BERBIQUÍBERBIQUÍ48

REVISTA DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIAREVISTA DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA

DIRECTORJuan Carlos Higuita Cadavid

COMITÉ DE REDACCIÓNOmar de Jesús David TapiasHernando Antonio Bustamante TriviñoRaúl Castaño VallejoJorge Luis Bello OlayaEvelyn Monsalve LondoñoGloria Montoya EcheverriMónica Patricia Quintero GómezOlga María Toloza Pinillos

PORTADA Y CONTRAPORTADA NADA PARTENÓN, ACRÓPOLIS, ATENAS

IMÁGENESBertha Cecilia Ramos Roca

CORRESPONDENCIA Y CANJECra. 52 Nº 42-73Oficina 206 - Medellín, ColombiaTel. 2621787 - Fax: 2626568Correo electrónico: jueces@une.net.coPágina web: www.juecesyfiscales.org

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BERBIQUÍ 48 Octubre de 2011BERBIQUÍ 48 Octubre de 2011

contenido

Editorial5

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Director

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Detrás de los cuestionamientos a decisiones de las cortes

Las 'reflexiones' de SantosPor: Redacción Política. SEMANA- 7 de junio de 2011

Mininterior responsabilizó de fuga de 'Kener' a la Fiscalía y al juez del casoPor: Elespectador.com|9 Mar 2010 - 12:35 pm

¿Se acabó la ´luna de miel' entre Gobierno y Cortes?LAREPUBLICA.CO, Colprensa

MinJusticia busca revocar casa por cárcel de “El Cebollero”

29 de agosto de 2011 18

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Altas Cortes le dijeron sí al restablecimiento de las relaciones con el EjecutivoCaracol, Agosto 9 de 2010

Comentarios

EL JUEZ: UNA FICCIÓNPor: Andrés Nanclares Arango

Eduardo Galeano: El gran negocio del crimen y el miedo sacrifica la justicia

JUSTICIA BAJO PRESIÓNConstricciones institucionales y atentados contra la independencia judicial en Colombia. 2005-2008

Inpec responsabiliza a la Fiscalía de fuga de alias 'Kener'Por: Elespectador.com 8 de marzo de 2010 20

(Extractos)

Editorial

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En una sociedad democrática, los poderes públicos actúan con total independencia; en Colombia se viene presentando un fenómeno que erosiona esta característica y es la invasión de la economía de gran escala y sus teorías económicas en la forma de gobierno del país; lo que lleva a debilitar las bases de nuestro sistema democrático; el ejecutivo asume la idea de que se deben priorizar los derechos económicos por encima de los derechos fundamentales, el recorte presupuestal del Estado Colombiano, le permite tener una buena imagen fiscal con las grandes potencias y la banca mundial, y de esta forma termina afectando los derechos fundamentales.

La salud se volvió un negocio comercial en el que al enfermo dejó de ser tratado como tal, para convertirse en un cliente mas, al médico se le asignan mínimos tiempos de atención, 10 ó 15 minutos máximo, las medicinas recetadas ya no son las que necesita el paciente sino las genéricas y paliativas del POS (vendidas por las multinacionales de la medicina), régimen de salud regulado por la Ley 100 de 1993 y luego desarrollado por decretos presidenciales.

La educación superior que está respaldada por su Ley General (30 de 1992), ahora quieren privatizarla y para ello se empieza a ofrecer a los jóvenes de escasos recursos económicos, créditos educativos, de tal manera que si les aprueban el endeudamiento, van a estudiar con la angustia de su deuda y la seguridad que una vez termine sus estudios, empiece a pagarlos. De la vivienda digna, puede decirse igual, ha sido un dolor de cabeza para millones de familias, los costos son tan altos que para obtenerla, se acude a sistemas de crédito como el UPAC y la UVR; cuando los ciudadanos no pudieron pagar más y perdieron sus casas y dinero, el ejecutivo Colombiano premió a la banca, creándoles el impuesto del 4 por mil para que se capitalizaran.

En el caso de la justicia, se ha realizado un recorte presupuestal tan alarmante que disminuyo el poder judicial, se suprimieron los juzgados únicos en más de 220 de los 1.400 municipios del país, no existe fiscal local en más de 600 de estos municipios; para suplir estas falencias, el gobierno propone la creación de los equivalentes jurisdiccionales, de tal manera que se desplace la actividad de los fiscales y jueces en la resolución de conflictos, y empiecen a resolverse por medio de terceras personas sin jurisdicción.

En la historia del país, se pueden mostrar, múltiples casos de intromisión de los demás poderes públicos en los asuntos de la justicia, tanto que se ha extinguido la vida de Magistrados, jueces, fiscales y empleados judiciales. El holocausto del Palacio de Justicia es una clara muestra de ello, en aquella recuperación sangrienta ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1.985, una placa fijada en la Universidad de Antioquia, nos recuerda que con el nacimiento del Juez nació la civilidad y que, con su destrucción, la historia retorna a la barbarie.

Otro caso de intromisión, es el de la señora Fiscal ÁNGELA MARÍA BUITRAGO, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que se encargaba de casos claves como el de los Inmolados Magistrados y ciudadanos del Palacio de Justicia o el caso del exdirector del DAS, fue relevada de su cargo por el exfiscal MENDOZA, bajo el argumento de que era insuficiente su desempeño, porque en 58 de las 137 investigaciones que llevaba no tenía actuaciones. Se privilegió la cantidad sobre la calidad, haciendo prevalecer el factor de naturaleza económica (cantidad) aplicado en lo jurídico, mas decisiones judiciales independiente de cuáles sean.

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ÍLa señora Juez JENNY ROSANÍA JIMÉNEZ, 52 penal municipal de garantías en Bogotá, le abrieron 26 investigaciones disciplinarias casi todas de manera oficiosa, luego de haber dictado medida de aseguramiento contra Mario Aranguren, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el proceso por espionaje en el DAS, además de haber tomado decisiones inherentes a su cargo sobre restablecimiento de derechos fundamentales en lo penal.

Con dichas intromisiones, se genera una profunda desinformación, que lleva a los unos (Ejecutivo) a hablar con su lenguaje, los asuntos de los otros (Judicial) y la ciudadanía, termina tomando posiciones totalmente descontextualizadas y salidas de la realidad.

Para responder a la inquietud sobre cuál ha de ser el papel que deben Jugar Jueces y Fiscales en los momentos actuales, es indudable que no podemos hacer abstracción del papel que han cumplido a través de la historia, ni tampoco podemos aislarlos de su independencia como pilar y elemento estructural del Estado Social de Derecho.

Es indudable que esa independencia demanda un equilibrio institucional específico, en el que sea posible juzgar sin interferencia alguna de las otras Ramas, y sin perturbaciones debidas a la influencia de presiones extra procesales de las partes. En suma, la independencia es un principio garantista de proyección funcional, que tiende a proteger a Jueces, Fiscales y a las partes, en orden a preservar la imparcialidad en el curso de la actuación judicial.

Son candentes los debates y extremas las posiciones en torno al papel de fiscales y jueces en la sociedad. Un grupo niega de plano la viabilidad de la independencia de los funcionarios judiciales, sostienen que en ningún caso estos pueden salirse del corral de la legalidad, que su función se limita a aplicar la ley. Así, el ideal de este grupo es el funcionario judicial (juez o fiscal) aséptico, desintoxicado de cualquier criterio político, ideológico o social, a la manera de un peón de brega al servicio del legislador.

Otro grupo acepta una independencia relativa; admite que el funcionario judicial, puede interpretar la ley, siempre y cuando lo haga con métodos de interpretación tradicionales, girando en redondo, en su labor de comprender la ley, sobre valores implícitos y explícitos de la norma.

Un tercer sector opta por un tipo de el funcionario judicial (juez o fiscal) enriquecido por su capacidad creativa e imaginativa; argumenta que el funcionario judicial debe ser creador de derecho y cree además, consultando a Rousseau, que es la realidad y no la ley ni la jurisprudencia la fuente del derecho por excelencia. El funcionario judicial, en esta concepción, actúa a manera de antena receptora de todos los factores que determinan los comportamientos humanos. Es un funcionario judicial armado a la manera de un hombre integral; a la vez que jurista, es un político en la acepción honorable y refinada del término. Por eso sus decisiones, en lo posible, no están orientadas a incidir, con base en filigranas formales, en el desarrollo de la interpretación legal por la interpretación legal misma. Su principal parapeto es la Constitución Política, y desde esa trinchera procura que sus fallos trasciendan más allá de la legalidad. Su mira apunta a que sus decisiones contribuyan a jalonar el desarrollo de las relaciones sociales y económicas de la sociedad. Su ideal es promover el cambio para que, desde su función, se dé, por fin, la tan esperada y aplazada reconciliación entre la constitución y la ley.

A partir de 1991, entró en vigencia la Constitución Política, la pugna entre estos tres sectores se ha agudizado. El primero de ellos, por antediluviano, ha salido del ring con la primera caricia. En plataforma, quedan los dos restantes: El primero, anclado en la idea de que el derecho es lo que la ley dice, el juez está constituido para administrar justicia. El segundo, por su parte, en la idea

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Íde que el derecho es lo que los funcionarios judiciales digan, con su actuar, hacen justicia.

El primero sostiene que las leyes tienen un mismo sentido, que no es otro que el sentido del legislador; que son, en una palabra, unívocas, y que, por lo tanto, el juez debe limitarse a concretar en sus fallos este único sentido; siguen convencidos de que el funcionario judicial no debe trascender los límites del ámbito interpersonal de los conflictos que dirime, por cuanto lo político no debe ser de su incumbencia.

Entre tanto, los segundos defienden el criterio de que la ley es polisémica, hecha con un lenguaje ambiguo y general; ese lenguaje, dicen ellos, debe ser pasado por el filtro de la interpretación judicial. Es tarea del Juez asignarle un sentido actualizado, tomándose el trabajo de poner una de sus orejas contra el piso. Si la situación particular así lo amerita, debe desoír el criterio del legislador, pero no el que le señalen los principios y valores constitucionales; tienen el convencimiento, fundamentados en la Constitución, que el juez con sus fallos contribuye en la producción de un orden justo.

El papel del Juez que interpreta, pretende ser desfigurado por lo que considera el primer grupo, y es, que los Jueces desplazan los órganos electivos (Congreso y Presidencia de la República y ministros) cuando inaplican leyes y decretos por inconstitucionales, y plantean que ello lleva a sumirnos en lo que han denominado la “dictadura de los jueces”.

En tal sentido ha de decirse que en sistemas presidencialistas, de por sí amarrados a las transnacionales como el nuestro, son grandes las talanqueras y profundas las mal interpretaciones al grupo de avanzada. La independencia del Juez debe soportarse, en muy buena medida, en el mandato del artículo 113 de la Carta magna, lo que debe ser motivo de resistencia a la interferencia de las otras dos Ramas en la misma composición de la judicatura.

De tantos factores que afectan la independencia del Juez, haremos hincapié en la permisiva legalidad de la intromisión del ejecutivo y el legislativo en la integración de quienes dicen el derecho, orden en el cual resulta contrario a la independencia, el que 7 de los 13 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura sean nombrados por el Senado, que 3 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional sean cuota presidencial, y que el Fiscal General de la Nación salga de terna presentada por el mismo presidente de la República.

