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CNCMUN III
Background Guide
Colombia Histórica
Presidentes: Juan José López y Bernardo Murgueitio
Índice
I. Carta de los presidentes
II. Introducción al comité
III. Agenda primera: genocidio de la Unión Patriótica
A. Historia
1. Insurgencia opositora: creación del partido Unión Patriótica
2. Negociaciones de paz
3. Persecución política
4. Década de los 90
5. Sobrevivientes
6. Conclusiones
B. Situación actual: noviembre 12, 1988
C. Diferentes perspectivas
D. Información de obligatoria revisión
IV. Agenda segunda: negociaciones de paz con el M-19
A. Historia
1. Creación de las guerrillas colombianas: época conservadora y período
dictatorial
2. Frente Nacional: democracia excluyente y formalización de la lucha
guerrillera
3. Elecciones de 1970 y campaña publicitaria
4. Consolidación del M-19 como guerrilla
5. Intención de paz
6. Toma del Palacio de Justicia
B. Situación actual: noviembre 12, 1988
C. Diferentes perspectivas
1. Belisario Betancur
2. Fuerzas Armadas de Colombia
D. Información de obligatoria revisión
V. QARMAS: preguntas que se deben responder en la resolución
A. Agenda primera
B. Agenda segunda
VI. Lista de referencias
“¿La historia se repite? ¿O se repite sólo como penitencia de quienes son incapaces de
escucharla? No hay historia muda.” (Galeano, 1998, pp. ???)
“Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un
pueblo maduro para la paz.” (Zuleta, 1989, pp. ???)
Carta de los Presidentes
Decimos que la historia de nuestro país es aquello que hace que vivamos como
estamos viviendo ahora, es algo que nos ha hecho cambiar, ya sea de manera constructiva o
destructiva. Es aquello que necesitamos saber para poder entender la actualidad de la
sociedad en la que estamos viviendo, somos ahora por lo que hemos sido o vivido antes.
Precisamente por esto nos encanta hacer lo que estamos haciendo y es muy importante para
nosotros ser parte de la mesa de este comité.
Nuestros nombres son Juan José López y Bernardo Murgueitio, actualmente cursamos
el grado 11 en distintos colegios, Colegio Nuevo Cambridge y Colegio La Arboleda ( Cali ),
respectivamente. Nuestra experiencia en los modelos de naciones unidas ha sido muy
gratificante ya que es algo que ha sido único para nosotros. Cada modelo es totalmente
distinto para cada uno de nosotros, cada vez aprendemos más cosas, más problemáticas
mundiales en las distintas áreas y los más importante es que hacemos de nuestra mente, una
más sólida, una más rica en conocimiento que al final de cuentas nos hace mejores personas a
futuro y más críticas sobre lo que aprehendemos. Más allá de la información que obtenemos,
esto también nos da muchas cualidades como la de expresarse en público, en debatir y así
tener una argumentación más sólida en nuestros puntos de vista.
Nuestro propósito para este comité es principalmente que se entretengan, que
compartan la información que investigaron para crear así en todos nosotros, nuevos
horizontes, nuevas perspectivas y lo más importante, que tengan un modelo muy agradable
con los demás delegados, que hagan nuevos compañeros, que se dispersen, somos
conscientes de que en este comité sabrán mucha cosas nuevas de la historia de nuestro País,
algo que todos debemos saber. Estamos seguros de que haremos un excelente trabajo y junto
con ustedes, una experiencia única para todos los participantes de este comité.
Atentamente,
Juan José y Bernardo
Introducción al Comité
Colombia Histórica (CH) nació como una iniciativa de Alejandro Rueda y Julián
Matéus, egresados del Colegio Nuevo Cambridge, para que los jóvenes de Colombia
conozcan la historia de su país para así poder entender cómo y porqué se están dando las
problemáticas en este. Creemos firmemente en la creación de ciudadanos con pensamiento
crítico y que puedan forjar su propia opinión basada en hechos y no en falacias. Nos parece
un honor poder seguir con esta iniciativa para así poder aportar a la educación en nuestro país
y crear mejores ciudadanos.
Es un comité experimental que se sale del marco de las Naciones Unidas, y es una
simulación de una situación específica de la historia de Colombia. El comité se llevará a cabo
en un día en específico y se desarrollarán crisis a lo largo del comité para que el debate sea
más dinámico e impredecible, lo que obligará a los delegados a tener una muy buena
preparación para poder afrontar cualquier problemática que se dé en el comité.
El procedimiento del comité será el mismo que el de la ONU (Organización de
Naciones Unidas), con algunas excepciones: se podrá hablar en primera persona, ya que cada
delegado representará un personaje de la época y no se tendrá ningún tipo de restricción
respecto al lenguaje, cada delegado podrá usar las palabras y términos que desee, siguiendo
las normas establecidas en el handbook. Respecto al portafolio, el delegado o delegada no
tendrá que hacer una guía de nación pero tendrá que hacer una investigación muy detallada
de su personaje o personajes, haciendo énfasis en su trayectoria política, ideología, posibles
investigaciones por parte del Estado, enemigos políticos, vínculos con grupos paramilitares,
guerrillas o narcotraficantes y otros aspectos que el delegado considere de relevancia para el
comité. También, en el portafolio deberán estar plasmadas las soluciones de cada tema que el
delegado dará durante el comité.
Genocidio de la Unión Patriótica
El genocidio del partido político Unión Patriótica fue un hecho histórico que marcó
gran parte de la historia Colombiana. Consistió principalmente en el asesinato y persecución
a la mayoría de sus miembros, tanto del partido comunista, como los del partido Unión
Patriótica por aproximadamente dos décadas. Una de las posibles explicaciones al hecho de
que estos actos fueran cometidos por parte de distintas instituciones era la ideología política
de estos partidos, que era opositora al gobierno actual de la época. El apogeo de la tensión
política fue cuando ambos partidos empezaron a tener gran apoyo y posteriormente
participación en las distintas ramas de gobierno en el sistema Colombiano. Se dice que
aproximadamente fueron asesinados 5.000 miembros del partido Unión Patriótica (Cepeda,
2006).
Independientemente de ser un hecho ya de varios años atrás, este causó gran
remordimiento en la mayoría de familias de los miembros políticos del partido. Más allá de lo
ocurrido se puede ver cómo la intolerancia, la discriminación, la violencia y la falta de
diálogo se mezclan para hacer una coacción en la nación Colombiana.
