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Amnistía Int

ernaci

onal

REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE KOSOVO

Documentos, serie B: Los desaparecidos

2: Las víctimas ocultas del conflicto

Público

Índice AI: EUR 70/57/98/s Agosto de 1998

SOBRE ESTA SERIE DE DOCUMENTOS

La comunidad internacional está siendo testigo del deterioro de la situación en la provincia

de Kosovo, República Federativa de Yugoslavia, y de la desaparición del más mínimo respeto por los

derechos humanos. Las operaciones llevadas a cabo recientemente por la policía y el ejército serbios,

aunque en teoría dirigidas contra el Ejército de Liberación de Kosovo —grupo armado de

oposición—, en la práctica han causado la muerte de centenares de civiles; al parecer, muchas de

esas muertes han sido consecuencia de ataques deliberados o indiscriminados. Las agresiones contra

civiles han sido uno de los motivos que han impulsado a decenas de miles de personas a huir de sus

hogares. Los miembros del Ejército de Liberación de Kosovo también han sido responsables de abusos

contra los derechos humanos.

Como parte de su respuesta a una crisis que no deja de extenderse, Amnistía Internacional

está documentando las terribles violaciones de derechos humanos que se han cometido y siguen

cometiéndose en la provincia de Kosovo.

/

Los primeros informes, que componen la Serie A, se publicaron en junio y julio de 1998 y

trataban de acontecimientos ocurridos hasta junio de ese mismo año. En ellos se documentaba una

pauta sistemática y sostenida de violaciones de derechos humanos cometidas durante los años y

meses que precedieron a la crisis actual, tales como torturas y malos tratos por parte de la policía,

muertes bajo custodia policial y juicios sin las debidas garantías contra presos políticos. Dichos

documentos eran:

1: Información general: Una crisis anunciada (Índice AI: EUR 70/32/98/s). Breve análisis de

las causas de la crisis actual y recomendaciones de Amnistía Internacional a la comunidad

internacional, a las autoridades yugoslavas y al Ejército de Liberación de Kosovo.

2: La violencia en Drenica (Índice AI: EUR 70/33/98/s). Análisis detallado de los homicidios

arbitrarios y las ejecuciones extrajudiciales cometidos durante las operaciones policiales y militares

emprendidas en febrero y marzo de 1998 en la región de Drenica (un precedente de los

acontecimientos de junio). Este documento incluye también información sobre los abusos del Ejército

de Liberación de Kosovo.

3: Muertes bajo custodia, torturas y malos tratos (Índice AI: EUR 70/34/98/s). Estudio

sobre el uso generalizado de la tortura y los malos tratos contra detenidos y contra manifestantes

en las calles; se incluyen testimonios detallados de las víctimas y fotografías tomadas en 1998.

4: Juicios injustos e infracciones de las garantías procesales (Índice AI: EUR 70/35/98/s).

Análisis de las constantes irregularidades que tienen lugar en la administración de la justicia en los

casos políticos; se incluye información detallada sobre cuatro juicios políticos celebrados en 1997 y

1998.

5: Ljubeni y Poklek: Las pautas se repiten (Índice AI: EUR 70/46/98/s). Ejecuciones

extrajudiciales y «desapariciones» en mayo de 1998 en situaciones en las que se repiten las

prácticas de anteriores abusos de la policía en Drenica.

La segunda serie, Serie B, trata de acontecimientos ocurridos a partir del mes de junio y se

propone examinar algunos temas relacionados con los derechos humanos y otras cuestiones más

amplias surgidas en el curso de la presente crisis. Los dos primeros documentos de esta serie son:

1: Violaciones de derechos humanos contra la mujer en la provincia de Kosovo (Índice AI:

EUR 70/54/98/s).

2: Los desaparecidos: Las víctimas ocultas del conflicto (Índice AI: EUR 70/57/98/s)

Los documentos de Amnistía Internacional se basan principalmente en información

recopilada durante las visitas llevadas a cabo por la organización a la República Federativa de

Yugoslavia en marzo y junio de 1998 para investigar las violaciones de derechos humanos. Además,

se ha contado con información suministrada por observadores locales de los derechos humanos de

Kosovo y Belgrado, por abogados locales, por periodistas tanto locales como extranjeros y por otros

individuos. Amnistía Internacional agradece la ayuda prestada por estas fuentes.

Fotografía de portada: La familia del doctor Hafiz Shala, ciudadano de etnia albanesa que «desapareció» en

abril de 1998 tras ser detenido por la policía serbia.. © Wade Goddard.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Los desaparecidos:

las víctimas ocultas del conflicto

REPÚBLICA FEDERATIVA DE

YUGOSLAVIA Crisis de Derechos Humanos en la Provincia de Kosovo

2 Crisis de derechos humanos en la provincia de Kosovo: Los desaparecidos

Cover photograph: INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, UNITED KINGDOM

Documentos Serie B. 2. Índice AI: EUR 70/57/98/s Amnistía Internacional, agosto de 1998

Introducción: los desaparecidos de Kosovo

Personas de etnia albanesa a las que no se ha

vuelto a ver después de entrar en una comisaría o de

que se las llevara la policía serbia... Serbios y

albaneses a los que la oposición armada de etnia

albanesa sacó de sus vehículos, a los que obligó a

apearse de trenes, o de quienes no se ha vuelto a tener

noticias desde que los grupos armados llegaron a sus

casas... Personas de quienes no se ha vuelto a saber

nada después de operaciones policiales armadas o de

combates militares y que podrían estar entre los

muertos enterrados deprisa y anónimamente...

En la provincia de Kosovo, los desaparecidos

a manos de todas las partes en el conflicto proceden

de todos los grupos étnicos. Se cree que la policía es

responsable de la «desaparición» de personas de etnia

albanesa. Según informes, muchos de estos

«desaparecidos» fueron detenidos y llevados por la

policía, bien capturados o detenidos en el contexto de

enfrentamientos entre la policía o los paramilitares y

el grupo armado de oposición Ejército de Liberación

de Kosovo (ELK), bien detenidos lejos del lugar del

conflicto. El ELK ha sido acusado a su vez del

secuestro y presunto homicidio ilegítimo o detención

de personas de etnia albanesa a las que tilda de

«colaboradores» de las autoridades serbias, pese a que

no ha definido qué entiende por «colaboración».

Entre las víctimas se encuentran además serbios,

montenegrinos, romaníes y miembros de otros grupos

étnicos. La aparente falta de consolidación de la

estructura central de mando del ELK y la presunta

incapacidad de sus dirigentes para ejercer el pleno

control sobre sus diversas agrupaciones locales hace

más dificil determinar la suerte de quienes, según

informes, han sido secuestrados por grupos albaneses

armados.