Eso explica la actitud mediática de algunos presidentes de la República, que creyendo estar por encima de la misma Judicatura, perdonan y llaman a los jueces a no sancionar determinado delito, señalan los fiscales que deben perder su empleo, y ordena arrestos de casos fuera de flagrancia. Y como lo que ocurre arriba se repite abajo, mandos medios, que por excelencia y función deben proteger y hacer respetar la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales, le hacen su aporte negativo, como el del ex presidente del Consejo Superior de la judicatura que “orienta” a los jueces no tutelar en el caso de telecom, remite saludos de sometimiento al príncipe y promete mediar ante los jueces, a petición de quienes están subjúdice de la misma justicia; o el de altos jerarcas de la misma Rama Judicial que ofrecen protección al juez que se aparta de las orientaciones de la Corte Constitucional, y lo que resulta más peligroso, la constante amenaza de judicialización a los jueces que se atreven a salirse del corral de la legalidad para hacer dinámico el derecho, como ocurrió en Medellín en los pasados meses de agosto y septiembre de 2011, frente a una decisión constitucional y legal, tomada por el Juez 2º Penal del circuito especializado, lo que le generó la suspensión de su cargo por tres meses, sin haberse adelantado investigación disciplinaria alguna y por tomar una decisión que no afectaba el debido proceso penal. Esto mismo ocurrió con los peritos de Medicina Legal de Medellín;

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Íinseguro servicio presta a la administración judicial el Consejo Superior de la Judicatura a través de su Sala Disciplinaria, acatando una manifestación del Presidente de la República, sanciona sin juicio, enviando un mensaje intimidatorio al Poder Judicial Colombiano, siguiendo los lineamientos de un poder ejecutivo regido por principios ejecutivos, desechando el principio de legalidad y buscando que las decisiones y fallos judiciales, respondan a intereses diferentes a los definidos en la Constitución y la Ley .

Pero la judicatura tiene que fortalecerse con los aportes de esos grandes jueces de la historia, que como John Marshall de los Estados Unidos, que combinó la claridad y la elocuencia con el “instinto del tigre sobre la yugular”, esto es, con la institución, haciendo de la letra muerta de la ley algo de carne y hueso para abrirle salidas al desarrollo de su país; u Oliver Holmes, el más famoso disidente de la historia del derecho, que predicó y practicó aquello que los jueces deben aprender a pasar por encima de sus propias convicciones y a permitir que se modifiquen muchas de la cosas que ha conservado santificadas la legislación ordinaria, dado que las necesidades de la época, determinan el fin de la ley y lo que ésta debe llegar a ser; a Benjamín Cardozo, quien consideró que si la analogía y la lógica se enfrentan con la justicia y la equidad, siempre tendrán mayor peso estas últimas; y Earl Warren, de quien su biógrafo Bernard Schwartz dice que el impacto de sus sentencias puede compararse al que produce una revolución política o un conflicto armado, pasando por encima de los tecnicismos.

Predicar para el funcionario judicial, como valores más preciados, la eficiencia, la eficacia, la calidad total y los indicadores de gestión, resulta paso decisivo para dejarlo sin alas, someterlo al corralito de la legalidad y renunciar a su aporte de justicia y equidad en la búsqueda de un orden justo.

Los actos de los funcionarios judiciales y en especial de los jueces, se vierten en los fallos y sentencias, de allí, que antes de juzgar y descalificar a los funcionarios, invitamos a los contradictores a que los conozcan y valoren los argumentos allí contenidos, porque de lo contrario, se le hace un grave daño al Estado de Derecho y se envía un mensaje equívoco a la sociedad.

Muchos y variados problemas a diario tiene que enfrentar la Justicia en Colombia, en especial, en lo que tiene que ver con los atentados a la AUTONOMÍA e INDEPENDENCIA JUDICIAL que provienen no sólo de las organizaciones al margen de la ley de donde se ejercen presiones indebidas sobre los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales, sino que, además, provienen de altos directivos del Estado, ayudando con ello, a que otros servidores del mismo Estado, de menor rango, también lo hagan, a pesar de que constitucionalmente se encuentran en la obligación de acatar las decisiones judiciales y principalmente los fallos de la judicatura y prestar el apoyo necesario para que se cumplan los mandatos de las sentencias judiciales.

No es sano desde ningún punto de vista para un Estado Democrático de Derecho que se pierda el equilibrio entre los poderes públicos y, más grave aún, que un poder suplante al otro, como parece ser el caso, cuando el presidente de la república en forma abusiva y arbitraria asume como propias, funciones reservadas exclusivamente a los Jueces y Fiscales del país.

Determinante resulta el llamado de Carnelutti:

“Hay que proteger al Juez. El Juez es el baluarte de la justicia, porque el Juez es el contacto con el hombre vivo, actuante.

De ahí que es mejor malas leyes y buenos jueces, que malos jueces y buenas leyes.

Esto, porque para el legislador, el destinatario de la norma es sólo una marioneta”

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JUSTICIA BAJO PRESIÓNJUSTICIA BAJO PRESIÓN

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ÍDetrás de los cuestionamientos a decisiones de las cortes

Las 'reflexiones' de Santos

Por: Redacción Política. SEMANA- 7 de junio de 2011

Hay quienes creen que el pulso en torno a la reforma a la justicia podría acabar con la 'luna de miel' entre Ejecutivo y Poder Judicial. Hoy el ambiente sigue siendo de respeto y cordialidad.

Que entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe la única diferencia es de estilos, porque en el fondo son lo mismo, advierten algunos analistas y políticos de oposición. Una teoría que, dicen, se refuerza con las recientes posturas asumidas por el mandatario ante decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y hasta del Banco de la República, en lo que consideran una clara e indebida intromisión del Ejecutivo que rompe con la esencia constitucional de la independencia de poderes.

Los críticos traen a colación lo sucedido en el gobierno anterior, cuando el entonces presidente Uribe se enfrascó en una dura disputa con la Corte Suprema, llegando a calificar a sus magistrados como “nostálgicos del terrorismo”, en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país.

Por eso, lo dicho por Santos la semana pasada, cuando hizo un llamado a “la ponderación” en la

aplicación de justicia y les pidió a los magistrados analizar los asuntos en su contexto y

“entender e incluir como un factor dentro de la ecuación de sus fallos la dinámica del conflicto

armado que sufre el país”, no pudo más que ser visto como el comienzo del fin de la luna de miel

que se inició el 7 de agosto del año pasado, cuando durante su discurso de posesión, el jefe de

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ÍEstado habló de que como “demócrata integral, creo y defenderé siempre la independencia de

la justicia, condición esencial de la separación de poderes, que es el alma de la democracia

moderna”.

Pero ahora el presidente habla de “principios y valores de superiorísima jerarquía que buscan la

defensa de la nación en medio de una convulsionada realidad”, y se refiere a las teorías sobre “el

nuevo constitucionalismo”.

Y de allí sus reparos al fallo del Consejo de Estado que condenó a la nación a pagar una

indemnización millonaria a familiares de los militares víctimas en la toma de la base de Las

Delicias por parte de las Farc, en 1996, por supuestas fallas y omisiones que facilitaron el

ataque. A la providencia de la Corte Suprema, que negó validez probatoria a los archivos

encontrados en los computadores de alias Raúl Reyes, y la solicitud a la junta directiva del

Banco de la República para que no siga haciendo alzas a la tasa de interés.

¿Pero hasta qué punto puede considerarse intromisión los conceptos del jefe de Estado sobre

uno u otro tema de la justicia o de la política monetaria? Lo claro, eso sí, es que el tono es muy

diferente al que utilizó el anterior gobierno. Santos, hábil jugador en política, sabe que tanto las

cortes como el Banco Emisor son aliados fundamentales para el buen rumbo de su mandato. Por

eso, como él mismo lo aclaró, lo suyo es a manera de “reflexión”. Algo que, y también lo ha

dicho, no significa no poder expresar sus inquietudes y preocupaciones.

Ahora, sea como sea, es inevitable pensar que el presidente y las altas cortes viven hoy, en

medio de la cordialidad y las “reflexiones respetuosas”, un pulso de cara a la tan mentada

reforma a la justicia, que será presentada al Congreso el 20 de julio, haya o no consenso, como

indicó el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras. Hay discrepancias que se

debaten internamente, por ejemplo, nada más ni nada menos que el futuro de la tutela y del

Consejo Superior de la Judicatura, la doble instancia en el juzgamiento de aforados y el revolcón

a la Comisión de Acusaciones, entre otros puntos claves.

Un tire y afloje en el que, así como el primer mandatario tira línea, las cortes —también con

buen tono— defienden lo suyo. “Lejos de molestarnos esas reflexiones, estamos en la misma

actitud”, le manifestó a El Espectador Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, pero

agregó: “Creemos que podemos encontrar cuestiones positivas a que se mejore

sustancialmente la situación de la justicia en beneficio del país (...) yo no le veo dificultades a la

relación entre el Gobierno y las cortes, siempre y cuando se respete la autonomía e

independencia de las decisiones que toman los altos tribunales”.

Ya Vargas Lleras le contó a este diario cuáles son los tres puntos fundamentales en los que hay

discrepancias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de cara a la reforma: la tutela, la autonomía

en el manejo de la Rama y el precedente judicial. Y, sin duda, las posibles restricciones a la

tutela sí que podrían traer un rechazo mayoritario, si se tiene en cuenta que esa institución es

una de las grandes conquistas populares de la Constitución del 91.

“Le han hecho por lo menos cinco intentos de reformarla, pero no han podido. Se trata de que

las instituciones vivan al servicio del ciudadano y se va a volver muy impopular quien reforme la

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tutela. Ella, en su esencia, es inmodificable”, advierte Antonio Navarro, exconstituyente. “No

me parece conveniente la reforma a la tutela, porque por tratar de resolver un problema, se

abre la posibilidad de lesionar esta herramienta que tiene muchos enemigos, que no son los

más demócratas o progresistas ni tampoco los más sociales”, dice Horacio Serpa, también

exconstituyente.

Pero más allá de la tutela u otros revolcones que se plantean desde el Ejecutivo, es claro que

por los lados del Palacio de Justicia saben que la apuesta del presidente Santos es fortalecerse

en su participación en el diseño y la ejecución de la política criminal y, al mismo tiempo, buscar

la manera de que el Congreso le dé facultades excepcionales para expedir Códigos. Y eso, creen

algunos, podría afectarlos en cuanto a su autonomía.

Y aunque por ahora nadie se atreve a afirmarlo, las medidas que el Gobierno plantea meter en

la reforma y que apuntan a la 'despolitización' de la Rama, aumentándoles los períodos de los

magistrados a 12 años, estableciendo incompatibilidades de cinco años después de retirarse

para lanzarse a un cargo de elección popular y quitándoles facultades para ternar nombres para

contralor y procurador, entre otros cargos, es otro asunto que preocupa por el lado de las

cortes.

De todas maneras, los mensajes de diálogo y buen trato persisten. Ayer, durante la posesión de

Alberto Yepes como nuevo magistrado del Consejo de Estado, el presidente Santos aseguró

que el Gobierno mantendrá el espíritu constructivo para dialogar sobre cualquier tema con el

Poder Judicial, con el fin de encontrar una relación armónica que produzca un beneficio

general. Falta ver si los consensos y disensos sobre la reforma a la justicia mantienen ese

espíritu. Por lo pronto, Santos está dispuesto a un 'diálogo constructivo' con las altas cortes

desde esta misma semana.

El desafío

No lograron convertirnos en ellos – me escribió el Cacho El Kadri.

Corrían ya los últimos tiempos de las dictaduras militares en Argentina

y Uruguay. Habíamos comido miedo al desayuno, miedo al almuerzo

y a la cena, miedo; pero no habían logrado convertirnos en ellos.

Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos

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ÍMininterior responsabilizó de fuga de 'Kener' a la Fiscalía y al juez del caso

Por: Elespectador.com

|9 Mar 2010 - 12:35 pm

Fabio Valencia aseguró que la responsabilidad del Inpec era sólo hacer visitas esporádicas al interno de la Oficina de Envigado que se fugó.

El Gobierno Nacional culpó de la fuga de Daniel Serna, alias 'Kener', a la Fiscal 29 del circuito de Medellín.

Según el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, la Fiscal y el Juez de Medellín que le llevaban su caso no valoraron la peligrosidad de 'Kener' y le otorgaron el beneficio de casa por cárcel.

