carta lafaurie - de la calle - proceso de paz

7/28/2019 Carta Lafaurie - De La Calle - Proceso de Paz

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PE-162-2013Bogot D.C., 26 de junio de 2013

DoctorHUMBERTO DE LA CALLE LOMBANAJefe Equipo Negociador del Gobierno NacionalCiudad

Apreciado doctor De la Calle:

El pasado mes de mayo, usted, junto con el equipo negociador para las conversaciones con las Farc, tuvola deferencia de atender la invitacin de la Junta Directiva de Fedegn para intercambiar posiciones eimpresiones sobre el proceso de negociacin con las Farc, y en esa ocasin una de sus afirmaciones, queadems ha sido reiterativa por parte del Gobierno Nacional, se refiri al derecho constitucional a lapropiedad privada de la tierra legalmente adquirida, que el Gobierno se compromete a garantizar en elmarco de las negociaciones.

Sin embargo, el desarrollo de las circunstancias alrededor del debate sobre la tierra nos mueve a volversobre el asunto, no solo para apuntalar posiciones en lo que representa un inamovible para los ganaderos,sino para pedirle al Gobierno la claridad necesaria alrededor de las declaraciones del Primer InformeConjunto suscrito por el Gobierno y las Farc, las cuales nos generan ms dudas que certezas.

El Primer Informe Conjunto Gobierno Nacional Farc

Este Primer Informe, adems de los aspectos instrumentales y programticos de la negociacin, se refierecon algn detalle a los acuerdos del llamado punto 1, sobre desarrollo agrario integral y el tema de la tierra.

Sobre este ltimo, y de acuerdo con las declaraciones gubernamentales, entendamos que se trataba derecuperar las tierras despojadas por los actores armados ilegales para restituirlas a sus propietarios,sumadas a las de propiedad de la Nacin para distribuirlas entre la poblacin campesina sin tierra. EsteFondo as conformado, podra sumar del orden de 4 o 5 millones de hectreas, cuya redistribucinrepresentara una reforma agraria sin precedentes, no solo para el pas sino para el continente, lo cualimpone al Gobierno un enorme reto, mxime si, como debe ser, en esta ocasin el proceso secomplementa con el acceso a las condiciones para hacer de la tierra un factor de ingreso y bienestar parala poblacin campesina.

Pero como el nimo expropiatorio de la propiedad legal no poda estar ausente en la mesa por cuenta delas Farc, el Fondo de Tierras de distribucin gratuita, como instrumento central del acuerdo, busca...desconcentrar y promover una distribucin equitativa de la tierra , es decir, quitarle a quienes tienenmucha -a juicio de los parmetros que se establezcan-, as sea legal su posesin, para darles a quienestienen muy poca o no tienen tierra.


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Para ello, adems de la extincin judicial del dominio y de la recuperacin de baldos, se fortalecer ()la aplicacin de otros procesos contemplados en la legislacin como la extincin administrativa de dominio

para tierras inexplotadas que incumplan la funcin social y ecolgica de la propiedad, de la adquisicin detierras o la expropiacin con indemnizacin por motivos de inters social o de utilidad pblica,.

Estas son figuras en parte recogidas de la Ley 160 de 1994, y en parte creadas y tradas textualmente delproyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, que segn el Gobierno se encuentra en proceso deconsulta, pero que, en realidad, fue documento base de negociacin con las Farc. Se trata de procesosque entregan al INCODER una capacidad excesiva de discrecionalidad sobre decisiones de expropiacin yextincin, sin que se establezcan con claridad los factores desencadenantes, como la legislacin ambientaly los muy generales motivos de inters social. Una verdadera Caja de Pandora que se abre en contra delos propietarios legales de tierra.

Es apenas razonable, doctor De la Calle, que la ratificacin de estos instrumentos de expropiacindiscrecional e indiscriminada de la tierra legtimamente adquirida, no ya como una propuesta de polticapblica sino como un compromiso con las Farc, plasmado en el Primer Documento Conjunto de avance delas negociaciones, nos genere dudas sobre los resultados del pulso pendiente entre el Gobierno y laguerrilla, frente a la preservacin del derecho constitucional a la propiedad privada, sobre el cual eldocumento NO advierte una sola palabra, mientras que usted, como jefe negociador del Gobierno, ha sidoreiterativo en garantizarlo.

