2013, territorializacion pcas asist.pdf

260

SOCIAIS E HUMANAS, SANTA MARIA, v. 26, n. 02, mai/ago 2013, p. 260 - 273

LA TERRITORIALIZACIN DE LAS POLTICAS PBLICAS ASISTENCIALES EN BUENOS AIRES DESPUS DE 2001

THE TERRITORIALIZATION OF ASSISTANCE POLICIES IN BUENOS AIRES SINCE 2001

Mara CeCilia Ferraudi Curto1

Recebido em: 31/07/2012Aprovado em: 08/04/2013

RESUMEN

Este artculo se propone explorar los procesos de territorializacin vinculados a las polticas pbli-cas orientadas a la pobreza, centrndose en la situacin argentina posterior a diciembre de 2001. Se atiende especialmente a la relacin entre po-ltica pblica, construccin territorial y tejido organizacional local, a partir de la investigacin etnogrfica sobre diferentes programas imple-mentados luego de 2001. Para ello, se centra en el Gran Buenos Aires, no slo por la abundancia de estudios etnogrficos en esta zona sino, sobre todo, porque el conurbano bonaerense ha sido un lugar clave para definir la poltica pblica asisten-cial en las ltimas dcadas.Palabras clave: Polticas pblicas asistenciales; Buenos Aires; Diciembre de 2001.

ABSTRACT

This paper aims to explore the processes of ter-ritorialization connected to the implementation of public policies focused on poverty, during the post-2001 Argentine situation. It focuses on the relationship among public policy, ter-ritorial construction and local organizational networks, based on the ethnographic research about different programs implemented after De-cember 2001. The analysis is restricted to the Great Buenos Aires area, not just because of the existing ethnographic data but also because the conurbanobonaerense [Buenos Aires periph-ery] has been very important in the definition of these public policies during the last decades.Keywords: Public policies focused on pover-ty; Buenos Aires; December 2001.

1 Doctora en Ciencias Social es Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS-IDES), Argentina. Investigadora asistente de CONICET. Docente en la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), Argentina. E-mail: [email protected].

1 Introduccin

Este artculo se propone explorar los procesos de territorializacin vincu-lados a las polticas pblicas orientadas a la pobreza, centrndose en la situacin argentina posterior a diciembre de 2001. Me interesa especialmente atender a la relacin entre poltica pblica, construc-cin territorial y tejido organizacional local, a partir de la comparacin etnogr-fica entre diferentes programas imple-mentados luego de 2001. Para ello, me centro en el Gran Buenos Aires, no slo por la abundancia de estudios etnogrfi-cos en esta zona sino, sobre todo, porque el conurbano bonaerense ha sido un lu-gar clave para definir la poltica pblica asistencial en las ltimas dcadas.

Entiendo la territorializacin de las polticas pblicas como una nocin que busca dar cuenta de las formas en que dichas polticas se concretan en tr-minos espaciales. Siguiendo la concep-cin weberiana, el trmino territorio refiere a una definicin estatal del espa-cio como mbito delimitado dentro del cual el Estado ejerce el monopolio de la violencia fsica legtima. Se ha sea-lado que en esta concepcin el Estado implica necesariamente centralizacin. Solamente el Estado est inherente-mente centralizado sobre un territorio delimitado sobre el que tiene poder autoritario. A diferencia de los grupos econmicos, ideolgicos y militares en la sociedad civil, los recursos de las elites estatales se difunden autoritaria-

261



mente hacia fuera desde un centro pero se detienen ante barreras territoriales definidas (MANN, 2006, p. 19). La centralizacin distingue el poder estatal de otros tipos de poder. Pero no se debe tomar la centralizacin estatal como su-puesto conceptual sino, ms bien, como fenmeno histricamente variable.

Hacia fines del siglo XX, el Esta-do nacional argentino atraves un pro-ceso de reforma estructural que, entre otras cuestiones, tendi a su descentra-lizacin administrativa. Con respecto a las polticas orientadas a la pobreza, especficamente, se implementaron pro-gramas focalizados localmente en la poblacin vulnerable siguiendo los lineamientos de las agencias transna-cionales de crdito (PREVOT-SCHA-PIRA, 1996; REPETTO, 2000). Si este proceso puede ser visto como una con-secuencia del debilitamiento del Estado (SIDICARO, 2001), los acontecimien-tos de fines de 2001 abrieron a una revi-sin de la situacin.

Diciembre de 2001 marc la cul-minacin de un ciclo iniciado luego de la crisis hiperinflacionaria de 1989, cuyos ejes giraban en torno de la con-vertibilidad monetaria respecto del d-lar, la apertura econmica y la reforma del Estado (privatizacin de empresas pblicas, descentralizacin administra-tiva y focalizacin de las polticas so-ciales).2Desde mediados de la dcada de 1990, los anlisis acadmicos mos-traban seales de recesin econmica, altos ndices de desocupacin y deses-tabilizacin del empleo (BECCARIA; LPEZ, 1997). Estas cuestiones logra-ron limitada atencin pblica a partir de una serie de protestas en el interior del pas y en el conurbano bonaerense. El Plan Trabajar, que implicaba una trans-ferencia condicionada de ingresos a los jefes de hogar desocupados a cambio de una contraprestacin, fue la respues-ta estatal frente a los primeros cortes

2 Los orgenes de la transformacin neoliberal en Argentina pueden re-montarse a la dictadura de mediados de los 70. Sin embargo, no fue hasta despus de la hiperinflacin de 1989 que adquirieron amplia legitimidad social.

de ruta de los nominados piqueteros (SCRIBANO, 1999). Si inicialmen-te los anlisis mostraban las protes-tas como acontecimientos episdicos (SCHUSTER; PEREYRA, 2001), pos-teriormente comenz a resaltarse su ela-boracin como parte de una compleja trama social local y procesos organiza-cionales de ms largo plazo (AUYERO, 2004; MERKLEN, 2005; SVAMPA; PEREYRA, 2003). Sin embargo, en el Estado predominaba un enfoque de la cuestin social abstracto y fragmenta-dor (GRASSI, 2003). El alcance de los programas estatales asistenciales era muy reducido. En diciembre de 2001, la situacin estall.

Hacia fines de la dcada, la crisis del Estado se manifestaba claramente como crisis fiscal. Mientras los Estados nacional y provinciales comenzaron a emitir cuasi-monedas para afrontar los pagos pendientes, una medida tendiente a limitar la extraccin de depsitos ban-carios (corralito) exacerb el malestar reinante. A la vez que los cacerolazos se multiplicaban en diferentes ciudades del pas, una serie de saqueos se produ-jo en la periferia de los centros urbanos y, especialmente, en el conurbano bo-naerense. La declaracin del estado de sitio a las 22 hs. del 19 de diciembre fue respondida con un cacerolazo multi-tudinario en la Plaza de Mayo (frente a la casa de gobierno) al grito de que se vayan todos. Los manifestantes fue-ron reprimidos por la polica. Ante la continuacin de las protestas, el 20 de diciembre renunci el presidente Fer-nando de la Ra. Das despus, fue de-clarada la cesacin de pagos de la deuda pblica. En enero de 2002, el presidente provisional Eduardo Duhalde promulg la Ley de Emergencia Pblica y Refor-ma del Rgimen Cambiario. Era el fin de la convertibilidad.