Historia
Insurgencia opositora: creación del partido Unión Patriótica. El partido político
Unión patriótica fue creado en 1984 principalmente como una unión de varias trayectorias de
fuerzas políticas con base en proceso de negociación anticipado entre el gobierno de Belisario
Betancur y las FARC a mediados de 1980. En estas
negociaciones surgieron unos acuerdos y varios compromisos
que quedaron sellados y pactados como “Acuerdos de la
Uribe”. De, tal manera se estableció un surgimiento de un
movimiento político de oposición, como un mecanismo de
participación legal por parte de la guerrilla.
Independientemente a lo estipulado en estas negociaciones, justo en 1984, cuando se
crea el partido de oposición, este enfrentó atentados, asesinatos, e incluso desapariciones
forzadas. Debido a las violaciones de los acuerdos definidos, los diálogos entre la guerrilla y
el gobierno se acabaron. Por ello, los partidos de oposición quedaron totalmente indefensos y
adicionalmente se les acusó públicamente de ser voceros de la guerrilla, razón por la cual el
Estado no brindó ninguna medida de protección (Cepeda, 2006).
Negociaciones de paz. Es importante entender este genocidio como la erradicación de
un grupo de individuos por razones políticas, en este caso la eliminación de todos los
participantes de este partido político.
Como se dijo previamente, los ataques y amenazas a los miembros de la UP
comenzaron justo cuando este fue creado, se puede entender esto como una persecución ,ya
que en este periodo de dos décadas, pasaron 6 gobiernos de distinta afiliación. A pesar de los
ataques cometidos a inicios del surgimiento del partido, su primera participación electoral fue
en 1986 después del firmamento de los acuerdos de paz entre el Presidente Belisario Betancur
y las guerrillas. Aquí se estipuló que el gobierno otorgaría a los dirigentes y miembros de la
Unión Patriótica las garantías y seguridades para que estos se pudieran desarrollar como
partido, de la misma manera que el resto de agrupaciones políticas del país. Por otra parte, el
gobierno quiso hacer énfasis en el peso de la ley para cualquier ciudadano que desconociera
las garantías que le corresponden, y en consecuencia el gobierno también otorgó a las FARC
libertades, y todo lo necesario para que estos pudiesen involucrarse en la vida política del
país. No obstante, distintos sectores nacionales, como políticos, empresarios y en su mayoría
miembros de la fuerza pública, vieron en la UP una extensión de gran amenaza para ellos. A
esto se les sumó una insurgencia que se estaba expandiendo y también una fuerza armada
incapaz de controlar los múltiples ataques, extorsiones y secuestros. Debido a esto, las
autodefensas campesinas que principalmente eran financiadas por los terratenientes pasaron a
convertirse en grupos paramilitares con ayudas del Estado y de facciones de derecha.En su
afán e inseguridad de contener a las guerrillas, pasaron de la defensa a la agresión militar, y
posteriormente se aliaron con el narcotráfico colombiano. De tal manera que los 5.000
integrantes de la Unión patriótica se convirtieron en un blanco para estas alianzas, que vieron
la amenaza de estos partidos de izquierda ante el status quo.
Todo comenzaría en los mismos territorios donde las FARC se habían establecido o
habían tenido presencia históricamente, es decir el departamento del Meta, Magdalena Medio
y el Urabá antioqueño. Así fue como empezó el exterminio de los integrantes de la UP por
más de dos décadas (Gómez, 2013).
Persecución política. En 1986 la Unión Patriótica tuvo sus inicios electorales, con la
intención de obtener cierta parte de poder en las distintas ramas. Para la presidencia, su
candidato fue Jaime Pardo Leal, el cual
obtuvo aproximadamente 320.000
votos (Gómez, 2013) , una cifra
bastante alta para sus inicios como
partido, más siendo un partido de
oposición. Sin embargo, aquello no fue
su principal logro, en estas elecciones el partido obtuvo los votos suficientes para poder tener
16 congresistas en el poder legislativo y 256 concejales en distintas regiones tales como El
Meta y Urabá.
Infortunadamente, en el departamento del Meta se tenían ya
300 militantes asesinados y en una explosión, 17 miembros de la UP
fueron abatidos (Semana, 1988). En la región de Urabá sucedió lo
mismo, las autodefensas campesinas lideradas por los hermanos
Carlos y Fidel Castaño Gil, empezaron el exterminio de los
integrantes de la UP en respuesta a los terrenos ganados por las
urnas,y también por los secuestros y extorsiones por parte de las
FARC (Rivas, 2008).
En 1987 Jaime Pardo Leal fue asesinado por denunciar las alianzas entre los
paramilitares y el narcotráfico, y posteriormente en 1988 ocurrió una de las masacre más
violentas contra este partido. Se le denominó “La masacre de Segovia”, en esta masacre,
liderada por Fidel Castaño, murieron exactamente 43 miembros de la UP (Rivas, 2008). Los
paramilitares fueron los principales causantes de esta masacre, donde los “encapuchados” y
armados atacaron la sede central de la alcaldía en medio de la noche.
Para esta misma época, en el Magdalena medio, los paramilitares fueron entrenados
por un mercenario Israelí, y de esta misma manera 800 militantes de la UP fueron asesinados
(Gómez, 2013).
El reemplazo de Jaime Pardo en la presidencia del partido fue Bernardo Jaramillo
Ossa, que en 1990 fue candidato a la presidencia representando a la UP. En estas nuevas
elecciones legislativas, la UP tuvo una participación aún mejor que la anterior,sin embargo en
este mismo año, Bernardo Jaramillo fue asesinado en el Aeropuerto El Dorado.Se sospecha
que los hermanos Castaño organizaron este magnicidio contra el representante presidencial
de la UP.
Década de los 90. Esta década trajo muchos cambios significativos para el país, entre
ellos, una nueva carta constitucional, y las nuevas políticas neoliberales del nuevo presidente
César Gaviria que consistían en privatizar las empresas y también reducir el rol Estado. Por
ello, los integrantes de la
UP se opusieron y
debatieron
frecuentemente contra
estas nuevas políticas.
Como alternativa a las
políticas establecidas, la
UP propuso proyectos de
ley para ampliar las funciones sociales y la cobertura del Estado en distintos aspectos.
En 1993 varios miembros de la UP se reunieron con los ministros del gobierno del
presidente, para hacer la denuncia de una operación en su contra cuyo nombre era “Plan
golpe de gracia”, elaborado por las altas fuerzas militares. Justo cuando se dio por terminada
la reunión, los voceros del gobierno declararon en los medios de comunicación que con estas
denuncias la oposición quería mejorar sus resultados en las elecciones parlamentarias del
1994. Debido a esto, meses después de la reunión , un equipo de suboficiales del ejército,
junto con paramilitares, asesinó a Manuel Cepeda, último participante de la UP en el
congreso de la república .