Los nuevos concentradores de la tierra

El estereotipo de la posesin mayoritaria de la tierra, el latifundio y su concentracin ha recado desdesiempre sobre los ganaderos, y no solo ha sido la causa de una persecucin meditica por parte dealgunos sectores radicales de la llamada izquierda democrtica, sino tambin de su victimizacin masivapor parte de todos los actores armados ilegales. De contera, como el Gobierno mismo lo ha reconocido, noexiste un censo rural desde hace dcadas y tampoco un esfuerzo sistemtico de actualizacin catastral, locual no hace confiables las cifras del sector rural, entre ellas las de distribucin productiva y posesin de latierra por sectores, y mucho menos el famoso ndice Gini de concentracin que se le atribuye sinfundamento tcnico.

Hay, sin embargo, signos claros sobre nuevos concentradores de la tierra en el pas, ilegales los unos ylegales los otros, que han generado una transformacin profunda en el mapa rural colombiano, sin que lasautoridades y la sociedad en general parezcan querer registrarlo como una nueva realidad, que desplaza alos ganaderos como los grandes terratenientes.

Los concentradores ilegales, las Farc entre ellosSon, definitivamente, los actores armados al margen de la ley, que desde hace dcadas se dieron a latarea del despojo masivo en sus zonas de influencia, para detentar control territorial en su luchas contra elEstado y la sociedad en primera instancia, y posteriormente, para asegurar los corredores de la droga yhacerse a los recursos del narcotrfico, condicin que herman a guerrilleros y paramilitares con lasbandas criminales, hoy todos dedicados tambin a la minera ilegal, a la extorsin generalizada y a todotipo de delitos.


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All estn, por supuesto, las Farc, que segn estimaciones pueden haber despojado del orden de 800.000

hectreas.

Por ello, doctor De la Calle, nos extraa que el debate sobre el desarrollo rural integral y la tierra, y lapropuesta concreta del Fondo de tierras de distribucin gratuita, se hayan podido dar sin elreconocimiento de las Farc como despojadores y sin el case de l a totalidad o de parte de esas 800.000hectreas que siguen negando, no obstante la informacin oficial por parte de la Unidad de Tierras adscritaal ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. O mejor, a nosotros no nos extraa, como no nos parecesorprendente que el Primer Comunicado Conjunto no haga referencia alguna a la Ley de Vctimas yRestitucin de tierras, por la sencilla razn de que las Farc han sido los principales victimarios ydespojadores. No en vano la rechazaron de plano desde un comienzo y la calificaron de trampa delGobierno, porque pona en evidencia su condicin de victimarios y despojadores.

Los concentradores legalesComo le expres, de esta posicin viene siendo desplazado el gremio ganadero desde hace aos, sin quelo registren las precarias cifras del sector. Los nuevos ocupantes son otros renglones de la produccinagropecuaria con altos procesos de expansin, que estn remplazando a la ganadera o desplazndolahacia otras regiones. Los nuevos titulares son grandes grupos econmicos con abultadas chequeras parainvertir en la adecuacin de grandes extensiones, que antes de su llegada no servan efectivamente sinopara la actividad ganadera.

Segn la revista SEMANA, los nuevos concentradores ya acumulan, en Vichada en la Orinoqua, ms de600.000 hectreas con inversiones superiores a los 1.000 millones de dlares, y actualmente seencuentran congeladas inversiones frescas por una cantidad superior, por cuenta del debate sobre lalegalidad de estas adquisiciones.

Entre lo indebido y lo ilegalEn nuestro modelo para el agro caben empresarios y campesinos. As titul en primera pgina el primerdiario del pas, a raz de las declaraciones del primer mandatario frente a la inquietud de los grandesgrupos econmicos que han adquirido tierras en la Orinoqua, para el desarrollo de proyectos productivosagropecuarios de gran escala, adquisiciones que estn en la lupa de las autoridades y los entes de control.

Las inversiones en la altillanura no son de ahora. Algunos inversionistas arriesgaron recursos desdecuando empez a sentirse el xito de la poltica de Seguridad Democrtica, en una apuesta que no solocontaba con el factor adverso de la violencia, sino con la carencia de condiciones para el desarrollo de

proyectos de esta envergadura, y con las enormes inversiones que requera la adecuacin de vastasextensiones con muy precaria productividad.