La declaracin de la emergen-cia fue clave para la redefinicin de las polticas pblicas orientadas a la po-breza. El conurbano fue definido como territorio privilegiado, tanto por su peso

262


MARA CECIlIA FERRAUdI CURTO

demogrfico como por su centralidad en diferentes formas de accin colec-tiva contenciosa durante los tiempos extraordinarios (SVAMPA, 2005). Aqu, partir de este contexto para ana-lizar los procesos de territorializacin de las polticas pblicas asistenciales en el conurbano bonaerense. Este art-culo se asienta sobre mi trayectoria de investigacin desde 2003, retomando mi experiencia etnogrfica para elabo-rar comparaciones, a la luz de un campo amplio de investigaciones que, a lo lar-go de la dcada, han dado cuenta de la relacin entre los bienes que el Estado distribuye para aquellos que cataloga como pobres, y las prcticas de reclu-tamiento y movilizacin de partidos y otras organizaciones.

2 Anotado por el plan

En 2002, la implementacin del PJHD signific la masificacin de los subsidios a los desocupados. Enmar-cado en la emergencia, el programa lanzado por Duhalde actualizaba las polticas pblicas asistenciales. Por un lado, retomaba algunos elementos de los Planes Trabajar. Se otorgaba un monto monetario fijo ($150) a los jefes de hogar desocupados con menores a cargo, a cambio de una contrapresta-cin laboral en diferentes proyectos comunitarios y productivos (y de una serie de requisitos de salud y educa-cin de los menores). La gestin estaba descentralizada: tanto los municipios como diferentes organizaciones socia-les (iglesia, ONG y, significativamente, piqueteros) operaban como admi-nistradores de planes. Por otro lado, la masificacin (inicialmente presentada como universalidad por el gobierno3) implicaba un cambio sustancial en la vida cotidiana de los barrios popula-res (CERRUTTI; GRIMSON, 2004, p.

3 La inscripcin de nuevos beneficiarios en el PJHD se cerr a fines de 2002, dejando fuera de cobertura a una cantidad significativa de hogares que cumpla con los criterios de elegibilidad. Segn datos de 2007, esta situacin afectaba a aproximadamente 1.800.000 hogares (RINGOLD Y ROFMAN, 2010: p. 36).

43)4. Mientras el Plan Trabajar haba al-canzado a 206.281 personas en su mo-mento de mayor cobertura (en 1997), el PJHD lleg a extenderse a casi dos millones de beneficiarios en su pico de cobertura a inicios de 2003 (SVAMPA; PEREYRA, 2003, p. 99). Comedores, merenderos, huertas y otras iniciativas se vieron reconfiguradas a partir de los planes: se incorporaron beneficiarios, se modific el sentido atribuido al tra-bajo all, se multiplicaron las tareas de gestin (llenado de planillas, reco-leccin de documentos, trmites, etc.) (FASANO, 2004; FERRAUDI CUR-TO, 2006; QUIRS, 2006). Si bien los tejidos organizacionales variaban localmente (CERRUTTI; GRIMSON, 2004), la multiplicacin de los agentes mediadores entre el Estado y la pobla-cin habilitaba diferentes alternativas para los beneficiarios, quienes elabo-raban complejas evaluaciones entre las organizaciones localmente prximas. Las reglas escritas del programa eran redefinidas en las tramas organizacio-nales locales y en la forma en que stas eran apropiadas por quienes transitaban por ellas.

La centralidad de la poltica p-blica en la estructuracin de los vn-culos organizacionales podra verse explicitada en el motivo que muchas personas argan para acercarse a una u otra organizacin: anotarse por el plan. La relacin con la organizacin se estableca a partir de ese momento en que la persona concurra con su docu-mentacin para inscribirse en los lista-dos. Segn la organizacin, diferentes requisitos se establecan para merecer el plan (diferenciando segn el tiempo que tardaba en salir): asistir a movi-lizaciones, participar en los proyectos comunitarios y productivos, asistir a 4 En Buenos Aires cualquier intento por caracterizar actualmente una organizacin popular implica al menos tres preguntas inevitables. La pri-mera es: cuntos planes tiene?. Es decir, cuntas personas realizan en esa organizacin la contraprestacin del Plan Jefes y Jefas de Hogar. Las otras dos preguntas se refieren a cmo se consiguen esos planes y a cmo se los distribuye. En otras palabras, todas las organizaciones populares han sido transformadas por el PJHD o han logrado constituirse en inter-mediarias entre el Estado y la poblacin gracias al mismo (CERRUTTI Y GRIMSON, 2004: p. 42-43).

263



las reuniones, pagar, etc. Pero no todos eran considerados igualmente legti-mos. En las organizaciones piqueteras, la obligacin de marchar era recono-cida como vlida. Segn el discurso ofi-cial de estas organizaciones, los planes se haban conquistado en la lucha. De all que la participacin en las pro-testas (entonces ya no cortes de ruta en la periferia sino, sobre todo, marchas por el centro de la ciudad de Buenos Aires) resultaba clave como forma de socializacin poltica de quienes ingre-saban en la organizacin. En las charlas, muchos evocaban cuntos meses ha-ban estado marchando antes de que les saliera. A mediados de 2004, sentada en una estacin de trenes en Florencio Varela, escuch una conversacin entre un hombre y un muchacho.

El hombre estaba acicalado como para salir (un pantaln de vestir y una camisa limpia y planchada). El pibe vesta como otros de la zona: un pan-taln de jogging y una remera suelta. Conversaban sobre distintos movi-mientos piqueteros. El seor dijo que con tres marchas ya daban la merca-dera... y cosas lindas. El pibe contes-t: S, mi pap traa mermelada!. La heladera llena quedaba... Ahora este Castells est mal. Que se muera. Te cobraban $20 para que te saliera antes [el plan] y $5 por la mercadera. Con $125 cmo hacs? $100 los cambis y ya se te fueron!.5 Lleg el tren y el hombre parti.