"Era necesario que ellos valoraran la peligrosidad y no sólo la condición de salud", dijo Valencia.

Para el Gobierno "las decisiones de jueces y fiscales son autónomas y se respetan" pero hay algunas determinaciones que hacen dudar de las conductas del Fiscal.

"Es muy grave la valoración del juez y no tener en cuenta la peligrosidad de los delincuentes que muchas veces ahora se dejan en libertad", sostuvo.

Y se culpó a la fiscal 29 especializada de Medellín porque a través de varias medidas se ayudó a que 'Kener' a llegar a su detención domiciliaria y posterior fuga. Por eso, Valencia pidió que se inicien las investigaciones buscando establecer las responsabilidades que puedan tener las instancias de la rama ejecutiva y judicial que han intervenido en el presente caso.

Esto porque el 11 de diciembre emitió un acto suspendiendo la detención intramural de 'Kener' y ordenó su detención hospitalaria en Medellín. Para esa fecha igual el abogado defensor interpuso un habeas corpus que fue negado y él siguió en Palmira en donde se le ofreció atención especializada y la cual rechazó.

Además, Valencia relató como a principios de enero él recibió una llamada del director general de la Policía, general Oscar Naranjo, en donde advertían que 'Kener' podría fugarse y lo cual fue comunicado al Fiscal General de la Nación. Pero todo indica que fue omitido.

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También recordó que el Inpec sólo es responsable de vigilancia al sistema de manillas electrónicas de manera temporalmente, a través de visitas y llamadas telefónicas.

Celebración de las contradicciones /1

Como trágica letanía se repite a sí misma la memoria boba. La memoria viva, en cambio, nace cada día,

porque ella es desde lo que fue.Aufheben era al verbo que Hegel prefería, entre todos los verbos

de la lengua alemana. Aufheben significa, a la vez, conservar y anular;

y así rinde homenaje a la historia humana, que muriendo nace y rompiendo crea.

Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos.

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Í¿Se acabó la ´luna de miel' entre Gobierno y Cortes?

LAREPUBLICA.CO, Colprensa

El debate de la Reforma a la Justicia, presentado el jueves pasado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras ha causado gran controversia e inconformidad entre el Gobierno y las Altas Cortes.

Por un lado, el ministro de Interior asegura que la reforma busca acelerar el proceso jurídico del país, repartiendo entre legisladores y otras entidades públicas, tales como el Consejo Superior, las funciones de las Altas Cortes, sin afectar la independencia ni autonomía de la rama judicial.

Por el otro lado, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, alega que el proyecto "desdibuja" la separación de poderes instituida en la Constitución, poniendo en riesgo la democracia misma. Por su parte, el presidente Santos asegura que aunque es natural que el Gobierno y las Altas Cortes estén en desacuerdo con algunos de los puntos del proyecto, el Congreso es el que decide lo que es y no es viable en dicha reforma.

Lo buenoLa reforma presenta cinco puntos cruciales de cambio:

1. La tutela, la cual busca que el legislador reglamente las competencias y especialidades, para el conocimiento de juzgados y tribunales, de las diferentes acciones de tutela. Además busca regular la acción de tutela contra sentencias judiciales, incluidas las proferidas por las Altas Cortes. también dice que los fallos de tutela contra providencia de las Altas Cortes podrán ser seleccionados y revisados por la Sala Plena de la Corte Constitucional, con el fin de unificar la interpretación de los derechos constitucionales fundamentales y que habrá un término de caducidad de 30 días para la interposición de tutelas contra cualquier sentencia judicial. Vencido este término, no será posible interponer la tutela.

2. Más acceso y descongestión de la Justicia. Pues le da funciones jurisdiccionales a: servidores judiciales (jueces y magistrados), notarios, centros de conciliación y/o arbitraje, y abogados en ejercicio. También establece la figura del arbitramento obligatorio para aquellos casos que establezca el legislador. Simultáneamente se amplía el número de operadores jurisdiccionales de manera que se pueda dar respuesta al ciudadano común y corriente sobre los procesos que le conciernen.

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3. Un nuevo control en la rama judicial, eliminando el Consejo Superior de la Judicatura y otorgándole sus funciones al Consejo Superior Judicial, cuya Sala de Gobierno estaría integrada por diez miembros: Los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, los tres delegados no magistrados de las Altas Cortes expertos en administración o finanzas públicas, y el delegado de jueces y magistrados, los cuales tendrían voz y voto en dicha entidad. El ministro de Justicia, el fiscal general de la Nación y el gerente de la rama judicial, también harían parte del Consejo, pero no tendrían el derecho al voto. Las funciones disciplinarias contra abogados serían asumidas por el Colegio Nacional de Abogados que, para tales efectos, sería creado. Las funciones disciplinarias contra jueces y magistrados de tribunales serían asumidas por sus respectivos superiores funcionales.

4. Generar el control previo de constitucionalidad para leyes relacionadas con asuntos penales, fiscales y de manejo de recursos derivados del ahorro público y aumentar de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las Altas Cortes, y de 10 a 20 años el requisito de experiencia para ser magistrado de estas.

5. A las Altas Cortes les quita la facultad electoral, pues dispone que el procurador general de la Nación sea elegido por el Senado para un período de cuatro años, de terna integrada por el Presidente de la República, y el contralor general de la República sea elegido por el Congreso. De acuerdo con lo anterior, Las Altas Cortes han protestado, pues según estas, perdieron un año de debate ya que el dialogo fue "inane" y "desgastador", pues la reforma "no incluye medida efectiva alguna para solucionar la ausencia de recursos a la cual se ha confinado desde hace décadas a la Rama Judicial".

El presidente al Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, protestó diciendo que en el proyecto "no se recoge una sola de las inquietudes. El único punto donde habíamos logrado acuerdo, consistente en que se consagrara una garantía de participación mínima de la rama judicial del presupuesto general de la Nación para afianzar su autonomía, no fue incluido tampoco en el proyecto y registramos que el mismo es regresivo y que apunta a debilitar la rama judicial y a minar su autonomía e independencias".

La controversia

1. Entorpece la separación de poderes que es la base del Estado Social de Derecho.

2. Le otorga más poder a la rama ejecutiva, poniendo en riesgo la fortaleza de la rama judicial.

3. No incluye medida efectiva alguna para solucionar la ausencia de recursos a la cual se ha confinado desde hace décadas a la Rama Judicial.

4. Intenta solucionar las dificultades que afectan al país en materia de administración de justicia con propuestas que resultan extrañas a la organización de la Rama Judicial y la debilitan, en lugar de fortalecerla.

5. Amenaza seriamente la institucionalidad.

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ÍPor tal motivo, determinaron solicitar una veeduría internacional y hacerle conocer a los organismos judiciales y a la comunidad del mismo orden, los riesgos que tal proyecto involucraría para la salud política del país.

Ante la queja, el ministro del Interior aceptó la propuesta de las Cortes y dijo que la participación de la veeduría internacional, al igual que de organismos externos es bienvenida. Sin embargo insistió en que no es cierto, "que el Gobierno quiera entorpecer la autonomía del poder judicial, sino que lo único que se busca es garantizar su mejor funcionamiento”, y aclaró, "Vamos a imponer en el Congreso las razones que nos asisten para defender los propósitos consignados en esta Reforma".

Mientras la discusión continúa, las Altas Cortes prometieron pasarle al Congreso sus propias ideas de lo que debería ser la reforma, y los ministros de Interior y Justicia dijeron querer llegar a una pronta solución para mejorar el sistema jurídico del país.

Por el momento, lo único que es claro es que la inmunidad parlamentaria que propuso el senador, Juan Manuel Corzo no va.

El mismo presidente del Senado anunció que retiraría la propuesta que buscaba proteger a los congresistas de cualquier investigación judicial sin la previa autorización de la Cámara respectiva, salvo flagrante delito. Para lo anterior, sería necesaria una mayoría de los votos de la cámara respectiva.

A cambio, el ministro del interior, Vargas Lleras, propuso la doble instancia para congresistas que dice que la investigación y la acusación serán tarea del fiscal general de la Nación; el control de garantías será ejercido por el Tribunal Superior de Bogotá; y, el juzgamiento en doble instancia tendría lugar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual, para tales efectos, se dividiría en dos secciones.

Antecedentes

EL 10 de abril del año pasado estuvo listo el borrador que proponía la Reforma a la Justicia para,

entre otras cosas, acelerar los procesos judiciales en Colombia. El proyecto debía ser presentado ante el Gobierno y el Congreso para ser evaluado, corregido y ratificado. La propuesta fue elaborada por una comisión de expertos, que fue convocada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 4932 de 2008 y de la que hicieron parte 13 juristas, liderados por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo de la Judicatura, José Alejandro Bonivento Fernández. Este grupo estuvo reunido por dos meses y mantuvo un foro abierto en Bogotá para escuchar dudas y sugerencias de los ciudadanos que buscaban mejorar la rama judicial del país. Entre las propuestas estaba crear un Ministerio de Justicia, razón por la cuál Juan Carlos Esguerra fue elegido nuevo ministro.

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MinJusticia busca revocar casa por cárcel de “El Cebollero”

29 de agosto de 2011

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, anunció que su cartera interpondrá una medida judicial, la cual busca que la detención domiciliaria concedida a Alirio de Jesús Rendón, por un juez de Medellín sea revocada.

Asimismo, Esguerra, aseguró que la suspensión por tres meses de Humberto Navales no tuvo nada que ver con presiones del Gobierno como lo había denunciado el juez, y agregó que el Ejecutivo espera que se pueda efectuar la revocación del beneficio otorgado al “El Cebollero”.

"Esperamos que la casa por cárcel le sea modificada por el juez que reemplazará al que ya está suspendido mientras se surte la investigación en su contra", aseveró el ministro.

En ese sentido, el titular de la cartera de Justicia dijo que pedirá que el proceso de Rendón sea remitido a Bogotá, con el fin de que en este no se presenten trabas ni irregularidades.

LA DENUNCIA DE NAVALESEl juez primero de Medellín, Humberto Navales, quien concedió prisión domiciliaria a Alirio de Jesús Rendón, alias El Cebollero, presunto jefe de sicarios y de narcotráfico de la “Oficina de Envigado”, aseguró que la sanción en su contra es injusta.

De acuerdo con Navales, la determinación del magistrado del Consejo Superior de Medellín de suspenderlo por tres meses, al cobijar a “El Cebollero” con casa por cárcel, es algo exagerado y tuvo que ver con presiones directamente del presidente Juan Manuel Santos.

En diálogo con La F.M. el juez insistió en que su suspensión es una decisión política y agregó que el jefe de Estado no debe meterse en decisiones judiciales.

Asimismo, Narvales rechazó las críticas del Gobierno en su contra, las cuales, según él, lo tildan de delincuente por su determinación en el caso de “El Cebollero”

Por otra parte, el juez dijo que su decisión de otorgar prisión domiciliaria a Rendón, quien aseguró estar muy delicado de salud, la tomó debido a que allá el sindicado podrá estar más seguro que en un hospital, lugar a donde debió ser remitido según varios funcionarios del Gobierno, tales como el director del DAS y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera.

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La cultura del terror /7

El colonialismo visible te mutila sin disimulo: te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence

de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza: te convence de que no se puede decir,

no se puede hacer, no se puede ser.

Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos

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ÍInpec responsabiliza a la Fiscalía de fuga

de alias 'Kener'

Daniel Alejandro Serna tenía el beneficio de detención domiciliaria.

Daniel Alejando Serna, Alias Kener, capturado. Era lugarteniente de la organización 'Los Paisas' de la oficina de Cobro de Envigado.

El sub director del Inpec, el coronel Carlos Barragán, dijo que el Instituto no es responsable de vigilar a los condenados en detención domiciliaria y que no estaba de acuerdo que el mecanismo de brazalete electrónico se usara para detenidos peligrosos como este miembro de la denominada 'Oficina de Envigado'.