En este mismo tiempo, se aprobaron decretos que permitían a civiles el porte de
armas y la organización de las cooperativas de seguridad, lo que favoreció a los paramilitares
(Cepeda, 2006). En el departamento de Antioquia fue donde más tuvo acción este
experimento legal, lo que hizo que las
guerrillas intensificaron su actividad en esta
zona. Debido a esto, los ataques hacia la
población civil aumentaron, cientos de
militantes relacionados con la UP fueron
asesinados en el llamado “Plan retorno,”
llevado a cabo por el Ejército Nacional con el objetivo de pacificar la región. Por otra parte,
en Urabá, varios miembros de la UP que no recibieron atentados, fueron detenidos y acusados
de haber perpetrado la masacre de “La Chinita,” la sentencia fueron penas de
aproximadamente 40 años. Durante este mismo periodo se pudo ver cómo varias poblaciones
pertenecientes a regiones influenciadas por la UP fueron desplazadas.
Con todos los golpes hechos, cada vez se hizo más notorio que la sociedad se fue
acostumbrando a los actos violentos contra el grupo político, lo cual provocó que los ataques
dejaran de ser parte de los medios de comunicación . La legitimación de acciones contra el
partido político se hizo por declaraciones públicas de funcionarios estatales de todo tipo. La
estigmatización había causado el aislamiento social, sus familias se estaban viendo afectadas,
no les brindaban cupos educativos a sus hijos, les negaban los créditos bancarios y sus
familias llegaron a ser puntos clave frente a los atentados.
Sobrevivientes. El período del “Golpe de Gracia” al movimiento se cerró el 30 de
septiembre de 2002 cuando el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución No. 5659, en
la que le retiró el estatuto legal para el funcionamiento (Cepeda, 2006). La justificación de
esta medida era que no reunía el número de sufragios electorales necesarios para mantener su
participación jurídica. Esta medida constituyó un impedimento legal para la acción pública
de los sobrevivientes del movimiento, y tuvo un alto significado simbólico, después de la
aniquilación física y psicológica perpetrada, el poder estatal legalizó su defunción con una
decisión administrativa.
Conclusiones. Podemos ver la falta de tolerancia por parte de algunos sectores
políticos a causa de una “amenaza” que se veía representada en la formación de este partido.
Por ser considerados una amenaza se les violaron sus derechos políticos, impidiendo que se
representarán ciertos sectores de la sociedad. Se podría decir que el genocidio ha causado
gran impacto en todos los Colombianos no solo a los de esa época, también a los de las
siguientes generaciones. Es indudable decir que ese impacto quedó reflejado en
resentimiento, por eso mismo en ese momento no se pudo llegar a un acuerdo para acabar con
el conflicto.
Como se ha ilustrado previamente, el genocidio contra la UP ha comprendido la
destrucción de redes y espacios sociales en los cuales su programa político tenía la
posibilidad de desarrollarse. La reparación del daño al proyecto político comprende, por lo
tanto, la aplicación de medidas que permitan reestablecer esta visión política alternativa
acerca de los cambios que requiere la sociedad colombiana.
Situación Actual: Noviembre 12, 1988
El comité se desarrollará dos semanas después de lo que denominamos La masacre de
Segovia. Como su mismo nombre indica, esto sucedió en Segovia, Antioquia. El 12 de
noviembre de 1988, a las 7 de la noche, un grupo de sujetos no identificados armados con
ametralladoras empezaron a disparar a sin objetivo fijo. No hubo una respuesta rápida de la
policía ni del ejército frente a los disturbios. Se tomaron la plaza central de la ciudad, el
primer objetivo fue la Alcaldía. Luego recorrieron a pie el pueblo con una lista, matando a
todo el que perteneciera a ella, desafortunadamente muchas personas inocentes que
transitaban las calle fueron heridas.
Después de unas horas más de 40 personas murieron, y aproximadamente 100 se
encontraban heridas (González, 2016). En esta localidad todos sufrieron, ya sea de manera
directa o por daños colaterales. Actualmente no se ha podido descifrar quiénes fueron los
responsables de este acto,por lo que sucedió en horas de la noche y estos estaban
“encapuchados”, tampoco dejaron atrás algo que los pudiese representar. Se está intentando
culpar a las FARC como responsables de esta masacre, sin pruebas que sustenten dichas
acusaciones, a pesar de que la alcaldesa de Segovia era miembro de la UP al igual que 7 de
sus 13 concejales (González, 2013). Por otra parte también se dice que fueron los
paramilitares liderados por Fidel y Carlos Castaño, ya que los responsables escribieron en las
paredes “No vuelvan a votar por la
Unión Patriótica. Eso les causa la
muerte”.
Otro aspecto muy
importante es que los habitantes se
están preguntando dónde estaba la
policía y el ejército cuando se
produjo el ataque. Los
sobrevivientes dieron su
testimonio y dijeron que no se vió ningún uniformado por la ciudad, y que también tanto los
puestos policiales como el batallón Bombona, que se encuentran a poca distancia de lo
sucedido, no recibieron ni un solo ataque.
En el comité se debe buscar, con las diferentes perspectivas de los distintos
representantes, una solución y conclusión fija en la que se pueda conocer la verdad y la
genuinidad de los actos cometidos a los integrantes del partido político Unión Patriótica. El
país se encuentra en un estado de tensión, así que se espera que en el momento los distintos
representantes no solo sean voceros de sus respectivas ideologías o partidos políticos, sino
voceros de un pueblo entero que quiere acabar de raíz esta situación.
Diferentes Perspectivas
Se tienen dos puntos de vista frente al conflicto, el primero,conformado por los
paramilitares, empresarios políticos y agentes del Estado, las fuerzas armadas, las
autodefensas y los narcotraficantes;el segundo, el punto de vista de las FARC y los
integrantes de la Unión Patriótica.
Los altos mandos militares creían firmemente y argumentaban públicamente que las
FARC había diseñado un plan secreto con el Partido Comunista para usar a la UP como parte
de su estrategia revolucionaria para tomar el poder. Por ello, las fuerzas armadas organizaron
estrategias militares para empezar el exterminio de este, comenzando por los líderes sociales
de izquierda.
En 1986 la violencia paramilitar contra la UP había empezado a intensificarse. El
éxito de la UP como un movimiento político en varias regiones del país, tales como Meta y
Antioquia, había significado que las actividades paramilitares en dichas regiones no pudieran
desvanecerse fácilmente. La presión por parte de los políticos de la UP demandaba la
investigación de actividades paramilitares y su enjuiciamiento, lo que muestra la adversidad
entre estos ya que, por una parte los miembros de la UP actuaban en el marco legal, y por la
otra parte los paramilitares se les oponían.