Aún es demasiado pronto para establecer con

precisión la cifra de personas de etnia albanesa

desaparecidas a manos de todas las partes del

conflicto. La confusión provocada por el

desplazamiento masivo de familias que abandonan

sus casas por miedo a sufrir un ataque o por los

ataques en sí y que no pueden mantenerse en contacto

hace que todas las cifras deban ser tratadas con

precaución. Sin embargo, fuentes albanesas han dado

la cifra de unos quinientos albaneses cuya

«desaparición» atribuyen a las autoridades. Por su

parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados (ACNUR) citaba un total de

cuatrocientos, según los datos reunidos durante el

proceso de registro de las personas que estaban en

paradero desconocido llevado a cabo por dicho

organismo. El ACNUR cree que, de ese total,

alrededor de doscientos están actualmente bajo

custodia policial.

Resulta igualmente difícil precisar el número

de personas desaparecidas a manos del ELK. El 3 de

agosto, el Centro de Medios de Comunicación serbio

de Pristina informó de que, durante el periodo

comprendido entre el 1 de enero y el 27 de julio de

este año, el ELK había sido responsable del

«secuestro» de 171 personas, de las que 37 habían

sido liberadas, 7 habían huido y 15 habían muerto. El

6 de agosto, Beatrice Weber, representante en Pristina

del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),

declaró que la organización investigaba los casos de

138 serbios y montenegrinos presuntamente

secuestrados por el ELK, y los de más de

cuatrocientos albaneses presuntamente detenidos por

las fuerzas serbias.

Los desaparecidos: la agonía de la incertidumbre



No siempre se puede determinar con certeza

la responsabilidad del secuestro de una persona

desaparecida. A veces no hay testigos de los hechos,

dado que el rastro de muchas de las personas

buscadas se desvaneció cuando salieron para visitar a

familiares o dirigirse al trabajo y nunca llegaron a su

destino. Otras se negaron a abandonar sus casas

cuando los demás huyeron, y no se las ha vuelto a ver

desde entonces. Esta es una carga adicional para los

familiares, ya que, aunque a veces sospechan de la

responsabilidad de una u otra parte, nunca pueden

estar seguros del todo y no saben con certeza a dónde

acudir en busca de ayuda.

En algunos casos se han enterrado cadáveres

sin identificar, lo que deja a los familiares con el

temor de que su ser querido esté en una tumba sin

nombre, y a la vez los mantiene con la esperanza de

que esté vivo y pueda reaparecer. Dado que la policía

y los tribunales serbios siguen una clara pauta de

conducta según la cual detienen a personas de etnia

albanesa y las mantienen en detención no reconocida

durante un largo periodo hasta presentarlas

finalmente ante un tribunal (véase infra, el caso de

Nait Hasani), las familias nunca pueden estar seguras

de la suerte corrida por su padre, su madre, su

hermano, su hermana, su hijo, su hija, su esposo o su

esposa desaparecidos.

Este informe forma parte de una serie en la

que se exponen los motivos de preocupación de

Amnistía Internacional en relación con la crisis de

derechos humanos de la provincia serbia de Kosovo,

en la República Federativa de Yugoslavia. Los

documentos anteriores contienen más información

general sobre el contexto de los abusos cometidos en

Kosovo. La lista de estos documentos figura en la

primera página del presente informe.

Este documento se basa en parte en un

informe sobre los desaparecidos en la provincia de

Kosovo publicado y producido por el Fondo de

Derecho Humanitario de Belgrado1, al que Amnistía

Entre el catálogo de abusos contra los derechos humanos que sufren las víctimas de los conflictos en la ex

Yugoslavia, se pasa por alto con demasiada frecuencia el fenómeno de la desaparición de personas a manos de todas

las partes en conflicto. La desaparición ha sido condenada por la comunidad internacional como una violación grave

de derechos humanos y está prohibida por el derecho internacional, además de conculcar claramente las leyes

nacionales de cualquier país. Cada caso de desaparición da lugar a dos abusos: el que sufren las víctimas que son

apartadas del mundo y puestas fuera del alcance de la protección de la ley, y el que sufren sus familias, que ignoran

su suerte.

En todo el mundo, en los casos de desaparición, tanto a manos de las fuerzas gubernamentales como de

entidades no gubernamentales, una pesada carga cae sobre los familiares de las víctimas. Sin poder averiguar qué les

ha ocurrido a sus seres queridos, dónde pueden estar, su estado de salud o siquiera determinar si están vivos o

muertos, su búsqueda de la verdad puede durar años y, en algunos casos, nunca termina.

Perdidos en una niebla de información imprecisa y vaga, estos familiares son presa de los rumores que se

difunden en sus comunidades, muchas veces hechas añicos y desplazadas, rumores que unas veces son

bienintencionados, y otras maliciosos. En la creencia de que sus familiares están recluidos en un lugar secreto o en

alguna aldea de la que creen conocer el nombre, en ocasiones invierten una enorme cantidad de tiempo, dinero y

esfuerzo sólo para ver defraudadas sus esperanzas y encontrarse con que sus intentos son infructuosos.

Se desconoce la suerte de decenas de miles de personas desaparecidas durante los conflictos armados que

asolaron Croacia y Bosnia y Herzegovina desde 1991 hasta 1995. Muchas desaparecieron tras ser capturadas por

fuerzas armadas bajo el mando de un gobierno o de otra autoridad de hecho o por unidades irregulares y

paramilitares. En la actualidad, sigue sin conocerse el paradero de unas 20.000 personas desaparecidas desde que

estalló el conflicto de la exYugoslavia. Se teme que la mayoría hayan muerto, víctimas de ejecuciones

extrajudiciales o de homicidios ilegítimos y hayan sido enterradas en fosas comunes. Hasta que no se conozca que

ha pasado realmente con ellos, sus familiares y amigos no conocerán la paz.

Crisis de derechos humanos en la provincia de Kosovo: Los desaparecidos 3

Amnistía Internacional, agosto de 1998 Documentos serie B. 2. Índice AI: EUR 70/57/98/s

Internacional agradece su autorización para hacer uso

de sus datos.

Además, como apéndice de este informe,

incluimos también el Programa de 14 Puntos de

Amnistía Internacional para Prevenir las

Desapariciones Forzadas.