En la noche de este domingo, dijo, hombres que se identificaron como miembros de Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) se lo llevaron a bordo de un vehículo con el argumento de que se trataba de un traslado. Hacia las 12 de la noche se conoció de su 'desaparición'.

Barragán dijo que medicina legal había determinado que el hombre se encontraba en regular estado de salud, pero que el Inpec no tiene el diagnóstico de sus dolencias.

El subdirector del Inpec señaló que le había dicho al fiscal que lleva el caso que no debía conceder la detención domiciliaria a este delincuente y que su responsabilidad se limita a las personas que permanecen detenidas en centros penitenciarios.

Por: Elespectador.com 8 de marzo de 2010

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ÍAgentes de la Dijin capturaron en junio de 2008 a Daniel Alejandro Serna, alias 'Kener' o 'el Cabo', principal cabecilla militar de la banda denominada ̀ Los Paisas´, anteriormente conocida como Oficina de Cobro de Envigado.

Luego de su extradición a los Estados Unidos, Carlos Mario Aguilar Echeverry alias `Rogelio´ quedó al frente de la organización criminal antes de empezar su negociación con la justicia norteamericana.

Posterior a su entrega a los Estados Unidos alias `Kener´ asumió el control total del brazo armado de la Banda Criminal `Los Paisas´, organización que dominaba el tráfico de estupefacientes en Antioquia, Bolívar, Magdalena, Atlántico y el Magdalena Medio.

Producto de la disputa por el control territorial de las rutas para el narcotráfico la Banda `Los Paisas´ entró en conflicto armado con la banda de `Los Negros´ al servicio de Daniel Rendón Herrera, alias `Don Mario´, quien ejecutó a siete miembros de la organización delincuencial y posteriormente secuestró a 25 integrantes de un comando armado de la Oficina de Envigado, para lograr el dominio de la zona.

En un operativo de la Policía al sur de Bogotá, el 4 de abril de 2008 se incautó un video en el que aparecía alias ̀ Don Mario´ confirmándole a alias ̀ Don Berna´ el secuestro de sus 25 hombres. Cada uno de ellos tenía que decir frente a la cámara su nombre completo, número de cédula y quién los había reclutado; en su mayoría aceptaron el ofrecimiento de Daniel Serna alias `Kener´.

A partir de este momento alias `Kener´ asume un papel importante dentro de la organización debido a la guerra con alias ̀ Don Mario´.

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ÍLas opiniones

Simón Gaviria. Presidente de la Cámara de Representantes"Es importante divulgar el precedente judicial y precedente administrativo, la constante jurisprudencia viene cambiando en muchos sentidos, entonces es muy importante crear una estabilidad jurídica para el país".

Mauricio Fajardo. Presidente ante el Consejo de EstadoLa Reforma "es de tanta gravedad que naturalmente nos debe interesar a todos los Colombianos, incluso trasciende a la comunidad de naciones que mantiene claramente la idea de preservar los regímenes democráticos en los países".

Germán Vargas Lleras. Ministro del Interior"El Gobierno tiene todo el derecho a defender sus puntos de vista porque creemos que la justicia en Colombia no puede seguir así. Por eso estamos proponiendo las soluciones y nos parece inmerecido que las descalifiquen".

Armando Benedetti. Senador"Más allá de las deliberaciones que en las comisiones y plenarias tendrán lugar en los próximos días, resulta indispensable agregar más voces, ojalá todas las voces, a la discusión. En manos del Congreso está sacar una reforma adecuada".

El sistema /2

Tiempo de los camaleones: nadie ha enseñado tanto a la humanidad

como estos humildes animalitos.Se considera culto a quien bien oculta, se rinde culto a la cultura del disfraz.

Se habla el doble lenguaje de los artistas del disimulo. Doble lenguaje,

doble contabilidad, doble moral: una moral para decir, otra moral para hacer.

La moral para hacer se llama realismo.La ley de la realidad es la ley del poder.

Para que la realidad no sea irreal, nos dicen los que mandan, la moral ha de ser inmoral.

Eduardo Galeano, El Libro de los abrazos

“O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en el villano”

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Í“Es satisfactorio que la Justicia vuelva a ser el fin predilecto del Estado”.

Jaime Arrubla Paucar

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ÍAltas Cortes le dijeron sí al restablecimiento

de las relaciones con el Ejecutivo

Caracol, Agosto 9 de 2010

Luego de dos horas y medias de reunión con el presidente Juan Manuel Santos, los magistrados de las Altas Cortes manifestaron su beneplácito por el buen ambiente que se empieza a respirar con el anuncio de una mesa de concertación para emprender cualquier tipo de reforma a la justicia y el anuncio de no controvertir sus fallos.

El presidente de las Corte Suprema, Jaime Arrubla, el primero en hablar, dijo que es satisfactorio que la Justicia vuelva a ser el fin predilecto del Estado.

Dijo que es de resaltar la importancia simbólica que tiene para el país y la justicia el hecho de que la primera reunión de la agenda de un presidente recién posesionado sea con las Altas Cortes.

"Este es un mensaje esencial porque significa que la administración de justicia vuelve a ser el centro de las políticas públicas de un país para su desarrollo", dijo Arrubla.

Añadió que están dispuestos a una reforma a la justicia concertada, pues consideran que la forma como se imparte debe ser revisada constantemente.

Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, dijo que es un gran avance la conformación de la mesa permanente de justicia para concertar todo los temas.

A su turno, el presidente del Consejo de Estado, Fernando Álvarez, dijo que lo más importante de este encuentro es el compromiso del diálogo directo y permanente con las Altas Cortes y con las distintas instancias de la justicia.

Expresó que otra situación que quedó en claro es que cualquier tema o colaboración se va a desarrollar respetando los principios de la independencia y autonomía de la justicia.

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El sistema /1Los funcionarios no funcionan.

Los políticos hablan pero no dicen.Los votantes votan pero no eligen.

Los medios de información desinforman.Los centros de enseñanza enseñan a ignorar.

Los jueces condenan a las víctimas.Los militares están en guerra contra sus compatriotas.

Los policías no combaten los crímenes,porque están ocupados en cometerlos.

Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan.Es más libre el dinero que la gente.

La gente está al servicio de las cosas.

Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos

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Pintura de Andrea Piccardo

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La Justicia en la Picota

Comentarios de los lectores

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ÍComentarios de los lectoresEL COLOMBIANO

Tintero Comentario realizado el 29 de agosto de 2011 - 21:27Que tan bueno que investigaran a tod@s l@s jueces del país, especialmente en Mi linda Tierra Medellín, hay UN@ JUEZ que en asuntos de familia si que se las arregla para hundir a las madres y ayudar a los " Padres irresponsables" y bajar los porcentajes dados inicialmente por los jueces de familia aduciendo YO NO VOY A HABLAR DE PORCENTAJES SINO DE CIFRAS.....???? Usted, si sabe perfectamente que le estoy hablando a USTED, porque por ayudar UN POLITICO CORRUPTO, PADRE DE FAMILIA DESHONESTO E IRRESPONSABLE, dejó en la miseria a una pobre madre y la humilló hasta el cansancio en su JUZGADO, prontito que la vamos a demandar con nombre propio, ya está en camino su nombre DOCTOR@ para que le llegue la ley también a usted, desgraciad@, que solo sabe abusar de la autoridad...pero claro es que el DOCTORCITO FULANO DE TAL LE OFRECIÓ UN PUESTICO MEJOR, O UNA BUENA SUMA DE DINERO...VERDAD?

conrado Comentario realizado el 29 de agosto de 2011 - 13:59lo dije....que ese juez es un corrupto de tantos miles que hay, miseria humana es que son, que el peso de la ley es que caiga sobre ellos.

jaime Comentario realizado el 29 de agosto de 2011 - 13:13que justicia la de Colombia el juez obra según las leyes y el presidente lo suspende 3 meses cuál de todos tiene la razón.

Comentario realizado elES UNA PENA LA CORRUPCIÓN NOS COME !!!! Y NADIE HACE NADA .....OTRO JUEZ QUE SE VENDIÓ POR UN PUÑADO DE DOLARES !!!!

luishmavi Comentario realizado el 30 de agosto de 2011 - 07:18algo pasa con la justicia. Como se le ocurre a un juez semejante faena. Antes intervino el dr. Uribe y ahora el presidente Santos. Que pasó con el HONORABLE magistrado que estuvo en una fiesta de mafiosos en Neiva y que se DESCUBRIÓ GRACIAS A LA CHUZADAS.

sandro Comentario realizado el 30 de agosto de 2011 - 06:48Me parece muy bien la decisión de volver a investigar este caso, es obvio que hay irregularidades en el proceso y no podemos permitir que delincuentes como el cebollero se burlen de la justicia y que estos jueces que se dejan comprar paguen por su delito también....hay que sentar un precedente y castigar a los involucrados como médicos etc...sabemos que hay corrupción en todos los estamentos y la justicia colombiana es muy sobornable....ojo pelao con todo esto por favor.

Cachiporro Comentario realizado el 30 de agosto de 2011 - 07:57Lo dije ayer( No sé porque no salió el comentario)...Suspenden provisionalmente al Juez por este caso, pero se va tranquilo con dos ó tres mil millones para la casa.. y quien dijo que por problemas coronarios le ponen a una persona cuello ortopédico, como apareció este malhechor en una de sus recapturas?. Y la personería de Medellín se come el cuento.. Acaso este tipo les

fleixon 20 de agosto

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Ípregunta a sus víctimas, si tienen algún problema de salud cuando las secuestra?.. Único acierto de Santos ... en un año..

ocasional Comentario realizado el 30 de agosto de 2011 - 09:36Mal nacido Juez, que vaya a bellavista que allá sí que hay reclusos enfermos. Con estos jueces y abogados a favor de los malos y los corruptos Colombia va terminar con solo dos clases sociales; criminales é indigentes. 1. Hay que implementar la pena de muerte 2.Esas consideraciones de casa por cárcel y rebajas de condena son una alcahuetería y no se aplican correctamente.

El Colombiano Comentario realizado el 30 de agosto de 2011 - 09:19Sin duda es lo mejor que ha hecho el presidente de Colombia hasta este momento, siga metiendo la nariz en asuntos como estos y verá que se va a ganar un poquito de popularidad en todo el país, porque son muchos los jueces corruptos que hay en toda Colombia.

ocasional Comentario realizado el 30 de agosto de 2011 - 13:18Para mi todo el que esté de acuerdo con este pícaro de juez está en contra de la gente buena de este país. ¡¡ NOS ESTÁN MATANDO !!!!

karlox Comentario realizado el 30 de agosto de 2011 - 13:02Menos mal tenemos un presidente que no se deja intimidar por los hampones de Medellín. Una casa por cárcel para un delincuente lo único que da es grima. ver la justicia al servicio de la delincuencia da asco.

Comentarios de los lectoresEL ESPECTADOR

Opinión por: JAIRREFLEMar, 03/09/2010 - 14:47TOTALMENTE DE ACUERDO LA CULPA ES DE LA FISCALÍA, ES INCREÍBLE COMO EN LA FISCALÍA SE COMPRA Y SE VENDEN LOS JUECES Y FISCALES Y LUEGO MAS ALLÁ, IGUALMENTE SUCEDE CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA; TENGO DOS PROCESOS DONDE EL FISCAL PIDE CONDENA Y LA JUEZ LOS ABSUELVE, LUEGO SE APELA Y LOS HONORABLES MAGISTRADOS IGUALMENTE LOS ABSUELVEN EN EL TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA; ESTOS JUECES Y MAGISTRADOS ESTÁN LLENOS DE PLATA ABSOLVIENDO A DELINCUENTES. ESO MISMO PASÓ CON ESTE SEÑOR POR QUE SI ERA TAN PELIGROSO LE DAN CASA POR CÁRCEL? LA INSEGURIDAD JURÍDICA DE JUECES FISCALES Y MAGISTRADOS ES TOTAL.

