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atlas of torture
Proyecto Atlas de la Tortura
Informe Final a nivel país – Paraguay Atlas de la Tortura: Monitoreo y Prevención de la Tortura en el mundo –
Construyendo a partir del trabajo del Relator Especial de la ONU
Financiado por la Comisión Europea (EIDHR/2010/222-‐226)
Cofinanciado por los gobiernos de Noruega y Liechtenstein
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Informe Final a nivel país – Paraguay
Índice de contenidos 1. Carencias y necesidades identificadas en la prevención de la tortura y los malos tratos 1.1. Situación de la tortura y los malos tratos 1.2. Impunidad 1.3. Garantías jurídicas 1.4. Monitoreo preventivo 2. Descripción e impacto de las actividades del proyecto 2.1. Apoyo a la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención
2.1.1. Lógica de intervención 2.1.2. Descripción de las actividades 2.1.3. Evaluación del impacto
2.2. Fortalecimiento del papel de los Defensores Públicos en la Prevención de la Tortura 2.1.1. Lógica de intervención 2.1.2. Descripción de las actividades 2.1.3. Evaluación del impacto
2.3. Fortalecimiento de la lucha contra la impunidad 2.1.1. Lógica de intervención 2.1.2. Descripción de las actividades 2.1.3. Evaluación del impacto
2.4 Fortalecimiento de la cooperación entre el Estado y la sociedad civil 2.5 Micro-‐proyectos de prevención de la tortura 3. Seguimiento del proyecto y avances en la prevención de la tortura 3.1. Avances en las políticas de Estado en la lucha contra la tortura y los malos tratos 3.2. Fortalecimiento de la sociedad civil en la lucha contra la tortura y los malos tratos 3.3. Monitoreo de la investigación de la tortura y los malos tratos 3.4. Fortalecimiento de las garantías legales y la mejora del acceso a la justicia 3.5. Fortalecimiento de los mecanismos de control 3.6 Cambio en la percepción de la sociedad de las personas detenidas
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Introducción
El presente informe final a nivel país forma parte del proyecto Atlas de la Tortura: Monitoreo y Prevención de la Tortura en el mundo – Construyendo a partir del trabajo del Relator Especial de la ONU, que fue financiado por la Comisión Europea (EIDHR/2010/222-‐226). El proyecto fue implementado de junio del 2011 a noviembre del 2012 por el equipo de Dignidad humana y Seguridad Pública del Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos y la coordinadora paraguaya CODEHUPY.1 El proyecto estuvo dirigido a dar seguimiento a las recomendaciones del anterior Relator Especial de la ONU sobre la tortura Manfred Nowak (2004-‐2010), y a ayudar al Gobierno y a la sociedad civil en su implementación.
El presente informe ofrece una visión general de la situación de la prevención de la tortura en Paraguay, una descripción y análisis de las actividades del proyecto Atlas de la Tortura, y una perspectiva sobre las medidas que los actores locales e internacionales pueden adoptar para avanzar en la lucha contra la tortura y los malos tratos en el futuro. Este informe puede servir a las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y a las organizaciones donantes como documento de referencia para futuros proyectos. El proyecto se centró exclusivamente en la prevención de la tortura, con tres áreas específicas -‐ impunidad, garantías contra la tortura y monitoreo preventivo -‐ y no tocó el tema de la rehabilitación. El análisis, la programación y las recomendaciones de este proyecto no deben ser tomados como una guía completa sobre la prevención de la tortura en Paraguay, ya que -‐ por falta de recursos -‐ el proyecto no podía hacer frente a todas las cuestiones pertinentes por igual y de manera exhaustiva.
La publicación del informe se retrasó hasta la finalización de los micro-‐proyectos a finales de 2013 y después de la instalación de un nuevo gobierno, con el fin de sacar conclusiones y hacer recomendaciones sólo una vez que la situación política se hubiera estabilizado.
El informe se basa en las experiencias del equipo del proyecto Atlas de la Tortura realizada durante la visita de evaluación en marzo del 2011, y durante la fase de ejecución del proyecto entre junio del 2011 y noviembre del 2012. El mismo integra las observaciones y opiniones de la coordinadora del proyecto CODEHUPY, así como las evaluaciones de todos los socios que han participado en las actividades o colaborado con el proyecto.
El informe está estructurado en tres partes:
• En el Capítulo 1 se presentan brevemente las carencias y necesidades en el ámbito de la prevención de la tortura y los malos tratos en el Paraguay, de acuerdo con las experiencias del equipo de proyecto, las observaciones de los mecanismos internacionales de supervisión y los aportes de los socios locales. Esto proporcionará la base para entender las intervenciones del proyecto y contribuye al objetivo específico del proyecto Nº 1, de "mejorar el conocimiento de las causas profundas de la tortura, incluyendo las carencias en la implementación de medidas para la prevención de la tortura".
• En el Capítulo 2 se ilustra la lógica de la intervención, se describen las actividades y se evalúa el impacto logrado. Esto se ve a la luz del objetivo específico Nº 2: "Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y otras
1 La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) es una organización independiente de derechos humanos y es una red de 31 organizaciones de derechos humanos en el Paraguay, www.codehupy.org.
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partes interesadas para promover y abogar por la adopción de medidas específicas para la prevención de la tortura -‐ lucha contra la impunidad, garantías, y vigilancia".
• El Capítulo 3 ofrecerá consejos sobre las medidas futuras necesarias para avanzar en la prevención de la tortura y los malos tratos en el país, siguiendo las recomendaciones de los mecanismos internacionales de supervisión y los resultados del proyecto Atlas de la Tortura (véase el objetivo Nº 3: mejorar la eficacia de los procedimientos internacionales, como el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura (UNSRT), especialmente en relación con el seguimiento de las recomendaciones.)
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1. Carencias y necesidades identificadas en la prevención de la tortura y los malos tratos
Un análisis de las necesidades y carencias de la prevención de la tortura en Paraguay se llevó a cabo en el curso de una visita de evaluación al país en marzo del 2011, durante la cual se celebraron consultas bilaterales y multilaterales con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la prevención de la tortura, así como con representantes de los ministerios (Interior, Justicia y Trabajo, Relaciones Exteriores ) y otras instituciones estatales pertinentes (por ejemplo, la Corte Suprema, las Oficinas de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, y el Defensor del Pueblo). El equipo del proyecto también se reunió con representantes de la comunidad internacional presentes en el país, por ejemplo, la Unión Europea, el PNUD, el ACNUDH, la USAID, los miembros de la comunidad diplomática. Las reuniones sirvieron para obtener una visión general sobre los esfuerzos en curso en el ámbito de la prevención de la tortura, y para aprender acerca de los intereses y capacidades de los interlocutores de cooperar con el proyecto Atlas de la Tortura. Las numerosas reuniones permitieron además al equipo la coordinación con los proyectos en curso con el fin de evitar la duplicación innecesaria y facilitar las sinergias.
Dado que este proyecto fue diseñado para proporcionar asistencia a los países que buscan un seguimiento eficaz de las recomendaciones del UNSRT, la visita de evaluación estuvo dirigida a la identificación de cuestiones clave y escollos que habían obstaculizado hasta ahora la aplicación de las recomendaciones que el UNSRT había emitido al Gobierno de Paraguay después de su visita de seguimiento en el 2006. Desde la visita del UNSRT en el 2006, también el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) ha visitado el país en dos ocasiones y emitió informes y recomendaciones muy detalladas que sirvieron al equipo del proyecto en su evaluación. Además, se tomaron en cuenta las observaciones del Comité de la ONU contra la Tortura (Comité CAT) y del Comité de Derechos Humanos de la ONU (HRC).
A continuación, se ofrece una breve descripción de la situación de la tortura y los malos tratos, y de los principales motivos de preocupación relacionados con la prevención, para proporcionar una base para la comprensión del proyecto.
1.1. Situación de la Tortura y Malos Tratos
A pesar de varios esfuerzos por parte del Gobierno, como la introducción de un nuevo artículo sobre la tortura en el Código Penal y la creación del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), la tortura sigue siendo una práctica frecuente, en particular, cometida por la policía en los primeros días de detención para fines tales como la obtención de una confesión. 2
El problema del uso excesivo de la fuerza policial y la comisión de actos de tortura y malos tratos, recibe una atención especial en relación con los enfrentamientos violentos entre la policía y los campesinos sin tierra en junio del 2012 en Curuguaty, que derivó en la muerte de
2 Ultima Hora, Con solo dos condenas en doce años, castigar la tortura es deuda pendiente, 13 de mayo del 2013, http://www.ultimahora.com/con-‐solo-‐dos-‐condenas-‐doce-‐anoscastigar-‐la-‐tortura-‐es-‐deuda-‐pendiente-‐n619852.html.
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once campesinos y seis policías. 3 Varias personas detenidas durante y después de la redada alegan haber sido sometidas a torturas y tratos inhumanos durante la detención y en prisión, y no haber recibido la atención médica adecuada. 4 En una misión de investigación a la región, junto con CODEHUPY y el Ministerio de la Defensa Pública, el equipo del proyecto pudo entrevistar a varios detenidos que presentaban serias heridas de golpes y balas de goma.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado además su preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por las “Comisiones Barriales” en varios departamentos del país y el ambiente de represión y agresión contra defensores de los derechos humanos, en particular de los defensores de los indígenas y los campesinos sin tierra.5
Otros grandes problemas son el trato y las condiciones de detención en las cárceles de Paraguay, frecuente hacinamiento y una creciente población carcelaria (en agosto del 2012, la población carcelaria era 22 % superior a la capacidad de alojamiento, en la mayor cárcel de Paraguay, Tacumbú, con una capacidad oficial de 1.200 presos, en la actualidad existe una ocupación de alrededor de 4.000 presos). Los presos son en varios casos ubicados en celdas demasiado pequeñas y poco higiénicas, con poca luz y ventilación. La falta de atención médica representa un gran riesgo para la vida y salud de los detenidos. No hay suficiente personal médico en las cárceles del país y muchos dependen de sus familiares o de la caridad.6 Hay muchas quejas de abusos por parte del personal penitenciario y la corrupción es generalizada aparentemente, viéndose los detenidos obligados a pagar por todo, desde la comida, ropa de cama y suministros higiénicos y médicos. Incluso se ha informado de que los detenidos están siendo puestos en celdas de aislamiento con fines extorsivos.7 Se dice que el personal penitenciario está acostumbrado a un ambiente hostil y violento, donde el uso de la fuerza es institucionalizado para mantener el orden y castigar la desobediencia.8
El Estado paraguayo ha reconocido el problema generalizado de la tortura y los malos tratos en su Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, donde se presta especial atención a los
3 Ver también Amnistía Internacional, Presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (HRC), 107º Sesión, marzo del 2013, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/PRY/INT_CCPR_NGO_PRY_14378_E.pdf. 4 CODEHUPY, Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue (2012): p.126; Algunos detenidos habían sido seriamente heridos durante los enfrentamientos, y no recibieron atención médica oportuna. Por ejemplo, Miguel Ángel Correo Franco, quien declaró no haber estado presente en Marina Kue al tiempo del incidente, pero quien fue arrestado por estar en la lista de ocupantes, denuncia haber sido abusado física y psicológicamente, y haber recibido amenazas de muerte durante su arresto policial y prisión preventiva en Coronel Oviedo (ver Amnistía Internacional, Detención arbitraria en Paraguay, 10 de julio del 2012, http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR45/003/2012/fr/8630d77e-‐c876-‐41fe-‐8b45-‐98a27a66a954/amr450032012es.html; Igualmente, Rubén Villalba, quien fue capturado en octubre del 2012, reportó haber sido abusado física y psicológicamente durante su detención. Otro detenido, Néstor Casto, quien había sido seriamente herido durante los enfrentamientos del 15 de julio, recibió el tratamiento médico adecuado –una operación por fractura de quijada-‐ recién cinco meses después de su arresto. (E’a, Curuguaty, la masacre que derrumbó a Lugo, 26 Noviembre del 2012, http://ea.com.py/curuguaty-‐la-‐masacre-‐que-‐derrumbo-‐a-‐lugo/). 5 Comité de Derechos Humanos de la ONU (HRC), Observaciones Finales del Informe del Estado Observador, marzo del 2013, párrafos 15, 16. (versión avanzada no editada). 6 CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo -‐ Presentado ante el Comité de Derechos Humanos en vista del examen del tercer informe periódico de Paraguay (107° periodo de sesiones, 11-‐28 de marzo 2013), p. 27, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/NGOs/CODEHUPY_CCPR_OMCT_Paraguay_HRC107.doc. 7 CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 26. 8 CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 24.
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problemas de la violencia y los abusos cometidos por agentes del Estado, al sistema penitenciario y al acceso a la justicia para los detenidos y las víctimas de tortura. 9
1.2. Impunidad
Los actores internacionales de derechos humanos, así como las organizaciones locales de la sociedad civil han señalado en repetidas ocasiones que la impunidad de los autores de la tortura es uno de los principales factores sistémicos que contribuyen a la tortura y los malos tratos en el Paraguay.10 A pesar de algunos avances en los últimos años, aún son necesarios cambios normativos y estructurales significativos, así como un cambio de mentalidad para garantizar la responsabilidad por crímenes de tortura y malos tratos. Varias áreas han sido identificadas como causas de la impunidad, tales como la deficiente definición de tortura en el Código Penal, la falta de mecanismos de investigación independiente y estructural, así como las deficiencias relacionadas con la estructura y la capacidad de las instituciones encargadas de la rendición de cuentas.
Según las autoridades, el principal obstáculo en la lucha contra la impunidad fue la inadecuada definición de la tortura en el derecho penal. La tortura y los malos tratos están prohibidos por el artículo 5 de la Constitución, así como por el artículo 309 del Código Penal (CP). En el momento de la visita de evaluación, el crimen de tortura se define de forma restrictiva, requiriéndose "la intención de destruir o dañar gravemente la personalidad de la víctima o de un tercero". Esta definición ha sido criticada por unanimidad como demasiado restrictiva, haciendo que la persecución y el castigo de los actos de tortura sean casi imposibles y no en consonancia con el artículo 1 del CAT. Como consecuencia de ello, los sobrevivientes de la tortura y sus defensores tenían que referirse a los delitos penales de otro género, tales como "infligir lesiones corporales en el ejercicio de funciones públicas"11 o recurrir a los procedimientos administrativos para llevar a los culpables ante la justicia. Esto dio lugar a la imposición de penas más leves y evitó que las víctimas se beneficien de la imprescriptibilidad prevista en el Código Penal para el crimen de tortura.12
Debido a estas deficiencias, una modificación al artículo 309 fue propuesta en el 2009, pero su sanción en el Parlamento se retrasó muchos años. Después de los repetidos llamamientos de la sociedad civil y la comunidad internacional, incluyendo la intervención del equipo del proyecto, el artículo 309 del CP fue finalmente modificado en el 2012 (Ley N º 4614/12). La nueva definición de la tortura se basa en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 2) , en lugar del art. 1 del CAT. Es una mejora clara y hace que sea mucho más fácil iniciar investigaciones y llevar a los perpetradores ante la justicia. Hasta el momento, la disposición sobre el crimen de tortura ya fue utilizada para investigar a cinco agentes de la policía por acusaciones de un hombre que declaró ser golpeado y amenazado de muerte en una comisaría. 13
9 Ver el Plan Nacional de Derechos Humanos, Eje Estratégico II, Tema II, III, http://www.mjt.gov.py/descargas/documentos/035400/plan_nacional_de_derechos_humanos.pdf. 10 UNSRT, Informe de Estado, 1 de octubre del 2007 (A/HRC/7/3/Add.3), párrafo 53.; Informe SPT (2010) para. 28.; CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 22. 11 Artículo 309 del Código Penal. 12 Ver Informe del SPT (2010), párrafo 27. 13 Ultima Hora, Imputan a cinco agentes policiales por tortura, 10 de julio del 2013, http://www.ultimahora.com/imputan-‐cinco-‐agentes-‐policiales-‐tortura-‐n703167.html.
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Por otro lado, a pesar de las reiteradas recomendaciones de los actores internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil, el Código Penal Militar aún no contiene ningún delito de tortura.
Otro obstáculo importante en la lucha contra la impunidad es la falta de una investigación pronta e imparcial de los casos de tortura y malos tratos según lo prescrito por los artículos 12 y 13 del CAT. En Paraguay hay varios mecanismos para iniciar investigaciones en los casos de tortura y malos tratos por parte de las autoridades estatales. Durante los últimos doce años, sólo hubo dos condenas por el crimen de tortura, de acuerdo con la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. 14 Los expertos critican que los casos de tortura son en su mayoría calificados en diferentes delitos como lesiones en el ejercicio de funciones públicas. Se espera que con la nueva ley 4614/2012, más incidentes puedan entrar en el ámbito de la tortura y ser investigados como tales por las entidades encargadas.
Existen mecanismos internos de la Policía Nacional que investigan los abusos policiales. El Departamento de Asuntos Internos (Asuntos Internos) investiga los incidentes relacionados con la mala conducta del personal de la policía, a petición del Ministerio Público, de quien recibe directivas e instrucciones durante el proceso de investigación.15 A continuación, escribe un informe basado en la decisión de la Oficina del Comandante de remitir o no a la Dirección de Justicia Policial (Policía Judicial) la acción disciplinaria de acuerdo con el reglamento y la Ley Orgánica de la Policía. Ambos departamentos no gozan de la independencia, pero están bajo la autoridad directa de la Policía Nacional que investigan. El comandante de la policía decide si se debe proceder con una investigación o no. En el pasado, se han reportado casos de presión ejercida para no investigar algunos casos y la falta de voluntad para llevar a cabo esta función de forma adecuada debido al espíritu de cuerpo que prevalece en las fuerzas policiales. El Departamento de Asuntos Internos y la Dirección de Justicia Policial han sido criticados por llevar a cabo sus investigaciones de forma ineficaz y sin tener en cuenta la evidencia, con el fin de proteger a los agentes de policía o de no remitir pruebas para una investigación criminal.
Además de los mecanismos internos de la Policía, existe una Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público que investiga violaciones de derechos humanos cuando se recibe una queja. Sin embargo, carece de los poderes para activar de forma independiente a la policía y la fiscalía.
Las investigaciones penales en los casos de tortura y otros abusos de los derechos humanos son llevadas a cabo por la Fiscalía, a través de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, creada en el 2011. Sin embargo, esta Unidad ha sido criticada por sus "investigaciones deficientes y lentas".16 Según CODEHUPY, ninguna de las alegaciones presentadas a la Unidad ha avanzado debido a la imposibilidad de iniciar las investigaciones. Se ha informado de que en la práctica, a pesar de su responsabilidad de investigar los casos de abuso de forma autónoma, la misma depende de la policía para investigar y detener a los presuntos autores. Por otra parte, la decisión con respecto a la investigación ha sido criticada por la existencia de presiones políticas.
En resumen, los mecanismos administrativos y de administración penal existentes han sido criticados en repetidas ocasiones por su ineficacia y parcialidad. Otro problema resaltado es la
14 Ultima Hora, Con solo dos condenas en doce años, castigar la tortura es deuda pendiente, 13 de mayo del 2013, http://www.ultimahora.com/con-‐solo-‐dos-‐condenas-‐doce-‐anoscastigar-‐la-‐tortura-‐es-‐deuda-‐pendiente-‐n619852.html. 15 Código Procesal Penal, Capítulo 2, Arts. 58, 59 y 60. 16 CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 24.