Entre 1995 y 1997, los paramilitares, comandados por Carlos Castaño, las AUC
(Autodefensas Unidas de Colombia) junto con sectores de las fuerzas armadas y compañías
militares privadas, que proveían servicios a compañías multinacionales tales como Chiquita,
reforzaron la campaña genocida contra la UP en regiones como Urabá.
En el narcotráfico, muchas regiones, en las cuales el negocio de la droga era
predominante, se convirtieron en los bastiones políticos de la UP. Al mismo tiempo, las
FARC tomaron mucha fuerza en estas regiones, generando tensión en estos escenarios. Los
narcotraficantes deseaban el control de las regiones para su producción de droga, lo que
generó conflicto con las FARC.
La reforma política de 1985, que estableció la elección popular de alcaldes, reforzó la
sospecha de los empresarios políticos de que la UP sería la amenaza más seria para mantener
el status quo. Gracias al éxito político de la UP, los miembros de los partidos políticos
tradicionales establecieron fuertes relaciones con los grupos armados para obstaculizar la
capacidad gubernamental de maniobra de la UP. El resultado: mientras la UP trataba de
gobernar los municipios, sus rivales políticos usaban medios violentos para impedir el
desarrollo normal de los proyectos municipales.
Información de Obligatoria Revisión
N.A. (12/12/1988). LA MASACRE DE SEGOVIA.
SEMANA.http://www.semana.com/nacion/articulo/la-masacre-de-segovia/11089-3
GÓMEZ. A. (2013). Bloques perpetradores y mentalidades genocidas: el caso de la
destrucción de la Unión Patriótica en Colombia*. En REVISTA GENOCIDIO(42-
55). ARGENTINA. http://revistagenocidio.com.ar/wp-content/uploads/2013/05/42-
55.pdf
Negociaciones de Paz con el M-19
El proceso de paz con el M-19 fue crucial para el futuro de Colombia. El sentimiento
de inseguridad motivado por el narcotráfico, el desfase de los paramilitares y el asesinato
continuo de dirigentes políticos había generado repudio a la guerra por parte de la población
civil. Este repudio solo podía terminar mediante el triunfo de un proceso de paz.
Por esta coyuntura, la consolidación de un proceso de paz era de suma importancia
para ambos bandos: el gobierno y el M-19. Estas negociaciones no fueron vistas,
políticamente, como un acto pragmático que evitaría más crímenes; más allá de eso, fueron
consideradas un punto de inflexión para desmovilizar más subversivos y construir una más
sólida democracia.
Historia
Creación de las guerrillas colombianas: época conservadora y período
dictatorial. Los asentamientos de autodefensas campesinas se remontan a una época anterior
a la creación del Frente Nacional. Estas autodefensas se entendían como un medio de defensa
ante la continua destrucción de las fincas de los colonos campesinos, durante los tiempos del
gobierno de Laureano Gómez y posteriormente, de Rojas Pinilla. El hostigamiento
conservador desencadenó diversos focos armados, que huyendo de las persecuciones
militares de los Pájaros y los Chulavitas, se asentaron en zonas como El Davis (Molano,
2016). De esta manera se empezaron a constituir focos guerrilleros, integrados por fuerzas
compuestas de “Limpios” y “Comunes”, quienes representaban propiamente a los liberales y
los comunistas. No obstante, las diferencias entre los dos sectores del movimiento se
afianzaban en la medida que avanzaba el combate armado. Diferían en sus máximas: los
liberales, creían que las armas ganadas en combate debían pertenecer a las comandantes,
mientras que los comunistas alegaban por una propiedad colectiva. La separación se hizo más
evidente en el momento en que se dio la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación
Nacional en 1952, en la cual se dio la presencia de delegados de las guerrillas del Llano, de
Santander, de Antioquia y de Sumapaz. Los liberales no asistieron y dieron por entendido la
división que había dentro de la guerrilla.
Sin embargo, la amenaza de las guerrillas contra el poder político simbolizaba una
cuestión de suma preocupación. Las guerrillas no tenían una unidad de mando establecida,
pero “tendían a conformar un movimiento guerrillero unificado del que la Dirección Liberal
Nacional fue un apoyo vergonzante y calculador y el Comité Central del Partido Comunista
un orientador Clandestino”.(Molano,2016). Existían unas 36 unidades orgánicas, las cuales
sumaban alrededor de 20000 guerrilleros, mientras que la Policía y el Ejército sumaban
400000. Sin lugar a dudas, se entendió el inminente riesgo de conquista, como un factor
desencadenante del Golpe de Estado de Rojas Pinilla, el cual fue impulsado por un sector del
liberalismo y gran parte del conservatismo.
En consecuencia, en el momento en el que Rojas Pinilla sube al poder, adopta el lema
de “No más sangre, no más depredación;
paz, justicia y libertad para todos”. Se
presentaba, entonces, como un adalid del
final de la violencia, como una alternativa
para parar el derramamiento de sangre. Presentó un indulto general para los guerrilleros,
prometió amnistías e hizo un llamado al fin de
conflicto armado repartiendo volantes, avisando
de la fecha límite para la entrega de armas. Los
liberales, llamados por otros jefes liberales e
incluso algunos clérigos, empezaron a aceptar las
condiciones. Sus altas esferas recibieron cargos
públicos y poco a poco se hacían con los
beneficios que les entregaban los poderes
gubernamentales. Los comunes, por otro lado, vieron en el indulto una nueva fase del
conflicto en la cual, los liberales se volcarían en contra de ellos. No aceptaron los términos
propuestos y se dieron a la tarea de conformar lo que sería llamado el Ejército Revolucionario
de Liberación, junto a las demás facciones comunistas de las anteriores guerrillas. La fecha
límite pasó y el gobierno de Rojas Pinilla se dio a la tarea de aniquilar a los subversivos
restantes. Había comenzado una nueva etapa de la lucha.
Frente Nacional: Democracia excluyente y formalización de la lucha guerrillera.