Opinión por: PochologaLun, 03/08/2010 - 19:48El caso penal contra el bandido que se fugó entiendo que se ventila bajo el imperio de la ley 600/2000, en justicia especializada, y en esa ley está prohibido la domiciliaria a los reos.. A lo mejor se trata de una fiscal saliente x el concurso que no le quedo difícil recibir un billete largo por conceder este mecanismo.

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ÍOpinión por: largavidaauribeLun, 03/08/2010 - 19:08Y QUE DIRÁ EL PADRINO, EL CAPO DE CAPOS, EL OMNIPOTENTE, EL PAISA MAYOR ---------- QUE SEA HOMBRE Y PONGA LA CARA PA PEGARLE ¡¡¡MARICA!!!

Opinión por: largavidaauribeLun, 03/08/2010 - 18:37VOTA PIN ----- O TE HACEMOS PUM ---------- VOTA MEDIA VUELTA O TE HACEMOS LA VUELTA == u / 0 ==

Opinión por: largavidaauribeLun, 03/08/2010 - 18:42ANIMALITO: kener es socito del paraquito ES DE LOS REFUNDADORES DEL PAIS PAISA; SI NO ENTIENDE SE LE DIBUJA CON PLASTILINA.

Opinión por: BENDESIDOLun, 03/08/2010 - 17:40Este tal KENER debe de estar escondido y protegido en palacio, a lo mejor lo introdujeron por la puerta de atrás o sea el sótano y porque no en casa de un alto funcionario, para así despistar a los que lo buscan de mentiritas.

Opinión por: JOHAGULun, 03/08/2010 - 16:55APUESTO QUE DONDE SEA UN POBRE LUNGO LO DEJAN EN EL PEOR DE LOS PATIOS HACINADO CASI SIN PODER RESPIRAR Y NO LE PUEDEN DAR LA CASA POR CÁRCEL POR SER DELINCUENTE DE ALTA PELIGROSIDAD PERO BAJO NIVEL ECONÓMICO, SOLO TIENEN DERECHO A ESTAS PREVENDAS LOS QUE PELAN BILLETES VERDES Y QUE SON AMIGOS DE TODOS LOS CORRUPTOS QUE CONFORMAN TODAS LAS ENTIDADES QUE RIGEN, GOBIERNAN Y CONTROLAN ESTA CHUNCHURRIA DE PAÍS.

Opinión por: DESONESTORLun, 03/08/2010 - 15:24Primer acto: Capturan al paraco Segundo acto: El paraco llama al Mesías Tercer acto: El mesías llama a la fiscal Cuarto acto: Conceden casa por cárcel al paraco Quinto acto: El paraco se fuga Titulo de la Obra: Inseguridad Democrática. Opinión por: Diego M SLun, 03/08/2010 - 15:06El país tiene que avanzar mucho en su rama judicial. Independiente de este caso, son muchos los antecedentes de negligencia, ineptitud y corrupción en la aplicación de la justicia en Colombia. Qué lástima que nuestra rama judicial haya sido inferior a los avances del país en materia de orden público.

Opinión por: RECATÓNLun, 03/08/2010 - 14:08Ahí están pintados los jueces y fiscales del país que son más peligrosos que este bandido. Quieren amarrar un perro con una morcilla. Serán gue.........

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ÍOpinión por: YUSEFOLun, 03/08/2010 - 13:36El código penal y todas sus leyes apéndices están confeccionadas para favorecer a los criminales de alto turmequé (farianos, paras, narcos y políticos) y su interpretación se sujeta a la danza de los millones (en dólares) que puedan obtener los funcionarios judiciales, quienes consideran a los ciudadanos de bien como ruanetas. Como es posible que se le ponga un brazalete, que se puede quitar con un simple cuchillo, a un temible y peligroso delincuente. Cada rato se vuelan de la cárcel los criminales más poderosos y peligrosos. Los cascareros se quedan a cumplir su condena completica, porque no tener plata es un agravante para los funcionarios judiciales. Váyanse al carajo con su justicia colombiana, esto es una vergüenza.

Opinión por: otarioLun, 03/08/2010 - 13:32ja, ja, ja, jo, jo, jo, jo, je, je, je, je. ! ! Me k..... de la risa, dizque se "fugó" este bandido porque la fiscalía le "otorgó" detención domiciliaria.... A quien engañan?, jo, jo, jo, je, je, je, ji, ji, ji, . . .y, que tal que el fisacalito fuera mas "de bolsillo" que el que ya existe...... Ojo, Honorable Corte Suprema de Justicia, ojo, que la terna que tiene es una terna de rábulas venales escogidos por el Sr. de la "casa de nari".... Ojo, . . . !

Opinión por: lupmeryLun, 03/08/2010 - 13:19jajajajajajajajaajajaj, me duele el estómago de tanto reir ajajajjajajajaja, esto le debe dar pena a las autoridades jajjajajajaajjaaj, no puedo más jajjajajajajajaj jjjjjjjjj, jojojo Opinión por: beniLun, 03/08/2010 - 12:46Es el hazme reír a nivel nacional e internacional la "justicia" colombiana, es una mamaderadegallo descontrolada. En manos de quien estamos los colombianos de bien??? que locura todo éste circo, antes no estamos peor de lo que estamos, por Dios, hasta cuando?????? Opinión por: UchihaLun, 03/08/2010 - 12:37Que vergüenza leer este tipo de noticias!!!!!

Opinión por: lupmeryMar, 03/09/2010 - 16:26ESTOY DE ACUERDO CON VALENCIA, LA RESPONSABILIDAD ES DEL LA FISCALÍA Y EL JUEZ, MANO DURA CON ELLOS, QUE LOS LLEVEN A LA PICOTA. Opinión por: JAIRREFLEMar, 03/09/2010 - 15:49TOTALMENTE DE ACUERDO LA CULPA ES DE LA FISCALÍA, ES INCREÍBLE COMO EN LA FISCALÍA SE COMPRAN Y SE VENDEN LOS JUECES Y FISCALES Y LUEGO MAS ALLÁ, IGUALMENTE SUCEDE CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA; TENGO DOS PROCESOS DONDE EL FISCAL PIDE CONDENA Y LA JUEZ LOS ABSUELVE, LUEGO SE APELA Y LOS HONORABLES MAGISTRADOS IGUALMENTE LOS ABSUELVEN EN EL TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA; ESTOS JUECES Y MAGISTRADOS ESTÁN LLENOS DE PLATA ABSOLVIENDO A DELINCUENTES. ESO MISMO PASÓ CON ESTE SEÑOR POR QUE SI ERA TAN PELIGROSO LE DAN CASA POR CÁRCEL? LA INSEGURIDAD JURÍDICA DE JUECES FISCALES Y MAGISTRADOS ES TOTAL.

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Í Opinión por: ArtoriosMar, 03/09/2010 - 14:24Aun no caen en cuenta la grave situación de CORRUPCIÓN al interior de fiscalías y juzgados con ese tema de libertad domiciliaria, al que suman magistrados. Cada vez es más descarado el tema y nadie parece darse cuenta y siempre salen con las mismas excusas: que el funcionario es autónomo, que la salud del bandido, que la culpa es del otro. Nadie investiga nada y LA PLATA FLUYE Y EL DELINCUENTE HUYE. ¿Es que nadie de la Procuraduría ni ninguna otra autoridad decente lee estos mensajes y los artículos?

Opinión por:Stradivarius.comMie, 08/31/2011 - 00:41Este juez HUMBERTO NAVALES queda suspendido tres meses de su labor profesional pero ya debió haber consignado unos cuantos millones de pesos en alguna cuenta personal, regalados por este descarado prevaricato. Este juez corrupto debió haberlo enviado a la propia casa para que le hiciera cariñitos mientras se alentaba el delincuente. Es condenable que a un mafioso como este cebollero se le trate con irresponsable alcahuetería. Esto sigue demostrando que a este país la mafia se lo tiene bien enterrado.

Opinión por:comentandojMar, 08/30/2011 - 07:29Ridícula, alcahueta y amañada sanción para este juez prevaricador y cómplice de un delincuente que debe pagar en la cárcel todos sus crímenes.

Opinión por:ferdinand20Sab, 08/27/2011 - 18:16LA JUSTICIA COLOMBIANA ESTA LLENA DE JUECES CORRUPTOS, QUE TRISTEZA DE NUESTRO PAÍS, CON TANTA CORRUPCIÓN EN TODO NIVEL. Opinión por:CABALLISTAVie, 08/26/2011 - 20:46Ya ni sorprende como es la justicia Colombiana, aquí se debe ser criminal y de los atroces para que la justicia falle a su favor, q asco esta justicia como legisla a favor de delincuentes.

Opinión por:juanmarcoVie, 08/26/2011 - 16:53Entre la justicia y los medios van a acabar con Colombia...

Opinión por:Comentarista 152Vie, 08/26/2011 - 16:52La "Justicia" Colombiana ayudando a los criminales...... mientras los jueces absuelven a estos criminales..... la CSJ-EP ayuda a los farianos y vinculados.

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ÍOpinión por:ContradictorVie, 08/26/2011 - 16:10Jueces venales al servicio de la mafia. Eso es todo.=

Opinión por:DICIDENTEVie, 08/26/2011 - 16:03QUIEN JUZGA QUIEN QUIEN QUIEN JUZGA A LOS MAFISTRADOS QUIEN JUZGA A ESOS JUECES , A LOS MIEMBROS DE LAS CORTES QUE ESTÁN LABORANDO NO POR LA SOCIEDAD , NO POR DEFENDER LA CONSTITUCIÓN SINO POR EL QUE MÁS LES OFREZCA , ESOS FALLOS DE ÚLTIMA INSTANCIA COMO EL DE LOS COMPUTADORES DE REYES DEBERÍAN SER DEBATIDOS POR OTROS ENTES.. QUIEN JUZGA A LOS MAFISTRADOS CORRUPTOS, POLITIQUEROS MAFIOSOS. CON TENDENCIA A INTERPRETACIONES AMAÑADAS QUE FAVORECEN Y ACOGEN EN SU SENO INTERÉS E IDEOLOGÍAS DE UNOS POCOS. QUIEN QUIEN QUIEN.. LA JUSTICIA ES PARA LOS DE RUANA QUIEN TENGA PLATA DINERO DE CUALQUIER ORIGEN TRANQUILO PIERDA CUIDADO LAS SENTENCIAS DE LOS MAGISTRADOS SON NEGOCIABLES.......

Comentarios de los lectoresEL TIEMPO

glup Cuánta plata le habrá dado el cebollero, atreverse a renunciar a un sueldo de 8 millones, con primas legales y extralegales son 18 sueldos al año, son 144 millones al año, mínimo le dio 1500

glenviu Ya le dieron la plata a este juez y ahora se va a disfrutarla. joselito745 Miércoles 31 de agosto de 2011 02:05 p.m. Toda esta farsa esta buenísima para una película de ciencia ficción y que la llamen "la justicia se vende y los jueces son marionetas".-

Tarufety Miércoles 31 de agosto de 2011 11:58 p.m. jueces podridos, deben de saber que darle casa por cárcel a cualquier criminal es un premio, no un castigo. dejen de ser tan corruptos. ispe Miércoles 31 de agosto de 2011 06:06 p.m. Que lo manden a la cárcel y a la misma celda con el juez que le dió casa por cárcel. Queremos a ese juez en la cárcel.

QUILLEROES Miércoles 31 de agosto de 2011 05:55 p.m. El billete es el que manda compae, si o no señor juez.

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“LA LIGA DE LA JUSTICIA”

Maruja1961 Miércoles 31 de agosto de 2011 02:41 p.m. Justicia podrida, politizada, narcotizada, inepta!!!