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ineficacia de las investigaciones debido a la falta de competencias, conocimientos teóricos y habilidades prácticas y la falta de conocimientos de las obligaciones de derechos humanos, entre los representantes de las instituciones mencionadas.17 Como resultado de esto, a pesar de una considerable cantidad de casos registrados en relación con la tortura18, muy pocas sanciones administrativas se han aplicado en las últimas décadas, y las investigaciones condujeron a una sola condena penal.19
Asimismo, el Poder Judicial ha sido criticado por ser reacio a investigar posibles torturas y malos tratos o la prestación de las garantías jurídicas durante el proceso. La mayoría de los jueces al parecer carecen de una formación adecuada en materia de derechos humanos y hay poca conciencia de lo que significa la tortura y la forma en que puede prevenirse. CODEHUPY ha puesto de manifiesto que la mayoría de los jueces no son conscientes de su deber de denunciar los casos de tortura de acuerdo con el artículo 280 del Código Procesal Penal. 20
Por otra parte, la falta de independencia es responsable de la inercia de los jueces para intervenir activamente en los casos de tortura.21 El proceso de admisión a los puestos de la judicatura se dice que es políticamente influenciado, y muchos jueces serían nombrados más bien debido a los buenos contactos políticos que a la calificación. Los jueces nombrados por cuestiones políticas podrían por ende sentirse más inmunes a sanciones disciplinarias o al despido por incumplimiento del deber, y tienen menos incentivos para actuar con profesionalismo y ser proactivos. Por otra parte, los casos sensibles contra las autoridades del Estado pueden ser tomados con más reparos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación "por las denuncias sobre altos niveles de corrupción en el Poder Judicial, que no son suficientemente investigadas y castigadas y que afectan directamente a su independencia y legitimidad. El Comité también está preocupado por la falta de permanencia de los jueces, por el impacto de la supuesta presión ejercida por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y por la falta de inamovilidad de los jueces (artículos 2 y 14).” 22
La falta de voluntad política para hacer frente a la impunidad y la ausencia de investigaciones independientes y efectivas de violaciones de los derechos humanos han sido confirmadas por los acontecimientos producidos tras los violentos enfrentamientos en Curuguaty, que llevaron a la muerte de seis policías y once campesinos, así como muchos heridos y presuntamente torturados durante su detención.23 Sin embargo, las investigaciones realizadas por el Ministerio Público aparentemente se centraron en la hipótesis de que los agricultores tenían que asumir toda la responsabilidad por el derramamiento de sangre y la posible responsabilidad de la policía no se consideró plausible. Las investigaciones alternativas llevadas a cabo por los abogados defensores y las ONGs locales con respecto a la responsabilidad penal de la policía fueron rechazadas por el fiscal sin una explicación suficiente. Por tanto, las investigaciones han sido objeto de críticas por su falta de un enfoque global e imparcial.24 La comisión de investigación independiente inicialmente instalada, después del cambio del Presidente de la República, había sido sustituida por una comisión integrada por la Policía Nacional y el Ministerio Público (Fiscalía), las dos instituciones críticos
17 Ver también el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (2010), p. 7. 18 230 casos registrados entre el 2000 y el 2008, de procedimientos relacionados con la tortura. 19 Ver Informe del SPT (2010), párrafo 53. 20 CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 22. 21 Ver Amnistía Internacional, Presentación a la HRC, p. 21. 22 HRC, Observaciones Finales 2013. párrafo 21. 23 Ver el Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue de CODEHUPY, 2012, p.126; también Amnistía Internacional, Presentación al Comité de Derechos Humanos de la ONU en la 107º Sesión, marzo del 2013. 24 AI, Presentación ante el HRC, p. 22; CODEHUPY, Marina Kue.
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que supuestamente estuvieron involucradas en los hechos y que por lo tanto carecen de independencia y objetividad. Los informes el fiscal y de la sociedad civil se contradicen entre sí. El informe de la sociedad civil declaró que no se realizó la autopsia de las víctimas, y que la evidencia había sido manipulada.25 También ha habido denuncias de que las investigaciones oficiales fueron llevadas a cabo por personas que pueden tener conflictos de intereses. Se ha criticado que no se ha abierto hasta ahora ninguna investigación de los presuntos actos de tortura y malos tratos, que los defensores públicos de los detenidos no han tomado medidas26 y que incluso los signos visibles de malos tratos han sido ignorados.27 CODEHUPY presentó una queja oficial ante la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público en un caso.28 El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las denuncias de irregularidades en la investigación por la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. El Comité está especialmente preocupado por la falta de imparcialidad e independencia de la investigación. 29
Un tercer factor que conduce a la tortura y la impunidad es la falta de un mecanismo de quejas verdaderamente independiente y eficaz.30 Los detenidos en su mayoría se abstienen de quejarse, ya que no esperan ningún resultado y tienen miedo a las represalias.31
El único mecanismo de denuncia independiente en Paraguay es con la Oficina del Defensor del Pueblo. Sin embargo, ha habido repetidas acusaciones de su incapacidad para hacer frente a las quejas y parece que la Oficina sólo transfiere las quejas, de una manera bastante lenta, al Ministerio Público, y no lleva a cabo las investigaciones. Esto parece explicar en parte el retraso en la administración de justicia. Como organismo independiente, dotado de un presupuesto propio, la oficina tendría la posibilidad de ser más activa, de acuerdo con las recomendaciones del SPT, y podría visitar más a menudo los lugares de detención y mantener una base de datos sobre las denuncias.32 Otra preocupación importante es que la Defensoría del Pueblo no se percibe como independiente (véase la sección 3.2.1.2 a continuación.); por ende, muchos de los detenidos se abstienen de presentar quejas.
1.2. Garantías contra la tortura y los malos tratos
La mayor parte de las garantías jurídicas fundamentales y las garantías procesales contra la tortura es reconocida en la Constitución de Paraguay y en el Código Procesal Penal.33
Sin embargo, los actores internacionales y organizaciones locales de derechos humanos informaron serias deficiencias en la garantía de estas medidas de seguridad y en la protección otorgada por las instituciones responsables.34 Se ha criticado que el derecho a comunicar la
25 PEICC, Informe Masacre de Curuguaty, Octubre del 2012. 26 ABC Color Paraguay, Cuestionan la investigación, 24 de diciembre del 2012, http://www.abc.com.py/edicion-‐impresa/suplementos/judicial/cuestionan-‐la-‐investigacion-‐493471.html. 27 CODEHUPY, Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue, 2012, p.130. 28 Causa Nº 46/2012, Investigación fiscal s/ supuestos hechos de tortura y otros, 18 de junio del 2012. 29 HRC, Observaciones Finales (2013) (versión avanzada no editada); ver también: CODEHUPY, A 1 año de la masacre de Curuguaty, 14 de junio del 2013, http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214:a-‐1-‐ano-‐de-‐la-‐masacre-‐de-‐curuguaty-‐comunicado-‐de-‐la-‐codehupy&catid=9:pronunciamientos&Itemid=9. 30 Ver también HRC, Observaciones Finales, párrafo 16. 31 CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 26. 32Informe del SPT (2010), párrafo 33. 33 Ver Informe del SPT (2010), párrafos 22 et al. 34 Informe del SPT (2010), párrafos 25-‐55; CAT, Observaciones Finales (2011), párrafo 11.
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detención a los familiares o a una persona de confianza depende en gran medida de la buena voluntad de las autoridades, ya que los recursos e infraestructuras necesarios para garantizar este derecho no existen. Además, la mayoría de los detenidos no son comunicados de las razones de su detención ni informados de sus derechos.35 Por otra parte, los detenidos no están adecuadamente registrados bajo custodia policial y en las cárceles, lo que los expone a un mayor riesgo de tortura, y al parecer ha hecho que los presos permanezcan en prisión por períodos de tiempo más largos que sus mismas condenas.36 También se informó que a pesar de la clara prohibición en el Código Procesal Penal, la policía sigue obteniendo declaraciones mediante el uso de la tortura o los malos tratos y que esas declaraciones son utilizadas en ocasiones por los tribunales como prueba.37Además, por lo general no reciben exámenes médicos independientes. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también ha criticado que "no existe una legislación sobre ejecución de las penas, que permita el seguimiento de las condiciones de ejecución de las penas de prisión y la promoción del uso de sanciones alternativas".38
Una de las principales deficiencias identificadas durante la visita de evaluación del equipo del proyecto, así como por los mecanismos de supervisión de tortura, era la falta de acceso a asistencia legal. La Constitución Nacional (Art. 12, 17) y el Código Procesal Penal (Art. 75) garantizan el derecho a un abogado desde el momento de la detención en adelante. Este derecho, sin embargo, generalmente no se garantiza en la práctica. En el momento de la visita de evaluación se ha descubierto que más del 70 % de todos los detenidos dependían de los defensores públicos designados por el Estado. La mayoría de los detenidos no encuentran a sus defensores hasta una fase muy avanzada, después de la detención inicial de la policía, donde se producen la mayoría de los casos de tortura. Por otra parte, los defensores no tienen las capacidades para visitar regularmente a sus clientes para comprobar su tratamiento y el seguimiento de sus casos. Se afirmó que muchos de los detenidos incluso no son visitados por sus defensores en prisión, sino que sólo entran en contacto con ellos durante los procedimientos judiciales.39 Esto supuestamente conduce a la detención prolongada y arbitraria y que los detenidos “se pierdan” en la prisión preventiva. En consecuencia, los defensores públicos no pueden cumplir la función preventiva, y muchos casos de tortura pasan así desapercibidos o no reportados.
La principal razón de la débil posición de la Oficina de la Defensoría Pública se debe a sus insuficientes recursos financieros y humanos para llevar a cabo eficazmente su función. Cada abogado de oficio tenía cientos de casos al mismo tiempo, lo que hace imposible para ellos trabajar con rapidez y en profundidad. La Oficina además carecía de independencia de la Corte Suprema, sin un presupuesto estable y autónomo, ni edificio o materiales propios. La falta de recursos y equipo no permitía una defensa o un control adecuado de los defensores públicos. Además, la Oficina de la Defensoría Pública no tenía un centro de capacitación y no había educación especial para los defensores públicos. Por otra parte, los defensores públicos no adoptaron ningún papel en la prevención de la tortura como el seguimiento o la responsabilidad de los perpetradores, sino que exclusivamente se vieron a sí mismos defendiendo los derechos de un sospechoso criminal ante el tribunal.
35Ver HRC, Observaciones Finales (2013), párrafo 20. (versión avanzada no editada), CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 24, CAT, Observaciones Finales (2011), párrafo 11. 36CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 25; ver también CAT, Observaciones Finales (2011), párrafo 11. 37 CAT, Observaciones Finales (2011), párrafo 20. 38 HRC, Observaciones Finales (2013), párrafo 21. (versión avanzada no editada). 39 Ver también el informe del SPT (2010), párrafo 51.
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Mucho ha cambiado con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Defensa Pública Nº 4423/11 el 16 de abril del 2012, otorgándole plena independencia, autonomía funcional y mayores recursos.40 El nuevo Ministerio de la Defensa Pública está ya en condiciones de adoptar un papel más importante en la prevención de los abusos contra los derechos humanos y la protección de los derechos de los detenidos. Con el apoyo del proyecto Atlas de la Tortura, se exploraron las diferentes funciones de los defensores públicos en la prevención de la tortura y los malos tratos y el fortalecimiento de la capacidad de la Defensa Pública y de su Observatorio Especial de Prisiones, en particular en lo que respecta a la realización de visitas a los lugares de la detención, la detección y documentación de violaciones de derechos humanos y la elaboración de informes y recomendaciones (véase más adelante). Sin embargo, todavía faltan defensores públicos en el país, y la alta carga de trabajo y la infraestructura deficiente para los defensores públicos hace que sea difícil para ellos proporcionar una defensa adecuada y eficaz y la representación legal.41
Otra deficiencia importante es la falta de garantías al acceso a un juez, según lo prescrito en el artículo 12 (5), 133 de la Constitución y el artículo 75 del CPC. El acceso inmediato a un juez puede garantizar que las personas no sean detenidas arbitrariamente, y se les permita la revisión de su detención y de las condiciones de la misma. Además, se puede dar a los detenidos la oportunidad de denunciar cualquier trato abusivo y obtener su verificación, lo cual puede tener un efecto preventivo y disuasivo.
Como se mencionó anteriormente, las organizaciones de derechos humanos perciben el Poder Judicial en Paraguay como un actor débil en el combate y la prevención de la tortura y los malos tratos. Según se informa, los jueces ordenan sistemáticamente la detención preventiva y la falta de procedimientos eficaces conduce a períodos excesivos de detención previa al juicio y procedimientos largos ante los tribunales. Por otra parte, no investigan ni hacen cumplir las salvaguardas existentes contra la tortura y los malos tratos. Por otra parte, se informó que el examen de las peticiones de hábeas corpus puede tardar hasta 30 días. Se cree que las principales razones son la falta de independencia y competencia de la judicatura (ver arriba -‐ Impunidad).
Otro problema identificado es la total falta de exámenes médicos de las personas detenidas. Los médicos y otros profesionales de la salud no sólo juegan un papel importante en la atención médica de los detenidos, sino también en la detección y documentación de casos de tortura y de la presentación de la información a las autoridades responsables. Lo expertos internacionales recomiendan exámenes médicos estándar al momento de la detención, traslado y liberación, así como la orden oportuna de un examen médico obligatorio realizado por agentes de policía, funcionarios de prisiones, fiscales y jueces cuando hay sospechas o denuncias de malos tratos.42 Esto puede tener un fuerte efecto disuasivo, ayudar a establecer las pruebas necesarias para llevar a los perpetradores de tortura ante la justicia y ayudar a garantizar que los detenidos reciban una atención médica adecuada.
Según se informa, los exámenes médicos no se llevan a cabo ni en las comisarías43 ni en las cárceles. Se identificó que sólo hay unos pocos expertos forenses en el país que llevan a cabo exámenes de calidad en los casos de denuncias de tortura. No había ningún centro de estudios forenses en el país. La falta de expertos forenses conduce a la falta de controles de detección
40 ABC Color Paraguay, Defensoría Pública logra independencia, 7 de noviembre del 2011, http://www.abc.com.py/articulos/defensoria-‐publica-‐logra-‐independencia-‐329665.html. 41 CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 25; CAT, Observaciones Finales (2011), párrafo 12. 42 Informe del UNSRT (2007), párrafo 90 (e). 43 Ver también el Informe del SPT (2010), párrafos 92-‐98.
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de los abusos cometidos por los funcionarios y por lo tanto a la falta de pruebas en los casos de tortura presentados por las víctimas.
1.3. Monitoreo preventivo
Uno de los métodos más importantes para prevenir la tortura y los malos tratos es someter a todos los lugares de detención al escrutinio y monitoreo externo independiente.44 Al tiempo de la visita de evaluación, Paraguay sufría de una falta de vigilancia sistemática, efectiva e independiente de los lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad. Como consecuencia de esto, las cárceles y comisarías eran poco conocidas para el mundo exterior, y muchos prisioneros eran olvidados durante la detención en condiciones muy pobres, en un régimen de hacinamiento masivo, corrupto y abusivo. La falta de monitoreo sistemático e independiente ha cambiado con el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención del país (NPM).
Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial en el Paraguay disponen de mecanismos de control interno que pueden visitar los lugares de detención. Sin embargo, cuentan con muy escasos recursos, lo que no les permite un seguimiento sistemático. Más bien, estos organismos controlan el rendimiento de su propia institución que el trato y las condiciones de la detención, y no son independientes.
En respuesta a las críticas del SPT por la inexistencia de un sistema eficaz de vigilancia de las comisarías,45 el Gobierno estableció bajo la resolución 542/2009 un Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional "para inspeccionar la infraestructura de las estaciones de policía " y evaluarlas de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, así como para llevar a cabo inspecciones en los casos de orden judicial de desalojo.46 Por otra parte, el Gobierno creó una comisión interinstitucional47 para el monitoreo de las condiciones de detención en las comisarías, compuesta por personal de la Dirección de Derechos Humanos, la Oficina del Defensor del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Mujer.48 Al igual que el "Departamento de Asuntos Internos" y la "Dirección Justicia Policial", estas dos entidades no actúan preventivamente sino que sólo reaccionan a las quejas que reciben. Además, son mecanismos internos de la policía y por lo tanto no son independientes. Ellos parecen tener una baja visibilidad y aparentemente cooperan e interactúan poco con organizaciones de la sociedad civil. El Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional ha declarado que se encuentra en una situación difícil, tanto criticada internamente como por la sociedad civil, y ha expresado su necesidad y la voluntad de cooperar con la sociedad civil para fortalecer su papel.
44 UNSRT, Estudio sobre el fenómeno de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y su castigo a nivel mundial, incluyendo una evaluación de las condiciones de detención, 5 de febrero del 2010 (A/HRC/13/39/Add.5), párrafo 157. 45 Informe del SPT (2010), párrafos 34 y 107. 46 SPT, Respuestas de la República del Paraguay a las recomendaciones y pedidos hechos por el SPT, 10 de junio del 2010 (CAT/OP/PRY/1/Add.1), párrafo 12, ver la sección más arriba. 47 Viva Paraguay, Comisión interinstitucional de visita y monitoreo a centros de privación de libertad a adolescentes, 10 de julio del 2013, http://www.vivaparaguay.com/new/index.php/nacionales/4-‐nacionales/49905-‐comision-‐interistitucional-‐de-‐visita-‐y-‐monitoreo-‐a-‐centros-‐de-‐privacion-‐de-‐libertad-‐a-‐adolescentes. 48 SPT, Respuesta del Gobierno (2010), párrafo 38.
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De acuerdo con el artículo 259, párrafo 8 de la Constitución de Paraguay , una de las funciones y atribuciones de la Corte Suprema es la de "supervisar los centros de detención y prisiones". Bajo el Acuerdo Nº 30 de 1996, se ha establecido una Unidad de Vigilancia Penitenciaria de la Corte Suprema para cumplir ese mandato. El SPT reportó que la Corte Suprema sólo realiza visitas anuales a los establecimientos penitenciarios que son "esencialmente de carácter formal y se anuncian con antelación". Además, se informó de la acusación de que los funcionarios no hablan directamente con los detenidos ni verifican personalmente las condiciones de las cárceles. Por otra parte, la unidad no se centra en la tortura y los malos tratos, sino en la legalidad y la duración de la detención. La Unidad de Vigilancia Penitenciaria no cumple plenamente con sus funciones debido a la falta de recursos humanos y financieros.49
Además de los mecanismos internos de control del Estado, también existen mecanismos de monitoreo externos con el mandato específico de visitar los lugares de detención. Sin embargo, también carecen de los recursos para llevar a cabo visitas periódicas, no son percibidos como independientes y tienen una muy baja visibilidad pública.