Florencio Varela es un distrito del segundo cordn del conurbano bonae-rense que se destaca por un crecimiento poblacional reciente, niveles elevados de pobreza y, desde fines de la dca-da de 1990, por la presencia de varias organizaciones piqueteras usualmen-te consideradas como duras por los medios de comunicacin. Despus de meses de trabajo de campo en la zona, 5 Castells es el dirigente mximo del Movimiento Independiente de Jubi-lados y Desocupados (MIJD). Su figura se ha destacado (junto a la de su mujer) por diferentes actos de fuerte impacto meditico. En el momento de esta charla, estaba detenido por la toma de un local de McDonalds y, luego de un prolongado ayuno como medida de protesta, haba debido ser internado.

hay algo que llam poderosamente mi atencin: la frecuencia con que la gen-te habla de estos o aquellos piqueteros en el tren, en la estacin, en la calle... Y cmo se refiere a ellos: mercadera, co-bros, planes y marchas aparecen como elementos centrales en la valoracin y diferenciacin entre piqueteros (com-parando qu exige y qu da cada uno). Mientras algunos anlisis acadmicos destacan las diferencias ideolgicas entre organizaciones (SVAMPA; PE-REYRA, 2003), otros enfocan hacia las lgicas de individuos y organizaciones como igualmente orientadas a aprove-char la oportunidad, multiplicando las pertenencias (MERKLEN, 2005). Ni ideologa ni recursos resultan suficien-tes para dar cuenta de las prcticas. Re-conociendo la centralidad de los planes, aqu aparecen varios criterios de valo-racin diferentes de la ideologa que implican lo econmico pero tambin lo moral y el gusto. Una forma de sinteti-zar estas cuestiones consiste en sealar que la gente se anota por el plan. De esta manera, se retiene un rasgo esen-cial, pero a riesgo de olvidar las alter-nativas y las evaluaciones. As como las reglas varan entre organizaciones, mostrando cmo actualizan las polticas pblicas en su implementacin, los be-neficiarios elaboran criterios propios para fundamentar sus recorridos.

Estas diferencias suponen un campo variado de posibilidades. En Flo-rencio Varela, stas no slo implican comparar entre piqueteros. Aqu, la red de organizaciones con mayor nmero de planes es la de la red municipal, cono-cida como UGL (Unidades de Gestin Local).6 Las UGL son el ncleo de un proyecto municipal que rene a diferen-tes organizaciones ms o menos ligadas al Partido Justicialista (sociedades de fo-6 De acuerdo a datos municipales de agosto de 2004, la distancia con la cantidad de planes que maneja la UGL frente a la organizacin piquetera con mayor presencia barrial, es similar a los clculos a nivel nacional.Con respecto a las organizaciones piqueteras, constat la presencia del MTR, MTD Evita y MST-Teresa Vive, en Villa Corina. El MTD Anbal Vern (el ms numeroso del municipio), el Polo Obrero, la Martn Fierro, el MIJD y el Movimiento 29 de mayo tenan sedes en los barrios lindan-tes. Para un anlisis exhaustivo del mapa de organizaciones piqueteras, vase SVAMPA Y PEREYRA (2003).

264



mento, clubes, ligas de mujeres, coope-radoras, bibliotecas populares, iglesias) de acuerdo al barrio en que se ubican. Conformadas en 2001 para facilitar la comunicacin del intendente con los ve-cinos, incorporaron, a partir del PJHD, la gestin de los beneficiarios.

Como me explic una de las mujeres en el merendero del MTR (Movi-miento Teresa Rodrguez, el ms an-tiguo en la zona), ella haba entrado al movimiento con una vecina, que le avis que estaban anotando para el plan. Estuvieron ms de seis meses marchando hasta que les sali. Enton-ces, mi vecina se pas a la UGL. Le pregunt por qu. Prefera estar ms tranquila. En ese tiempo (el ao 2002), las marchas eran ms, y ms duras, contest. Ella, de todos mo-dos, se qued en el movimiento, no porque no temiera algunas marchas (de hecho, tanto entonces como hoy suele faltar a las que se prevn como duras) sino por todo esto... muchas cosas que hacer, la gente que conoc... es ms divertido.

Este testimonio da cuenta de las alternativas y los criterios para optar, entre ellas: la tranquilidad, la diversin, el miedo a las marchas. Ms an, mues-tra reglas de funcionamientos del PJHD que diferan entre las organizaciones pero, a la vez, habilitaban el paso entre ellas. Los piqueteros y la UGL apa-recan as como opciones para quienes haban conseguido un plan.

2001 fue la mayor crisis eco-nmica, poltica y social de la Argen-tina reciente, hoy recordada como el quilombo (PREZ, 2009). En este contexto, las polticas pblicas asis-tenciales fueron claves no slo como fuente de ingreso (ante el 57,2% de la poblacin bajo la lnea de pobreza en 2002) sino tambin para restablecer los vnculos sociales y polticos. Ante la deslegitimacin profunda del Estado, la poltica pblica asistencial se concre-t a travs de una amplia variedad de redes sociales y polticas. Inicialmente

esta cuestin fue vista como un quie-bre relativo respecto del clientelismo con que diversos investigadores haban caracterizado la poltica asistencial du-rante la dcada de 1990 (SVAMPA; PEREYRA, 2003). Durante los tiem-pos extraordinarios, se multiplicaron las organizaciones que gestionaban re-cursos estatales en la periferia de Bue-nos Aires, mediando entre el Estado y la poblacin. Si bien los piqueteros lograron ampliar su presencia pblica, concentrando la atencin de medios de comunicacin y anlisis acadmicos, la amplia mayora de los planes (aproxi-madamente el 90%) fue distribuida a travs de redes municipales.

3 La reformulacin de los planes

A partir de 2003, las polticas p-blicas asistenciales experimentaron una serie de transformaciones vinculadas al cambio en la estrategia poltica del go-bierno recientemente electo. El gobier-no de Nstor Kirchner (2003-2007) bus-c reemplazar el PJHD a travs de dos vas diferentes. Por un lado, se intent que los beneficiarios se traspasaran a otros programas recientemente creados: el Programa Familias por la Inclusin Social (creado en 2005), que otorgaba un subsidio de acuerdo a la cantidad de hijos a cargo y, a diferencia del PJHD, no exiga contraprestacin laboral (el monto inicial era de $150 mensuales a los cuales se sumaba $25 desde el se-gundo hijo, hasta un total de seis), y el Seguro de Capacitacin y Empleo, un seguro de base no contributiva ($275) orientado inicialmente a los hombres menores de 30 aos inscriptos en el PJHD a cambio de un ciclo de capaci-tacin en oficios de hasta veinticuatro meses de duracin. Este cambio se ba-saba en un anlisis de la poblacin que reciba el PJHD, distinguiendo entre dos categoras de acuerdo a sus condiciones de empleabilidad: las mujeres (70% del padrn) y los jvenes (DAMICO, 2010, p. 34-35). Por otro lado, se lan-

265



z una serie de polticas, entre los que se destacaba el Programa Manos a la Obra, destinadas a promocionar em-prendimientos productivos (a travs de la compra de maquinarias e insumos) desde una concepcin que retomaba trminos como economa social y desarrollo local (CROSS; FREYTES FREY, 2009; MASSETTI, 2011).7

As como la masificacin de los planes reconfigur las organizaciones populares en 2002, estas transforma-ciones posteriores tambin impactaron sobre las prcticas cotidianas. Como argumenta Pinedo, la organizacin de esos emprendimientos implic un cambio en su dinmica [de la organiza-cin piquetera donde realiz trabajo de campo en 2006], pues la gestin de los emprendimientos productivos requera concentrarse en los problemas de divi-sin del trabajo, comercializacin, dis-tribucin de costos y ganancias, deman-dando una fuerte inversin de energa en el funcionamiento cotidiano y con la consecuente filtracin de nuevos con-flictos (2009: p. 83-84). Pinedo analiza cmo estos cambios se concretaron en la distincin entre quienes reciban un plan y quienes se ocupaban de ges-tionar un productivo, separando entre los compaeros del barrio y los pro-motores del movimiento (2009, p. 81) quienes disponan de los saberes nece-sarios para la compleja administracin de estos emprendimientos (y general-mente no provenan del mismo barrio ni cobraban un plan).