Comentarios de los oyentesLA W RADIO

Anarquia Jueces? que dolor de patria. ojo gente del común que vamos a hacer?. por este tipo de casos es que comienzan las rebeliones y las guerras. ya se está llenando la tasa de las personas buenas. y la justicia donde está? cual es el significado de justicia en este país?

Manuel Eduardo González Torres Y al degenerado que lo dejó libre lo llaman juez y sus compañeros de profesión lo aceptan en su gremio que vergüenza para la rama judicial que no se pronuncia se repite la historia del juez borrachín hagan memoria señores.

Malditos jueces y fiscales ineptos y corruptos Cuando la noticia estremece la tuerta sale hablar cuando ellos son cómplices con los facinerosos jueces /lo que nadie se explica y los medios no mencionan es que a este asesino el juez le dió por los delitos y concierto para delinquir solo miserables cuatro años y medio lo que indica que este escándalo de casa por cárcel es inocuo a la aplicación de la ley que un bastardo juez cómplice y con fiscalía le dieron de pena aquí la noticia no es la casa por cárcel aquí la noticia debería ser su sentencia lo que demuestra la ineptitud y la impunidad y el fraternalismo entre la fiscalía y los jueces para dar justicia que ya es en verdad una vergüenza siniestra y malévola.

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Í“Queda solo su máscara. La toga. El foro.

Su esqueleto. Lo que hoy llaman los jueces son hombres que aplican una ley

monopolizada por la razón de Estado”.

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Í1EL JUEZ: UNA FICCIÓN

Por: Andrés Nanclares Arango

Les hablo en 1990 y vengo a contarles que los jueces no existen: son una ficción. Han sido devorados, en un acto de canibalismo filial, por uno de sus hermanos: el poder ejecutivo.

El asunto fue atroz y vulgar. La ley: objeto inmediato de conocimiento de los jueces, fue disecada y convertida en garrote de verdugo e instrumento de complacencias.

La institución del juez se ha hecho puntual del poder y no vehículo para el discernimiento de la equidad. Le ha sido movido su soporte ético y cultural. Y los jueces, obedientes, se sumieron en el silencio y asumieron el papel fantasmal de aplicadores del derecho positivo.

Presionados por temores burocráticos, o por efecto de una inconsistente identidad con la voluntad del legislador, los jueces prefirieron renunciar a su sentido crítico, a la altura de su investidura, para encarnar, por obra de la interpretación auténtica de la ley, el perfil del político en traje de everfit.

El contenido de la ley ya no da cuenta de la eticidad ni de ningún pacto colectivo o sustrato histórico.

A través de él se manifiesta la voluntad inmediatista del timonel de turno. No hay grandeza en sus postulados. La ley ha sido manoseada por intereses del momento.

Todo esto es consecuencia de una escisión política cada vez más abismal. La voz del legislador no es la voz del electo. El contenido de las leyes no refiere el deseo de conveniencia emanado de la comunidad.

El órgano estatal competente, a espaldas de la ética social, tiraniza las libertades y los derechos. Poco importa si las leyes encuentran su correspondencia en la sociedad para la cual se legisla.

Se ha instaurado, en suma, el positivismo jurídico.

1 Publicado en “Lecturas Dominicales” de El Tiempo en febrero 12 de 1991.

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ÍLos legisladores –el ejecutivo y los cuerpos colegiados de mancomún- monopolizaron. La secuestraron. Entraron a saco en su propósito regulador para utilizarla como mampara de sus oscuros manejos y como instrumento al servicio de sus intereses. Su caja de caudales fue vaciada de su contenido y vuelta a llenar con la más despreciable de las bisuterías.

Hubo rapto de la ley.

El ejecutivo la hizo suya.

Se somete a ella cuando así lo desea y la cambia cuando se torna obstáculo para sus necesidades políticas. Prima, en todo caso, sobre la justicia, la razón de estado. Efecto de todo esto es la avalancha de leyes y decretos. Nacen códigos de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana son reformados y adicionados. No alcanza a consolidarse una ley cuando ya está saliendo la contra-ley.

La legislación es coyuntural. Cualquier sobresalto social, así sea intrascendente, amerita la expedición de un decreto. Por eso nadie cree en la ley. Perdió su aureola. Se volvió simple espantabobos.

Pero esto no es todo. La manipulación política de la ley ha desfigurado el estado de derecho. La ley ha perdido su generalidad. Aquí se legisla para una persona o un grupo. La ley es amañada. Ley de bolsillo. Cortesana. Ya no es una norma de conducta para que de acuerdo con ella obren todos los ciudadanos. Tienen dueños determinables e identificables la ley. Esta es la ley de fulano, se dice. Y ese casuismo borra de un plumazo la democracia porque la igualdad ante la ley es uno de sus soportes.Desdibujada la democracia, el poder invasor del ejecutivo se hace más rampante. Se torna evidente la vocación totalitaria del ejecutivo.

Expide leyes que usurpan la competencia de las otras ramas y arrasa la división de poderes.

El ejecutivo legisla, interpreta y aplica la ley.

Se desnuda de sus apariencias y queda al descubierto su inclinación absolutista que riñe con la democracia y el liberalismo. La vieja derecha, remozada bajo el remoquete de nueva, muerta de

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Íla risa disfruta de la perversión a que ha sometido las funciones legislativa y judicial.

Desaparecida la generalidad de la ley y borrada la discusión de los poderes públicos, se desnaturaliza por completo el estado de derecho. El ejecutivo se fortalece a costa de las otras dos ramas.

El legislativo queda convertido en un títere al servicio de la voluntad del gran timonel. Lo maneja con un dedo. Lo seduce con gabelas. Extirpa su ideario.

Y algo parecido sucede con los jueces. Bajo su civilidad, y por arte de la taumaturgia del ejecutivo, encarnan la coraza del absolutismo.

Se convierten en figuras decorativas.

Son despojados de su independencia de criterio. Les son cercenados sus posibilidades de escoger alternativas de interpretación.

Se torna norma de buen recibo, la interpretación auténtica de la ley.

El juez queda convertido en amanuense del ejecutivo. Su espíritu crítico frente al caso a juzgar, sucumbe frente a la hipoteca de la razón de Estado. Dicen los sicoanalistas que quien es despejado en su lenguaje, pierde su identidad. Se enajena. Pierde su yo.

Por eso creo que la institución del juez, en este momento, es una ficción. Su interioridad, en la medida en que los jueces se han visto abocados a asumir un lenguaje ajeno, tomado en préstamo del ejecutivo, ha sido profanada. El príncipe, el íncubo, los ha hecho súcubos. Los ha poseído. Los ha hecho suyos. Les ha inoculado sus pretensiones totalitarias. De ahí que pueda afirmar, con el perdón de quienes usan gafas, lupas y telescopios para analizar estos asuntos y sin que me declare miope sin remedio, que los jueces no existen en la realidad. Son figuras fantasmales. La palabra juez, por fuerza de las circunstancias de esta coyuntura fugaz, no corresponde a la cosa designada.

Advierto un evidente desfase entre el significado y el significante.

El discurso del juez ha sido escamoteado. Se lo ha engullido el lobo.

Alguien de perfiles muy definidos se lo ha tragado. Queda solo su máscara. La toga. El foro. Su esqueleto. Lo que hoy llaman los jueces son hombres que aplican una ley monopolizada por la razón de Estado. El juez, en el sentido de hombre dispensador de relaciones de equidad por virtud de autorización legal, ha sido apagado, sumergido, hecho invisible para mayor gloria del autoritarismo de todos los siglos.

Solía decir Fernando González, el brujo de Envigado, que en Colombia no había universidades sino cementerios. Lo mismo podría afirmarse, a juzgar por su inercia intelectual, de nuestros

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Íjuzgados y de nuestros tribunales. Por fortuna, andan cocinando por ahí el barro para darle cuerpo a una nueva Constitución Política. Solo falta infundirle el soplo vital. La esperanza es que ella resucite la figura del juez. Pero de un juez poseído en un nuevo espíritu. El espíritu de un hombre convencido de que las sociedades avanzan, no a golpes de leyes y decretos, sino de sentencias que venzan la resistencia inveterada de los restantes dos poderes.

Me temo, sin embargo, que esta ilusión se desvanecerá. Pretenden crear una Fiscalía General de la Nación ejecutivizante e invasora de las funciones del juez. Frente a ella, el juez conservará su perfil desvaído y fantasmal. En materia penal, intuyo que no saldremos del medioevo.

Ante la Ley de Franz Kafka

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ÍEduardo Galeano: El gran negocio del

2crimen y el miedo sacrifica la justicia

En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. En las calles de las ciudades se celebran las ceremonias. Cada vez que un delincuente cae acribillado, la sociedad siente alivio ante la enfermedad que la acosa. La muerte de cada malviviente surte efectos farmacéuticos sobre los bienvivientes. La palabra farmacia viene de pharmakos, que era el nombre que daban los griegos a las víctimas humanas de los sacrificios ofrendados a los dioses en tiempos de crisis.

La industria del miedo

El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo.

Clases de corte y confección: cómo elaborar enemigos a medida

Muchos de los grandes negocios promueven el crimen y del crimen viven. Nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y de conocimientos científicos y tecnológicos dedicados a la producción de muerte. Los países que más armas venden al mundo son los mismos países que tienen a su cargo la paz mundial. Afortunadamente para ellos, la amenaza de la paz se está debilitando, ya se alejan los negros nubarrones, mientras el mercado de la guerra se recupera y ofrece promisorias perspectivas de carnicerías rentables. Las fábricas de armas trabajan tanto como las fábricas que elaboran enemigos a la medida de sus necesidades.

El miedo global

Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.

Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo.

Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida.

Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados.

La Jornada, 4 de Junio de 20062

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El sistema /1Los funcionarios no funcionan.

Los políticos hablan pero no dicen.Los votantes votan pero no eligen.

Los medios de información desinforman.Los centros de enseñanza enseñan a ignorar.

Los jueces condenan a las víctimas.Los militares están en guerra contra sus compatriotas.

Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos.

Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan.Es más libre el dinero que la gente.

La gente está al servicio de las cosas.

Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos

La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje miedo de decir.

Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras.

Es el tiempo del miedo

Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo.

Miedo a los ladrones, miedo a la policía.

Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar.

Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir...

Bertha Cecilia Ramos Roca

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JUSTICIA BAJO PRESIÓNJUSTICIA BAJO PRESIÓN

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ÍJUSTICIA BAJO PRESIÓN

Constricciones institucionales y atentados contra la

independencia judicial en Colombia. 2005-2008

(Extractos)

Esta investigación recoge de manera amplia y juiciosa el crítico panorama de la justicia en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2008, sin embargo, su contenido resulta inquietantemente actual, lo cual quiere decir que en materia de independencia judicial poco o nada hemos avanzado en el país, aunque lo mejor sería decir, para ser francos, que hemos retrocedido ampliamente. En esta revista presentamos algunos apartes del documento realizado por ILSA. Invitamos a nuestros lectores a leer y analizar el informe completo que se encuentra en la red.