Posterior a la dictadura militar de Rojas Pinilla, la población civil encontraba simpatía a la
realización de un mecanismo democrático que diera por terminado al régimen, cada vez más
autoritario, que ejercía el General. La idea no parecía tan alocada, pues a pesar de que fueron
los asesinatos ejercidos en el período pre dictatorial lo que emanó la incertidumbre que
desencadenó el Golpe de Estado de 1953, las constantes abusos de poder del nuevo gobierno
crearon la impopularidad que frustró la reelección de Pinilla. En 1957, debido a la constante
presión que se generaba no sólo en sectores populares, sino en las mismas cúpulas de los
partidos políticos, -las cuales
habían cambiado su parecer
acerca de el actual gobierno, y
empezaban a ejercer férrea
oposición- Rojas Pinilla cede el
poder a una Junta Militar que gobernaría y organizaría elecciones para 1958. Los hechos
ocurren después de la firma de la Declaración de Benidorm entre el líder liberal Alberto
Lleras Camargo y el expresidente conservador Laureano Gómez, en la cual habían empezado
a esbozar lo que conformaría la base del Frente Nacional.
De esta manera, en los próximos meses se consolidaba la estrategia de alejar del poder
a Rojas Pinilla con el Pacto de Stiges. Conservadores y Liberales se habían reunido en
España para fundamentar un inflexible acuerdo que daría inicio a la coalición bipartidista
para los próximos 12 años -terminarían por ser 16-, estableciendo paridad en todos los
poderes estatales, entre los partidos tradicionales. Sin embargo, debido a la trascendencia de
la decisión y la poca transparencia que hubo en ella, se llevó a cabo un plebiscito que pudiera
legitimar el acuerdo pactado y a su vez, elevarlo a un rango constitucional. El primero de
diciembre de 1957, los colombianos, por primera vez con sufragio universal, salieron a las
calles para decidir acerca del futuro democrático del país. Para esos momentos, se veía este
nuevo acuerdo como una alternativa para por fin acabar con el período de la violencia que
aquejaba al país. La victoria del Frente Nacional fue aplastante; se coronó el triunfo con
cifras abrumadoras de 4’169.294 a favor,
sólo 206.864 votos negativos y 20.738 votos
en blanco (Hartlyn, 1988, pp. 89).
Los siguientes años empezaron a
simbolizar la verdadera materialización de lo
que en un inicio atisbaba algo de luz en la
historia colombiana. El primer Presidente de
la coalición sería Alberto Lleras Camargo y su gobierno se caracterizaría por fuertes choques
con cuerpos estudiantiles y sindicales que antes, habían apoyado su iniciativa. La oposición
iría en aumento a medida que se profundizaban las dificultades en la población: aumento en
la inflación, ineficiente gasto público, creciente demanda popular, falta de garantías a los
colonos campesinos, y el marcado distanciamiento entre élite y masa —y, por consiguiente,
entre el sistema político y el pueblo—. Diversos sectores poblacionales no se sentían
representados con el sistema bipartidista que imperaba, reclamaban lo excluyente de la
democracia y en ciertos casos, nutrían de hombres a las incipiente guerrillas comunistas. La
falta de políticas sociales en materia agraria y educacional, hizo que estudiantes, obreros y
campesinos unieran fuerzas para protestar. Los mecanismos represivos del Estado
alimentaban a la oposición, a la par que evidenciaban lo antidemocrático que funcionaba el
sistema. Inclusive ciertas partes de las élites se sentían excluidas en el mismo sistema
político, pues sus aspiraciones se veían cortadas por la repartija establecida de los poderes.
Debido a esto, corrientes como la Alianza Nacional Popular (ANAPO) o el Movimiento
Revolucionario Liberal (MRL) se presentaban como alternativas al bipartidismo, generando
respuestas reaccionarias por parte de los frentistas, pues estos movimientos parecían causar la
división de los votos para el candidato establecido por los oficialistas. Se llegó al punto de
declarar inconstitucional la candidatura de López Michelsen por el MRL. (Mesa, 2009).
Por otro lado, desde una nueva perspectiva, el Frente Nacional abordaba la lucha
armada “como una verdadera guerra civil no declarada”. (Molano, 2016).Si bien en un inicio,
Lleras Camargo intentó acercamientos con las guerrillas para su desmovilización, dándoles
tierras para trabajar a los campesinos y empleando a los demás en diferentes sectores, la
iniciativa no duró mucho y poco tiempo después se dieron a las armas de nuevo. La famosa
operación del asalto a la “república independiente” de Marquetalia conformó la creación de
las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), mientras que la carencia de
medios para ejercer oposición legal al régimen produjo la formación de el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). En definitiva, la década de los sesenta estuvo marcada por el
inicio de grupos armados al margen de la ley, bajo un nombre y una doctrina.
Elecciones de 1970 y campaña publicitaria. La historia del M-19, puntualmente
rotulado, se remonta a los tiempos de las elecciones de 1970, entre el General Rojas Pinilla y
Misael Pastrana Borrero. En dicho acto democrático se veían confrontadas dos posturas
esenciales para lo que sería la conformación del siguiente gobierno. La ANAPO de Rojas
Pinilla, enfocada en brindar un alternativa política diferente -englobando movimientos desde
el nacionalismo de derecha hasta la izquierda más revolucionaria- al bipartidismo imperante,
junto al oficialismo representado, en esta ocasión, por Pastrana y el último gobierno de lo que
significaba el Frente Nacional.
Aquel 19 de abril, las urnas se cerraron a las cuatro de la tarde. Como de costumbre,
las emisoras de radio empezaron a emitir el
conteo de votos a medida que avanzaba el
escrutinio de las mesas. Los resultados iban
ilustrando lo esperado, Rojas Pinilla,
sintetizando el inconformismo, sobrepasaba a
Pastrana Borrero, en representación del
oficialismo. Se sentían diversas emociones en respuesta a lo que sería la ruptura de la
estructura bipartidista que había escalado el poder de los últimos años; el Frente Nacional se
veía en peligro y nadie sabía qué hacer. Se le dijo a las emisoras que la manera de emitir los
boletines con los votos, sumando los resultados regionales, era una cuestión arriesgada.
Según el Ministro de
Comunicaciones, Antonio Díaz, cabía la posibilidad de brindar una sensación errónea a la
ciudadanía acerca de la ventaja de Rojas, pues no resultaría extraño que hubieran múltiples
municipios con mayorías Pastranistas que inclinan la balanza en en favor del candidato. Las
emisoras, en señal de protesta ante los llamados del gobierno decidieron dejar de transmitir
los resultados.
Por otro lado, Carlos Augusto Noriega, Ministro de Gobierno y el mismo Díaz se
habían instalado en el edificio de Telecom. Allí, donde llegaban los boletines y telegramas
con la información de las elecciones, el oficialismo se sentó a juzgar la manera en la que las
emisoras habían divulgado los resultados, y en seguida, se dieron a la tarea de apersonarse de
ese trabajo. Empezaron a emitir los resultados que mandaba la Registraduría desde Bogotá.