«Desapariciones» de personas de

etnia albanesa fuera del actual

conflicto armado

Una pauta de detención en régimen de

incomunicación anterior a la actual crisis

Antes del deterioro de la situación de Kosovo

ocurrido a principios de 1998, había relativamente

pocos casos de «desaparición» en el sentido clásico.

La principal causa de preocupación era la costumbre

de mantener a los detenidos en régimen de

incomunicación durante el periodo inicial de

detención bajo custodia policial, en el transcurso del

cual los detenidos no tenían acceso a abogados ni a

familiares. Los detenidos han denunciado con

frecuencia y, en muchos casos, con pruebas que los

respaldan, haber sido sometidos a torturas o malos

tratos durante ese periodo. Éste solía durar más de

tres días, plazo máximo permitido por el Código de

Procedimiento Penal yugoslavo para presentar a los

sospechosos ante un juez instructor para una vista

inicial. Por otra parte, muchas veces no se informaba

a los familiares y abogados de los detenidos del lugar

donde éstos se encontraban recluidos, lo que

conculcaba asimismo el citado Código de

Procedimiento Penal.

Uno de los casos más graves de este tipo

ocurridos en el periodo anterior al estallido del

conflicto armado es el de Nait Hasani. Detenido por

la policía en Pristina el 28 de enero de 1997, fue

seriamente maltratado y, después, la propia policía,

aparentemente asustada por la posibilidad de que

muriera a causa de sus lesiones, lo trasladó a un

hospital. Al día siguiente de su ingreso, el 31 de

enero, «desapareció» del centro sanitario. A pesar de

los reiterados esfuerzos de su familia y sus abogados,

1

Nestanci u Vreme Oruanih Sukoba 15. januar - 30. jul (Desapariciones en el periodo de conflicto

armado del 15 de enero al 30 de julio).

éstos no pudieron obtener ninguna información sobre

su paradero y, obviamente, temieron por su vida. Al

parecer, durante este periodo la policía y las

autoridades judiciales negaron todo conocimiento de

su paradero. El 28 de febrero, Hasani compareció

ante un juez de instrucción y fue visto por su

abogado, a quien manifestó que la policía lo había

torturado mientras estaba en régimen de

incomunicación.

En diciembre de 1997, Nait Hasani fue

condenado a veinte años de prisión por «terrorismo»,

en un juicio que Amnistía Internacional consideró

carente de garantías.2

La «desaparición» del doctor Hafir Shala en

Pristina o sus alrededores, abril de 1998.

Otro caso aún no resuelto es el del doctor

Hafir Shala, miembro de la Liga Democrática de

Kosovo (LDK) —principal partido de la población de

etnia albanesa—, que trabaja como médico en el

Centro Médico de Glogovac (Gllogovc en albanés),

en la región de Drenica.

2 El caso de Nait Hasani se expone en Crisis de

derechos humanos en la provincia de Kosovo, documento

núm. 4 de la serie A: Juicios injustos e infracciones de las

garantías procesales, Índice AI: EUR 70/35/98/s.



Hacia las 8 de la mañana del 10 de abril de

1998, la policía dio el alto al automóvil en el que

viajaba el doctor Shala en la aldea de Slatina

(Sllatinë), cerca de Pristina, y detuvo al médico y a

sus dos acompañantes. Según las declaraciones de

estos últimos, unos agentes de policía uniformados

los llevaron a ellos dos a la jefatura de policía de

Pristina, mientras que a Hafir Shala lo introdujeron en

otro vehículo, descrito como un jeep negro con

matrícula de Pristina y ocupado por tres hombres

vestidos de civil. Según los informes, el jeep fue visto

cuando entraba en la jefatura de policía de Pristina.

Aunque los acompañantes del doctor Shala fueron

puestos en libertad ese mismo día, tras ser

interrogados, no ocurrió lo mismo con el médico.

Uno de los liberados dijo que, cuando salía del

edificio, oyó gritos y reconoció la voz del doctor. Las

autoridades no han facilitado ningún dato sobre el

paradero de éste, pese a los esfuerzos de su familia y

de su abogado para obtener información, ni tampoco

han confirmado que el doctor Shala esté bajo

custodia. Aparentemente, tampoco han reconocido

haberlo detenido el 10 de abril. Los llamamientos

realizados a las autoridades por miembros de la Red

Médica de Amnistía Internacional no han recibido

respuesta. Han circulado diversos rumores, incluidos

algunos según los cuales el doctor Shala está vivo y

se ha unido al ELK, pero no hay nada que los

corrobore y, Amnistía Internacional ha reiterado sus

llamamientos a las autoridades serbias para que hagan

público el paradero del doctor Hafir Shala.

«Desapariciones» en el contexto del

conflicto armado

A comienzos de 1998 empezó a producirse

una inquietante serie de «desapariciones», así como

numerosos casos de personas que se hallaban en

paradero desconocido tras ser capturadas por

entidades no gubernamentales o cuyo rastro ser perdía

sin más. Se teme que algunas de ellas —quizá

todas— hayan perdido la vida.

La «desaparición» de ocho hombres de Novi

Poklek, 31 de mayo de 1998

Ahmet Berisha (40 años), Hajriz Hajdini

(48 años), Muhamet Hajdini (45 años), Sahit Qorri

(60 años), Sefer Qorri (55 años), Ferat Hoti (39

años), Rama Asllani (60 años) y Blerim Shishani

(15 años) eran habitantes de Novi Poklek (Poklek i

Ri), un asentamiento construido en los últimos años

junto a Glogovac, cerca de una fábrica llamada

Feronikl. El 31 de mayo, la policía llevó a cabo una

gran operación en el asentamiento y sus alrededores.3

Hacia la 1 de la tarde de ese día, una nutrida

fuerza policial llegó en varias decenas de vehículos a

las afueras del asentamiento. Según informes,

después de disparar contra las casas desde cierta

distancia, los policías comenzaron a ir en patrullas

casa por casa, ordenando a sus habitantes que salieran

de los edificios. Al parecer, a muchos de ellos los

reunieron en una casa del asentamiento, donde, tras

separar a los hombres de las mujeres y los niños,

conminaron a estos últimos a que se marcharan.

Los informes sobre los hechos ocurridos

incluyen denuncias que afirman que la policía mató

como mínimo a nueve hombres. A pesar de la

ausencia de datos confirmados, sigue sin conocerse el

paradero de los ocho hombres citados, quienes, según

los informes, fueron detenidos por la policía.

Amnistía Internacional cree que estos ocho hombres

han «desaparecido» y que podrían haber sido víctimas

de ejecuciones extrajudiciales.