Editores: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) - Calle 38 No. 16-45. Teléfonos 288 4772 - 288 4437, Bogotá, D.C. Correo electrónico: ilsa@etb.net.coCoordinación editorial: Germán BurgosCorrección de textos: Gonzalo FrancoDiagramación: Gente Nueva EditorialImpresión: Gente Nueva Editorial

Presiones sobre la administración de justicia(…) la independencia judicial no sólo depende de un marco adecuado de variables institucionales que la reconozcan y garanticen. En la práctica, su realización depende en gran parte del respeto que los actores de poder públicos y privados tengan sobre las funciones y el accionar de la administración de justicia, como de los operadores judiciales considerados individualmente. Por más garantías que tengan un juez o fiscal, pueden ser víctimas de presiones que van desde la corrupción, hasta la amenaza directa o la interferencia pública de los gobiernos. Las vías de intromisión son sin duda variadas (…)

JUSTICIA RESQUEBRAJADA

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ÍEl gobierno frente a la administración de justicia

En los últimos años, el poder ejecutivo colombiano ha desarrollado diversas prácticas de relacionamiento o de interacción con la administración de justicia, que constituyen formas de presión indebida sobre ésta. Entre ellas, se encuentran declaraciones públicas ante los medios masivos de comunicación, por cuenta del Presidente de la República y/o de sus ministros o colaboradores, en donde se descalifica la labor de los jueces y magistrados dentro de sus funciones como miembros de la administración de justicia. De igual forma, el gobierno también ha efectuado declaraciones públicas que cuestionan las decisiones judiciales que son contrarias a su voluntad política, o que implican en determinado caso cuestionamientos a la labor gubernamental, o afectan a los miembros de los partidos políticos aliados a miembros de su gabinete. En muchas ocasiones, las declaraciones públicas contra el actuar de miembros de la Judicatura han trascendido a denuncias penales por prevaricato, injuria o calumnia.

En otro plano de análisis, el Gobierno Nacional ha pretendido menguar la independencia judicial, a partir de la formulación de proyectos de ley y de proyectos de acto legislativo, que tienen por objeto una reforma a la administración de justicia, como respuesta a coyunturas políticas que le son desfavorables, y que ponen en tela de juicio su legitimidad. En términos generales, los intentos recientes de reforma a la justicia tuvieron como objetivo primordial, modificar el procedimiento de investigación y juzgamiento de los congresistas vinculados a la parapolítica.

Finalmente, algunas decisiones del ejecutivo en materia de extradición pueden considerarse como una intromisión indebida en los ámbitos judiciales. En concreto, como se verá, la extradición de los principales jefes paramilitares ha dificultado sobremanera cumplir con las exigencias de verdad, justicia y reparación establecida por la Ley de Justicia y Paz.

Algunos de estos aspectos han sido objeto de estudios como los efectuados por Human Right Watch, que en el informe del pasado mes de octubre de 2008, sobre los obstáculos a la administración de justicia Colombiana, para lograr el desmonte del paramilitarismo y esclarecer la verdad de lo acontecido con las víctimas, identificó las actuaciones más relevantes del gobierno Uribe que han frenado los avances logrados por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

En dicho informe, se califican como “provisorios y frágiles (Human Right Watch, octubre de 2008)” los avances obtenidos por las instituciones judiciales, avances que se han logrado, según se manifiesta allí, gracias a una combinación de factores tales como la independencia de algunos jueces, la presión de la comunidad internacional, de las organizaciones de la sociedad civil y de algunos trabajos periodísticos (Human Right Watch, octubre de 2008).

Pero así como estos factores explican los avances, existen otros que explican los obstáculos y retrocesos; estos últimos son atribuibles de forma significativa a las actuaciones del Gobierno Nacional frente al poder judicial, y se manifiestan en los siguientes hechos: la extradición de los jefes paramilitares cuando estaban confesando sus crímenes en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, la campaña de deslegitimación contra la Corte Suprema de Justicia por sus investigaciones contra la parapolítica, la iniciativa de quitarles el apoyo político a las propuestas

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“La independencia judicial solamente es posible si los operadores judiciales la consideran

como valiosa y la defienden respecto de los actoresinteresados en cuestionarla y romperla”.

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Íde reforma al sistema político que han buscado erradicar la influencia paramilitar en el Congreso y, finalmente, impulsar propuestas de reforma a la justicia con el fin de contrarrestar los avances de la Corte Suprema en las investigaciones contra la parapolítica (Human Right Watch, octubre de 2008).

Pasemos entonces a una exposición más completa de cada uno de estos comportamientos.

Declaraciones públicas contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia

Como lo anota Human Right Watch (Human Right Watch, octubre de 2008), las investigaciones contra congresistas, iniciadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, comenzaron en el año 2005, gracias a las denuncias ciudadanas que surgieron a raíz de la declaración del jefe paramilitar Carlos Castaño, en donde manifestó que esta organización había infiltrado aproximadamente el 30% del Congreso de la República. A partir de allí, los magistrados de esa corporación han realizado enormes esfuerzos para asumir las investigaciones de forma conjunta e independiente.

En el marco de este proceso, 63 congresistas han sido investigados por la Corte, incluido Mario Uribe, primo hermano del presidente Uribe, y uno de sus grandes colaboradores políticos; de este total de congresistas, 30 se encuentran detenidos. Las investigaciones además han vin-culado a cientos de políticos y alcaldes locales en todo el país (Human Right Watch, octubre de 2008).

La Fiscalía General de la Nación también ha adelantado investigaciones valiosas para erradicar la “parapolítica”, a pesar de que existen algunos interrogantes frente al tratamiento puntual de algunos casos, en donde sus actuaciones se muestran a veces lentas.

Ante este panorama, el Gobierno Nacional ha manifestado que siempre ha estado dispuesto a prestar un apoyo decidido a los órganos de la justicia y, en general, a las instituciones en-cargadas de adelantar las investigaciones encaminadas a desmantelar el paramilitarismo. Sin embargo, ha habido pronunciamientos del ejecutivo y de algunos de sus apoyos políticos en el Congreso que desdicen lo anterior (…)

Las reiteradas envestidas del ejecutivo hacia la Corte Suprema de Justicia han propiciado en ésta, la adopción de una defensa decidida, encaminada a hacer respetar su independencia y decoro frente a la opinión pública y frente a las investigaciones que adelanta contra la para-política. En este sentido, el presidente de dicha corporación, magistrado Francisco Ricaurte, en un congreso que se celebraba en Cartagena, manifestó que “La Corte Suprema de Justicia continuará cumpliendo, sin temor alguno, con las funciones que le han asignado la Constitución y la Ley, pese a los embates que se vienen fraguando en su contra desde el Gobierno para desacreditarla y deslegitimar las investigaciones que adelanta (…). La Corte, así como hace más de dos décadas no se dejó amedrentar de los violentos que quisieron acallarla y consumirla en llamas, tampoco lo hará ahora frente a quienes pretenden silenciarla para que campee la impunidad” (Diario El Tiempo, septiembre de 2008) (…)

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ÍIntromisiones indebidas de actores armados ilegales a la administración de justicia

En un contexto de violencia y conflicto interno como el que vive Colombia, los operadores judiciales tienden a ser víctimas de distinto género de acciones violentas. Algunas de ellas están ligadas con su función y otras se presentan como relativas a sus acciones privadas. Por lo general, la violencia contra funcionarios y/o empleados judiciales puede ser una forma de retaliación a su accionar independiente, y es muy difícil establecer hasta qué punto puede variarlo o afectarlo. Como se ha sostenido en otras investigaciones, en las zonas del violencia el juez es objeto de fuertes presiones por cuenta de los actores armados o del narcotráfico, y en algunos casos el juez actúa conforme a los intereses de estos grupos, y en otros es asesinado o amenazado si se niega a actuar de conformidad con los intereses de esos grupos. Esto lleva a que el juez sea una figura decorativa, incapaz de cumplir su función social, debido a que sólo soluciona casos de menor impacto por el temor de perder la vida, o de ser objeto de los actores armados (Revista Semana, 9 de octubre de 2008).

Con todo, al margen del impacto concreto de las acciones violentas sobre el accionar de los jueces y fiscales, lo que sí es claro es que la presencia y el accionar de actores armados ilegales que ejercen violencia genera un contexto de temor y miedo que puede afectar la independencia. En tal sentido, aun cuando los móviles de las acciones violentas no siempre se esclarezcan, como suele ocurrir en el caso de Colombia, su ocurrencia en sí misma genera un ambiente de zozobra y temor en los operadores judiciales. De hecho, su no clarificación judicial, al facilitar que nunca se determinen las razones últimas de una amenaza, un atentado o un homicidio en contra de operadores judiciales tiende a inducir más temor y miedo frente a los actores de violencia (…)

Homicidios contra funcionarios y/o empleados de la rama judicial

Según las estadísticas oficiales, del año 2000 al año 2006, han sido asesinados 8 funcionarios judiciales (CSJ, 2008: 183-184), y específicamente para los años 2005 y 2006 no se presentaron homicidios, agresiones o secuestros que se derivaran del cumplimiento de funciones judiciales (CSJ, 2005-2006). Sin embargo, esta información es controvertida, debido a que se conoce de

un sinnúmero de casos, en donde decenas de funcionarios y/o empleados de la rama judicial han perdido la vida del 2004 al 2008. (…)Atentados contra funcionarios judiciales

De igual forma, a lo largo del período estudiado, se han presentado atentados contra la integridad física de algunos funcionarios de la rama judicial (…)

Amenazas contra funcionarios judiciales

Por otra parte, el informe del Consejo Superior de la Judicatura advierte que, para 2006, hubo un ligero incremento de las amenazas contra funcionarios judiciales respecto de 2005, para contabilizar un total de 131 en 2006, en comparación con los 95 casos de 2005, en donde los distritos judiciales de Cauca, Nariño, Putumayo, Meta y Caquetá son los que más problemas de seguridad presentan, por encontrase en regiones controladas por el narcotráfico. Este mismo

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Íinforme asegura que, por el fenómeno de las amenazas, las autoridades competentes aprobaron el traslado de los jueces pertenecientes a los distritos judiciales de Buga, Neiva, Pasto, Popayán, Riohacha, Santa Rosa de Viterbo y Valledupar, para este mismo año (CSJ, 2005-2006: 183-184).

No obstante, la situación paradigmática de interferencias a la administración de justicia, mediante amenazas de muerte a funcionarios judiciales por cuenta del paramilitarismo, se encuentra en los casos adelantados por la denominada “Parapolítica”, en donde la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y la Corte Constitucional, han desempeñado un rol protagónico; la primera, en la instrucción y juzgamiento de los congresistas involucrados con el paramilitarismo, y la segunda en la exigibilidad de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral en el proceso de paz adelantado con estos grupos por iniciativa del Gobierno Nacional (…)

Débil conciencia interna de independencia judicial

(…) la independencia judicial solamente es posible si los operadores judiciales la consideran como valiosa y la defienden respecto de los actores interesados en cuestionarla o romperla. En este plano, no sólo se trata de ser y actuar de manera independiente, sino de guardar la imagen de independencia frente a la sociedad respecto de la cual se pretende administrar justicia.

Dadas las garantías institucionales recogidas en este informe, los operadores judiciales colombianos tienen vías adecuadas para resguardar y defender su independencia e imparcialidad. Por otra parte, y como también se ha registrado, no siempre pueden abstraerse de las presiones directas o indirectas de los actores armados que forman parte del cuadro de violencia que caracteriza al país. Con todo, no es fácil demostrar que aun la violencia ha quebrantado siempre la independencia de jueces y fiscales (…)

Conclusiones y recomendaciones

En este informe se ha pretendido hacer un balance del marco institucional que posibilita o dificulta la independencia en Colombia. Igualmente, se han identificado algunas dinámicas de acción de determinados actores que pueden constituir formas de presión indebida sobre los operadores judiciales. Adicionalmente, se han determinado algunos comportamientos donde la defensa o la apariencia de independencia de los operadores ha quedado de alguna forma cuestionada.

El estudio de los anteriores aspectos relacionados con la construcción y la generación de independencia se construyó a partir de un marco analítico que la entiende como un proceso, y no solamente como un valor que deben tener o no plenamente las instancias o los operadores judiciales. Con todo, lo que debe ser claro es que este informe identifica tendencias y casos preocupantes que dificultan la posibilidad de independencia, pero no conclusiones de orden académico totalmente contrastadas. Obviamente, lo anterior se debe a que la información para llegar a tal nivel no ha sido de fácil acceso y, por tanto, no es completa para sustentar en todos los casos los hallazgos hechos.