Por su parte, las diferentes alter-nativas que se abrieron a partir del PJHD diversificaron el campo de estrategias individuales respecto de los planes. Como muestra DAmico, esta situacin tambin reformul las dinmicas de los proyectos comunitarios. Dentro de la copa de leche donde DAmico realiz su etnografa entre 2008 y 2009, se ha-7 Desde 2003, el PJHD redujo su cobertura tanto por la creacin de em-pleo asociada a la reactivacin econmica como por cierto desplazamien-to de los beneficiarios hacia otros programas. Sin embargo, hacia fines de 2007 an alcanzaba a un total de 800.000 beneficiarios (RINGOLD; ROFMAN, 2008: p. 36). Esta situacin se modificara en 2009, a partir de la Asignacin Universal por Hijo.

ba reducido el nmero de mujeres que segua cumpliendo con la contra-prestacin. Por un lado, ellas justifica-ban los cambios a partir de la reformu-lacin de los planes: el plan familias ese, mat todo. Ac falta gente, cada vez somos menos los que cargamos con todo el trabajo. (DAMICO, 2010, p. 69). Por otro lado, DAmico muestra cmo se solapaban trabajo, domestici-dad y sociabilidad barrial concibiendo las tareas ya como obligacin, como trabajo o como contribucin aso-ciada a los vnculos personales. Como seala Massetti (2011), un cambio im-portante en las polticas pblicas asis-tenciales estuvo asociado a la puesta en cuestin de la contraprestacin sobre la cual se sostenan (al menos parcial-mente) los tejidos organizativos.

A la vez, estos cambios en las po-lticas pblicas se articulaban dentro de una estrategia gubernamental de nor-malizacin (SVAMPA, 2005).8 Orien-tada a las organizaciones piqueteras, esta estrategia implic un intento de in-tegracin de las organizaciones ms afi-nes dentro de la administracin central del Estado mientras los militantes de otras organizaciones se vean frente a un creciente repliegue. Presente en una asamblea de un movimiento de desocu-pados del sur del conurbano en 2006, Pinedo relata la siguiente intervencin de un militante barrial:

las gestiones se hacen con el movi-miento. Pero yo les hago una pregun-ta, supongamos que me quedo sin leche en el merendero, que a veces suele pasar, y el movimiento no me consigue, porque eso es lo que est pa-sando. El movimiento no est consi-guiendo la suficiente mercadera para los comedores y yo voy a hacer una gestin al municipio, ya no como mo-vimiento, sino como comedor barrial X, y consigo la leche. Eso est bien o est mal? (PINEDO, 2009, p. 85).

Nuevamente, estas cuestiones se 8 En los primeros aos del gobierno kirchnerista, el slogan de las campa-as de propaganda oficial sostena: Por un pas en serio.

266



materializaban a travs de las polticas pblicas, y de las vas abiertas (o no) para obtener recursos estatales. Las pro-testas dejaron de aparecer como efecti-vas para ampliar los cupos de merca-dera o planes. Desde el punto de vista de los protagonistas, la reformulacin de las polticas pblicas se combin con la deslegitimacin asociada a la catego-ra de piquetero y a las marchas.

El tema de los microemprendimien-tos es para desmovilizar. Eso est claro. Los microentretenimientos productivos, les digo yo (). Y hoy hacs un piquete, todos te putean y el gobierno dice: pero arm el proyecto si quers trabajo genuino qu tra-bajo genuino? (dirigente de la FTV, citado en CROSS; FREYTES FREY, 2009, p. 17).

Ante este panorama, ciertas orga-nizaciones que adheran al imaginario nacional-popular (entre los que se en-contraba la FTV) modificaron su estra-tegia: abandonaron el trmino piquete-ro para autonominarse, se distanciaron de las modalidades de movilizacin que haban privilegiado hasta entonces y, basadas en una lectura del discurso kirchnerista como cercano a suideario, se incorporaron a la administracin p-blica (PREZ; NATALUCCI, 2010). Como muestra Perelmiter (2009) en suetnografa en el Ministerio de Desa-rrollo Social de la Nacin, en el discur-so oficial hacer subir a los dirigentes sociales era una forma de hacer bajar al Estado nacional al territorio.

As como se multiplicaron los recursos, se diversificaron las polti-cas pblicas orientadas a la pobreza. Pero, a diferencia de lo ocurrido inme-diatamente despus de 2001, los recur-sos circularon a travs de redes ms o menos afines al gobierno. Mientras la poltica pblica asistencial tendi a cen-tralizarse, el campo de posibilidades se abri diferencialmente en trminos de la variedad de programas disponibles y del acceso a la administracin pblica.

4 Ni choripanes ni cortes de ruta

La consolidacin del gobierno de Kirchner modific el campo de po-sibilidades abierto respecto de las pol-ticas pblicas as como las vas de me-diacin entre los recursos estatales y la poblacin definida como beneficiaria. Mientras varios anlisis mostraron la reconfiguracin de las organizaciones piqueteras dando cuenta de las diferen-tes lecturas de contexto, las evaluacio-nes y los cursos de accin emprendidos (PINEDO, 2009; PREZY NATALUC-CI, 2010; FERRAUDI CURTO, 2011), otras investigaciones se orientaron ha-cia procesos organizativos que se tejie-ron en el distanciamiento respecto de punteros y piqueteros (DAMICO, 2010; FERRAUDI CURTO, 2010).

Ninguno de nosotros es un solda-do. Cada uno tiene sus ideas y lo dejamos. Pero todos estamos por el barrio. Nunca nos van a ver con el choripn ni cortando ruta. No lo hicimos antes. Nosotros desde un principio dijimos que queramos una vivienda digna. Ah vena lo dems: trabajo, salud Eso era lo importan-te.