Los informes indican además que en el lugar

de los hechos se encontraron los cadáveres de otros

dos hombres, Ardian Deliu (18 años) y Fidai

Shishani (17 años), pero no se han podido determinar

las circunstancias de su muerte.

Han circulado varios rumores discrepantes

sobre la suerte de los «desaparecidos»; entre otras

cosas se ha dicho que se habían visto cadáveres o

partes de ellos en la aldea, que se había visto a unos

policías que, al parecer, llevaban a unos presos en

dirección a la fábrica Feronikl, y que estos

permanecían allí recluidos o habían sido asesinados y

enterrados en una fosa común. Un testigo afirmó

haber visto a dos de los hombres caer al suelo

después de recibir unos disparos, pero no pudo

afirmar con certeza que hubieran muerto.

El 11 de junio, un grupo de abogados de

Pristina, a quienes los familiares de los

3 Véase Crisis de derechos humanos en la

provincia de Kosovo, documento núm. 5 de la serie A:

Ljubeni y Poklek: Las pautas se repiten, julio de 1998, Índice AI: EUR 70/46/98/s.



«desaparecidos» habían otorgado poderes, enviaron a

las autoridades judiciales serbias y federales y a la

policía una carta en la que afirmaban que nueve

hombres habían perdido la vida; también pedían que

se investigara el incidente, que se buscasen los

cadáveres, que se les realizara una autopsia y que se

entregaran a sus familias para ser enterrados. El

tribunal de distrito ha acusado recibo de la carta pero,

según la información de que dispone Amnistía

Internacional, no se ha recibido ninguna otra

respuesta de las autoridades ni se ha anunciado que se

haya iniciado una investigación sobre el incidente.

Personas de etnia albanesa «desaparecidas»

tras ser presuntamente detenidas por la

policía en la zona del actual conflicto armado

Se han denunciado varios casos de personas

de etnia albanesa que han «desaparecido» después de

ser detenidas por la policía en diferentes contextos en

relación con el actual conflicto armado.

El conserje de escuela Idriz Idrizi (43

años) «desapareció» el 23 de enero de 1998, según

informes cuando volvía a su casa, en la aldea de

Gornji Prekaz (Prekaz i Epërm), después de visitar la

población de Srbica (Skënderaj). El camino pasaba

frente a una antigua fábrica de munición de caza

situada entre las afueras de Srbica y la aldea de Donji

Prekaz (Prekaz i Pushtëm). En el interior de esta

fábrica, varias unidades de la policía serbia habían

establecido una base desde la que la víspera habían

lanzado un infructuoso ataque contra la casa de Adem

Jashari, quien posteriormente resultó muerto durante

el ataque de los días 5 y 6 de marzo descrito más

adelante (véase página 8).

Aunque las circunstancias siguen sin

aclararse, parece ser que, cuando Idriz Idrizi pasaba

cerca de la fábrica, alguien que se hallaba detrás de la

valla que rodea el recinto le dijo que entrase. No se le

ha vuelto a ver desde entonces. Según informes, la

policía local dijo a sus familiares que estaba detenido

en la fábrica, pero su familia no considera fiable esta

información.

El 6 de marzo, la policía utilizó la fábrica

para recluir a los hombres detenidos durante su

operación contra Donji Prekaz. Algunos de los

detenidos que fueron entrevistados por representantes

del Fondo de Derecho Humanitario relataron haber

sido golpeados en las instalaciones de la fábrica antes

de ser trasladados a una comisaría de policía de

Srbica. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo

constancia de que hubiera allí otros detenidos que

llevaran recluidos desde hace más tiempo.

Según informes, el 20 de junio, Jakup

Qerimi (27 años), de la población de Uroševac

(Ferizaj), y que según fuentes albanesas sufría una

deficiencia mental, fue detenido por siete agentes de

policía después de una pelea con un miembro de las

fuerzas de seguridad. Al parecer, cuando su madre

acudió a la policía buscando información sobre su

hijo, le dijeron que éste era miembro del ELK, y

cuando persistió en sus averiguaciones, mencionando

el hecho de que conocía a los agentes que lo habían

detenido, le dijeron que nunca volvería a verlo. Desde

entonces no ha vuelto a saber nada sobre su hijo.

El 6 de julio, en la aldea de Dobri Do

(Dobërdol), cerca de Pec (Peja), 10 hombres de la

aldea de Rudica (Rudicë), en la zona de Klina, que al

parecer habían ido a Dobri Do para ayudar a evacuar

a sus familiares, fueron detenidos por personas que

unos describieron como policías serbios y otros como

paramilitares. Algunos testigos presenciales han

declarado que se los llevaron en un tractor hacia la

vecina aldea de Goradevac (Gorazhdec).

El 17 de julio, siete de estos hombres

comparecieron ante un tribunal de Pec, lugar donde

permanecen detenidos mientras se los investiga por

actividades «terroristas». Según las declaraciones que

han hecho ante sus abogados y durante su

comparecencia ante el tribunal, fueron detenidos por

paramilitares serbios que los llevaron a Goradevac,

donde los entregaron a la policía. En sus

declaraciones afirmaron que los tres hombres que no

han comparecido ante el tribunal —Nimon

Bajraktari (51 años), Haki Ahmetgjekaj (23 años)

y Bashkim Mehmetaj (22 años)— fueron separados

del resto del grupo antes de que los entregaran a la

policía, y que no los volvieron a ver. Sigue sin

conocerse su paradero.

El 29 de junio, Izet Ajazi (40 años),

empleado de la industria eléctrica estatal, viajaba en

autobús desde Pristina hacia la aldea de Magura

(Magurë). A mitad de camino, en Velika Slatina

(Sllatinë e Madhe), la policía los separó a él y a otros

cinco individuos de etnia albanesa cuyos nombres no



se han hecho públicos, los obligó a bajar del autobús

y se los llevó. Se desconoce su paradero.

Al parecer, ni la policía ni otras autoridades

han tratado de investigar ni este ni ninguno de los

demás incidentes expuestos en este apartado.

Desaparecidos, posiblemente muertos, en

Donji Prekaz

Es probable que las personas de las que no se

ha vuelto a saber nada tras la operación policial

lanzada los días 5 y 6 de marzo contra la aldea de

Donji Prekaz, en la región de Drenica, murieran

durante el incidente. Después de la operación, en la

que hubo un gran número de muertos, mujeres y

niños entre ellos, fueron enterrados unos 56 cadáveres

en medio de cierta confusión.4 Dieciocho de esos

cadáveres fueron enterrados anónimamente, sin que

se realizaran los pertinentes trámites de identificación

y sin que se llevaran a cabo autopsias, en un acto de

grave negligencia por parte de las autoridades, que

han dejado a los familiares de los desaparecidos en la

más absoluta incertidumbre.