La Oficina de la Defensoría del Pueblo, como el principal defensor de los derechos humanos en Paraguay, está legalmente autorizada a "iniciar o continuar, de oficio o a solicitud de parte, toda investigación que conduzca al esclarecimiento de los actos de las autoridades en violación de los derechos humanos." 50 Sin embargo, el Defensor del Pueblo fue duramente criticado por su falta de iniciativa y por su ineficacia.51 No se ha emitido ningún informe significativo desde el 2005. El personal carece de formación en derechos humanos y de recursos suficientes, y se decía en el momento de la visita de evaluación52 que la Defensoría del Pueblo estaba totalmente inactiva y no era percibida como independiente. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo no realizó ninguna función de monitoreo preventivo y fue incluso criticada por no manejar con eficacia los casos puestos a su consideración.53 A pesar de que el mandato del Defensor del Pueblo en funciones expiró en el 2008, ningún nuevo defensor ha sido seleccionado. También hay una falta de criterios y procedimientos claros que garanticen la independencia y eficacia de la Defensoría del Pueblo.54
Además hay tres comisiones interinstitucionales integradas por expertos de la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional con el mandato de visitar y supervisar las prisiones, centros de detención de menores y cuarteles militares. Sin embargo, sus miembros, incluyendo las autoridades del Estado, no son ni funcionalmente ni personalmente independientes y las comisiones interinstitucionales carecen de una sólida base jurídica y financiamiento independiente, lo que limita su funcionamiento eficaz.55 Como consecuencia de esto, al tiempo de la evaluación, sólo una comisión estaba activa y ésta dependía institucionalmente del Ministerio de Justicia y tenía una visibilidad muy baja en la publicación de informes, recomendaciones y cualquier otra opinión. No había comisiones creadas para
49 Informe del SPT (2010), párrafo 37. 50 Artículo 12 Ley Nº 631/1995 Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 51 Ver Informe del SPT (2010), párrafo 33; Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (2010), p. 18. 52 El mandato del Defensor del Pueblo expiró en el 2008; sin embargo, la Cámara de Diputados no ha iniciado hasta ahora el proceso de elección de un nuevo defensor del pueblo, por lo cual también fue criticada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su sesión en marzo del 2013: E’a, Lamentan que diputados no hayan nombrado nuevo Defensor del Pueblo, 25 de junio del 2013, http://ea.com.py/lamentan-‐que-‐diputados-‐no-‐hayan-‐nombrado-‐nuevo-‐defensor-‐del-‐pueblo/. 53 Ver HRC, Observaciones Finales (2013), párrafo 7 (versión avanzada no editada). 54 Ver HRC, Observaciones Finales, párrafo 7. 55 Ver Informe del SPT (2010), párrafo 31.
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visitar las comisarías, donde el problema de la tortura es más frecuente, ni para visitar las instituciones psiquiátricas.56
La laguna en el control preventivo sistemático de los centros de detención se ha llenado con el establecimiento de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura como mecanismo nacional de prevención de la tortura, de conformidad con el OPCAT. El Gobierno de Paraguay ya había ratificado el OPCAT en el 2005, lo que lo obligaba a establecer –en el plazo de un año-‐ un mecanismo nacional de prevención independiente para llevar a cabo visitas periódicas a todos los lugares de detención. Sin embargo, no fue hasta el 2011 que se aprobó la ley N° 4288, que designó a la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura como MNP. La Comisión está integrada por 6 miembros y 3 suplentes, que son elegidos en un proceso abierto y transparente por un órgano de selección multi-‐institucional integrado57 (Órgano Selector). La ley garantiza la independencia funcional de sus miembros, así como una composición multidisciplinar. Para ello, la Comisión coopera con los asesores independientes (escabinos), así como con organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado cuando sea necesario. La ley cumple con el requisito mínimo del OPCAT e incluso ha sido elogiada como un ejemplo de buenas prácticas para la región.58
Con el apoyo del proyecto Atlas de la Tortura, fue posible instalar un órgano selector altamente profesional con una regulación clara de trabajo y asegurar un presupuesto estable y adecuado para la Comisión. El 28 de diciembre del 2012, el Órgano Selector eligió a los miembros del mecanismo nacional de prevención de manera abierta y transparente. Todos los miembros actuales son expertos independientes y altamente calificados. Ellos han ocupado sus cargos a comienzos de 2013 y ya se han llevado a cabo numerosas visitas a los lugares de detención, se reunieron con los principales actores estatales y se produjo un gran número de informes y recomendaciones.59
56 El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades recomendó al Paraguay incluir en las funciones de su MNP la vigilancia de las instituciones psiquiátricas. Ver CPRD, Observaciones Finales, 15 de mayo del 2013 (CPRD/C/PRY/CO/1), párrafo 38. 57 ABC Color Paraguay, crean comisión para erradicar la tortura en nuestro país, 12 de noviembre del 2012, http://www.abc.com.py/edicion-‐impresa/suplementos/judicial/crean-‐comision-‐para-‐erradicar-‐la-‐tortura-‐en-‐nuestro-‐pais-‐476393.html. 58 APT, Paraguay: sentando precedente en la implementación del OPCAT, 16 de enero del 2013, http://www.apt.ch/en/news_on_prevention/paraguay-‐setting-‐a-‐precedent-‐in-‐opcat-‐implementation-‐in-‐the-‐americas. 59 Ver www.facebook.com/MNP.Paraguay.
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2. Descripción e impacto de las actividades del proyecto
Durante sus siete visitas a Paraguay, el equipo de Atlas de la Tortura implementó una serie de actividades para hacer frente a los problemas y las deficiencias detectadas durante la visita de evaluación. Debido a los recursos limitados del proyecto, era necesario centrarse en ciertas áreas e instituciones. El enfoque del proyecto y sus actividades fueron discutidos y decididos junto con CODEHUPY, la coordinadora local. Después de la conferencia de apertura en julio del 2011, se estableció un plan de trabajo basado en los aportes de CODEHUPY, el informe de evaluación y las discusiones y recomendaciones formuladas en la Conferencia Inaugural. Sin embargo, el plan de trabajo era sólo una orientación para la planificación del proyecto, por lo que las actividades tuvieron que ser adaptadas y reorientadas en función de las necesidades que surgieran y los resultados obtenidos. Las áreas prioritarias del proyecto fueron:
• Apoyo a la creación y el funcionamiento del mecanismo nacional de prevención • Fortalecimiento del papel de los defensores públicos en la prevención de la tortura • Apoyo a la lucha contra la impunidad
A continuación se explica la lógica de la intervención en estos campos y se describen las actividades llevadas a cabo, evaluando su impacto y los resultados obtenidos.
2.1. Apoyo a la creación del Mecanismo Nacional de Prevención
Uno de los principales objetivos del proyecto Atlas de la Tortura en Paraguay era proporcionar un apoyo sustancial a la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención de acuerdo con los requisitos mínimos del OPCAT.
2.1.1. Lógica de la intervención
En las numerosas reuniones durante la visita de evaluación con representantes del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, todos los interlocutores mencionaron el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención independiente y eficaz como una prioridad en la prevención de la tortura y los malos tratos. Las expectativas eran muy altas para un MNP transparentara el trato y las condiciones de detención en Paraguay y tuviera un efecto disuasivo contra la torturas y malos tratos en el país. A través de un seguimiento sistemático, un mecanismo nacional de prevención independiente estaría en condiciones de iniciar un diálogo efectivo con el Gobierno sobre las reformas estructurales necesarias. Se esperaba además que un mecanismo nacional de prevención jugara un papel de coordinación que aunara todos los esfuerzos del Estado, de los actores no gubernamentales e internacionales en la prevención de la tortura y los malos tratos.
Al mismo tiempo, en vista de los retrasos anteriores en las reformas legales e institucionales como la reforma de la definición de tortura en el Código Penal, había un gran temor de que tomaría el Estado mucho tiempo para aprobar la ley, instalar el mecanismo y conceder un presupuesto adecuado. En particular, muchos actores de la sociedad civil expresaron que sería importante que el establecimiento del MNP fuera finalizado durante el mandato del Gobierno y en el periodo legislativo vigente en ese entonces. En consecuencia, todos los actores urgieron el establecimiento del mecanismo nacional de prevención como prioridad del proyecto Atlas de la Tortura.
Ha habido intervenciones previas por parte de organismos internacionales, en particular de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), que apoyó la creación de un grupo de trabajo inclusivo para la redacción de la ley del MNP. Sin embargo, después de la redacción de la ley y su entrada en la fase legislativa, los esfuerzos del grupo de trabajo habían llegado a su
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fin. Con las visitas del SPT, la cuestión de la prevención de la tortura, y la importancia de la creación de un mecanismo nacional de prevención eficaz e independiente, habían ganado una mayor visibilidad de nuevo.
En consecuencia, el equipo del proyecto se presentó en un momento y con un punto de entrada ideales para ofrecer su apoyo y asistencia técnica, y también para continuar con la presión internacional para avanzar en el establecimiento del mecanismo nacional de prevención. Con la amplia experiencia del equipo en esta área y sus buenas conexiones con actores internacionales, en particular el SPT, se encontraba en la posición ideal para contribuir a este proceso.
El equipo del proyecto, junto con la coordinadora local CODEHUPY planificaron apoyar el establecimiento del MNP mediante la realización de intervenciones en tres niveles:
• Apoyar la organización institucional y proporcionar asistencia técnica para el establecimiento del Órgano Selector y la elección de los miembros del MNP, por ejemplo, mediante la deliberación sobre los retos de la ley del MNP, la elaboración de un reglamento para el Órgano Selector y el presupuesto del Mecanismo Nacional de Prevención.
• Crear conciencia y abogar por el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención por medio de debates públicos y reuniones bilaterales con los principales actores, y mediante el apoyo a un grupo de apoyo interinstitucional para el MNP
• Fortalecer las capacidades de los miembros de la Comisión Nacional y de los asesores externos (escabinos) en la prevención de la tortura y en el modo de supervisar los lugares de detención
2.1.2 Descripción e impacto de las actividades
En abril del 2011, poco después de la visita de evaluación del equipo, se aprobó la ley que crea la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, con la designación de una nueva institución autónoma como MNP.
El primer evento en el proyecto Atlas de la Tortura fue la Conferencia Inaugural sobre prevención de la tortura (6-‐7 de junio del 2011, Asunción), que tuvo lugar unos meses después de la aprobación de la ley del MNP en el Parlamento, poco después de la firma final del Presidente, y demostró ser un paso importante en el apoyo a la creación del Mecanismo Nacional del Prevención. La conferencia fue presidida por el Sr. Mario Coriolano, miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT). Participaron representantes de alto nivel del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Durante la conferencia, los cuatro grupos de trabajo temáticos analizaron los principales temas en el campo de la prevención de la tortura60 y presentaron las conclusiones y recomendaciones, que se resumen en la forma de un documento final. Un grupo de trabajo se ocupó específicamente de la creación de la nueva gestión pública, presidido por el Sr. Coriolano quien aportó su experiencia de gran utilidad sobre los próximos pasos necesarios para la creación del mecanismo. Como resultado de la presentación y de las recomendaciones y un debate intenso, se creó un grupo de trabajo del MNP (grupo impulsor) para apoyar y abogar por la creación del Mecanismo Nacional de Prevención. El grupo de trabajo está integrado por representantes del Estado y la sociedad civil, tiene el mandato de abogar por
601. Impunidad (investigaciones efectivas e independientes, 2. Monitoreo preventivo (MNP), 3. El rol de la Defensoría del Pueblo en la prevención de la tortura, 4. Garantías procesales (el papel de los abogados y de la Defensoría del Pueblo; el papel de los profesionales de la salud).
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una rápida elección y entrega de la Órgano Selector, la elección de los miembros cualificados e independientes del MNP, y de presionar por la adopción de un presupuesto adecuado para el futuro MNP. Después de la Conferencia, el grupo de trabajo, integrado por expertos de la sociedad civil y el Gobierno, se reunió con regularidad para abordar las cuestiones relacionadas con el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención.
Durante la segunda visita del proyecto en septiembre del 2011, un Seminario de Expertos sobre el fortalecimiento de la creación del Mecanismo Nacional de Prevención se llevó a cabo juntos con los miembros del Grupo Impulsor y otros participantes interesados con el objetivo de identificar y analizar los problemas en el proceso de creación de un mecanismo nacional de prevención funcional y cómo estos problemas podrían ser superados. Para ello, los expertos del proyecto elaboraron y presentaron un comentario interno de la ley, que identifica las deficiencias y desafíos. Como resultado de las deliberaciones, el grupo de trabajo del MNP acordó los próximos pasos y actividades, entre otros, para elaborar un reglamento interno para el Órgano Selector, que se presentará a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional (ver abajo), y para comisionar a un experto para elaborar una propuesta de presupuesto para el MNP que podría ser utilizada para presionar a los parlamentarios. El proyecto apoyó financieramente ambas actividades.
A fin de mantener el impulso generado por las actividades del proyecto y de crear sinergias con la labor de otros mecanismos de supervisión de la ONU, el equipo Atlas de la Tortura participó en la sesión del Comité contra la Tortura en Paraguay en noviembre del 2011 en las Naciones Unidas en Ginebra. La visita a Ginebra demostró ser fundamental para el proyecto en Paraguay por varias razones. En primer lugar, permitió que el equipo del proyecto profundizara su comprensión del problema de la tortura y los malos tratos en el Paraguay, siguiendo el análisis del Gobierno de las causas profundas y su explicación de todas las novedades y los planes en materia de prevención de la tortura, así como el análisis de los expertos independientes internacionales del Comité contra la Tortura. En segundo lugar, durante el período de sesiones y en las reuniones bilaterales con representantes de Gobierno y del Poder Judicial, así como con los representantes de la sociedad civil paraguaya, el equipo Atlas de la Tortura fue capaz de dar seguimiento, analizar y evaluar las actividades de los proyectos anteriores, discutir las necesidades futuras y próximas actividades en el país y con ello perfeccionar el plan de trabajo del proyecto. En tercer lugar, la participación en la sesión del Comité contra la Tortura fue una oportunidad para fomentar las alianzas con actores del Estado y de la sociedad civil, así como también con otras organizaciones internacionales de prevención de la tortura. Para ello, el equipo se reunió con representantes de la APT para coordinar sus actividades, y discutir las posibles sinergias y la forma de garantizar el seguimiento y la sostenibilidad del proyecto Atlas de la Tortura después de su finalización.
La visita a Ginebra y las discusiones con la coordinadora local, mostraron que el avance del proceso de creación de la MNP requería intervenciones políticas de alto nivel. Por lo tanto, se decidió invitar al miembro y Ex Presidente del SPT Víctor Rodríguez Rescia a apoyar el proyecto, un experto de renombre internacional en la prevención de la tortura y los malos tratos, monitoreo preventivo y establecimiento de mecanismos nacionales de prevención. En consecuencia, durante la siguiente visita del proyecto en febrero/marzo del 2012, el equipo del proyecto celebró numerosas reuniones bilaterales con los tomadores de decisiones clave en el proceso de la creación del MNP, por ejemplo, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el jefe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado61, así como la
61 Senadora Mendoza recibió a miembros del Subcomité para Prevenir la Tortura de la ONU, 6 de marzo del 2012, http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/Mendoza%20de%20Acha%20-‐%20Atlas%20visita.pdf.
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Comisión de Presupuesto del Congreso. Las reuniones sirvieron para abogar por un mayor compromiso para apoyar la creación del mecanismo nacional de prevención, en particular, la puesta a punto del Órgano Selector y el pronto establecimiento de un presupuesto suficiente, así como para asegurar la presencia de todos los actores clave para la mesa de alto nivel del MNP organizada por el proyecto. La cobertura de prensa de las reuniones bilaterales aumentó considerablemente la influencia y la visibilidad del proceso de establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención y del proyecto.
Un evento clave de apoyo a la creación del MNP fue la Mesa Consultiva de Alto Nivel sobre el MNP62 presidida por Víctor Rodríguez Rescia.63 Tenía como objetivo principal el de reunir a todos los actores clave responsables de la designación de sus representantes ante el Órgano Selector del MNP del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la sociedad civil, y establecer un calendario claro para su puesta en marcha. El evento contó con la presencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Jefe de la Dirección de Derechos Humanos, un representante del Parlamento; el Jefe de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el Director de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia. También participaron organizaciones de la sociedad civil y miembros del grupo de trabajo del MNP, así como representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Defensa Pública, representantes de la Unión Europea y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Después de la apertura por parte de un representante de la delegación de la UE y los discursos, los participantes debatieron los próximos pasos necesarios y las funciones respectivas de sus instituciones. El evento fue un hito decisivo en el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención ya que todos los poderes legalmente autorizados para elegir a un miembro del órgano selector declararon públicamente su compromiso con la creación rápida del Órgano Selector y acordaron un plan de acción con plazos para su establecimiento. La fuerte presencia de la delegada de prensa de la UE y la participación de los medios de comunicación nacionales garantizaron una buena visibilidad del evento y sus resultados. 64
Con el fin de acelerar el proceso de la creación del Órgano Selector y apoyar su funcionamiento efectivo, se le asignó una pequeña subvención a la sociedad civil para la elaboración de un proyecto de propuesta de Reglamento Interno del Órgano Selector. Este reglamento interno era necesario para el buen funcionamiento de este órgano y ha sido redactado por un abogado e investigador jurídico de la Universidad Nacional de Asunción, con un buen conocimiento del tema MNP. Su propuesta fue discutida en el grupo de trabajo del MNP y posteriormente fue presentado al Órgano Selector.
Durante la quinta (10 al 18 abril 2012), sexta (20 al 29 de junio) y séptima (1 al 9 de noviembre) visita, el equipo del proyecto, junto con Víctor Rodríguez Rescia, organizaron las Mesas de Seguimiento Consultivas sobre el Proceso de Establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención para el seguimiento de las actividades y decisiones anteriores y para apoyar la constitución y el funcionamiento del Órgano Selector y la elección de los miembros del MNP.
62 YouTube, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 7 de marzo del 2012, http://www.youtube.com/watch?v=Jy6976sx9oc. 63 Corte Suprema de Justicia, Analizaron implementación del “Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura”, 8 de marzo del 2012, http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/Corte%20Suprema%20de%20Justicia.pdf. 64 Corte Suprema de Justicia, Analizaron implementación del “Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura”, 8 de marzo del 2012, www.univie.ac.at/bimtor/dateien/Corte%20Suprema%20de%20Justicia.pdf; Autoridad de la ONU sobre Prevención de la Tortura fue recibida por el Canciller Nacional, 7 marzo del 2012, http:// http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/Ministerio_Paraguay.pdf; Buscan conformar la Secretaría de Derechos Humanos, 7 marzo del 2012, www.univie.ac.at/bimtor/dateien/Diputados_Paraguay.pdf; Senadora Mendoza recibió a miembros del Subcomité para Prevenir la Tortura de la ONU, 6 marzo del 2012 http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/Mendoza%20de%20Acha%20-‐%20Atlas%20visita.pdf.
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El 16 de abril del 2012, se llevó a cabo una reunión con los miembros del grupo de trabajo del MNP y el primer miembro designado del Órgano Selector, el juez Pedro Mayor, que se centró en la constitución del Órgano Selector y su reglamento interno. Los expertos del proyecto proporcionaron asesoramiento técnico específico sobre el proceso de selección, en particular en las cuestiones planteadas por los representantes de la sociedad civil, y trataron de reforzar la cooperación entre los diferentes actores del Estado y la sociedad civil en el proceso de la creación del MNP.