De hecho, se fue generando un mensaje de conveniencia de tales inversiones con el soporte argumentalde los retos de la globalizacin, y del mensaje de conveniencia se pas a la permisividad al amparo de unalegislacin con vacos interpretativos, al punto que, segn el Gobierno mismo, estara en investigacin almenos la tercera parte de cerca de 2.500.000 hectreas de baldos entregadas durante la ltima dcada.


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La razn estriba en que existan restricciones en la Ley 160 de 1994 para la entrega de estos baldos de la

Nacin, que limitaban la adjudicacin a una UAF (Unidad Agrcola Familiar), como tambin prohbe quequien las compre a los adjudicatarios originales pueda acumular ms de una UAF, que oscilaba entre 1.000y 1.500 hectreas en la regin, lo cual, precisamente, da cuenta de su relativo bajo valor como activoproductivo en comparacin con otras zonas.

En otras palabras, el espritu de la norma es que nadie reciba ms de una UAF -lo cual ha sido violadorampantemente-, y tambin que esta limitada propiedad solo se pueda transferir por enajenacin de uncampesino pobre a otro, pero nunca a terceros que puedan acumularlas. Por ello el caso de Riopaila -aunque es uno entre miles- resulta tan emblemtico. Con asesora del ms tradicional bufete de bogadosdel pas, se constituyeron 27 SAS que adquirieron sendas UAF, las cuales, despus de una complejatriangulacin internacional quedaron bajo control del ingenio azucarero, para un total de 40.000 hectreas,muy lejos de las posibilidades legales de adquisicin individual.

No ayud mucho el Gobierno con los intentos fallidos de legalizacin de este esguince a la normatividadpara solucionarle el problema a los grandes capitales en la Ley del Plan de Desarrollo, cuyos artculossobre el tema fueron demandados y declarados inconstitucionales; ni en un segundo y tambin fallidointento de Ley de inversin extranjera. Por el contrario, la situacin se torn ms crtica por el concepto delConsejo de Estado, que hizo retroactiva la limitacin al ao 1961.

El Gobierno en la encrucijada

O mejor, en las encrucijadas, porque una primera, eminentemente de poltica econmica y social, tiene quever con los niveles de concentracin de la tierra que se requieren para generar economas de escala que

permitan la competitividad en la produccin mundial de alimentos y biocombustibles; frente a los niveles dedesconcentracin y las estrategias complementarias para fomentar exitosamente la produccin campesinade alimentos y el modo de vida rural, dentro de ese mismo ambiente de globalizacin que implica la firmade los TLC.

La segunda encrucijada, eminentemente poltica, se relaciona con la solucin que el Gobierno pueda dara la situacin de hecho generada por la combinacin explosiva de una normatividad confusa, un mensajede promocin a la gran inversin que no calzaba con dicha normatividad, y la proclividad nacional alesquince, que se reproduce muy bien en un ambiente de corrupcin institucional como el que permiti elgran tierrero de los baldos.

Esta eventual solucin no representara realmente una encrucijada para el Gobierno si no mediaran dosfactores, uno tico y el otro coyuntural.

En efecto, a pesar de las graves implicaciones econmicas por la prdida de inversiones, por lasdemandas sobrevinientes y la literal desbandada del gran capital privado en el campo -un verdaderodesastre-; y las no menos graves consecuencias polticas, por los innegables vasos comunicantes entre losgrandes grupos econmicos y la actividad poltica, sobre todo en poca electoral; a pesar de todo ello -repito-, cualquier solucin legal diferente a la aplicacin tarda de la ley, no sera ms que un remiendo


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legal ex postpara limpiar situaciones que no resisten una valoracin tica. Sera responder a quienes se

han movido entre lo indebido y lo ilegal, con acciones del Estado que se siguen moviendo entre loindebido y lo ilegal. Guardadas las proporciones y disculpados los riesgos de toda comparacin, seracomo si hoy una norma pretendiera legalizar la trampa de los privados que indujeron a error al Gobiernoen el sonado caso AIS.

