantes particulares y corporativos que brindan apoyo esencial, tiempo y pericia a Crisis Group para el cumplimiento de su misión.

Anónimos (3)

Frank Caufield

Dow Chemical

Andrew Groves

Frank Holmes

Investec Asset

Management

Steve Killelea

Pierre Mirabaud

Ford Nicholson & Lisa

Wolverton

Shearman & Sterling

LLP

White & Case LLP

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Donantes particulares y corporativos que juegan un papel central en los esfuerzos de Crisis Group para prevenir conflictos graves.

CORPORATE

APCO Worldwide Inc.

Atlas Copco AB

BP

Chevron

Equinox Partners

FTI Consulting

Lockwood Financial

Ltd

MasterCard

PTT Public Company

Limited

Shell

Silk Road Finance Ltd

Statoil

Talisman Energy

Yapı Merkezi

Construction and

Industry Inc.

INDIVIDUAL

Anonymous

Stanley Bergman &

Edward Bergman

David Brown

Neil & Sandra DeFeo

Family Foundation

Neemat Frem

Seth & Jane Ginns

Alan Griffiths

Rita E. Hauser

George Kellner

Faisel Khan

Zelmira Koch Polk

Elliott Kulick

David Levy

Leslie Lishon

Harriet Mouchly-Weiss

Griff Norquist

Geoffrey R. Hoguet &

Ana Luisa Ponti

Kerry Propper

Michael L. Riordan

Nina K. Solarz

Horst Sporer

VIVA Trust

Stelios S. Zavvos

ASESORES SENIOR

Ex miembros del Consejo de Administración que mantienen una relación con Crisis Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría (en la medida en que sean consistentes con cualquier otro cargo que puedan estar desempeñando en ese momento).

Martti Ahtisaari Presidente emérito

George Mitchell Presidente emérito

Gareth Evans Presidente emérito

Kenneth Adelman

Adnan Abu-Odeh

HRH Prince Turki al-

Faisal

Hushang Ansary

Óscar Arias

Ersin Arıoğlu

Richard Armitage

Diego Arria

Zainab Bangura

Shlomo Ben-Ami

Christoph Bertram

Alan Blinken

Lakhdar Brahimi

Zbigniew Brzezinski

Kim Campbell

Jorge Castañeda

Naresh Chandra

Eugene Chien

Joaquim Alberto

Chissano

Victor Chu

Mong Joon Chung

Pat Cox

Gianfranco Dell’Alba

Jacques Delors

Alain Destexhe

Mou-Shih Ding

Uffe Ellemann-Jensen

Gernot Erler

Marika Fahlén

Stanley Fischer

Malcolm Fraser

Carla Hills

Swanee Hunt

James V. Kimsey

Aleksander

Kwasniewski

Todung Mulya Lubis

Allan J. MacEachen

Graça Machel

Jessica T. Mathews

Barbara McDougall

Matthew McHugh

Miklós Németh

Christine Ockrent

Timothy Ong

Olara Otunnu

Lord (Christopher)

Patten

Shimon Peres

Victor Pinchuk

Surin Pitsuwan

Cyril Ramaphosa

Fidel V. Ramos

corredor de violencia: la frontera entre guatemala y hondurasel arresto de los presuntos capos de la...

Documents