El 26 de junio del 2012, el equipo del proyecto llevó a cabo una reunión con los miembros designados por el Órgano Selector del MNP, el grupo de trabajo del MNP y representantes de la sociedad civil. Las discusiones fueron eclipsadas por la destitución inminente del Presidente de la República, que las organizaciones miembros de la sociedad civil de CODEHUPY consideraron un "golpe de Estado parlamentario" y llevaron a suspender la cooperación con el nuevo Gobierno. Por lo tanto, la mayoría de las discusiones se referían a la futura participación de la sociedad civil en la emergencia del MNP, así como a la cooperación con el Gobierno en el contexto de la situación política imperante. Durante una reunión privada con representantes de la sociedad civil, el equipo del proyecto pudo convencer a la coordinadora local CODEHUPY y otros de la importancia de continuar con la participación de la sociedad civil en el proceso de la creación del mecanismo nacional de prevención con el fin de garantizar la selección de miembros independientes y cualificados para el MNP. Finalmente, se llegó al acuerdo de mantener la participación de la sociedad civil en el proceso y nombrar a tres miembros de la sociedad civil para el Órgano Selector.
Los esfuerzos del proyecto de apoyo al proceso de establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención culminaron con el nombramiento del Órgano Selector en agosto del 2012. Este órgano pluralista se compone de representantes de organizaciones de la sociedad civil acreditadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Una página del MNP en el sitio web del Senado también fue creada, proporcionando toda la información necesaria para presentar solicitudes a la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura.
Posterior a este importante paso, el equipo del proyecto organizó una Mesa Consultiva Final el 8 de noviembre del 2012 con los miembros oficiales del Órgano Selector. Durante esta reunión se discutieron los criterios de selección, el procedimiento y las cuestiones de interpretación de la ley y los reglamentos internos, junto con los expertos del proyecto y Víctor Rodríguez Rescia. Ellos llegaron a acuerdos sobre la forma de proceder a la selección, en particular sobre cómo hacer frente a las solicitudes y el proceso de las audiencias públicas.
El equipo del proyecto también tomó la oportunidad en la última visita de continuar sus esfuerzos de cabildeo para un presupuesto adecuado del futuro Mecanismo Nacional de Prevención. Junto con el jefe del Órgano Selector, se reunieron con el jefe de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, con el fin de abogar por la adopción de un presupuesto acorde para el MNP. Por último, se le concedió al MNP un importe total de 1,2 millones de dólares para el año fiscal 2013.
Los miembros de la Comisión Nacional fueron seleccionados en diciembre del 2012. El "proceso abierto, transparente e inclusivo" que condujo a la selección de los comisionados y el establecimiento del MNP en Paraguay fue ampliamente considerado como un ejemplo de buenas prácticas. 65 La Comisión Nacional ha retomado su trabajo en 2013 y desde entonces ha
65 APT, Paraguay: sentando un precedente en la implementación del OPCAT, 16 de enero del 2013.
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estado muy activa en la supervisión de los lugares de detención y en las consultas al Gobierno sobre la prevención de la tortura y los malos tratos en el Paraguay (véase más arriba).
2.1.3. Evaluación
Según las evaluaciones de los socios locales, el apoyo a la creación exitosa del Mecanismo Nacional de Prevención es uno de los principales logros a los que el proyecto Atlas de la Tortura contribuyó. Los resultados se lograron mediante una serie de intervenciones a nivel técnico y político, así como el fomento de las redes interinstitucionales y la cooperación y el aumento de la conciencia pública sobre la importancia de un mecanismo nacional de prevención.
La hipótesis inicial del proyecto era que el proceso de establecimiento iría mucho más rápido -‐ en vista de que ya se había aprobado la ley cuando se inició el proyecto -‐ y que el proyecto proporcionaría principalmente el apoyo técnico a las actividades de del MNP y el fortalecimiento de capacidades en el ámbito del monitoreo preventivo. Sin embargo, el establecimiento del Órgano Selector, así como la provisión de un presupuesto adecuado resultó ser mucho más difícil de lo previsto. Por lo tanto, el proyecto tuvo que centrarse más en el apoyo político que en el soporte técnico de lo previsto inicialmente. La participación de Víctor Rodríguez Rescia como experto de la ONU y miembro del SPT fue decisiva para generar una mayor visibilidad e interés en el proceso de creación y motivar a los actores estatales y no estatales para aumentar su compromiso. La impresión es que sin la presión exterior y la presencia en el país el proceso se movía lentamente, y era dirigido casi exclusivamente por los agentes de la sociedad civil y el grupo de trabajo del MNP. También hay que señalar que la gran crisis política provocada por los enfrentamientos violentos en Curuguaty y la destitución del Presidente Lugo influyó en el proceso y debilitó significativamente la previamente buena cooperación entre el Estado y la sociedad civil. Por lo tanto, el proyecto puso mucho énfasis en las reuniones bilaterales con los principales interesados, así como en las mesas multilaterales consultivas, para mantener el impulso y la presión sobre todas las partes, de modo a lograr avances. Una presencia muy regular en el país y la integración del experto de la ONU Víctor Rodríguez demostró ser vital para mantener la voluntad política y el avance en el establecimiento del MNP.
El inesperado retraso en el establecimiento del MNP hizo imposible que el proyecto proporcionara actividades de desarrollo de capacidades (por ejemplo, formación en control preventivo, técnicas de entrevista, redacción de informes y recomendaciones) para apoyar el funcionamiento del MNP, que sólo empezó a funcionar después de la conclusión del proyecto. El apoyo técnico se centró principalmente en el grupo de trabajo del MNP y en el Órgano Selector. El proceso fue impulsado principalmente por la sociedad civil y el grupo de trabajo del MNP establecidos en la Conferencia de Apertura. Las reuniones continuas con el grupo de trabajo y con otras partes interesadas fortalecieron significativamente su capacidad y su posición como principales motores de reforma. El apoyo a un reglamento interno del Órgano Selector, y el asesoramiento de los expertos en los criterios y procesos de selección proporcionaron un apoyo importante y oportuno para el equipo hasta el final, cuando fue capaz de seleccionar a miembros cualificados para el MNP. La participación de Víctor Rodríguez Rescia facilitó además un intercambio regular del grupo de trabajo del MNP y del Órgano Selector con el SPT y fortaleció su comprensión de los órganos y procedimientos internacionales.
La participación de expertos internacionales y la comunicación permanente de los resultados con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) aseguró que las actividades del proyecto sean objeto de seguimiento y que el impacto logrado es sostenible. Entre el 24 y el 26 de septiembre de 2013, en el marco de una visita de seguimiento de las recomendaciones del
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Comité de Derechos Humanos organizada por el Centro de Derechos Humanos (Ginebra) y CODEHUPY, con el acompañamiento de Víctor Rodríguez, en su calidad de miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se complementó parte de las actividades ejecutadas por el Proyecto Atlas. . Durante es visita el señor Rodríguez se reunió con los miembros del MNP y envió una carta oficial al Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso para abogar por un presupuesto adecuado del MNP de 2014. El 1 de octubre de 2013, el MNP de Paraguay, APT y la Oficina de las Naciones Unidas en Paraguay organizaron un Seminario sobre Políticas y Estrategias para la Prevención de la Tortura, con la participación de y la actuación de los miembros (antiguos y actuales) del SPT, Mario Coriolano y Emilio Ginés.
El proyecto también fue capaz de apoyar a otros mecanismos de seguimiento (véase más adelante en el apoyo a los Observatorios de la Defensa Pública) mediante el desarrollo de una metodología de monitoreo y el fortalecimiento de las capacidades en materia de control preventivo. La Guía de Monitoreo para la Defensa Pública proporciona principios generales para el monitoreo de los lugares de detención, que igualmente pueden ser utilizados y adaptados por el MNP. Por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo de la Defensa Pública tiene un impacto global en el conocimiento y las capacidades de monitoreo en Paraguay.
En resumen, se puede decir que el proyecto ha tenido un impacto significativo y sostenible en el establecimiento del MNP, mediante la combinación de las intervenciones políticas y técnicas, al reunir a representantes de todas las partes y fomentar la cooperación, y mediante la sensibilización y la generación de una mayor visibilidad para el MNP. El equipo del proyecto tuvo que adaptar sus intervenciones al contexto e involucrar a expertos internacionales, pero fue capaz de hacer continuas contribuciones importantes a lo largo de todo el proceso de creación e incluso logró mantenerse a través de momentos de gran conflicto político. El resultado es una Comisión Nacional independiente y eficaz, con miembros altamente calificados de diferentes perfiles profesionales y con un presupuesto estable y suficiente.
2.2. Fortalecimiento del papel de los Defensores Públicos en la Prevención de la Tortura
El segundo elemento clave del proyecto Atlas de la Tortura en Paraguay fue el fortalecimiento de la función de los defensores públicos en la prevención de la tortura y la protección de los detenidos.
2.2.1 Lógica de la intervención
Como se describió anteriormente, se descubrió que la falta de asistencia jurídica a los detenidos es un factor clave que contribuye a la tortura y los malos tratos en el Paraguay. La sistemática falta de acceso a un abogado y su débil papel en la prevención de la tortura y los malos tratos demostró una clara necesidad de desarrollo de capacidades. La dirección de la Oficina de la Defensoría Pública se mostró muy interesada en colaborar con el proyecto Atlas de la Tortura y asumió un fuerte compromiso de aumentar su involucramiento en la lucha contra la tortura y los malos tratos.
Por otra parte, el proyecto fue presentado en el momento ideal para una intervención, ya que la Oficina de la Defensoría Pública estaba a punto de ser adjudicada con la tan esperada independencia y autonomía institucional, elevando su estatus a un Ministerio como la Fiscalía (Ministerio Público), con el aumento de su presupuesto y los recursos y dándole el poder para reorientar su mandato y de establecer asociaciones auto determinadas. La nueva Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública estipula además el derecho de visitar las cárceles y emitir informes y recomendaciones (artículo 10 (5), 29 (5) Ley N º 4423). Con este derecho garantizado, la Defensa Pública decidió ampliar su papel en la prevención de la tortura y los malos tratos mediante el fortalecimiento de su Observatorio de Cárceles, con el deber de
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"verificar las condiciones de vida, atención médica y todo lo relativo al bienestar de los detenidos en diferentes centros penitenciarios y centros de detención de menores en todo el país"66, o incluso el establecimiento de un nuevo Observatorio de la Tortura.
Desde el inicio del proyecto, se creó una fuerte asociación con el jefe de la Oficina de la Defensoría Pública, su adjunto, y el jefe de los defensores públicos penales, con los que el equipo estuvo en la cooperación continua a lo largo del proyecto para adaptar las actividades a las necesidades de la institución.
El equipo del proyecto, junto con la coordinadora local CODEHUPY decidió apoyar a la Oficina de la Defensoría Pública mediante la intervención en tres niveles:
• Fortalecer el acceso a la asistencia jurídica y facilitar las alianzas con otras instituciones
• Fortalecer el conocimiento y la capacidad de los defensores públicos en su papel en la prevención de la tortura y los malos tratos
• Apoyar la creación y el funcionamiento de un mecanismo de vigilancia penitenciaria (Observatorio de Prisiones y el Observatorio de la Tortura)
2.2.2 Descripción e impacto de las actividades
En septiembre del 2011, el equipo del proyecto organizó una Mesa sobre el Acceso a la Justicia y el Fortalecimiento de la Asistencia Jurídica. El objetivo fue identificar y discutir las posibles formas de fortalecer la asistencia jurídica, en particular, mediante el apoyo a la Oficina de la Defensoría Pública a través de la cooperación con los colegios de abogados, grupos de abogados y universidades, de acuerdo con las recomendaciones del SPT.67 El evento fue organizado con el fin de tomar el impulso creado por la reciente aprobación de la Ley de la Defensoría Pública, otorgándole independencia funcional completa. Entre los participantes figuraban el director adjunto de la Oficina de la Defensoría Pública, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el jefe del consultorio jurídico de la Universidad Católica, un representante de los estudiantes, el jefe de CIDSEP, una nueva red de abogados pro bono, varios abogados de la Defensoría Pública, así como de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la asistencia jurídica. El acto estuvo presidido por Arnaldo Hugo Barone, Defensor Público General de la Provincia de Chubut, en Argentina y actor clave en las reformas del sistema de asistencia jurídica en su provincia, quien compartió con los participantes su experiencia comparativa. El evento fue inaugurado con la presentación de los expertos del proyecto sobre la necesidad y las posibilidades de fortalecer la asistencia jurídica, ilustrada con ejemplos de buenas prácticas a nivel mundial de los sistemas de asistencia jurídica. El Sr. Barone compartió sus experiencias de reforma de la asistencia jurídica y el papel de los defensores públicos en la prevención de la tortura. Por último, el Defensor Público Adjunto describió la situación paraguaya y los retos en la prestación de asistencia jurídica y la protección de los detenidos. Posteriormente, los participantes debatieron sobre diferentes posibilidades de aplicación de reformas de asistencia jurídica en Paraguay y la colaboración entre los actores en ese campo. La mesa generó discusiones y reflexiones interesantes sobre la mejora de la asistencia jurídica a través de reformas y cooperaciones interinstitucionales, pero no produjo resultados concretos ni acuerdos de cooperación. En vista de que la ley que otorga la independencia a la Oficina de la Defensoría Pública no estaba todavía en vigencia, la Oficina
66 Ministerio de la Defensa Pública, Comisión observatorio de cárceles, http://www.mdp.gov.py/comision-‐observatorio-‐de-‐carceles/. 67Ver Informe del SPT (2010), párrafo 256.
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de la Defensoría Pública, a pesar del gran interés en los temas presentados y discutidos, se mostró reacia a tomar una posición institucional sobre la reforma del sistema de asistencia jurídica y cerrar acuerdos de cooperación. A pesar de esto, el evento resultó ser un punto de partida útil para los debates y reflexiones sobre este tema, así como para un mayor intercambio regional.
La cuarta visita del proyecto en marzo de 2012 hizo especial hincapié en el fortalecimiento de las capacidades de los defensores públicos en la prevención de la tortura y los malos tratos. El 5 y 6 de marzo del 2012, se organizó un Taller sobre el Papel de la Defensoría Pública en la Prevención de la Tortura con el fin de sensibilizar y capacitar a los defensores públicos sobre su importante papel en la prevención de la tortura. La idea detrás de este evento se originó a partir de consultas con la Oficina de la Defensoría Pública y el INECIP -‐ Paraguay que estaban en el proceso de finalizar un proyecto de la IEDDH para el fortalecimiento de la Oficina de la Defensoría Pública (“Fortalecimiento del Ministerio de la Defensa Pública para garantizar el acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad”)
En las presentaciones y discusiones, Víctor Rodríguez Rescia dio una introducción a la prevención de la tortura y los malos tratos en virtud del derecho internacional y explicó el papel de los defensores públicos en la prevención de la tortura, en particular, la importancia del monitoreo preventivo desde la perspectiva del SPT. Posteriormente, en diferentes grupos de trabajo dirigidos por los expertos del proyecto, los participantes identificaron las principales debilidades legales e institucionales que contribuyen a la tortura y los malos tratos en el Paraguay. Además, las presentaciones de varios expertos locales, de la Defensa Pública, del Poder Judicial y de la sociedad civil generaron un debate fructífero que contribuyó al análisis de nuevas medidas para reforzar el papel de la Defensa Pública en la prevención de la tortura y los malos tratos.
El taller resultó ser un éxito, con 30 defensores públicos de todo el Paraguay sensibilizados en el problema de la tortura y los malos tratos en el país. En particular, fueron capaces de aumentar sus conocimientos sobre las causas profundas de la tortura y los malos tratos y de mejorar su comprensión acerca de los factores legales e institucionales que contribuyen a la persistencia de este fenómeno. Se fortaleció su conocimiento de la función de los abogados como protectores de los derechos de los detenidos. Se familiarizaron más con el trabajo actual y los planes futuros de la Oficina de la Defensoría Pública en el ámbito de la prevención de la tortura y el potencial del monitoreo preventivo. Durante el evento, se presentó el trabajo del Observatorio de Prisiones de Cárceles. Se discutieron formas de fortalecer ese mecanismo, ampliar su mandato y la posibilidad de crear un Observatorio complementario de la Tortura, y se planificaron las actividades del proyecto para fortalecer su creación y las capacidades individuales de sus miembros futuros. La fuerte inclusión de la sociedad civil y la cooperación con el proyecto de la sociedad civil en curso fortalecieron la posición de los representantes de la sociedad civil en calidad de expertos y socios de cooperación para la Defensa Pública.
En la quinta visita, el 13 de abril del 2012, el equipo Atlas de la Tortura y la coordinadora local CODEHUPY organizaron un Seminario de Seguimiento sobre el Papel de la Defensa Pública en la Prevención de la Tortura. El objetivo era el de fortalecer el conocimiento de los defensores públicos en las funciones y posibilidades concretas de prevención de la tortura, y discutir una estrategia del recientemente independiente Ministerio de la Defensoría Pública en la prevención de la tortura, intercambiando experiencias con diferentes países. El seminario fue una vez más coordinado y apoyado por la organización de derechos humanos INECIP.
Se recibió un aporte sustancial sobre las diferentes funciones y posibilidades operativas de los defensores públicos para prevenir la tortura y los malos tratos (representación, investigación y documentación, monitoreo preventivo, formación profesional y desarrollo de capacidades)
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por parte de los expertos del proyecto y Carlos Portillo, psiquiatra, médico y ex miembro de la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, quien hizo una reseña de guías prácticas para detectar tortura y malos tratos durante la detención, tales como el Protocolo de Estambul, y aportó una perspectiva médico-‐ psiquiátrica de la tortura y las estrategias de prevención. Por otra parte, Marta Iris Muñoz Cascante, Defensora Pública General de Costa Rica, compartió las experiencias de su Oficina, un modelo a seguir de Observatorio de los derechos de los detenidos. El seminario fortaleció la conciencia de la Defensa Pública en su papel de abogada en la prevención de la tortura, aprendiendo de la experiencia de esta otra oficina. Esto proporcionó la posibilidad de discutir una estrategia futura por el Ministerio de la Defensa Pública. Se reforzó el conocimiento individual de los defensores públicos sobre las funciones y posibilidades concretas de prevención de la tortura con la prestación de herramientas prácticas para su trabajo diario.
Sobre la base de los resultados del seminario anterior y la decisión del Defensor Público de fortalecer su función como mecanismo de vigilancia, el 14 de abril del 2012, el proyecto organizó un Taller Especializado en la Metodología de Visitas Preventivas a los Lugares de Detención. El objetivo del taller era elaborar directrices prácticas para facilitar las visitas de los Observatorios de la Defensa Pública. El taller fue inaugurado con el discurso de Víctor Rodríguez Rescia sobre el enfoque preventivo desde el punto de vista del SPT como principal mecanismo de prevención de las Naciones Unidas. Posteriormente, los participantes se dividieron en grupos de trabajo y discutieron las diferentes etapas de las visitas de control (preparación, ejecución, seguimiento) con el fin de identificar los puntos importantes de referencia para un mecanismo de seguimiento. Por último, se presentaron los resultados de cada grupo de trabajo, que fueron discutidos y acordados por todos los participantes, que forman la base para la elaboración de un manual de control.