Al cabo de la medianoche, serían los últimos momentos en los que Pinilla vería la delantera;
a partir de ese momento Pastrana llevaría la cinta de futuro presidente, hasta consolidarse
como el jefe de Estado, semanas después.
Sin embargo, las críticas al proceso electoral no tardaron mucho en llegar. La manera
en la que se había llevado a cabo, aparentemente sombría, con un gobierno transmitiendo los
mismos resultados, dieron la sensación de que la victoria de Pastrana había estado empañada
por la trampa. Se sacaron a la luz diversos argumentos para justificar el fraude, mostrando
irregularidades en el conteo de votos en ciertos municipios, pero nunca se llegó a nada. Rojas
denunció el fraude ante periodistas internacionales en alrededor de 300.000 votos. No
obstante, las explicaciones que le dieron a los anapistas eran simples: había ocurrido un error
en el conteo inicial de los votos, y los boletines posteriores, inclusive los lanzados en la
madrugada, fueron simplemente una corrección.
La respuesta, que se empezó a gestar, desde el descontento de las clases populares,
dio inicio al M-19. Su imagen era inusual, su forma de promoverse no radicaba ni en
proclamas históricas, ni en una lucha campesina, ni en la influencia marxista-leninista. Eran
diferentes y se empezaron a propagar en su diferencia. Su campaña publicitaria era similar a
la de cualquier producto mercantil; se tomaron el atrevimiento de impulsarse como un veneno
contra los parásitos. El 17 de enero de 1974 un comando del M-19 entró a la Quinta de
Bolívar, y de manera rudimentaria, lograron robar la espada de Bolívar. (Molano, 2010). El
hecho no pasó desapercibido, fue portada de todos los periódicos al día siguiente, quienes
argüían sobre la creación de aquel grupo, que en su nombre llevaba el “día en el que las
oligarquías mediante el fraude y la violencia, pisotearon la decisión de grandes mayorías de
nuestro pueblo agrupadas en el movimiento político Alianza Nacional Popular (ANAPO).”
(M-19, 1978).
Si bien en un inicio, la guerrilla se había constituido como el brazo armado de los
anapistas, con el paso del tiempo sus intereses cambiaron considerablemente. Se
identificaron, en palabras de ellos, con el interés del pueblo. Pasaron de ser una reacción ante
un proceso electoral cuestionado, a convertirse en una guerrilla simbólica.
Consolidación del M-19 como guerrilla. Inicialmente, el ‘Eme’ —como también se
le conoce al M-19— no había realizado golpes mayores que tuvieran un impacto nacional. Se
limitaban a ser una guerrilla que alimentaba el típico imaginario de aquel que roba para darle
a los más necesitados. Fue así hasta el año 1976, cuando después de tener secuestrado a José
Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CNT), por
más de sesenta días, lo asesinaron alegando corrupción y traición a la patria. El hecho
conmocionó al país, el cual empezó a ver en la guerrilla una creciente fuerza en la balanza
política.
Se hicieron más fuertes conforme llegaba el final de la década de los setenta. El robo
al Cantón norte, un depósito de armas del Ejército, prendió las alarmas ante la amenaza
guerrillera. En dicho acto, se llevaron cerca de 5000 armas, en la operación que ellos
denominaron la ‘Ballena Azul’, llevando al Gobierno Nacional a implementar la Doctrina de
Seguridad Nacional, propia de la Guerra Fría, para poder combatir al ‘enemigo interno’ (El
Tiempo, 2010). Se dictó el polémico Estatuto de Seguridad Nacional, mediante el cual las
fuerzas armadas tenían la potestad de enfrentarse y perseguir a la fuerzas subversivas,
desatando una ola de críticas por parte de intelectuales, académicos y defensores de DD.HH
por los desmanes y excesos que implicaba dicho proceso.
Asimismo, el secuestro a la embajada de República Dominicana en Bogotá forzó al
Gobierno de Turbay a negociar con el M-19 por la liberación
de los rehenes a cambio de la liberación de ciertos guerrilleros
y el pago de la cuantiosa suma de 50 millones de
dólares. 60 días duró la toma de la embajada, la
cual llegó a su final después de la liberación de los
rehenes en territorio cubano. A pesar de esto, el
Gobierno siempre insinuó la ausencia de un pago
a la guerrilla, cosa que fue desmentida por parte
del ‘Comando Uno’, facción que afirmaba haber recibido un pago de unos 3 millones de
dólares.
Intención de paz. En noviembre de 1981, se empezó a gestar el nacimiento del grupo
paramilitar Muerte a los Secuestradores (MAS), como respuesta al secuestro de Marta
Nieves Ochoa, familiar de los Ochoa, reconocidos narcotraficantes de Medellín, por parte del
M-19. Así, se constituyeron focos armados, apoyados por el Cartel de Medellín para cumplir
con la tarea de acabar con los guerrilleros. Se asesinaron múltiples simpatizantes de
izquierda, como también miembros de los diferentes grupos subversivos.
Si bien, luego, el M-19 entregó a la secuestrada, la incursión de este nuevo grupo en
la coyuntura colombiana “marca un hito en el conflicto colombiano porque el enfrentamiento
social y la violencia aumentaron sobremanera.” ( Nieto & García, 2008). Los
narcotraficantes, lograron aliarse con funcionarios estatales de las fuerzas militares y con
grandes terratenientes durante el Gobierno de Belisario Betancur. Se constituyó así, el inicio
de una fuerza paraestatal sin precedentes. La persecución a las guerrillas llegó al punto de
cobrar tributos anticomunistas en las poblaciones controladas por el movimiento armado.
De ahí que uno de punto primordiales de las guerrillas a la hora de negociar su reinserción a
la vida civil era el combate al grupos paramilitares, de manera constante y eficaz. Junto con el
proceso del nuevo Gobierno, encabezado por Belisario Betancur, la intención de encontrar
una salida pacífica al conflicto, por parte de ambas partes, iba en aumento. A unos pocos
meses después de haberse posicionado, el presidente crea por decreto la Comisión de la Paz,
para que dos meses después entrará en vigencia la ley 35 de 1982, mediante la cual les
concedía una amnistía por delitos políticos a múltiples guerrilleros del M-19.
El siguiente paso en la agenda política de Betancur fue el de organizar un marco de
diálogo nacional. Se estableció, entonces, los Acuerdos de Corinto, el 24 de agosto de 1984,
en los cuales se establecía un cese al fuego bilateral, para empezar el proceso de diálogo que
buscaría, de manera conjunta, la alternativa pacífica para la terminación del conflicto. El
Ejército Popular de Liberación, el Partido Comunista Colombiano y el Movimiento 19 de
abril firmaron el pacto, comprometiéndose y comprometiendo al Estado a fortalecer la
democracia del país.