As se present Jos, el dirigen-te barrial en Villa Torres, La Matanza9, cuando llegu al barrio. Su discurso me llam enseguida la atencin por cmo lea el contexto, daba cuenta de la oportunidad que marc su trayectoria de joven que no entenda nada de pol-tica a dirigente barrial, a medida que la urbanizacin se consolidaba como pro-yecto para el barrio y, a la vez, se distin-gua de otras alternativas que aparecan como socialmente prximas.

El contraste marcado por Jos 9 Ubicado al sudoeste de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, La Ma-tanza es el municipio ms extenso del Gran Buenos Aires (325,71 Km2 de superficie), y el ms populoso. Segn el Censo 2001, registra una po-blacin de 1.253.921 habitantes (aproximadamente el 9% de la poblacin provincial, y el 3% de la nacional). Segn los funcionarios del programa de urbanizacin de villas y asentamientos municipal, el distrito registra ms de cien de estos barrios informales. Entre ellos, Villa Torres es uno de los ms antiguos, remontndose sus orgenes a fines de la dcada de 1950. Ubicado frente a la Ruta Provincial 4, el barrio cuenta con 7.500 habitantes. (Para una definicin descriptiva de la villa como forma de hbitat urbano informal, vase CRAVINO, 2006).

267



en la presentacin (y resaltado en el subttulo) vuelve sobre un debate muy actual entre habitantes de Buenos Aires ms o menos interesados en poltica. Se trata de una discusin que involucra los bienes que el Estado distribuye para aquellos que cataloga como pobres, y su relacin con las prcticas de reclu-tamiento y movilizacin de partidos y otras organizaciones.

Jos refera a los choripanes como los objetos que los polticos dis-tribuyen en los actos, a cambio de la asistencia. Algunos medios de comu-nicacin exponen estos intercambios como ilegtimos. Frente a esta perspec-tiva, Jos no negaba asistir a actos sino que sostenan priorizar la urbanizacin de su barrio. A partir de all, l expli-caba el apoyo al intendente y, a la vez, subrayaban sus prioridades.

Los cortes de ruta, en cambio, constituyen una forma de accin colec-tiva contenciosa que cobr relevancia en los ltimos aos de la dcada de 1990 colocando al problema de la desocupa-cin en un lugar cada vez ms central de la agenda pblica. Desde el corte de la Ruta 3 en 2000, La Matanza se cons-tituy en la cuna de las organizaciones piqueteras ms consolidadas cuyos orgenes se remontaban a las tomas colectivas de tierra (asentamientos) de los 80- (MERKLEN, 2001; MAN-ZANO, 2007). Llamativamente, la his-toria de la urbanizacin en Villa Torres transcurra paralelamente a estos acon-tecimientos. Originada en una toma co-lectiva en 1999, en Villa Torres el eje era la urbanizacin. Mientras aquellas organizaciones tenan a los planes, la mercadera y luego los microem-prendimientos (llamados irnicamente microentretenimientos por algunos referentes piqueteros y por Jos), la urbanizacin se constitua como una alternativa diferente: vivienda digna. Al narrar su trayectoria, Jos refera al contexto posterior a diciembre de 2001 como oportunidad.

Ese da no me olvido nunca. Alberto [Balestrini, entonces intendente] en-tra en el estacionamiento y yo justo haba ido a Planeamiento. Estoy por entrar pero veo el auto blanco y digo: sta es la ma. Poco ms le abro la puerta del auto. Cmo est, Alber-to? Se acuerda que usted me pidi el prototipo de una casa? Ac se lo traje. A ver. Imagnate en ese mo-mento, Matanza era un quilombo. Lo mira: Pero esta casa es inmensa! Bueno, deme la mitad, por lo menos la mitad. Bueno, dale. Es un tipo fenomenal. Como persona. Es un tipo ejecutivo y capo, un tipo comn que resuelve. Dale, habl con tal. Decile que te dije yo. Yo ya tena la marca de Balestrini y de ah empec.

Los saqueos son una marca tem-poral en su relato: diciembre de 2001. Como seal en la introduccin, se trataba de un contexto ms amplio de crisis social, econmica y poltica, que precipit la cada del gobierno de De la Ra (1999-2001) en el marco de un amplio ciclo de protestas cacerolazos en diferentes ciudades del pas, marchas de ahorristas y piqueteros que concen-traban en el centro porteo, cortes de ruta en el interior y saqueos en el co-nurbano bonaerense (y en otras grandes ciudades). Una de las consignas ms difundidas era un llamado contra la denominada clase poltica: Que se va-yan todos. Entre todas estas acciones, Jos resalta la ms significativa para su relato: los saqueos como la marca del quilombo. Esto es, una forma clara en que todos percibimos la cada de Alfon-sn en 1989 y de Dela Ra, doce aos ms tarde.10

En los relatos de Jos, 2001 apa-rece como momento culminante del quilombo. Ya no era slo un problema de La Matanza sino que la situacin cr-tica se haba nacionalizado, a la vez que el conurbano apareca como un lugar 10 Auyero analiza los saqueos ocurridos a fines de 2001. Como epgrafe de la conclusin, retoma unas palabras de la entrevista con Luis DEla (dirigente de la FTV): Cuando los funcionarios y los polticos hablan de gobernabilidad () estn hablando de la capacidad de generar un gran quilombo en el conurbano. (AUYERO, 2007, p. 193).

268



clave en la movilizacin colectiva. El quilombo propici que se multiplicaran los recursos (a travs de polticas esta-tales focalizadas ante lo que los funcio-narios definan como emergencia). Fuera de la grabacin, Jos duda: no s si ser porque eran otros con otras ideas o porque no les qued otra que darnos bolilla a nosotros, a las villas. Como tantos otros grupos, en 2002 las mujeres de la cooperativa armaron una copa de leche. Planes y mercadera tambin cir-cularon a travs de los diferentes pun-teros del barrio y de los piqueteros. Pero esto no era todo.

En 2002, la situacin dio un vuel-co importante para la cooperativa. El PROMEBA (Programa Mejoramiento de Barrios) comenzara a implementar-se en el conurbano luego de una ardua negociacin de las autoridades naciona-les con los funcionarios del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que tom a la emergencia social como contexto de oportunidad (DI VIRGILIO, 2003, p. 15). Seis proyectos seran incluidos en la prueba piloto. Segn Jos, La Ma-tanza recibira $12 millones y Alberto haba decidido que Torres fuera el lugar donde bajaran los fondos. Fjate cmo lo organizs, fue lo nico que el inten-dente le dijo a Jos.

5 Las polticas habitacionales: de la emergencia al Plan Federal

Una amplia gama de polticas habitacionales se dispuso a partir del gobierno de Nstor Kirchner, apuntan-do tanto a la situacin de emergencia social como a la reactivacin econmi-ca a travs del sector de la construccin (RODRGUEZ et al., 2007, p. 58). Si la dcada de 1990 ha sido caracterizada por la ausencia de polticas habitaciona-les slidas enmarcada en un proceso de reforma del Estado orientado a la mer-cantilizacin (CRAVINO; FERNN-DEZ WAGNER; VARELA, 2002), la crisis de 2001 abri a una cierta refor-mulacin de la situacin.