Estas actividades lograron la participación de los defensores públicos de todo Paraguay, mejoraron su comprensión de la labor de los mecanismos de supervisión, y contribuyeron a la elaboración participativa de una estrategia institucional para el funcionamiento de los Observatorios. En particular, ha contribuido al desarrollo de una metodología para las visitas de control preventivo de los Observatorios, constituyendo la base para la elaboración de directrices. La fuerte integración de los actores de la sociedad civil en las actividades reforzó su papel como principal socio de cooperación para el Ministerio de la Defensa Pública y el aumento de su participación global del proyecto.
Las actividades fueron complementadas con el apoyo técnico al Ministerio de la Defensa Pública al proporcionar comentarios a la regulación interna y elaborar un proyecto de acuerdo de cooperación interinstitucional con las diferentes instituciones pertinentes que participan en su labor de vigilancia.
La sexta visita en junio del 2012 se vio ensombrecida por los enfrentamientos violentos en Curuguaty (véase más arriba). El equipo del proyecto participó en una misión de investigación multidisciplinaria en Curuguaty, organizada por CODEHUPY, en cooperación con el Ministerio de la Defensa Pública. El equipo se reunió con fiscales, jueces, abogados y visitó varios centros de detención con el fin de entrevistar a las víctimas del desalojo que alegaron haber sido víctimas de malos tratos durante su arresto y detención y estaban bajo shock grave a raíz de los hechos, algunos de ellos con graves heridas infligidas por golpes y balas de goma. Al participar en estas visitas, el equipo pudo observar el trabajo de la Coordinadora Local y de la Defensa Pública, y comprendió con mayor profundidad la situación política y de derechos humanos del país. En particular, el equipo tuvo la oportunidad de observar las habilidades de supervisión del defensor público, y de discutir la respuesta adecuada a los defensores públicos y organizaciones de derechos humanos cuando se enfrentan a casos de tortura y malos tratos. Por otra parte, la presencia de los expertos del proyecto fortaleció la credibilidad de las
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actividades de la coordinadora local en la vigilancia y la investigación independientes de los graves abusos contra los derechos humanos.
Además, durante la sexta visita del equipo Atlas de la Tortura participó en tres días de actividades en el ámbito de la defensa pública.
En primer lugar, el 27 de junio, se organizó un Taller de Fortalecimiento del Ministerio de la Defensa Pública (Análisis FODA) a cargo de Víctor Rodríguez Rescia, junto con el Ministerio de la Defensa Pública. A dicho taller asistieron los dirigentes (Ministro y Viceministro) de la Defensa Pública, junto con defensores públicos de todo el país. El taller sirvió para evaluar y analizar el estado actual del Ministerio de la Defensa Pública de reciente independencia y, en particular, sus observatorios con el fin de desarrollar un plan de acción para reforzar el papel de la institución en la prevención de las violaciones de los derechos humanos. Este taller proporcionó al Ministerio de la Defensa Pública un análisis de las fortalezas definidas, debilidades, oportunidades y amenazas de la nueva institución.
Al día siguiente, el equipo del proyecto llevó a cabo un Seminario de Capacitación en Monitoreo Preventivo de los Lugares de Detención. Los expertos presentaron el proyecto de directrices sobre la vigilancia de los lugares de detención, elaborado sobre la base del taller de la visita anterior, y los participantes fueron invitados a comentar y hacer propuestas de modificación. De esta manera los expertos del proyecto pudieron finalizar la metodología de seguimiento para la Defensa Pública y sus Observatorios, teniendo en cuenta las observaciones individuales de los defensores públicos y sus retos específicos. Tras una breve revisión de los principios de vigilancia y una introducción a la metodología de formación, se llevaron a cabo juegos de roles en los diferentes grupos, en los que se invitó a los participantes a aplicar las directrices. Se introdujeron casos prácticos, que fueron estudios y actuados, simulando una visita de seguimiento y entrevista con un detenido, así como una entrevista con un director de la prisión. De este modo, la nueva metodología se pudo poner en práctica y los defensores públicos tuvieron la oportunidad de entrar en el papel de los monitores, los detenidos o las autoridades. Tras los juegos de rol, extensas rondas de retroalimentación se llevaron a cabo, dentro de los grupos de trabajo de las personas y entre todos los participantes y los expertos.
El tercer día de actividades se utilizó para un Entrenamiento In Situ de Monitoreo Preventivo en la cárcel de Tacumbú. En pequeños grupos, el equipo del proyecto y los expertos de los centros de coordinación, junto con Carlos Portillo observaron y evaluaron a los defensores públicos mientras llevaban a cabo una visita de seguimiento. Esto les dio la oportunidad de aplicar las directrices, las experiencias y lecciones aprendidas de los juegos de rol. Más tarde, su desempeño fue analizado y discutido en las rondas de retroalimentación entre los participantes y expertos.
Durante la última visita del 1 al 9 de noviembre del 2012, las actividades destinadas a fortalecer el papel de la defensa pública en la prevención de la tortura fueron proseguidas y finalizadas.
El equipo del proyecto organizó un Seminario sobre el Marco Normativo que Prohíbe e Impide la Tortura y los Malos Tratos a raíz de las solicitudes de los defensores públicos para mejorar sus conocimientos sobre las normas legales para la protección de los detenidos. Los expertos del proyecto y de la coordinadora local realizaron presentaciones sobre el derecho internacional y regional de derechos humanos, y sobre las normas nacionales, y discutieron la legislación y los casos con los participantes. Para este evento, el equipo del proyecto y la coordinadora local desarrollaron un "Glosario sobre el Marco Legal que Prohíbe la Tortura y
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los Malos Tratos y la protección de los derechos de los detenidos"68 (Glosario de Tortura y Malos Tratos) que describe las normas internacionales y regionales, así como los estándares nacionales de la República del Paraguay sobre el tratamiento de los detenidos y las condiciones de detención, organizados en orden alfabético de acuerdo a temas de interés (por ejemplo, "educación", "comida ", " salud ") . El objetivo de este glosario es ofrecer una herramienta práctica para las personas que trabajan en la prevención de la tortura y los derechos de las personas privadas de su libertad, en particular los mecanismos de supervisión. Ofrecerá un recurso útil y servirá de punto de referencia para detectar violaciones de los derechos de los detenidos y hacer recomendaciones efectivas. Una versión impresa del Glosario se distribuyó entre los defensores públicos y fue entregada a la institución.
El equipo del proyecto también presentó sus "Directrices sobre Monitoreo de Lugares de Detención"69 (Directrices para Visitas a Lugares de Detención) finalizadas, que había desarrollado junto con Víctor Rodríguez Rescia y el Ministerio de la Defensa Pública. Las Directrices sintetizan la metodología del UNSRT, el SPT, el CPT, los Mecanismos Nacionales de Prevención y las organizaciones especializadas de derechos humanos, en particular la APT, y tiene en cuenta las experiencias personales y los desafíos que enfrentan los defensores públicos y la sociedad civil en Paraguay.
Al día siguiente, se organizó otra Capacitación In Situ sobre Monitoreo Preventivo en las instalaciones de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, siguiendo la misma metodología. Con posterioridad a la visita y su análisis, los participantes recibieron asesoramiento de los expertos sobre la manera de redactar los informes de visita y dar recomendaciones efectivas. La formación dio a los expertos del proyecto la oportunidad de evaluar las capacidades de los participantes y los esfuerzos de aprendizaje realizados durante los meses anteriores. La capacitación in situ también contó con la presencia de representantes del equipo de monitoreo de reciente creación del Departamento de Derechos Humanos de la Corte Suprema para apoyarlos en el desarrollo de su propia metodología de visita, fortalecer sus capacidades en el monitoreo y mejorar la cooperación y coordinación entre las dos instituciones, así como con la sociedad civil. Los dos ciclos de formación de monitoreo fortalecieron las capacidades de alrededor de 50 defensores públicos de todo el país en el monitoreo preventivo (preparación de la visita, realización de entrevistas con detenidos y autoridades, verificación de las condiciones de detención y redacción de informes y recomendaciones). Además de las capacidades técnicas, la evaluación mostró que los entrenamientos también condujeron a una nueva comprensión de los defensores públicos. Muchos de los participantes exprimieron que a través de las capacitaciones se dieron cuenta de que un detenido no es sólo el supuesto autor de un delito, sino también una posible víctima de tortura y malos tratos. Descubrieron entonces su papel de defensores de los derechos humanos de los detenidos.
2.2.3 Evaluación
Las actividades de fortalecimiento de la función de los defensores públicos en la prevención de la tortura han tenido un impacto tanto a nivel institucional como individual. Las mismas fomentaron aún más la comunicación y la cooperación con otras instituciones, en particular las organizaciones de la sociedad civil y reforzaron la visibilidad de la Defensa Pública como actor clave en la prevención de la tortura y los malos tratos.
68 Atlas de la Tortura, Glosario de tortura y malos tratos: Estándares Internacionales y Paraguayos, noviembre del 2011, http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/Atlas_Glosario_final_2012.pdf. 69 Atlas de la Tortura, Directrices para visitas a lugares de detención, noviembre del 2011, http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/Atlas_Directrices de monitoreo_2012.pdf.
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En numerosas consultas y actividades, los expertos del proyecto discutieron el fortalecimiento de la capacidad institucional y la eficacia del Ministerio de la Defensa Pública. A través de seminarios de fortalecimiento de los conocimientos de las diferentes funciones de los defensores públicos en la prevención de la tortura y un análisis FODA de la Defensa Pública, se identificaron los retos y oportunidades que forman la base para el desarrollo de una estrategia de prevención de la tortura. Además, se les proporcionó ejemplos comparativos de otros países, en especial Argentina y Costa Rica. Como resultado de esto, el Ministerio decidió desarrollar y ampliar el papel de sus observatorios para vigilar los lugares de detención, y reportar violaciones de los derechos humanos, así como para formular recomendaciones a las autoridades responsables. Sin embargo, a pesar de los numerosos intercambios y extensas discusiones, los expertos del proyecto no tienen ninguna información acerca de una estrategia formal de la Defensa Pública en su papel en la prevención de la tortura. Es muy importante que las actividades y las numerosas discusiones resulten en la elaboración de un documento de estrategia efectiva y un plan con plazos del Ministerio de la Defensa Pública para la prevención de la tortura y la protección de los detenidos.
El proyecto centró sus esfuerzos en el fortalecimiento de los Observatorios de la Secretaría de la Defensa Pública, que tiene el deber de visitar las cárceles y emitir informes y recomendaciones sobre la situación de los detenidos. Para ello, el equipo del proyecto formuló observaciones al reglamento interno del Ministerio y la creación del Observatorio y les proporcionó una metodología de seguimiento duradero. Las Directrices sobre el Monitoreo de Lugares de Detención fueron desarrollados conjuntamente con la Defensa Pública para garantizar la propiedad del producto. De esta manera, el proyecto ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de las capacidades de la institución en el ámbito de la prevención de la tortura y de los Observatorios en particular. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer para garantizar una función de vigilancia efectiva de la Defensa Pública. En particular, hasta el fin del proyecto, no estaba claro si la Defensa Pública mantendrá el plan de tener dos Observatorios (Observatorio de Cárceles y el Observatorio de la Tortura), o si a largo plazo sólo querrá tener un mecanismo único que garantice la protección de los derechos de los detenidos. Si bien la Agenda de Exigibilidad de CODEHUPY70 menciona explícitamente el Observatorio de la Tortura, al contrario del Observatorio de Cárceles, éste no se describe en ninguna parte en la página web de la Defensa Pública. Además, la descripción del Observatorio de Cárceles parece estar desactualizada y el último informe de actividad data de 2011. Además, no fue finalmente decidido si el Observatorio de la Tortura tendría un papel puramente preventivo o también investigaría las denuncias de tortura y si se quiere extender su mandato para incluir otras violaciones de derechos humanos contra los detenidos, como la detención arbitraria o la negación de un juicio rápido y justo, etc.
Por lo tanto, la Defensa Pública debe seguir la discusión y reflexión sobre una estrategia de la institución para la prevención de la tortura y el desarrollo de un mandato claro y la regulación del funcionamiento de los Observatorios. El fortalecimiento de las capacidades de los defensores públicos en el monitoreo sólo tendrá impacto si los Observatorios adoptan un plan de trabajo y una estrategia claros, y si están proporcionados con los necesarios recursos para llevar a cabo este mandato.
Las actividades del proyecto han tenido un impacto particularmente significativo en las capacidades individuales de los defensores públicos designados por el Ministerio de la Defensa Pública para desempeñar un papel en la prevención de la tortura – ya sean miembros de un Observatorio o actúen en otro carácter. El Ministerio se aseguró de que la mayoría de los
70 CODEHUPY, Agenda de exigibilidad, p. 42.
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participantes siguiera la serie completa de las actividades del proyecto para permitir un fortalecimiento continuo de sus conocimientos sobre el tema de la tortura y los malos tratos y el papel de los defensores públicos, así como sus capacidades para llevar a cabo el monitoreo en los lugares de detención, a fin de identificar violaciones de derechos humanos y las posibles formas de prevenir nuevos abusos. Como resultado de esto, que fue confirmado por las evaluaciones, un grupo de más de 50 defensores públicos se ha familiarizado con el problema de la tortura y violaciones de los derechos de los detenidos en Paraguay, así como con el papel de la Defensa Pública. Se han convertido en expertos en la materia de prevención de la tortura y, en particular en la manera de supervisar los lugares de detención, desde la preparación de la visita, la realización de entrevistas y la comprobación de las condiciones materiales, hasta la redacción de informes y recomendaciones. Los principales participantes han desarrollado la capacidad de convertirse en miembros de un mecanismo de seguimiento, como el Observatorio, y de formar a otros defensores públicos en la prevención de la tortura y la vigilancia de los lugares de detención y para desarrollar nuevas ideas sobre las estrategias y mecanismos de la Defensa Pública para prevención de la tortura.
Las actividades del proyecto han reforzado considerablemente el papel de la sociedad civil en la prevención de la tortura y los malos tratos, y el proyecto en sí se ha visto enormemente beneficiado gracias a este socio sólido y bien establecido. La relación entre el equipo de Viena y los socios de Paraguay fue por lo tanto una de refuerzo mutuo. La fuerte integración de CODEHUPY y la cooperación con INECIP y con otros actores de la sociedad civil en todas las actividades reforzó su papel como principal socio de cooperación para el Ministerio de la Defensa Pública y aumentó su participación global en el proyecto. Además, mediante la integración progresiva de los representantes de la sociedad civil en calidad de expertos y formadores, su capacidad para llevar a cabo este tipo de formación, en las capacitaciones específicas en el monitoreo de lugares de detención, se vio fortalecida. El proyecto produjo dos publicaciones, las Directrices y un Glosario, así como la metodología y los materiales de formación verificados, que se elaboraron e implementaron junto con expertos de la sociedad civil y de la Defensa Pública. Por consiguiente, la Oficina asumió la plena propiedad de las actividades del proyecto y desarrolló la capacidad de reproducir actividades similares de forma independiente en el futuro, lo que garantiza la sostenibilidad del impacto del proyecto.
Las diferentes actividades no sólo se llevaron a cabo en cooperación con la coordinadora local CODEHUPY, sino también fueron coordinadas con otros actores estatales y no estatales pertinentes mejorando su cooperación y fomentando las asociaciones. Por ejemplo, el equipo del proyecto coordinó sus actividades de desarrollo de capacidades con la ONG de derechos humanos INECIP para hacerse cargo de la conclusión de su proyecto “Fortalecimiento del Ministerio de la Defensa Pública para garantizar el acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad”, generando sinergias entre los dos proyectos, y la entrega de los esfuerzos de desarrollo de capacidades e impacto sostenible del proyecto del INECIP.
En la serie final de las capacitaciones, los representantes del mecanismo de seguimiento de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema también participaron, fortaleciendo así sus capacidades y mejorando el contacto y la comunicación entre los dos mecanismos.
Durante la última visita de los expertos del proyecto, el Ministro de la Defensa Pública y su adjunto celebraron una reunión con el Ministro de Justicia, su Vice Ministro de Derechos Humanos y el Jefe de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, para presentar el trabajo y los planes de la Defensa Pública en la prevención de la tortura y el Observatorio. De esta manera, se fortalecieron la cooperación y la comunicación entre las dos instituciones, lo cual es importante para garantizar la transparencia del trabajo de los observatorios en las instituciones penitenciarias y su acceso a las instituciones. También fue una oportunidad para elevar al más alto nivel del Estado los asuntos relacionados con el sistema penitenciario.
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2.3 Fortalecimiento de la lucha contra la impunidad
El tercer objetivo del Proyecto Atlas de la Tortura en Paraguay fue la lucha contra la impunidad de la tortura y los malos tratos.
2.3.1 Lógica de la intervención
Como se describió anteriormente, el problema de la impunidad es uno de los principales factores que contribuyen a la tortura y los malos tratos en el país. Por lo tanto, al elaborar el plan de trabajo con CODEHUPY se consideró importante hacer referencia a esta cuestión en el proyecto.
Si bien las reformas previstas en el Código Penal para modificar la definición de tortura en consonancia con el derecho internacional representó un buen impulso para la intervención, se estimó que no hay voluntad política para llevar a cabo nuevas reformas para mejorar las investigaciones de casos de tortura y malos tratos. La mayoría de los ministerios, así como la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial han instalado departamentos especiales de derechos humanos. Los fiscales incluso han creado una unidad especializada para la investigación de casos de violación de derechos humanos. Sin embargo, hay muy pocas investigaciones y ninguna condena por tortura. Esto al parecer no se debe a la falta de recursos y capacidades, sino principalmente a la falta de independencia de esta unidad. Después de muchas discusiones con representantes de la sociedad civil y la coordinadora local del proyecto, se decidió que las actividades destinadas a las reformas legales para el establecimiento de un mecanismo verdaderamente independiente de investigación ("policía de la policía") no tendría un impacto satisfactorio y que las actividades de desarrollo de capacidades específicas para mecanismos parciales no serían útiles sin cambios legales e institucionales. Por otra parte, mientras que los representantes de la unidad de derechos humanos mostraron gran interés en la cooperación, el Fiscal General no mostró apertura o el apoyo para el proyecto en sus inicios. A pesar de esto, la cuestión de la impunidad no podía ser ignorada. Por lo tanto, se decidió proporcionar asistencia técnica y apoyo político a la reforma del Código Penal, y la organización de una mesa redonda pública entre los actores relevantes involucrados en la investigación de violaciones de los derechos humanos con el fin de evaluar la posibilidad de seguir con éxito esta temática en escenarios públicos. El proyecto también se refirió al problema de la impunidad en el marco de otras actividades y en las reuniones bilaterales y cerradas.
2.3.2 Descripción de las actividades
Ya durante la visita de evaluación del proyecto, el problema de la impunidad fue el centro de muchas reuniones con el Estado, los actores no estatales y la comunidad internacional.