A pesar de la innovación en la materia de ver el conflicto armado por parte del nuevo
gobierno, pasando de una política de seguridad nacional a la búsqueda de la paz, los diálogos
entre el Gobierno y las guerrillas se rompen meses después. Alegaban, ellos, la falta de
compromiso por parte del gobierno, como también la carencia de reformas que sintetizaran el
sentido de la paz. A su vez, el asesinato de Carlos Toledo Plata y de Iván Mariano Ospina,
junto a el atentado a Navarro Wolf fueron determinantes. La desconfianza en la
institucionalidad del Gobierno Betancur quedó pasmada en el retorno a la guerra, el 28 de
junio de 1985, por parte del M-19.
Toma del palacio dejusticia. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 llevó a cabo la
ejecución de una misión que ellos denominaron ‘Operación Antonio Nariño por los derechos
del hombre’, mediante la cual asaltaron el Palacio de Justicia para poder llevar a cabo un
juicio en contra del presidente Betancur por los incumplimientos a la paz, firmada un año
atrás. La toma inició temprano, en la mañana, los comandos guerrilleros se dividieron en dos:
unos vestidos de abogados entraron por la puerta principal, mientras que los otros por el
sótano, de manera que pudieran brindar apoyo y llevar provisiones a los demás. Hacia el
mediodía se materializó el asalto, apenas dieron de baja a los guardias, cerraron las puertas
del Palacio, dejando como rehenes a 60 civiles y 11 magistrados.
La guerrilla exigía la presencia
de las altas cúpulas del poder
del país. Invitaban a la
población a que ejercieran un
rol de fiscales en el caso del mandatario. A su vez, desde el mismísimo palacio recalcaron su
compromiso con la paz, justificando sus acciones como una especie de retaliación al
gobierno. El poder militar del Gobierno fue puesto a prueba, las fuerzas militares desplegaron
el Plan ‘Tricolor’, con el que buscaban retomar el Palacio de las manos de la guerrilla.
Adentro, los rehenes vivían en carne propia los desmanes de cada una de las partes,
que mostraban su poderío militar. Las imágenes de los tanques de guerra, entrando a la fuerza
hacia el Palacio dejaron dudas acerca del manejo que le había dado el Gobierno Nacional a la
situación. Se especuló en ciertos puntos, si había existido un vacío de poder, y el Ejército, en
el afán de solucionar la situación abruptamente había traspasado los límites de su poder.
Como ejemplo de ello, estuvo la ausencia de una respuesta apropiada ante los reclamos de los
sectores que pedían una salida rápida y negociada ante la crisis. Alfonso Reyes Echandía,
presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los que abogó por dicha alternativa,
llamando a Betancur para solventar la situación. No obstante, el Presidente de la República se
negó a hablar con él, decía, basado en las
opiniones de su Consejo de Ministros, que
quien se comunicara con los rehenes estaría
haciéndolo al mismo tiempos con sus captores.
Es debido a este tipo de acciones, que la tesis
de que Betancur no ejerció las funciones que le
otorgaba la constitución, como Comandante de
las Fuerzas Militares, fue tomando más fuerza.
Finalmente, tras 28 horas de sangrienta lucha, el conflicto acabó con “cerca de 100
muertos, entre los que se cuentan 12 magistrados de las Altas Cortes”. ( Bejarano, 2010). Las
dudas se fueron acrecentando a medida que pasaba la conmoción inicial. Los interrogantes
acerca del papel del narcotráfico en el tema, los excesos de la retoma y la desaparición de las
víctimas fueron característicos en los días siguientes.
Situación Actual: Noviembre 12, 1985
El expresidente Belisario Betancur comentó en un discurso, durante la retoma del Palacio de
Justicia:
Este ataque contra la institución suprema de nuestra justicia; la quema de parte de sus
archivos, entre ellos sobre el narcotráfico, el incalificable crimen contra pulquérrimos
magistrados que antes que nada son jueces serenos e imparciales y justos; contra una
Corte Suprema libre, libérrima y tan independiente que inclusive echa atrás decisiones
de gobierno, como ha sucedido más de una vez, este acto sólo se explica por una
perturbación de la mente, por una perturbación de espíritus a los cuales esperaba que
les llegara la reflexión.
Después de los hechos que habían dejado atónito al país, Colombia se encontraba en un
estado de incertidumbre perpetuo. El Estado trataba de reorganizarse de alguna manera, las
altas cortes buscaban una alternativa para solventar la situación que los aquejaba. Con
magistrados asesinados y las estructuras destruidas, se imposibilitaba, en un inicio, el
ejercicio de las funciones del poder judicial. De ahí que se anunciara que mientras se
reconstruía el Palacio, el Consejo de Estado funcionaría en la Casa de la Moneda, entretanto,
la Corte Suprema de Justicia estaría ubicada en la hemeroteca.
Por otro lado, el ejecutivo también estaba fuertemente comprometido. La política de
paz que había desarrollado Betancur, opuesta complemente al gobierno Turbay, sucumbía
ante las pretensiones guerrilleras. La radicalización de la guerrilla, a raíz de la -según ellos-
falta de garantías por parte del gobierno tensionaba los diálogos que se intentaban adelantar.
La toma del palacio había generado heridas que serían difíciles de sanar a la hora de negociar
un proceso. Se había tendido un puente hacia el escepticismo de la paz.
Mediante avanzaban los días, el Presidente convocaba sesiones extraordinarias con
sus ministros para tratar el tema del conflicto. Para este punto, el presidente ya había
realizado un discurso extenso el día de la retoma, en cual puntualizó los avances y sus
perspectivas acerca de la problemática. Había mencionado la relación entre el narcotráfico y
el actuar de la guerrilla, como también su deseo de materializar una paz para Colombia. El
hecho de que precisamente, documentos relacionados con la extradición hubieran
desaparecido durante la toma sembraron dudas en las instituciones del Estado. El ministro de
Justicia, Enrique Parejo González, ya había pedido investigaciones en este tema en la sesión
extraordinaria del 9 de Noviembre. A su vez, el 11 de Noviembre, Betancur pide que se
expidan las resoluciones de extradición que habían quedado pendientes.