Inicialmente, las polticas ha-bitacionales se enmarcaron dentro del Plan de Emergencia Social implemen-tado durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde en 2002. Ante la grave crisis social, econmica y polti-ca, el gobierno nacional convoc a una mesa de dilogo social conformada por miembros de la iglesia catlica, de ONG, de sindicatos y de organizacio-nes piqueteras, para discutir y legitimar una respuesta que tuvo al problema de la desocupacin (vinculado a la pobre-za) como eje (materializado en la ma-sividad del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados). En dicho contexto, tom forma el Programa de Emergencia Ha-bitacional (PEH) mientras el PROME-BA era negociado para aplicarse en el conurbano bonaerense. Ambas iniciati-vas slo llegaran a concretarse despus de la asuncin de Kirchner.

El PEH (tambin conocido como Techo y Trabajo) sostena la construccin de viviendas para grupos vulnerables a partir de la conformacin de cooperati-vas de trabajo (obligatoriamente integra-das por al menos doce receptores de pla-nes, de un total de diecisis miembros).11 De acuerdo al modelo organizativo que requera, tendra mejor desempeo don-de hay organizacin social consolidada (con apoyo tcnico) capaz de asumir el desarrollo del proyecto (RODRGUEZ et al., 2007, p. 69).

El PROMEBA (Programa Mejo-ramiento de Barrios) era un programa financiado (parcialmente) por el BID para la provisin de infraestructura social, el acceso a la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la orga-nizacin comunitaria (DI VIRGILIO, 2003, p. 7). Aunque su diseo inicial databa de 1995 (y era ejecutado desde 1999), su implementacin en el conur-bano fue posible a travs de una traba-josa renegociacin que tuvo a la crisis (y el enmarcamiento dentro del Plan 11 Segn sealan Rodrguez et al., el punto de entrada es el eje trabajo y se resigna toda definicin sobre el habitar, lo cual incluye, primero, los sujetos habitantes y, segundo, la vida cotidiana despus de la llave (2007: p. 72).

269



de Emergencia Social) como contexto de oportunidad (DI VIRGILIO, 2003: p. 15). La prueba piloto comprendera slo seis proyectos dentro del rea me-tropolitana, elaborados por los equipos de los municipios seleccionados a partir de un acuerdo entre funcionarios loca-les y nacionales. En La Matanza, Villa Torres sera el barrio elegido.

Sostenida en estos antecedentes, la orientacin hacia la cuestin habita-cional se fortaleci a partir del gobierno de Kirchner. La obra pblica apareca en el centro de una estrategia econmi-ca y social tendiente a revertir la crisis. Enmarcada en un discurso de distancia-miento con la vieja poltica (asociada a los noventa), la cuestin social fue abordada a partir de la crtica del asis-tencialismo sostenida en su conexin con tres males: el neoliberalismo (la primaca de unas reglas de mercado ex-cluyentes y la sospecha del estado aso-ciado al clientelismo y la corrupcin), la implementacin de programas en-latados (basados en concepciones ho-mogneas derivadas del punto de vista de los organismos internacionales de crdito y especficamente el Banco Mundial-) y la estigmatizacin de la poblacin (su abordaje en trminos de pobreza, tomndolos como benefi-ciarios). Ante este diagnstico, las res-puestas implementadas por el gobierno de Kirchner fueron diversas dando lu-gar a divergencias entre la retrica, las normas y la implementacin- (PEREL-MITER, 2009).12 La centralidad dada a las polticas habitacionales se inscribi en este contexto. A inicios de 2004, Kir-chner anunciaba la implementacin del PEH desde un podio en Torres.

A mediados de 2004, sin embar-go, el eje pas a constituirse en torno del Programa Federal de Construccin de Viviendas (an cuando las polticas pre-vias continuaron vigentes), bajo el ala del Ministerio de Infraestructura y Pla-12 Para un anlisis de la redefinicin de la cuestin social durante la dca-da de 1990, Acua, Kessler y Repetto (2002); Armony y Kessler (2004) y Repetto (2000). Para un anlisis de las continuidades antes y despus de 2001, vase Perelmiter (2007), Soldano (2009).

nificacin Federal de la Nacin (a partir de recursos provenientes del supervit fiscal). Tambin orientado a la produc-cin de vivienda nueva para sectores desprotegidos, este programa se dife-renciaba de Techo y Trabajo (PEH) en un punto importante: las obras estaban a cargo de empresas constructoras. En 2005, este programa concentr el 70% de la inversin en poltica habitacional dentro del AMBA (RODRGUEZ et al, 2007, p. 57). En ese sentido, esta pol-tica kirchnerista ha sido comprendida como un giro recentralizador (d.: p. 56). Dentro de este marco, se articula-ron otras polticas de menor alcance: entre ellas, el Subprograma de Urbani-zacin de Villas y Asentamientos Pre-carios. Jos, el dirigente barrial que nos recibi en nuestra primera visita, coor-dina la unidad ejecutora municipal de dicho subprograma desde su implemen-tacin en 2005.

6 Unir todas las puntas

La urbanizacin de Villa Torres es un proyecto municipal de La Ma-tanza que articula diversos programas habitacionales nacionales, provinciales y municipales en la produccin de vi-vienda e infraestructura a fin de mejorar las condiciones de vida de los habitan-tes de la villa y regularizar su situacin habitacional, estandarizando el tejido urbano local. Si la multiplicacin de los programas est asociada a los avatares posteriores a diciembre de 2001, para quienes encabezan la urbanizacin, los comienzos de la misma se remon-tan a una toma de tierras realizada por los jvenes del barrio en 1999 (FE-RRAUDI CURTO, 2010). Debido al trabajo previo (y a las gestiones enca-radas desde la cooperativa13 del barrio), Villa Torres fue seleccionada como lugar privilegiado para la implemen-tacin del PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios) en La Matan-13 La cooperativa se conform como tal a partir de una poltica pblica nacional (Programa Arraigo) orquestada en 1992 para la regularizacin dominial.

270



za en 2002. Otras polticas pblicas se sumaran en el tiempo infinito entre el proyecto y su concrecin: Programa de Emergencia Habitacional, Programa Dignidad, Programa Federal de Cons-truccin de Viviendas, Subprograma de Urbanizacin de Villas y Asentamientos Precarios. Desde 2005, la coordinacin del proyecto est a cargo de la unidad ejecutora donde trabaja Jos.

Jos: - A partir de la urbanizacin yo un poquito era el que una todas las puntas, el que trabajaba en pos de la unin dentro del barrio. Porque vos veas que todos los dirigentes te-namos la misma necesidad En un principio yo era el presidente de la cooperativa, que me elega la asam-blea y a partir de ah fui siendo representante de todas las organiza-ciones. Porque al saber que todos te-namos la misma necesidad, yo sala afuera a gestionar para poder resolver el problema de Torres, que es la urba-nizacin (la falta de agua, de cloacas, de vivienda, de escuela, de jardn, de un hospital ms grande, de todo lo que es infraestructura).