El problema de la impunidad se explica a menudo por la inadecuada definición de tortura en el Código Penal. Por lo tanto, los expertos del proyecto instaron enérgicamente a las autoridades a seguir adelante con su reforma. Durante una fructífera reunión con el Presidente de la Corte Suprema, el mismo se comprometió a tomar el asunto en sus manos para la defensa de una rápida aprobación del proyecto de ley en el Parlamento. Previa solicitud, los expertos presentaron sus observaciones al proyecto por escrito al departamento de derechos humanos de la Corte Suprema. Siempre que fue posible durante la ejecución del proyecto, los expertos continuaron abogando por una reforma oportuna de la definición de tortura en el Código Penal en reuniones bilaterales o durante otras actividades. El 22 de mayo de 2012, la ley n. 4614/12 que modifica el Art. 309 fue finalmente aprobada por el Parlamento, lo que mejoró bastante la definición del delito de tortura (véase más arriba).
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Los expertos y sus socios hicieron hincapié continuamente en que la reforma legal, sin embargo, es sólo un primer paso en la lucha contra la impunidad y no tendría mucho efecto si no se garantiza una investigación pronta e imparcial de todos los casos de tortura.
Este tema fue ampliamente debatido durante la Conferencia de Apertura en junio del 2011, donde los representantes clave del Estado y en particular de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y representantes de la sociedad civil formularon una serie de recomendaciones.
Para avanzar en los debates sobre la lucha contra la impunidad y la necesidad de mecanismos eficaces de investigación, el proyecto organizó una Mesa Redonda Interinstitucional sobre la Impunidad, el 9 de marzo del 2012. El objetivo del evento era reunir a representantes de las principales instituciones involucradas en la investigación de casos de tortura y malos tratos (los departamentos de la Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio Público/Fiscalía, Corte Suprema, Defensor del Pueblo , la Oficina de la Defensa Pública y las organizaciones de la sociedad civil), para aumentar el conocimiento sobre el trabajo de los demás y mejorar su coordinación y la cooperación para luchar contra la impunidad en Paraguay. Los representantes de las diferentes instituciones presentaron el papel de sus instituciones y los retos que enfrentan, y se involucraron en discusiones vividas sobre el camino a seguir para luchar contra la impunidad. Posteriormente, los participantes establecieron una lista de objetivos a alcanzar por cada institución con el fin de mejorar la lucha contra la impunidad en el plazo de un año.
Entre ellos se mencionaron: La mejora de la coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Oficina de la Defensa Pública, el establecimiento de un nuevo sistema de remisión de las denuncias de tortura y malos tratos para permitir una investigación pronta y coordinada con la sociedad civil; restauración y la mejora de la Comisión Inter -‐ institucional para supervisar los centros de detención y mejorar la cooperación entre las diferentes instituciones estatales y no estatales; el apoyo a las visitas realizadas por el Ministerio del Interior a centros de detención para mejorar la documentación de casos de tortura registrados y su remisión a la Fiscalía.
En vista de los avances en el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención, no se han ampliado los términos de las Comisiones Interinstitucionales. Sin embargo, el evento mejoró los contactos, la cooperación informal y la coordinación entre las diferentes instituciones. Se generó también conciencia del problema de la impunidad y se destacó la necesidad de una investigación exhaustiva e imparcial sobre violaciones de derechos humanos y la necesidad de a los responsables ante la justicia.
Durante su sexta visita en junio de 2012, el equipo del proyecto planteó la importancia de las investigaciones independientes en los dramáticos acontecimientos de Curuguaty, durante la misión de investigación que analizó los pasos a seguir con los fiscales y los jueces. En las visitas a las cárceles y entrevistas con los detenidos, los expertos del proyecto recibieron numerosas denuncias de tortura y malos tratos y fueron capaces de documentar signos visibles de maltrato grave.
En un evento organizado en conjunto con la Fundación Pérez Celestina de Almada, en conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura el 26 de junio, Víctor Rodríguez Rescia hizo hincapié en la importancia de la lucha contra la impunidad de las
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atrocidades pasadas y presentes durante la dictadura militar, con el fin de prevenir la tortura y otros abusos de los derechos humanos en el futuro.71
2.3.3 Evaluación
Como era de esperarse, la cuestión de la impunidad en Paraguay era extremadamente sensible y había poca voluntad política para llevar a cabo otras importantes reformas políticas de modo a garantizar que todos los casos de tortura y malos tratos se investiguen con prontitud e imparcialidad de acuerdo con los artículos 13 y 14 del CAT. Si bien es muy loable que la definición de la tortura haya sido reformada en el Código Penal, queda por verse si esta reforma dará lugar a más investigaciones y condenas.
Mientras que el proyecto generó un debate útil y creó conciencia sobre la lucha contra la impunidad y la necesidad de investigaciones independientes, se logró un impacto tangible en ese campo. Considerando la falta de voluntad política para lograr cambios legales e institucionales significativos, se decidió durante la ejecución del proyecto no seguir este tema con actividades específicas, sino más bien abogar por reformas en el marco de otras actividades y reuniones, y apoyar la lucha contra la impunidad a través de otras vías (refuerzo del papel de los defensores públicos, el fortalecimiento del monitoreo preventivo, etc.). Otra observación lamentable fue la falta de compromiso del Ministerio Público. Su unidad especial de procesamiento de abusos de derechos humanos no participó ni en la Conferencia ni en la Mesa Redonda sobre la Impunidad. Sin embargo, la falta de voluntad política se hizo aún más evidente tras el incidente violento en Curuguaty. A pesar de las numerosas denuncias creíbles de tortura y malos tratos, ninguna investigación significativa se ha llevado a cabo y ningún oficial de policía ha sido acusado. Es decepcionante que a pesar de las numerosas denuncias de tortura y malos tratos en el país y la crítica constante de los mecanismos internacional de monitoreo de derechos humanos, el problema de la impunidad no es todavía tomada lo suficientemente en serio y muy poco se ha hecho para llevar a los culpables ante la justicia. Mientras que no haya un compromiso claro por parte del Estado, y las reformas legales e institucionales necesarias para garantizar investigaciones independientes y eficaces no se lleven a cabo, el problema no será resuelto.
La esperanza es que el MNP -‐ que, entre sus funciones preventivas clásicas también tiene la facultad de responsabilizar a los funcionarios públicos por el mal desempeño de sus funciones y la de la prevención de la erradicación de la tortura y los malos tratos -‐ ponga este tema en la agenda política y tenga éxito en la promoción de cambios significativos.72
2.4 Fortalecimiento de la cooperación entre el Estado y la sociedad civil
En el momento del inicio del proyecto, la coordinadora local CODEHUPY se vio fuertemente criticada por la defensa legal de presuntos simpatizantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en un caso de secuestro. Esto llevó a un deterioro de la relación con los representantes del Estado. El Fiscal General en ese momento, Rubén Candia Amarilla, incluso había acusado a los abogados de CODEHUPY de complicidad con el EPP.73 Los miembros de CODEHUPY
71El video de Víctor Rodríguez Rescia está disponible en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=rBo_OAq7FWI. 72 Art. 28 Ley 4288. 73 Paraguay.com, Abogados de Codehupy niegan tener vínculos con miembros del EPP, 5 de julio del 2011, http://www.paraguay.com/nacionales/abogados-‐de-‐codehupy-‐niegan-‐tener-‐vinculos-‐con-‐miembros-‐del-‐epp-‐72670.
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continuamente hicieron énfasis en que no están apoyando el EPP, ni simpatizan con el grupo, sino simplemente buscan la defensa de los derechos humanos de las personas acusadas.
El proyecto Atlas de la Tortura, si bien evitó en todo momento la participación en las cuestiones políticas en torno a la lucha contra el EPP, ha apoyado la posición de CODEHUPY como un importante actor objetivo e imparcial de los derechos humanos, y fortaleció su cooperación con el Estado.
La cooperación continua y transparente con CODEHUPY, incluyendo su participación en todas las reuniones bilaterales con los expertos de la ONU y los representantes del Estado (ministros, miembros del Parlamento, etc.) ha contribuido a fortalecer su posición como organización de derechos humanos independiente e imparcial, reconocida internacionalmente. Al reunir a representantes del Estado y la sociedad civil en todas las actividades, se han reforzado su comunicación, coordinación y cooperación, reduciendo la brecha y enfocándose en las cuestiones técnicas de derechos humanos. Se destaca la fuerte asociación entre la coordinadora local y otras organizaciones de la sociedad civil con el Ministerio de la Defensa Pública, que el proyecto fue capaz de fortalecer mediante la ejecución de sus actividades. Además, la participación de representantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema ha abierto las puertas a la mejora de la cooperación en el futuro.
La formación de un grupo de trabajo del MNP compuesto por representantes del Estado y la sociedad civil proporcionó un foro especial de mucha importancia para la coordinación y cooperación permanentes destinadas a un objetivo común y al mejoramiento del contacto entre los diferentes actores involucrados.
Los expertos del proyecto, junto con Víctor Rodríguez y sus principales contrapartes de la sociedad civil han sido capaces de dirigir el proceso de la creación del MNP durante el periodo de agitación política, y apoyaron su importante decisión de continuar con la participación de la sociedad civil en el proceso de establecimiento del MNP a pesar de la suspensión de toda cooperación con el nuevo Gobierno tras la destitución del Presidente Lugo.
A pesar de las grandes diferencias entre el nuevo Gobierno y CODEHUPY, al final del proyecto se llevó a cabo una reunión conjunta con Víctor Rodríguez, el nuevo Ministro de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública, con el fin de obtener el apoyo para el Observatorio de la Defensa Pública.
Con todo, el proyecto fue capaz de fortalecer la cooperación entre la sociedad civil y el Estado, y subrayar la importancia del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención de la tortura y los malos tratos. La cooperación con el nivel medio de las autoridades estatales, en particular con los defensores públicos y con el Mecanismo Nacional de Prevención puede llegar a tener un impacto sostenible. A nivel ministerial, se ha producido un cambio radical en el gobierno y los cambios políticos requieren nuevos esfuerzos para vincular a la sociedad civil y al gobierno y mejorar la comunicación y la cooperación en la lucha contra la tortura.
2.5 Micro-‐proyectos de prevención de la tortura
El proyecto en Paraguay prevé dos subvenciones para actores locales de la sociedad civil para llevar a cabo micro-‐proyectos que contribuyan al objetivo global de prevención de la tortura y de los malos tratos. Una convocatoria se distribuyó públicamente entre los actores de la sociedad civil en Paraguay y por el sitio web de CODEHUPY. Los candidatos pre-‐seleccionados a base de su proposición fueron invitados a una entrevista antes de la selección final. Las subvenciones se concedieron a dos organizaciones diferentes de la sociedad civil, Enfoque Territorial e INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), para
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proyectos con un enfoque educativo específico para reforzar los derechos de los grupos vulnerables en riesgo particular de ser sometidos a tortura y malos tratos. Los proyectos fueron elegidos por sus propuestas sólidas y convincentes y por la demostrada experiencia de las organizaciones en materia de derechos humanos. Por otra parte, estos proyectos llenaron un vacío en el proyecto Atlas en la prestación de conocimiento sobre los derechos humanos ‘desde abajo’, a las comunidades especialmente vulnerables a la tortura y los malos tratos, así como otras violaciones de los derechos humanos.
2.5.1 . Enfoque Territorial: Prevención de la tortura de la Policía Nacional hacia usuarios de crack en el Bañado Sur
La organización Enfoque Territorial, integrada por psicólogos y educadores, tiene el objetivo de fortalecer partes de la sociedad social vulnerables, promoviendo su desarrollo y el fortalecimiento de sus derechos a través de proyectos de promoción de la participación pública, del acceso a las instituciones públicas y de la educación y de la formación. La organización tiene una larga experiencia en el trabajo en Bañado Sur, un barrio particularmente pobre de Asunción, donde el abuso de drogas como el crack es un problema serio, y coopera con las organizaciones sociales en la reducción de daños así que en los programas comunitarios de rehabilitación. En el momento de la selección, Enfoque Territorial estaba trabajando de forma voluntaria, sin financiación pública, privada o internacional. El micro-‐proyecto fue gestionado y llevado a cabo a través de Enfoque Territorial y "Psico Róga", su centro de psicólogos que existe desde hace tres años, como centro de la comunidad para los programas de reducción de daños y tratamiento de grupo.
En los últimos años, se ha observado un aumento de la represión de los usuarios de drogas de la parte de la policía local y la unidad nacional antidrogas, a menudo utilizando fuerza excesiva, malos tratos y tortura. El proyecto "Prevención de la tortura de la Policía Nacional hacia usuarios de crack en el Bañado Sur" tuvo el objetivo de acompañar y fortalecer las capacidades de los usuarios de drogas y sus familiares en el ámbito de los derechos humanos y la prohibición de la tortura. De noviembre 2012 a enero 2013 se llevaron a cabo dos series de formaciones en Bañado Sur. Una capacitación fue dirigida a las madres de los usuarios de drogas y los miembros de las "Madres que luchan por la salud de sus hijos", otra se dirigió a los propios usuarios de drogas. Las capacitaciones se realizaron en 9 sesiones cada cual planteo, entre otras cosas, los siguientes temas: implicaciones para la salud y la seguridad del consumo de drogas, reducción de daños, uso de drogas, estigma y discriminación, protección de derechos humanos en del derecho internacional y nacional, tortura y detención, normas nacionales y internacionales en relación con el consumo de drogas. Además, el proyecto llevó a cabo actividades de sensibilización en la comunidad sobre los derechos humanos y el uso de drogas, mediante el desarrollo de carteles, pancartas y volantes que se fijaron en la comunidad.
Debido al éxito del proyecto, se decidió ofrecer Enfoque Territorial otra subvención para 6 más capacitaciones que tuvieron lugar de septiembre a octubre de 2013. Las formaciones fueron conceptualizadas como un seguimiento de las sesiones de 2012 y dirigidas a los mismos participantes. El objetivo fue de capacitar a los participantes como multiplicadores y promotores de los derechos humanos en la comunidad. Los cursos sirvieron como fortalecimiento de los conocimientos en materia de derechos civiles y sociales y la prestación de una comprensión más profunda de los movimientos sociales y el funcionamiento práctico y operativo de las instituciones del Estado, como la policía, la fiscalía y el Centro Nacional de Adicciones.
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El proyecto fortaleció los conocimientos y las capacidades de los participantes, los cuales recibieron herramientas para identificar y documentar las violaciones de los derechos humanos y la defensa de sus derechos.
2.5.2 INECIP -‐ Paraguay : Promoción de los derechos humanos y la prevención de la tortura y los malos tratos
La organización INECIP lleva a cabo investigaciones científicas y proporciona asistencia técnica en el ámbito de la justicia penal y los derechos humanos. Está compuesta por distinguidos expertos en el campo del derecho, las ciencias sociales y otras disciplinas, y es un actor clave para la promoción de los derechos humanos y la prevención de la tortura en el país. La propuesta inicial de proyecto fue una serie de capacitaciones para los adolescentes privados de libertad, así como los educadores públicos que trabajan en los centros de detención para informarles de sus derechos y proporcionarles las herramientas para defenderse en casos de violaciones. Debido a un cambio en el liderazgo del INECIP, la planificación de las actividades se retrasó y con las elecciones presidenciales y cambios en la administración, INECIP no pudo obtener las autorizaciones necesarias de acceso para llevar a cabo las formaciones en los centros de detención antes de la finalización del proyecto Atlas. Después de consultas con el equipo del proyecto, INECIP decidió reorientar el objetivo de la formación y trabajar con menores en riesgo de ser detenidos y en conflicto con la ley. Después de una evaluación de las necesidades (teniendo también en cuenta la exitosa iniciativa de Enfoque Territorial) y el contacto con las organizaciones comunitarias, INECIP decidió trabajar en el Bañado Sur.
Junto con la organización "Mil Solidarios" INECIP realizó cuatro cursos para adolescentes en situación de riesgo y para sus padres. Las formaciones se llevaron a cabo por dos abogados de derechos humanos, con una larga experiencia en materia de derechos humanos y derechos de los niños, así que en la prevención de la tortura y los malos tratos.
Las capacitaciones para 25 padres activos con la organización "mil solidarios " en situación de riesgo trataron de los derechos reconocidos en la legislación paraguaya así como herramientas prácticas para reclamar sus derechos a través de denuncias y comunicaciones. Un enfoque particular fue puesto sobre la tortura y los malos tratos, la identificación de estos actos y de las leyes contra la prohibición y la protección de tales prácticas. Además se invitó a los participantes a compartir sus experiencias con la policía y imaginar formas de reacción en casos de violaciones en el futuro: quejas administrativas, judiciales, comunicación con los mecanismos de control, documentación de los casos y publicación. En la formación para los adolescentes se reunieron 25 personas entre 14 y 18 años que forman parte de “Mil Solidarios” y su grupo de jóvenes "Yvy give". El objetivo de la capacitación era de fortalecer los derechos de los niños y adolescentes. Los participantes recibieron una introducción en los derechos humanos, del niño y de la situación actual en Paraguay. Posteriormente, se les invitó a formar grupos de trabajo y reflexionar sobre su situación actual, los problemas cotidianos enfrentados, los compromisos que se deben tomar y las demandas a la sociedad y a las autoridades. Ellos desarrollaron un catálogo de preocupaciones, compromisos y exigencias sobre los siguientes temas: el consumo de drogas, la violencia inter-‐familiar, los derechos sexuales y reproductivos, la discriminación, la seguridad pública y la educación.
Como resultado, los adolescentes y padres de familia en Bañado Sur aumentaron su conocimiento de los derechos humanos y su protección en virtud del derecho nacional e internacional, y fortalecieron su capacidad para defenderse en casos de violaciones. Los adolescentes identificaron los principales problemas enfrentados. Los vínculos entre el grupo "Mil Solidarios” y los organismos especializados se fortalecieron, abriendo la puerta a una futura cooperación para el desarrollo de capacidades continuadas.
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3. Seguimiento del proyecto y avances en la prevención de la tortura
El propósito de este capítulo es ofrecer consejos sobre cómo continuar con el seguimiento de las recomendaciones internacionales para la prevención de la tortura y los malos tratos en el Paraguay, construyendo sobre el impacto del proyecto Atlas de la Tortura, y avanzando en el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales en la lucha contra la tortura. Las recomendaciones se basan en las experiencias del equipo de proyecto durante sus siete visitas al país, amplias consultas con sus asociados de la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional, así como en la evaluación del proyecto y de la situación de la prevención de la tortura en el país.
Al evaluar el impacto sostenible y analizar el seguimiento al proyecto, debe tenerse en cuenta que la ejecución del proyecto estuvo marcada por un importante punto de inflexión político, el juicio político al Presidente y la decisión de la sociedad civil de suspender toda cooperación con el Gobierno interino. Es de esperar que el nuevo Gobierno siga tomando el tema de la prevención de la tortura y los malos tratos en serio. Muchas de las recomendaciones de los actores internacionales están pendientes de aplicación y la continuación de las prácticas de tortura y malos tratos, así como las condiciones deplorables de detención que arriesgan la vida y la salud de muchos presos, exigen medidas inmediatas y eficaces.