Serbios, romaníes y albaneses

desaparecidos tras ser secuestrados,

según los informes, por el ELK u

otros grupos armados de etnia

albanesa

Al Ejército de Liberación de Kosovo se le

considera responsable de varios secuestros. Los

cadáveres de algunos de los secuestrados han sido

encontrados junto a las carreteras. Por ejemplo, la

prensa de Belgrado informó de que el 30 de julio de

1998 fueron hallados los cuerpos de un padre y un

hijo, Ratko y Branko Stalieti, junto a la carretera que

va de Pristina a Pec. Al parecer, diez días antes, un

grupo de albaneses armados vestidos de uniforme se

los había llevado de su aldea de Mleani.5 Amnistía

Internacional teme que pueda haber más cadáveres

sin descubrir o enterrados en fosas clandestinas.

4 Véase Crisis de derechos humanos en la

provincia de Kosovo, documento núm. 2 de la serie A: La

violencia en Drenica, junio de 1998, Índice AI: EUR

70/33/98/s

5 Citado en el informe del Fondo de Derecho

Humanitario Nestanci u Vreme Oruanih Sukoba 15. januar - 30. jul, julio de 1998

Entre los desaparecidos figuran tanto

policías como civiles; respecto a su origen étnico, hay

serbios, montenegrinos, albaneses y romaníes.

Algunos familiares de personas de etnia albanesa

desaparecidas tras ser presuntamente detenidas por el

ELK creen que los desaparecidos podrían haber sido

acusados de «colaborar» con las autoridades serbias,

aunque afirman que se trata de una acusación falsa,

posiblemente resultado de una denuncia formulada

por rencillas personales.

Jakup Krasniqi, citado como portavoz oficial

del ELK, declaró en una entrevista mantenida con la

agencia de noticias ARTA el 12 de julio:

Nosotros no cometemos secuestros y, si

secuestráramos a alguien sería a los

colaboracionistas albaneses, no a los civiles

serbios... No nos interesan los civiles, y los

prisioneros de guerra que encontramos los

devolvemos... Respecto a las personas que

secuestramos, hacemos pública la lista con

sus nombres, y si ejecutamos a alguno lo

anunciamos...

Aunque algunos de los secuestrados han sido

devueltos —liberados informalmente o entregados en

trámites facilitados por el Comité Internacional de la

Cruz Roja—, son muchos los que siguen en paradero

desconocido. El artículo 3 común de los Convenios

de Ginebra de 1949, vinculantes para todos los que

participan en un conflicto armado, prohíbe dar muerte

a quienes no toman parte en el conflicto, así como la

toma de rehenes. En la entrevista antes citada, Jakup

Krasniqi declaró que el ELK conocía estas

disposiciones y tenía intención de cumplirlas, pero no

hay nada que indique que el grupo armado esté

tomando medidas serias con tal fin. Por el contrario,

la referencia a las ejecuciones que hizo Jakup

Krasniqi en su declaración subraya que el ELK no

respeta el artículo 3 común, ya que reconoce haber

ejecutado a algunos de los secuestrados. Por tanto,

Amnistía Internacional hace hincapié en la necesidad

de que el ELK reforme y refuerce su cadena de

mando para garantizar que no se viola el artículo 3

común; el grupo armado debe además suspender del



servicio activo, mientras se lleva a cabo una

investigación y se toman las medidas disciplinarias

pertinentes, a todo individuo sospechoso de haber

cometido tales abusos.

Existen rumores persistentes pero no

confirmados que indican que algunos de los

secuestrados siguen vivos, recluidos en campamentos

improvisados y dedicados a trabajos tales como cavar

trincheras y construir fortificaciones para sus

captores. Una aldea mencionada con frecuencia como

sede de un campamento de detención es Likovac

(Likovc), en la zona de Decani, que ha estado bajo el

control efectivo del ELK desde principios de 1998.

Sin embargo, aunque las fuerzas serbias recuperaron

brevemente el control de la aldea durante la primera

semana de agosto, no se ha informado de la aparición

de ningún detenido en la zona.

El 18 de mayo de 1998, la mayoría de los

habitantes serbios había abandonado la aldea de

Leoina, en la región de Drenica, pero quedaban allí

cinco personas, algunas de edad avanzada: Krstiva

Šmigi y sus familiares, los esposos Milosav (75

años) y Sultana Šmigi (72 años), y Aleksandra

(conocida como «Lenka») Šmigi (de unos 75 años)

y su hijo Radomir (54 años).

Según informes, el 19 de mayo, Dostana

Šmigi (42 años), hija de Krstiva Šmigi, salió de su

casa en Srbica, donde vivía y trabajaba, para recoger

a su madre. Al parecer, un testigo vio cómo un grupo

de albaneses armados daba el alto a su automóvil.

Desde entonces se desconoce su paradero. Su familia

recibió información no confirmada que indica que

está recluida en Likovac pero, como ya se ha

indicado, no se informó de la aparición de ningún

detenido en esa zona durante el escaso tiempo en que

estuvo bajo el control de las fuerzas serbias en agosto.

Cuatro de los cinco ancianos que se quedaron

en Leoina están asimismo desaparecidos. A Amnistía

Internacional le preocupa que puedan haber sido

ejecutados de forma arbitraria y sumaria por

miembros del ELK. Según declaraciones hechas por

Krstiva Šmigi a los investigadores del Fondo de

Derecho Humanitario, hacia el 9 de junio de 1998

cuatro hombres armados del ELK entraron en la aldea

y, tras intercambiar algunas palabras, golpearon a

Milosav Šmigi con las culatas de sus fusiles y

propinaron patadas a Krstiva y a Sultana. Después

saquearon la casa, prendieron fuego a las camas y las

mantas y dijeron que regresarían en una hora.

Radomir y Lenka Šmigi, que habían visto lo

ocurrido desde su casa, los llamaron. Las dos

ancianas dejaron a Milosav en el patio y fueron a la

casa de Radomir y Lenka para decidir dónde

esconderse. Radomir dijo a las mujeres que se

marcharan y se ocultaran en el maizal, y aseguró que

él se escondería en el piso de arriba de la vivienda.