En la otra orilla, el M-19, anunció en un comunicado el 11 de noviembre que su
intención de paz seguía en pie, pero que por factores como la incompetencia del gobierno se
había visto obstaculizada. Calificaron la acción del Gobierno como una represalia digna de
llamarse holocausto total; recriminaron la ausencia de diálogo para lograr configurar una
solución. En dicho comunicado, Álvaro Fayad, comandante general de la guerrilla decía lo
siguiente:
La decisión ciega y brutal de Belisario Betancur y la respuesta de las Fuerzas
Armadas, apoyadas por la clase política, la oligarquía y los dueños de la gran prensa,
no fue el ataque contra nuestra columna de 42 combatientes, sino una operación de
aniquilamiento masivo, de tierra arrasada, de holocausto total y generalizado.
El M-19, también en otro comunicado, demostraba las implicaciones que habían que
tenido que sufrir sus guerrilleros en la operación. Denunció con vehemencia los excesos del
Gobierno en materia militar, las desapariciones de personas que habían salido con vida del
Palacio y la tortura que habían tenido que sufrir otros civiles. Según ellos, los empleados de
la cafetería habían sido llevados en tanques a cárceles clandestinas para ser torturados,
mientras los guerrilleros fueron asesinados ahí, como lo fue el caso de Andrés Almirades,
quien fue sacado con vida del Palacio pero entregado como cadáver horas después. Las
denuncias tampoco se desligaron de la destrucción de pruebas claves por parte del Gobierno,
ni de la desatención del Estado al derecho.
La lista que entregaba la guerrilla formulaba principalmente la desaparición de las
siguientes personas: Alfonso Jacquin, Irma Franco, Marcela Sosa, Luis Otero, Guillermo
Elvencio Ruiz
En materia de paz, la guerrilla reivindicaba su lucha armada como medio para lograr
la consecución de una democracia más pluralista. Castigaba a las denominadas minorías y su
naturaleza opresora, mientras hacía un llamado a todos los sectores a unirse a la demanda
ante la injusticia. Como respuesta a lo ocurrido, el ‘Eme’ dictaminó la continuidad de la
demanda, en el mismo comunicado, que habían iniciado con la toma del Palacio:
Hoy la nación le da continuidad, pero no como demanda sino como sentencia por la
decisión política y militar del Gobierno, que arrasó a quienes estaban ahí, y también a
la conciencia moral de la nación, con el golpe mortal a la institución jurisdiccional.
En suma, en este momento, la crisis política que se vive en el país es evidente y
flagrante. Las negociaciones de paz no parecen tener un fructífero desenlace en el momento,
hasta que no se esclarezca lo ocurrido en los días 6 y 7. La comisión de investigación de la
Corte, creada recientemente, buscará trabajar en esta situación. Sin embargo, Betancur se ha
expresado confiado acerca de las acciones llevadas a cabo por el ejército, dejando de lado las
poderosas declaraciones que ha hecho la guerrilla. En definitiva, hay muchas incógnitas que
resolver en un momento crucial en la historia colombiana.
Diferentes Perspectivas
Belisario Betancur. Una de las principales posturas en el debate será la de los
representantes del Gobierno. En Betancur y en su Gobierno recae la futura política para tomar
frente al aspecto de negociar con las guerrillas. A pesar de su vehemente posición de paz, los
hechos ocurridos en el Palacio de Justicia han dejado en el oficialismo muchas incógnitas
acerca de lo que se hará: Betancur ha sido claro en una cosa y es que no negociará con una
guerrilla que no demuestre una verdadera convicción a la hora de construir en la paz.
Hay temas medulares a la hora de conformar una negociación. Su posición de relativa
defensa militarista, su defensa continua de los operativos militares adelantados en el Palacio
resultan en cuestiones antitéticas contrastadas con las posturas del M-19. Es una materia
esencial al momento de establecer la negociación, pues es en esos puntos principales donde el
M-19 busca una respuesta por parte del Estado.
A parte de eso, es importante recalcar la posición del Gobierno de Betancur en un
tema tan esencial en la actual agenda política. La extradición, precisamente en este Gobierno
fue puesta de nuevo en marcha, tras el asesinato del Ministro Rodrigo Lara Bonilla. Hecho
que si bien no ha sido propiamente referido por la guerrilla, su destrucción de los archivos en
el Palacio de los denominados Extraditables deja un indicio, pues si bien sustancialmente no
representa una de sus convicciones, hay intereses de por medio.
Fuerzas Militares de Colombia. El poder que tenía el Ejército en el Gobierno de
Turbay-Ayala, con la aplicación de la doctrina del enemigo interno, se vio menguado en el
momento en el que Betancur asciende al poder. Como hemos mencionado anteriormente, el
nuevo Gobierno difería sustancialmente con el anterior y eso repercutió en la manera cómo
las fuerzas militares desempeñaban sus funciones. Desde el inicio de de los acercamientos a
la guerrillas por parte del Gobierno, el tratamiento que se les daba a los subversivos causaba
inconformidades dentro del estamento castrense de las instituciones.
Esta tendencia, de una separación del criterio presidencial con el de las fuerzas
militares fue avanzando progresivamente. Por ejemplo, a raíz del atentado del que fue víctima
el Comandante General del Ejército, el General Samudio Molina, este dijo el 4 de Noviembre
“El Ejército se colocará a la ofensiva”, mientras alarmado Betancur salía a decir al día
siguiente que el Gobierno y los estamentos militares eran un haz de voluntades, asumiendo
una supuesta sinergia dentro de las decisiones. El haz de voluntades sólo era materializado
dentro del optimismo presidencial, cuestión supremamente alejada de la realidad política.
Todo esto sumado a la tendencia de la opinión pública, de decantarse por políticas
militaristas en caso de que la voluntad de paz del Presidente fracasara, construía una
separación cada vez más marcada del poder ejecutivo y el Ejército.
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Semana, .http://www.semana.com/educacion/articulo/palacio-de-justicia-los-
hechos/448895-3
QARMAS: Preguntas que se Deben Responder en la Resolución
Agenda Primera
1. ¿Quién o quiénes podrían ser los posibles culpables del genocidio y qué sanciones les
serán aplicadas?
2. ¿Qué tipo de protección se le debe brindar a los miembros restantes de la Unión
Patriótica?
3. ¿De qué manera se repondrán los daños causados a la Unión Patriótica?
Agenda Segunda
1. ¿Cómo afrontar el proceso de paz con el M-19 después de los sucesos ocurridos en la
toma del Palacio de Justicia?
2. ¿De qué manera se puede establecer la apertura democrática a otras colectividades?
3. ¿Qué manejo se le debe dar al hecho de la posibilidad de injerencia del Cartel de
Medellín en la toma del Palacio de Justicia?
4. ¿Qué mecanismos se deben adoptar para esclarecer los hechos ocurridos en los días 6
y 7, en lo concerniente a las víctimas y sus desapariciones?
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