En el presente capítulo se ofrecerá ayuda sobre cómo avanzar en la lucha contra la tortura y los malos tratos en el país, sobre la base de las recomendaciones anteriores del UNSRT, el SPT, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, así como las organizaciones locales de derechos humanos. El análisis y las recomendaciones van más allá de las áreas afectadas por el proyecto, pero no pueden tocar a todas las áreas relacionadas con la prevención de la tortura y los malos tratos. Sin embargo, es de esperar que las recomendaciones y el asesoramiento dado por muchos actores reunidos en este capítulo contribuyan a una evaluación exhaustiva de la situación de la prevención de la tortura en el país y la elaboración de un Plan Nacional de Acción contra la Tortura efectivo y específico por parte del nuevo Gobierno, en cooperación con la sociedad civil y la comunidad internacional.
3.1 Avances en las Políticas de Estado en la lucha contra la tortura y los malos tratos
Garantizar la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos
La denominada "lucha contra el terrorismo dirigida contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)" al que se responsabiliza de una serie de atentados con bombas, asesinatos y secuestros, ha endurecido el discurso de la seguridad en el país. Con la toma de posesión del nuevo presidente Horacio Cartes, que ha hecho de la lucha contra el EPP uno de sus objetivos principales, el Parlamento también decidió otorgarle nuevos poderes, incluyendo el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas donde opera el EPP. CODEHUPY ha criticado oficialmente los cambios previstos en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interior Nº 1337/99. Conceder al Presidente el poder discrecional para calificar las acciones como terroristas que requieran la intervención de las Fuerzas Armadas perturbaría la separación y equilibrio de poderes. Además, la insuficiente definición de terrorismo y la total discreción del Presidente sin ningún tipo de control judicial pueden abrir la puerta a la arbitrariedad y el abuso. También se criticó
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que la ley se configura prácticamente en un estado de excepción permanente, sin limitación territorial o temporal, y más allá del escrutinio legislativo. 74
El equipo del proyecto observa los últimos acontecimientos con preocupación y recuerda al Estado el carácter absoluto y la imprescriptibilidad de la prohibición de la tortura (art. 2, párrafo 2 del CAT: "Ninguna circunstancia excepcional, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, podrá ser invocada como justificación de la tortura".)
Los mecanismos internacionales y organizaciones locales han criticado las declaraciones de estados de emergencia en el pasado y las restricciones y violaciones de los derechos humanos en este contexto. El Comité contra la Tortura instó a Paraguay a limitar la declaración del estado de emergencia para los casos estrictamente necesarios y a que se adhiera estrictamente a la prohibición absoluta de la tortura, lo que no permite limitaciones ni excepciones. 75
Además, de acuerdo con el análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se debe considerar que las Fuerzas Armadas no tienen la misma formación que las fuerzas de policía civil para prevenir la delincuencia y garantizar la seguridad en el interior, y a menudo carecen particularmente de la adecuada capacitación en derechos humanos. Por lo tanto, el uso de las fuerzas armadas en el interior a menudo se relaciona con un riesgo elevado de violaciones de derechos humanos.76 En este contexto, es especialmente preocupante que la Ley de Defensa Nacional aún no contiene una prohibición de la tortura. Por lo tanto, si el restablecimiento de la seguridad interior no se puede asegurar con las fuerzas policiales existentes, se debe considerar una revisión de la Ley de Defensa Nacional. En cualquier caso, ya sea por parte de la Policía o las Fuerzas Armadas, cualquier operación policial a gran escala debe ir acompañada de una declaración clara y firme de las autoridades que todas las acciones de las fuerzas de seguridad deben respetar la prohibición absoluta de la tortura y garantizar la plena protección de los derechos humanos de la población civil, así como de los presuntos criminales o terroristas. Todas las fuerzas involucradas deben recibir instrucciones claras y capacitación. Para evitar que otras operaciones de seguridad a gran escala trágicas como el incidente mortal en Curuguaty, las intervenciones de los funcionarios de seguridad deben ser vigiladas de cerca por el MNP y otros agentes independientes. De acuerdo con los puntos planteados, el Plan Nacional de Derechos Humanos establece los objetivos a corto plazo para garantizar el respeto de los derechos humanos durante el estado de emergencia y para revisar el Código Penal Militar de modo a incluir la tipificación de la tortura.77
Todos los procesos de reformas deben ir acompañados de una declaración pública muy clara e inequívoca por parte las máximas autoridades, de que la tortura está absolutamente prohibida, que todas estas prácticas serán investigadas vigorosamente y los responsables serán llevados ante la justicia, y que todos los funcionarios del Estado deben trabajar conjuntamente con la sociedad civil del país para prevenir la tortura y los malos tratos en todo el país. Esto incluye campañas de sensibilización y de educación de la población sobre el problema de la tortura y sus consecuencias.
74 CODEHUPY, Nota presentada por la Codehupy a la Cámara de senadores, 22 de agosto del 2013, http://www.codehupy.org/attachments/223_Nota%20presentada%20por%20la%20Codehupy%20a%20la%20C%C3%A1mara%20de%20senadores.pdf. 75 CAT, Observaciones Finales (2011), párrafo 13. 76 Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009. 77 Eje Estratégico III, Tema II: Prevención de la Violencia y Seguridad Ciudadana, acción estratégica 29, 44.
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Revisión del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos
El Estado Paraguayo ha aprobado definitivamente el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos (Plan Nacional de Derechos Humanos) en 2013 incluyendo indicadores para supervisar la situación de los derechos humanos y los resultados obtenidos, que también contiene secciones relativas a la prevención de la tortura y los malos tratos.78 El Comité de Derechos Humanos de la ONU sin embargo, ha lamentado que el Plan no refleja plenamente todos los problemas identificados y los acuerdos y consensos alcanzados en el proceso de participación del Estado y representantes de la sociedad civil y las líneas estratégicas de acción propuestas originalmente para permitir la aplicación efectiva.79 Se recomienda por lo tanto revisar el Plan Nacional de Acción e incluir un presupuesto adecuado, el seguimiento y la rendición de cuentas, indicadores claros de derechos humanos, así como la participación de la sociedad civil.80 Esto también va para las partes en el Plan de Acción que se refieren a la prevención de la tortura y los malos tratos que carecen de una estrategia clara sobre la manera de aplicar las recomendaciones, indicadores, un marco de tiempo definido y el procedimiento.
Elaboración de un Plan de Acción Nacional contra la Tortura
Sobre la base del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y con el liderazgo de los mecanismos de seguimiento, el Estado Paraguayo debe adoptar un Plan de Acción Nacional contra la Tortura.
Es importante que un proyecto no solamente repita las recomendaciones internacionales, sino que proponga medidas concretas sobre la manera de ponerlas en práctica y contenga indicadores claros y medibles,81 así como un marco de tiempo. Debe desarrollarse en un proceso transparente e inclusivo en el que participen representantes de los distintos departamentos del Estado (por ejemplo, Ministerio de Justicia, Interior, Defensa, Salud, Educación y Trabajo, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Parlamento), la sociedad civil (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, universidades, abogados y asociaciones médicas, etc.) y en particular el MNP, que publica periódicamente recomendaciones claras para la prevención de la tortura y los malos tratos en el país. 82 Se alienta a la comunidad internacional a apoyar este plan como lo ha hecho en el pasado.
Fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones internacionales
Además, Paraguay tiene una Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, para coordinar las acciones de los diferentes ministerios y una Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Condenas y recomendaciones internacionales (Comisión Inter -‐ institucional Ejecutiva para el Cumplimiento de Sentencias y Recomendaciones Internacionales). A pesar de estos mecanismos, la aplicación de las recomendaciones en el ámbito de la prevención de la tortura y los malos tratos no ha avanzado mucho. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha
78 Plan Nacional de Derechos Humanos (2013), http://www.mjt.gov.py/descargas/documentos/035400/plan_nacional_de_derechos_humanos.pdf. 79 HRC, Observaciones Finales (2013), párrafos 6, 7. (versión avanzada no editada). 80 HRC, Observaciones Finales (2013), párrafo 6. (versión avanzada no editada). 81 Véanse los indicadores para la prohibición de la tortura propuestos por CODEHUPY, https://admin-‐codehupy.rhcloud.com/index.php?r=matrices/download&file=518_indicadores-‐sobre-‐prohibicion-‐de-‐la-‐tortura-‐y-‐otros-‐tratos-‐crueles-‐2012-‐pdf-‐pdf. 82 https://www.facebook.com/MNP.Paraguay?hc_location=stream.
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recomendado fortalecer estos mecanismos para garantizar el avance de las bases políticas de los derechos humanos.83
Reforma de la política y sistema penitenciario
Como se mencionó anteriormente, las condiciones inhumanas de detención, el total hacinamiento, la falta de atención médica y las condiciones de vida inadecuadas son un problema fundamental en las cárceles y en las comisarías de Paraguay. El Comité contra la Tortura instó al Estado a adoptar un plan para la mejora de la infraestructura de las comisarías y las cárceles de Paraguay para asegurar condiciones de vida dignas.84
Durante numerosas reuniones y la mesa redonda de la evaluación en la visita final, fue mencionado tanto por los representantes de la sociedad civil como del Estado que Paraguay carece de una política penitenciaria moderna para garantizar la protección de los derechos de los detenidos. El derecho penitenciario paraguayo data de la época de la dictadura militar y no está en conformidad con las normas internacionales. Asimismo, el CDH ha instado a Paraguay a adoptar un marco normativo adecuado para que el tratamiento de detenidos esté en consonancia con las obligaciones del Pacto y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (RMTR).85
Por lo tanto, se hizo hincapié en que sería necesaria una reforma profunda de la Ley de Prisiones. Es importante que esta reforma se lleve a cabo de una manera inclusiva y transparente, con la participación de la sociedad civil. En este sentido, Uruguay sirve como un ejemplo positivo, donde el proyecto Atlas de la Tortura llevó a cabo varios seminarios abiertos para discutir una nueva ley penitenciaria con el Estado (incluyendo a los directores de prisiones de todo el país), la sociedad civil y la comunidad internacional. Un proyecto de ley fue elaborado sobre la base de los problemas identificados por todos los interesados y las normas internacionales y regionales (es decir, el RMTR, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas). 86
El 9 de julio del 2010, se creó una Comisión Nacional para la Reforma de las Prisiones. Por otra parte, el 11 de agosto del 2013 los representantes del Mecanismo Nacional de Prevención y la Corte Suprema se reunieron y acordaron elaborar un plan de trabajo estratégico que busque soluciones a la situación del sistema penitenciario, en particular para mejorar las condiciones de detención y para hacer frente al problema del hacinamiento. El plan propondrá soluciones a corto, mediano y largo plazo en las que participen agentes del Poder Judicial y Ejecutivo. El plan incluirá los siguientes puntos: limitar el uso excesivo de la prisión preventiva y las medidas especiales para los detenidos en prisión preventiva, el tratamiento especial para los drogadictos, el fortalecimiento de la protección de los grupos vulnerables en prisión, el apoyo a la administración de las cárceles.87
Es importante que la iniciativa del MNP y la Corte Suprema reciba todo el apoyo del Gobierno, que deben cooperar con la Comisión Nacional para la Reforma de las Prisiones. Sobre la base del plan de trabajo estratégico, las autoridades responsables deben elaborar una nueva política penitenciaria y una reforma de la ley penitenciaria, de manera transparente e
83 HRC, Observaciones Finales, párrafos 5, 6. (versión avanzada no editada). 84 CAT, Observaciones Finales (2011), párrafo 19. 85 HRC, Observaciones Finales (2013) párrafo 21. (versión avanzada no editada). 86 CAT, Observaciones Finales (2011), párrafo 9 (a). 87 ABC Color Paraguay, Analizan plan del sistema carcelario, 12 de agosto del 2013, http://www.abc.com.py/edicion-‐impresa/politica/analizan-‐plan-‐del-‐sistema-‐carcelario-‐605898.html.
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inclusiva, a fin de garantizar la aplicación de las normas internacionales y regionales de protección de los derechos de los detenidos. Se alienta a la comunidad internacional a apoyar la iniciativa de la Corte Suprema y el Mecanismo Nacional de Prevención, así como la Comisión Nacional para la Reforma de las Prisiones y su seguimiento.
Esta iniciativa también tiene que ser tomada con respecto a la regulación y la mejora de las condiciones de detención en las comisarías de policía. Por lo tanto, las instituciones responsables deben seguir el ejemplo mencionado anteriormente y desarrollar una regulación clara de la detención policial y un plan y políticas para mejorar las condiciones materiales de detención.
Cualquier reforma del sistema penitenciario y la policía debe ir acompañada de medidas eficaces e inmediatas para combatir la corrupción, que creen un ambiente propicio para la tortura y los malos tratos. 88
Reducción del número de detenidos en prisión preventiva
Se ha criticado en repetidas ocasiones que los jueces ordenan la detención preventiva como regla y no como excepción, y que las alternativas a la detención no están reguladas adecuadamente y rara vez se aplican. El uso excesivo de la prisión preventiva conduce a un hacinamiento de las cárceles, con tasas superiores al 70 % de las personas en prisión preventiva en las cárceles de Paraguay.89 Por lo tanto, se deben tomar medidas urgentes para reducir esta tasa. Los actores internacionales y locales deben, entre otras cosas, elaborar propuestas para informatizar el registro de la prisión de los detenidos y condenados,90 para revisar el marco jurídico que regula la ejecución de penas y promover enérgicamente el uso de alternativas a la detención preventiva, en particular por delitos menores o juveniles. 91
3.2 Fortalecimiento de la sociedad civil en la lucha contra la tortura y los malos tratos
Los casos recientes de amenazas a la vida e integridad personal de los defensores de los derechos humanos en el interior del país son de gran preocupación y han sido criticados por los mecanismos internacionales y regionales.92 Ha habido tres asesinatos de defensores de los derechos humanos en sólo diez meses.
Por otra parte, el duro tono de los medios de comunicación y representantes del Estado93 con la intención de intimidar a los defensores de derechos humanos en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, así como el reciente control y vigilancia de la junta general de CODEHUPY94 son muy lamentables. Es particularmente preocupante que el jefe de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos reaccione con tanta vehemencia a la crítica legítima de CODEHUPY de una reforma legal, que basa sus argumentos en el derecho constitucional y los
88 CAT, Observaciones Finales (2011), párrafo 16. 89 Ver CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 25. 90Ver CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p.28. 91Ver HRC, Observaciones Finales (2013) párrafo 21. (versión avanzada no editada) 92HRC, Observaciones Finales (2013) para 15.; OEA, la IACHR Condenan el Asesinato de Defensor de Derechos Humanos en Paraguay, http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/063.asp. 93 See E’a, Gusinky descalifica a la Codehupy por tener una “visión sectaria” de los derechos humanos, 27 de agosto del 2013, http://ea.com.py/gusinky-‐descalifica-‐a-‐la-‐codehupy-‐por-‐tener-‐una-‐vision-‐sectaria-‐de-‐los-‐derechos-‐humanos/; ABC Color Paraguay, La doble cara de los bolivarianos vernáculos, 1 de setiembre del 2013, http://www.abc.com.py/edicion-‐impresa/editorial/la-‐doble-‐cara-‐de-‐los-‐bolivarianos-‐vernaculos-‐613003.html. 94 CODEHUPY, Policía controla local de la CODEHUPY durante reunión ciudadana, 23 de agosto del 2013, http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224:policia-‐controla-‐local-‐de-‐la-‐codehupy-‐durante-‐reunion-‐ciudadana&catid=9:pronunciamientos&Itemid=9.
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derechos humanos y cita las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 95
En respuesta a los recientes ataques contra defensores de los derechos humanos en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado a Paraguay que "los actos de violencia y otros ataques cometidos contra los defensores de los derechos humanos no sólo afectan a las garantías de las que todo ser humano debe disfrutar, sino también tratan de socavar el papel fundamental que los defensores de los derechos humanos desempeñan en la sociedad y deja a todos aquellos para quienes ellos luchan indefensos. El trabajo de los defensores de los derechos humanos es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, ya que desempeñan un papel vital en la búsqueda de la realización plena del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia".96
Es de suma importancia que las autoridades del Estado respeten y apoyen la labor fundamental de los defensores de los derechos humanos. Su libertad de movimiento y de expresión debe garantizarse y el Estado debe abstenerse de toda intervención o intento de obstaculizar su trabajo o intimidar a las personas. Paraguay tiene la suerte de tener organizaciones de la sociedad civil muy fuertes y profesionales que han demostrado en el pasado ser socios esenciales en el impulso de reformas importantes y asegurar el desarrollo de una sociedad segura y pacífica. Por lo tanto, el Estado Paraguayo debe recurrir a la gran experiencia y los conocimientos de las organizaciones de la sociedad civil y percibirlas como aliadas y no como enemigas. La crítica debe cumplirse con el diálogo en lugar de la condena y la intimidación. Para ello, sería útil instalar y fortalecer las plataformas comunes y asegurar la inclusión de la sociedad civil en los futuros esfuerzos de reforma. Se alienta a la comunidad internacional a continuar con los esfuerzos para acercar al Estado y la sociedad civil y apoyar proyectos futuros, como el Atlas de la Tortura.
3.3 Garantía de la investigación de la tortura y los malos tratos
La obligación de llevar a cabo una investigación pronta e imparcial está claramente estipulado en el art. 12 y 13 del CAT, y Paraguay ha sido criticado en repetidas ocasiones por los mecanismos de supervisión internacionales y regionales, así como organizaciones no gubernamentales nacionales por no cumplir con esta obligación.
Investigación independiente y eficaz del “caso de Curuguaty"
Amnistía Internacional ha afirmado que la respuesta a los incidentes en Curuguaty es "un emblema del fracaso continuo de las autoridades paraguayas para garantizar una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos"97. Con el fin de demostrar su verdadero compromiso con la lucha contra la impunidad, y enviar un mensaje claro de que la tortura está absolutamente prohibida y que todas las violaciones de la prohibición de la tortura y los malos tratos serán investigadas y los responsables llevados ante la justicia, sería muy importante que el Estado lleve a cabo una investigación independiente y efectiva de los incidentes relacionados a los violentos enfrentamientos en Curuguaty.98 Para ello, la instalación de una comisión de investigación verdaderamente independiente, incluyendo expertos de la sociedad civil, debe ser reconsiderada.
95 CODEHUPY, Nota presentada por la CODEHUPY a la Cámara de senadores, 22 de agosto del 2013. 96 OEA, la IACHR Condena el Asesinato de Defensor de Derechos Humanos en Paraguay, 29 de agosto del 2013, http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/063.asp. 97 Amnistía Internacional, Presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, p. 21. 98 Ver HRC, Observaciones Finales (2013) párrafo 23. (versión avanzada no editada).