En principio, la urbanizacin comprenda la totalidad del barrio. Jus-tificndolo en la necesidad, Jos lo-gr reunir a todo el barrio en torno de la urbanizacin a partir de construir lo que l mismo define como el problema de Torres (y su solucin), superando las separaciones internas que haba tra-do la toma en 1999 (y consolidndose como dirigente barrial). Ms an, este camino de consolidacin no fue ajeno al reconocimiento por parte del intenden-te ni a la pltora de recursos estatales que diferenciaba la urbanizacin de las dems polticas pblicas vigentes en el barrio. En otros trminos, se produjo una concentracin de poder dentro del barrio alrededor de Jos y la cooperati-va que contribuy a que se consolidara como dirigente barrial frente a otros re-ferentes barriales, ya fueran punteros o piqueteros.

Sin embargo, una vez implemen-tada como poltica pblica, la urbaniza-cin implica tambin distinguir unida-des dentro del barrio a fin de efectivizar el derecho a la vivienda. El censo rea-lizado despus de la toma en 1999 es considerado como criterio para la deli-mitacin. En trminos generales, todas las familias registradas en el censo tie-nen derecho a una vivienda en el barrio. Esto comprende a los titulares y a los hijos de titular (o hijos del barrio) que hayan conformado familia (en la prctica se considera que tengan hijos convivientes registrados en el censo). El proyecto propicia un modelo de fami-lia nuclear, apuntando a quienes tienen casa en el barrio y a su descendencia (no a los inquilinos, que son tomados como poblacin transitoria). Segn este registro, la urbanizacin de Villa To-rres contempla 1.400 derechos.

A travs del censo, el proyecto de urbanizacin responde a una demanda tal como se orquest en un momento es-pecfico. Pero la propia urbanizacin in-volucra una temporalidad en etapas, con incertidumbres y esperas diferen-ciales. Transcurridos los aos, se han producido varios cambios en las situa-ciones habitacionales y familiares de los pobladores. En la prctica, la definicin general se actualiza a travs de diversos mecanismos: reuniones de manzana, turnos en la unidad ejecutora, firma de acuerdos, quejas, denuncias, ocupacin de lotes, compras y cesiones entre otros. La centralidad de la cooperativa se efectiviza en el registro detallado de estos movimientos, y su control. Imbri-cada en la trama estatal a travs de la unidad ejecutora, la cooperativa hace Estado en Villa Torres, centralizando la gestin de la urbanizacin. Como lide-razgo nuevo surgido en la ltima dcada en la implementacin de polticas pbli-cas orientadas a la pobreza, la figura de Jos condensa una parte importante de los sentidos de la territorializacin de la poltica despus de 2001.

271



7 Palabras finales

En este artculo busqu mostrar cmo las polticas pblicas asistenciales implementadas en Argentina despus de 2001 se territorializan de forma variada. Mientras los 90 se haban caracterizado por la descentralizacin y focalizacin de las polticas pblicas orientadas a la pobreza, 2001 marc un quiebre en la situacin. En un momento de diversas movilizaciones colectivas en el contex-to de una profunda crisis del Estado, las polticas pblicas asistenciales amplia-ron su alcance, reconfigurando variados tejidos organizacionales. A la vez, las reglas de los programas se vieron ac-tualizadas en la relacin entre organiza-ciones y beneficiarios, dando lugar a diversos compromisos y dinmicas de politizacin social. Si bien este proceso dio visibilidad a diferentes actores con-tenciosos distantes del gobierno, desde los inicios del PJHD, la mayor parte de los recursos circularon por las redes de la administracin pblica descentrali-zada. Posteriormente, la situacin se orientara hacia la centralizacin.

El gobierno de Nstor Kirch-ner busc la normalizacin de la si-tuacin econmica, poltica y social. A partir de este gobierno, las agencias estatales buscaron centralizar la poltica pblica asistencial mientras se multipli-caron y diversificaron los programas. Este proceso se llev a cabo de diferen-tes maneras.

Se orquestaron diferentes meca-nismos de integracin de las organiza-ciones ms o menos afines en diferen-tes reas de la administracin estatal central donde sus conocimientos en terreno fueron valorados como forma de fortalecer a un Estado que buscaba recobrar legitimidad luego de la crisis y bajar hacia la poblacin. A la vez, se busc reorganizar el PJHD lanzando otros programas orientados hacia po-blaciones especficas y modificando las reglas y los criterios de adjudicacin. En trminos generales, estas polticas,

combinadas con la estigmatizacin que sufrieron las protestas, tendieron a la desmovilizacin de los actores conten-ciosos. Adems, abrieron a diferentes estrategias locales orientadas a la capta-cin de recursos. Mientras las polticas de transferencia condicionada de ingre-sos se orientaron hacia formas cada vez ms individualizadas de relacin con la poblacin (debilitando las mediaciones organizacionales), otras polticas pbli-cas (como los microemprendimientos productivos y, sobre todo, las polticas de urbanizacin de villas y asentamien-tos) se sostuvieron sobre organizaciones locales fuertes que, imbricadas dentro de la administracin pblica o a travs de vnculos estrechos con las mismas, lograron centralizar recursos estatales claves.

Referencias

1. ACUA, C.; KESSLER, G.; RE-PETTO, F. Evolucin de la poltica so-cial argentina en la dcada de los 90s: cambios en su lgica, intencionalidad y en el proceso de hacer la poltica so-cial, Informe CLASPO, University of Texas at Austin, 2002.2. ARMONY, V.; KESSLER, G. Im-genes de una sociedad en crisis. Cues-tin social, pobreza y desempleo en Novaro, M. y Palermo, V. (comp.) La historia reciente. Argentina en demo-cracia, Buenos Aires, Edhasa, 2004.3. AUYERO, J. La Poltica de los Po-bres. Las prcticas clientelistas del peronismo, Buenos Aires, Manantial, 2001.4. . Vidas beligerantes. Dos mu-jeres argentinas, dos protestas y la bsqueda de reconocimiento, Buenos Aires, UNQ, 2004.

5. BECCARIA, L.; LPEZ, N. Sin tra-bajo. Las caractersticas del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina, Buenos Aires, UNICEF/Losada, 1997.

272



6. CERRUTTI, M.; GRIMSON, A. Buenos Aires, neoliberalismo y des-pus. Cambios socioeconmicos y respuestas populares, en Cuader-nos del IDES N 5, Buenos Aires, 2004. Disponible en: http://www.ides.org.ar/shared/doc/pdf/cuadernos/ Cuaderno5_Cerrutti_Grimson.pdf . Ex-traido en: 04 abr. 2006.