El segundo factor que agrava la encrucijada del Gobierno es la coyuntura de las negociaciones con lasFarc en La Habana, en las cuales el Gobierno mismo se ha allanado a la demaggica y medieval posicinideolgica de las Farc, segn la cual el principal factor de generacin de riqueza sigue siendo la tierra y,en consecuencia, la utopa comunista de la igualdad se logra con su redistribucin, que se convierte enpanacea para todos los males del pas: la solucin de la pobreza, la erradicacin del narcotrfico, larecuperacin del campo, la terminacin del conflicto y el logro de la paz, entre otros. Parafraseando alevangelio, redistribuyamos la tierra, que todo lo dems se nos dar por aadidura.

As las cosas, la encrucijada del gobierno es de marca mayor: Si se deslinda de su compromiso con lasnegociaciones con las Farc, y se mueve hacia favorecer con una solucin a los nuevos concentradores detierras que se movieron entre lo indebido y lo ilegal, no solo afrontar un jui cio tico -y tambin legal ypoltico probablemente- del que no saldr indemne, sino que perder todo argumento para introducir en laspolticas de desarrollo rural y de tierras acordadas con las Farc, cualquiera de los instrumentosexpropiatorios que hoy hacen parte del Primer Informe Conjunto que ya coment. Es ms, si las Farcfueran consecuentes, se levantaran de la mesa frente a una decisin de poltica pblica que contradice deplano los acuerdos ya logrados en poltica de tierras, y los que todava espera lograr en la discusinpostergada de las salvedades puntuales, con los temas del latifundio y la inversin empresarial en primerlugar.

Para los ganaderos, con posesin legal e histrica de sus tierras, que adems hemos soportado durantedcadas el abandono del Estado y la persecucin y el despojo de todos los grupos armados ilegales -lasFarc entre ellos-, sera inaceptable que, por cuenta de su poder econmico, los nuevos concentradores detierras lograran sortear sus propias argucias y blindar su propiedad, mientras que los dems propietarioslegales quedemos sometidos a la expropiacin y la extincin de dominio en procesos sumarios ydiscrecionales. Eso NUNCA lo aceptaremos.

Si, por el contrario, el Gobierno contina sentado en la mesa de negociaciones, comulgando con la guerrillaen la importancia de centrar el desarrollo rural del pas en la redistribucin de la tierra y el fomento de laeconoma campesina, se tendr que desmarcar entonces de la opcin de favorecer a los nuevos

concentradores de tierras, para aplicar las normas legales con sujecin estricta al espritu que las inspir.Ya mencion algunas de las consecuencias: desbandada de la necesaria inversin privada para lareconversin productiva del campo, grandes prdidas para los inversionistas y multimillonarias demandas,adems de una crisis poltica y de gobernabilidad sin precedentes. Ni qu decir del impacto de los TLC,que arrasarn con una produccin agropecuaria sin posibilidades de competir, o de la prdida deoportunidades para el pas, de hacer parte de la oferta mundial de alimentos y biocombustibles, comofactor determinante no solo para el desarrollo rural sino para la generacin nacional de riqueza.


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Me permito finalmente, doctor De la Calle, hacer unas capitulaciones a manera de conclusin sobre los

temas que dentro de este Primer Documento Conjunto y dentro de las negociaciones mismas, continanpreocupando al gremio ganadero.

1. No estamos en pro de la legalizacin de situaciones indebidas o eventualmente ilegales, a lascuales el Gobierno deber encontrar una solucin que resista una valoracin tica.

2. Estamos en pro de una adecuada combinacin de concentracin de la tierra en proyectosempresariales altamente competitivos, que generan bienestar y empleo rural; con una adecuadapoltica de redistribucin de la tierra para fomentar la economa campesina, complementada coninstrumentos de poltica pblica que la hagan competitiva en un ambiente de globalizacin.

3. Reiteramos nuestra confianza en el compromiso gubernamental de garantizar el derechoconstitucional a la propiedad privada de la tierra legtimamente adquirida. En consecuencia, nosgeneran recelo y rechazamos los instrumentos de expropiacin y extincin de dominio de la tierralegalmente adquirida, que hacen parte del Primer Informe Conjunto del Gobierno y las Farc, y delproyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, instrumentos que van en contrava del mencionadocompromiso gubernamental.