Las mujeres salieron pero, a mitad de camino,

decidieron regresar. Sultana fue a su casa, y las otras

dos fueron a la casa de Radomir y Lenka. Allí

descubrieron que unos treinta hombres armados,

algunos de los cuales vestían uniforme, habían

entrado en el patio. Diez de ellos entraron en el

edificio y, al parecer, descubrieron a Radomir en el

piso de arriba. Inmediatamente después, las mujeres

que estaban abajo oyeron gritos y la madre de

Radomir corrió al interior de la casa y subió las

escaleras. Krstiva se quedó en el patio y oyó:

... gemidos y gritos, no podía soportar oírlos,

ni siquiera Dios habría podido escuchar esos

aullidos. Oí tres disparos antes de correr al

maizal. No vi si sacaron a Radomir y Lenka.

Krstiva vio después las casas de los Šmigi

en llamas. Al día siguiente fue a casa de Milosav y

llamó a Sultana, y después a Radomir y a Lenka, pero

nadie le respondió. Pasó varios días escondida y

finalmente se dirigió a un puesto de policía de Klina.

Según informes, la mañana del 22 de junio de

1998, varios miembros armados del ELK dieron el

alto a un autobús de trabajadores que se dirigía a la

mina de carbón a cielo abierto de Belaevac, hicieron

bajar a varios hombres y se los llevaron. Entre ellos

figuraban Dragan Vukmirovi, Dušan Adandi,

Zoran Adandi, Filip Gojkovi, Miroslav

Trifunovi, Srboljub Savi, Petar Adandi y

Boidar Alimpi (que viajaba en el mismo autobús,

aunque no trabajaba para la empresa minera). Otro

trabajador de la mina, Mirko Buha, del que se dijo

que había sido secuestrado en el mismo incidente, no

viajaba en el autobús, según el informe del Fondo de

Derecho Humanitario, sino que desapareció ese

mismo día cuando se dirigía al trabajo en un

automóvil particular. La noche del 14 de mayo ya

había desaparecido otro trabajador de la mina de

Belaevac, arko Spasi (35 años), de la aldea de



Sibovac, presuntamente secuestrado en la estación de

autobuses de la aldea de Grabovac (Grabovec) por

albaneses armados y uniformados. Los llamamientos

de su padre a las organizaciones albanesas de Pristina,

aunque al parecer fueron recibidos con comprensión,

han resultado infructuosos.

A finales de junio, varias unidades del ELK

se hicieron con el control de la propia mina y, el 19

de junio, las fuerzas serbias lanzaron una ofensiva

para recuperarlo y finalmente lo lograron. Aunque el

2 de julio el diario Times de Londres informó de que

los nueve miembros del grupo secuestrado el 22 de

junio habían perdido la vida cuando las fuerzas

serbias iniciaron su ataque, esta noticia no ha sido

confirmada, y no se ha recuperado ningún cuerpo.

Fuentes yugoslavas han afirmado que, en el

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 17 de

julio de 1998, han sido secuestrados diez agentes de

policía. Uno de ellos era Ivan Bulatovi, de

Glogovac, que viajaba en tren con su esposa desde

Kosovo Polje (Fushë e Kosovës) a Pec el 23 de mayo.

No estaba de servicio. Cuando el tren se detuvo en la

estación de Banjica (Banjicë), fue abordado por un

grupo de hombres armados que examinaron los

documentos de los pasajeros, separaron y golpearon a

Ivan Bulatovi y se lo llevaron. Una vez más, han

circulado rumores, ninguno de ellos confirmado aún,

que afirman que este hombre está en poder del ELK y

citan varios lugares de detención.

Según informes, el 22 de mayo de 1998,

Pjetër Preqi (58 años), trabajador agrícola de etnia

albanesa y religión católica de la aldea de Biteš

(Bitesh), en la zona de Decani, y su pariente político

Pashk Gjergji (58 años) fueron secuestrados en las

proximidades de Dobri (Dobriq) por miembros

armados del ELK vestidos de uniforme. Un tercer

hombre, Pashk Karricë, que fue secuestrado junto con

ellos, fue liberado ese mismo día, pero desde esa

fecha las familias de Pjetër Preqi y Pashk Gjergji no

han tenido noticias de su paradero, a pesar de haber

solicitado ayuda a diversas organizaciones

internacionales y de haber pedido al ELK su

liberación.

La familia de Pjetër Preqi teme que pueda

estar detenido por haber sido denunciado como

colaborador de las autoridades serbias, y ha negado

contundentemente que pueda ser considerado como

tal.

Desaparecidos en Orahovac,

julio-agosto de 1998

Tras el intento del ELK de hacerse con el

control de la ciudad de Orahovac (Rahovec) el 17 de

julio, las fuerzas serbias lanzaron una ofensiva militar

general encaminada a recuperar territorios que hasta

entonces estaban bajo el control efectivo del grupo

armado. Con la intensificación de los combates y el

consiguiente aumento masivo de desplazados, se ha

incrementado el número de personas en paradero

desconocido. Inmediatamente después de la ofensiva

se informó de la desaparición de unos 55 serbios,

entre ellos personal médico, de Orahovac y las aldeas

circundantes. De ellos, 35 fueron liberados

posteriormente, tras haber estado bajo custodia del

ELK. Sin embargo, el 6 de agosto, un grupo de 40

familiares de personas que aún seguían desaparecidas

se manifestó en Pristina para pedir ayuda para

localizar a sus familiares y negociar su liberación.

Uno de los que continúan desaparecidos es

Djordje Djori (28 años), de la ciudad de Orahovac,

detenido el 17 de julio por un grupo de hombres

armados cuando llevaba a una vecina embarazada al

centro médico local. Según los informes, los hombres

le dijeron que sabían que tenía dos hermanos en la

policía y lo interrogaron. Después lo llevaron al

hospital, donde permaneció detenido toda la noche. A

la mañana siguiente, lo volvieron a interrogar sobre

sus hermanos y, según informes, lo golpearon; a

continuación, se lo llevaron en su propio automóvil

rumbo a un destino desconocido.

Lamentablemente, la confusión y el colapso

de las comunicaciones provocados por el incremento

de los combates en la zona de Orahovac y otros

lugares han obstaculizado seriamente los esfuerzos de

organizaciones internacionales como el Comité

Internacional de la Cruz Roja para entablar contacto

con el ELK y conseguir la liberación de los detenidos.

Además, la ausencia de un mando central reconocido

del ELK, capaz de ejercer pleno control sobre los

diversos líderes locales, impide también el progreso

de las negociaciones para que se libere a los

detenidos.