7. CRAVINO, M. C. Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad ur-bana, Los Polvorines, UNGS, 2006.8. CRAVINO, M. C.; FERNNDEZ WAGNER, R.; VARELA, O. No-tas sobre la poltica habitacional en el AMBA en los 90 en L. Andrenacci (org.), Cuestin social y poltica social en el Gran Buenos Aires, Buenos Ai-res, UNGS/Ediciones al margen, 2002.9. CROSS, C.; FREYTES FREY, A.Polticas sociales como lmite y como herramienta: Reflexiones a partir de experiencias de gestin de dirigentes y referentes piqueteros/as en el perodo 2001-2007 en Revista El Prncipe, n. 1, p. 75-98, 2009.

10. DAMICO, V. La experiencia y sus mltiples temporalidades. Dinmicas de organizacin local en torno a planes sociales: una mirada desde la cotidia-neidad, Tesis de Maestra en Ciencias Sociales IDES-UNGS, Los Polvorines, Argentina, 2010.11. DI VIRGILIO, M. Existen opor-tunidades para la creacin de valor pblico durante la implementacin de los programas sociales? La implemen-tacin del PROMEBA en el Gran Bue-nos Aires (Argentina, 2002 2003), Taller de elaboracin de estudios de caso sobre gerencia social INDES/BID, Washington, octubre (mimeo), 2003.12. FASANO, P. De boca en boca: Etnografa sobre la productividad social del chisme entre pobres urbanos de Pa-ran (Entre Ros), Tesis de Maestra en Antropologa Social, Universidad Na-cional de Misiones, 2004.

13. FERRAUDI CURTO, M. C. Mien-tras tanto: poltica y modo de vida en una organizacin piquetera, Tesis de maestra en antropologa social IDES-I-DAES/UNSAM, Buenos Aires, 2006.

14. ______. Etnografa de la poltica en el proceso de urbanizacin de una villa en el Gran Buenos Aires, Tesis de doctorado en ciencias sociales IDES-UNGS, Buenos Aires, 2010.15. ______. Desencuentros en torno de los sentidos de la poltica: devolucin de la tesis en una organizacin pique-tera, en Nueva Antropologa, v. 24, n. 75, p. 111-134, 2011.16. GRASSI, E. Polticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal, Buenos Aires, Espacio, 2003.17. MANN, M. El poder autnomo del Estado: sus orgenes, mecanismos y re-sultados en Revista acadmica de Re-laciones Internacionales, n. 5, p. 1-43, 2006.

18. MANZANO, V. La Matanza: capi-tal del piquete, el peronismo y los mo-vimientos sociales. Configuracin so-cio-espacial y articulacin de relaciones polticas, Ponencia presentada al Co-loquio de Investigaciones Etnogrficas: Territorialidad y Poltica - UNSAM, 23 de septiembre, 2005.19. MASSETTI, A. Las tres transfor-maciones de la poltica pbica asis-tencial y su relacin con las organiza-ciones sociopolticas (2003-2009) en entramados y perspectivas. Revista de la carrera de sociologa, v. 1, n. 1, p. 9-36, 2011.

20. MERKLEN, D. Pobres ciudada-nos. Las clases populares en la era democrtica (Argentina, 1983-2003), Buenos Aires, Editorial Gorla, 2005.21. PERELMITER, L. Quines son vulnerables? La construccin del des-tinatario de la asistencia en la Argentina contempornea,ponencia presentada en las Jornadas del Programa de Inves-tigacin PICT-UNSAM Legitimacin

273



de las desigualdades en la Argentina re-ciente, agosto, 2009.

22. PREZ, G. Genealoga del qui-lombo, una exploracin profana sobre algunos significados de 2001, en PE-REYRA, S.; PREZ, G. Y SCHUS-TER, F. (2009), La huella piquetera, La Plata, Editorial Al margen, 2009.

23. PREZ, G.; NATALUCCI, A. La matriz movimientista de accin colec-tiva en Argentina: la experiencia del es-pacio militante kirchnerista en Ameri-ca Latina Hoy, n. 54, p. 97-112, 2010.24. PRVOT-SCHAPIRA, M. F. Las polticas de lucha contra la pobreza en la periferia de Buenos Aires, 1984- 1994, Revista Mexicana de Sociolo-ga, v. 59, n. 2, p. 73- 93, 1996. 25. PINEDO, J. Hacer lo que, por el momento, otros no pueden hacer: Pro-yecto militante, prcticas de anclaje ter-ritorial, relaciones de interdependencia y nocin de compromiso en un Movi-miento de Trabajadores Desocupados, Tesis de Maestra en Ciencias Sociales, UNLP, La Plata, 2009.

26. QUIRS, J. Cruzando la Sarmien-to. Una etnografa sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires. Antropofagia, Buenos Aires, 2006.

27. REPETTO, F. Gestin pblica, ac-tores e institucionalidad: las polticas frente a la pobreza en los 90, en De-sarrollo Econmico, v. 39, n. 156, p. 597-618, 2000.

28. RINGOLD, D.; ROFMAN, R. Ar-gentina: polticas de transferencia de in-gresos hacia el Bicentenario en CRU-CES, Guillermo et al. Los programas sociales en Argentina hacia el Bicen-tenario. Visiones y perspectivas, Bue-nos Aires, Banco Mundial, 2008.29. RODRGUEZ, C. et al. Produc-cin social del hbitat y polticas en el rea Metropolitana de Buenos Aires: historia con desencuentros, Documen-tos de Trabajo N 49, Buenos Aires, Ins-

tituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), 2007.30. SCHUSTER, F.; PEREYRA, S. La protesta social en la Argentina demo-crtica: balance y perspectivas de una forma de accin poltica, en GIAR-RACA et al.: La protesta social en la Argentina: transformaciones econ-micas y crisis social en el interior del pas, Buenos Aires, Alianza, 2001.31. SCRIBANO, A. Argentina corta-da: cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste en M. L-PEZ MAYA (comp.): Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protes-ta popular en Amrica Latina en los aos del ajuste, Nueva Sociedad, Bue-nos Aires, 1999.

32. SIDICARO, R. La crisis del Esta-do. Y los actores polticos y socioeco-nmicos en la Argentina (1989-2001), Buenos Aires, Libros del Rojas, 2001.33. SOLDANO, D. Territorio, asisten-cia y subjetividad en el Gran Buenos Aires (1990-2004), en GONZLEZ BOMBAL, M.I.; KESSLER, G. Y SVAMPA, M. (comp.) Reconfigura-ciones del mundo popular: el conur-bano bonaerense en la postconver-tibilidad, Los Polvorines, Prometeo/UNGS, 2010.34. SVAMPA, M.; PEREYRA, S. En-tre la ruta y el barrio. La experien-cia de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Biblos, 2003.35. SVAMPA, M. La sociedad exclu-yente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus, 2005.

2013, territorializacion pcas asist.pdf

Documents