4. Dentro de este contexto, y dentro del marco del apoyo que el gremio le ha brindado a la Ley deVctimas y Restitucin de Tierras, reiteramos nuestro desacuerdo con los elementos que, dentro dedicha ley, atentan contra el derecho a la legtima propiedad privada de la tierra, como la inversinde la carga de la prueba en los procesos agrarios de restitucin, que viola el tambin derechoconstitucional a la presuncin de inocencia del propietario.

5. Nos genera legtima inquietud el compromiso expreso del Gobierno en el documento, de fomentarlas Zonas de Reserva Campesina existentes y las propuestas, que difiere de la posicin planteadainicialmente frente a la solicitud estrafalaria de las Farc de 9 millones de hectreas con autonomaadministrativa y poltica, sin presencia de la Fuerza Pblica pero con subsidios del Gobierno. Esevidente la influencia guerrillera en las ZRC existentes, y preocupante la proliferacin desituaciones como la del Catatumbo, donde la infiltracin perturbadora de las Farc ha sidoreconocida por el mismo presidente de la Repblica, y donde presuntas organizacionescampesinas con amplia e indiscutida actividad narcotraficante auspiciada por las Farc, demandanla creacin de una ZRC para legalizarla y rechazan la presencia de la Fuerza Pblica.

6. Compartimos la conveniencia de la actualizacin catastral, no solo como base del impuesto predialsino como instrumento de poltica pblica para el reordenamiento productivo del campo, como lopropone nuestro documento de 2010 La Tierra y el desarrollo rural en Colombia: una propuesta depoltica pblica (anexo), pero llamamos la atencin sobre la racionalidad de tal actualizacin, pueslos ajustes ya realizados durante la ltima dcada han elevado el valor catastral de los prediosrurales de 30 billones a 94 billones de pesos, con un crecimiento del 213%!


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Cualquier actualizacin del catastro rural, como base del impuesto predial, no podr tener encuenta ninguna consideracin distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios, as

como sus mejoras (Ley 101 de 1993, art. 9). De hecho, los ajustes realizados sobre un preciocomercial de los predios que no guarda relacin con su capacidad de generacin de ingresos,sumados a la resurreccin del debate demaggico sobre la tierra y la prevalente inseguridadjurdica, estn bloqueando en la prctica el mercado de tierras en el pas.

7. Rechazamos la concepcin fiscalista y clasista que la influencia de las Farc le introdujo al textosobre el impuesto predial en el Primer Informe Conjunto. Si el Gobierno piensa en la reconversinproductiva del campo para restablecer la paz y competir mundialmente, deber concebirinstrumentos integrales de poltica pblica -fiscales inclusive- que atraigan inversin privada y noque la repelan, objetivo que no se alcanzar castigando con altos impuestos al que tiene ms. Dehecho, y contrario a lo que pregonan los formadores de opinin urbanos desde la esquina de sudesconocimiento de la realidad rural, el incremento de l predial no es regresivo porque los quetienen ms paguen menos, lo cual tampoco es cierto, sino porque los que tienen poco no tienencomo pagarlo. En la prctica, los incrementos del predial expulsan de la propiedad rstica a lospequeos y medianos productores, que deben incluirlo como factor sensible dentro de su canastade costos, en tanto que para los nuevos concentradores, legales o ilegales, representa apenas uncosto indiferente.

Una ltima y necesaria consideracin, doctor De la calle. Reiteramos ante el Gobierno Nacional y ante laopinin pblica que los ganaderos colombianos no somos enemigos de la paz, porque hemos sido lasprincipales vctimas de la violencia narcoterrorista. Por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso conla recuperacin del campo para sembrar una paz duradera, que no est atada al chantaje de las armas y laviolencia, sino a la capacidad de los colombianos de bien para construir un pas mejor, soportados en lavoluntad poltica de sus gobernantes y en la vigencia plena de la ley y de las instituciones democrticas.

Cordial saludo,

JOS FLIX LAFAURIE RIVERAPresidente Ejecutivo

Copia: Gremios afiliados a la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC Partidos Polticos

Anexos: Carta a Dr. Bruno Moro, Representante del PNUD en Colombia. Diciembre 2012. La Tierra y el desarrollo rural en Colombia: una propuesta de poltica pblica.

Jos Flix Lafaurie Rivera. 2010

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