Las fuentes albanesas de Kosovo no han

facilitado ninguna cifra relativa a los miembros de la

comunidad de etnia albanesa de Orahovac y sus

alrededores de los que no se han vuelto a tener

noticias. Hay enterramientos recientes en Orahovac y

en Prizren que, según la policía, contienen un total de

51 cadáveres de personas fallecidas en los combates;

según los informes, algunos de los cadáveres

sepultados en esos enterramientos están identificados

únicamente por un número. Este hecho incrementa el

temor por la posibilidad de que algunas de las

personas cuyo paradero se desconoce, y que pueden

haber sido detenidas por cualquiera de los dos

bandos, hayan sido enterradas en esas fosas tras haber

sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales u

homicidios ilegítimos. La opinión de que Orahovac

fue escenario de este tipo de ejecuciones

extrajudiciales y homicidios ilegítimos se basa en al

menos un informe aparentemente fiable, que habla de

la ejecución extrajudicial de una importante

personalidad religiosa musulmana de etnia albanesa,

muerta por la policía serbia el 20 de julio, así como

en las denuncias de homicidios ilegítimos de rehenes

serbios a manos del ELK. Amnistía Internacional cree

que las autoridades deben tomar medidas inmediatas

para identificar estos cuerpos, determinar la causa de

su muerte e informar a sus familiares. (Los hechos

acaecidos en Orahovac se abordarán con más detalle

en un documento posterior de esta serie).

Recomendaciones de Amnistía

Internacional

A las autoridades serbias y yugoslavas:

• Las autoridades deben impartir a todos los

miembros de las fuerzas de seguridad que

desempeñan tareas relacionadas con el cumplimiento

de la ley en la provincia de Kosovo instrucciones

claras que indiquen que no se tolerarán en ninguna

circunstancia las «desapariciones», ya sea de civiles o

de combatientes, las detenciones y expulsiones

arbitrarias u otras violaciones de derechos humanos, y

que los responsables deberán rendir cuenta de sus

actos ante los tribunales.

• Las autoridades deben garantizar que todos los

miembros de las fuerzas de seguridad que

desempeñan tareas relacionadas con el cumplimiento

de la ley en la provincia de Kosovo conocen las

siguientes normas internacionales y reciben

formación sobre su aplicación:

la Declaración de la ONU sobre la Protección

de Todas las Personas contra las

Desapariciones Forzosas;

los Principios de las Naciones Unidas

Relativos a una Eficaz Prevención e

Investigación de las Ejecuciones

Extralegales, Arbitrarias o Sumarias;

los Principios Básicos de las Naciones

Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de

Armas de Fuego por los Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

el Código de Conducta de la ONU para

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir

la Ley;

el Conjunto de Principios de la ONU para la

Protección de Todas las Personas Sometidas a

Cualquier Forma de Detención o Prisión.

• Las autoridades deben garantizar que, en situaciones

de conflicto armado, se aplican las disposiciones

pertinentes del derecho humanitario internacional

contenidas en el artículo 3 común de los Convenios

de Ginebra de 1949 y en el Segundo Protocolo

adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la

protección de las víctimas de conflictos armados sin

carácter internacional; también deben garantizar que

todos los miembros de las fuerzas de seguridad

desplegadas en Kosovo están familiarizados con estas

disposiciones.

• Las autoridades deben garantizar que se inician

investigaciones y actuaciones penales contra

cualquier funcionario sospechoso de ordenar o

cometer violaciones de derechos humanos.

• Las autoridades deben facilitar a los familiares y

abogados de los detenidos información rápida y

precisa sobre la detención de cualquier persona y

sobre el lugar en el que se encuentra recluida, así

como sobre cualquier traslado o liberación. Los

presos deberán ser puestos en libertad de forma que

pueda verificarse adecuadamente su liberación y se

garantice su seguridad.

• Las autoridades deben garantizar que todos los

cadáveres son debidamente identificados y enterrados

en tumbas adecuadamente señaladas. Asimismo,

deben tomar medidas inmediatas para identificar a las

personas que han sido enterradas sin que se haya



determinado su identidad y deben informar cuanto

antes a los familiares de los fallecidos.

A los grupos armados de oposición de etnia

albanesa en la provincia de Kosovo

• El Ejército de Liberación de Kosovo debe garantizar

que todas las fuerzas bajo su control respetan los

principios fundamentales del derecho humanitario

establecidos en el artículo 3 común de los Convenios

de Ginebra de 1949, que prohíbe el homicidio de quienes no participan en las hostilidades y la toma de

rehenes.

• El Ejército de Liberación de Kosovo debe garantizar

que colabora con el Comité Internacional de la Cruz

Roja, en particular en lo que se refiere a desvelar la

suerte corrida por los prisioneros presuntamente

capturados por sus miembros.



PALABRAS CLAVE: DESAPARICIONES / POSIBLE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 / CONFLICTO

ARMADO / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / GRUPOS ÉTNICOS / DETENCIÓN EN

RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / TORTURA/MALOS TRATOS / AVANZADA EDAD

PROGRAMA DE 14 PUNTOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

PARA PREVENIR LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Los «desaparecidos» son personas, privadas de libertad por agentes del Estado,

de las que se oculta el paradero y suerte y se niega la privación de libertad. La

desaparición forzada es angustiosa tanto para la víctima como para sus familiares.

Mediante la desaparición forzada se separa a una persona del resto del mundo y se la

sitúa fuera de la protección de la ley; a menudo se la tortura; en muchos casos no

reaparece jamás. A los familiares se los mantiene sumidos en la ignorancia, sin que

puedan descubrir si las víctimas están vivas o muertas. Las Naciones Unidas han

condenado la desaparición forzada como una violación grave a los derechos humanos, y

han declarado que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.

Sin embargo, miles de personas «desaparecen» cada año en todo el mundo, y un

sinnúmero permanecen desaparecidas. Se hace necesario, pues, actuar con urgencia

para poner fin a las desapariciones, aclarar la suerte de los desaparecidos, y enjuiciar a

los responsables. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que apliquen el

siguiente Programa de 14 puntos para prevenir las desapariciones forzadas, e invita a

todos los particulares y organizaciones preocupados por estos abusos a que aúnen

esfuerzos para promover juntos el Programa. Amnistía Internacional está convencida

de que la aplicación de estas medidas será una indicación positiva del empeño de un

gobierno en poner fin a las desapariciones forzadas y luchar para que se erradiquen en

todo el mundo.

1. Condena oficial de las desapariciones forzadas

Las máximas autoridades de cada país deben mostrarse totalmente opuestas a

las «desapariciones» y hacer comprender a todos los agentes de la policía, las fuerzas



armadas y otras fuerzas de seguridad que no tolerarán las desapariciones forzadas en

ninguna circunstancia.