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ÍEn el contexto anterior, la principal conclusión en materia del marco institucional plantea que la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial y el potencial ajuste para una nueva reelección rompen con el esquema de división de poderes que permitía un marco de independencia judicial, desde la Constitución de 1991. La inquietud concreta está en el poder que adquiere el Presidente de la República para copar con personas cercanas a sus orientaciones políticas e ideológicas a ciertas instancias judiciales, como la Corte Constitucional y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En el primer caso, es muy preocupante que el órgano por excelencia de defensa de la Constitución esté “en manos” de magistrados colocados por un mismo gobierno. Las posibilidades de un control independiente y libre de las presiones relacionadas con el origen de los magistrados se hace a lo menos más difícil. Si bien la experiencia comparada nos puede decir que hay varios casos donde las Altas Cortes con funciones de cierre son integradas directamente por el Presidente, sin perder su independencia, debe recordarse que esto es viable en un contexto donde la cultura jurídica tiene fuertes mecanismos para controlar socialmente los potenciales desvíos de estos órganos.

Vistos desde otros planos, los vacíos institucionales más críticos que dificultan una mayor independencia remiten a la falta de un sistema de carrera judicial para los integrantes de las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria y contencioso-administrativa. Igualmente, la falta de un tope constitucional en materia de presupuesto judicial que permita una verdadera autonomía económica por parte del órgano de autogobierno judicial.

A nivel de diseños institucionales inadecuados, este informe identificó que la forma como la Constitución prevé la conformación de los integrantes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual proviene fundamentalmente de los miembros de las Altas Cortes, dificulta que aquél se entienda como un verdadero órgano de autogobierno por parte de la mayoría de integrantes de la Judicatura. Buena parte de ellos lo ven más como un órgano burocrático de control de desempeño y disciplinario.

Adicionalmente, un grave problema de diseño institucional hoy de orden constitucional fue la reforma que permite inscribir en carrera a aquellos funcionarios que desempeñaban funciones públicas con carácter de provisionales. A nivel judicial, esto significa que todo el concurso de méritos para conformar la burocracia de la Fiscalía está en veremos, pues en principio sus

antiguos funcionarios, quienes en una parte provienen de redes clientelares o estrictamente personales, antes que del mérito, tienen garantizada la estabilidad en sus cargos. Aun sin esta grave dificultad, el informe plantea que el estatuto orgánico de la Fiscalía dificulta de diversas maneras un funcionamiento adecuado de la carrera.

Finalmente, en lo que tiene que ver con el marco institucional, si bien la introducción efectiva de la carrera judicial ha sido un gran avance en materia de independencia, la forma como el exceso en las provisionalidades y el funcionamiento práctico del mecanismo de los traslados dificulta un mayor alcance del sistema.

Como bien se dijo en el capítulo 1 de este informe, la independencia judicial no es solamente el producto de un marco institucional posibilitador. También depende de la forma como los actores de poder respetan o no la independencia especialmente de los operadores judiciales. Como es obvio, la valoración del impacto de los actores es diferencial tanto por la calidad y el tipo de

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Íéstos, como por las instancias judiciales objeto de presión.

En tal sentido, a partir de este informe, se puede registrar que la Corte Suprema de Justicia colombiana ha sido objeto en los últimos tres años de un variado tipo de presiones por parte del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Entre ellas, están cuestionamientos públicos a la idoneidad moral de algunos de los magistrados y a algunas de sus decisiones judiciales. Adicionalmente se han liderado proyectos de reforma constitucional para variar algunas de las competencias de las cortes, particularmente en cuanto hace a la investigación de miembros del Congreso.

Por su parte, según la información recogida para este informe, las presiones a las instancias judiciales intermedias se localizan en la Fiscalía General de la Nación. Ante todo, las mismas provienen de actores armados ilegales que tienen distintas estrategias de acción. Así, estarían las amenazas, los atentados, los asesinatos y las infiltraciones de órganos judiciales. Con todo, es evidente que en las zonas donde el conflicto armado está más presente, existe la casi insu-perable presión del contexto de violencia que genera temor y diversas estrategias de supervi-vencia por parte de los operadores judiciales.

Finalmente, la investigación logró detectar algunos comportamientos de algunos operadores judiciales que muestran que no siempre se tiene o aparenta la imagen de independencia. Así se registran algunos casos de corrupción promovida por operadores judiciales; participación de éstos en agendas o en dinámicas políticas y el establecimiento de relaciones poco claras con empresarios que finalmente fueron vinculados con el narcotráfico.

Por todo lo anterior, la gran conclusión de este informe sostiene que si bien el marco ins-titucional aportado por la Constitución de 1991 fue un gran avance, luego de 18 años de expe-riencia éste se ha visto afectado por reformas que lo han menoscabado de manera sin duda seria. Además de eso, está afectado por algunos vacíos importantes. De otro lado, la acción del poder ejecutivo y de los poderes fácticos de los diversos actores armados ilegales son las principales fuentes de presión indebida. En suma, para el período analizado, la justicia co-lombiana, reconociendo diferencias regionales e instancias diversas dentro de la Judicatura, ha estado bajo alguna forma de presión.

A partir de las apreciaciones anteriores, parece conveniente considerar algunas líneas de acción. Éstas se pueden plantear en los siguientes términos:

Reformas y/o ajustes institucionales:

1. Parece altamente pertinente reformar la forma como se seleccionan los magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura en el contexto actual de reelección del Presidente de la República. En el caso de esta última se propone considerar su integración por estrictas condiciones de mérito debidamente reguladas por ley. En relación con la integración de la Corte Constitucional se propone considerar el establecimiento de una mayoría cualificada de nivel constitucional que garantice que el Presidente o sus mayorías en el Congreso no imponen una mayoría determinada de magistrados.

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Í2. Considerar la introducción de un tope de asignación presupuestal a nivel constitucional, relativo a los gastos para el funcionamiento y la inversión en la rama judicial. El mismo debe ser estrictamente administrado por el órgano de autogobierno.

3. Variar los mecanismos de conformación de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura. En tal sentido, deben permitirse a nivel constitucional mecanismos para la presencia de representantes de los jueces y los fiscales, los cuales deben ser seleccionados mediante procedimientos democráticos.

4. Introducir la carrera judicial para la integración de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Si bien hoy por hoy una parte de sus integrantes han formado parte de la carrera judicial, generalmente como magistrados de tribunal, se precisa un marco de carrera que les permita mayor independencia de las distintas instancias que intervienen en su selección.

5. Defensa de la carrera judicial en la Fiscalía. Ante la reforma constitucional que permite la inscripción de los provisionales en el régimen de carrera, la Corte Constitucional y la Corte Suprema, en respuesta a las distintas vías jurisdiccionales que seguramente serán utilizadas por la ciudadanía, deben enmarcar por vía interpretativa la defensa del derecho a la igualdad en el acceso a funciones públicas y la meritocracia garantizada en la Constitución Nacional.

Consideraciones en cuanto a la protección de jueces y fiscales respecto de interferencias indebidas:

1. La situación de intromisiones indebidas del ejecutivo y actores de violencia en Colombia amerita la intervención del relator de la ONU, para la independencia judicial. A pesar de las reiteradas denuncias y preocupaciones expresadas al respecto, las intromisiones de estos actores se han mantenido y en algunos casos han arreciado. Por tanto, es útil considerar la apelación a los mecanismos previstos por el derecho internacional público para sensibilizar sobre la situación nacional e internacional, y establecer algún control sobre estos comportamientos.

2. Es altamente urgente que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación establezcan una política clara para mejorar la seguridad de los operadores judiciales. Si bien, mediante el mecanismo de los traslados y la protección de algunos operadores vinculados a casos complejos o amenazados, no se conoce una verdadera política para proteger a los jueces y fiscales de las presiones provenientes de contextos de violencia. En otros términos, se debe pasar de una política de casos puntuales a una de verdadera seguridad de aquel sector de la Judicatura que vive permanentemente rodeado de múltiples factores de violencia.

3. Así como la Fiscalía General cuenta con un interés en investigar y resolver la violencia que afecta a sindicalistas, debería considerar la generación de una unidad especializada para conocer y enfrentar la violencia que afecta a los operadores judiciales. Por paradójico que suene, en este momento no es posible ni siquiera saber estadísticamente en el interior de la Fiscalía en qué van los casos sobre los homicidios o las amenazas contra jueces y fiscales.

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“Dadas las garantías institucionales recogidas en este informe, los

operadores judiciales colombianos tienen vías adecuadas para resguardar y defender su

independencia e imparcialidad”.

4. Deber de transparencia en la información sobre el funcionamiento de algunas instituciones judiciales. En concreto, la Fiscalía General debería incluir en sus informes institucionales datos básicos para saber cómo está funcionando la carrera judicial. Así es urgente conocer el nivel de rotación de fiscales en distintas partes del país, el número de traslados, de destituciones o de denuncias. De hecho, esta información fue solicitada por distinta vías para realizar este informe, pero fue totalmente imposible su acceso.

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ÍEl Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, se adhiere a la Resolución

de la ONU sobre PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA

Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985

Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura

Considerando que. en la Carta de las Naciones Unidas, los pueblos del mundo afirman, entre otras cosas, su voluntad de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y realizarse la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin hacer distinción alguna,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra concretamente el principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y el de ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el ejercicio de esos derechos, y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza además el derecho a ser juzgado sin demora indebida,

Considerando que todavía es frecuente que la situación real no corresponda a los ideales en que se apoyan esos principios,

Considerando que la organización y la administración de la justicia en cada país debe inspirarse en esos principios y que han de adoptarse medidas para hacerlos plenamente realidad,

Considerando que las normas que rigen el ejercicio de los cargos judiciales deben tener por objeto que los jueces puedan actuar de conformidad con esos principios,

Considerando que los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos,

Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 16, pidió al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que incluyera entre sus tareas prioritarias la elaboración de directrices en materia de independencia de los jueces y selección, capacitación y condición jurídica de los jueces y fiscales,

Considerando que, por consiguiente, es pertinente que se examine en primer lugar la función de los jueces en relación con el sistema de justicia y la importancia de su selección, capacitación y conducta,

Los siguientes principios básicos, formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de garantizar y promover la independencia de la judicatura, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de la legislación y la práctica nacionales y ser puestos en conocimiento de los jueces, los abogados, los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general. Estos principios se han elaborado teniendo presentes

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Íprincipalmente a los jueces profesionales, pero se aplican igualmente, cuando sea procedente, a los jueces legos donde éstos existan.

Independencia de la judicatura

1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.

4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.

5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. 6. El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes.

7. Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.

Libertad de expresión y asociación

8. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura.

9. Los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la independencia judicial, así como el derecho a afiliarse a ellas.

Competencia profesional, selección y formación

10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por

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Ímotivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio.

Condiciones de servicio e inamovilidad

11. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas.

12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto.

13. El sistema de ascensos de los jueces, cuando exista, se basará en factores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la integridad y la experiencia.

14. La asignación de casos a los jueces dentro del tribunal de que formen parte es asunto interno de la administración judicial.

Secreto profesional e inmunidad

15. Los jueces estarán obligados por el secreto profesional con respecto a sus deliberaciones y a la información confidencial que hayan obtenido en el desempeño de sus funciones, a menos que se trate de audiencias públicas, y no se les exigirá que testifiquen sobre tales asuntos.

16. Sin perjuicio de cualquier procedimiento disciplinario o derecho de apelación, ni del derecho a recibir indemnización del Estado de acuerdo con la legislación nacional, los jueces gozarán de inmunidad personal con respecto a las acciones civiles por daños y perjuicios derivados de acciones u omisiones indebidas cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales.

Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo

17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario.

18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones.

19. Todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento judicial.

20. Las decisiones que se adopten en los procedimientos disciplinarios, de suspensión o de separación del cargo estarán sujetas a una revisión independiente. Podrá no aplicarse este principio a las decisiones del tribunal supremo y a las del órgano legislativo en los procedimientos de recusación o similares.

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