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En una audiencia de organizaciones de la sociedad civil con el Fiscal General, Díaz Verón, en junio del 2013, éste se comprometió a garantizar una rápida y transparente investigación de las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.99
Seguimiento del funcionamiento de los mecanismos de investigación
En el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos del Estado Paraguayo se ha declarado la investigación y sanción de los casos de tortura como uno de sus objetivos a corto plazo.100 Reconociendo la falta de efectividad de los mecanismos actuales, está previsto aplicar mecanismos rigurosos de supervisión de lo que se refiere a la actuación de los fiscales , en particular en los casos de violaciones graves de los derechos humanos, por ejemplo, la tortura, con el fin de garantizar que se lleven a cabo tareas de oficio y procedimientos implementados rápidamente ("aplicar Mecanismos de Supervisión rigurosos en lo Referente al Desempeño de los Agentes fiscales, especialmente en los casos graves de violaciones de derechos humanos, entre ellas, la tortura (...) garantizando la actuación de oficio y la celeridad de los procesos"101) No está claro, sin embargo, el modo en que se daría esta supervisión. Es importante que la Unidad Especial de Derechos Humanos de la Fiscalía se someta al escrutinio externo. Un primer paso debería ser lograr una mayor transparencia, en la forma de publicaciones de estadísticas precisas sobre las investigaciones de los casos de tortura, incluyendo una justificación en caso de suspensión las investigaciones.
Además, CODEHUPY recomienda, en relación con el caso de Curuguaty, que el Fiscal General revise el desempeño de los fiscales, así como la Corte Suprema y que audite el desempeño del juez responsable, a fin de identificar y reportar posibles casos de mala administración de la justicia. 102 CODEHUPY también ha declarado que seguirá de cerca las investigaciones. 103
Fortalecimiento de los mecanismos de investigación
El Comité de Derechos Humanos de la ONU y la CODEHUPY instan al fortalecimiento de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, la Policía Judicial, y el Ministerio de la Defensa Pública.104 Es importante aumentar los recursos de dichos mecanismos de investigación y fortalecer sus capacidades de formación, así como el establecimiento de procedimientos claros que les permitan llevar a cabo investigaciones efectivas. En particular, la Unidad Especializada del Ministerio Público se debe poner en la posición para llevar a cabo investigaciones sin tener que recurrir a la policía. Un fortalecimiento del mecanismo también debería garantizar una mayor independencia y evitar cualquier interferencia política en las investigaciones. Por lo tanto, se debe hacer una evaluación exhaustiva de los mecanismos de investigación existentes, analizando su efectividad (incluyendo las investigaciones en el caso Curuguaty) a fin de identificar los desafíos para el cumplimiento de sus funciones sin injerencias externas, así como las presiones internas por parte del " espíritu de cuerpo”. A partir de las lecciones de esas evaluaciones, se
99 CODEHUPY, En audiencia sobre caso Curuguaty, 18 de junio del 2013, http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215:en-‐audiencia-‐sobre-‐caso-‐curuguaty&catid=13:institucional. 100 Eje Estratégico III, Tema II: Prevención de la Violencia y Seguridad Ciudadana, párrafo 45. 101 Eje Estratégico III, Tema III: Acceso a la Justicia, párrafo 19: 102 CODEHUPY, Agenda de exigibilidad, p. 41. 103 CODEHUPY, En audiencia sobre caso Curuguaty, 18 de junio del 2013, http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215:en-‐audiencia-‐sobre-‐caso-‐curuguaty&catid=13:institucional. 104 HRC, Observaciones Finales (2013), párrafo 16 (versión avanzada no editada); CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 5.
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deben considerar también las reformas institucionales, tales como la retirada de la Policía Judicial de la autoridad directa del Comandante de la Policía Nacional, etc. Para ello, también los ejemplos de buenas prácticas internacionales deben ser considerados.
Se alienta a la comunidad internacional a apoyar dicha evaluación y el intercambio por medio de la asistencia técnica. El Gobierno debe demostrar su verdadero compromiso con la aplicación de las recomendaciones para garantizar investigaciones prontas e imparciales en todos los casos de tortura.
El Comité de Derechos Humanos y CODEHUPY recomiendan además, el "fortalecimiento de la capacidad de los médicos forenses del Ministerio Público y el Poder Judicial para la detección y el diagnóstico de los casos de tortura y abuso".105 Además, ambas instituciones tienen que asignar más recursos al empleo de forenses adicionales.
Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y de la Oficina del Defensor del Pueblo
Es importante asegurarse también de que existen mecanismos eficaces de queja en concordancia con el art. 13 del CAT. En este sentido, el Estado también debe revisar la eficacia de los mecanismos internos de quejas existentes, y considerar seriamente el establecimiento de un procedimiento de denuncia independiente.106 También es necesario garantizar que las personas detenidas puedan presentar quejas sin represalias.
Por otra parte, el procedimiento de reclamos ante el Defensor del Pueblo debe fortalecerse y hacerse más accesible a las personas privadas de libertad. Es muy lamentable que el Estado Paraguayo no haya logrado nombrar a un nuevo Defensor del Pueblo desde el 2008 y llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar su independencia y eficacia. El Comité de Derechos Humanos ha instado a garantizar la elección de un Defensor cualificado en el menor tiempo posible y a través de un proceso transparente y participativo, y garantizar una base jurídica adecuada, los recursos humanos y materiales para que la Oficina pueda cumplir su mandato de conformidad con los Principios de París.107
3.4 Fortalecimiento de las garantías legales y mejora del acceso a la justicia
Fortalecimiento de las garantías legales
El Comité contra la Tortura y CODEHUPY han recomendado con carácter de urgencia que medidas eficaces sean adoptadas para garantizar que todos los detenidos cuenten con las garantías jurídicas necesarias desde el momento de su detención, incluyendo la información de las razones de la detención y la comunicación con un abogado y una persona de confianza108. Sería útil realizar un estudio amplio y exhaustivo sobre la base de casos individuales para determinar las razones de la falta de garantías legales. Sobre la base de esa evaluación, el Estado debe, junto con la sociedad civil, revisar las leyes, los reglamentos y los decretos, y considerar reformas.
105 CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 23.; HRC Observaciones Finales (2013), párrafo 16 (versión avanzada no editada). 106 CAT Observaciones Finales (2011)., párrafo 18. 107 HRC, Observaciones Finales (2013), párrafo 8 (versión avanzada no editada); ver también CODEHUPY, Comunicado a la opinión pública, caso defensoría del pueblo, 28 de junio del 2013, http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=216:comunicado-‐a-‐la-‐opinion-‐publica-‐caso-‐defensoria-‐del-‐pueblo&catid=9:pronunciamientos&Itemid=9. 108 CAT Observaciones Finales (2011), párrafo 11; CODEHUPY/OMCT/CCPR, Informe Alternativo (2013), p. 25.
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Es muy importante que todos los detenidos sean inmediatamente registrados y que los registros se mantengan adecuadamente y con regularidad. Para ello, el Comité contra la Tortura ha recomendado al Estado que se asegure de que la Decisión N º 176/2010, que ordenó la introducción de un sistema de registro en las comisarías, pase a ser ley.109 La informatización de todos los registros de detención en concordancia con lo recomendado por CODEHUPY podría garantizar que los detenidos no permanezcan en prisión más tiempo que su condena actual y que la prestación de garantías jurídicas sea documentada.
Por otra parte, el Estado debe garantizar que todos los detenidos sean sometidos a exámenes médicos en el comienzo mismo de su detención. Para ello es preciso aumentar el número de médicos que trabajan en los centros de detención. Más importante aún, el personal médico no debe estar bajo la autoridad del director de la institución penitenciaria, sino bajo la autoridad del Ministerio de Salud, con el fin de ser más independiente y estar en una mejor posición para hacer denuncias de casos de tortura y malos tratos.
Fortalecimiento de las capacidades del Poder Judicial
El Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por el bajo número de casos en los que el Poder Judicial invoca o aplica las normas del Pacto de Derechos Humanos. Por lo tanto, ha recomendado la capacitación de los funcionarios judiciales en materia de derechos humanos y su aplicación en el derecho nacional. 110
Además, CODEHUPY recomendó a la Corte Suprema emitir un decreto recordando a los jueces que están obligados a reportar los casos de tortura que se constaten en el ejercicio de sus funciones y advirtiéndoles que el incumplimiento de este deber es motivo de expulsión por mal desempeño de sus funciones (en virtud del artículo 286 del Código Procesal Penal).111 El Comité de Derechos Humanos insta también a Paraguay "a garantizar en la legislación y en la práctica la independencia del Poder Judicial, y la competencia, la independencia y la adecuado inamovilidad de los jueces. El Estado Parte debería abolir todas las formas de injerencia de otros poderes en el Poder Judicial. En este sentido, se debe garantizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de todas las denuncias de injerencia, incluyendo la corrupción, y el enjuiciamiento y castigo a los responsables, incluyendo los jueces que pudieran estar involucrados".112
El Comité contra la Tortura recomienda la revisión y el fortalecimiento de la acción de hábeas corpus y la garantía de un procedimiento rápido y eficaz.113 Estas recomendaciones claras por parte de actores internacionales y locales deben ser seguidas por el Departamento de Derechos Humanos de la Corte Suprema, que tiene un gran número de expertos cualificados y se encuentra en una posición ideal para proponer medidas para su implementación. A tal efecto, debe cooperar con la sociedad civil. Se alienta a la comunidad internacional a apoyar iniciativas de la sociedad civil y del Poder Judicial con el fin de fortalecer la capacidad de este último.
Fortalecimiento de las capacidades de los Defensores Públicos
La ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública que le otorga independencia, autonomía funcional y mayores recursos, es un hito en la mejora de la asistencia jurídica. Sin embargo, el
109 CAT Observaciones Finales (2011), párrafo 11. 110 HRC, Observaciones Finales (2013), párrafos 5, 6.(versión avanzada no editada). 111 CODEHUPY, agenda de exigibilidad, p. 41. 112 HRC, Observaciones Finales (2013), párrafo 22 (versión avanzada no editada). 113 CAT Observaciones Finales (2011), párrafo 11.
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número de defensores públicos en el país sigue siendo limitado y muchos de los detenidos no reciben asistencia letrada adecuada. Por lo tanto, se recomienda destinar más recursos humanos, financieros y materiales al Ministerio.114
Por otra parte, los recientes incidentes de mala administración de los defensores públicos115 demuestran que todavía hay una gran necesidad de fortalecer sus capacidades. En este sentido, la Defensa Pública necesita recibir pronto su propio centro de formación, el desarrollo de un plan de estudios estándar, centrado en la ética del trabajo, derechos humanos y, en particular, la prevención de la tortura y los malos tratos, así como la protección de los detenidos. Hasta entonces, las actividades de desarrollo de capacidades tales como las realizadas por el proyecto deben continuar, en cooperación con organizaciones de la sociedad civil. Se alienta a la comunidad internacional a apoyar el desarrollo futuro de la capacidad y el establecimiento de un centro de formación y un plan de estudios basado en los derechos humanos para todos los defensores públicos.
3.5 Fortalecimiento de los mecanismos de control
Como se ha descrito anteriormente, hay varios mecanismos internos y externos en Paraguay, que supervisan el tratamiento y las condiciones de detención. Es importante que las capacidades de los mecanismos sean fortalecidas y que su trabajo sea bien coordinado con el fin de crear las mayores sinergias posibles.
Fortalecimiento de los Observatorios de la Defensa Pública
Como lo destacó CODEHUPY, la Defensa Pública debe garantizar el pleno funcionamiento del Observatorio de la Tortura y el Observatorio de Prisiones.116 Para ello, la Defensa Pública debe desarrollar junto con los miembros de los Observatorios una clara definición de su mandato y su funcionamiento, idealmente a través de la redacción de un reglamento interno de ambos mecanismos. Es necesario definir claramente cómo los dos mecanismos se delimitan unos de otros y cómo se coordinan y cooperan para lograr sus objetivos.
Por otra parte, la Defensa Pública debe cerciorarse de que los Observatorios se compongan con los defensores más calificados, que han participado en las actividades de desarrollo de capacidades o tienen experiencia en el monitoreo de lugares de detención. Las competencias requeridas y la selección de los miembros de los Observatorios también deben estar contenidas en el reglamento interno. Debe garantizarse que los miembros de los Observatorios también cuenten con los recursos para llevar a cabo su función. Por lo tanto, deben ser liberados de parte de sus funciones tradicionales. La Defensa Pública debe garantizar que los observatorios cuenten con suficientes recursos humanos y financieros para llevar a cabo su mandato.
La Defensa Pública debe continuar los esfuerzos de desarrollos de capacidades iniciados con el proyecto Atlas de la Tortura y, en particular, llevar a cabo una revisión acerca de si se utilizan los lineamientos y la metodología desarrollada en el proyecto, el modo en que se podrían adaptar a las experiencias y el modo de mejorar su aplicación. También es importante que ambos Observatorios elaboren una estrategia clara y un plan de trabajo anual.
114 CAT Observaciones Finales (2011), párrafo 12. 115 CODEHUPY, Codehupy expresa profunda preocupación por actuación negligente de defensores públicos en Caso Curuguaty, 20 de agosto del 2013, http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=222:codehupy-‐expresa-‐profunda-‐preocupacion-‐por-‐actuacion-‐negligente-‐de-‐defensores-‐publicos-‐en-‐caso-‐curuguaty&catid=13:institucional. 116 CODEHUPY, Agenda de exigibilidad, p. 42.
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Es recomendable que la Defensa Pública siga colaborando estrechamente con la sociedad civil para fortalecer sus capacidades en la prevención de la tortura. Por otra parte, la Defensa Pública y los Observatorios, en particular, deben coordinar estrechamente sus actividades con el Mecanismo Nacional de Prevención y asegurar un intercambio regular y las sinergias en su trabajo. La Defensa Pública también debe continuar su buena coordinación con otras autoridades en el nivel medio y alto. Entre otras cosas, los Observatorios deberían firmar un acuerdo de cooperación con los Ministerios pertinentes conforme con lo propuesto por el proyecto Atlas de la Tortura para que puedan llevar a cabo su función sin interferencias y que se apliquen sus recomendaciones.
Se alienta a la comunidad internacional a apoyar proyectos de fortalecimiento de las capacidades de la Defensa Pública y sus Observatorios, así como intercambios con las autoridades sobre el funcionamiento de estos mecanismos.
Fortalecimiento de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura
El avance más prometedor en el ámbito de la prevención de la tortura y los malos tratos es el establecimiento de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura. Como ya se ha descrito anteriormente, el proceso de la creación del Mecanismo Nacional de Prevención con el apoyo del proyecto Atlas de la Tortura fue ejemplar. La Ley Orgánica de la Comisión cumple con el Protocolo Facultativo y se compone de expertos altamente cualificados. Por lo tanto, el mecanismo es considerado un ejemplo de buenas prácticas. Si bien es demasiado pronto para evaluar la eficacia del mecanismo nacional de prevención, ya se han realizado una amplia gama de visitas, reuniones y actividades, y ha adoptado un enfoque muy proactivo en la prevención de la tortura y los malos tratos. Es particularmente prometedor que el MNP haya emprendido iniciativas para reformas estructurales y legales, y con este fin se reunieron con el Ministro de Justicia y Presidente de la Corte Suprema.
Se espera que el MNP siga siendo proactivo y se constituya en el actor central para la prevención de la tortura y los malos tratos en el país. Para ello, el Estado debe garantizar que se le conceda un presupuesto estable y suficiente. Además, se debe garantizar la independencia del Mecanismo Nacional de Prevención y abstenerse de toda injerencia de representantes del Estado en su trabajo.
Cuando los evaluadores (escabinos) participen en las visitas de control, según la ley, se debe asegurar de que tengan la capacidad para llevar a cabo visitas de supervisión. Para ese fin, el Mecanismo Nacional de Prevención, en colaboración con las organizaciones de la sociedad, civil debería llevar a cabo entrenamientos en el control preventivo de los lugares de detención. Se alienta a la comunidad internacional a apoyar las actividades de desarrollo de capacidades para los escabinos que trabajan para el MNP y apoyar al Mecanismo Nacional de Prevención en la obtención de un presupuesto estable y suficiente para el 2014.
Fortalecimiento de la coordinación de los mecanismos de supervisión y garantía de su seguimiento
Como se mencionó anteriormente, es importante que el mecanismo nacional de prevención y los Observatorios de la Defensa Pública, así como también otros mecanismos de vigilancia existentes en el Gobierno, la Corte Suprema y el Defensor del Pueblo coordinen su trabajo y creen las mejores sinergias posibles. El MNP se encuentra en la posición ideal para actuar como órgano de coordinación de todas las actividades de vigilancia en el país.
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Además, es importante establecer un proceso de diálogo y cooperación con el Gobierno para garantizar el seguimiento adecuado y la aplicación de las recomendaciones de los mecanismos de supervisión. Para ello, el MNP, en coordinación con los demás mecanismos de supervisión, debe considerar un proceso formal de diálogo en el que se reúna con representantes del Estado y la sociedad civil para buscar soluciones a los problemas encontrados y para discutir los desafíos que enfrentan en el trabajo cotidiano de los mecanismos de control. Este proceso podría tomar la forma de una plataforma interinstitucional, grupo de trabajo o comité asesor que se reúna en forma regular. Se alienta al Estado y a la comunidad internacional para apoyar el diálogo y la cooperación entre el MNP, otros comités de seguimiento, las autoridades y la sociedad civil para asegurar el seguimiento de las recomendaciones.
3.6 Cambio en la percepción de la sociedad de las personas detenidas
Como continuamente expresado en las consultas y evaluaciones, un cambio drástico en el trato y las condiciones de detención en Paraguay sólo será factible con una evolución de la mentalidad imperante en todos los niveles de la sociedad, incluidos los planos políticos, judiciales y legislativos, a una concepción más humana de los detenidos, que son ciudadanos con todos sus derechos. En general, la prensa tiende a difundir una imagen muy negativa de los sospechosos y las personas privadas de libertad, que sugieren que la tortura se puede justificar. Como se refleja en el Código Penal, Paraguay tiene un enfoque punitivo de la justicia penal: la detención es regla y no la excepción, y hay pocas alternativas a la prisión preventiva. Los jueces ordenan la detención casi de forma automática y en raros casos consideran alternativas como la libertad bajo fianza. El hecho de que los detenidos pierden su derecho al voto es emblemático del enfoque punitivo de la detención.
Por lo tanto, los actores de derechos humanos repiten que la reformas legales e institucionales tienen que ser hechas juntas con la sensibilización y capacitación de los actores claves en el sistema de justicia penal (policía, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, etc.).
Estas campañas deben extenderse al público en general para que se acepte que la detención no conduzca a una reducción de la delincuencia. Igualmente, las alternativas a la detención y un enfoque sobre la rehabilitación son necesarios para garantizar la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos. Para esto, en primer lugar, los políticos deberían dar ejemplo y abstenerse de un discurso polarizado y polémico. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, los departamentos estatales a carga de los derechos humanos y, sobre todo, el MNP, deberían fortalecer sus esfuerzos en las relaciones públicas y fortalecer sus alianzas para lograr una amplia aceptación de los derechos humanos para todos en la sociedad así que el rechazo de todas las formas de malos tratos. En este sentido, la comunicación pública del MNP es particularmente prometedora. El mecanismo debería entonces ser apoyado por todos los actores para que lleve a cabo su papel mayor en la prevención de la tortura y para los derechos de las personas privadas de libertad en el país.
Septiembre 2013
Esta publicación fue producida con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos y no refleja de manera alguna las opiniones de la Unión Europea.