2. Responsabilidad de la cadena de mando

Los responsables de las fuerzas de seguridad deben mantener estrictamente la

responsabilidad de la cadena de mando para asegurar que los agentes a sus órdenes no

cometen desapariciones forzadas. A los oficiales que ordenen o permitan que los agentes

bajo su mando cometan desapariciones forzadas se los responsabilizará penalmente de

tales actos.

3. Información sobre detenciones y excarcelaciones

Los familiares, abogados y tribunales de justicia deben recibir sin dilación

información exacta sobre la aprehensión de una persona y el lugar en que se encuentra

detenida, incluyendo información relativa a cualquier transferencia o a su excarcelación.

Los detenidos deben ser puestos en libertad de tal forma que pueda verificarse la

liberación y asegurarse su integridad física.

4. Mecanismos para localizar y proteger a los detenidos

Los gobiernos deben, en toda circunstancia, proporcionar recursos legales

efectivos que permitan que familiares y abogados conozcan inmediatamente el paradero

del detenido y la autoridad que lo custodia, aseguren su integridad física y puedan

obtener la libertad de cualquier persona detenida arbitrariamente.

5. Eliminación de las detenciones secretas

Los gobiernos deben asegurarse de que sólo se usan lugares de detención

reconocidos públicamente para recluir a los detenidos. Asimismo, deben mantenerse

registros actualizados de todos los detenidos en cada lugar de detención y en un

registro central. La información contenida en tales registros debe ponerse a disposición

de los familiares, abogados, jueces y organismos oficiales que tratan de averiguar el



paradero de personas detenidas, y de cualquier persona que tenga un interés legítimo

en tal información. Nadie debe ser recluido en secreto.

6. Autorización de las aprehensiones y detenciones

La aprehensión y detención deben ser practicadas únicamente por funcionarios

autorizados por la ley. Los funcionarios encargados de la aprehensión deben

identificarse ante la persona aprehendida y ante cualquier testigo de la aprehensión que

lo solicite. Los gobiernos deben establecer normas que estipulen qué funcionarios están

autorizados a ordenar una aprehensión o detención. Cualquier desviación del

procedimiento establecido que contribuya a la comisión de una desaparición forzada

debe ser castigada con la sanción apropiada.

7. Acceso a los detenidos

Una vez privada de libertad, la persona detenida debe comparecer sin dilación

ante una autoridad judicial. Los familiares, abogados y médicos deben tener acceso a

los detenidos con prontitud y regularidad. También debe haber visitas de inspección

regulares, independientes, imprevistas e irrestrictas a todos los lugares de detención.

8. Prohibición legal de las desapariciones forzadas

Los gobiernos deben asegurarse de que la comisión de una desaparición forzada

constituye un delito de derecho penal, punible con sanciones proporcionales a la

gravedad de esta práctica. La prohibición de las desapariciones forzadas y las

salvaguardias para prevenirlas no deben suspenderse jamás, ni siquiera en estados de

guerra u otras emergencias públicas.

9. Responsabilidad individual

La prohibición de la desaparición forzada debe reflejarse en las instrucciones y el

entrenamiento de todos los funcionarios encargados de la aprehensión o custodia de

detenidos. Las instrucciones que reciban deben dejar claro que tienen el derecho y el



deber de negarse a obedecer cualquier orden de participar en una desaparición forzada.

No podrá invocarse como justificación para participar en una desaparición forzada el

cumplimiento de las órdenes de un superior o de una autoridad pública.

10. Investigación

Los gobiernos deben asegurar que todos los informes y denuncias sobre

desapariciones forzadas son investigados sin dilación, con imparcialidad y efectividad

por un órgano independiente de los presuntos responsables, dotado de las facultades y

los recursos necesarios para llevar a cabo tales investigaciones. Los métodos y las

conclusiones de las mismas deben hacerse públicos. Los agentes acusados de

participación en una desaparición forzada deben ser suspendidos del servicio activo

durante la investigación. Los familiares de la víctima deben tener acceso a la

información relativa al proceso investigativo, y derecho a aportar pruebas. Los

denunciantes, testigos, abogados y otras personas que participen en la investigación

deben ser protegidos contra la intimidación y las represalias. La investigación no debe

ser coartada hasta que se esclarezca oficialmente la suerte de la víctima.

11. Enjuiciamiento

Los gobiernos deben asegurarse de que los responsables de una desaparición

forzada comparecen ante la justicia. Este principio debe aplicarse en toda

circunstancia, sin que importe dónde se encuentren esas personas, dónde se cometiera

el delito, cuál sea la nacionalidad de los autores o de la víctima, o el tiempo que haya

transcurrido desde la comisión del delito. Los juicios deben celebrarse ante tribunales

civiles. Los responsables no podrán beneficiarse de ningún tipo de medida legal que

pueda eximirlos de ser sometidos a un proceso penal o de ser condenados.

12. Compensación y rehabilitación

Las víctimas de una desaparición forzada y las personas que dependen de ellas

tendrán derecho a obtener reparación justa y adecuada del Estado, incluyendo



compensación económica. Cuando las víctimas reaparecen, deberá procurárseles

rehabilitación o cuidados médicos apropiados.

13. Ratificación de los instrumentos de derechos humanos y aplicación de las normas

internacionales

Todo gobierno debe ratificar los instrumentos internacionales que contienen

salvaguardias y remedios relativos a las desapariciones forzadas, como son el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer Protocolo Facultativo, que

permite la presentación de denuncias por particulares. Los gobiernos deben asegurar la

absoluta aplicación de las disposiciones pertinentes de éstas y otras normas

internacionales, como la Declaración sobre la protección de todas las personas contra

las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las recomendaciones de las

organizaciones intergubernamentales para la prevención de estos abusos.

14. Responsabilidad internacional

Los Estados deben hacer lo posible para interceder ante los gobiernos acusados de

perpetrar desapariciones forzadas. Deben asegurarse de que las transferencias de

equipo, conocimientos y entrenamiento para uso militar, de seguridad y policial no

facilitan las «desapariciones». Nadie debe ser devuelto contra su voluntad a un país en

el que corre el riesgo de que lo hagan «desaparecer».

Este Programa de 14 puntos fue adoptado por Amnistía Internacional en

diciembre de 1992 en el marco de la campaña mundial de la organización en pro de

la eliminación de las desapariciones forzadas. Amnistía Internacional ha adoptado

programas análogos sobre la prevención de la tortura y de las ejecuciones

extrajudiciales.

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